Las energéticas que pagarán por beneficios extra: Repsol y Cepsa los doblan, Naturgy gana un 48% más e Iberdrola un 35%

El próximo viernes los ministros de Energía de la Unión Europea se reunirán en Bruselas para definir cómo será el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas que Ursula von der Leyen anunció hace dos semanas. Entonces se conocerán los detalles del nuevo tributo, que los estados miembro negocian estos días con la vista puesta en su entrada en vigor antes de que termine el año. También entonces deberá decidir el Gobierno español qué hace con la prestación patrimonial pública y no tributaria que anunció en julio y se tramita como proposición de ley en el Congreso. Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha aclarado que adaptará el gravamen español al tributo europeo..

Ambas tienen como destinatario casi el mismo grupo de grandes empresas y van dirigidas a idéntico fin: que las compañías energéticas contribuyan con los beneficios extra conseguidos gracias a la guerra a paliar los perjuicios que ésta ocasiona a los ciudadanos más vulnerables. Las patronales de los operadores petroleros y gasistas, AOP y Sedigas, rechazan el gravamen español por “impreciso”, “arbitrario” e incluso “confiscatorio”. En todo caso, consideran “más correcto conceptualmente” el europeo, al gravar los beneficios y no los ingresos como pretende la tasa española, según conceden fuentes de AOP.

“Se pueden tener pérdidas aun teniendo unos ingresos elevados”, advierten las petroleras, que destacan las pérdidas del sector en 2020 y 2021, “las peores de su historia” y los “esfuerzos” realizados para garantizar el suministro en lo más duro de la pandemia. Lo que no significa que les parezca ajustado el tipo del 33% que la Comisión Europea quiere aplicar sobre sus ganancias, ya gravadas con un 30% el impuesto sobre sociedades, cinco puntos más que el resto de las empresas. A falta de su diseño definitivo, Bruselas prevé aplicar ese porcentaje sobre el exceso del 20% de los beneficios obtenidos por las empresas respecto a la media de los registrados entre 2019 y 2021. Pero fuentes de Sedigas aseguran que aún se negocian ambos porcentajes o incluso los años de referencia. Por ejemplo, si finalmente se excluye 2020, el año de la pandemia, en que los resultados se hundieron: a mayores pérdidas entonces, más fácil será superar el 20% de diferencia con 2022, destaca AOP. Tampoco está claro, añade Sedigas, si el impuesto se aplicará igual en todos los países o habrá adaptaciones nacionales. Por eso, aseguran las patronales, aún no saben con certeza cuántos de sus asociados se verán afectados por un gravamen o por otro.

La prestación patrimonial española se pensó en principio para que la paguen los “operadores principales” de los sectores eléctrico, gasista y petrolero, tal y como los define la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El impuesto europeo, en cambio, grava sólo a las empresas del petróleo, el carbón y las refinerías. Deja fuera a las eléctricas, por tanto. A las que producen con las tecnologías más baratas –renovables, nuclear– la Comisión Europea les quiere poner un tope de 180 euros el megavatio hora. La prestación patrimonial española establece un segundo filtro, pues sólo afectará a aquellas empresas cuya cifra de negocio superara los 1.000 millones de euros en 2019, el año anterior a la pandemia. También excluye a las empresas cuya actividad energética sea inferior al 50% de su cifra negocio. Bruselas no impone ningún límite de facturación. Sólo que los beneficios de 2022 excedan en un 20% los obtenidos de media entre 2019 y 2021. La diferencia fundamental estriba en que la figura española grava –con un 1,2%– los ingresos, mientras que la europea aplica un 33% a las ganancias. Ambas figuras tienen en común su carácter temporal, pero el europeo estará en vigor, en principio, sólo un año, 2023, mientras que el español se aplicará en 2023 y 2024. Con el nuevo impuesto, Bruselas aspira a recaudar 117.000 millones de euros; Madrid espera 2.000 millones cada año.

Once candidatos

La CNMC considera operadores principales a las cinco empresas con mayor cuota de mercado en un sector. Y operadores dominantes a las que tengan más de un 10% de cuota. Así, Repsol, Naturgy y Cepsa son operadores principales tanto en el sector eléctrico como en el de carburantes y en el de gases licuados del petróleo –butano, propano–; Endesa, Iberdrola y la francesa TotalEnergies lo son en el eléctrico y en el gasista; BP España en el de carburantes y gases licuados; Acciona y EdP en el eléctrico; Disa en el de gases licuados, y Península Petroleum y Nieves en el de carburantes.

Pero, a tenor de sus cuentas de 2021, la actividad energética de Acciona en España no llega, por muy poco, al 50% de su volumen de negocio –representa el 47,9%–, por lo que quedaría excluida del gravamen. Además, de estas 12 empresas hay una que en 2019 no alcanzó los 1.000 millones de facturación, Península Petroleum.

Las otras 10, en cambio, los superan. Algunas ampliamente. Repsol ingresó 49.006 millones en 2019. En 2021 los superó, al alcanzar un volumen de negocio de 49.480 millones. Y en el primer semestre de este año ya ha facturado 40.219, casi tanto como en todo 2021 y casi el doble de que ingresó en los primeros seis meses de ese ejercicio, 21.987 millones. La cifra de negocio de Iberdrola ascendió a 39.114 millones en 2021, por lo que superó en un 7,3% los 36.437,9 millones de 2019. En los primeros seis meses de 2022 ha ingresado ya 24.430 millones, un 30% más de los 18.752,2 millones de 2021. Por su parte, el negocio de Naturgy alcanzó los 22.140 millones en 2021, un 3,8% menos que en 2019. Pero en la primera mitad de este año ha facturado 16.737, un 83,3% más que en el mismo periodo de 2021.

En el sector energético, son una veintena las compañías cuyo volumen de negocio supera los 1.000 millones. Además de las citadas, la portuguesa Galp, la semipública francesa Engie o GM Fuel Service.

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En el caso de que finalmente se adoptara en España el impuesto tal y como lo ha anunciado Bruselas, también sería posible que eléctricas como Iberdrola o Endesa tuvieran que pagarlo, puesto que la primera tiene una cuota del 7,6% de cuota de mercado del gas y la segunda casi un 17%, según los datos de la CNMC. Fuentes de Iberdrola aseguran a infoLibre que la empresa no deberá pagar porque tiene “pérdidas extraordinarias en vez de beneficios extraordinarios” en su negocio eléctrico en España. Según figura en sus cuentas, Iberdrola ha ganado en España 699,9 millones de euros en su negocio de producción de electricidad y clientes y otros 414,1 millones en su negocio de redes. Como queda dicho, la electricidad está excluida del impuesto europeo. En cualquier caso, para saber si los beneficios este año de todas ellas han aumentado más de un 20% sobre la media de los que tuvieron durante los tres años anteriores habrá que esperar a que termine el ejercicio.

De momento, las empresas sólo han hecho públicos sus resultados del primer semestre. Repsol es la que más dinero ha ganado hasta junio, 2.539 millones de euros, el doble que en el mismo periodo de 2021. Iberdrola se ha apuntado unos beneficios en los primeros seis meses de 2.075 millones, un 35,5% por encima de los obtenidos en la primera mitad de 2021. Endesa registra unas ganancias de 916 millones, un 10% más que en 2021. Las de Naturgy son 717 millones, por lo que mejora un 48% los resultados de hace un año. Cepsa gana 841 millones, multiplicando por 2,5 sus beneficios del primer semestre de 2021. Acciona Energía, que facturó 2.206 millones en ese periodo, ha más que duplicado el negocio del año precedente; sus beneficios, de 390 millones, superan en un 155,5% los de 2021.

Por lo que respecta a las compañías extranjeras, éstas no facilitan datos de su negocio en España. Pero sus resultados globales del primer semestre son también espectaculares. Los beneficios de Galp en lo que va de año triplican los de 2021 y los de EdP los superan en un 86,6%, mientras que las ganancias de TotalEnergies han crecido un 91,6% y los de Engie, un 117,4%.