El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tuvo que corregir ante el tribunal a su confidente, el empresario y conseguidor Víctor de Aldama, durante la última jornada del caso Mascarillas. "Desde luego, el presidente del Gobierno no era el número uno", como había sostenido durante su declaración como acusado –y, por tanto, con el privilegio de poder mentir– el principal delator del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y su asesor de cabecera y presunto cómplice Koldo García. Pese a ese bulo deslizado ante la más alta instancia penal española, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Luzón defendió que su colaboración no solo merecía la atenuante propuesta por él mismo, que suavizó hasta los siete años de cárcel su acusación, sino que podría, como propuso el abogado del PP, Alberto Durán, y el propio defensor de Aldama, José Antonio Choclán, atenuarse todavía más hasta permitir la suspensión de su hipotético ingreso en prisión.

El jefe de Anticorrupción justifica esta postura por su aportación "sobre la duradera relación que mantuvo" con Ábalos y Koldo, así como otras pruebas sobre supuestos amaños de obra pública –con la escritura manuscrita del asesor, confirmada durante la instrucción del caso, o "la participación en tales amaños de Santos Cerdán León", el sucesor de Ábalos como número tres del PSOE al frente de la Secretaría de Organización del partido, "lo que era del todo desconocido para la investigación". "Se trata de manifestaciones relevantes, veraces, que se compadecen con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento", sostiene Luzón que, tras el juicio, incluyó una nueva valoración en sus conclusiones definitivas: que los audios intervenidos a Koldo sobre el reparto de obra pública "encajan plenamente con lo inicialmente declarado" por Aldama.

El trato privilegiado que la acusación pública (coincidiendo con el PP) ha dado al colaborador ha sido muy cuestionado en diversos ámbitos. Y no solo por el señalamiento –sin pruebas, en sede judicial y con posterior desmentido del fiscal– hacia Pedro Sánchez como líder de la organización criminal. También por el señalamiento contra el propio Aldama de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que lo ha colocado en la cúspide de la banda –"quien paga, manda", dijeron de él los agentes ante el plenario– y, sobre todo, por los bulos que ha ido aireando en medios especialmente contrarios al Gobierno desde su salida de prisión en noviembre de 2024 gracias al apoyo de Luzón.

Aldama ha colocado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una fiesta con prostitutas presuntamente celebrada en un piso de Madrid en una fecha en la que el ministro no estaba en la capital, sino en Canarias. También ha lanzado acusaciones contra el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ya lo ha demandado. Además, difundió fantasiosos rumores sobre supuestas cuentas de varios ministros en República Dominicana o contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al que ha atribuido una comisión obtenida por su supuesta intermediación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Todas esas afirmaciones sin sustento han suscitado en el Gobierno dudas sobre si la verdadera intención de Aldama es colaborar con la justicia o con el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo.

La decisión sobre el destino de los tres acusados –Ábalos, Koldo y Aldama– en la principal trama de corrupción surgida en el seno del Ejecutivo y del PSOE está ahora en manos de los magistrados que deberán redactar la sentencia. No es la primera vez que un arrepentido adquiere un papel central en la investigación de casos de corrupción. Tres de los más sonados, Gürtel, los papeles de Bárcenas o el caso Nóos (en el que fue condenado el exmarido de Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin) se esclarecieron gracias a figuras de este tipo. Se trata de promocionar la delación, una tendencia al alza desde hace años en el Derecho Penal español y europeo.

El exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas fue, según el Tribunal Supremo, "esencial" para destapar la trama Gürtel, el mayor caso de corrupción que ha afectado al PP y cuyas últimas piezas acaban de ser juzgadas en la Audiencia Nacional. En 2007 presentó una denuncia en la policía acompañada de 18 horas de grabaciones que hizo a escondidas a su cabecilla, Francisco Correa –para el que había trabajado y del que había sido amigo– en las que revelaba parte de sus delitos. La sentencia, que terminó haciendo caer al Gobierno de Mariano Rajoy en una moción de censura, lo condenó a cuatro años y nueve meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad, malversación y prevaricación, porque, según el tribunal, cobró sobornos y ayudó al cabecilla con sus manejos en el Ayuntamiento de Majadahonda, donde Peñas fue edil.

Sin embargo, gracias a su colaboración con la justicia, la Audiencia suspendió su ingreso en prisión mientras se tramitaba el indulto de las penas de inhabilitación que también se le impusieron y que le habrían impedido continuar trabajando como funcionario. "Su colaboración ha sido esencial para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, en lo que a él y quienes con él participaron en los mismos se refiere, tanto por la aportación de determinadas conversaciones que grabó, como por la descripción de esos hechos y partícipes, en particular en lo relativo a la actividad desarrollada por Francisco Correa", explicaba la sentencia de la Época I, en mayo de 2018. El Gobierno, finalmente, le concedió el indulto que reclamaba en octubre de 2024. Habían transcurrido 17 años desde que grabó al jefe del entramado corrupto.

De su declaración como imputado ante el entonces juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, el 15 de julio de 2013, se hizo hasta una obra de teatro. En ese acto, Luis Bárcenas aportó a la investigación sus famosos papeles con los sobresueldos que el PP abonaba a sus principales cargos y que habían sido publicados por El País en enero de ese mismo año. También hizo un relato detallado de la contabilidad b del partido del que fue gerente y luego tesorero, y de cómo con los fondos que reflejaban esas cuentas se pagó parte de la reforma de la sede central de la formación en el número 13 de la madrileña calle Génova. Otro de los aspectos que confesó y en los que había participado, fue la adquisición por el partido de acciones de Libertad Digital, una transacción por la que fue condenado en mayo de 2018 en la sentencia de la Época I del caso Gürtel. Para tratar de evitar esa confesión y robarle la documentación que mostró al juez, el Gobierno de Mariano Rajoy montó la trama de espionaje de la Operación Kitchen que se juzga estos días en la Audiencia Nacional con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz como principal acusado.

Esta colaboración le sirvió al extesorero para que la Audiencia apreciara la atenuante de confesión porque "en su declaración aportó importantes datos de cara a la investigación", pero, a diferencia de lo que pide el PP y Anticorrupción para Aldama, no se le aplicó en grado cualificado porque "fueron los registros practicados con posterioridad en las sedes de Unifica [el estudio de arquitectos que ejecutó la obra] y del PP los que aportaron datos decisivos para el completo esclarecimiento de los hechos y de la intervención de otros acusados", decía la sentencia. Anticorrupción pedía para él un total de cinco años de cárcel que el tribunal dejó en dos. La sentencia no tuvo reflejo en su situación personal, ya que Bárcenas se encontraba en prisión desde la sentencia de la Época I, en la que fue condenado a 33 años que luego el Supremo rebajó a 26 con un límite máximo de 12 años, de los que cumplió algo más de ocho. Su arrepentimiento se tuvo en cuenta para el acceso a todos los beneficios penitenciarios.

En la causa que llevó al banquillo a Cristina de Borbón y terminó con la condena de su esposo, Iñaki Urdangarin, por el llamado caso Nóos, también hubo un arrepentido. Fue Marco Antonio Tejeiro, el contable del instituto regentado por el yerno de Juan Carlos I y su socio Diego Torres (cuya esposa era la hermana del delator). Tejeiro relató al fiscal anticorrupción Pedro Horrach los negocios ilegales de Nóos y el desvío por parte de Urdangarin y su socio a sus empresas de fondos públicos adjudicados por los Gobiernos de Baleares durante la presidencia de Jaume Matas o de la Comunitat Valenciana con Francisco Camps, ambos del PP.

El confidente del caso Nóos compareció en el juicio ante la Audiencia de Baleares como imputado por los delitos de prevaricación, malversación, estafa y falsificación de documento por los que la Fiscalía le reclamaba dos años de cárcel. Finalmente, gracias a su colaboración, tanto Anticorrupción como la acusación popular del pseudosindicato ultra Manos Limpias levantaron la acusación contra él, por lo que resultó absuelto.

La última fase del juicio del caso Mascarillas ha estado rodeada de una cierta polémica en torno a la actuación de Anticorrupción. El PP –que es una de las acusaciones populares en el proceso– y sus medios afines han reclamado que la petición de prisión contra el principal confidente del caso, el empresario Víctor de Aldama, se redujera hasta el punto de permitir una eventual suspensión de la pena para que no entre en la cárcel. Esa reclamación se ha traducido en presión hacia el Ministerio Público para que mantuviera esa posición (planteada en el proceso por el PP) y en acusaciones directas a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de haber obligado al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a mantener su petición inicial de siete años de cárcel y no premiar aun más la colaboración de Aldama dando así una supuesta instrucción favorable al Gobierno de Sánchez que, sin embargo, el propio Luzón ha desmentido que existiera.

El Código Penal permite modular el castigo a los arrepentidos en recompensa a su colaboración mediante las circunstancias atenuantes. Es lo que hizo el pasado lunes el PP al reclamar que se le aplicara la atenuante analógica de confesión como "muy cualificada", dando lugar a una rebaja en su petición de penas al confidente de dos grados, lo que permitiría, en su caso, al Supremo suspender su ingreso en prisión en caso de que fuera condenado. Anticorrupción, sin embargo, mantuvo su petición inicial de siete años de cárcel con la apreciación simple de esa misma atenuante, aunque después, en su exposición oral, Luzón argumentó que en el caso de Aldama también era posible la reducción que planteaba el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo junto al resto de acusaciones populares.

Más allá de esta polémica, lo cierto es que, desde 2004, los sucesivos gobiernos, tanto socialistas como populares, han defendido que en casos de arrepentidos como el corruptor del caso Koldo, el fiscal pueda ir mucho más allá que actualmente y pueda premiar la colaboración con la suspensión del proceso contra él y su posterior archivo. El proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado por el Ejecutivo de Sánchez –el que prevé que sea el fiscal el que dirija la investigación de los delitos– que actualmente se tramita en el Congreso, mantiene esta posibilidad para los casos de "colaboración activa contra una organización criminal". Aldama está acusado de formar parte de una banda de este tipo así como de los delitos de cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. En los casos de José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, la nómina de infracciones se completa con tráfico de influencias y malversación.

"En los supuestos de delitos castigados con penas de hasta seis años de prisión o con penas de otra naturaleza, cualquiera que sea su extensión, cometidos en el seno de una organización criminal, el fiscal podrá acordar la suspensión del procedimiento", dice el primer inciso del artículo 168 del proyecto de ley orgánica. Esa suspensión puede decretarse si el colaborador abandona previamente la organización, reconoce sus delitos e impide con su actuación que se produzcan otros nuevos o, como en el caso de Aldama, cuando el confidente ayude "eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otras personas responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones criminales a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado". La colaboración del conseguidor del caso Mascarillas, ha servido, por ejemplo, para atrapar a Santos Cerdán, como han señalado en el juicio tanto el PP como el fiscal.

Para que el Ministerio Público pueda acordar esa nueva figura en caso de que, finalmente, se apruebe la ley, el confidente tiene que pagar previamente todas las indemnizaciones que se deriven de sus delitos para demostrar su arrepentimiento. La suspensión queda condicionada, además, a que el colaborador no frustre posteriormente los datos facilitados en su confesión ni vuelva a delinquir. Si cumple esas dos condiciones, transcurridos cinco años desde la suspensión del procedimiento, el confidente puede reclamar al juez del caso "el sobreseimiento del procedimiento archivado, con pleno efecto de cosa juzgada", con lo que los delitos quedarían sin condena gracias a su cooperación con los investigadores.

Esa posibilidad también fue defendida por el PP en 2013, cuando presentó su borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal elaborado por el Ministerio de Justicia que entonces dirigía Alberto Ruiz-Gallardón. Ese texto, en lugar de la suspensión (que solo se convierte en archivo cinco años después) preveía el sobreseimiento a instancias del fiscal, pero en estos casos, se exigía un pronunciamiento previo del fiscal general del Estado, que debía evaluar si la cooperación del integrante de la organización criminal había tenido la suficiente entidad como para eximirle de sus delitos. Una posibilidad similar estaba prevista en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, cuando quien ocupaba la cartera de Justicia era Francisco Caamaño.

La exposición de motivos del proyecto actualmente en trámite parlamentario recuerda que la posibilidad de que el fiscal terminara el proceso "por razones de oportunidad" ya se recogía en los textos anteriores. La futura regulación está inspirada en el derecho alemán y el portugués y, en el caso de las organizaciones criminales, se busca un supuesto ligado "a la figura del arrepentido". "Este supuesto se sujeta (...) a claros límites reglados y a condiciones que aseguran que la decisión de oportunidad solo será efectiva cuando el arrepentimiento sea real, la colaboración prestada sea activa y sustancial y siempre que las víctimas del delito cometido hayan sido debidamente resarcidas", dice el preámbulo de la futura norma procesal.

¿Hasta dónde se puede recompensar a un corrupto sin convertirlo en un agravio? ¿Cuántos beneficios se le pueden conceder sin que el mensaje contra la corrupción acabe siendo que delinquir sale gratis? La corrupción tiene un coste altísimo. El primer responsable es el corrupto, y también su entorno por no detectarlo. Se exigen responsabilidades políticas precisamente por la falta de celo, dejación o incapacidad deliberada para leer las señales —siempre las hay— y dejarles hacer hasta que es tarde. Sabemos que hace falta la prensa y el engranaje de la Justicia para destaparla. Por esa dificultad para destaparla, la reparación también es el mensaje. Se condena a los corruptos para que el siguiente sepa que pagará por lo mismo, para dejar claro que el poder no protege y nadie es impune.

El Fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón no es impermeable al debate social. Y es positivo. En su alegato final ha alabado la figura del arrepentido. Pero Aldama no encaja en ese traje. El concejal del PP José Luis Peñas llevó voluntariamente a la Policía las grabaciones que originaron el caso Gürtel. Aquel “yo le he llevado a Génova un millón de euros”, con el piano de fondo. Pudo no hacerlo y le habría cambiado la vida —probablemente para bien—. Sin embargo, lo hizo, entregó las pruebas y fue condenado a 4,9 años de prisión.

A Víctor de Aldama le detuvieron como presunto capo de una red criminal de fraude de hidrocarburos por más de 183 millones de euros, y solo así encendió un ventilador averiado. Ha confesado lo que la UCO ya tenía en la causa y, aun siendo relevante, no ha destapado la trama. Hasta el teniente coronel Antonio Balas lo señaló en su declaración del caso mascarillas. 

Pero además de no destaparla, ha utilizado su declaración para elevar el espectáculo a sabiendas de no tener pruebas ni ser cierto. El jefe de la trama no era Pedro Sánchez, como “con notable desahogo le otorga ese papel Víctor de Aldama”, ha dicho Alejandro Luzón en su informe final. Colaborar con la Justicia no es mentir a la Justicia. Si Aldama lo hace, debería tener consecuencias. El comisionista acumula una buena ristra de acusaciones falsas. Que se sepa, las que afectan a ministros y presidencia. Ángel Víctor Torres nunca estuvo en el piso con Koldo García y varias mujeres. Félix Bolaños no intentó sobornarle. Sus acusaciones a María Jesús Montero, Teresa Ribera o Reyes Maroto han servido al ruido político y mediático, no al judicial. Están pensadas para eso. Un extorsionador que sirve comida basura a la derecha y la oposición lo utiliza sin importarle lo más mínimo cuánto se puede reparar de esta corrupción mediante el castigo al trío del ministro, el asesor y el corruptor.

En la lógica de hacer oposición entra todo. Un partido como el PP, que salió del Gobierno con una moción de censura por la Gürtel y tiene el caso Kitchen en la otra pantalla, no puede permitirse pedir menos pena para un corrupto. La dirección letrada del PP en el caso Ábalos debería centrarse en exigir una pena ejemplarizante para toda la trama, no en facilitar beneficios a quien corrompió un Gobierno. No es ejemplarizante, ni debería salir gratis. Porque mientras clama contra Delcy Rodríguez, ensalza al corruptor que la trajo a España y tenía negocios con su entorno mucho antes de que Ábalos fuera ministro, según la UCO y el propio comisionista. El papel del PP no es salvar a Aldama por más que le resulte útil para desgastar a Sánchez. La causa ya es suficientemente grave para exigir responsabilidades y presionar en el juicio, antes que premiarlo con libertad y halagos. 

Si Aldama sigue paseándose por los platós y es capaz de mentir en el Tribunal Supremo es porque, desde la instrucción, se lo permiten. Desde que salió de prisión, Víctor de Aldama no se ha arrepentido. Su estrategia ha sido declararle la guerra a Pedro Sánchez desde el momento en que fue detenido. Le iba a meter en la cárcel, amenazaba, escoltado por el extorsionador de Desokupa. 

La corrupción política —la de los contratos públicos y sus mordidas— es líquida. Deja poca prueba, cuesta seguir el rastro del dinero y ni siquiera la UCO logra siempre reconstruirlo. Ha ocurrido en Lezo, en Púnica y también en el caso mascarillas. De este último sabemos que Aldama se embolsó 5,5 millones en lo peor de la pandemia, repartió sobres en efectivo para engrasar a la pareja Ábalos-Koldo y lo intentó en decenas de ocasiones con otras administraciones que le dieron portazo. ¿Qué mensaje se lanza si su condena acaba siendo similar a la del concejal Peñas, quien denunció pudiendo callar?

Se puede —y se debe— rebajar la pena a quien admite los delitos. El límite está en la proporcionalidad y medir el mensaje. Porque la lucha contra la corrupción también pasa por la amenaza del Código Penal. En eso consiste la Justicia, en temerla. Aldama, el corruptor protegido, encarna la peor mutación de los corruptores. Convertido en el protagonista de un Sálvame ultra, violento y agresivo, que puede mentir sin consecuencias y amedrentar con impunidad. Arropado en los platós, cuidado en la causa por una confesión que no ha sido tal y ensalzado por la derecha como el héroe contra el villano Sánchez. La mutación corrupta alentada por el partido para quien Aldama pide en público el voto. Solo por eso deberían de apartarse y no premiarle. 

La Fiscalía Anticorrupción ha ratificado este lunes sus peticiones de 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos, 19 años y medio para su exasesor Koldo García, y 7 años para el comisionista Víctor de Aldama por la presunta trama de amaños en contratos de mascarillas a cambio de comisiones.

El fiscal jefe Alejandro Luzón ha anunciado ligeros cambios en sus conclusiones definitivas, que no afectan a las penas de cárcel que solicita para ninguno de los tres acusados, mientras que el PP, que lidera las acusaciones populares, sí ha solicitado rebajar la condena a Aldama al considerar "muy cualificada" la atenuante de confesión por colaborar con la Justicia.

Una rebaja para el comisionista que finalmente la Fiscalía no ha considerado. Su petición inicial, de 7 años, se mantiene al final del juicio en el Tribunal Supremo tras un proceso de decisión interno en el Ministerio Público, en el que puede haber conversaciones pero no ha habido órdenes o presiones, según fuentes fiscales.

Las fuentes se referían así a algunas informaciones que apuntaban a una orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para evitar la aplicación de esta atenuante muy cualificada.

El PP sí ha visto en cambio en la confesión de Aldama —que dijo haber pagado comisiones millonarias al exministro y al exasesor— motivo suficiente para aplicar una circunstancia atenuante muy cualificada de confesión y reducir su condena en dos grados, lo que dejaría su petición en alrededor de 5 años y dos meses.

Las acusaciones populares que lidera el PP han solicitado además que el tribunal imponga menos de dos años de cárcel por cada uno de los delitos que atribuyen a Aldama, lo que evitaría que ingrese en prisión. Una conclusión con la que ha estado de acuerdo el abogado del comisionista, que también ha pedido que sus condenas no superen los dos años por cada uno de los delitos "asumidos", y ha mostrado su "discrepancia" con la "intensidad" de la atenuación contemplada por la Fiscalía.

Por su parte, las defensas de Ábalos y Koldo García han elevado a definitivas sus conclusiones, en las que piden la absolución para ambos. Acusaciones y defensas han expuesto así sus conclusiones tras una farragosa escucha de audios que poco se han entendido y otras pruebas documentales.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exnovia, Jésica Rodríguez, y su familia disfrutaron de determinados inmuebles con absoluto desconocimiento por parte del exmiembro del Gobierno de que los sufragara el conseguidor de la trama corrupta del caso Koldo, Víctor de Aldama, a través de sus socios y conocidos. Así lo ha sostenido el ex miembro del Gobierno y ex número tres del PSOE durante su declaración como acusado y sin obligación de decir la verdad. A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, Ábalos ha asegurado que la decisión de adjudicar contratos para la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión procedió directamente de la subsecretaría del ministerio. "Yo solo daba la orden política de que se contratara pero no me he metido jamás en la contratación, no miraba ninguna oferta", ha declarado. "Mi única obsesión es que tuviéramos equipos de protección ya", ha añadido. El exministro, además, ha sugerido que su excompañera Jésica pudo actuar coaccionada en su declaración como testigo: "Se inculpa porque le han dicho que no le va a pasar nada".

En su declaración del pasado miércoles, Aldama aseguró que fue Koldo García, la mano derecha del ministro, el que le encargó que entablara relaciones con contratistas del ministerio para obtener mordidas en efectivo que, como dijo sin aportar prueba alguna, servirían para financiar al PSOE. Para ello, el principal asesor de Ábalos y el conseguidor y número uno del entramado, habrían establecido un sistema de pagos y atenciones al ministro. Una de esas compensaciones en especie sería el pago de un alquiler a la novia de Ábalos, Jésica Rodríguez, en la Torre de Madrid, el edificio emblemático de la plaza de España. El otro era la puesta a su disposición como una garantía de los supuestos pagos procedentes de las constructoras de obra pública de un piso en la Castellana propiedad del propio Aldama. El de la plaza de España lo sufragó también uno de sus socios, Alberto Escolano.

Ábalos ha asegurado que su relación con Jésica iba en serio y que ambos buscaban "un espacio compartido" porque tenía la esperanza de que "esa relación prosperara". Fue entonces cuando Aldama ofreció la posibilidad de que firmar un contrato de alquiler con opción a compra del piso de la Castellana. El exministro llegó a rubricar ese contrato, pero asegura que no pudieron trasladarse porque estaba ocupado por otros inquilinos que no lo abandonaron hasta 2022. Ante esa inconveniencia, decidieron buscar una solución alternativa y provisional para Jésica. Es así como la entonces pareja del ministro entró a vivir en el apartamento de la Torre de Madrid, donde permaneció hasta 2022. Ábalos ha declarado que fue su asesor, Koldo, el que se ocupó de todo y que pensaba que quién pagaba al piso, no tenía nada que ver con Aldama. "Nunca tuve llaves de ese apartamento ni pernocté en él", ha asegurado.

El principal acusado y exmiembro del Gobierno ha puesto en duda el testimonio de Jésica y ha llegado a plantear que su declaración como testigo en el juicio pudo ser fruto de coacciones. "A uno no le parece bien verla sufrir así, verla comparecer aquí diciendo lo que tuvo que decir", ha declarado Ábalos. "Dijo que no iba a trabajar sin que nadie se lo preguntara; que había elegido el apartamento [de plaza de España] motu proprio; que no conocía al señor Aldama cuando yo la conocí por él", ha añadido. "Ella no puede inculparse de algo si previamente no se le ha dicho que no le va a pasar nada. Nadie dice que no va a trabajar cuando se ha preocupado por fichar todos los días tanto en INECO como Tragsatec", las empresas públicas dependientes del ministerio en las que, según la investigación, fue colocada Rodríguez por intermediación de Ábalos y Koldo.

Es en torno a esos trabajos y a si Jésica Rodríguez fue o no a trabajar, donde el exministro y ex secretario de Organización ha mostrado una mayor desmemoria. Negó que fuera idea suya que trabajara en INECO –"ni se me ocurrió", ha dicho–, que le pareció bien que encontrara un empleo pero pensaba en empresas del sector privado y no en una de las públicas del ministerio. El exministro ha declarado que lo único que hizo fue pasar el currículum a Koldo y que no hizo ninguna llamada en favor de su entonces compañera. Respecto a su paso posterior a Tragsatec, se ha remitido a un informe de la propia compañía que, dijo, asegura que consiguió legalmente a través de un proceso de selección. Sin embargo, ha negado que conociera que su novia, en realidad, no trabajara. Tenía un ordenador y pensaba que lo hacía a distancia por razón de la pandemia. En cualquier caso aseguró que no recordaba haber hablado de estos asuntos con ella porque a él no le parecían interesantes.

Otro de los inmuebles que se puso a disposición al ministro fue un chalé de la lujosa urbanización de La Alcaidesa, en Cádiz. Según el escrito de acusación, se trataría de una compensación de la empresaria Carmen Pano, también cercana a Aldama, por las supuestas gestiones para que Villafuel, una de sus empresas, obtuviera la licencia de operador de hidrocarburos con la intermediación de Ábalos y Koldo. El exministro aseguró que buscaba una vivienda de alquiler para que él y su familia pasaran el verano y luego, en caso de que les gustara, adquirirla. "Como hizo siempre en estos casos, Koldo recurrió a Aldama para que le asesorara", ha declarado. "Me dijeron que era de una sociedad que no se dedicaba a nada que tuviera que ver con el ministerio", ha añadido. "¿Por qué escoge un chalé en venta en lugar de uno en alquiler si era para pasar el verano?", le ha preguntado el fiscal. "La propuesta no salió de mí, pero alguien puede intentar vender y aceptar un alquiler con opción a compra", ha asegurado. "Fue un alquiler real, nada simulado", ha añadido.

Respecto del contrato de adquisición de ocho millones de mascarillas por su departamento (y otro posterior de cinco millones) adjudicado a dedo a otra de las empresas relacionadas con Aldama, Soluciones de Gestión, en los primeros días de la pandemia, Ábalos ha asegurado que todo el proceso fue diseñado por la subsecretaría del ministerio, el órgano que se encarga de la gestión económica. "Yo daba la orden política", ha señalado, pero después, ha añadido, no decía con quien había que contratar. Según el exministro, su entonces compañero y ministro de Sanidad, Salvador Illa, le advirtió previamente de que tuviera mucho cuidado porque "hay mucha estafa". Soluciones de Gestión, según el exministro, tenía la ventaja de que era la propia empresa la que adelantaba el dinero con lo que asumía el riesgo.

"Todo el mundo sabe que buscábamos un proveedor; era un privilegio tenerlo", ha declarado detallando el nivel de angustia del momento y la perentoria necesidad de material sanitario en plena carencia. "Al menos pudimos traer las mascarillas y a un precio inferior a la media del momento", ha proseguido. "Mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya". "El riesgo económico lo asumió el proveedor", "no me pasaron ninguna otra oferta", ha proseguido. "No me he metido jamás en nada de contratación salvo el objeto del contrato", es decir, que él decidía que se adquiriese el material sin entrar a valorar o fiscalizar a quién se le compraba. Respecto al papel del Aldama, el exministro ha concedido que es probable que conociera la situación de extrema necesidad por su relación con Koldo. "Uno, en ese momento, lo interpreta como una ayuda", ha declarado. "La preselección de ofertas se podía hacer y era legal", ha añadido.

Otro de los hechos por los que supuestamente Aldama remuneró ilegalmente a Ábalos fue la ayuda del exministro para el rescate de Air Europa, compañía de la que el conseguidor era asesor. El ministerio transmitió en agosto de 2020 a varios medios su posición favorable al rescate de la compañía aérea, lo que la trama habría recompensado con una estancia en un chalé vacacional en Marbella (Málaga). Ábalos justificó esa intervención y el rescate de la aerolínea porque "un Gobierno tiene que atender las necesidades de las empresas estratégicas". Air Europa era, según ha recordado, "la única compañía de bandera española que teníamos", que había pasado con el estallido de la pandemia de valer 1.000 millones de euros a cero. El exministro de Transportes ha manifestado que la idea de contar a algunos medios la posición del ministerio favorable al rescate surgió del secretario de Estado, Pedro Saura, y que él no se opuso.

Ábalos ha rechazado responder a las preguntas de las acusaciones populares y del defensor de Aldama, pero sí ha permitido el interrogatorio de la abogada de Koldo y por supuesto al suyo. Cuando ha tocado el turno a su defensa, se ha quejado de una suerte de conspiración en su contra de la UCO con filtraciones a determinados medios. Una de ellas sobre un supuesto chalé que tendría en Perú valorado en un millón y medio de euros que en realidad valía 700 y era un centro social. También ha acusado a los agentes de llevarse una memoria USB con los vídeos del comité federal que terminó con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general en 2017 publicado recientemente. Ábalos ha asegurado que solo él y el presidente tenían esas imágenes. También se ha quejado de que se publicara un pantallazo de una conversación suya con el jefe del Ejecutivo. "No sé qué tiene que ver con la causa", ha dicho. Por último, ha rechazado que recibiera ningún pago directo o indirecto de Aldama. "Coincido con él en que nunca fue amigo mío, siempre mantuvo una cierta distancia; en que le gustaba alardear de tener cierto acceso".

El empresario Víctor de Aldama presentó el pasado miércoles a Koldo García Izaguirre como el gran muñidor de la trama de corrupción que supuestamente urdieron entre los dos junto al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Pero este jueves, durante su declaración como acusado, la mano derecha de Ábalos ha rechazado tajantemente haber recibido un solo euro del confidente que destapó la supuesta organización corrupta a la Fiscalía Anticorrupción. Solo ha reconocido el adelanto de un tratamiento de fertilidad para su pareja que luego le devolvió en tres plazos. Koldo ha admitido que recibió miles de euros del PSOE en anticipos para gastos al ser el asistente del número tres de la formación y que parte de ese dinero le llegaba en "chistorras", es decir, en billetes de 500 euros, algo que el partido niega.

Koldo se ha mostrado ante el juez como un abnegado asistente que trataba de anticiparse a las gestiones –no solo profesionales, también personales– de un ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE desbordado y agotado por el trabajo. Alguien que organizaba reuniones cuando se lo pedían, facilitaba salvoconductos durante la pandemia y solucionaba problemas, pero también que se encargaba de abonar la pensión del hijo del ministro después de su separación; de encontrar un chalé en Cádiz para las vacaciones del mandatario; de buscar una casa de alquiler para su nueva pareja, Jésica Rodríguez; o de ayudarla (a ella y a otra mujer relacionada con Ábalos) a encontrar trabajo en las empresas del grupo haciendo llegar sus currículos a cargos del ministerio o acompañándolas a las entrevistas, pero sin hacerse valer como alguien muy cercano al ministro.

El que fuera chófer de Ábalos antes de que el PSOE llegara al Gobierno y después su asesor principal ha reconocido que llegó a mantener una relación de "amistad" con Aldama, pero ha negado los pagos que este había relatado la víspera y las diferentes formas en que se produjeron. Ha rechazado con un parco "no", por ejemplo, que recibiera 10.000 euros al mes de Aldama, y ha asegurado que las anotaciones con esa cifra que aparecieron en el registro de su domicilio en 2024 podrían corresponder a negocios que estaba tratando de poner en marcha en Latinoamérica. También negó que Aldama le comprara una moto o un coche, como había dicho el conseguidor de la trama la víspera. Solo admitió que este le pagara un tratamiento de inseminación artificial para su pareja, Patricia Uriz, de unos 6.000 euros, que Aldama abonó con su tarjeta de crédito. Pero Koldo ha asegurado que se lo devolvió en tres pagos posteriores.

Aldama aseguró el miércoles que uno de los desembolsos que hizo a favor de Koldo y Ábalos consistió en el alquiler de un piso en la Torre de Madrid de la plaza de España para la nueva pareja del ministro, Jésica Rodríguez, que abonó uno de sus socios. Koldo, sin embargo, se ha desentendido totalmente de esa versión y ha asegurado que el ministro y su compañera tenían previsto alquilar un inmueble –propiedad de Aldama– en el paseo de la Castellana. Como estaba ocupado por otros inquilinos y hasta que se desocupara, el socio de Aldama se ofreció a facilitarles de manera provisional y por poco tiempo el piso de la Torre, que, según dijo Koldo que le contaron, lo había alquilado para celebrar encuentros de empresarios. El asesor del ministro no consiguió explicar por qué Jésica exigía que el arrendamiento durara al menos "doce meses". Tampoco por qué, tras una queja de la pareja de Ábalos, compró una nevera para la casa cuya factura pasó después al socio de Aldama.

Según las acusaciones, Jésica, además del piso, obtuvo un contrato en Ineco, la empresa pública de ingeniería adscrita al ministerio, un trabajo al que, sin embargo, jamás asistió. Koldo ha admitido este jueves que la única gestión que hizo por ella fue enviar su currículum a Isabel Pardo de Vera y que luego la acompañó a la entrevista que tuvo que hacer. Pero ha asegurado que la dejó en la puerta el edificio donde tuvo lugar el encuentro y que no intercedió por ella. Koldo y su hermano Joseba, ha declarado el primero, ayudaban a Jésica a redactar los partes que justificaban su jornada laboral, pero no para falsificarlos, ha declarado. La mano derecha de Ábalos ha dicho que él creía que la pareja de su jefe "teletrabajaba". Lo mismo con otra de las mujeres a las que colocaron, Claudia Montes. Ábalos le pidió que la ayudara y él encargó a los servicios del ministerio que recortaran la foto que acompañaba a su currículum al considerarla demasiado provocativa. Después se lo mandó a Isaías Taboada, el presidente de Renfe.

Otro de los supuestos pagos del entorno de Aldama al ministro fue una casa en la lujosa urbanización de La Alcaidesa, en Cádiz. Anticorrupción y Aldama sostienen que socios de este último la adquirieron para regalársela a Ábalos tras las gestiones de Koldo para conseguir que se le concediera a su empresa –Villafuel– la licencia de operador de hidrocarburos. Koldo ha admitido que fue él quien buscó la casa para Ábalos, pero que lo hizo para ayudarle a preparar sus vacaciones. Donde no ha parecido muy creíble es al explicar por qué eligieron entre los dos finalmente una casa en venta y no en alquiler. "¿Es que alguien la debía comprar para luego alquilársela?", le ha preguntado el fiscal, que no ha obtenido una respuesta concreta. Koldo ha asegurado, además, que desconocía que los que adquirieron el inmueble fueran los propietarios de Villafuel. Tras su salida del ministerio, los propietarios mandaron un burofax a Ábalos reclamando por el impago de dos meses y Koldo se queja a Aldama diciéndole que "esto es la hostia". El asesor ha asegurado ante el tribunal que lo dijo porque le molestó que enviaran un burofax en lugar de arreglarlo con una conversación informal.

Gran parte de la declaración de Koldo ha versado sobre las grandes cantidades de dinero que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, manejaba, y que las acusaciones atribuyen a los pagos de Aldama. El antiguo asesor ha decidido –en ejercicio de su derecho como acusado– no responder sobre esto al fiscal y hacerlo únicamente a preguntas de su abogada. Al contrario que en su declaración durante la instrucción del caso, esta vez Koldo sí ha concedido lo que afirmaba la UCO, que cuando en sus conversaciones hablaba de "chistorras", se refería a billetes de 500 euros. Pero ha rechazado tajantemente que procedieran de Aldama y ha asegurado que ese término lo pudo utilizar para los adelantos para gastos que recibió del PSOE como asistente del secretario de Organización –el partido niega que en sus pagos en efectivo a empleados y militantes utilice esos billetes–, las rentas recibidas de los inquilinos de sus pisos de alquiler turístico en Benidorm o los favores que le pedían agentes de la Guardia Civil años atrás para que les cambiara los billetes con los que el cuerpo sufragaba los gastos de sus operaciones.

Koldo ha afirmado que el PSOE le llegó a facilitar anticipos de hasta 12.000 euros en efectivo –parte de ellos en "chistorras"– que él guardaba en su casa y que servían para abonar actos y campañas. "En una campaña hay que pagar las dietas de desayuno, comida y cena, el alojamiento de todo el personal, la furgoneta... Todo en efectivo", ha dicho. Luego todo eso se justificaba con tiques y recibos ante la organización. Koldo ha desmentido que tuviera ningún tipo de relación con Pedro Sánchez y que todas las vías de comunicación con él se cortaron tras su designación como presidente del Gobierno. También ha rechazado que el partido cobrara de los contratistas de Transportes: "El PSOE no coge dinero de nadie", ha dicho.

Encontramos en Víctor de Aldama todo un rosario de paradojas y contradicciones. Por ejemplo, en ese apellido suyo de aparente abolengo que contrasta con su deje macarra. Aldama se expresa sustituyendo las eses por ges (egque) o terminando las frases con un castizo “¿vale?”, o incurriendo en frecuentes síncopas (dao, quitao, llamao). Al traje, el pañuelo, los gemelos y la eventual corbata, el convicto añade unas pulseritas variadas de esas que nos dan a los cincuentones un aire canallita. Nos cuenta que su oficina está en la calle más pija de Madrid, Alfonso XII, frente al Retiro, más propia de un notario o un noble que de un mísero comisionista que llevaba el dinero a sus amigos en humildes bolsas de Carrefour, pero, eso sí, en rimbombante mochila Montblanc.

Aldama desea destruir a sus recientes compañeros de (presuntas) fechorías porque ha negociado su propia libertad a cambio de delatarlos y tirar de la manta. Sin embargo les trata sistemáticamente con respeto de mafioso. “El señor Ábalos” o “el señor ministro”, dice. Aunque sea para contar luego que había que contar con “algunas señoritas” para presentárselas al “Sr. Abalos”. “Lag pago yo a esas señoritas”, dice. Su relato suena sistemáticamente obsequioso y victimista: “a mí se me pide”, “se me dice”, “se me ordena”.

No es cierto que al escucharle uno se quede con la idea de que no tiene pruebas. Eso depende de cuál sea el objeto de la pesquisa. Tras ocho horas de declaración (esa sí es una paradoja grave, que el mismísimo Tribunal Supremo admita ocho horas de interrogatorio en su inmensa mayor parte irrelevante), queda bastante claro que el delincuente conoce las direcciones de los puticlubs y los restaurantes, los ascensores del ministerio, los caprichos del “señor Ábalos” y las costumbres de Koldo (a este le priva del “don” o del “señor”).

Sin embargo, tras el largo interrogatorio, en el que Aldama se va y vuelve y vuelve y se va sin que nadie le llame a la cuestión, también queda claro que no puede demostrar la connivencia del presidente del Gobierno. Más bien, precisamente por no aportar prueba alguna, constata que “el Uno” no sabía nada (nos revela, eso sí, gran descubrimiento, que Sánchez era el Uno y Ábalos el Dos).

Todo esto sería el enésimo sainete castizo, objeto de un esperpento valleinclanesco, si no fuera asqueroso. Ahí tenemos esa solemne sala de juicios, con esos entelados rojos viejunos; a esos magistrados y letrados y policías y testigos y acusados escuchando las acusaciones de Aldama durante toda una jornada laboral, para permitir que los medios y pseudomedios de siempre sigan esparciendo bulos y suposiciones sobre el presidente y alguno de sus ministros. Vuelve uno a preguntarse por qué la paradoja de que estemos asistiendo a este espectáculo de telebasura casi inmediatamente después de cometidos los supuestos delitos, mientras otros casos más truculentos tardan en juzgarse más de una década o se aplazan sin aparente motivo.  

En fin, que el PP y Vox y sus corifeos y cómplices, desde los alvises y los quiles a los desokupas, los abogados cristianos, los fachas con toga y toda la carcundia que les acompaña, creyeron encontrar en Aldama a su garganta profunda. Cada una de esas ocho horas de testimonio, sin embargo, iba confirmando que (presuntamente) Ábalos y Koldo eran dos pillos muy pillos, o dos corruptos de tomo y lomo, quizá. Pero con todo lo doloroso que resulte que el ministro de Transportes y secretario de Organización del partido socialista se haya corrompido, el comisionista no aportaba la más mínima prueba de responsabilidad del presidente del Gobierno ni del Partido Socialista. Resultaba paradójica también la generosidad del Tribunal permitiendo que Aldama acusara sin prueba alguna a Sánchez, teniendo en cuenta lo exigente que se puso el que instruyó el caso Kitchen, por ejemplo, dejando a M. Rajoy fuera de su interrogatorio.

El resultado es positivo para el Gobierno y es trágico para el PP, aunque crea lo contrario. Si un delincuente llega a un acuerdo con la Fiscalía para descubrir un caso de corrupción mucho mayor del que ya conocemos y que implicaría al presidente del Gobierno y a otras autoridades, y tras su declaración no puede aportar ni una sola prueba, quien sale indemne y victorioso (y una vez más víctima de los desafueros de las derechas vociferantes) se llama Pedro Sánchez. Y así pasan los días, con un Feijóo y un PP cada vez más desnortados.

Víctor de Aldama, el empresario, conseguidor y confidente de la Fiscalía en el caso Koldo no ha dejado la oportunidad de meter su titular durante su declaración como imputado –con derecho a mentir o al menos a no sufrir consecuencias por ello– en el Tribunal Supremo. La pregunta del fiscal Alejandro Luzón, era muy concreta y se refería a sus gestiones con Koldo García y varios ministerios para lograr la licencia de operador en el mercado de Hidrocarburos para Villafuel, una de las empresas de su entorno. Pero Aldama se ha salido del guión y, sin que el presidente le interrumpiera, ha detallado la que, en su opinión, es la jerarquía de la organización criminal que se juzga. "El señor presidente del Gobierno está en el escalafón en el número uno, Ábalos, en el dos; Koldo en el tres y yo en el cuatro", ha dicho. Y lo ha remachado asegurando que Pedro Sánchez estaba al tanto de todo, pero sin dar una prueba que lo demuestre. El pasado lunes, el jefe de la UCO, Antonio Balas, había puesto a Aldama en la cúspide de la banda corrupta.

La declaración más esperada del juicio, la del cooperador de los investigadores que logró supuestamente tener a su sueldo a uno de los ministros con mayor presupuesto, el de Transportes, y a su principal asesor para alcanzar un acceso que jamás habría logrado por sí solo, se ha extendido durante más de siete horas. Durante su interrogatorio inicial por el Ministerio Público –que apoyó su salida de prisión provisional tras comprometerse a confesar y colaborar–, Aldama se ha explayado en su relato, que ya mostró ante el instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente, y ha asegurado que fue Koldo García, la mano derecha del exministro José Luis Ábalos, quien le propuso convertirse en intermediario con contratistas habituales de ese ministerio para obtener mordidas que irían destinadas, ha afirmado, a la financiación del PSOE. El arrepentido ha llegado a sugerir que el asesor mandaba más que el ministro con el que trabajaba y que tenía la plena confianza de Sánchez.

El conseguidor de la trama y ahora confidente judicial ha fijado el inicio de las mordidas pagadas por contratistas en febrero de 2019. "Koldo me dice que me va a presentar a constructoras que trabajan para el ministerio", ha declarado. "Queremos ver cómo ayudarles para que ellos se lleven las licitaciones y que nosotros podamos tener un rendimiento que a nosotros nos viene bien para la financiación del partido", ha continuado. "Koldo me explica que esto no se puede facturar y que hay que pagarlo en efectivo. Entendí que estábamos haciendo algo ilegal con lo que no me sentía del todo cómodo, pero tampoco incómodo", ha continuado. Recurrieron a él como intermediario, según su relato, porque no querían exponerse. "Necesitaban un empresario que pudiera tener reuniones en el sector y conozca las constructoras para ver con quién pueden hablar de esto y con quién no", ha proseguido. "Eran contratos con licitaciones millonarias; no podía ser que cualquier persona hablara con los delegados de esas empresas", ha añadido.

Aldama ha asegurado que fue Koldo quién le dijo cómo tenía que hacerse. "Que te digan a qué licitación [contrato de obra pública] quieren ir y que te den tres licitaciones. En una quedarán fuera por baja temeraria, en otra, a mitad de la tabla, y el la tercera, en cabeza para ganarla", ha detallado que le dijeron. Hasta que empezaron a caer las supuestas mordidas de las empresas, Aldama, según ha declarado, estuvo "sembrando para poder ganarse la confianza de ellos". Asegura que abonó un tratamiento de fertilidad para la pareja de Koldo o una moto para este último y un coche para su hermano Joseba.

Esa no fue la única gestión que, según la versión de Aldama –que mantiene sin aportar pruebas–, prestó a Koldo y a Ábalos para financiar al partido. Tras la proclamación de Juan Guaidó en enero de 2019 como presidente interino de Venezuela y su reconocimiento por España, Koldo y Ábalos le extendieron una carta con el membrete del Ministerio de Transportes en la que lo designaban como "enlace" con el nuevo mandatario para mostrarle toda la colaboración de la Administración española y del conjunto del Gobierno. Aldama ha asegurado que mostró sus reservas a Ábalos, al que dijo que se sentía "incómodo" con la misión y preguntó por qué no se encargaba a la ministra de Asuntos Exteriores, por entonces Arancha González Laya. El conseguidor ha asegurado que el ministro le respondió: "Si mandamos a esa inútil a Venezuela nos quedamos sin negocio".

En su encuentro con Guaidó, siempre según Aldama, el presidente interino le aseguró que tenía el control de Citgo, una empresa perteneciente a Petróleos de Venzuela (PDVSA) que opera en EEUU, y de una refinería de la petrolera venezolana en Cartagena de Indias. También le ofreció, ha asegurado, cupos de petróleo a cambio de un apoyo explícito de España a su presidencia. Después hubo supuestamente una reunión entre representantes del Gobierno interino de Caracas, ha declarado, en la sede del PSOE en la que, según su versión, se habló de "montar una estructura" para que esos cupos "se conviertan en dinero que pueda ser transferido" y sirvieran a la financiación del PSOE y la Internacional Socialista. Según el conseguidor, el resultado de esas gestiones fueron unas declaraciones de Pedro Sánchez en el Congreso en apoyo y reconocimiento de Guaidó.

Es de esa manera que Aldama intensifica supuestamente su interlocución con Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta del otro Gobierno venezolano, el de Nicolás Maduro, y ahora su sucesora. El Ejecutivo bolivariano estaba quejándose del apoyo español a Guaidó y, según el arrepentido, el Gobierno español optó entonces por arreglar la situación con las autoridades de Maduro. Aldama ha declarado ante el Supremo sin aportar pruebas que Rodríguez se comprometió con él a mantener los acuerdos sobre los cupos de petróleo que había pactado previamente con el presidente interino.

Además de los pagos en metálico procedentes de las contratistas, Koldo y Ábalos reclamaron a Aldama, según ha declarado, que les cubriera una serie de gastos como "entregas del exministro a su exmujer, los niños, el colegio...". El conseguidor se compromete a pagar mensualmente 10.000 euros, un desembolso procedente de su patrimonio y el de sus sociedades y que sostiene desde 2019 hasta mediados de 2022, según ha asegurado ante el tribunal. "Era algo simbólico, una cantidad menor en comparación con todo lo que se ha dado", ha afirmado el acusado.

Aldama ha relatado cómo desde el momento en que empezó a fluir el efectivo desde las contratistas comienza a hacer entregas a Ábalos. A veces en el ministerio, otras en su propio domicilio en el barrio madrileño de El Viso. Las cantidades van de 40.000 a 250.000 euros y, dependiendo de la cantidad de billetes, opta por llevarlos en sobres o en una bolsa de la compra metida en una mochila. "Dejaba el dinero encima de la mesa y el ministro lo guardaba en un cajón", ha declarado. También que el extitular de Transportes y ex número tres del PSOE se sentía "incómodo" en esas situaciones.

Las entregas de mordidas no eran regulares. Estaban sujetas a las adjudicaciones de los contratos de obras y Koldo, según Aldama, le transmite que eso pone nervioso al ministro. Para lograr la tranquilidad de Ábalos hizo que buscaran una solución. "Tengo un piso en el paseo de la Castellana, se lo ponemos al ministro como una especie de garantía y que se sienta a gusto. En caso de que no cumpla, que se lo quede", dice Aldama que propuso a Koldo. La operación se formalizó con un contrato simulado de alquiler con opción a compra. Pero los problemas del entramado no dejaban de crecer. Obtener efectivo de las contratistas era cada vez más difícil y el conseguidor propone pagar mediante transferencia.

"Es así como se pone encima de mi mesa pagar el piso de Jésica", la pareja de Ábalos. "Koldo me dice que, como hay que pagar por transferencia, el jefe ha conocido a una persona y que esa persona necesita un piso y que la ayudemos a buscarlo y a pagarlo", ha declarado. Es el socio de Aldama, Alberto Escolano, el que se encarga de las gestiones y los pagos del inmueble alquilado en la Torre de Madrid, el edificio más emblemático de la Plaza de España. "¿Por qué no lo paga usted?", le ha preguntado el fiscal. "Estamos hablando de una relación extramatrimonial y yo tenía miedo de que saltara a la prensa", ha respondido. "Yo veía cosas de Ábalos con señoritas en las que no ponía nada de cuidado. No quería que manchara a mis empresas o que provocara problemas con mi mujer".

El empresario Víctor de Aldama ha acusado este miércoles en el Tribunal Supremo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el "escalafón 1" de la "banda organizada" a la que ha dicho pertenecer, seguido del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.

Y a este último le ha dado especial importancia al aseverar que ministros le cogían el teléfono porque sabían que "era una persona de Pedro Sánchez" y que el propio Koldo García le dijo que, como Sánchez no le pudo "colocar en la Moncloa", le colocó "a instancias de Santos Cerdán" en el Ministerio de Transportes.

Víctor de Aldama está protagonizando una extensa declaración en el juicio en el que se sienta en el banquillo junto a Ábalos y Koldo por presuntos amaños en contratos de mascarillas a cambio de mordidas, y en la que ha afirmado que pagó regularmente comisiones a ambos.

Durante un momento de la declaración centrado en otro tema -una licencia de hidrocarburos a una empresa-, Aldama ha sacado a colación las "jerarquías" de las que se "ha hablado mucho" en el juicio, en alusión a la tesis de los investigadores de la Guardia Civil que situaron al comisionista como quien "manda" en la presunta organización criminal. "El que paga manda", dijo uno de ellos.

Aldama, que ha reconocido estar en esa supuesta "banda organizada" o "criminal" de la que hablaron los agentes, ha querido dejar "una cosa clara".

"El señor presidente Pedro Sánchez está en el escalafón 1; el señor Ábalos en el escalafón 2 porque es el que daba y otorgaba", ha señalado, y ha ubicado a Koldo García en el puesto número tres y ya a él en el cuarto.

El comisionista, que se avino a colaborar con la Fiscalía mientras estaba en prisión provisional por un fraude millonario en hidrocarburos por el que está investigado en la Audiencia Nacional, ha reiterado que a él se le dijo que "todo lo sabía el presidente", y que el propio Sánchez también se lo transmitió en un mitín del PSOE en Madrid en 2019, cuando le dio las gracias por lo que estaba haciendo.

Y ha vuelto a destacar una vez más la fluidez en el trato de Koldo García hacia el presidente del Gobierno, a quien llamaba "Pedro y no presidente".

Aldama, que busca apuntalar su colaboración para rebajar la petición de 7 años de cárcel del fiscal y no entrar en prisión, también ha hablado de los pagos que se le atribuyen al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba -investigado en la parte del caso que se sigue en la Audiencia Nacional-.

Eran pagos de 2.000 euros mensuales, pero ha precisado que eran para paliar la deficiencias que tenía la unidad en la que el agente trabajaba, la UCE 2 dedicada a la lucha contra el terrorismo yihadista.

A cambio, la UCE 2 les facilitó teléfonos desechables -que no encriptados, ha dicho- tanto para él como para Koldo García y otras personas y a los que aludían en clave en términos de "café". De todo ello tenían conocimiento tanto el teniente coronel de esa unidad y el general, que también sabían que Aldama les regaló un dron.

Aldama está declarando en el juicio que se sigue contra él, Ábalos y el exasesor de este Koldo García y ha señalado que desde 2019 a 2022 entregaba a los otros dos acusados 10.000 euros en efectivo para que hicieran frente a los gastos que ellos mismos le habían relacionado que tenían todos los meses.

De este modo, ha dicho que Koldo García le relató los gastos que tenía el "jefe" (Ábalos) para "su exmujer, los niños, el colegio, lo mío...". Redondeando, esos gastos alcanzaban los 10.000 euros, una entrega mensual que cumplió hasta finales de 2022, según ha afirmado Aldama.

Hasta 250.000 o 350.000 llegó a llevar en una mochila al Ministerio, ha continuado el comisionista, quien ha reiterado que los 10.000 euros eran para gastos mensuales fijos y ha añadido: "Lo otro era dinero para ellos que yo no entro en qué hacían o no", pero lo que ellos siempre le decían es que "parte de ese dinero iba para la financiación del PSOE".

Según su versión, preguntó al exasesor si esto lo sabía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a lo que Koldo García le respondió que todo lo que hacían (las mordidas) lo "tenía claro y lo sabía".

La primera semana del juicio al exministro José Luis Ábalos ha girado poco o nada en torno al presunto amaño de contratos de mascarillas, y ha servido para conocer los tejemanejes en la contratación de dos mujeres vinculadas a él en empresas públicas y volver a hablar de la entrega o recogida de dinero en la sede del PSOE.

La imagen que han proyectado los testimonios de algunos de los más de veinte testigos que han pasado por el Tribunal Supremo es la de la España de los enchufes, en la que la expareja de un exministro ha reconocido cobrar de dos empresas públicas sin ir trabajar y una "amiga" y compañera de partido, aunque aseguró que trabajó, y mucho, admitió que al principio se dedicó a leer libros de trenes en horario laboral. 

Su "arbitraria" contratación forma parte de la acusación que dirige la Fiscalía contra Ábalos y su asesor, Koldo García, que también están siendo juzgados por el supuesto concierto con el tercer acusado en discordia, el empresario Víctor de Aldama, para beneficiarle en sus negocios con la administración -como varios contratos millonarios de mascarillas- a cambio de presuntas mordidas.

Así ha transcurrido la primera semana de juicio: 

Tras varios meses en prisión preventiva, el exministro de Transportes y en su día hombre fuerte del PSOE, José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo García han aparecido sentados tras sus abogados y separados por un policía de Víctor de Aldama, el único en libertad. 

Frente al hieratismo de Aldama, a veces interrumpido por alguna ligera mueca, el transcurso del juicio pronto mostró a un enérgico Koldo tomando constantes notas y trasladando cada discrepancia a sus abogados, y a un Ábalos más tranquilo, con alguna sonrisa irónica, que también departía con su defensa.

El de Jéssica Rodríguez era uno de los testimonios más esperados. Admitió que cobró de Ineco y Tragsatec (43.978 euros en dos años y medio) sin trabajar y que Ábalos "estaba al tanto de todo". No sabía que eran empresas públicas y le dijeron que estaba a las órdenes del hermano de Koldo, que lo negó y rechazó haber trabajado en Tragsatec.

En Ineco, "fue una sorpresa su declaración" pues, según una directiva, "a todos los ojos" de la empresa, ella trabajaba. 

Después llegó Claudia Montes, una "amiga" a quien el ministro ayudó a "culturizarse en la política". Koldo García envió su currículum al expresidente de Renfe, Isaías Táboas, que lo remitió a recursos humanos, el "trámite habitual". 

Hizo entrevistas y entró en LogiRail, pero al principio no trabajaba porque no tenía un lugar de trabajo adecuado, así que iba a la Biblioteca de Oviedo a coger libros de trenes. Después hizo muchas horas extras.

Un socio de Aldama reconoció que pagó el alquiler de un piso para Jéssica Rodríguez -unos 2.900 euros mensuales- porque se lo pidió su socio; ella dijo que no sabía quién lo pagaba, pero que "daba igual quién pagara las cosas porque era Ábalos quien sufragaba todos los gastos". 

Después, la empresaria Carmen Pano vinculó la compra de un chalé para alquilárselo al ministro por su presunta mediación para que otro socio de Aldama, Claudio Rivas, tuviese una licencia de hidrocarburos. Aldama indicó que "el señor ministro quiere una casa". Su hija Leonor, con un rosario en la mano, dijo que la compró por orden de Rivas, ella "no preguntaba". Los cuatro están investigados por un fraude millonario en hidrocarburos.

"¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?", preguntó el abogado de Ábalos a Jéssica Rodríguez para sorpresa de todos. Y reformuló la pregunta por orden del tribunal: "Usted, su profesión, ¿tiene que ver con la contraprestación económica del sexo? Es que no se cómo explicarlo". "No, soy dentista y estoy colegiada", respondió ella, "y antes, azafata de imagen".

En una nueva estrategia de defensa, el abogado quiso saber si Rodríguez fue "una captación de Aldama" para Ábalos.

La primera alusión a dinero en la sede socialista la hizo Joseba García, hermano de Koldo, cuando naturalizó haber ido dos veces a recoger dos sobres, petición de su hermano mediante, que gestionaba dinero para Ábalos, entonces secretario de Organización del PSOE.

Después, Carmen Pano se reafirmó en que llevó, a petición de Aldama, dos bolsas con 45.000 euros cada una, que entregó a "un señor" que no reconoció que la esperaba en la segunda planta. "Yo no sé para quién era ni a qué correspondía", dijo.

Si en algo coincidieron las empresarias Pano fue en las "muy buenas" relaciones con el Gobierno, especialmente con el ministro, de las que presumía Aldama, a quien Claudio Rivas dio mucho dinero por sus "gestiones" sobre la licencia de hidrocarburos.

Carmen Pano ratificó la reunión que mantuvo con Claudio Rivas, en presencia de Koldo García, con el jefe de gabinete de Industria; y un asesor confirmó que otro jefe de gabinete, el del Ministerio de Hacienda, le ordenó trasladar a la Agencia Tributaria una petición de una empresa de Aldama de aplazar su deuda, aunque con la orden de que no hubiese "trato de favor". No se aplazó.

También las Pano refirieron que, según contó el propio Aldama, el comisionista recibió junto a Koldo 500.000 euros en casa del dueño de Air Europa.

La familia estuvo muy presente en la primera jornada del juicio. El hijo de Ábalos y el hermano de Koldo intentaron disipar las dudas sobre su patrimonio y el de sus familiares.

Con naturalidad, Joseba afirmó hacer favores: viajó a República Dominicana, pero no a recoger mordidas de Aldama como cree el fiscal, sino por otras razones y aprovechó para llevar documentación del comisionista, con quien solo le unió la "peor compra" de su vida, un Volkswagen Passat que le "encantaba", pero que dio muchos fallos.

El juicio arrancó con los informes remitidos por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres, eximidos de declarar presencialmente por razón de su cargo, en los que negaron haber dado o recibido órdenes para comprar mascarillas a una empresa promovida por Aldama.

Estos días se celebran dos juicios de los que tenemos información constante gracias al “carrusel judicial” que ofrecen los medios con minuto, resultado y si era puta o no.

El caso Mascarillas juzga una trama de corrupción vinculada a contratos públicos de mascarillas, con presuntas comisiones y colocaciones irregulares en empresas públicas. Implica al exministro socialista Ábalos, a su escudero Koldo y al fantasma de Aldama, para quienes la Fiscalía —“cuándo serás mía”, que diría Héctor de Miguel— pide 24, 29 y 7 años de cárcel por presuntas mordidas en contratos millonarios.

El caso Kitchen juzga una operación parapolicial para espiar a Bárcenas y robarle información comprometedora usando policías, fondos reservados y recursos del Ministerio del Interior al margen del control judicial. La Fiscalía pide 15 años de prisión para Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, y otros 15 para Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior del PP. Un exministro que estos días se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional y ante el escritorio de su casa escribiendo artículos para el diario ABC. “Huevos gordos”, que diría Emilio Delgado.

A la vista de estas peticiones de sentencia, puede afirmarse que la “gravedad penal” del caso Mascarillas es mayor que la del caso Kitchen.

Pero miremos la cuestión desde otro ángulo. El caso Mascarillas afecta a la opacidad en la contratación pública y al desvío de dinero público para pegarse la vida padre en un momento especialmente dramático, como fue la pandemia.

El caso Kitchen afecta a la integridad del Estado de derecho: presunto uso ilegal de dinero público contra un ciudadano nada ejemplar –y padre de un figurante de la última de Torrente– para blindar a un tal M. Rajoy.

Puede decirse que la “gravedad judicial” del caso Kitchen es mucho más alta. Se acusa a la cúpula del ministerio que garantiza la seguridad a los españoles y españolas de emplear un dispositivo ilegal —con intento de secuestro incluido— utilizando policías nacionales y fondos reservados. Demoledor, pero en línea con el modus operandi del PP.

Así que, queridos tertulianos de la nueva Brunete mediática, lo siento, pero no. No hay empate. El argumentista de Génova no solo ha vuelto a hiperventilar, sino que ha vuelto a consumir bebidas energéticas en horario de trabajo que le han dado alas. Parecidas a las que tenía Marcelo, el ángel de la guarda que ayudaba al exministro Fernández Díaz a buscar aparcamiento. Pero que no guardó bien el pendrive de Villarejo. Mecachis.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

La empresaria Carmen Pano se ha reafirmado este jueves en el Tribunal Supremo de que hizo dos entregas de un total de 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz a petición del comisionista Víctor de Aldama. "Yo llevé el dinero a la sede, no sé para quién era ni a qué correspondía", ha dicho.

Pano, investigada en la Audiencia Nacional en el caso de Hidrocarburos, ha testificado en la tercera jornada del juicio contra el exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid 19.

Como ya hiciera en sus declaraciones en instrucción, Pano ha confirmado las entregas: "Yo a Ferraz he ido dos veces a entregar 45.000 y 45.000 de parte del señor Aldama".

Según ha dicho, la primera vez fue en taxi y la segunda acompañada de Álvaro Gallego, que esta mañana ha ratificado que así fue. A su llegada a la recepción, dijo quién era y le respondieron que subiera a la segunda planta. "Me estaban esperando nada más salir del ascensor, un señor", ha explicado Pano. Ella lo entregó de inmediato y se fue.

En ambas ocasiones, había pasado previamente por la oficina de Aldama en la calle Alfonso XIII de Madrid, para darle dinero de Claudio Rivas, socio del comisionista e investigados ambos por un fraude millonario en el sector de hidrocarburos.

Pano ha explicado que Rivas le hacía transferencias de dinero y que luego ella sacaba el efectivo y se lo entregaba a Aldama, y aunque ha dicho desconocer la finalidad de esas entregas porque ella "cumplía órdenes" del primero, ha supuesto que, "evidentemente", era por las gestiones de Aldama para conseguir la licencia de operadora en hidrocarburos para Villafuel, propiedad de Rivas.

Unos 600.000 euros, ha calculado, y ha dicho que ella "lo llevaba a Alfonso XIII en efectivo" para entregárselo a Aldama.

Dos veces que fue a entregar dinero a Aldama, 45.000 euros cada ocasión, el comisionista le pidió que lo llevara a Ferraz, aunque Pano desconoce la finalidad. "Yo llevé el dinero a la sede, no se para quién era ni a que correspondía", ha dicho.

Pano ha explicado que en la primera entrega, ella sacó el dinero del banco antes de entregárselo a Aldama, y en la segunda se lo llevó Lolo, un trabajador de Rivas, pero cuando ella se lo entregó a Aldama, este le llamó más tarde "enfadado" porque faltaban 10.000 euros, por lo que se fue al banco a sacarlo directamente en caja para llevarle al empresario la cantidad que le faltaba.

Hizo las dos entregas de dinero en Ferraz como un favor a Aldama porque él no podía ir, si bien en la segunda ocasión le advirtió: "Es la última vez que hago este tipo de favores".

Por otra parte, Pano ha asegurado que la casa que adquirió la empresa de su hija en La Alcaidesa (Cádiz) por orden de Claudio Rivas era un regalo de este último al exministro por sus gestiones para conseguir la licencia de Villafuel, un inmueble que se le ofreció al ministro como alquiler con derecho a compra.

Ella en un principio pensó que la compra obedecía a "una inversión", pero después se dio cuenta de que "era para el señor Ábalos". "Aldama dice que el tema de la operadora se va a conseguir y que el ministro quería una casa", ha subrayado la testigo.

Entre esas presuntas gestiones del exministro estaría la reunión en Industria con Juan Ignacio Bidart, el jefe de gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto, presuntamente para abordar la licencia de hidrocarburos.

Pano ha dicho que desconoce quién gestionó la reunión, pero allí les estaba esperando Koldo García, que estuvo presente en el encuentro del que "Rivas salió bastante satisfecho", y ha indicado que Bidart les manifestó que pasasen la documentación al asesor y después él "se lo haría llegar".

Sin embargo, "cuando Ábalos cesa y viendo que no se estaba cumpliendo lo que se había dicho con la obtención de la operadora, Rivas decide que, como solo ha pagado tres mensualidades, hay que echarle", por lo que "ordena hacer esa orden de desahucio", es decir, "en teoría el desahucio es porque no pagaba, pero a eso se añadió que no se estaba consiguiendo el tema de la operadora".

El tribunal también ha escuchado a la hija de Carmen Pano, Leonor, administradora de la empresa que alquiló a Ábalos el chalé de Cádiz.

En su declaración, ha afirmado que tanto ella como Claudio Rivas entendían que conseguir la licencia para Villafuel dependía de la continuidad en el Gobierno de Ábalos, a quien Aldama llamaba "el padrino".

Ha dicho que ella nunca tuvo contacto con ministro o asesor, pero que Claudio Rivas -que era quien realmente mandaba en su empresa- le dijo que comprase el citado chalé en Cádiz "para invertir" y ella "no preguntaba", y también ha resaltado la relación "estrecha" que Aldama, que fue su pareja, decía que tenía con Ábalos.

Preguntada por las conversaciones con su pareja que obran en el sumario, ha lamentado el tono "soez" de algunas, aunque ha reconocido que cuando dijo que en el Consejo de Ministros "se ha enfrentado el putero al guapo", se refería a Ábalos contra Pedro Sánchez, según le dijo Aldama.

Y también ha ratificado que Aldama le dijo que Javier Hidalgo, exconsejero delegado de Globalia, entregó a este empresario y a Koldo García 500.000 euros en su casa.

Claudia Montes ha querido dejar claro en el Tribunal Supremo que el exministro Jose Luis Ábalos, con quien hablaba a diario como "amigo y militante" del PSOE, jamás le dijo que había maniobrado para que fuera contratada en la empresa pública Logirail: "A mí nunca él me dijo 'Claudia te he enchufado'", recoge EFE.

Montes ha testificado este miércoles en la segunda jornada del juicio contra el exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid 19.

La mujer ha relatado al tribunal que desconoce si Ábalos la enchufó o no para acceder a Logirail, porque el exdirigente socialista nunca se dirigió a ella en esos términos. 

"José Luis no me dijo en ningún momento 'oye te he enchufado', eso no me lo ha dicho", ha afirmado la testigo, que ha precisado que no quiere ser falsa porque se está demostrando que hicieron algo por detrás, pero ni Ábalos ni Koldo le mencionaron nada al respecto.

En este sentido, ha relatado que se limitó a contarle su situación a Ábalos, "como a cualquier amigo y compañero de partido", de que "como madre soltera necesitaba trabajar", por lo que el exministro le pasó enlaces de Logirail y ella, al percatarse de que "había puestos para todo" y de que "podías elegir" en la plataforma Infojobs, postuló para el de encargada. Le llamaron de Madrid, le hicieron una entrevista telefónica y le llamó el gerente del norte.

Ahora bien, ha asegurado que los currículum que envió a Koldo no eran falsos. "Se dice en el informe de la UCO que se modificó. Pero son iguales. No hay estudios puestos de más", ha agregado.

Montes ha comentado que al poco de acceder tuvo un problema que era más bien un asunto entre dos superiores del que informó a Ábalos y a Koldo, porque este último le dejó claro que "era su jefe".

En concreto, por la ubicación de su oficina, ya que ella estaba en un sitio sin ordenador, sin escritorio y de cara a la pared, lo que hacía era "ir a la biblioteca de Oviedo, coger libros y leer", pero siempre en su horario laboral y sobre temática de trenes, porque "quería saber todo en lo referente a los trenes", de manera que "en ningún momento" dejó de ir a trabajar.

Montes, que trabajó en Logirail desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2022, ha señalado que la despidieron por burofax "sin motivo alguno" mientras se encontraba de baja por acoso laboral.

Por otra parte, preguntada sobre si fue colaboradora de la UCO en el caso de las mascarillas, ha contestado que cuando se entera de lo que está pasando en su empresa sobre supuestas prácticas corruptas, dio cuenta al presidente asturiano, Adrián Barbón, y a los dos ministros que han sucedido a Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Y al ver que nadie le hacia caso, llamó a la UCO: "Me atiende un comandante y me dice que tiene en cuenta mi información pero que no lo puede meter en la causa y que lo metería en otra investigación".

El ex director gerente de Logirail José Ángel Menéndez ha contado que cuando fue informado de que Claudia Montes "no iba a trabajar" a la oficina, "sin ninguna justificación que le avalara", decidió "iniciar el proceso para un expediente sancionador", como a cualquier otro trabajador, porque "incumplía de forma grave el convenio" y podía ser sancionada con el despido. Sin embargo, cuando ese expediente se iba a abrir, Menéndez fue cesado y su sustituto Oscar Gómez decidió "no continuar" con ello.

Ahora bien, el exgerente sí que ha descartado irregularidades en su contratación porque su currículum llegó de forma legal a través de Renfe, que era un proveedor de Logirail. La mujer reunía los requisitos básicos, no los específicos, por eso se la dio formación.

Un testimonio que se contradice en parte con el de Óscar Gómez, quien ha dicho que desconocía dicho expediente disciplinario, y ha justificado las ausencias de Montes porque no tenía un lugar de trabajo "adecuado", al estar cerca de unas escaleras.

Entonces, adoptó la decisión de encontrar un nuevo espacio y de adecuar su contrato al servicio que estaba prestando lo que implicaba subirle de categoría, un ascenso que ella ha justificado por su "esfuerzo, trabajo y muchas horas extras".

El testigo, que ha dicho que le consta que después Claudia Montes fue a trabajar, ha rechazado haber recibido indicaciones de Ábalos o su asesor en torno a esta mujer, y ha reconocido que, en el acto de conciliación tras su despido, ella denunció haber sufrido bullying, algo que no había manifestado mientras trabajaba en la compañía.

Seis horas dan para mucho. Sobre todo, cuando se trata de un juicio mediático. Y el primer asalto en el Tribunal Supremo del llamado caso Mascarillas, centrado en la compraventa de material sanitario por parte de organismos dependientes del Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión, da buena cuenta de ello. La sesión ha servido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para alejarse todo lo posible de la trama que se está enjuiciando. Y al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García para reforzar una defensa que, sin embargo, se ha visto resquebrajada por momentos por el flanco de Jéssica Rodríguez, examante del que fuera hombre fuerte del PSOE.

El juicio arrancó con algunos minutos de retraso. En la agenda, alrededor de una decena de testigos previstos. Pero la sesión no se inició con ninguno de ellos. Comenzó con los testimonios de Armengol y Torres. Hasta el último momento se intentó que ambos tuvieran que sentarse frente a magistrados, Ministerio Público y abogados. Sin embargo, el tribunal permitió que ambos compareciesen por escrito. Ha sido la lectura de esas testificales la que han marcado el inicio de una vista oral que se prolongará durante todo el mes de abril. Y la que ha provocado la primera protesta de las defensas, que se han quejado por no haber podido interrogarles.

El interés de ambos testimonios radicaba en la entrada de la trama en los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, cuando Armengol y Torres eran presidentes autonómicos. Ambos se han esforzado por marcar distancias con los tres acusados –Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama– y con Soluciones de Gestión. "Nunca he hablado con el señor García ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra con empresa alguna", ha dicho Armengol. Del mismo modo, han insistido en que ni dieron orden ni presionaron para adjudicar contratos a la compañía de la trama. Sí ha reconocido Torres que se interesó por uno de eso expedientes tras un mensaje del exasesor de Ábalos avisando de unos "incumplimientos contractuales". Eso sí, cuando el mismo ya estaba adjudicado y como hizo con otros expedientes.

Una vez completado el trámite de la lectura de los escritos, comenzaron a desfilar por el Salón de Plenos del Tribunal Supremo los diferentes testigos. Dos de estas declaraciones sirvieron a exministro y exasesor para reforzar sus defensas. Víctor Ábalos, hijo del primero, rechazó tajantemente en diferentes ocasiones haber actuado como una suerte de testaferro de su padre. Y Joseba García, hermano del segundo, ha negado que acudiera a República Dominicana a recoger dinero en efectivo de la trama, tal y como sostienen los investigadores en sus informes. El primero de ellos no está siendo investigado en ningún procedimiento. El segundo, sin embargo, sí que se encuentra bajo la lupa de la Audiencia Nacional en la parte del caso Mascarillas que no ha estudiado el Alto Tribunal.

"Yo no soy custodio del dinero de nadie. Todo lo que he dado a mi padre es de mis ingresos", ha aseverado Ábalos. En relación con las transferencias de dinero que hizo a su padre, en concreto los 23.379,10 euros que la Guardia Civil ha acreditado en el periodo comprendido entre 2022 y 2024, ha explicado que 20.000 euros son un préstamo que le hizo. "Con un contrato elevado a público, nada opaco", ha afirmado. Del mismo modo, ha negado en diferentes ocasiones haber tenido un teléfono encriptado o haber hablado en clave con alguno de los acusados. Y cuando le han preguntado por el uso de la palabra "café" en algún mensaje recibido de Koldo García, se ha limitado a decir que era una petición del exasesor para que le trajera café de Colombia, donde el hijo de Ábalos desarrollaba trayectoria profesional.

Joseba García, por su parte, se ha esforzado en justificar sus viajes a República Dominicana, los ingresos recibidos en su cuenta y el efectivo que localizaron en los registros de su casa. Y lo ha hecho con la ayuda de la abogada de su hermano –que también es la suya en la Audiencia Nacional–, que es la única a la que ha respondido ampliamente. García se ha negado, por su condición de investigado en otro procedimiento, a responder a las preguntas del resto de partes. "No le voy a contestar por consejo de mi letrada, lo siento", ha repetido una y otra vez. Una negativa a declarar que minutos antes protagonizó otro de los investigados en la Audiencia Nacional: Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama.

Algunas partes intentaron, una y otra vez, tirarle de la lengua. Sobre todo el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. "No voy a contribuir a este espectáculo", se ha terminado resignando el abogado del PP, que dirige la acción popular. En el largo interrogatorio dirigido por la letrada Leticia de la Hoz, el hermano del exasesor ha explicado que viajó a República Dominicana en dos ocasiones por amor y por negocios, pero nunca para recoger dinero de la trama. También ha rebatido al fiscal en relación a los "224.000 euros sin justificar" en sus cuentas señalando que ningún ingreso recibido tiene que ver con Aldama o con los contratos bajo la lupa. Y ha asegurado que la mayor parte del dinero en efectivo que se encontraron en su domicilio era, en realidad, del club de motos al que pertenece.

García también habló de Jéssica Rodríguez, quien ha protagonizado la primera tarde del juicio. Ha sido con la examante de Ábalos con quien el tribunal ha retomado esta primera sesión tras el parón para comer. Durante más de dos largas horas se le ha preguntado, fundamentalmente, por su relación con Ábalos, por el pago del alquiler del lujoso apartamento en el que estuvo viviendo en el centro de Madrid –que, según la investigación, habría abonado principalmente Aldama a través de su supuesto testaferro, Luis Alberto Escolano– o por su contratación en las empresas públicas Ineco o Tragsatec.

Sobre el piso, ha señalado que no sabía quien lo estaba abonando, aunque tampoco le importaba demasiado. "Nunca he sido una persona que vaya a hacer ese tipo de preguntas porque no hay necesidad de hacerlas", ha señalado. Durante su declaración, Escolano ha confirmado que él se hizo cargo de este gasto a petición de Aldama, su "socio, amigo y hermano". Y que dejó de abonar cuando se le indicó. "Si se me decía que no pagara ese piso, pues yo encantado", aseveró el empresario, quien ha resaltado el carácter "inconformista" de Rodríguez.

Durante su declaración ha confirmado que, incluso cuando la relación entre ambos había acabado, el exministro le hacía algunos regalos. Ha hablado de un móvil. También del pago de la matrícula de la universidad. O de una transferencia de 600 euros: "Mi gato se rompió la pierna, era un gasto muy elevado y él quería ayudarme". Y, del mismo modo, ha sentenciado que Ábalos nunca pagaba. "Yo al señor Ábalos no le he visto pagar nunca”, ha afirmado. Y ha ejemplificado: "Si quería un paquete de tabaco era el señor Koldo quien hacía esa compra".

Sobre su contratación en Ineco y Tragsatec, donde cobró 43.978 euros entre 2019 y 2021, ha confirmado que nunca llegó a trabajar. "Cobraba y estaba a la espera de que Joseba o Koldo me dijeran lo que tenía que hacer", ha resaltado. Algo que, ha deslizado, el exministro sabía: "El señor José Luis Ábalos estaba al tanto de todo". Cuando acabó su contrato en la primera empresa, actualizó su contrato para dar el salto a la segunda, una etapa de la que, dijo, no recuerda prácticamente nada. "Si cambiaba de empresa era porque el señor Ábalos así lo habría gestionado". Un paso de trabajadores de Ineco a Tragsatec que, ha explicado luego el que fuera máximo responsable legal de Tragsa, no era "habitual".

Contrataciones sobre las que también han declarado responsables de ambas empresas. Araceli Arigita, responsable de personal de Ineco, ha dicho que el fichaje de Rodríguez no siguió el procedimiento habitual. Y la responsable del proyecto al que se incorporó luego en Tragsatec ha relatado las presiones sufridas para que dejara "en paz" a la expareja de Ábalos, a la que no paraba de perseguir para que fichara en el trabajo, algo que no hacía.

Empieza la recta final del curso político con dos juicios por corrupción, cuya coincidencia, por cierto, no deja de ser curiosa. El caso Kitchen llega hoy a los juzgados, casi veinte años después de las primeras indagaciones sobre Gürtel, la trama de financiación ilegal del PP que llevó a una sentencia en la que se declaraba a dicho partido responsable a título lucrativo, y que motivó la moción de censura que condujo al primer gobierno de Pedro Sánchez el 1 de junio de 2018. De aquella Gürtel, esta Kitchen. Es decir, la trama por la que los populares intentaron tapar los casos de corrupción por financiación ilegal utilizando –presuntamente– a la cúpula del ministerio de Interior dirigido por Fernández Díaz para desactivar al tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que amenazaba con hablar y contar hasta qué punto máximos dirigentes del partido, incluido un tal “M. Rajoy” que los jueces nunca llegaron a identificar, estaban involucrados en el cobro de sobresueldos y financiación irregular del Partido Popular con dinero procedente de contratos amañados y mordidas (la noticia la desveló entonces El País, en 2013, ¡hace 13 años!, por si alguien no la recuerda). 

Mañana la atención girará hacia Ábalos y Koldo, los socialistas acusados de corrupción por mordidas en contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia, en el año 2020, cuando los muertos se contaban por centenares cada día. Una trama que ha llevado a que José Luis Ábalos, quien fuera ministro de Fomento, secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, ingresara en prisión de forma preventiva. Un escándalo que llevó a especular con un caso de financiación ilegal del PSOE –hoy sin constatar– y que alumbró las sombras sobre Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos como secretario de organización en el Partido Socialista, y cuyas –supuestas– irregularidades se siguen investigando.

Pese a que el estallido de los escándalos se remonta en el primer caso a hace casi dos décadas, y el otro a aproximadamente dos años, ambos coincidirán en nuestras pantallas en esta semana que comienza. Bienvenida sea la agilidad de la Justicia en el último de los dos procesos; pero ojalá fuera siempre así y de manera generalizada, incluyendo a asuntos como el primero.

Esta coincidencia va a multiplicar las reacciones equidistantes. Parece sensato criticar con toda la vehemencia posible los casos de corrupción de socialistas y populares y clamar por una regeneración de la vida política que acabe con cualquier atisbo de corrupción. ¿Quién no firmaría esto? Más difícil es, sin embargo, mantener la misma implacabilidad contra la corrupción sin que ello lleve a fomentar la antipolítica. Que me perdonen Santiago Segura y su nuevo Torrente, pero no, no todos son iguales. 

No es lo mismo poner a tu servicio la mismísima Policía para –presuntamente– tapar un caso de financiación ilegal que afecta a numerosos dirigentes y destruir las pruebas después a martillazos, que descubrir que personas de máxima relevancia del partido han estado lucrándose forzando contratos en lo peor de la pandemia. En este último asunto se desvela –supuestamente– una insoportable utilización del dinero público; en el primero, sin embargo, hablamos del tipo más grave de corrupción que puede existir, la captura no ya de políticas, sino del propio aparato del Estado, para hacer callar a quien podría destapar la dimensión de un escándalo.

Tampoco la reacción ha sido igual. Los unos aún no han reconocido públicamente la gravedad de Gürtel y Kitchen y les cuesta distanciarse de aquello –es difícil reprimir una sonrisa cándida al recordar a Pablo Casado anunciar la venta de la sede cuya reforma se pagó con dinero de la Gürtel–. Los otros expulsaron inmediatamente a los presuntos corruptos e iniciaron una auditoría interna que indica que no hay financiación ilegal. Si se desvelara lo contrario, ni sus socios ni sus militantes ni sus votantes lo perdonarían. Los ya exsocialistas están en prisión desde hace meses; los conservadores procesados jamás han llegado a pisar una celda.

Existe una tercera diferencia, sustancial a mi entender, en lo que debe exigirse a cada uno. Al Partido Popular cabe pedirle el reconocimiento oficial de lo que aquello supuso y la depuración política de responsabilidades: Fernández Díaz está suspendido de militancia del PP desde 2021, pero no expulsado, y el resto de dirigentes implicados en Gürtel jamás dejaron el partido. Más hay que exigir, a mi juicio, a los socialistas, que llegaron al gobierno en 2018 izando la bandera anticorrupción. En sus manos está adoptar las medidas necesarias para que ni unos casos ni otros vuelvan a producirse, ni en el interior de los partidos ni mucho menos en las instituciones del Estado. Sin embargo, como se puede leer, la OCDE ha vuelto a afear a España que no tenga una adecuada regulación de lobbys –cuya tramitación ha sido iniciada al menos tres veces (ver aquí), sin llegar nunca a aprobarse–, ni de financiación, democracia interna e integridad de los partidos, algo que clama al cielo, considerando los dos casos que se van a juzgar estos días y que protagonizarán buena parte de la conversación ciudadana en lo que queda de curso. Por cierto, en plena campaña electoral de las elecciones andaluzas. Nada menos.

En definitiva, contra la corrupción cualquier demócrata debe ser implacable. Y justamente por ser demócrata, no debe dejar que esta implacabilidad se convierta en un ejercicio de antipolítica. Porque ni todos son iguales, ni todos los casos de corrupción son lo mismo. No se trata de cuál sea más grave, sino de quién o quiénes están implicados, cómo ha reaccionado el partido en cada caso y qué queda por hacer, o sea, a cada cual, según sus posibilidades.

El Domingo de Resurrección no será la última estación del viacrucis. Este año, se convertirá en la primera. Al menos, para PP y PSOE. Ambas formaciones se enfrentarán tras el parón de la Semana Santa a dos de los casos de corrupción política que más les han impactado. Por un lado, el caso Mascarillas. Por otro, la operación Kitchen. Juicios que sentarán en el banquillo de los acusados a exministros conservadores y socialistas. Y que discurrirán en paralelo durante todo el mes de abril. Uno, en el Tribunal Supremo. Otro, en la Audiencia Nacional.

La primera causa se centra en los contratos de mascarillas que organismos dependientes del Ministerio de Transportes, entonces controlado por José Luis Ábalos, adjudicaron en lo peor de la pandemia a Soluciones de Gestión, firma cuyos intereses "promovía" el empresario Víctor de Aldama. Es el punto de partida de una trama corrupta que podría haberse extendido también a la adjudicación de obra pública –extremo que aún está siendo investigado–. Y el origen de todos los quebraderos de cabeza del PSOE y, por extensión, del Gobierno. Al fin y al cabo, el caso ya ha salpicado a los dos últimos secretarios de Organización socialistas: Ábalos y Santos Cerdán.

El instructor da por acreditado que Ábalos, su asesor Koldo García y Aldama "convinieron" que, aprovechando el cargo del exdirigente socialista en el Gobierno, "podrían favorecer" a cambio de "beneficio económico" la contratación de empresas "cuyos intereses captaría y promovería" el empresario, quien al mismo tiempo tendría "acceso preferente" a la Administración. Como pago, la Fiscalía Anticorrupción recoge entregas periódicas de dinero en efectivo al asesor, la compra de un chalet para "uso y disfrute" del exministro o el abono de la renta de un piso que disfrutaba una expareja de Ábalos, que también habría sido contratada, al igual que otra mujer de su "círculo personal", en una empresa pública.

Un centenar de personas se sentarán frente al tribunal durante trece largas sesiones. Juicio al que los tres acusados llegan en posiciones muy distintas. Ábalos y Koldo están en prisión. Aldama, en libertad. Para los primeros, Anticorrupción pide 24 y 19 años de cárcel, respectivamente, por organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, frente a los siete años que solicita para el empresario. Una diferencia de trato que responde, fundamentalmente, a la colaboración de Aldama durante la instrucción, que básicamente ha consistido en reconocer hechos y en confirmar y contextualizar los que ya tenían los investigadores.

La vista oral del caso Mascarillas sería, sin duda, una buena baza en la batalla política para el principal partido de la oposición, quien ejerce, al igual que Vox, la acusación popular. Si no fuera porque la misma se solapará durante todo el mes de abril con otra que afecta de lleno al PP: Kitchen. Este juicio, que se centra en la supuesta operación parapolicial para hacerse con información comprometedora para la formación conservadora que pudiera tener su extesorero Luis Bárcenas en plena investigación de Gürtel, arrancará un día antes que el de Ábalos en la Audiencia Nacional. Y en él estarán presentes como acusación popular tanto PSOE como Podemos.

Once personas ocuparán, en este caso, el banquillo de los acusados. Entre ellas, las que conformaron durante la primera legislatura de Mariano Rajoy la cúpula del Ministerio del Interior: el exministro Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino. Y un nutrido grupo de comisarios e inspectores estrechamente vinculados con las cloacas –José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, Sergio Ríos, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Diez Sevillano y José Luis Olivera–. La Fiscalía Anticorrupción pide para Fernández Díaz, Martínez y Pino 15 años de prisión.

El escrito de acusación describe el funcionamiento de la trama desde la primera mitad de 2013. Fue entonces cuando "desde la cúpula" de un Ministerio del Interior se "ideó" una "ilícita operación policial de inteligencia" dirigida a obtener "tanto información como pruebas materiales" en poder de Bárcenes que pudieran resultar "incriminatorias" para el PP, todo a fin de evitar que las mismas fueran aportadas formalmente al procedimiento judicial que se seguía en la Audiencia Nacional.

Para llevar a cabo dicha operación parapolicial, se contactó con Ríos, quien como chófer de Bárcenas tenía un "gran conocimiento" de los "movimientos y actividades" de la familia y "hacía gestiones privadas propias" para la misma. Al mismo tiempo, desde el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, que lideraba Pino, se acordó "llevar a cabo estrictas vigilancias" sobre el extesorero y su esposa. En dichas vigilancias, recoge Anticorrupción, llegaron a participar ocho inspectores jefes de grupo, dos subinspectores, ocho oficiales de Policía y 52 agentes del cuerpo. Unas labores que se financiaron con cargo a los fondos reservados de Interior. Así, Anticorrupción calcula que se sacaron de la caja de fondos reservados al menos 57.939,43 euros para recompensar a Ríos.

En ambos juicios prestarán declaración como testigos miembros y exmiembros del Gobierno. En el caso Mascarillas, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quienes en el pasado estuvieron al frente de los Ejecutivos balear y canario –dos territorios en los que penetró la trama– testificarán por escrito. Y en Kitchen, declararán el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido o la extitular de Defensa María Dolores de Cospedal. Todos ellos, el 23 de abril.

La ex secretaria general del PP llegó a estar investigada, junto a su marido, en la causa. Pero el instructor de la misma, Manuel García Castellón, terminó archivando en julio de 2021 las actuaciones contra ellos. Para el magistrado, achacarles una participación intelectual en la trama era "resultado de una inferencia voluntarista sin fundamente en indicio alguno". "El hecho de que Cospedal se reuniese con Villarejo (una, cuatro o varias ocasiones) no presupone la existencia de infracción penal alguna", apuntaba, al tiempo que desdeñaba los audios publicados por moncloa.com sobre un encuentro entre ambos en el despacho de la primera en Génova.

Tanto las acusaciones como Anticorrupción intentaron que el archivo fuera revocado y que Cospedal volviera a ser investigada. Sobre todo, tras la publicación de unos audios en el diario El País en los que se la escuchaba decir a Villarejo que había que parar lo de la "libretita" de Bárcenas. García-Castellón lo rechazó, alegando que no podían sustentarse las acusaciones "sobre la base de grabaciones troceadas, descontextualizadas y de ignota procedencia". Para entonces, esos audios llevaban ya tres meses en el juzgado, adonde fueron remitidos vía oficio en junio de 2022 por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

En febrero de 2023, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la decisión del instructor de no reabrir el caso. Y nadie se acordó de esos audios hasta el 27 de octubre de ese mismo año, cuando la Unidad de Asuntos Internos remitió un nuevo informe a García-Castellón en el que aludía a la "posible vinculación" de dichas grabaciones con la Kitchen, un documento que, sin embargo, quedó guardado en un cajón. De la existencia del mismo, que no ha sido suficiente para reabrir la investigación, se enteró de casualidad la acusación popular del PSOE, que denunció que el mismo no había sido puesto a disposición de las partes. Tanto el oficio de junio de 2022 como el informe de octubre de 2023 formarán parte del juicio en la Audiencia Nacional.

El exasesor ministerial Koldo García ha lanzado el último intento para tratar de frenar el juicio que arranca el próximo martes en el Tribunal Supremo por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas, al denunciar ante el Tribunal Constitucional la vulneración de una serie de derechos, según informa EFE.

Tras agotar toda la vía de recursos ordinarios contra la negativa del Supremo a enviar la causa a la Audiencia Nacional, ahora la defensa de Koldo García, una semana antes del inicio del juicio, ha recurrido en amparo ante el tribunal de garantías.

Lo hace al considerar que la resolución del pasado 3 de marzo en la que el Supremo cerraba la puerta a las cuestiones previas que planteó la defensa, entre ellas que el juicio se celebrase en la Audiencia Nacional, vulnera una larga lista de derechos fundamentales, como el de un proceso con todas las garantías o el del juez ordinario predeterminado por la ley.

"La solución jurídicamente ortodoxa y respetuosa con los derechos fundamentales, una vez desaparecida la condición de aforado del señor Ábalos, no es retener el enjuiciamiento en el Tribunal Supremo, sino acordar la inhibición y remisión íntegra de la causa a la Audiencia Nacional", argumenta la letrada Leticia de la Hoz en su recurso, al que ha tenido acceso EFE.

En su recurso, pide al TC que acuerde la suspensión de la ejecución del mencionado auto antes de entrar al fondo del asunto, "para garantizar" que su pronunciamiento en sentencia, que tardará en dictarse, "no se convierta en ilusorio".

Una vez más, la abogada defiende que, al renunciar al escaño el exministro José Luis Ábalos, también acusado en este procedimiento, dejó de disfrutar del aforamiento que tienen los diputados y, en ese momento, el Supremo perdió la competencia para enjuiciar los hechos.

Según su criterio, todo el caso debería derivarse a la Audiencia Nacional, donde arrancó en 2024 la investigación por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas en pandemia, y continúa la parte de la causa que no se refiere a la presunta intermediación de Ábalos y, por conexión, su exasesor Koldo García y el comisionista, Víctor de Aldama.

Esta pretensión de la defensa de Koldo ya ha sido desestimada en varias ocasiones por el Tribunal Supremo. La última el pasado viernes, cuando rechazó la admisión a trámite del incidente de nulidad que interpuso contra el auto que desestimaba sus cuestiones previas.

El Supremo se opuso a remitir la causa a la Audiencia Nacional tras la renuncia del exministro José Luis Ábalos como diputado, que se produjo tras acordar el auto de apertura de juicio oral contra él, que es el que fija la competencia del Supremo, aunque 'a posteriori' el aforado deje de serlo, como es el caso.

El Tribunal Supremo ha rechazado poner en libertad al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García antes del juicio por el caso de las mascarillas, que arranca el próximo 7 de abril, precisamente porque el "riesgo de fuga" persiste ante la "proximidad" de la vista oral.

Las defensas de Ábalos y Koldo, en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, pidieron al Supremo su puesta en libertad ante la "inexistencia de riesgo de fuga" y para asegurar "su pleno respeto al derecho de defensa" en el juicio, por la dificultad que supone prepararlo junto a sus letrados si siguen en prisión.

Al respecto, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a su excarcelación al subrayar que "la inminencia del juicio oral unida a la gravedad de las penas solicitadas incrementan el riesgo de fuga".

Y ahora el alto tribunal señala que "procede denegar la pretensión deducida" alegando que "la proximidad del señalamiento del juicio" hace que persista "el riesgo de fuga".

Asimismo y en cuanto a la necesidad que alegan las defensas de preparar el juicio, el tribunal recuerda que ya "expresó su acuerdo con las alegaciones de los acusados, en orden a la necesidad de espacios y tiempo para la preparación del juicio y la realización de la prueba que va a desarrollarse, testifical, pericial y documental"

Por tanto, "como dijimos, los interesados deberán dirigirse al centro penitenciario en el que están internados, para que los mismos, en aplicación del ordenamiento vigente, habiliten espacios y tiempo para facilitar el derecho de defensa".

Anticorrupción pide 24 años para el exministro y 19 años y medio para su exasesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel; en cambio para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, solicita 7 años por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.

El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 7 de abril el comienzo de la vista oral contra el exministro Jose Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y comisionista de la trama Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia, según recoge EFE.

La Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que desestima todas las cuestiones previas planteadas por las defensas del exministro y su exasesor por lo que ambos, junto a Aldama, se sentarán en el banquillo de los acusados.

El Supremo les juzgará por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.

La Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel; en cambio para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, solicita 7 años por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.

Ábalos y Koldo están en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre por riesgo "extremo" de fuga.

El Tribunal Supremo ha aceptado citar a más de 75 testigos en el juicio al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y a Víctor de Aldama, entre los que no figura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sí la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres.

El tribunal ha admitido todas las testificales propuestas por la Fiscalía y por Víctor de Aldama y ha rechazado varios de los solicitados por los otros dos acusados y por la acusación popular, que aspiraba a citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero, y la exministra de Industria Reyes Maroto.

El Supremo rechaza citarlos "dada la falta de relación con el objeto del proceso y la innecesariedad de sus testimonios para el esclarecimiento de los hechos imputados".

Ábalos y Koldo querían que testificase el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el segundo incluía en su propuesta al president de la Generalitat, Salvador Illa, y a la exdirectora del CNI Paz Esteban, pero el tribunal tampoco accede a llamarlos.

Entre los testigos admitidos figuran, además de Torres y Armengol, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez Ruiz; el director general de la Policía, Francisco Pardo; así como ex jefes de Gabinete de los ministros de Sanidad e Industria, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, y varios empresarios y familiares y allegados de los acusados.

El asesor fiscal del bar Franky de Pamplona, Miguel Moreno Purroy, ha reconocido este martes que emitió facturas a Acciona que "no respondían a una prestación real" porque se lo pidió el exasesor ministerial Koldo García, según informa EFE.

El informe de la UCO recoge que este bar situado en Pamplona emitía facturas ficticias a nombre de Acciona para que Koldo García cobrara ese dinero. "En lo que a mí respecta, el informe está muy bien documentado", ha declarado.

Moreno Purroy comparece este martes en la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas que se celebra en el Parlamento de Navarra, donde ha señalado que actuó, entre los años 2016 y 2018, para ayudar a Koldo García y que se "equivocó", pero también ha negado formar parte de "una trama corrupta". 

"La tarjeta de visita de Acciona me la entregó Koldo García. Él me dijo que tenía una necesidad, que estaba en mal momento económico y él no tenía dificultad para que Acciona pagara alguna factura", ha dicho, antes de apuntar que se trata de facturas que en total "no ascienden a más de 8.000 euros".

Moreno Purroy ha señalado que el "circuito pactado" entre Koldo García, el gestor del bar, Francisco Javier Lorente, y él mismo consistía en emitir una factura falsa a Acciona, cobrar el dinero en la cuenta del bar y entregar el dinero en efectivo a Koldo García. Tal y como ha explicado, no tiene "duda" de que la tarjeta de Acciona se la entregó el exdirectivo de la compañía en Navarra, Fernando Merino, a Koldo, para que se emitieran las facturas con esos datos. 

El asesor fiscal o contable del establecimiento ha señalado que estos pagos comenzaron por el "mal momento" económico por el que pasaba Koldo García. Según ha expuesto, no sabía que iba a ser algo sostenido en el tiempo. "Él nos plantea una (factura) y la hacemos. Luego nos plantea otra y así hasta cinco", ha contado. 

Una de las facturas, de 2.700 euros, fue cargada a la UTE Recajo, en la que estaba Acciona, y la ingresó Moreno Purroy en una de sus cuentas, no en la del bar. Posteriormente, se lo entregó en efectivo a Patricia Uriz, pareja en aquel momento de Koldo. También ha señalado que él no estuvo presente en ninguno de los demás pagos en efectivo a Koldo, por lo que no puede dar fe de ellos. Tampoco tuvo contacto con Merino más allá de enviarle por correo las facturas y no hizo más facturas falsas, según ha asegurado.

En el turno de Geroa Bai, su portavoz Pablo Azcona ha preguntado por la empresa Xamena, de la que Moreno Purroy es administrador único, y el compareciente no ha querido responder por "no estar relacionado con el objeto de la comparecencia". Posteriormente, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha incidido en el tema y Moreno Purroy ha respondido que esta empresa, constituida en 2017, solo ha hecho una obra privada de viviendas en una parcela de Milagro.