El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la familia Aznar-Oriol por realizar obras en su casa, sin solicitar los permisos correspondientes, que se ubica dentro del Parque Nacional de Cabañeros, y confirma la condena a pagar 200.001 euros, así como las costas judiciales a la Abogacía del Estado y a SEO/BirdLife, informa Europa Press.

La abogada de SEO/BirdLife, Cristina Álvarez, ha destacado que hay ocho resoluciones judiciales en el mismo sentido durante los cuatro años que ha durado este procedimiento, un tiempo en el que destaca la actitud "prepotente" de los condenados, la familia Aznar-Oriol. Así, ha afeado la actitud de los propietarios a quienes se les ha condenado por hacer las obras en su casa sin pedir un permiso real, y considera que de haberlo hecho de acuerdo con el procedimiento y con el informe técnico de evaluación ambiental. Argumenta que, dado que la vivienda se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional, podrían haber obtenido la licencia correspondiente.

"El problema es que no lo hicieron y pensaron que podrían hacer lo que quisieran. Pidieron permiso para mejorar la instalación eléctrica y otras cuestiones menores y ampliaron la vivienda y la hicieron prácticamente nueva", ha puntualizado. Más allá del formalismo legal, Álvarez lamenta la "actitud" de la familia que durante los pleitos ha adoptado una posición de "prepotencia", como de "creerse con derechos especiales" cuando podrían haberlo hecho de manera legal. Confía en que después del varapalo judicial empezarán a "colaborar y cooperar" con "cierto respeto" al Parque Nacional.

Así, ha insistido en que SEO/BirdLife no tiene nada contra la propiedad privada pero los propietarios deben entender que contar con una vivienda dentro de un parque nacional obliga a respetar ciertos límites y precisamente, pide a la familia un cambio de actitud hacia el respeto y la cooperación. En este contexto, ha recordado la petición desde hace años de SEO/Birlife y del resto de ONG ambientales para que las organizaciones puedan ser beneficiarias del acceso a la justicia gratuita. "Casos como este demuestran la necesidad de que las ONG puedan pleitear sin coste en los tribunales", ha manifestado.

Ahora, espera que los Aznar-Oriol y el resto de propietarios de dentro del Parque Nacional de Cabañeros desbloqueen su política de "obstruccionismo" a la gestión y se pueda "por fin" lograr aprobar el necesario plan rector de uso y gestión de Cabañeros que, "hasta ahora" no ha sido posible por su oposición y las trabas planteadas. "Debemos cooperar entre todos los sectores", ha defendido. En su resolución, del 1 de febrero, el Tribunal Supremo da la razón a Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF, que denunciaron los hechos para defender la conservación del patrimonio natural común frente a los intereses particulares.

Este es el cuarto fallo judicial que ratifica la ilegalidad de las actuaciones realizadas en los terrenos, denunciadas por Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF por su potencial impacto en el espacio natural protegido, y el octavo en que la familia Aznar-Oriol ve desestimada su interpretación de la legislación aplicable al Parque. El fallo no llega ni a entrar en el fondo del asunto y concluye que no cabe la tramitación del recurso interpuesto, puesto que la sentencia de la Audiencia Nacional de 2018 era firme y confirma, por tanto la ilegalidad de dos obras anexas a la vivienda: un aparcamiento y una campa para eviscerar piezas de caza, aunque no obliga a demoler las instalaciones.

Finalmente, las tres ONG reclaman ahora la aprobación definitiva del Rector de Uso y Gestión que será el instrumento de planificación para Cabañeros. Su último borrador -al que se opuso la familia Aznar-Oriol- es de 2015, aunque la ausencia de este documento no anula el nivel de protección otorgado a por la figura de Parque Nacional.

El Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha propuesto una sanción de 200.001 euros a inmobiliaria del Bullaque SA por irregularidades en las obras de reforma y rehabilitación realizadas en finca Cabañeros, en pleno parque nacional del mismo nombre. Así lo ha podido saber infoLibre de fuentes conocedoras del proceso. Inmobiliaria del Bullaque es la empresa que administra esta finca propiedad de la familia del naviero Alejandro Aznar, marido de Mónica de Oriol, la polémica expresidenta del Círculo de Empresarios. Sus 7.000 hectáreas pertenecen al término municipal de Alcoba de los Montes (Ciudad Real).

Pese a que Agricultura considera que la propiedad de esta finca famosa por sus cacerías ha cometido una infracción muy grave al haber practicado actuaciones sin permiso en este espacio altamente protegido, el castigo se queda en la parte más baja de la horquilla de las infracciones muy graves. La sanción máxima en esta categoría es de dos millones de euros. La ley aplicable según las citadas fuentes es la 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Desde el pasado 4 de noviembre, infoLibre ha venido informando de estas polémicas obras que han estado en el punto de mira de los ecologistas por sus sospechas de que no se habían ajustado a los permisos solicitados y otorgados. Después de la primera de estas informaciones, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) y Ecologistas en Acción presentaron una denuncia ante el Organismo Autónomo de Parques Nacionales exigiendo la paralización de las obras y la restitución del daño causado a este espacio protegido. 

Fuentes de Parques Nacionales consultadas por este diario ya informaron entonces de que la propiedad de la finca estaba practicando trabajos que no se ajustaban a la licencia solicitada. Según pudo saberse gracias a una respuesta parlamentaria al Partido Socialista, la familia Aznar había pedido al parque que le diera luz verde a trabajos de "albañilería auxiliar", mejoras en la red de saneamientos y en las instalaciones eléctricas y de calefacción, así como aislamientos e impermeabilizaciones. En definitiva, una obra menor.

Pocos días después de que entrara al Parque Nacional de Cabañeros la denuncia de las asociaciones ecologistas un equipo del citado espacio protegido se personó en finca Cabañeros para comprobar si las obras se ajustaban a los servicios autorizados.

Fuentes de Parques Nacionales subrayan que, en lo que tiene que ver con la mansión en sentido estricto, la construcción, a priori, no presentaba problemas. No obstante, el informe no fue concluyente en tanto en cuanto las obras no estaban finalizadas. 

Pero la sorpresa llegó cuando los agentes constataron que junto a la vivienda se estaban desarrollando dos obras que brillaban por su ausencia en la autorización. Se trata, según las mismas fuentes, de la construcción de un aparcamiento con capacidad para 16 vehículos y de una explanada cuya extensión supera los 1.000 metros cuadrados. Esto ocurrió el 14 de noviembre. 

Licencia a posteriori

Un mes después, Inmobiliaria el Bullaque fue informada de la apertura de un procedimiento sancionador por la presunta comisión de una infracción muy grave de la ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros. 

La propiedad de la finca respondió a finales de enero con un escrito de alegaciones en el que aseguraban que los permisos para el aparcamiento y la explanada estaban en tramitación y se solicitaba, por tanto, el archivo del expediente abierto. No pasa inadvertido, no obstante, que la fecha de solicitud de las licencias, según fuentes del Parque Nacional de Cabañeros, fue el 5 de diciembre –el informe de autorización llegó cinco días después–. Es decir, inmobiliaria del Bullaque no pidió autorización para el aparcamiento ni para la explanada, destinada a la evisceración de piezas de caza, hasta que se publicaron las informaciones que apuntaban a posibles irregularidades en finca Cabañeros y se presentaron las denuncias. 

Uno de los argumentos esgrimidos por los propietarios para el archivo fue del de que las citadas obras no causaban nigún tipo de impacto en el paisaje ni daño medioambiental.

En la propuesta de resolución, con fecha del pasado 27 de marzo, Agricultura recuerda que la ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros considera "muy grave" la realización de obras sin licencia en el interior de este espacio protegido. Y que, pese a que desde la propiedad de la finca se insiste en que los permisos estaban en tramitación, cuando se inició el procedimiento, en noviembre de 2014, no había rastro de autorización porque se solicitó a posteriori.

Sin noticias sobre el camino sobre la Cañada Real Segoviana

En la propuesta de resolución de Agricultura no figura nada sobre las modificaciones que la propiedad de finca Cabañeros ha practicado sobre una vía pecuaria que pasa por la Cañada Real Segoviana. Se trata de una competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En este caso, sí se solicitó licencia, pero los trabajos ejecutados la sobrepasan.

Tanto la Junta de Castilla-La Mancha como Parques Nacionales, dependiente de Agricultura, coinciden en que el permiso que solicitaron los Aznar-Oriol para realizar mejoras en el camino no coincide con los trabajos practicados y que, en realidad se ensanchó la vía afectando a la vegetación.

No fue el 6 de noviembre, cuando saltaron las primeras informaciones al respecto y los ecologistas emprendieron las primeras acciones legales, cuando el departamento de Agricultura del Gobierno de María Dolores de Cospedal (Partido Popular) aseguró que a la vuelta del verano se había abierto un expediente por las modificaciones realizadas en la vía pecuaria. Esta denuncia, que sería el resultado de una inspección de las obras por parte de un agente medioambiental del parque, está en manos de los servicios periféricos de Ciudad Real. A día de hoy, no hay noticia del avance del expediente.

Con la nueva pista que ha resultado de la modificación del camino ya son tres los accesos que conducen a la casa de campo de los Aznar-Oriol. Uno de estos senderos que, según insistien fuentes ecologistas, son perfectamente transitables, está ubicado a "unas pocas decenas de metros" del que ha experimentado los cambios; el otro, a unos cuatro kilómetros. El nuevo acceso, de firme similar al de una carretera como puede apreciarse en la imagen que acompaña a esta información, podría proporcionar una forma más cómoda de acceso a los invitados que acuden a las famosas cacerías que se convocan en los terrenos que rodean a esta mansión.

El Gobierno ha eludido su responsabilidad en las obras de la vivienda de Finca Cabañerosvivienda de Finca Cabañeros, propiedad de la familia del naviero Alejandro Aznar, marido de Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, en el parque nacional del mismo nombre, ya que considera que no es su competencia. Así, en una respuesta parlamentaria al diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, el Ejecutivo de Mariano Rajoy apunta que "el organismo competente para la autorización y seguimiento de la realización" de estas obras es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Además, Compromís-Equo apunta en una nota de prensa que el Gobierno "ignora los preceptos señalados por la Ley 33/95 de declaración del Parque Nacional de Cabañeros y la propia ley de parques nacionales", ya que esta establece, textualmente, que “la responsabilidad de la administración y coordinación de las actividades del Parque Nacional recaerá en el Director del mismo, que será nombrado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”.

A ello, los ecologistas añaden que la regulación subraya que "la responsabilidad de la gestión del Parque Nacional corresponderá a una Comisión mixta de gestión integrada por representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a partes iguales.

En la respuesta, considerada por Compromís-Equo "completamente insuficiente e improcedente", el Gobierno sostiene que la Junta castellanomanchega autorizó en octubre de 2010 las reformas. "Es decir, cuatro años antes de los hechos denunciados", recuerdan los ecologistas, que también critican que "la respuesta no aclara si la administración del Parque Nacional tenía o no conocimiento de las mismas y si las informó de alguna manera, que era el objeto de la pregunta al Gobierno". 

"El Ministerio no puede hacer una dejación de sus funciones de custodia y conservación de los parques nacionales que aún están bajo su responsabilidad, como es el caso de Cabañeros", denuncia Compromís Equo. Por último, sentencian que "tanto si reciben la autorización de la comunidad autónoma como si no, unas obras de estas características necesitan la revisión y aprobación y visto bueno de la dirección del parque nacional y en particular de la comisión mixta de gestión, puesto que el Parque Nacional de Cabañeros aún no ha sido transferido a Castilla-La Mancha".

La vivienda de Finca Cabañeros, la propiedad de la familia del naviero Alejandro Aznar en el parque nacional del mismo nombre, ha experimentado en los últimos meses importantes cambios. Las grúas –como dan fe las imágenes que acompañan a esta información– y las excavadoras han estado meses trabajando sobre el terreno para convertir la antigua casa de campo del marido de Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, en una mansión. Pese a la evidente transformación, confirmada a este diario por las asociaciones ecologistas que trabajan sobre el terreno y por fuentes del organismo autónomo de Parques Nacionales, en la solicitud de autorización sólo figuran trabajos de "reforma y rehabilitación", como impermeabilizaciones y aislamientos, mejoras en las instalaciones eléctricas y de calefacción, en la red de saneamientos y tareas de albañilería auxiliar.

El documento, al que ha tenido acceso infoLibre, forma parte de la documentación remitida por el Gobierno al Partido Socialista (PSOE) después de que los diputados Alejandro Alonso, Isabel Rodríguez y María Guadalupe Martín registraran una batería de preguntas para su respuesta escrita sobre las actuaciones llevadas a cabo en esta finca. Fueron presentadas el pasado 5 de noviembre a raíz de una serie informaciones de este medio relacionadas con las obras de la vivienda principal y con las practicadas en uno de los caminos que conduce a la casa, ubicado sobre una Cañada Real.

Fue el 8 de julio de 2010 cuando Inmobiliaria del Bullaque S.A., empresa inmobiliaria que explota el latifundio, remitió la petición de licencia al registro del Parque Nacional de Cabañeros, ubicado en Pueblo Nuevo del Bullaque (Ciudad Real). El asunto era el siguiente: "Solicitud autorización para reforma de vivienda principal de Cabañeros, finca "Cabañeros", término municipal de Alcoba, (Ciudad Real).

La propiedad advierte de que pese a que el estado de la "edificación principal" de la casa es "aparentemente satisfactorio", en realidad necesita algunas reparaciones. "El estado de las instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento en preocupante. Todas las instalaciones están obsoletas y el estado de las cubiertas, deteriorado, lo que puede afectar al funcionamiento de las mismas y puede hacer peligrar la edificación".

¿Una "obra menor"?

Con esta base, se solicita "autorización y rehabilitación de la vivienda principal de la finca Cabañeros" para una serie de trabajos de "mejora y restauración". Estos trabajos también son precisados en la solicitud: "impermeabilizaciones y aislamientos", "mejora" de instalaciones eléctricas y calefacción, "mejora" de la red de saneamientos y "trabajos de albañilería auxiliar".

"Con este documento como base, todo apunta a que la licencia que se solicita es para una obra menor".

Así lo define el diputado Alejandro Alonso (PSOE) que considera que "lo que se ha hecho es, evidentemente, mucho más". 

El parlamentario socialista no se confiesa satisfecho con la información que ha recibido del Gobierno y avanza otra nueva batería de preguntas para resolver la incógnita de qué ha pasado desde octubre de 2010, cuando se autorizaron las obras en base a la petición de la propiedad, y el día de hoy, cuando la apariencia que ha tomado la vivienda dista de lo que puede calificarse de obra menor. "O se está cometiendo una ilegalidad o se oculta información", añade Alonso.

Imagen de la casa de campo de Alejandro Aznar en el Parque Nacional de Cabañeros

Cuando infoLibre publicó estas informaciones la propia ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, aseguró que si el matrimonio Aznar-Oriol –están casados en régimen de separación de bienes– ha cometido alguna infracción, se les sancionaría. "Tienen que cumplir con lo que está establecido dentro del parque nacional", añadió.

En ningún momento, el ministerio aportó a petición de este diario el expediente completo de la licencia solicitada por los Aznar-Oriol. No obstante, sí aportaron otros datos sobre el proyecto de rehabilitación de esta mansión ubicada en un terreno de unas 7.000 hectáreas en pleno Parque Nacional de Cabañeros, muy conocido por los grandes aficionados a la caza de este país. El permiso solicitado por Alejandro Aznar supone que la superficie construida de la mansión pase de unos 1.500 metros cuadrados a unos 1.950, lo que supone un incremento del 30%. Estos datos tampoco figuran en la documentación que el Gobierno ha trasladado al principal partido de la oposición.

Este incremento de superficie no afecta a la planta, sino al alzado, según informan fuentes conocedoras del expediente. La casa de campo de la familia Aznar, sostienen, contó siempre con dos alturas pero no en la totalidad de la construcción. Con las obras que se están realizando a lo largo de este año toda la mansión tendrá una altura homogénea correspondiente a dos pisos. ¿Entra esto dentro de los "trabajos de mejora y restauración? Se trata de una pregunta que, según Alejandro Alonso, debe responder Agricultura. "¿Dónde está la labor de vigilar?", se pregunta.

A lo largo de todo este proceso, en Agricultura han derivado la responsabilidad al PSOE puesto que la licencia lleva fecha de 2010, cuando, efectivamente gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. Al respecto, el diputado insiste en que es necesario comprobar que lo que se aprobó en la Comisión Mixta del Parque Nacional en 2010 se corresponde con las obras que se están ejecutando en 2014.

Documentación aportada

En la documentación que el Gobierno traslada al PSOE figuran, además, un escrito de un agente medioambiental del Ministerio que se personó en la finca y en el que se hace constar que "la casa requiere trabajos de reforma y rehabilitación, necesarios para su mejora y restauración" . La nota va acompañada de imágenes con goteras "por cubiertas deterioradas", humedades "por falta de aislamiento" y cubierta "con daños en cornisas y fachadas". Lleva fecha del 21 de julio de 2010.

Cinco días después, este escrito permitió la elaboración de un informé técnico. "En general la casa, construida en diferentes periodos durante el pasado siglo, presenta en algunas zonas un alto estado de deterioro, causado principalmente por humedades tanto del suelo como de la techumbre, seguramente resultado de la falta de cimientos en algunas secciones de la casa", figura en uno de los párrafos.

Este informe va acompañado de artículos del borrador del Plan Rector de uso y Gestión del Parque en lo relacionado con "viviendas e infraestructuras existentes". Y, entre otros asuntos, establece que "se promoverá su adecuación a la tipología tradicional del Parque, la mayor integración en su entorno y la reducción al mínimo de las alteraciones al paisaje tanto por su forma como por sus materiales o su acabado". Las fuentes consultadas por este diario aseguran que el "impacto visual" de la mansión resultante de las obras es mayor ahora que el de la construcción de partida.

Otra de las observaciones que figura en este estudio y que contradicen en Parques Nacionales es que se señala que la obra "no supone un incremento del volumen de edificación, al estar pensado la demolición de buena parte de la actual construcción". 

La resolución de autorización definitiva de la Comisión Mixta de Gestión de los Parques Nacionales llegó el 4 de octubre de 2010.

Camino sobre una Cañada Real

Otro de los asuntos sobre los que preguntó el PSOE tiene que ver con la modificación que la familia Aznar practicó sobre una Cañada Real Segoviana. Uno de los caminos de acceso a esta casa de campo célebre por sus cacerías ha sido transformado hasta lograr la apariencia de una carretera. Fue el pasado 23 de julio cuando la Junta de Castilla-La Mancha autorizó que se realizaran mejoras en el camino. 

Camino que conduce a finca Cabañeros practicado sobre una Cañada Real

La autorización partió del Gobierno regional porque es el competente en cuestión de vías pecuarias. El pasado septiembre se abrió expediente a la propiedad de la finca al considerar que los trabajos sobre el camino se habían excedido de lo autorizado y habían afectado a la vegetación forestal sin permiso. Agricultura estudia sumarse a estas actuaciones.

Sobre este tema, Gobierno y comunidad autónoma no coinciden. El Gobierno señala que la autorización para el camino de acceso se concedió en abril de 2014. Pero traslada toda la responsabilidad al Ejecutivo de María Dolores de Cospedal (PP).

Estas cuestiones llevan ya meses en el punto de mira de las asociaciones ecologistas. Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) trasladaron el pasado noviembre a la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo en Madrid un escrito de denuncia para que se investigue a los responsables de las obras realizadas en Cabañeros.

Sobre la finca del marido de Oriol, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción también presentaron el 5 de noviembre ante la Junta de Castilla-La Mancha y el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPM), dependiente del Ministerio de Agricultura, una denuncia.

Consideran "inaudito" que se haya permitido realizar estas construcciones en Cabañeros y aseguran  proceso de autorización esté "plagado de sombras cuando no de evidentes irregularidades".

Los ecologistas dicen "echar en falta" una evaluación de impacto ambiental, así como la compatibilidad urbanística de las actuaciones y la autorización de la "ocupación de suelo público".

Las obras que se están desarrollando en los últimos meses en Finca Cabañeros, la propiedad que el marido de la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, tiene en pleno Parque Nacional de Cabañeros no sólo afectan a la rehabilitación de la mansión de Alejandro Aznar. Tal y como ha venido informando infoLibre estos días, uno de los caminos de acceso a esta casa de campo célebre por sus cacerías ha sido modificado hasta lograr la apariencia de una carretera como puede apreciarse en las imágenes que acompañan a esta información. Este hecho no pasa inadvertido en la denuncia presentada por SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción, que aporta, además, un dato relevante: "Resulta importante destacar que hasta la fecha la casa ha dispuesto de otros accesos perfectamente practicables", reza la denuncia. Es decir, que el acceso modificado por los propietarios de Finca Cabañeros no es el único que conduce a su mansión. La denuncia ha sido remitida a la Junta de Castilla-La Mancha –la finca pertenece al término municipal de Alcoba de los Montes (Ciudad Real) y al Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN)- y se han sumado otras asociaciones como Amigos de la Tierra, Greenpeace y WWF.

Fuentes conocedoras del terreno precisan que con el camino en el que se han hecho obras ya son tres los que permiten acceder a la casa de campo del naviero Alejandro Aznar. Uno de estos senderos que, según insisten las mismas fuentes son perfectamente transitables, está ubicado a "unas pocas decenas de metros" del modificado; el otro, a unos cuatro o cinco kilómetros. Finca Cabañeros ocupa unas 7.000 hectáreas de este espacio protegido de 41.000 hectáreas.

¿A qué puede deberse, pues, la pista realizada? Finca Cabañeros es muy conocida por sus cacerías. "Posiblemente han buscado la forma más recta, rápida y cómoda de que las personas que acudan a cazar accedan al interior del recinto", sostiene un miembro de las asociaciones ecologistas que conoce muy bien el parque.

Precisamente, antes de la polémica de la mansión, la finca Cabañeros había cobrado protagonismo a cuenta de la nueva Ley de Parques Nacionales que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy. Hace un par de semanas, los partidos de la oposición y las asociaciones ecologistas dejaron patente su malestar después de que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado registrase una enmienda a su propia ley para ampliar, sin límite de fecha, el poder llevar a cabo cacerías en estos espacios protegidos. La enmienda fue retirada hace una semana. Este martes, los conservadores decidieron poner plazo a las actividades permitidas en parques nacionales, incluida la caza, y establecer que estas excepciones se mantengan hasta finales de 2020 o principios de 2021. Es decir, que, si no hay modificaciones al respecto, se podrá seguir cazando dentro del Parque Nacional de Cabañeros –hay otros empresarios famosos como Alberto Alcocer y Alberto Cortina con finca en este espacio protegido– hasta dentro de siete años.

Comprobación sobre el terreno y expediente de la Junta de Castilla-La Mancha

En la denuncia presentada, a la que ha tenido acceso este diario, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción aseguran que dos técnicos de ambas asociaciones pudieron comprobar sobre el terreno que la pista se habría ejecutado, "al menos en parte, sobre una vía pecuaria, en concreto la Cañada Real Segoviana". Además, aportan más datos de esta inspección visual: "Se observa que la pista se ha realizado con un firme de grava compactada con unas dimensiones aproximadas de 4 metros de firme más otro metro adicional de cunetas a cada lado. También se observan restos de una excavación y arquetas de una conducción eléctrica". 

Fuentes del OAPN sostienen que para la elaboración de esta pista también se dio licencia de la Comisión Mixta de Gestión del Parque Nacional de Cabañeros. Fue solicitada este mismo año. Las mismas fuentes recuerdan, no obstante, que en asuntos relacionados con vías pecuarias el último responsable es la comunidad autónoma. En este caso, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Al respecto, este jueves, fuentes de la Consejería de Agricultura del Gobierno de María Dolores de Cospedal anunciaron que el pasado mes de septiembre abrieron expediente a la familia Aznar-Oriol por las obras en esta vía pecuaria. 

Según precisaron fuentes de la Consejería a Europa Press, este expediente se abrió el pasado septiembre a raíz de una denuncia de un agente medioambiental que procedió a la inspección de las obras realizadas en esta finca. La citada denuncia que está en proceso de trámite por parte de los servicios periféricos de la Consejería en Ciudad Real y que podría derivar en un expediente sancionador.

Fue en marzo cuando se solicitó autorización para realizar mejoras en el camino. Y el 23 de julio se dio el visto bueno con algunas condiciones. Tras efectuarse los trabajos, el agente medioambiental de la Junta que elevó la denuncia a los servicios periféricos de Ciudad Real detectó irregularidades como el hecho de que había afectado a la vegetación forestal sin permiso, construcciones que suponen una obra permanente y el ensanchamiento de la vía.

Una pista donde había un camino

En el escrito, las citadas asociaciones afirman que "sin duda" para realizar la pista "se han llevado a cabo labores de eliminación de la vegetación". En este sentido, precisan que "se encuentran restos [de vegetación] a ambos lados de la pista". La denuncia añade en su punto cuarto que "personas conocedoras de la zona" han informado a las asociaciones de que "donde se ha realizado la pista había previamente un estrecho camino (del ancho de un coche) con escaso uso, por lo que en diversos tramos sólo se marcaban las roderas de los neumáticos". Y concluye que "todo apunta a que la pista tiene por objeto servir de nuevo acceso a la casa de la finca que ha sido reconstruida y es, también, objeto de la presente denuncia".

"Legislación incumplida"

En los fundamentos de derecho de la denuncia, los ecologistas mantienen que las actuaciones realizadas en Finca Cabañeros se han realizado "incumpliendo la Ley de Parques Nacionales de 2007. Concretamente, citan el artículo 13, apartado 5, que reza: "El suelo objeto de la declaración de Parque Nacional no podrá ser susceptible de urbanización ni edificación, sin perjuicio de lo que determine el Plan Rector de Uso y Gestión en cuanto a las instalaciones precisas para garantizar su gestión y contribuir al mejor cumplimiento de los objetivos del Parque Nacional".

Además, citan la Ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros de 1995 en su artículo 11, apartado 2, donde figuran las sanciones muy graves. Este artículo contempla que "tendrán la consideración de infracciones muy graves: a) La construcción o remodelación de edificios u otras infraestructuras al margen de las condiciones y procedimientos previstos en la presente Ley y en los instrumentos de planificación que la desarrollen. b) La ejecución, sin la debida autorización administrativa, de obras, trabajos, tratamientos selvícolas, siembras o plantaciones en el interior del Parque. c) La alteración de las condiciones naturales del Parque Nacional o de los elementos que le son propios, mediante ocupación, roturación, corta, arranque o contaminación directa o indirecta y d) La liberación o introducción deliberada de especies ajenas a los ecosistemas del Parque".

Adicionalmente, según la denuncia, "también se podrían haber transgredido las normativas de vías pecuarias y de urbanismo de las que sería competente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Además de solicitar la paralización inmediata de las obras como medida preventiva, los ecologistas reclaman que "además de las sanciones que procedan, se imponga al infractor la obligación de reparar el daño causado y, subsidiariamente, que indemnice los daños y perjuicios que no puedan ser reparados, imponiéndose al infractor las multas coercitivas necesarias para cumplir lo ordenado, en caso de no realizar voluntariamente la reparación o indemnización expuestas.

infoLibre ha intentado contactar en varias ocasiones con la familia Aznar-Oriol, tanto a través del Círculo de empresarios como de la naviera Ibaizabal. Sin respuesta.

“El Gobierno favorece intereses de grandes propietarios de Cabañeros autorizando obras o mirando hacia otro lado”, aseguró este miércoles el portavoz de Agricultura y diputado por Toledo en el Congreso Alejandro Alonso. El PSOE denunció “el escándalo” que suponen las obras que realiza el marido de la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, en una finca ubicada en el Parque Nacional de Cabañeros, que incluye la construcción de una mansión y de las que ha dado cuenta infoLibre.

“Da la impresión de que el PP está vendiendo favores en los parques nacionales y que se están autorizando cosas ilegales a personalidades influyentes y grandes propietarios”, dijo Alonso, que fue consejero de Agricultura en Castilla-La Mancha. Los socialistas registraron en el Congreso la solicitud de comparecencia de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina y una batería de iniciativas parlamentarias para pedir explicaciones. Los socialistas solicitan los expedientes completos correspondientes a las autorizaciones de estas obras y piden, a través de preguntas escritas, detalles en cuanto a las autorizaciones dadas para las obras, y qué tipo de controles realizó el Patronato del Parque para comprobar que lo realizado estuvo en base a esas autorizaciones.