“Democracia real ya. No somos mercancía en manos de políticos y de banqueros”. Miles de personas en toda España salieron a las calles el 15 de mayo de 2011. Lo hicieron en un país azotado por una brutal crisis económica, inundado por una ola de recortes. La indignación prendió en más de 50 ciudades, dando voz a una ciudadanía enfadada con su sistema democrático y con el idílico bipartidismo que había dominado el sistema político hasta ese momento.

Aquel día, unas 200 personas acamparon en la Puerta del Sol. Un kilómetro cero para hacer frente a una manera de gobierno basada en las élites. Mucha gente volvió a llenar los espacios públicos de todo el país para hablar, para mirarse a la cara. Las asambleas se recuperaron para llenar de ideas un debate dominado hasta ese momento por señores encorbatados. Sueños, pancartas. Utopía y realidad. Cuatro de sus protagonistas echan la vista atrás y reflexionan sobre lo que supuso el movimiento, lo que queda de él y lo que puede venir.

Stéphane M. Grueso, cineasta, documentalista y comunicador, fue uno de los principales narradores de aquellos días. Y ahora se zambulle en el análisis desde la “nostalgia y la satisfacción”: “La gente que da por muerto el 15M no comprende la esencia del mismo. Esto va más allá de acciones concretas. Hay cosas como la transparencia y la rendición de cuentas que se exigen hoy en día y que vienen de ese empuje”.

“Más allá de las acampadas, hay que fijarse en el espíritu de esa ciudadanía que estaba harta, que entendía que tenía derecho a participar en lo público y que reclamaba su voz”, señala, para remarcar a continuación: “Cambió a mucha gente: muchas personas no son iguales desde entonces y entienden que hacer política, más allá de los partidos, es su responsabilidad”. Añade: “Reivindico ese 15M en el que se crearon redes de cuidados, gente organizándose al margen del Estado”.

“Además, coincidió con la explosión de las redes sociales. Puede que el legado no esté muy visible, pero en el aire que respiramos hoy en la política y en la sociedad hay más restos del 15M de los que podíamos pensar en un primer momento”, sostiene. 

Uno de los grandes debates que quedan es si funcionó la canalización a través de partidos políticos del 15M. Se adentra Grueso en esta cuestión: “En el pos-15M, con las asambleas de barrio, determinadas personas decidieron que había que intentar la vía institucional y se montaron determinados partidos y llegaron a gobernar. Me parece valiente, pero yo creo que se puede trabajar en muchos espacios. No sé si se hizo mal o no. También se aprendieron cosas”.

“A nosotros nos trataban los poderes como a siete perroflautas. Pero realmente nos observaban y tenían mucho cuidado con nosotros”, prosigue. Y apostilla: El gran fallo del 15M fue no acoger los feminismos como una de sus grandes reivindicaciones”. “Me acuerdo con vergüenza cómo algunas compañeras hablaban de ellos, pero se decía que había que ir primero con las cosas sociales. Yo me quedaba callado. Ahora hemos aprendido que es una de las bases de la democracia. Fue un error no haber abrazado los feminismos”, relata. 

“Pero hay cosas que sí han quedado, como la rendición de cuentas. Es un concepto que antes ni se contemplaba. Por ejemplo, el 15M ayudó a comprender que España no podía ser un país grande sin leyes de transparencia”, hilvana el cineasta, que ahonda en que el 15M conectó con una buena parte de la población.

“La influencia del 15M también ayudó a cambiar el sistema español de dos partidos, con muchas mayorías absolutas. Ahora los partidos están obligados a hablar entre ellos. Tienen que pactar y hacer una democracia más participativa y plural”, continúa en su reflexión. A lo que añade: “Otra de las cosas más importantes fue la lucha contra la corrupción. Se logró la condena del exvicepresidente Rodrigo Rato. A través del crowdfunding se acabó derivando que una persona intocable acabara condenada. Fue posible esa justicia”.

Lanza esta idea: “Muchas personas nos dimos cuenta de que existe el deber también de participar en la vida pública, y que hay muchas formas de hacerlo. Como, por ejemplo, acompañar a migrantes al médico o ayudar en temas de vivienda. Había mucha gente haciendo cosas de manera especial”. ¿Hay espacio para otro 15M? Señala, por ejemplo, movimientos como las olas feministas: “Miles de mujeres han salido a reclamar igualdad”.

Patricia Horrillo, experta en comunicación y redes sociales e impulsora de la 15Mpedia, responde primero a la pregunta de qué imagen le viene de aquellos días: “La Puerta del Sol cuando se expulsaba a la gente durante la primera manifestación. Por la tarde hubo una concentración convocada a través de Twitter. Recuerdo salir de la boca del metro y ver todo lleno de gente. Se me quedó grabadísimo. Gente apoyando a otras personas sin conocerse de nada. Fue increíble”.

¿Por qué la gente salía a las calles? Responde: “Vivíamos una situación de crisis. Había una generación viviendo la precariedad. Las redes sociales nos dieron una manera de comunicarnos. La gente podía ver lo que estaba pasando, que era gente uniéndose para trabajar. La gente se juntaba en las plazas a hablar. Hubo un contagio bonito”.

Sobre los logros del 15M y las aportaciones a la sociedad, Horrillo explica: “No me gusta analizar el movimiento en términos de éxito o fracaso. El hecho de estar en una plaza debatiendo significaba haber roto algo en positivo. Y más en una ciudad como Madrid, donde nadie se mira a la cara. De repente, todo eso cambió. Aunque no quiere decir que no hayamos vuelto en parte a lo mismo. Pero lo exitoso fue que una generación se diera cuenta de la incidencia política. Y vimos también que para algunos era incómodo que hubiera gente hablando en las plazas, lo que nos rompió la imagen de esa supuesta idílica Transición. Sirvió para despertarnos de la idea de un Estado que creíamos que era de una forma. De repente, eras consciente de que no era así. Había cosas que no estaban bien y no había un interés real por parte de la clase política para que la sociedad se involucrase”.

“Hablar de la democracia solo para unas elecciones es una simplificación del sistema, que servía para que la gente sólo viera su participación con el voto”, añade Horrillo, que subraya: “Lo que se ha demostrado con el tiempo es que vivir la política en el día a día es altamente difícil, porque las estructuras no están pensadas para esa implicación ciudadana: la democracia sigue siendo precaria en términos de participación ciudadana, pese a los intentos que se han hecho desde entonces”, resume. Y aterriza con ejemplos como el “chiste” del actual Ayuntamiento de Madrid en temas de transparencia.

Otro de los posos del 15M es la conciencia como comunidad política entre muchos ciudadanos. Horrillo también aporta este enfoque: “Fue un movimiento positivo. Pero un tema muy triste es que la percepción de todas aquellas cosas no se vive como algo central en el debate ideológico, sino que se habla de ello como de extrema izquierda. Nuestro eje político se ha ido tan a la derecha que sigue existiendo, por ejemplo, la ley mordaza. La reacción de los dos grandes partidos fue apretar mucho más la libertad de expresión”.

“Las estructuras de poder no quieren más democracia. Buscan que la gente esté trabajando y no moleste”, remacha.

¿Se puede vivir otro 15M con temas como la vivienda o fue un movimiento irrepetible? Horrillo contesta: “Los momentos son los que son. A lo mejor lo que tiene que ocurrir es algo muy diferente. No hay que pensar en la repetición de algo que ocurrió porque las circunstancias no son las mismas. Y, además, no es que no hubieran existido acampadas antes. Las reivindicaciones siguen siendo las mismas, pero las formas cambian. Por ejemplo, han continuado las luchas en los barrios contra los desahucios. Las nuevas generaciones tienen que encontrar su forma de reivindicación”.

También vivió en primera línea aquellos días Marta G. Franco, experta en redes sociales, a la que vienen en primer lugar las imágenes de la Puerta del Sol llena de gente cada tarde: “También recuerdo las asambleas en las plazas cercanas, donde estaban las comisiones y sucedía la mayoría de cosas”. 

Sobre la filosofía que reinaba en las calles, explica: “Era un momento en el que vivíamos recortes de los servicios públicos y nos decían que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que el Estado invertía demasiado en la ciudadanía. La gente hizo un clic y vio que lo que había eran unas élites financieras que querían seguir manteniendo su posición”.

Para ella, “lo que se avanzó en aquellas semanas es que muchas personas aprendieron y comprendieron que podían reunirse con sus vecinas para hablar y resolver los problemas”. “Era el sentimiento de que la política no puede ser ir a votar cada cuatro años. El 15M no era algo de bloques políticos concretos, sino un clima propicio para cosas que después se concretaron en colectivos como la PAH, el movimiento feminista o las mareas de sanidad y educación. El 15M vino a decir que podíamos hacer cosas juntas”.

¿El sistema ha domesticado ese espíritu? Se adentra Marta G. Franco: “No hay ningún movimiento social que empiece desde abajo que consiga todo lo que quiere. Hay que ser cautos al hablar de fracasos. Lo que pasa es que llevamos años de dinámica en la que se agranda la desigualdad y se reduce lo público y lo común para que los de arriba sigan manteniendo sus privilegios. Esto hace que la gente esté harta y crezca la desconfianza”.

Lo que sí destaca es que gracias a esa movilización se consiguió que los partidos políticos reaccionaran e incluyeran en sus agendas y prácticas elementos como las primarias internas y la publicación de declaraciones de bienes de los dirigentes. Mirando al futuro sobre la posibilidad de otro 15M, analiza: “Nada pasa dos veces en la historia. Pero sí hay momentos de movilización y otros más tranquilos, como un péndulo. La vivienda y el retroceso de los servicios públicos darán lugar a más movilizaciones. Pero no sé en qué formato”.

Daniel Amelang es otro de los protagonistas de aquellos días, como uno de los soportes jurídicos del movimiento y el abogado defensor, por ejemplo, de algunos de los detenidos aquella noche de 2011. Hace memoria: “Lo primero que me viene a la mente es la acampada. Rompió las dinámicas. Recuerdo todas las asambleas y manifestaciones”.

“Se trataba de compartir horas y horas con la gente”, prosigue Amelang, que centró muchos esfuerzos en las asambleas generales y en la comisión jurídica. Él trabajó mucho para que también los esfuerzos se extendieran a los barrios, más allá de la acampada. Entre otras labores, dio amparo jurídico a detenidos y ayudó a elaborar guías contra las sanciones. 

Pone mucho énfasis en esta idea: “Había un espíritu de ilusión por partida doble. Mucha gente recuperó las ganas de participar en los movimientos sociales por la vivienda o antirracistas. Veía a gente de distintas edades y contextos hablando y debatiendo. Y hubo mucha gente que empezó ahí a militar y a ser activista. Tomaban las riendas de su destino”.

“Pasadas las primeras semanas, ese espíritu pasó al plano más pragmático para ver los problemas concretos de la gente y cómo se podían resolver”, relata Amelang. Pero la ilusión volvía cuando se veían resultados como frenar un desahucio, añade. 

Pasa también su experiencia por este punto: “En la sociedad se vio claro que había una serie de problemas que no se estaban atendiendo. De ahí lemas como el ‘No nos representan’. Estaba la sensación de que había unas élites que ignoraban a la gente. Había que salir a la calle a protestar. Esa visión perdura a día de hoy, pero la discrepancia está en cómo solucionar esos problemas”. “También se ha avanzado en la democratización de ciertas instituciones y en elementos como la transparencia o las primarias”, apostilla.

Sobre las asignaturas pendientes, manifiesta este abogado: “El 15M se centró muchísimo en la crisis de la vivienda y en la desigualdad económica y salarial. Fue muy efectivo a la hora de señalar esos problemas, pero menos en el momento de dar soluciones. Aunque, por ejemplo, la normalización de la dación en pago es consecuencia del 15M. Pero no soluciona el problema. Le faltó seguir peleando por las respuestas”.

Este es el primer barómetro (estudio de campo entre el 2 y el 6 de febrero) que recoge los efectos del terrible accidente ferroviario en Adamuz (18 de enero) y de la regularización de personas migrantes del Gobierno (decreto aprobado el 27 de enero). También durante ese periodo el Ejecutivo anunció que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. No entran los resultados de las elecciones de Aragón celebradas el 8 de febrero, que consolidan la subida de Vox, que dobla sus resultados, igual que en Extremadura. 

Como sucedió con la dana valenciana, es Vox quien rentabiliza la situación de inestabilidad. Si en aquella ocasión (noviembre del año 2024) pegó un primer estirón hasta el 14%, ahora alcanza la cifra del 20%, tal y como podemos observar en la siguiente estimación basada en el análisis independiente de las tablas del barómetro del CIS de febrero publicado este lunes. 

En realidad, la estimación se mueve poco respecto al pasado mes, lo que quiere decir varias cosas: 

El PP sacrifica barones en aras de que Feijóo sea presidente. Pero su estrategia de desplazamiento hacia posiciones más radicales no está teniendo buenos resultados. La contratación del activista Vito Quiles en el cierre de campaña aragonesa, o el reciente acuerdo con la formación verde para prohibir el burka son los últimos ejemplos, pero parece hacerlo todo a regañadientes, forzado, y no sirve para atraer el voto de los jóvenes y del segmento intermedio (hasta 44 años), que siguen apoyando masivamente a Vox, que es la primera fuerza política destacada en estos segmentos, muy por encima del PP. 

El problema de Feijóo es que ya no es creíble ni a un lado ni al otro. La preferencia por Abascal como presidente se dispara hasta un 18% entre los más jóvenes, muy cerca de la preferencia por Sánchez, y duplicando la que tiene el líder de los populares. Igual en el segmento de 25 a 34 años, donde Feijóo cae a los infiernos (4% de preferencia como presidente frente a un 14% de Abascal) o, incluso, en el segmento de 35 a 44 años (6,2% del gallego, 12,9% Abascal) dentro de un clima marcado por la desafección y la antipolítica. 

Con estos números, el PP tampoco tiene asegurada la primera plaza, más estando el PSOE a menos de medio punto, casi en empate técnico.

El factor que ha determinado los resultados de las últimas elecciones autonómicas (Extremadura y Aragón) ha sido el descontento. Una mezcla pura entre desafección política y la crisis económica que no para. 

La crítica al Gobierno, al conjunto de los partidos políticos y al mal comportamiento de los políticos los sitúa, sumados, como el primer problema de los españoles, empatando con la vivienda, que sigue escalando posiciones y ya está en el 23% de primeras menciones, o sea que casi uno de cada cuatro españoles la menciona como primer problema del país. 

Mientras la izquierda siga hablando de macroeconomía, de la venta de vehículos eléctricos, etc., será alimento para Vox, que este mes es la primera fuerza con diferencia en la clase baja, con un 21% de intención de voto. 

Con estos mimbres, es previsible que la mayoría de los ciudadanos (que en los menores de 45 años llega a un intervalo entre un 60% y un 70%) tenga poca o ninguna confianza en que la Constitución del 78 pueda ayudar a resolver los problemas que hoy sufren. Las demandas de reforma, muy mayoritarias, se centran en los derechos sociales, económicos y laborales, es decir una constitución que blinde sus derechos, que no ven ahora protegidos, básicamente la vivienda y la precariedad laboral que son dos de los principales problemas del país. Por eso acaba de actuar el Gobierno en ambos flancos con la subida del SMI y su plan de vivienda (España crece), aunque este último parece más bien una gota de agua en un pozo sin fondo. 

Pedro Sánchez trata de ocupar el centro, siguiendo el camino de José Seguro en Portugal, aunque sea dando bandazos: aprobando la regulación de inmigrantes y acto seguido dando luz verde a la ley para la expulsión de multirreincidentes con el apoyo de Junts, PP, Vox y PNV y con el 'no' de todos los grupos de izquierda, salvo Esquerra. 

El PSOE contiene sus fugas, aunque ya manda tantos votantes a Vox como al PP, en conjunto un nada despreciable 7% a la derecha. El trasvase a su izquierda es más contenido, de apenas un 5%, mientras sigue recogiendo votos de Sumar, un 18%. 

Es la marca la que tira, la de la rosa y el puño. El PSOE conserva un “suelo” competitivo suficiente para disputar la primera plaza, está muy cerca del PP. La primera de las condiciones para formar Gobierno de Sánchez. Si las otras no se dan no será culpa suya. 

En definitiva, continúa la batalla electoral. Terminará el calvario en junio de este año para el PP y en el verano de 2027 para el PSOE (resurrección o martirio). Cada vez queda más claro que no habrá adelanto electoral, por mucho que le pese a García Page. 

Mientras, la izquierda del PSOE se rehace en una semana decisiva: 

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Francisco Sande es responsable de investigación social en Logoslab.

En el marco del rearme general en Europa, la remilitarización impulsada por el Gobierno ha sido respaldada por una amplia mayoría de los partidos institucionales, tanto de izquierda como de derecha, y con el beneplácito, cómo no, de las grandes empresas y, en particular, las armamentísticas. Nada que difiera tampoco de las políticas practicadas por Gobiernos anteriores, tanto de derecha como de izquierda, aunque estos últimos hayan sido para la mayoría de la población y de la clase obrera una esperanza de cambio de sociedad.

Durante el primer Gobierno de coalición, toda la prensa de izquierda, tertulianos y los propios partidos con nueva presencia parlamentaria nos abrevaron con el supuesto fin del bipartidismo. Por mucho que lo dijesen o lo deseasen, el bipartidismo jamás dejó de existir; el famoso “fraccionamiento” parlamentario debido a la presencia de nuevos partidos, utilizado como argumento, no necesitó mucho tiempo para mostrarnos su límite. PP y PSOE, a pesar de la presencia de esos nuevos partidos en el Parlamento, han hecho fundamentalmente, incluso muchas veces con la propia complicidad de dichos partidos parlamentarios, lo que siempre han hecho, defender los intereses de quienes realmente detentan el poder: las empresas del IBEX-35.

Al igual que en la Transición y la famosa ruptura democrática. Franco murió, cierto, pero sus ideas siguen vivas. No lo digo por la irrupción de Vox en las instituciones, ni por la existencia de la Falange o el carlismo, lo digo porque una parte importante del arco parlamentario son los herederos y defensores de los postulados del franquismo, por mucho que hablen de democracia.

Lo penoso de esta situación es que lo hacen con el beneplácito de la “izquierda institucional”. El mejor ejemplo, que en estos momentos provoca chorros de tinta y muchas protestas en los bancos de la izquierda, es la condena del fiscal general. Como en muchos sectores al servicio del Estado, la magistratura es una madriguera de jueces reaccionarios que ya ejercían en el Tribunal de Orden Público franquista. La demostración, por si era necesaria, de que la justicia siempre ha sido y es de clase. Cuando los cuadros del franquismo se siguieron manteniendo hasta ahora en las antesalas del poder, arropados por los pactos de la Transición, no es de extrañar lo que está sucediendo.

Lo que el PCE entendía, y en parte el PSOE, por “ruptura democrática” era instaurar una democracia rompiendo radicalmente con las instituciones del franquismo, oponiéndose a la reforma gradual del régimen que proponía el personal político franquista. No obstante, bajo el pretexto de que la correlación de fuerzas no era suficiente para ejecutar una ruptura total, el PCE acabó por sumarse a lo que el PSOE se había sumado ya desde hacía mucho tiempo: el proyecto reformista propuesto por la burguesía mediante la persona de Adolfo Suárez, la “reconciliación nacional”, lo que llevó al PCE a adoptar la bandera rojigualda y a la aceptación de la monarquía.

De aquellos barros estos lodos.

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Mario Diego Rodríguez es socio de infoLibre.

El presidente de Argentina, Javier Milei, asistirá al evento Viva 25 organizado por Vox, que se celebrará los próximos días 13 y 14 en Madrid, y al que acudirán representantes de partidos de todos los países que "quieren cambiar las cosas", informa EFE.

Así lo ha anunciado este domingo en Sevilla el portavoz de Economía y secretario general del grupo de Vox en el Congreso, José María Figaredo, quien ha precisado que en el acto que se celebrará en Madrid participará el líder de esta formación, Santiago Abascal, y "muchísimos más líderes, no solo europeos, sino de todo el mundo, que vendrán a exponer cuál es el cambio que necesitamos para nuestros países".

"Vendrán a exponer cuál es el cambio y el giro de 180 grados que debemos darle a esas políticas de bipartidismo que nos han traído a un camino en el que parece que ya no hay esperanza con políticas que están robando el bienestar y el futuro a los españoles", ha remachado en declaraciones a los medios.

Así, ha defendido la necesidad de "dar un giro de 180 grados al bipartidismo" y "volver a poner el sentido común en el centro, volver a poner el bienestar de los españoles como guía absoluta de las políticas públicas".

Figaredo ha remarcado que "cada día nos despertamos con nuevas noticias cada vez más llamativas sobre crímenes atroces que se producen dentro de España, o llegando a España por esa oleada migratoria a la que nos estamos enfrentando".

Una oleada migratoria, ha dicho, que "está patrocinada y estimulada por el Gobierno del PSOE y que cuenta con la colaboración necesaria del PP, que durante décadas lleva apoyando estas mismas políticas migratorias".

El dirigente de Vox ha sostenido que, según datos del Ministerio del Interior, "un 14% de la población, que representa esa población inmigrante residente en España, comete más de un 30% de los delitos, de los feminicidios, de los asesinatos de mujeres que se producen al año".

A su juicio, quienes más "padecen las consecuencias de estas invasiones, de esta invasión migratoria, son precisamente los españoles más humildes, los trabajadores que durante décadas son quienes han sacado adelante España porque en los barrios más privilegiados esta presión migratoria no tiene un impacto, no se ve la criminalidad, no se ve la dificultad de la convivencia".

"A esta situación le tenemos que dar un giro de 180 grados porque a esto se suma la dificultad para la vida, con un incremento de los precios, una inflación desbocada en los últimos años, un empobrecimiento generalizado, sobre todo de las clases más humildes de España, un acceso a la vivienda absolutamente imposible", ha incidido.

Todo esto, ha asegurado, se va a tratar en el evento Viva 25 que se celebrará la próxima semana en Madrid.

Con el país sumido en el lodazal ábaloscerdánico, otra palada de estiércol. Extra, extra: Cristóbal Montoro, paladín de la austeridad, podría haber utilizado el Ministerio de Hacienda (chiquito instrumento) para beneficiar a las empresas que contrataban los servicios de su consultora. Ah, la amnistía fiscal, ¡qué tiempos! Tierna compasión con la evasión de capitales y familias desahuciadas por "haber vivido por encima de sus posibilidades".

Según leo, la Unidad Anticorrupción de los Mossos calcula que los tejemanejes del señor exministro habrían ahorrado dos mil doscientos millones a sus clientes. Lo escribo con letras para que quede holgado en la página. Minucias, ¿verdad? ¿Qué podría haber hecho el Estado, en un momento de extrema necesidad económica, con dos mil doscientos millones de euros? Me imagino el barrunto en la mollera montoril: hay que salvar a las corporaciones multimillonarias, que son las que crean empleo. ¡El empresario es el que se arriesga! Ejem. En esta casa somos antipunitivistas de primera hora, y, desde nuestra modestísima columna, jamás alentaríamos la recuperación de tormentos cruelísimos que, felizmente, quedaron enterrados en el pasado…, pero algún juramento en arameo sí que me permitiré.

Descartada la guillotina (¿verdad?), me reconfortaría que la señoría a la que le toque en suertes este juicio considerase no solo el perjuicio económico que semejante sabandija podría haber ocasionado al conjunto de los ciudadanos, sino el daño que la corrupción a estas alturas del organigrama hace al Estado de derecho. Porque miren: hasta los más convencidos vamos a pagar la cuota de autónomos de este mes cagándonos en la sostenibilidad de las pensiones.

Al calor de estas revelaciones, la liberalísima Cayetana Álvarez de Toledo ha aprovechado las flexibilidades horarias del empleo público para salir a arengar, con esa flema monocorde que solo se aprende en los colegios de pago, a las gentes de orden: lo mismo hay que sacrificar sueldo y vacaciones para financiar el esfuerzo de guerra. Maravillosa idea: si vamos a renunciar a derechos adquiridos, yo empezaría por anular la propiedad privada y decomisar las segundas residencias, las inversiones inmobiliarias, las habitaciones del servicio y el excedente de armario y joyas de los patriotas de este mundo para calmar las insaciables tragaderas de la OTAN. La medida fascinará a la presidenta Ayuso, que como no tiene nada suyo se ha tenido que ir a veranear a una propiedad de la Comunidad de Madrid. En su defensa, Isabel asegura que se llevó el tupper preparado de casa y que todo obedece a los tejemanejes de la dictadura comunista que nos oprime. Con la misma excusita, y una fiambrera llena de filetes empanados, pienso plantarme el martes en el palacio de Marivent: ya les contaré la aventura.

Para terminar este revival de los grandes éxitos del bipartidismo, esta semana ha dimitido una diputada del pe pé porque, contrariamente a lo que aseguraba su currículo, la moza tiene menos papeles que una liebre. La pirueta ha sido de campeonato: "yo he dimitido, no como otros…", honoris causa en caradurismo. El terremoto se ha sentido lejos, y no hay mascachapas a sueldo de un partido que no esté ambigüeando su titulación en Administración de Empresas. Licenciado no, pero chico, ¡la de horas que pasé en la cafetería! Para sorpresa de nadie, los unos no han tardado ni un segundo en pedir el certificado de notas de los otros, porque el "y tú más" no se desactiva ni habiéndote pillado con el carrito del helado. La bronca le ha dado vidilla al ministro de Transportes, señor Óscar Puente, quien se ha entregado al Twitter como un descosido para ridiculizar las invectivas de la oposición. Reconozco que en el partido de la cualificación y la meritocracia no logren juntar más de media docena de certificados escolares y dos etiquetas de Anís del Mono me hace muchísima gracia, pero da bastante vergüencita que un ministro del Gobierno de España no tenga mejores ocupaciones que repartir zascas para gozo de su parroquia. Más, cuando no hay semana en la que no se te pare un tren en mitad de la nada.

Los casos Montoro y Cerdán han zarandeado el tablero político español. Las tramas que implican al exministro de Hacienda de la época de Mariano Rajoy y al ex secretario de Organización del PSOE han vuelto a colocar la corrupción abriendo todos los telediarios y las portadas de los periódicos. Y el país se asoma otra vez al balcón de la desconfianza hacia parte de sus dirigentes a la hora de ejercer la labor pública.

Después de años en puestos bajos, la corrupción ha irrumpido con fuerza entre los problemas del país para los ciudadanos, colocándose ya en la segunda posición, sólo por detrás de la vivienda, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Supera a cuestiones como la migración, los partidos políticos, la situación económica y el desempleo. Hace un año estaba en el puesto número quince y apenas lo citaba el 6% de los sondeados (hoy ese porcentaje es superior al 25%).

Los casos, además, tienen modus operandi similares a los que azotaron España en las últimas décadas antes del 15M. El debate político entre los dos grandes partidos ha vuelto a caer en el “y tú más”, dejando una sensación de dèja vu. Con un lenguaje asimismo durísimo por parte de Génova 13 hablando todo el día de “puteros”. Ahora, los socialistas sostienen que esa estrategia tan brusca de Alberto Núñez Feijóo se le ha vuelto con toda la fuerza de un bumerán.

Este escenario marcado por sumarios y declaraciones ha revivido el discurso contra el bipartidismo que cambió la dinámica política a raíz de la crisis económica de hace más de una década, las protestas multitudinarias al calor del 15M en todo el país y la irrupción de nuevos partidos como Podemos y Ciudadanos.

Y en el origen de la “corrupción sistémica” de los grandes partidos centran ahora sus discursos tanto de Vox como Podemos y Sumar. El partido de ultraderecha de Santiago Abascal es la formación que, según los últimos sondeos, está capitalizando más el descontento y subiendo en intención de voto (con factores como el caso Cerdán pero también el debate migratorio).

Esos sondeos dejan lejos el deseo proclamado por Alberto Núñez Feijóo de gobernar en solitario pensando en una mayoría absoluta. A la ultraderecha el caso Montoro le ha pillado en plena operación para sacar rédito del debate migratorio y el clima de Torre Pacheco (Murcia), pero ahora apunta al bipartidismo para hacer mella a los dos partidos por la supuesta trama en Hacienda. El partido ha criticado durante estas horas: “La realidad es que de todas las tropelías de Sánchez y su mafia, la política fiscal es simple herencia del PP. Y probablemente también les copiaron algunas de sus prácticas, que eran igual de mafiosas que las de ahora”.

La estrategia de la ultraderecha pasa por cebar esa crítica al bipartidismo y no señalar directamente a Feijóo y Rajoy por el caso Montoro. Abascal ha trasladado esa idea en sus mensajes desde este fin de semana: “Tengo la sospecha bien fundada de que algunas de las mafias de Sánchez son solo continuación de las mafias del PP. Que nos quieran vender lo de Montoro como un hecho aislado es tan ridículo como los argumentos del PSOE para desligarse de Ferraz”. Para el líder de Vox, Génova y Ferraz son “las dos caras de una moneda falsa y corrupta”. “Son lo mismo”, remacha. Las críticas del bipartidismo también las ha utilizado la ultraderecha en la última semana respecto a la política migratoria de populares y socialistas.

El discurso contra el bipartidismo ha cogido mucha fuerza en los últimos días en Podemos, que nació al calor de las protestas del 15M contra el sistema dominado por el PSOE y el Partido Popular durante décadas. Este partido, que logró romper el bipartidismo institucional a partir de su irrupción en las elecciones europeas de 2014, vuelve a retomar esa idea.

El portavoz morado, Pablo Fernández, hizo este lunes una reflexión a partir de la revelación del caso Montoro por el que se benefició fiscalmente a empresas gasistas: "Recortes y sufrimiento social para el pueblo y favores y beneficios para las empresas corruptas que pasan por caja, así como dinero a montones para los bolsillos de esos políticos corruptos que llevan demasiados años lucrándose de ese sistema de la corrupción del bipartidismo".

Podemos pone sobre la mesa el sistema de “comisiones”, “mordidas” y “puertas giratorias”, lo que, en sus palabras, evidencia "cómo funciona la política del bipartidismo en España y la necesidad que tienen de pagar y de establecer relaciones con los políticos del bipartidismo a cambio de hacer los correspondientes pagos".

“El problema se llama bipartidismo”. Esta ha sido también una frase que ha utilizado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desde que irrumpiera el caso Cerdán y pusiera al Ejecutivo contra las cuerdas. El ala a la izquierda de los socialistas en la coalición marca diferencias con Ferraz y tiene un discurso que pasa, como ha expresado la dirigente, por: "La corrupción cero sí existe. No somos iguales de ninguna manera. Nosotras somos limpias, tenemos cinco ministerios limpios y tenemos un espacio político que ha gobernado y nunca ha robado". IU ha tomado la delantera en el Congreso, de la mano de Movimiento Sumar, para constituir una comisión de investigación sobre Montoro en el Congreso de los Diputados.

En el último ciclo electoral precisamente el bipartidismo ha vuelto a tener mayor vigor tras la época a la baja después de la crisis económica y la aparición de la nueva política. En las últimas generales del 23J el PP y el PSOE sumaron un 65,27% de los votos, un porcentaje que no se veía desde la cita de 2011, cuando los dos partidos tuvieron un 74,4%. Las peores cifras las obtuvieron en los dos comicios de 2019, cuando no llegaron ni al cincuenta por ciento: 45,71% en abril  y 49,24% en noviembre.

En las europeas del año pasado el bipartidismo llegó al 64,86% una cifra que no recordaban los dos grandes partidos desde la cita continental de 2009 (con un 82,05%). Desde ese momento las cifras se había movido así: 2014 (50,25%) y 2019 (53,53%). Asimismo, en las municipales de hace dos años el PP y el PSOE sobrepasaron el 60%, lo que evidenció un crecimiento conjunto respecto a 2015 (52,96%) y 2019 (52,5%).

No hay mayor aliado del bipartidismo que las constructoras, ni peor enemigo de la democracia que la antipolítica. El escándalo del PSOE, sobre la presunta actuación delictiva de sus dos últimos secretarios de organización, Ábalos y Santos Cerdán, sitúa la legislatura en el borde del precipicio y alimenta la posibilidad de un gobierno de extrema derecha.

Lo que estamos leyendo –tengo que reconocer que todavía no he terminado los 490 folios– del informe de la UCO es profundamente grave, no hay cortafuego posible, medidas estéticas ni carta que lo pueda minimizar. Obviamente, debemos actuar con mucha prudencia, respetando la presunción de inocencia, pero en política también debe operar la presunción de inteligencia.

Particularmente, en un ambiente de golpe blando contra el Gobierno nos jugamos mucho, más bien todo. Por ello, es fundamental que quienes reiteradamente denunciamos primero los casos de lawfare contra liderazgos de izquierdas como el de Alberto Rodríguez, Vicky Rosell, Mónica Oltra, Neus Truyol o Ada Colau, o la persecución contra independentistas contra Xavier Trias… Pero también cuando han ido en contra del entorno afectivo y familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sí, nosotros no callamos, ni mucho menos alimentamos a la bestia, como hicieron Ximo Puig o Gabriela Bravo y sus satélites mediáticos y judiciales. Ahora seamos contundentes, porque nunca les defendimos por ser de los nuestros, sino porque se les perseguía con montajes, pruebas falsas y acusaciones ultras justamente por ser de los nuestros, o, mejor dicho, por defender nuestras ideas. Seamos contundentes, sin miedo, pero con responsabilidad, y no solo porque puede venir la extrema derecha.

La contundencia debe ser ágil pero útil. Deberíamos haber aprendido algo del 2015. La hipérbole, y la necesidad de decir que se hace algo, no puede asfixiar en más burocracia las raquíticas y lentas administraciones públicas. De hecho, creo que a la contratación pública le sobran filtros, pasos intermedios, controles ejecutados por inercia. Nadie roba así, nunca lo hicieron, se roba desde fuera, comprando voluntades de altos funcionarios y políticos de turno en marisquerías y puticlubs. Dejemos de matar moscas a cañonazos por un titular fácil.

Lo primero poner el foco donde toca: los corruptores. En este caso, la empresa más conocida es Acciona, les sonará de otras tramas vinculadas a PP y PSOE, o porque pertenece a una de las familias más ricas del país, Entrecanales, que forjó su fortuna con la mano de obra esclava de republicanos represaliados por Franco.

Urge endurecer las penas para corruptores, hacerles devolver lo robado, prohibir de forma eficiente que puedan volver a contratar con la Administración Pública, ni aunque les cambien el nombre a sus empresas; auditar mejor los contratos, favorecer la contratación con empresas pequeñas y decrecer en grandes infraestructuras contaminantes.

El bipartidismo es un problema. Pero que nadie se engañe creyendo que estamos en 2011 o 2015. En 2025, la disyuntiva –no solo en España– es entre fascismo y democracia. El PSOE tiene menos poder del que pensamos, más del que nos gustaría, recordemos con la desesperación que buscaban el informe de la UCO los días previos, y debe asumir que si quiere salvarse debe salvar la democracia, y para ello es necesaria más valentía y soltar lastre. La responsabilidad histórica no puede volver a recaer exclusivamente sobre los socios del bloque de la investidura. El PSOE debe asumir que no tiene mayoría absoluta, que no puede volver a jugar a la alternancia bipartidista, que debe dejar de servir a intereses ajenos y centrarse en la democratización de los poderes del Estado.

En definitiva, si gana la pulsión bipartidista o la antipolítica, 'game over'. Pero, un 'game over' que va más allá de la legislatura o del gobierno de coalición, un 'game over' a la débil democracia que tanto costó a nuestros abuelos y madres poder conseguir. PSOE, haz algo.

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Alberto Ibáñez es diputado de Compromís.

Cuando en la primavera de 2015 Pablo Iglesias y Albert Rivera se disputaban la hegemonía del cambio en el que se denominó el debate del Tío Cuco, España vivía la efervescencia de la nueva política, que había irrumpido ya en las urnas europeas un año antes, y estaba a punto de hacerlo en el Congreso de los Diputados. El éxito de Podemos y Ciudadanos fue la materialización política del cansancio social con la clase dirigente, manifestado en la calle en 2011 en el movimiento del 15M como prolegómeno de lo que vendría después. 

La izquierda fue la primera en recibir el golpe con una abstención masiva en las elecciones generales de ese mismo año. La derecha tardaría poco más. Dio una efímera mayoría absoluta a Mariano Rajoy pero, sólo unos meses después de formar Gobierno, el apoyo al Ejecutivo caía en picado. En 2014, millones de electores defraudados por la oferta política bipartidista optaban ya por Podemos y Ciudadanos. Los cimientos del sistema empezaban a tambalearse.

Si acudimos a la fuente del CIS, descubriremos que en 2011 el paro y la economía eran las principales preocupaciones ciudadanas, aunque la clase política escalaba al tercer lugar con un 20% de menciones. Entre 2012 y 2015, el paro sigue ocupando el primer lugar, las referencias a la clase política se mantienen estables, pero a su lado crecen de manera exponencial las menciones a la corrupción y el fraude, que en conjunto suman el 50%, unas cifras nunca vistas. La traducción en votos podemos verla en el cuadro siguiente.

En 2013, la fidelidad de PP y PSOE caía a cifras en torno al 50%, unos índices de lealtad inusualmente bajos, con el 20% de sus votantes en la indefinición, el 15-20% en la abstención y el 5-10% declarando que votaría en blanco en caso de nuevas elecciones generales. 

En aquellos días el instituto Logoslab expuso en una ponencia universitaria presentada en julio de 2013 las siguientes claves:

Todo esto podemos verlo resumido en los cuadros siguientes. En el primero, vemos cómo la corrupción y la clase política emergen como problema; el segundo, la pésima valoración del gobierno y oposición; y en el tercero, cómo la culpabilización se reparte entre PSOE y PP. Nadie se salva.

Un análisis posterior al 15M mostraba cómo la radiografía del político en esos años estaba ya caricaturizada hacia un gestor (citamos literalmente) “ineficaz, sin visión de país, privilegiado, derrochador, que se rodea de un equipo en el que se premia la fidelidad a su persona y no la preparación, que no tiene en cuenta a los sectores sociales más débiles, poco realista, utópico o proclive a emitir vagas promesas. Y como colofón, poco confiable o manchado por la corrupción”. Con una tendencia entre los españoles cada vez mayor a generalizar, a meter a todos en el mismo saco. Esa mancha en la clase política fue entonces acicate para el surgimiento de movimientos sociales y nuevos partidos, y es en la actualidad caldo de cultivo para el avance de populismos y la extrema derecha. En un artículo anterior nos referíamos al daño que está haciendo el marco de “Estado fallido” y la renuncia al concepto de “pueblo” por parte de los dos grandes partidos, al dejarlo en manos de quienes juegan en los límites del sistema. Hay que preguntarse a quién beneficia que los índices de desafección actuales superen todos los registros históricos y las graves consecuencias que puede tener para nuestra convivencia y la salud de nuestra democracia. 

Hoy, diez años después de aquellas elecciones europeas que auparon a Podemos y Ciudadanos, estamos peor que nunca. La desafección vinculada a la clase política (políticos en general, mal comportamiento de los políticos, lo que hacen los políticos, la falta de confianza en los políticos, la inestabilidad política, el gobierno y los partidos) ha aumentado (suma de tres principales problemas) del 22% de menciones al 64%, situándose además como 1º, 2º y 3º posición en el ranking del principal problema de nuestro país (primera respuesta). 

Detrás de los políticos tenemos el difícil (para muchos imposible) acceso a la vivienda, que en 2015 apenas era citado por un 1,9% de españoles y que ahora se ha convertido en un auténtico frente de batalla para los españoles, con un 23% de menciones y subiendo, cifra que crece entre los jóvenes alcanzando valores cercanos al 30%.

La brecha generacional se está agudizando y es uno de los principales motores del descontento ciudadano.  El reciente estudio del CIS del mes de octubre sobre Ideología y Polarización, con 4.000 entrevistas, señalaba que un 26% de españoles se mostraba dispuesto a vivir en un país “poco democrático” si con eso se le garantizaba un mejor nivel de vida, pero es que entre los más jóvenes subía hasta un 38%. Las actitudes en este segmento están en claro retroceso en temas como la identidad sexual, el feminismo o la igualdad.

El otro tema de preocupación que completa la terna de asuntos que más están removiendo las posiciones de los españoles es la inmigración. Como ocurre con la vivienda, en 2015 era una cuestión de bajo impacto, con apenas un 2% de alusiones mientas hoy se ha convertido en un asunto capital llegando en septiembre al 34% (principal problema en primera respuesta). Es un tema de debate ciudadano, especialmente sensible en territorios como Canarias, donde la crisis migratoria se está manifestando con especial virulencia, y que ya ha provocado la ruptura de los gobiernos autonómicos de PP y Vox, y se ha colado en la agenda de la Unión Europea. Apunta a ser uno de los asuntos controvertidos en los próximos años. 

En el otro lado de la balanza, la corrupción, que en 2015 estaba en el 51%, pasó a ser residual en 2020 y desde entonces se ha mantenido a la baja pese a los frentes judiciales que se le han abierto al gobierno; los problemas económicos (problemas de índole económica, subida de los carburantes, los bancos, las subidas de impuestos, las hipotecas y las subidas de tarifas energéticas) que llegó a estar en el 59% en 2022, están hoy en los números más bajos, en torno al 20-22%. Y los problemas relacionados con el paro y la calidad del empleo, que eran la principal causa de insatisfacción en 2015 con el 84% de menciones, están en la actualidad contenidos en el 37%. Podemos verlo en el cuadro siguiente.

La foto del CIS de noviembre nos muestra a Gobierno y oposición con un grado de respuesta que nos recuerda a los números de 2013, a un PP en sus números más bajos desde que Feijóo sustituyó a Casado, con el líder gallego en un 5,7 de valoración entre sus propios votantes, cuando llegó a estar en el 7,3. Nos enseña también a un Partido Socialista que envía a la abstención, el voto en blanco y partidos minoritarios, a cerca de un millón de electores. En el lado izquierdo, Sumar y Podemos siguen sin resolver sus problemas (en la actualidad obtendrían 12 o 13 escaños frente a los 31 que lograron yendo juntos), y en el derecho, Vox saca provecho de todo lo anterior y se sitúa, con 44 escaños, como la llave de gobierno. Hoy lograría 11 diputados más que en las pasadas elecciones generales, cifra que podría aumentar según se incorporen nuevos electores al censo electoral, dado que Abascal triplica a Feijóo en preferencia como presidente en el segmento más joven.

La participación sería hoy del 65%, quedándose a 11 de la que se registró en abril de 2019, otro síntoma más de que las cosas no van bien. Este es el panorama actual.

Rafael Ruiz es consultor y analista de datos en asuntos públicos en Logoslab.

Estos últimos años, desde que se formó el primer gobierno de coalición progresista, hemos sido bombardeados con el discurso de los medios sobre la polarización. No se denunciaba, o escasamente para lo que ocurría en la realidad, el acoso al que se sometía desde el momento de su constitución la acción del gobierno; se hablaba en abstracto de polarización, como sinónimo de inestabilidad, enfrentamiento, ausencia de diálogo.

Es que la simple constitución de tal gobierno suponía un quebranto para la tranquilidad de los grandes negocios que habían gozado de la acción inequívocamente volcada en su favor del gobierno del PP, empezando por la socialización de las pérdidas de algunas entidades de crédito. Les eran ajenos los sufrimientos e incertidumbres padecidos por millones de hogares de familias trabajadoras por acusa de la pérdida del empleo, de los desahucios, de la imposibilidad de formar un hogar, etc. Entonces nunca oímos hablar de inestabilidad o polarización. Como tampoco entonces oímos hablar de fomentar la gobernabilidad aunque en dicho período –2011-2017– se produjera el acontecimiento más grave de la historia desde 1978, el procés y su impulso hacia la independencia de Cataluña, expresión entre otras de un grave carencia en la capacidad de gobierno del que por entonces lo ejercía, el PP .

Los sectores sociales poderosos y la derecha política han dado la alarma en cuanto se ha producido la más leve muestra de avivar el debate sobre alguna de las grandes cuestiones nunca abordadas a lo largo de la historia del régimen del 78 y que constituían preocupación cotidiana entre los sectores populares: el problema de la vivienda, la cronificación del desempleo y la precariedad, la contracción de los derechos sociales como consecuencia de las políticas austeritarias, etc.

La denunciada polarización ha sido, así, un pálido reflejo de las tensiones sordas vividas abajo por la pobreza, la desigualdad y las incertidumbres.

La tan ansiada gobernabilidad para cuya consecución hemos padecido, por ejemplo, un régimen electoral claramente favorecedor de los partidos conservadores, ha consistido en sacar de la agenda lo ingobernable, lo que puede alterar el orden social instituido (distribución del poder y la riqueza, dignidad en la vida y el trabajo, derecho a la vivienda o al medio ambiente, acceso a los bienes comunes). La gobernabilidad se ha convertido, según advierte el maestro Ferrajoli, en "la omnipotencia y la verticalidad de la política en la relación con los ciudadanos y sus derechos, necesaria para que se hagan reales su impotencia y sumisión a los dictados del mercado".

Los medios del sistema –los medios realmente existentes– han conseguido que la población sufra como suya la polarización y que la achaque a quienes quieren ampliar la agenda (15M, Podemos, Sumar) que viva como propia los sobresaltos de la oligarquía ante esta ampliación.

La tranquilidad social de los 90 –1996-2009–paraíso del negocio inmobiliario. La última década del siglo XX y la primera del XXI son conocidas como etapa de prosperidad económica, gracias a la expansión del negocio inmobiliario y el endeudamiento de masas con el que se mantiene el nivel de la demanda  pero que, cuando sobrevenga la crisis financiera del 2009, arrastrará en su caída la pretendida prosperidad y dejará al descubierto la fragilidad del modelo de crecimiento de esta etapa. Mientras dura, la gobernabilidad aparece asegurada por el relevo al frente del gobierno del Estado del PSOE y el PP, cuyas agendas apenas si difieren en los problemas objeto de políticas públicas. La expansión del sector inmobiliario se alimenta de las expectativas de inversión que las intensas restructuraciones y las correspondientes indemnizaciones de la década anterior han estimulado con el cambio estructural inducido por la terciarización de la economía. Escasas diferencias como decíamos. Los recursos financieros procedentes de los fondos estructurales comunitarios (FEDER, FSE y Fondo de Cohesión, sin olvidar a estos efectos a la PAC) permiten una inversión pública en infraestructuras que es condición misma de posibilidad del boom urbanístico por el cual se produce una masiva reestructuración de la calificación del suelo en la que se aúnan los intereses de bancos, promotores y ayuntamientos que encuentran en el negocio de las recalificaciones la fuente de ingresos que les niega un deficiente reparto de la competencias fiscales con el resto de las administraciones.

El resultado de esta operación manifiesta efectos en varios dominios. Desde el punto de vista de la estructura social, el país ve reducirse el peso de la población asalariada en al industria para incrementarse (sin que desde entonces la tendencia se haya modificado) la ocupación en los servicios y, dentro de ellos, en el subsector turístico. El corolario es un cambio cultural de gran alcance, la desaparición de una cultura de clase forjada desde los años sesenta y que alimenta o sirve de sustrato el acuerdo constitucional del 78. La desaparición paulatina de esta cultura de clase tiene a su vez efectos en el dominio político. Hasta entonces y a pesar de las fuertes diferencias entre el PSOE y los sindicatos de trabajadores en la orientación de la política económica que tuvieron su zénit en al huelga del 14 de diciembre de 1988, los gobiernos socialistas se les entendía sostenidos por la clase trabajadora y sus organizaciones, un poderoso factor de contrapeso frente a las demandas empresariales y la derecha política al tiempo que una contribución inestimable al crecimiento económico con al coincidencia entre las aspiraciones de mejoras salariales de los trabajadores y las de incremento de la ganancia y las expectativas de inversión de los empresarios por el mantenimiento de un alto nivel de la demanda agregada-

En el dominio de la gestión pública, los cambios sobrevenidos apuntan a un efecto que aún hoy sigue manifestando efectos tangibles: la expansión del negocio del suelo y todo lo que lleva aparejado (p.ej. el crecimiento de las grande superficies comerciales)se refleja en la configuración de bloque sociales articulados en torno al negocio y sus rentas, en los que participan todos los sectores implicados y que determinan la orientación política d las administraciones territoriales, ayuntamientos y CCAA.

Resumo tan larga digresión: la ausencia de polarización y la gobernabilidad han estado aseguradas mientras existía un equilibrio de fuerzas mediante el que ninguno de los dos bandos firmantes del pacto constitucional se sentía tentado de mejorar su posición en la relación de fuerzas con el contendiente y se producía una coincidencia de intereses entre ambos bandos: en la etapa más fordista del régimen entre crecimiento de los salarios y al inversión; en la época del bloque inmobiliario rentista, entre los beneficios de banqueros, promotores de un lado y acceso a la propiedad y a la renta del otro.

Con la crisis del 2008 se derrumbó el castillo de naipes de la burbuja inmobiliaria. A la sucesión de impagados le sucedió la caída de las cajas de ahorro que habían tenido un papel destacado en al locura crediticia del boom inmobiliario y co ambos se agudizó la crisis de las administraciones locales que vieron hundirse una de sus principales fuentes de ingresos. Los remedios aplicados fueron peores que al enfermedad :las políticas austeritarias auspiciadas por la UE y aplicadas sin diferencias perceptibles por los gobiernos del PSOE y del PP llevaron a una prolongada recesión en lo macro y la caída en la pobreza y la incertidumbre para miles de hogares presas del desempleo, el desahucio y la falta de perspectivas.

Fue contra esta ausencia de perspectivas vitales contra lo que se levantó el 15M, contra el incumplimiento del acuerdo constitucional por los partidos del régimen.El 15M y PODEMOS pretendieron ampliar la agenda política ante el fracaso del régimen del 78 para proveer los bienes sociales para la mayoría pactados en el 78. Ese fracaso del régimen en el cumplimiento de la función histórica que lo legitimaba fue percibido como una crisis de tal régimen y alimentó la perspectiva de un procesos constituyente que ampliara la agenda política a aquellos problemas de la sociedad española que no encontraban hueco en la oficial.

Hay que subrayar el ámbito estrictamente político en el que se  desplegaron las denuncias y propuestas del 15M y PODEMOS; así como la identificación con el apelativo de "casta" a la clase política del régimen. Los impulsores de ambos movimientos nunca pretendieron atacar los fundamentos del sistema capitalista en nuestro país, quizás conscientes de que la tarea les sobrepasaba al no contar para ello con el apoyo de un movimiento social de la dimensión histórica del movimiento obrero de los 60 y 70 del pasado siglo.

Se trataba ,pues -y no era poco-, de remozar las estructuras institucionales asentadas tras tres décadas de funcionamiento del régimen del 78 preparándolas para afrontar los retos incomparablemente más complejos a los que ya se enfrentaba la sociedad española.

Ni la dirección del PSOE ni la del PP de la época supieron ver el horizonte de renovación que planteaban los nuevos actores. La victoria del PP en la elecciones del 2011, en buena medida fruto de la ausencia de estos nuevos actores en el concurso electoral, confundió aun más a los partidos del régimen, que solo despertaron de su letargo cuando en las europeas del 2014 un PODEMOS apenas conocido consiguió cinco escaños para el Parlamento europeo.

La posterior entrada de PODEMOS en el Parlamento español y, posteriormente, en el Gobierno de la mano de un PSOE aún renqueante pero dispuesto a aprovechar la ocasión para restañar sus heridas y renovar lealtades desde el Gobierno, inauguraba con certeza un tiempo nuevo en el que la agenda política debía abrirse de forma inexorable a los nuevos problemas de la sociedad española. Era en términos objetivos, una agenda constituyente. Pero en el camino, PODEMOS se había dejado la fuerza social impulsora del cambio, había emergido un pujante movimiento social reaccionario complementado por la siempre eficaz cobertura de los aparatos del Estado profundo y, en síntesis, se había puesto de relieve que las dificultades y obstáculos para la empresa constituyente eran muy superiores a las evaluadas en 2014.

Ante las mismas, la dirección de PODEMOS sufriendo ya los costes de la escisión, experimentó un sordo proceso de repliegue sobre lo conquistado expresado en términos de visibilizar lo conseguido.

Junto al 15M y PODEMOS, en la segunda década del siglo estalla el procés. La respuesta del Estado, mitad negligencia mitad ocupación militar, enciende la rebelión nacional popular en Cataluña y preparando una factura que el nuevo gobierno salido de la moción de censura de 2018 tendrá que asumir procurando restañar las  heridas de 2017 mediante el impulso a una serie de reformas legislativas orientadas a desjudicializar el procés y, de últimas, a amnistiar los hechos juzgados ante el Tribunal Supremo. Eso conducirá a la apertura de un doble frente con contendientes muy bien coordinados en sus acciones. En un lado, la judicatura como corporación, agrupada en torno a las posiciones más conservadoras que reclaman para sí lo que llaman la defensa del Estado de Derecho frente a los asaltos a la división de poderes y a la constitución perpetradas por el gobierno y sus socios. Y, de otro, en perfecta conjunción con el anterior, la permanente ofensiva de ls partidos de la derecha indistinguibles en su orientación contra la ilegitimidad del gobierno y sus socios "separatistas, bolivarianos, y terroristas".

La ubicación en el centro de la escena política de este conflicto tiene como consecuencia, entre otras, la subordinación y relegación de otras políticas contempladas en el programa de gobierno de la coalición primero con Unidos Podemos y luego con SUMAR. Especialmente las políticas orientadas a desarrollar derechos sociales, largamente olvidados por los gobiernos del régimen y que contienen el mandato ciudadano que quebró la normalidad política del régimen y llevó a los nuevos actores al gobierno: políticas de vivienda, de derechos laborales, políticas de inmigración, de rentas para las capas más desfavorecidas, etc. Políticas ,en resumen, destinadas a recuperar el soporte social para las instituciones democráticas sin el cual parecen inermes frente a las oleadas de desdemocratización ,primero, y abiertamente reaccionarias, después.

Esta supeditación al conflicto en el Estado perjudica en particular al socio minoritario del gobierno, en tanto le impide hacer posible el cumplimiento de su mandato; y favorece al PSOE que se presenta como el voto útil en el conflicto para "frenar a la extrema derecha" ,como se viene percibiendo elección tras elección y, sobre todo, desde el "cerco a Ferraz".

Todo lo anterior se da, además, en contexto de opinión en el que de forma sistemática se invocan los buenos y viejos tiempos del consenso para remediar situaciones como la del bloqueo en la renovación del CGPJ. Un contexto enel que apenas se entra a analizar las causas del enfrentamiento entre poderes del Estado ,el llamado lawfare, y en el que se puede escuchar al "necesidad de despolitizar la justicia" y propuestas como la de que "los jueces elijan a los jueces".

En estas condiciones y en el contexto global  muy determinado por el clima bélico imperante, el estancamiento de la economía global y el ascenso de la extrema derecha, particularmente visible en la crisis de la UE, se produce una comprensible hipervaloración de la gobernabilidad y el rechazo de la polarización. Y es entonces cuando diversos analistas encuentran similitudes en la situación de los dos grandes partidos, especialmente en la rémora que supone para ellos y para la estabilidad de las instituciones la hipoteca de sus socios más extremos-SUMAR y VOX, respectivamente-.

La propuesta, entonces, está servida. Se trata de prescindir de tan molesta carga en beneficio de la recuperación del clima de consenso institucional y el abordaje de los graves problema del país en forma consensuada. Cualquier terreno es válido para ello pero la renovación del CGPJ reúne los mejores ingredientes. Así que, bajo los auspicios de una comisión europea en trance de renovarse sobre el acuerdo de las fuerzas políticas "constructoras de las instituciones comunitarias", se produce el acuerdo para desatascar la renovación del CGPJ con la designación del mismo número de vocales por ambas partes y la inclusión de un magistrado distinguido por su beligerancia contra la ley de amnistía para el tribunal constitucional.

No es lo más importante la falta de participación en el proceso del socio minoritario del gobierno sin cuyo apoyo no debería hablarse de "posición de Gobierno". Lo llamativo en mi opinión es que el ámbito subjetivo del mismo excluye a la fuerza política que lo representa, equiparándolo, además, con el socio de extrema derecha del otro firmante; conocemos ese esquema mental desde el que se construyeron las instituciones comunitarias -por cierto junto con la OTAN-. Pero no podemos aceptarlo. Reclamamos una política de acuerdos para afrontar esos graves problemas de nuestras sociedades pero rechazamos la limitación de las materias objeto de acuerdos a la recuperación de gobernabilidad. Si es necesario esta estrategia de acuerdos es porque el ámbito del acuerdo que debía supraordenar la política cotidiana, la Constitución del 78, se ha quedado obsoleta para abordar problemas que no pudo o no quiso abordar. Da igual el nombre con el que se denomine este imprescindible proceso de diálogo. La pasada década hablamos de proceso constituyente pero lo fundamental es la apertura misma del diálogo sin exclusiones de ningún tipo.

Se puede y se debe hablar de todo, nada debe quedar al resguardo de las sombras. Nada y desde luego, ninguna herramienta pública al servicio del bien común. Ninguna parte del Estado puede quedar en la sombra, al servicio de designios trascendentes al pueblo soberano. Ningún patrimonio desconocido, al margen del control de la ciudadanía.

Lo que no cabe es la vuelta al 78 como parecería deducirse de algunas posiciones. Las condiciones, los actores, el contexto global y, sobre todo, la naturaleza de los problemas a los que se enfrentan las sociedades contemporáneas, no admiten regresiones como esta. Creo innecesario recordar bajo qué condiciones se llevó a cabo el acuerdo del 78; su mayor legitimidad consistió en abrir una posibilidad para construir un régimen de convivencia democrática en nuestro país. Volver a la casilla de salida sería despreciar los esfuerzos de la sociedad española para construir, todos los días, una sociabilidad democrática.

El discurso y la política del cordón sanitario contra la extrema derecha que se pretende aplicar en Francia y en Europa, tiene en España sus valedores. El PSOE postula "liberar" al PP del lastre de VOX mediante una política de acuerdos de Estado que restituya la hegemonía del PP en el espacio de la derecha haciendo innecesaria la presencia de un partido de la extrema derecha (cuyo electorado volvería a la "casa paterna"). 

Una política de esta naturaleza implica exigencias difíciles de soslayar. La que me importa destacar tiene que ver con la inauguración de un nuevo ciclo político en el que ambos partidos de Estado  se repartirían las responsabilidades de su gobernación y en el que no habría lugar para experimentos como los gobiernos progresistas de coalición como los habidos desde 2018.

Con la derecha nunca se puede estar seguro de haber llegado a un acuerdo, por muchas concesiones que se hayan hecho para lograrlo :su concepción patrimonialista del Estado y las instituciones, compartida con algunos cuerpos de funcionarios, no tiene fin en sus exigencias. Ahora vemos como por una parte el TS rechaza la amnistía para los delitos de malversación del procés mientras que por otro, un juzgado de instrucción de Barcelona concede la medida de gracia a los 46 policías acusados de lesiones y delitos contra la integridad moral durante la represión de la consulta del 1 de octubre de 2017. Es de una aplastante evidencia la beligerancia y falta de imparcialidad de la judicatura- o, al menos, de la parte mayoritaria de ella- en la interpretación y aplicación de la ley. Una actitud corporativa de la más extrema gravedad por mucho que el socio mayoritario del Gobierno pretenda poner sordina a lo que es una crisis constitucional.

En un excelente artículo del 8 de julio en El País, Innerarity critica esta actitud corporativa de jueces y policías que se ven a si mismos como los guardianes de la defensa de la nación, implicando una concepción del Estado de derecho esencialmente punitiva y alejada de aquella compatible con la democracia y defensora de los derechos  de los ciudadanos frente a los poderes del Estado tanto como los económicos y financieros.

Por supuesto que la gobernación de una sociedad contemporánea exige diálogo entre fuerzas políticas distintas pero ello debe darse en un marco que garantice unas condiciones efectivas de respeto a los derechos de los ciudadanos, especialmente los que tienen que ver con las condiciones de vida. Ese marco está inacabado, su conclusión es la tarea de un gobierno progresista.

El Partido Liberal–Conservador de Cánovas y el Partido Liberal–Fusionista de Sagasta pretendieron representar a todas las tendencias políticas existentes en la sociedad, excluyendo a aquellas que no aceptaban la monarquía “constitucional”, como carlistas y republicanos, y las que rechazaban los principios de libertad y propiedad propios de la sociedad burguesa, como era el caso de socialistas y anarquistas. Eran las dos caras de la moneda monárquica de los borbones que otorgaba apariencia moderna y democrática a un sistema político absolutista, ya saben: “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.

La última y reciente restauración borbónica, impuesta por el dictador Franco, es una copia actualizada del modelo turnista que se conoce como bipartidismo. El turnismo bipartidista actual está cimentado en el poder de las élites financieras y empresariales, las mismas que esquilmaron al país durante el franquismo y otras de nuevo cuño, y en la marcial militancia de los medios de comunicación y de la Justicia constituidos en guardia pretoriana de un statu quo que sostiene a la monarquía como garantía de control de los límites impuestos a la Democracia en España.

El Partido Popular, de ideología neoliberal conservadora, hoy extremista y radicalizado, se alterna en el poder con un PSOE de ideología liberal moderada desde Suresnes, y no admiten más alternativas que ellos mismos, como han dejado claro desde el 15M hasta el fin de la cacería política, mediática y judicial que ha acabado con Podemos y Ciudadanos como alternativas. Tras la tempestad, ha vuelto la calma, y la rutina, a dos partidos cuyas praxis de gobierno apenas difieren en detalles menores.

El parecido de ambos no sólo se muestra en sus políticas, alejadas de la ciudadanía y centradas en favorecer a toda costa los intereses de las élites, sino también en el modo de ejercer la oposición y de considerar la res pública como algo sobre lo que tienen derecho de pernada. El bipartidismo intercambia sus roles y sus argumentarios, idénticos, cada vez que uno de los dos cede el turno al otro, llegando al extremo esperpéntico e inaceptable que se vive hoy a cuenta de los casos Koldo y Ayuso relacionados con el tráfico de influencias y de mascarillas. Idénticos ataques, idénticas defensas.

De ponerse en marcha una comisión para investigar la corrupción (¡menudo sarcasmo populista!), se escucharán las mismas acusaciones en los dos bandos y se utilizarán los mismos argumentarios por las dos bandas. Si se pusiera en marcha y resultase creíble la comisión, aunque sea un poco, debería continuar con la monarquía y, para tener credibilidad y por higiene democrática, debiera juzgarlos a todos la Justicia europea, no la española. Cuarenta y dos años de corrupción bipartidista y España suma y sigue: González, Aznar, Zapatero, Rajoy, Sánchez, Feijóo (éste ya desde antes de gobernar) y la Casa Real (opaca e inviolable) han llenado de corrupción España y la tapan bajo el “Y tú más” que la ciudadanía traduce como el falaz “todos son iguales”.

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Verónica Barcina Téllez es socia de infoLibre.

Las democracias consolidadas exigen la presencia y participación de una oposición libre y activa. La propia existencia de un contrato social, de la conformación de una comunidad política con sus reglas de funcionamiento, demanda una oposición que controle la acción de gobierno con capacidad de crítica, pero también con actitud propositiva en defensa de puntos de vista diferentes a los que conforman el Gobierno, todo ello desde la dialéctica, el respeto, el rigor y un proyecto propio. La primera tarea en este sentido para los partidos que constituyen la oposición ha de ser la aceptación de las reglas del juego del sistema democrático mismo: asumir la derrota electoral, la consiguiente conformación de un gobierno legítimo y la adopción de la enorme responsabilidad que supone el ejercicio de la oposición. 

En nuestro país y en otros que han convivido durante décadas con sistemas bipartidistas, la oposición ha adoptado habitualmente un papel moderado y responsable derivado de la autoconciencia que asumían ambos partidos mayoritarios de que más tarde o más temprano gobernarían, de tal manera que hacer propuestas desquiciadas les pesaría en una futura tarea de gobierno, y la falta de respeto solo contribuiría a envenenar el natural ejercicio del turnismo. Sin embargo, el contexto ha cambiado en la medida en que el panorama político se ha fragmentado en una pluralidad de partidos que conforman coaliciones de gobierno y, por cierto, también de oposición. Este nuevo escenario provoca que se produzcan esquemas de oposición dentro del propio gobierno, por cuanto los miembros de las coaliciones legítimamente han de diferenciarse, pero también en los partidos derrotados que entre sí disputan el espacio político para el futuro.

Ahora bien, no todo vale en términos de ciudadanía y mucho menos en la representación de la soberanía ciudadana expresada en las urnas. Obviamente todas y todos gozamos de la libertad suficiente y necesaria para pensar, sentir y creer lo que nos nazca o nos plazca, pero si esos sentimientos, ideas o creencias atentan contra los valores democráticos, no pueden formar parte del discurso público, es más, deben ser reprobados, reprochados y apartados. Los valores constitucionales de libertad, igualdad y pluralismo político no amparan bajo ningún concepto la promoción, defensa o apología de la violencia o el odio sean contra quienes sean, y fueren contra quienes fueren, y desde luego estas actitudes no conforman la finalidad constitucional a los partidos encomendada. 

El ejercicio de la oposición no es una herramienta política de deslegitimación del sistema, no puede consistir en insultar gravemente al presidente del Gobierno y luego hacer chascarrillos, ni en desear o pronosticar su asesinato o su huida del país en un maletero. Nada de eso es tarea de oposición responsable, son expresiones de totalitarismo y violencia a las que no debemos acostumbrarnos. La responsabilidad de la oposición es igual o mayor que la responsabilidad de gobierno, porque constituye el límite democrático y el control del mismo, porque ha de constituirse en la voz de la ciudadanía y en la expresión de pluralidad. La prudencia, el respeto, el diálogo y, sobre todo, la búsqueda del bien común son tareas imprescindibles para el ejercicio de la oposición y también para la propia pervivencia de la democracia como sistema político que ha de proteger la diversidad de posiciones, creencias e intereses. Tampoco son las redes sociales el espacio más propicio para dilucidar las diferencias, sobre todo si acaban convirtiéndose en ataques.

La democracia y la oposición política son, por tanto, conceptos inseparables y en la nuestra este equilibrio es inestable. La diferencia entre el disenso imprescindible y la impugnación de las reglas del sistema es evidente. La falta de interés en los problemas cotidianos de la ciudadanía y en los serios retos de futuro a que nos enfrentamos tiene que preocuparnos. No podemos tener una oposición antisistema cuando el sistema les perjudica, chulesca y vacía, nos jugamos mucho en ello. Tanto como la confianza de la ciudadanía en los valores democráticos y en las instituciones que los sostienen.

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María José Landaburu Carracedo es Doctora en Derecho, experta en derecho laboral y autora del ensayo 'Derechos fundamentales, Estado social y trabajo autónomo'.

Nos encontramos en un momento político especialmente enredado. El resultado electoral ha dejado fijado en la actualidad un único eje en el debate político. La división en los dos bloques de izquierda y derecha carece de sentido. PP y Vox, en los últimos años, han convertido la cuestión territorial en su punta de lanza. Destruir como sea la idea de una España plural con Pedro Sánchez en el gobierno es su principal fuerza argumental. Su política de confrontación abierta en defensa de una España en singular les llevó hasta rozar la mayoría absoluta, pero fracasaron en la recta final.

El PP, con Vox de pareja de hecho, ha perdido la guerra territorial que él mismo ha promovido desaforadamente. Ahora, choca contra sus propias actuaciones y le resulta imposible promover acuerdos con fuerzas de centro derecha como PNV o Junts. Con esa limitación, la aspiración de Feijóo a gobernar resulta inviable en la actualidad. Su única alternativa es forzar cuanto antes una repetición electoral que le permita volver a intentarlo. En el PP, hay quienes creen que en una repetición electoral inmediata podrían de paso asestarle un buen mordisco a Vox, que se ha convertido en su principal lastre de cara a afrontar cualquier crecimiento.

El PSOE es la locomotora que tira del bloque de la España plural. El problema lo representa Puigdemont. No está claro que el expresident de la Generalitat, perseguido por la justicia y refugiado en Waterloo, vaya a ayudar a construir una España diversa y plurinacional. Su situación jurídica, política y personal puede llevarle a creer que su mejor carta es la de forzar una crisis institucional en un país con el que no desea mostrar el más mínimo gesto de coexistencia, mientras no le resuelvan sus asuntos individuales.

Cabe la posibilidad de que Feijóo, Abascal y Puigdemont coincidan en un mismo interés: extender un bloqueo institucional que desencadene el caos político. El líder independentista puede apostar por lanzar un mensaje de fuerza desde el callejón sin salida en el que se encuentra. O se atienden por la vía que sea sus inaceptables exigencias o seguirá dañando en todo lo que pueda y hasta donde pueda la estabilidad del nuestro modelo democrático. Evidentemente, frente a esa opción hay un importante sector independentista en Cataluña que ve como una oportunidad de oro la actual coyuntura para resetear y empezar un período de reubicación de las piezas en juego, pensando más a medio y largo plazo.

Esta semana se reanuda la actividad política oficial tras las elecciones del 23-J en el Congreso de los Diputados. La constitución de la cámara y la elección de la presidencia y de los componentes de la mesa van a visualizar la realidad política en la que nos movemos, más allá de las declaraciones, más o menos creíbles, que los diferentes partidos han ido lanzando estas semanas. Hasta ahora, la interpretación de los resultados de las elecciones ha estado abierta a todo tipo de conjeturas. A partir de ahora, las cartas empiezan a estar boca arriba.

El arranque de la legislatura va a poner a cada uno en su sitio, al menos temporalmente. El jueves podremos empezar a vislumbrar la complejidad de la aritmética parlamentaria que ha quedado configurada. Las negociaciones entre las diferentes formaciones van a ser la norma habitual de ahora en adelante. Desde el fin del bipartidismo en 2015, las complicaciones para conformar mayorías de gobierno han sido la tónica general. En estos momentos, el peso decisorio que va a acabar por tener el independentismo catalán convierte el proceso en imprevisible.

De aquí en adelante, vamos a empezar a observar por cuál de las tres únicas vías imaginables va a iniciar su recorrido la legislatura. La primera de ellas parece absolutamente descartada una vez que la alternativa PP+Vox fracasó en las urnas, al no conseguir la mayoría parlamentaria. Esa carretera parece cortada de partida. La segunda es la más probable, pero no parece fácil, ya que conlleva un endemoniado proceso negociador entre todas las fuerzas que, de una forma u otra, han posibilitado el gobierno de Pedro Sánchez hasta ahora. Les unen los votos más que suficientes para superar a PP+Vox. Les puede separar la necesidad de Puigdemont de definir su posición en la actual coyuntura.

En el caso de que el embrollo se manifieste de forma palmaria, empezaremos a asumir como posible la tercera vía, con destino a la repetición electoral. Lo llamativo del caso es que el mismo resultado del lío que se atisba para este jueves puede ser indicativo de una cosa o de la contraria. Sin lugar a dudas, la atención principal va a centrarse en quién va a ocupar la presidencia de la cámara baja. A partir de ahí, se declinarán todos los demás puestos. La complejidad del proceso de designaciones en sucesivas votaciones puede acabar mostrando la dificultad de gestión de la negociación simultánea a varias bandas.

Finalmente, lo que ocurra el jueves no será más que el prólogo de la auténtica negociación que será la de investir o no a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Mientras, el PP intentará como pueda entorpecer el proceso de cara a conseguir su único objetivo real en la actualidad, que es el de que se llegue a una repetición de las elecciones tras un posible bloqueo político. Aunque digan lo contrario, es lo único a lo que aspiran. De forma evidente, vamos a comprobar esta semana que la victoria electoral del PP en las urnas fue manifiestamente insuficiente para ejercer poder alguno.

Su única disparatada opción pasa por contar con el apoyo de PNV o Junts. Ambos escenarios son claramente descartables mientras Feijóo siga caminando políticamente hombro con hombro junto a Abascal. La agotadora estrategia del PP de plantarse estos días atrás en la reivindicación mañana, tarde y noche de su victoria electoral va a contrastar con la verdad. El único milagro que pudiera cruzarse es que Puigdemont decidiera coincidir con ellos con el fin de promover el caos institucional.

Los populares conviven en un doble territorio entre sus argumentaciones públicas y los hechos reales. El PP lleva desde el día 23 de julio proclamando su triunfo electoral a la espera de gobernar en España de forma natural. Desgraciadamente para Feijóo y los suyos, las urnas lo que han mostrado de verdad es su fracaso en el intento de conseguir en solitario o junto a Vox una mayoría parlamentaria. Curiosamente, en lugar de reconocer la derrota de su propuesta de ”derogación del sanchismo”, han decidido presentarse como ganadores virtuales a la espera de la entrega de un reconocimiento que, en el mundo real, nunca le llegará.

Tal y como parece previsible, las complicaciones que van a derivarse de las conversaciones con Puigdemont y los suyos tendrán como primera consecuencia que Feijóo se presente como candidato a una investidura fake con el fin de acelerar los tiempos para forzar la repetición de las elecciones. El PP sabe que no tiene posibilidad alguna de gobernar en la actualidad. También sabe que no existe un plazo limitado en las negociaciones para construir una mayoría progresista a no ser que una investidura fallida lo marque.

Cabe especular con que el PP puede intentar promover con la máxima urgencia posible una investidura fake. Podría desear hacerla ya mismo, con el fin de que las sesiones parlamentarias tengan la menor repercusión posible, en pleno verano. Feijóo no va a salir beneficiado de un debate en el que debe someterse a juicio público. Allí verán la luz sus continuadas mentiras, sus manifiestas contradicciones y su extraña relación con su amigo narcotraficante. La película de terror termina además con la plasmación de su derrota en la votación. Tienen que comerse el marrón de una investidura fake, así que si fuera a puerta cerrada y en sesión abreviada sería su ideal.

Para algunos nunca es el momento de pararse a pensar. Siempre hay, aguardando, alguna urgencia que aconseja posponer la reflexión y el análisis, especialmente si de ellos pudiera desprenderse alguna forma de autocrítica. Pero resistirse a correr ese riesgo es un camino sin salida o, con mayor exactitud, que tiene como única salida, en el mejor de los casos, alguna variante de dogmatismo y, en el peor, cualquiera de las modalidades del fanatismo. También del resultado de las elecciones del pasado domingo conviene extraer lecciones. Y no ya solo por aquello de que aprender de los errores posibilita (aunque en modo alguno garantice, como la propia historia ha demostrado reiteradamente) no volver a repetirlos, sino porque en ocasiones la victoria de unos equivale a la derrota de todos. Pero mejor descendemos de las afirmaciones generales y nos adentramos en cuestiones de orden más particular.

El enfrentamiento entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez que se libraba en las elecciones del pasado domingo era un combate ciertamente peculiar, por desigual. Por lo pronto, el programa que presentaba el primero constituía poco menos que el secreto mejor guardado, aunque ello no parecía importar gran cosa a sus votantes, a los que se diría que les bastaba con la vaporosa promesa de “derogar el sanchismo”. Una promesa, por cierto, en buena medida retórica, cuya eficacia no residía tanto en su contenido como en el sentimiento que pretendía activar, que no era otro que el del odio. En efecto, la derecha se aplicó, con indiscutible éxito, no ya a deshumanizar a Pedro Sánchez sino a convertirlo, directamente, en un personaje odioso. Por supuesto que quienes participaban de dicho odio aportaban argumentos para justificar su sentimiento, pero no hace falta devanarse mucho los sesos para certificar la desproporción entre ese rechazo, en muchos casos de considerable intensidad, y las presuntas causas del mismo. Pero, sobre todo, llamaba la atención el hecho de que, estando en juego algo tan concreto e importante como el futuro del país en los próximos cuatro años, no desempeñara apenas ningún papel en la toma de posición de estos odiadores la valoración de la gestión del gobierno en la legislatura finalizada, sobre todo en lo tocante a asuntos que afectaban de manera directa a la vida de todos los ciudadanos. Lo expresó con toda claridad Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado: “por primera vez en democracia no se está evaluando la gestión, sino la moral de un presidente”.

Enfrente, en gran medida se siguió una estrategia análoga, en el sentido de hacer recaer sobre un sentimiento el grueso de la campaña. En este caso, como han señalado plumas ilustres inequívocamente progresistas, el sentimiento era el del miedo, cuya presencia en el tramo final resultó abrumadora, especialmente a costa de las iniciativas que en ayuntamientos y comunidades autónomas iban tomando los miembros de Vox que accedían a puestos de responsabilidad. Me apresuro a puntualizar que no estoy pretendiendo relativizar ni quitar importancia a los despropósitos, protagonizados por aquellos, de los que íbamos teniendo puntual noticia a través de los medios de comunicación. Solo pretendo señalar que esta estrategia de campaña, al igual que la de los adversarios, también perseguía hacer descansar la movilización de sus votantes sobre un determinado registro emotivo, y que ello se hacía en perjuicio de otros planteamientos posibles. Pienso, en concreto, en un planteamiento que hubiera puesto en primer plano las propuestas que el partido del gobierno le ofrecía a la ciudadanía, propuestas que con demasiada frecuencia iban quedando subsumidas bajo brumosos y genéricos rótulos como “culminar la tarea emprendida en estos cuatro años”, “completar lo ya iniciado”, “avanzar y desarrollar lo que se puso en marcha”, y similares. Esas medidas que en la abrupta jerga de los profesionales de la política se acostumbra a denominar “propuestas en positivo” apenas hicieron acto de presencia y, cuando lo hicieron, fue con cuentagotas y ya en el ultimísimo tramo de la contienda electoral.

Alguien podría argumentar, y no le faltaría razón, que en cierto modo tales planteamientos resultan perfectamente expresivos del signo de los tiempos. Es conocida la creciente tendencia de los electorados a votar en contra, más que a favor, a la hora de inclinarse por una u otra opción política. Se diría que en la esfera de la política ocurre en nuestros días lo mismo que en tantas otras esferas de la vida, y es que ha terminado por convertirse en normal el que tengamos mucho más claro lo que no queremos bajo ningún concepto que lo que efectivamente queremos. Aquello que probablemente valdría la pena preguntarse es la de qué sector, si el conservador o el progresista, ha sabido rentabilizar mejor esta generalizada perplejidad.

O, si se prefiere, planteémoslo a la inversa, esto es, ¿quién parecía estar renunciando a elementos más valiosos al aceptar semejantes planteamientos? A primera vista, la izquierda. Basta con hacer un repaso superficial a los reproches dirigidos por la derecha a Pedro Sánchez y que conformaban el núcleo argumentativo esencial del llamado “antisanchismo”: la desaparición del delito de secesión, la rebaja del coste penal de la malversación, los indultos a los líderes del procés, la ley del sí es sí, sus “cambios de opinión”, haberse apoyado sistemáticamente en los partidos de izquierda radical y secesionista que impugnaban la Transición…. En todo caso, ni rastro de reproches a la acción de gobierno en esos ámbitos en los que se dilucidan “los problemas que realmente preocupan a la gente”, por decirlo con la expresión habitual en la disputa política. Esta ausencia de reproches constituía, por defecto, un indicador inequívoco de cuál era precisamente el flanco más fuerte de quienes habían estado gobernando hasta ese momento.

La derecha, en cambio, creía estar haciendo un magnífico negocio con este diseño de la situación. Dejando fuera de la conversación pública el tipo de problemas mencionados, evitaba tener que mostrar los aspectos más concretos y, por tanto, más polémicos de su propio programa. Hay quien piensa que, cada vez que Vox tomaba una de sus disparatadas medidas en las comunidades autónomas y ayuntamientos en los que acababa de acceder a alguna parcela de poder, la dirección del PP se removía, inquieta, en sus asientos. Yo, por el contrario, tiendo a pensar que sonreía, complacida y desdeñosa, al constatar que la izquierda colocaba el foco de su atención preferente sobre las limitaciones impuestas por los representantes del partido de Abascal a la libertad de expresión, limitaciones que dicha izquierda se dedicaba a airear, escandalizada, interpretándolas como un regreso apenas disimulado al franquismo. Solo desde esta desdeñosa actitud se puede comprender, por cierto, la magnitud de los errores cometidos por la dirección del Partido Popular a la hora de llegar a acuerdos con la extrema derecha, especialmente en lo relativo a la selección de personas para cargos de responsabilidad, aceptando, cuando no bendiciendo, unos perfiles negacionistas o machistas de muy difícil digestión por parte de la sociedad española en estos momentos.

Sin embargo, importa resaltar que este enfoque, fuertemente emocional, asumido por la izquierda, no era una opción inevitable. Se podía haber escogido otro, sin la menor duda. De hecho, lo llevado a cabo ya por el gobierno central en la pasada legislatura constituía un formidable aval de credibilidad para presentar propuestas de futuro, pero no está en absoluto claro que ese aval haya sido suficientemente aprovechado en esa dirección. Recuerdo que, hace escasos meses, el presidente del gobierno lanzaba en sus intervenciones públicas un potente mensaje que luego, de manera sorprendente, apenas ha tenido continuidad. Decía: si teniendo que lidiar con una pandemia, un volcán y una guerra hemos sido capaces de hacer lo que hemos hecho, imaginaos de qué seremos capaces cuando tengamos el viento a favor. Pues bien, esta pasada campaña electoral era el momento de dotar de contenido concreto a esa imaginación y mostrar las propuestas programáticas que se pretendía materializar en los próximos años, incluyendo alguna susceptible de ser considerada como propuesta-estrella, por utilizar una expresión hoy casi en desuso. Hemos escuchado, desde luego, alusiones a la reindustrialización, a la transición ecológica, a la digitalización, al avance en derechos y libertades, pero en una forma tan genérica que apenas permitía al ciudadano hacerse una idea concreta acerca de cómo se iba a traducir todo eso en su día a día.  

Por sintetizarlo de una forma un tanto abrupta y simplificadora: en vez de por ilusionar, se optó por atemorizar. La opción, obvio es decirlo, tenía perfecto sentido. La estrategia finalmente escogida respondía a un propósito definido: se trataba de recuperar a los exvotantes de la izquierda que, por una u otra razón, se habían exiliado temporalmente en la abstención. Desde el ventajismo del presente nada más fácil entonces que sostener, con efectos retroactivos, que se adoptó la decisión correcta, y no seré yo quien discuta que se alcanzaron, cuando no se superaron, los objetivos previstos (lo cual es algo que merece una valoración ciertamente positiva).

Ahora bien, ello no debería impedir que nos preguntáramos, sin el menor interés en ejercer de aguafiestas, si, a su vez, la decisión adoptada no puede haber tenido también costes indeseables. Porque, en general, utilizar los datos y los argumentos como meros elementos de refuerzo de lo decidido desde el sentimiento (el odio, el miedo o cualquier otro), tiene una contrapartida que debería preocuparnos. Cuando, por una parte, los argumentos son un mero adorno ad hoc para dar visos de racionalidad a lo sentido y, por otra, los datos y las cifras (por ejemplo, los relativos a la situación económica) se utilizan con la desfachatada desenvoltura con la que, sin ir más lejos, lo estuvo haciendo Feijóo a lo largo de toda la campaña, el horizonte de persuadir al otro se aleja de manera casi irreversible. Ni sentido tiene ya entonces la expectativa de convencer al adversario -o ni tan siquiera al que piensa diferente- porque el diálogo ha pasado a ser, sencillamente, imposible. En semejante escenario, los discursos ya solo cumplen la función de cargar de aparente razón una opción tomada en realidad desde el corazón, las tripas o cualquier otra víscera, según la formación política de la que se trate (ustedes ya me entienden). La polarización queda así convertida en un destino y la crispación en su sombra.

Por eso, puede afirmarse que se equivocaban severamente todos los que, en la década pasada, festejaban como una victoria el hecho de que, según ellos, el miedo hubiera cambiado de bando o quienes, en estos últimos días, han celebrado sin la menor reserva el magnífico rendimiento electoral que ese mismo miedo les ha proporcionado. No se daban cuenta ni los primeros ni los segundos de que lo malo no es el bando en el que se sitúe el miedo, sino el que este pueda llegar a constituirse en el elemento primordial de uno de los bandos, tanto da el que sea. Y, por supuesto, lo propio podría decirse respecto al odio. A esto lleva finalmente el bipartidismo de los sentimientos: a la derrota de la razón, de la política y, finalmente, de la propia posibilidad de acordar entre todos alguna idea, por tentativa y aproximada que sea, de cómo vivir juntos de la mejor manera posible. Quedarse a vivir ahí significaría un fracaso colectivo en toda regla.

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado. Autor del libro El Gran Apagón. El eclipse de la razón en el mundo actual (Galaxia Gutenberg).

El 15 de junio de 1977 dieciocho millones y medio de españoles mayores de 21 años, el 78,7 por ciento del censo, acudieron a votar en libertad. Muy pocos recordaban haberlo hecho antes. Habían pasado más de cuarenta años desde las últimas elecciones generales, las de febrero de 1936. De la treintena de partidos políticos que entonces habían obtenido escaños, sólo cuatro estarían representados en las Cortes de 1977: PSOE, PCE, PNV y Esquerra Republicana. 

La sociedad española de 1977 tenía muy poco que ver con la que existía antes de la guerra civil, aunque la memoria impuesta por el franquismo sobre aquel conflicto nunca dejó de estar presente en los años de la transición. Y la sociedad actual tampoco es heredera directa de aquel período de cambio, pero conviene recordar los resultados electorales de 1977 porque a partir de ellos comenzó a configurarse el sistema de partidos de la democracia y pueden sacarse enseñanzas importantes para el presente.

El triunfo en porcentaje de votos, 34,4 por ciento, y en número de escaños, 165, correspondió a la Unión de Centro Democrático (UCD), presidida por Adolfo Suárez. En realidad, era un «partido-archipiélago» constituido cinco semanas antes de las elecciones por quince organizaciones diferentes que, entre todas, no pasaban de los dos millares de afiliados, y por políticos de origen muy distinto, la mayoría procedentes de la dictadura. Los votos de la UCD procedían sobre todo de las zonas rurales y de las clases medias urbanas, del espacio que podía estar representado por el «franquismo sociológico». Suárez contó con el dominio de Televisión Española, que tan bien conocía, y con el control de los gobiernos civiles, las diputaciones y los ayuntamientos. Pero era el político mejor valorado en todas las encuestas de opinión pública, muchos le consideraban el hombre del Rey y le avalaba, en su deseo de ocupar el centro político, la trayectoria reformista y moderada de su Gobierno que había comenzado en julio de 1976.

En segundo lugar quedó el PSOE, con el 29,3 por ciento de los votos y 119 diputados. En diciembre de 1976, cuando celebró su XXVII Congreso, era un partido que no llegaba a los diez mil militantes, que no podía presumir de haber estado en la primera fila de la lucha antifranquista y que mantenía un programa marxista, anticapitalista y republicano. Sin embargo, más allá de las expresiones ideológicas y doctrinales, la actuación práctica de sus dirigentes, en especial de Felipe González, tuvo la habilidad y flexibilidad necesarias para adaptarse a las iniciativas reformistas del Gobierno, obtener respaldo internacional, absorber a otros grupos socialistas y conseguir el apoyo de la mayor parte de los electores de los núcleos urbanos e industriales que identificaban sus siglas con la apuesta por la libertad y las transformaciones sociales.

A la izquierda del PSOE, el PCE obtuvo el 9,3 por ciento de los votos y 19 escaños, unos pobres resultados si se tienen en cuenta sus expectativas de partida, con una clara hegemonía en el mundo sindical y universitario, y que habrían sido mucho peores todavía de no ser por la sólida implantación del PSUC en Cataluña. Frente a la imagen renovadora que ofrecían los jóvenes dirigentes socialistas, sin vinculación con la generación de la Guerra Civil, la veterana dirección comunista parecía anclada en el pasado, sin un programa realista basado en los problemas generales de la sociedad, cada vez más alejada de las preocupaciones y los intereses de sus bases sociales, de los militantes de calle.

A la derecha de la UCD quedó Alianza Popular, el partido fundado por Fraga para agrupar a las figuras más caracterizadas del régimen franquista. AP consiguió el 8,8 por ciento de los sufragios y 16 diputados. De ellos, 13 habían sido ministros de Franco. El propio Arias Navarro fue presentado como candidato al Senado por Madrid. Era la imagen del pasado, que conjugaba mal con las expectativas democráticas despertadas durante la campaña electoral, un lastre demasiado pesado para que el talante temperamental de Fraga pudiera competir con la imagen moderna y abierta que ofrecía Suárez.

Las elecciones barrieron al resto de las siglas políticas, la famosa sopa de letras, incluidas todas las organizaciones de extrema izquierda que acudieron por separado, con la salvedad de los nacionalistas catalanes y vascos. El Pacte Democràtic per Catalunya de Jordi Puyol consiguió el 2,8 por ciento de los votos y 11 diputados, y el PNV alcanzó el 1,7 por ciento de los votos y 8 diputados. El problema más importante para el Gobierno iba a ser la situación del País Vasco. En Cataluña, aunque la UCD era sólo la cuarta fuerza política, podía pensar en futuros acuerdos con sectores moderados amplios como los que representaba Pujol y con una figura como Tarradellas, que tenía en sus manos la legitimidad histórica de la presidencia de la Generalitat en el exilio. Sin embargo, en el País Vasco la UCD no pudo presentar una candidatura en Guipúzcoa, y pagó el error político de Suárez de no haber querido legalizar la ikurriña ni restituir los conciertos forales de Vizcaya y Guipúzcoa. Ferran Gallego ha señalado con acierto que el problema vasco se «enquistó» desde el inicio mismo de la transición. El único problema no era el terrorismo de ETA, que cometió 28 asesinatos a lo largo de 1977. El Gobierno de Suárez perdió la iniciativa en un escenario de movilizaciones sociales permanentes, reivindicaciones laborales, demandas de amnistía y autonomía y episodios de brutalidad de las fuerzas del orden, y ya no volvería a recuperarla. 

La notable presencia en las Cortes de los partidos nacionalistas se debió en parte al sistema electoral, que sobrerrepresentaba los votos concentrados en una misma circunscripción. Pero los partidos más beneficiados fueron, sin duda, la UCD y el PSOE, que con el 63 por ciento de los votos populares acumularon el 86 por ciento de los escaños, una acusada desviación debida a los severos mecanismos de corrección del criterio de proporcionalidad. Una parte muy importante del apoyo social obtenido por el resto de los partidos de ámbito nacional que consiguieron escaños, el PCE, AP y el PSP, el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, quedó sin representación por no obtener el porcentaje provincial mínimo necesario. 

Los diputados asignados a cada circunscripción privilegiaban el voto de las provincias pequeñas —para ser diputado en Barcelona o en Madrid había que tener cien mil votos más que en Soria, por ejemplo— y el sistema de recuento D’Hont favorecía la formación de mayorías. Las medidas electorales adoptadas entonces con carácter provisional tomaron cuerpo y se asentaron como normas inamovibles que ayudaban claramente a los grandes partidos, bien estructurados y financiados y disciplinados en torno a las listas cerradas. 

Las elecciones generales celebradas en marzo de 1979 no variaron en lo esencial el mapa político español. La UCD volvió a ganar, Suárez formó un nuevo Gabinete sin mayoría absoluta en las Cortes y el PSOE, reforzado por la absorción del PSP, se afianzó como la fuerza principal de la oposición y la única alternativa de gobierno. Tampoco hubo sorpresas en las elecciones municipales del mes de abril, las primeras en España desde la Segunda República, que renovaron las elites políticas locales y permitieron el acceso al poder de la izquierda en las grandes ciudades gracias a los pactos de socialistas y comunistas. 

La transición comenzó, y se consolidó en la democracia, con una cultura política heredada del franquismo, que había impuesto la desconfianza hacia las luchas partidistas y el descrédito de las instituciones. El sistema de representación que se puso en marcha estaba basado en partidos de estructuras rígidas y listas cerradas que ayudaban poco a la afiliación y a la participación de la sociedad civil. 

A ese modelo de «bipartidismo imperfecto» hemos vuelto en la actualidad. Los grupos a la izquierda del PSOE no tienen otra opción que ir a las urnas unidos en coalición. Y el PP, como le pasó a UCD, tendrá muy difícil gobernar como un partido nacional/español si mantiene su actual escasa presencia en Cataluña y el País Vasco. Enseñanzas de la historia.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y autor, junto a Carlos Gil Andrés, de Historia de España en el siglo XX.

En la noche electoral, Abascal y Feijóo coincidieron en su mensaje a la nación: hay que “derogar el sanchismo”. ¿Y qué significa “derogar el sanchismo”? Con Ana Rosa el líder del PP, aparte de anunciarnos que está tomando clases de inglés, concretó que suprimiría la Ley de Memoria Democrática (comprensible), que perseguiría la okupación (¿?), que rebajaría los impuestos, incluido el de patrimonio (normal, teniendo en cuenta que solo lo pagan las grandes fortunas), y que recuperaría el delito de sedición (previniendo, es un suponer, que durante su hipotético mandato el procés recobre fuerza y le vuelvan a proclamar la República Catalana, como le pasó a Rajoy).

Si en esos pocos asuntos ha quedado el “sanchismo”, no parece que se trate del infierno que las derechas describen. Más bien parece que lo que no les gusta de las políticas emprendidas por los socialistas y sus socios de Unidas Podemos haya sido un trabajo sistemático para proteger a las clases medias con una expansión del gasto social y un mantenimiento de medidas muy del gusto de la población. Subida del salario mínimo y de las pensiones, refuerzo de la igualdad entre mujeres y hombres, regulación del derecho a una muerte digna, reforma laboral, impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas, aumento de becas en cantidad y cuantía, desgaste de las pulsiones independentistas catalanas…

El problema que puede tener España no es tanto que el PP llegue y derogue todos esos avances. La historia constata que el PP no suele suprimir nada de lo que el PSOE ha promovido antes. Aunque pudo hacerlo sin problema, no derogó ninguna de las denostadas leyes e iniciativas que los socialistas aprobaron: ni la de violencia de género, ni la del aborto, ni la de dependencia, ni ninguna otra relevante… Ni siquiera en Andalucía se ha atrevido el PP a tocar nada de lo que los socialistas hicieron. Nada realmente importante. El problema, pues, no es la “derogación del sanchismo”, porque ni siquiera para ellos es tan terrible como lo pintan, ni se atreven luego a retroceder en políticas sociales.

Las verdaderas amenazas de un gobierno de Feijóo son dos: la primera consiste en volver a un Gobierno conservador que —también lo constata la historia— paralizará esos avances en favor de las mayorías y de los más desfavorecidos, de las mujeres y de las minorías marginadas y oprimidas, favorecerá el compadreo y el intercambio de favores con los grandes grupos empresariales, trasvasará con sutilidad, como en Madrid, con casi invisibles convenios, fondos públicos hacia la sanidad y la educación privadas, y tensará sin duda las relaciones con los nacionalistas, incluidos los independentistas catalanes y vascos (porque se ponga como se ponga el PP, Bildu es ya una fuerza política democrática y poderosa en el País Vasco, como lo es ERC en Cataluña).

La segunda amenaza, la más grave y la que Feijóo tratará de esconder y los socialistas de señalar sin descanso, es la necesaria colaboración de las dos derechas “la derecha extrema y la extrema derecha” en palabras del presidente Sánchez, para la formación de un Gobierno conservador. Esa amenaza es tan real como los datos de todas las encuestas. El PP no puede gobernar en este momento si no es con el apoyo de Vox, una vez cegado el corto y penoso camino de Ciudadanos. Y Vox no es un animalito indefenso. Es un partido involucionista, ultrarreligioso, revisionista y fundamentalista, que se rebela ante lo que considera “la dictadura progre”, el “buenismo”, el “globalismo” y el “fundamentalismo climático”. Es decir, un partido de la familia neofascista mundial, que tiene como hermanos a Trump y De Santis, a Bolsonaro y a Le Pen.

La estrategia de esta campaña precipitada que el presidente del Gobierno ha puesto en marcha no puede ser más evidente, ni más realista: al final, los españoles tendrán que elegir entre dos opciones, porque en el centro no hay nada. Derecha o izquierda. Sánchez y Yolanda, o Feijóo y Abascal. Es una reedición del bipartidismo de antaño, aunque haya dos partidos a los lados.

Sería un error que el PSOE personalizara demasiado la campaña en su secretario general, presidente del Gobierno y candidato. Ese sería el sueño de los adversarios. Si esta arriesgada apuesta del presidente resulta para él exitosa, será porque los españoles perciban una amenaza de involución y opten por frenarla. Si los socialistas, ahora golpeados y cansados, creen de corazón su misión, que es ni más ni menos que la defensa de las mayorías sociales de España frente a una amenaza ultraderechista, si hacen campaña en cada rincón en defensa de sus fundamentos morales —la igualdad, la tolerancia, el progreso, la auténtica libertad— y logran desmontar la composición de esa fantasmal y ridícula etiqueta del “sanchismo”, entonces España seguirá siendo dirigida por un gobierno progresista. Y será gracias a millones de votantes progresistas y a los cuadros de los partidos que los representan. Pero también gracias a Pedro Sánchez.

El PP y el PSOE han concentrado el 59,6% del voto en las elecciones municipales de este domingo 28 de mayo, lo que supone que el bipartidismo crece diez puntos porcentuales con relación a los comicios locales de hace cuatro años, cuando los votos de los dos partidos mayoritarios registraron su mínimo histórico (51,4%), y las últimas generales (49%), según recoge Europa Press.

Los más de siete millones de votos recibidos este domingo por los conservadores y los más de 6,2 millones de los socialistas recuperan así cifras cercanas a las que registraba en 1979 (58,8%) o 1987 (58,11), tras la caída que habían registrado en los dos últimos comicios en donde apenas superaron el 50%, tras la irrupción de Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox.

A pesar de esta subida, el PP y el PSOE no alcanzan las cifras que sí conquistaban entre 1999 y 2011, cuando los votos acumulados por ambas formaciones en las elecciones municipales rondaban el 70% de todos los depositados en las urnas. El bipartidismo alcanzó su máximo histórico en 2007, cuando rozó el 72%.

Los dos partidos mayoritarios se han repartido las victorias en las municipales desde 1983, si bien la marca PP arrancó a finales de los ochenta y antes existía la Coalición Democrática y las listas de AP-PDP-PL. El PSOE dominó hasta 1995, cuando ganó el PP por cinco puntos (35% frente al 30%). De 1999 a 2007, las urnas arrojaron empates entre ambos partidos, con distancias sólo de décimas entre uno y otro, hasta que en 2011 el PP arrasó y superó en 10 puntos al PSOE, que obtuvo a su vez el peor resultado en democracia: 37 por ciento frente al 27 por ciento de los votos, respectivamente.

Cuatro años más tarde de este dato, el PP volvió a ganar pero la diferencia entre los dos partidos se redujo a los dos puntos (27,5% de los votos para el PP y un 25,4% para el PSOE). En 2019 fue el partido de Pedro Sánchez quien lideró los votos con un 29,2%, frente al 22,2% obtenido por el PP.

Este domingo, los de Alberto Núñez Feijóo han recuperado el liderazgo al incrementar en casi nueve puntos porcentuales sus votos de hace cuatro años y concentrar el 31,5% de los votos depositados en las urnas en los comicios municipales, mientras que los socialistas han caído un punto con respecto a 2019, hasta el 28,1%.

Esta cota del 60% del bipartidismo en municipales también supera las cifras que hubo en las generales de 2015 y 2016, en plena efervescencia de los nuevos partidos, si bien quedan lejos de lo que ocurría desde principios de los años ochenta en las elecciones legislativas, donde la suma de los dos grandes partidos no bajaba del 70% y llegó incluso a superar el 80% del voto en 2008.

Con sus cara a cara, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo están trasladando hacia el Senado —también conocido como la Cámara Alta— un foco político y mediático que nunca ha tenido, siempre eclipsado por el Congreso. Lo cierto es que, a lo largo de los años, ha servido más de refugio de expresidentes o dirigentes apartados de la primera línea política que de Cámara de representación territorial.

Teóricamente su misión es ejercer la potestad legislativa del Estado, dar luz verde a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y controlar la acción del Ejecutivo. Pero en estas funciones tiene más amplias competencias la Cámara Baja y es por eso por lo que se habla de "bicameralismo imperfecto". 

Tras la llegada de Feijóo al Senado —a través de la designación autonómica de Galicia—, el presidente del Gobierno ha aprovechado para medirse con el líder de la oposición tratando de demostrar que el gallego carece de propuestas y, por tanto, de una alternativa sólida. En su último encuentro, celebrado este martes, el expresidente de la Xunta mostró su lado más duro, alejado de la imagen de centro que lleva vendiendo desde hace años.

Un duelo que no termina de convencer al socio minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos. A juicio de su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, el Senado “tiene un olor a bipartidismo viejo”, ya que su formación no tiene representación en la Cámara. Un caso similar al de tercera fuerza del Congreso, Vox, que únicamente tiene tres senadores, por lo que carece de grupo parlamentario propio y está integrado en el grupo mixto.

El caso del Senado, donde el bipartidismo tiene  217 senadores de un total de 265 contrasta con el del Congreso, donde PP y  PSOE cuentan con 209 escaños de 350. Los datos confirman que el final del bipartidismo, que llegó tras las elecciones de diciembre de 2015, se ha consolidado en nuestro país. La suma de votos del PP y del PSOE, que antes se movía con soltura entre el 70 y el 80%, no supera el 56% desde 2016. La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señala que los dos partidos del turnismo español tras la restauración democrática se sitúan en el 60% y apenas se benefician de la caída de sus competidores.

A juicio de José Pablo Ferrándiz, director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos, "es muy difícil volver a los tiempos de las mayorías absolutas en el medio plazo", explica en conversación con infoLibre. "Durante muchos años España ha sido la anomalía respecto al resto de Europa, que ya contaba con gobiernos de coalición. Aquí los partidos tradicionales han aguantado más por el tipo de electorado, por la interna de los partidos y el sistema electoral, que impide que PP y PSOE se hundan”, analiza. Con todo, el politólogo cree que "va a ser difícil una vuelta" al pasado, aunque haya un retroceso de Vox y de Unidas Podemos.

El barómetro de octubre constata un descenso acusado de la extrema derecha, que obtendría 8,8% de los votos, lejos del 15,1% con el que se alzaron en los comicios de noviembre de 2019. La formación que dirige Santiago Abascal llegó a obtener un 16,6% en mayo, pero desde entonces ha caído en estimación de voto hasta situarse, por primera vez, por debajo de la barrera del 10%. Por su parte, Unidas Podemos se consolidaría en la tercera plaza con el 12,7% de los votos, casi tres décimas menos que lo que Pablo Iglesias consiguió en noviembre de 2019.

Sin embargo, la formación morada sigue lejos de su resultado histórico, logrado en las elecciones de 2016, con más de cinco millones de votos, un 21,1% del total. Ferrándiz asegura que los morados "tienen un suelo electoral" fijado en el 10% pero cree que también tienen una "capacidad de crecimiento limitada" respecto al PSOE. "El PSOE no tiene unos datos espectaculares, pero sí que son muy estables. Con Sánchez no ha habido grandes cambios ni en la intención de voto, ni en su credibilidad, no es un Sánchez en caída libre, lo que dificulta que puedan atraer votantes del PSOE".

En el PSOE son conscientes de que necesitan que su izquierda esté fuerte y tire en las urnas, porque llegan a un electorado que nunca votará a los socialistas. De hecho, Sánchez trata de cuidar su relación con Yolanda Díaz, le da protagonismo —como sucedió recientemente en el Senado o cuando la defendió frente a las duras críticas de Gabriel Rufián— y le deja su espacio para que llegue a ese electorado. El presidente del Ejecutivo confía en el empuje de Sumar, el proyecto de la vicepresidenta segunda, para situarse como la tercera fuerza en liza.

Fuentes de la Moncloa recuerdan que el presidente Pedro Sánchez ya asumió con “pragmatismo” esta realidad después de que la repetición de las elecciones en noviembre de 2019 disipase el sueño de una mayoría holgada. El líder del PSOE, aseguran, es quien mejor ha interiorizado que la nueva política va a exigir a corto y a medio plazo gobiernos de coalición y complejas negociaciones para llegar a acuerdos.

Ferrándiz cree que, precisamente, la estrategia de Sánchez en el Senado no es forzar una "vuelta al bipartidismo", sino "asentar la idea de que Feijóo no es un hombre moderado ni un tecnócrata y que carece de alternativa a nivel económico". "Esa es su principal motivación, aunque es cierto que esto puede invisibilizar a formaciones como Podemos y Vox", reflexiona el politólogo.

Por su parte, el líder del PP ignora por completo a Vox cuando comparece en público. En Génova desean tener las mejores relaciones posibles con la extrema derecha y se esfuerzan en mantener despejados todos los puentes, pero huyen de la estrategia de Vox de tratar de hacer ver que existe coordinación entre las dos organizaciones. Feijóo quiere gobernar solo y por mucho que Abascal insista en anticipar acuerdos de coalición, el líder del PP no se moverá hasta el día de las elecciones como ocurrió en Castilla y León.

Tal y como desgrana el director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos, tras la llegada de Feijóo a la presidencia del PP "un 25% del votante de Vox en 2019 ahora votaría al PP". "En la derecha lo que más impera es el pragmatismo, y si esos votantes creen que Feijóo puede derrotar a Sánchez, al contrario de lo que pensaban con Pablo Casado, votarán por él", analiza. Aun así, Ferrándiz cree que el PP "corre el riesgo de alejarse de la mayoría absoluta" si "degrada en exceso" a la extrema derecha". La mayoría de derechas solo la facilitará un Vox medianamente fuerte", opina.

En la Unión Europea el peso de los dos grandes partidos tradicionales —los socialdemócratas y los populares— es también cada vez menor. Crecen, a su costa, liberales, verdes, formaciones de izquierda, ultraconservadores y ultraderechistas. En Estrasburgo se sientan ahora mismo siete grupos políticos sin contar el cajón de sastre de los no inscritos. La suma de los dos grandes grupos tradicionales (325 escaños) no alcanza para reunir mayoría absoluta 353), así que hace falta, como mínimo, el concurso de una tercera formación. De hecho, para nombrar una nueva Comisión se vieron obligados, por primera vez desde la fundación de la UE, a contar con los liberales.

Al margen de Bruselas, el declive del bipartidismo en los gobiernos nacionales tampoco es un fenómeno exclusivamente español. Los socialdemócratas alemanes ganaron las últimas elecciones con un 28% de los votos y no han tenido más remedio que llegar a acuerdos con Los Verdes y los liberales. En Italia la reciente victoria de la ultraderechista Giorgia Meloni ha dejado a la Forza Italia de Berlusconi —equivalente al PP español— en sus mínimos históricos. La socialdemócrata Magdalena Andersson obtuvo un 30,4% de los votos en las elecciones, insuficiente ante el crecimiento de la derecha. La danesa Mette Frederiksen, también socialdemócrata, ganó las elecciones con apenas el 25,9% de los sufragios y acaba de convocar elecciones anticipadas con el fin de evitar una moción de censura. Y el PP suizo también ganó con el 25,59% de los votos. Comparte el Consejo Federal del país —el Gobierno— con el Partido Socialista, los liberales y el Partido de Centro.

La norma en casi toda Europa es que prácticamente nadie ha conseguido ganar las elecciones con más del 30% de los votos. Y las excepciones se salen del bipartidismo tradicional: los ultras húngaros de Fidesz, aliados de Vox y principales valedores de Vladímir Putin en Europa, ganaron las elecciones por un abrumador 54,1%. La última vez que los polacos votaron, en el año 2019, dieron el 41% de los sufragios al PiS, también aliado de Vox en la Unión Europea.

La familia Corleone está en crisis de pérdida de influencia. En dicho salón, los hermanos Sonny y Michael Corleone, Tom Hagen y Clemença ofrecen distintos argumentos antes de elegir el uso de un arma de fuego para acabar con su enemigo. 

Según Michael Corleone, “hay que ir a por Sorozzo (rival de poder). ¿No quieren un encuentro conmigo? Hablaré yo mismo con Matrosky (policía corrupto) y Sorozzo”. Propone un lugar con público, donde esté a salvo. Además, no debe llevar armas… pero si Clemença encuentra el medio de dejar una pistola a su alcance, los matará.

Además, afirma: “sería una noticia sensacional, ¿no tenemos periodista en nómina? ¿y no podrían hacer una campaña contra él?”.

Finalmente, la familia Corleone lleva a cabo el plan sin ninguna fisura: reunidos Sorozzo, Matrosky y Michael, este último toma un arma que está escondida en la cisterna con esparadrapo en el gatillo y en la culata para no dejar sus huellas digitales y, a sangre fría, dispara a sus enemigos. Acto seguido, abandona el lugar público tal como le aconsejó Clemença: “dejas caer el brazo y sueltas el arma…todos creerán que la conservas porque te estarán mirando la cara… y no olvides escapar deprisa pero sin correr…sin fijar la mirada en nadie pero sin dejar de mirar. Ellos tendrán miedo de ti pero créeme, no debes temer nada”.

En un salón con poca luz, varios hombres se reúnen. Discrepan sobre las medidas a tomar y apustan por el asesinato como mejor opción para liquidar a su rival.

El bipartidismo en España está en crisis de pérdida de influencia. En dicho salón, la familia Cloaca, formada por Antonio García Ferreras (director de la Sexta), Mauricio Casals (presidente de la Sexta y A3Media) y Villarejo (excomisario del Cuerpo Nacional de Policía) debaten distintos argumentos antes de elegir el uso de las armas mediáticas para acabar con uno de los enemigos que ha puesto en jaque a dicho sistema.

Para Ferreras, es necesario que Antena 3 y laSexta actúen como un solo hombre y ya, desde laSexta se crea un lugar público o canal de televisión en el que gente formada se sienta a gusto. A partir de ahí, en un momento de máxima audiencia, tiene lugar la ejecución del asesinato mediático, proponiendo a un señor que es “como su hermano” y que se llama Eduardo Inda, un criminal que se hace pasar por periodista. Mauricio calla y Villarejo sostiene que es el único tío con cojones para ejecutarlo. (ver aquí)

Finalmente, la familia Cloaca lleva a cabo el plan con alguna que otra fisura: Ferreras coloca en la mesa de su programa de TV, Al rojo vivo, el arma mediática de Inda, una mentira en horario de máxima audiencia para matar al enemigo político Pablo Iglesias, mediante un documento falso creado por la policía corrupta con fondos reservados que afirmaba que Iglesias tenía una cuenta en Islas Granadinas con dinero de origen venezolano (ver aquí). Conociendo la falsedad de dichos papeles, el capo Ferreras justifica su extorsión mafiosa diciendo que ofreció a la víctima la posibilidad de defenderse.

La familia Cloaca no mató a su enemigo. Sí le debilitó, ya que condicionó y manipuló la opinión pública de la ciudadanía un mes antes de las elecciones generales al parlamento. 

Entre las fisuras de su plan, la familia Cloaca, con las características propias del mundo del hampa, no contaba con que uno de sus integrantes, el excomisario Villarejo, grabaría y difundiría las conversaciones de estos personajes que se hacen llamar periodistas.

En ese momento, nuestras sospechas se hicieron reales: esa idea de “democracia consolidada” que es el Reino de España según los medios de creación de opinión pública no es más que una “mediocracia” que aún sustenta un Estado con una ley de secretos oficiales de la dictadura de Franco que data de 1968 (ver aquí). En dicha ley, se expone lo siguiente: “es innegable la necesidad de imponer limitaciones, cuando precisamente de esa publicidad puede derivarse perjuicio para la causa pública, la seguridad del mismo Estado o los intereses de la colectividad nacional”. En base a esta ley, estos policías corruptos crean estos documentos falsos con total impunidad.

¿Qué es para el estado profundo la causa pública o la seguridad? ¿Hablan de su “Estado” de privilegios o del “Estado” de todos los españoles/as? 

Esto solo es una prueba más de que el franquismo sociológico pervive y es necesario seguir cuestionando el régimen del 78 con pedagogía, valorando todo lo que consiguió y siendo críticos con aquello que, si bien en su día no se pudo conseguir por el contexto socio-histórico del momento, no se pudo conseguir.

Pero para ello es necesario periodistas honestos que lleven todos los días a su puesto de trabajo la máxima de Ryszard Kapuscinski: “para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena mujer: buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias.”

Y de esto estamos muy faltos…

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Paco Ochoa, socio de infoLibre

La propuesta que el PP de Alberto Núñez Feijóo está trasladando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE para que los dos partidos se pongan de acuerdo y se comprometan a superar la fragmentación política y la debilidad del bipartidismo ofreciéndose mutuamente a facilitar la investidura del líder de la candidatura más votada en las elecciones esconde dificultades prácticas y hasta jurídicas que dificultan que llegue nunca a hacerse realidad. 

En el PP lo saben. Pero la defienden porque se apoya en una afirmación tan aparentemente de sentido común como falsa: el supuesto derecho del partido más votado a hacerse con el Gobierno. Una tesis propia de modelos electorales mayoritarios como el de Estados Unidos o el presidencial francés en el que quien obtiene un voto más que el resto se lo lleva todo y el presidente se elige directamente por los ciudadanos. 

Pero ese no es el modelo que rige en España desde la transición. Aquí los ciudadanos votan de manera proporcional a los diputados del Congreso y son estos quienes después deben ponerse de acuerdo para elegir al presidente del Gobierno. No es un modelo original. Se lo compramos a varios países, entre ellos y sobre todo a Alemania.

Feijóo es consciente de ello, pero le da igual. Sostiene que lo que quiere es que gobierne en España quien gana las elecciones, dando a entender que las gana el que obtiene más votos de los ciudadanos y no más apoyo en el Congreso, que es lo que establece la Constitución. “En democracia”, dice, hay que diferenciar entre “el que gana y el que pierde”. Aunque él mismo no lo haya practicado, como cuando avaló los pactos que en 2018 y 2019 dieron al PP los gobiernos de Madrid, Castilla y León, Andalucía y la Región de Murcia a pesar de que el partido más votado en aquellas elecciones había sido el PSOE.

Cambiar de modelo en España no es posible, al menos en las elecciones generales y autonómicas, sin reformar la Constitución. El artículo 68 dice claramente que el sistema de elección del Congreso tiene que ser proporcional y el 152 establece el mismo criterio para las asambleas autonómicas. Y, por si hubiera alguna duda, no sólo no dice que el presidente del Gobierno deba ser el cabeza de la lista más votada sino que señala claramente que obtendrá esa condición el candidato que obtuviese mayoría absoluta en la votación de investidura del Congreso o que, en segunda votación, lograse más votos a favor que en contra.

La propuesta de Feijóo implica, en opinión de Ignacio Durbán, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Internacional de València, “desatender el diseño constitucional y legal de designación de gobiernos en los distintos niveles”. Una reforma de esta envergadura, asegura, “no debería realizarse mediante un pacto de partidos elevado a escritura pública ante notario”. 

A su juicio, “resulta llamativo que el PP resucite cíclicamente esta iniciativa, interpretando a su conveniencia el sentido del mandato popular y hablando de pactos entre perdedores” mientras “gobierna en varios lugares sin ser la lista más votada”.

En el ámbito nacional, la propuesta plantea además, asegura, “problemas de constitucionalidad evidentes. El principal es que implica una quiebra del sistema parlamentario de gobierno”. En nuestro sistema parlamentario, tal y como dispone el artículo 99 de la Constitución, gobierna quien obtiene la confianza mediante una votación directa de investidura en el Congreso de los Diputados. Es, pues, a la Cámara Baja –que, además, ha sido elegida de acuerdo con criterios de representación proporcional– “a quien corresponde decidir” quién gobierna. “Los ciudadanos elegimos diputados, no presidente del Gobierno. La elección de los diputados y la elección del presidente obedecen a dos momentos y a dos mecánicas distintas; tanto es así que ni siquiera es necesario que el presidente del gobierno sea diputado”. 

Y en el plano autonómico, tres cuartos de lo mismo, advierte el profesor de València. “El artículo 152.1 de la Constitución también consagra el sistema parlamentario de gobierno en el ámbito de las comunidades autónomas, aunque con alguna diferencia, como que la presidencia, en este caso, sí debe recaer sobre un miembro de la asamblea”.

Carlos Fernández Esquer, profesor de Derecho Constitucional en la UNED y doctor en Ciencia Política por la Autónoma de Madrid, en cambio, considera “perfectamente legítimo” que PP y PSOE pacten lo que Feijóo propone. “Forma parte de la autonomía de cada partido”. “No hay ningún problema en que, en un sistema parlamentario, dos partidos que además son los más importantes desde hace muchos años y que aún lo son alcancen un acuerdo de esas características”.

“Se está planteando un acuerdo de naturaleza política en el que no se haga ninguna reforma constitucional o legal” y simplemente ambos partidos “se pongan de acuerdo y asuman el compromiso de que, en caso de que no haya una mayoría clara, el otro partido favorecerá que gobierne quien haya tenido más votos o más escaños”. 

En el sentido que señala Fernández, se respetaría el mecanismo fijado en la Constitución porque la investidura nacería de un acuerdo que haría posible la elección del presidente por mayoría absoluta o, en segunda votación, con más votos a favor que en contra. No estaríamos ante “una contradicción con el modelo español” porque sería “investido quien fuese capaz de articular una mayoría parlamentaria”. 

Lo cual no resta legitimidad, precisa, contradiciendo así a Feijóo, a la posibilidad de que del Congreso salga un acuerdo en el que el presidente acabe siendo el líder de un partido que no sea el más votado. “Puede gobernar alguien que no es el partido más votado pero que sí es capaz de articular una mayoría con otros grupos”. Es una “fórmula que se adopta en otros países”.

En cambio, Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, no está “muy seguro” de que la propuesta de Feijóo “responda al sistema político parlamentario” español, que “consiste en elegir un Gobierno salido del Parlamento, no salido directamente de las urnas”. “No contradice la letra de la Constitución” pero tampoco “responde al espíritu del sistema parlamentario” de nuestro país.

Sobre lo que no hay dudas es acerca de la escasa utilidad que puede tener la idea del líder del PP, porque una cosa es investir un presidente sin tener mayoría en el Congreso y otra muy distinta gobernar con el Parlamento en contra. Un problema que el PP quiere resolver proponiendo una reforma que prime en escaños al partido más votado, tal y como hace Grecia o intentaron en Italia, en distintas fases, Silvio Berlusconi y Matteo Renzi hasta que su Tribunal Constitucional anuló la medida.

El número tres del PP, Elías Bendodo, apostó esta misma semana por “parecernos a otras democracias europeas que hablan de mayorías reforzadas para garantizar que el que gana gobierne”. Se puede hacer “de forma progresiva”, defendió, empezando “a avanzar en algunos procesos y después en otros. Podemos empezar en municipales y autonómicas”, sugirió, para extenderlo después a las generales. “Es un paso que debe dar nuestro país más pronto que tarde”. Para garantizar la gobernabilidad, proclamó, hacen falta “fórmulas de mayoría reforzada, sin ninguna duda”.

Bendodo se refiere a soluciones como la que rige en Grecia. La Constitución helena otorgaba 50 escaños más a la lista más votada para reforzar su mayoría, pero en enero de 2020 una reforma retocó el sistema, de manera que el partido con más votos en las elecciones obtenga un bono de escaños adicionales que aumentarán dependiendo de su porcentaje, siempre que haya recibido al menos el 25% de los votos. 

La nueva norma constitucional griega otorga una bonificación de 20 escaños adicionales al primer partido y divide los 280 escaños restantes proporcionalmente entre todas las formaciones. Ese bono aumentará en un escaño por cada 0,5% de los votos que el partido más votado obtenga por encima de 25, para alcanzar un máximo de 50 escaños para los partidos que obtengan el 40% o más de los votos en todo el país.

Paradójicamente, este cambio no será de aplicación en las próximas elecciones, en las que no habrá prima para el más votado. En Grecia es la izquierda, liderada por Syriza, la que está en contra de la prima al más votado y la derecha, el equivalente del PP español —ahora en el gobierno—, con ayuda de la extrema derecha, quien ha conseguido mantener el sistema de bonificación.

En España esto no es posible sin cambiar la Constitución porque, como recuerda Fernández Esquer, al apostar por un modelo proporcional la Carta Magna “ya está excluyendo que pueda haber algún tipo de premio de mayoría al partido más votado ya sea a nivel nacional o en cada provincia”. “Jurídicamente eso no se puede hacer sin reformar la Constitución” ni en las elecciones al Congreso ni en las que se convocan para renovar las asambleas autonómicas.

Una propuesta de prima de 50 escaños a la lista más votada para asegurar la gobernabilidad, sentencia Ignacio Durbán, plantearía “problemas de constitucionalidad añadidos, tanto desde el punto de vista de la proporcionalidad, como desde el punto de vista de la igualdad del voto”.

“No se puede hacer una cosa así” con una mera reforma legal, concuerda Fernández Esquer. “Habría que reformar la Constitución”, aunque él no es partidario de ese modelo. “A mí no me parece muy recomendable porque estos premios de mayoría es verdad que garantizan la gobernabilidad pero son una forma un poco burda de conseguir la mayoría absoluta y dejan en un papel muy secundario a partidos de la oposición que a lo mejor tienen un nivel de apoyo muy relevante”.

Ruiz Robledo es de los que cree que resolver las investiduras por el sistema que propone Feijóo no soluciona gran cosa porque el presidente seguiría sin tener el respaldo del Congreso. Para entenderlo propone imaginar en qué situación estaríamos si Sánchez hubiese sido investido con sus votos (120), a qué dificultades tendría que hacer frente para sacar delante sus iniciativas en el Parlamento. 

Esa idea, concede, podría haber tenido sentido en 1993 o en 1996, cuando tanto PSOE como PP se quedaron a 15 o 20 escaños de la mayoría absoluta y tuvieron que pactar con la Convergència i Unió (CiU) de Jordi Pujol. En esa situación, opina, tanto el PP primero como el PSOE después podían haber “enviado de vacaciones” a 15 o 20 de sus diputados para garantizar la gobernabilidad sin que Felipe González y José María Aznar después tuviesen que estar pendientes de llegar a acuerdos con los nacionalistas. 

Ahora, en cambio, con ambos partidos tan lejos de la mayoría absoluta, no lo considera posible. Y tampoco se cree la sinceridad de la oferta de Feijóo, “por más que la pacten por escrito”. “Si en las elecciones el PSOE saca 130, el PP 129 y Vox 50, ¿no va a pactar el PP con Vox? ¿O el PSOE con Unidas Podemos si fuese a la inversa?”. Eso es además “lo constitucional”, subraya. 

Llegar a acuerdos en el Congreso es "la esencia” del modelo español, “precisamente lo que se buscaba con la Constitución”. Por eso, “cuando hay moción de censura se exige mayoría absoluta”. La razón, explica, hay que buscarla en el recuerdo de gobiernos “muy débiles” de la República, por eso “se intenta conseguir que el Gobierno sea relativamente fuerte”. 

Y es un sistema, recuerda, que aunque “ha medio funcionado tenía un pequeña falla: en cuanto los grandes partidos han bajado del 30% ya no se acercan” a la mayoría absoluta. Pero es un problema de las formaciones políticas, advierte, no del sistema: “Si el electorado nos hemos cansado, que [los partidos] hubieran tenido más cuidado”.

Es verdad que España tiene un problema de gobernabilidad, reconoce Fernández Esquer, consecuencia del cambio en el sistema de partidos que comenzó en 2015. “Ha demostrado que ha sido más difícil llegar a acuerdos, se han producido repeticiones electorales por primera vez en la historia de nuestra democracia”, ha prosperado una moción de censura y ha habido problemas para aprobar presupuestos. 

“Hay muchas evidencias que demuestran los problemas de gobernabilidad que tenemos desde 2015, aunque hay que reconocer también que este último Gobierno”, añade en referencia al de Pedro Sánchez, “que es el primero de coalición de la democracia reciente en España, lleva ya más de dos años gobernando y ha roto esa dinámica de inestabilidad que venimos viendo”. 

Ignacio Durbán recuerda que en el ámbito nacional son diversas las propuestas de reforma del art. 99 de la Constitución que se han puesto sobre la mesa, no sólo en el ámbito académico, sino también en la arena política. Además de “revisar y clarificar los plazos que afectan al proceso de investidura” y “reforzar el papel del presidente del Congreso en todo el procedimiento redimensionando, correlativamente, el del rey”, se debate sobre la implementación de “mecanismos subsidiarios”. 

En este sentido, las propuestas más frecuentes están inspiradas en algunos modelos autonómicos, como el de Castilla-La Mancha, donde, en caso de fracasar el procedimiento ordinario de investidura, “queda automáticamente designado el candidato del partido que tenga mayor número de escaños”. O también se han hecho propuestas que apuntan en el sentido de las regulaciones del País Vasco o Asturias, donde —en virtud de mecanismos diferentes—, “si no prospera la investidura en primera instancia, se impide votar en contra después, evitando así bloqueos”.

Sin primas de refuerzo ni cambios en los mecanismos de investidura, Ruiz Robledo tiene la solución para garantizar que no se repitan elecciones: reformar la Ley Electoral de manera que si hay una legislatura fallida “los líderes no se pueden presentar. Y se acaba la historia”. Con esa norma, asegura convencido, no se habrían repetido las elecciones en 2016 y 2019. Y es que más que un problema de modelo es de “cultura política”, subraya. En Alemania, con un sistema muy parecido y sin mayorías absolutas, los partidos siempre se han puesto de acuerdo para gobernar y nunca se han repetido las elecciones.

Hubo un tiempo en el que PP y PSOE se repartían hasta el 84% de los votos que los españoles depositaban en las urnas. Fue así durante algo más de 20 años pero no ha vuelto a pasar desde que en 2015 irrumpieron por primera vez en el Congreso de los Diputados Podemos y Ciudadanos.

Ahora la situación apenas ha cambiado. Las últimas encuestas fiables sitúan la suma de la intención de voto combinada de PSOE y PP en el 48,6%, unas décimas por debajo de las cifras agregadas que ambas formaciones alcanzaron en las elecciones de diciembre de 2019. La última vez que alguno de los dos partidos rebasó el porcentaje del 30% de los votos fue hace seis años (lo consiguió el PP con un 33%) y desde entonces el partido más votado en España ha sido el PSOE con un 28,6% en abril de 2019 y un 28,2% la última vez que los españoles acudieron a las urnas.

La debilidad del bipartidismo, por tanto, de acuerdo con las cifras de las últimas convocatorias electorales y de las encuestas, no se ha reducido a pesar del retroceso de Unidas Podemos y el hundimiento de Ciudadanos. La formación que dirige la ministra Ione Belarra ha pasado del 21,1% de las elecciones de 2016, su mejor registro hasta la fecha, al 12,9% de diciembre de 2019 y se mueve en las encuestas de intención de voto en un inestable porcentaje entre el 11 y el 12% a la espera del efecto que pueda tener sobre sus expectativas la candidatura anunciada y aún no concretada de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Ciudadanos, por su parte, que en abril de 2019 alcanzó su cénit con un 15,8% de los sufragios y se hundió al 6,8% ocho meses después, agoniza con cifras en torno al 3,5%.

Si algo revelan las encuestas es que ni el PSOE ni el PP están siendo capaces de recuperar empuje. No ya para acercarse a los porcentajes de intención de voto que abren la puerta a las mayorías absolutas (por encima del 40%) o permiten gobernar con holgadas mayorías minoritarias, si no ni siquiera para superar el 30% de los sufragios.

El PSOE, con un 25% de intención de voto en los sondeos, no ha logrado atraer el apoyo de los votantes que en su momento se refugiaron en Unidas Podemos (casi un 13% en 2019), pero tampoco el de aquellos ciudadanos que encontraron acomodo en formaciones de izquierda de ámbito territorial, sean independentistas, nacionalistas, regionalistas o provincialistas y que en las últimas elecciones llevaron al Congreso la representación de un 10% de los españoles que acudieron a las urnas.

Y el PP, aunque parece haber absorbido una parte de los votantes que en las últimas elecciones habían elegido la papeleta de Ciudadanos (6,8%), sigue estancado en porcentajes de intención de voto de en torno al 22% que en su mejor momento, hace ahora casi un año, apenas alcanzaron el 26%.

Si el problema de los socialistas es la dificultad de disputar terreno electoral a Unidas Podemos y a las formaciones de izquierda territorial, desde Más País a Compromís, pasando por Bildu, Esquerra o el BNG, el del PP se llama Vox. La fortaleza de la ultraderecha, que en diciembre de 2019 superó el 15% de los votos, es evidente en las encuestas: se han estabilizado por encima del 17% y desde marzo, coincidiendo con el traumático relevo al frente del PP, rozan el porcentaje del 20%.

Es en este contexto en el que el nuevo líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a devolver a su partido no sólo el primer puesto en los resultados electorales sino la mayoría absoluta que nadie ha sido capaz de conseguir desde que Mariano Rajoy se la anotó por última vez en el año 2011.

La promesa de Feijóo, que ha llegado al liderazgo de su partido avalado entre otras cosas precisamente por haber logrado cuatro mayorías absolutas consecutivas en Galicia, pasa necesariamente por captar un sector del voto del PSOE pero, sobre todo, de absorber la mayor parte del que en estos momentos prefiere la papeleta de Vox antes que la del PP. Para hacerse con más del 40% de los sufragio necesitará un hundimiento de la ultraderecha que, al menos en este momento, no prevé ninguna encuesta. 

Los analistas otorgan una gran trascendencia al efecto que pueda tener en la evolución de la intención de voto de los de Santiago Abascal la entrada por primera vez en un Gobierno, en este caso el de la Junta de Castilla y León. Algunos creen que puede jugar en su contra si su gestión frustra las enormes expectativas que tienen su votantes. Otros, en cambio, opinan que confirmará la utilidad de votar a Vox y desarmará, por tanto, el llamamiento al voto útil del PP para derrotar a la izquierda y desalojarla de la Moncloa. Falta, en todo caso, saber cómo gestionarán su relación Feijóo y Abascal a partir de ahora, sobre todo teniendo un horizonte repleto de convocatorias electorales.

La promesa de Feijóo no es diferente de la que alimentaba el discurso de Pablo Casado. Tanto uno como otro defienden que es posible que el PP recupere todo el espacio del centroderecha en la estela de José María Aznar. El reciente congreso extraordinario de Sevilla apeló a aquella conquista a través de la memoria de la refundación del partido, en un intento de reconducir la pérdida de la hegemonía que arrastra el PP desde el año 2015.

El declive del bipartidismo que Feijóo se ha propuesto revertir no es un fenómeno exclusivamente español. Los socialdemócratas alemanes ganaron las últimas elecciones con un 28% de los votos y no han tenido más remedio que llegar a acuerdos con Los Verdes y los liberales. El Movimiento 5 Estrellas italiano es el grupo mayoritario en el parlamento de su país pero aun así no pasa del 25% de los escaños. La socialdemócrata Magdalena Andersson gobierna Suecia con un 25% de los asientos de la Cámara. La danesa Mette Frederiksen, también socialdemócrata, ganó las elecciones con apenas el 25,9% de los sufragios. 

La norma en casi toda Europa es que prácticamente nadie ha conseguido ganar las elecciones con más del 30% de los votos. Y las excepciones se salen del bipartidismo tradicional: los ultras húngaros de Fidesz, aliados de Vox y principales valedores de Vladímir Putin en Europa, acaban de ganar las elecciones por un abrumador 54,1%. La ultima vez que los polacos votaron, en el año 2019, dieron el 41% de los sufragios al PiS, también aliado de Vox en la Unión Europea.