Cinco fórmulas de intervención del mercado energético que tiene Bruselas sobre la mesa

“Muchas preguntas. Casi ninguna respuesta”. Así se resume el horizonte que se abre en la Unión Europea, tras anunciar este lunes la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, una “intervención de urgencia” en el mercado energético. Tras más de 20 años de sistema marginalista, Ursula von der Leyen ha decretado que el mercado eléctrico no consigue adaptarse a la tormenta perfecta que se está produciendo en el sector energético. En la práctica, todas las energías se están pagando al precio del gas, que está disparado a un nivel inédito por diferentes factores. Esto ha hecho saltar, entre el viernes y este lunes, la alarma en los dos motores europeos: el coste en el mercado mayorista de la electricidad de Francia y Alemania para 2023 ha llegado a superar los 1.000 euros el megavatio-hora. Que los mercados cifren la electricidad a estos niveles sugiere la posibilidad de que la oferta no consiga cubrir toda la demanda en algunos países en invierno. Von der Leyen se arremangó este lunes: vienen reformas. 

Modificar las reglas que rigen el mercado energético no es una tarea sencilla. Rediseñar el sistema, aunque sea parcialmente, implica atender a las particularidades de las necesidades energéticas de los 27 países miembros, qué efectos tiene en cada uno de ellos (lo que beneficia a algunos puede perjudicar a otros) o cómo afecta a los incentivos de las energías renovables. Si no se estudia con precisión, acabar con una distorsión en el mercado puede provocar otras tres. La Comisión Europea dispone de una gran cantidad de opciones, en función del nivel de ambición y complejidad de la reforma. Las que están sobre la mesa podrían resumirse en cinco bloques:

1. Extender la excepcionalidad ibérica al resto de la Unión Europea

Tras el anuncio de Von der Leyen, Teresa Ribera hizo una valoración del cambio de posición el mismo lunes por la noche: “Creo que es un movimiento interesante, pero nos gustaría haberlo visto hace un año”. La vicepresidenta tercera lamentó con esa expresión el fracaso de los proyectos que ha elevado a Europa en materia energética y que no ha visto florecer. La excepcionalidad ibérica nació de uno de estos fracasos. Este mecanismo ha conseguido que España pague unos 144 euros el megavatio, en lugar de los 299 que se estima que hubiera costado, según indican los expertos. Es decir, la mitad. El origen de esta medida fue el fracaso de Pedro Sánchez en la cumbre del 24 y 25 de marzo por conseguir que Europa pusiera un tope al precio del gas. Ante el no de los socios, España y Portugal dieron un paso más allá: pedir un trato especial para la isla energética de la península Ibérica. Tras el éxito de la fórmula, Teresa Ribera ve posibilidades de exportar el modelo a otros países.

“Yo creo que, dentro de todo lo posible, esta sea una de las medidas más factibles”, explica a infoLibre Diego Rodríguez, catedrático de Economía Aplicada por la Universidad Complutense de Madrid y experto en materia energética. “No es fácil, pero es posible. Hay que pensar que todo el mundo nos está mirando ahora mismo. Cuando nos preguntamos en Europa qué hay que hacer, todo el mundo mira a España y Portugal. El resto de medidas no sabemos muy bien cómo acabarían. Pero esta sí”. 

Hay varios inconvenientes. El portal de políticas públicas europeas VoxEU publicó este lunes un informe de cinco expertos en materia energética cuyo titular es: La excepcionalidad del mercado eléctrico ibérico no funcionará en Europa. Entre los problemas que detectan, existe el que han calificado de “fuga" eléctrica. Desde que se activó el tope del gas a mediados de junio, España ha exportado energía a Francia prácticamente al máximo de su capacidad. El vecino francés se ha visto beneficiado coyunturalmente por los precios del gas topados. Los expertos dudan sobre si esta situación, que es controlable en España al tener una conexión muy limitada con Europa, se podría extender al resto de Europa, que podría provocar "fugas" hacia otros países. “Yo creo que el problema es menor. Por ejemplo, con Marruecos, evidentemente el mercado estaría distorsionado, pero ocurre en mucha menor magnitud que con respecto a Francia. Quizás la excepción sea Reino Unido. Habría que establecer cómo se harían los intercambios con los británicos, pero no creo que sea un problema importante”, explica Diego Rodríguez. 

Otro posible problema es que topar el precio del gas en España ha supuesto un desincentivo en la producción eléctrica de los ciclos combinados, que es una de las principales fuentes energéticas que cubren a las renovables cuando, por ejemplo, no hay sol o viento. Esta fuente de energía ha dejado de producir en torno a un 65 y un 70%. La alternativa a esta fuente es el gas. El informe señala el problema: “En España, la generación eléctrica por gas ha aumentado un 42%. En el caso ibérico podría no ser un gran problema, por la gran capacidad de importar a través de buques. Pero la situación es dramáticamente diferente respecto a los países del norte y del este de Europa, donde los precios del gas son mucho más altos y las terminales de importación no tienen más capacidad”. 

2. Crear una plataforma europea de compra de gas

La propuesta de crear una plataforma común para comprar el gas, que este martes ha reiterado la vicepresidenta española Teresa Ribera, no es una propuesta nueva. Ya figuraba en el plan RePowerEU, creado para independizar a Europa de los combustibles fósiles rusos. El plan incluyó una medida para comprar de manera colectiva gas, importaciones licuadas en buques o hidrógeno, “mediante la puesta en común de la demanda, la optimización del uso de las infraestructuras y la coordinación del acercamiento a los proveedores”. En la práctica no se ha puesto en marcha. “Es complejo de llevar a cabo. Ha habido muchas dudas. Llevamos seis o siete meses hablando de lo mismo y hasta donde sé no ha habido avances. El gas no lo compran los Estados, sino las empresas. Lo veo con escepticismo, más allá de apoyos institucionales puntuales para ciertas compras, por ejemplo, en Azerbaiyán”, sostiene Diego Rodríguez.

“Creo que la idea de la plataforma es muy buena. Siempre que se unan fuerzas para una compra conjunta a nivel de la Unión Europea yo creo que es positivo”, defiende Pedro Cantuel, analista de la compañía energética Ignis. El economista coincide con Diego Rodríguez en un punto: es de “difícil implementación”: “Sobre el papel, es una buena medida, sin duda. Pero es difícil poner de acuerdo a todos los países miembros. Cada país tiene sus propias políticas, sus operadores… parece que llevarlo a la práctica es más difícil de lo que parecía”.

3. Limitar los precios de los derechos de emisión del CO2

La Unión Europea creó el mecanismo de los derechos de emisión de dióxido de carbono en 2005 como una manera de incentivar la reducción de los gases contaminantes. La aceleración de la transición energética en los países europeos ha provocado una alta demanda de gas, que es el combustible fósil menos contaminante, lo que también ha incrementado el precio del derecho de estas emisiones. La tonelada de CO2, a principios de 2021, estaba en torno a los 33 euros. En estos momentos está a unos 81 euros, tras casi llegar a superar la barrera de los 100 euros hace unos días. El poder para bajar el precio del derecho de emisiones de CO2 está en manos de la Comisión Europea, al tener la capacidad para emitir más derechos.

“El mercado de emisiones se creó para penalizar las energías más contaminantes. Este año está pasando lo contrario. Alemania está quemando más carbón, no está funcionando para este caso”, explica Pedro Cantuel, al que le parece bien que se limite el precio de manera temporal. “Todo lo que sea ayudar un poco a la industria, bienvenido sea”, añade. El economista Diego Rodríguez valora un posible impacto negativo de esta medida: “Tendría una repercusión en los precios de la electricidad, no muy grande. Lo que sí podría tener es un coste reputacional en la Unión Europea, al debilitar su postura ante la transición energética. Es una decisión política, los derechos de emisión del CO2 son la piedra angular sobre la que se erige la filosofía de la transición verde”, explica.

4. Modificar el sistema europeo de la subasta eléctrica 

La madre de todas las dudas se encuentra en este punto. De momento no se conoce hasta qué punto pretende reformar el mercado eléctrico la Comisión Europea. El sistema marginalista actual, orientado a un mercado europeo integrado y liberalizado, lleva en vigor más de 20 años. En España la adaptación supuso pasar de un sistema regulado, que existió hasta los años 90, donde un planificador iba comprando energía y pagándola en función de las diferentes tecnologías de generación eléctrica, con sus diferentes costes. El sistema se abandonó, entre otros muchos motivos, porque se considera que no fomenta la reducción de costes energéticos. De momento, no parece que esté sobre la mesa ir hacia un sistema planificado, que supondría una inmensa reforma que duraría años y que pondría patas arriba el sistema eléctrico europeo.

“Nadie tiene claro lo que quiere decir la Comisión Europea. No sé de qué estamos hablando. El tope del gas que ahora mismo se hace en España y Portugal ya es una separación de los costes por tecnologías. Esto es relativamente gestionable en el mercado del gas, con sus dificultades. Sigue respetando el mercado. Salir del sistema marginalista sí sería una reforma estructural, llevaría años y supondría romper con el sistema actual”, explica el catedrático Diego Rodríguez, que apunta que la Comisión podría estar estudiando un punto intermedio entre los sistemas marginalista y regulado. Concretamente, un sistema marginalista con cierta intervención: “Eso puede ocurrir, pero habría que ver cómo adaptar esas reglas, para abordar las distorsiones sin crear otras”. El analista Pedro Cantuel se muestra cauteloso: “Es muy difícil valorar los planes de la Comisión. Podría suponer cambiar completamente el mercado de la electricidad a nivel europeo”, afirma.

5. Intensificar el programa de ahorro energético

“En un contexto en que una materia prima escasea porque hay carencia o falta de suministro, el ahorro es la única vía para evitar racionamiento”, explica Diego Rodríguez. El catedrático cree que el programa de ahorro energético, que ha supuesto una intensa trifulca política en España, podría intensificarse: “Cuanto mayor es el peligro [de racionamiento energético], mayor incentivo para acentuar las políticas de ahorro. Creo que estas medidas van a pervivir y podrían ir a más, en la medida que haya problemas de suministros más graves. Veremos en octubre y noviembre, en función de las reservas europeas de gas y del nivel del suministro”. 

Este problema afecta especialmente a los países más dependientes energéticamente de Rusia. El catedrático apunta que España no se verá en una situación de racionamiento en ninguno de los escenarios. La vicepresidenta Teresa Ribera ha insistido en este punto este martes, en la emisora catalana RAC1: “No habrá cortes de electricidad este invierno, ni domésticos ni industriales”. 

Expectación por la reunión del 9 de septiembre

"Cada kilovatio de electricidad que Europa genera de energía solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica o de hidrógeno verde nos hace menos dependientes del gas ruso", expresó este lunes Ursula von der Leyen. Diego Rodríguez explica las dificultades de abordar los problemas a medio plazo, mientras se despliegan las renovables: “No hay medidas milagrosas. Hay medidas de medio y de largo plazo. Pero sin duda todo tiene que ver con la aceleración de las energías renovables: hay que facilitar el despliegue al máximo”. El debate se concretará en medidas en la reunión de los ministros energéticos de la Unión Europea, que tendrá lugar el 9 de septiembre. 

“Yo creo que hay que tomar medidas urgentes. Pero en lo que se haga, tiene que participar todo el mundo, que todos los Estados miembro deben estar de acuerdo en las medidas aprobadas”, explica el consultor energético Pedro Cantuel. “No tendría efectividad que cada uno hiciera una cosa. Es un momento importante: toda Europa tiene que estar de acuerdo, incluyendo los operadores y el sector privado. Estamos hablando de la viabilidad de la industria, del empleo, de toda la economía”, añade.

La situación de tormenta perfecta, por la coincidencia entre un mercado con reducción de oferta de gas por el lado ruso y de altísima demanda por un continente en proceso de transición energética, está llevando a los mandatarios a revisarlo todo. Diego Rodríguez cree que hay que ir con todo lo que se pueda en esa revisión: “El tema de la energía nuclear está muy ideologizado. Parece que la derecha tiene que decir siempre que sí y la izquierda siempre que no. Pero creo que hay que ser realistas. No digo abrir nuevas centrales nucleares en España, pero sí ser flexibles y revisar la planificación de los cierres. Me guardaría ese as bajo la manga”, propone el catedrático.