La corrupción es el desagüe por el que se pierde el sistema, una cloaca oscura y subterránea que nos aleja de poder nombrarnos un Estado decente. O una democracia madura. A más corrupción, más tercer mundo político. Lo dijeron hace unos meses, se escribió palabra por palabra: la corrupción cero no existe. Parece que ya no es ni una aspiración primera. El margen de error del oficio: un caso aislado. Dos. Tres. Cuántos no lo convierten en una epidemia. 

Una se imagina a alguien que, súbitamente, tiene su poder y está en un despacho. Y, un día, no consigue evitarlo, una luz verde parpadea y le indica el camino de la tentación. El político, que algo trae dentro que no lo da solo el cargo, decide pasar por encima de todos los códigos éticos, la moral duerme o se apaga, hace unas llamadas, mete las manos en el cajón de lo común, se lucra y se dice a sí mismo: pero qué fácil ha sido. Y también, y aquí está la enajenación segunda: a mí no me van a coger. Porque yo soy más listo que otros. 

¿Más perspicaz que el sistema? ¿Que la justicia? ¿Que el resto de ciudadanos? 

A mayor poder, más grande la corrupción. Intenta una no creer que sea la prueba del Dictum de Acton: El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Según la Real Academia Española, la palabra corrupción es sinónimo de putrefacción, descomposición, podredumbre, degeneración, fermentación. Significa deterioro de valores, usos y costumbres. En las organizaciones públicas significa utilización indebida o ilícita de las funciones en provecho de sus gestores. Significa diarrea y descomposición. A la corrupción política todo le encaja: hay algo que huele fatal. 

Dónde comienza la purga que devuelva la confianza. Dónde los obstáculos para lo que parece inevitable. ¿Más transparencia? ¿Mejores salarios para los cargos? ¿Qué más quieren? ¿Más control? ¿Un test ético o científico previo para el que va a manejar lo público?

Decía Rafael Chirbes en Crematorio: “La economía, que tan visible nos parece, tan escandalosa, es solo el decorado, el telón de boca que tapa el escenario por el que se mueve un animal sigiloso, invisible, tan inaprensible que ni siquiera tiene nombre, porque no es poder, aunque participe de él; no es el dinero, aunque se nutra de él; ni es el prestigio, aunque tenga su incorporeidad. Es el eje en torno al cual gira la gran rueda”.

Hay un párrafo en la sentencia que el Tribunal Supremo ha dictado contra el ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama donde los jueces advierten: “Su efecto más grave (de la corrupción) es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía”. Y termina avisando de que la corrupción compromete la estabilidad del propio sistema. 

Pocas cosas duelen más que la irrecuperable pérdida de confianza. Solo se rompe una primera vez. Tira gobiernos, destruye la relación más sólida como una carcoma. Una intenta volver hacia atrás, a la era de la ingenuidad, de la fe, y ya no es posible nunca más. En la política y en el amor, hay traiciones que devastan relaciones. La revelación de la corrupción es ese día en el que eres consciente del desenamoramiento, es el clic que te impulsa y te saca una casa, es lo que te impide volverles a votar. 

Al otro lado, alguien todavía no lo entiende: pero por qué te vas.

Sesión de alto voltaje en el Congreso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado que haya corrupción generalizada en el Gobierno y en su partido y se ha desvinculado por completo de los casos relacionados con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Leire Díez: "Jamás conocí ni hubiera tolerado estas prácticas".

Sánchez, durante su discurso inicial de más de media hora, ha mostrado también su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en este momento de la investigación judicial y ha defendido de manera "clara y rotunda" que no hubo un trato de favor para conceder las ayudas para el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

En sus primeras palabras tras la condena a José Luis Ábalos y Koldo García por el caso Mascarillas, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que respeta y acata la sentencia el Tribunal Supremo, "como no puede ser de otra manera". "Estamos convencidos de que en este país no puede haber espacios de impunidad para las personas corruptas, sean quienes sean", ha indicado.

Pero, acto seguido, también ha ahondado en que el PSOE "no se ha financiado irregularmente".

Asimismo, el líder de los socialistas se ha detenido en el casos de su mujer y de su hermano. Ha recordado que Begoña Gómez ha trabajado en la Universidad Complutense desde 2012 y que ha cobrado "cero euros", mientras que la plaza que ocupó David Sánchez en la Diputación de Badajoz salió a concurso cuando él ya no era líder del PSOE.

Sánchez ha lanzado: "Yo voy a confiar en la justicia de mi país. A pesar de que haya actuaciones que cuesta mucho comprender. Porque sé que la inmensa mayoría de jueces hacen un trabajo modélico, esencial y objetivo. Y solo voy a pedir a la Justicia que sea justa".

"Señorías del PP y de Vox, no sean hipócritas. No vengan de defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes. No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados por montar toda una policía patriótica. No mientan afirmando que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de treinta casos abiertos con 150 implicados", ha indicado el presidente, que ha despertado el aplauso en varias ocasiones de su bancada.

Con este mensaje para los que piden elecciones: "Para mí, la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar. Porque si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país, es evidente que será un Gobierno como el nuestro y no uno del PP con Vox el que podrá acabar con ellos. Porque cuando nosotros hemos detectado casos no los hemos tapado, los hemos perseguido. Y porque nosotros trabajamos para la gente, no para las élites".

Sánchez también ha querido lanzar esta idea desde la tribuna de oradores: "Entiendo el enfado de la ciudadanía. Entiendo su frustración y su decepción. Me hago cargo. Entiendo que, después de pasar treinta minutos ante el televisor viendo este chorreo de casos, tengan la tentación de pensar que todos somos iguales. Pero no es cierto".

En este sentido, ha hecho una defensa de su partido y de su acción ante el contexto judicial actual: "No somos perfectos. Lo sabemos. Ni nuestra gestión está completa. Tenemos que hacer mucho más para garantizar el acceso a la vivienda. Para fortalecer la sanidad pública. Para subir salarios que aún son demasiado bajos y acabar con injusticias por resolver".

"Pero la solución a estos problemas no está a la derecha. Está en el centro y en la izquierda de este hemiciclo. Las élites de este país lo saben. Netanyahu y otros líderes y tecno-oligarcas extranjeros también lo saben. Los diputados del PP y Vox lo saben. Por eso no hablan de economía, ni de políticas sociales. Por eso no nos cuentan cuál es su proyecto energético, ni su estrategia de posicionamiento internacional. Por eso no paran de verter bulos, manipulaciones y fango al debate público", ha reflexionado el jefe del Ejecutivo en una de sus intervenciones más difíciles en la Cámara Baja.

Pero, a la vez, ha mandado un mensaje de resistencia: "No somos infalibles. Pero no vamos a cometer el error de callarnos. Ni de rendirnos. Ni de olvidar que esto no va de nosotros ni de ellos, sino de millones de españoles cuyo bienestar y porvenir dependen de las decisiones que toma el Gobierno cada martes. Por eso limpiamos lo que haya que limpiar. Vamos a defender la verdad donde esté siendo sepultada bajo mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes más lo necesitan".

Hasta febrero de 2024, Víctor de Aldama era un desconocido para la opinión pública, aunque llevaba décadas cerca del poder, tanto en España como en México. Fue ese mes cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo detuvo —junto al asesor de José Luis Ábalos, Koldo García— por un presunto amaño de un contrato millonario de mascarillas del Gobierno durante la pandemia, aunque quedó en libertad provisional. Meses más tarde, en octubre de ese mismo año, Aldama volvió a ser detenido, en ese caso por un presunto fraude en el negocio de los hidrocarburos que asciende, según Hacienda, a más de 231 millones de euros.

Sin embargo, el comisionista únicamente pasó 42 días en la cárcel de Soto del Real de Madrid. Su abogado, exmagistrado de la Audiencia Nacional, le indicó al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que su cliente quería colaborar. Y, más de dos años después, el Tribunal Supremo lo ha exonerado de la cárcel y esquivado la multa millonaria que para él exigía la Fiscalía Anticorrupción tras ser condenado a cuatro años y medio de prisión por organización criminal y cohecho. “Han demostrado que son justos y la colaboración en este país sirve”, se congratuló el comisionista tras conocer la resolución.

De esta manera, Aldama ha culminado una de las transformaciones más llamativas de la política española reciente. Pese a que su participación delictiva en el caso mascarillas ha quedado acreditada judicialmente este lunes —la UCO lo considera el jefe de la trama criminal— , se ha convertido en una suerte de denunciante heroico para amplios sectores de la derecha política y mediática. Una figura presentada como pieza clave en la lucha contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su entorno más cercano.

La sentencia del Tribunal Supremo que ha cerrado el caso mascarillas no presenta precisamente a Aldama como un ciudadano ejemplar, sino como el corruptor que empezó a colaborar con la justicia una vez ya imputado, tras comprobar que le podía beneficiar en el juicio. Los magistrados aprecian la atenuante análoga de colaboración como muy cualificada. Y, en base a esto, le rebajan la pena en dos grados respecto a los delitos de organización criminal y cohecho continuado, pese a que participó activamente en la trama y obtuvo beneficios económicos millonarios que no tendrá que devolver.

Sin embargo, la imagen pública que ahora proyectan numerosos dirigentes políticos, comunicadores y activistas conservadores poco tiene que ver con esa realidad judicial. Aldama no comenzó a colaborar por arrepentimiento o remordimientos, como sí hizo el exconcejal del PP José Luis Peñas con la Gürtel. En ese caso, fue él quien destapó el caso al proporcionar unas grabaciones de Francisco Correa. Aldama, en cambio, colaboró cuando la UCO ya había acumulado una amplia base probatoria sobre el funcionamiento de la trama y cuando él ya estaba en prisión.

En los casos de corrupción, la figura del colaborador aporta información decisiva para descubrir delitos desconocidos o identificar responsables que, de otro modo, permanecerían ocultos. En el caso de Aldama, el Supremo parece obviar que la investigación ya había acreditado buena parte de los hechos esenciales cuando decidió convertirse en colaborador. Pese a ello, el Alto Tribunal considera que su aportación fue suficiente para apreciar una atenuante muy cualificada de colaboración. Sin embargo, también deja fuera algunas de las graves acusaciones que lanzó el comisionista contra Sánchez y su entorno por no considerarlas acreditadas.

Con todo, la transformación de Víctor de Aldama en una figura política de referencia para una parte de la derecha no se ha producido únicamente en los tribunales. También ha sido el resultado de una intensa operación de legitimación mediática y de una red de apoyos públicos que han contribuido a presentarlo como un denunciante perseguido más que como uno de los protagonistas de la trama corrupta que él mismo terminó reconociendo.

Uno de los respaldos más visibles ha sido el de Daniel Esteve, fundador de Desokupa y uno de los referentes del ecosistema ultra español. En diciembre de 2024, cuando Aldama acudió a declarar ante el Tribunal Supremo, lo hizo acompañado por Esteve. Desde entonces, el líder de Desokupa ha actuado como uno de sus principales defensores públicos, celebrando sus éxitos judiciales y presentándolo como víctima de una supuesta persecución política. Tras conocerse la rebaja de su condena y que evitaría la prisión, Esteve difundió varios mensajes de apoyo en redes sociales en los que felicitaba a Aldama y arremetía contra la izquierda.

Pero Esteve no es el único. La exdirigente de Vox Macarena Olona ha llegado a afirmar que "gracias a su colaboración, la Justicia ha condenado una organización criminal dentro del Gobierno de España", presentándolo como una figura que habría asumido "un enorme riesgo personal" por denunciar los hechos. El agitador ultra Vito Quiles también ha celebrado la resolución judicial anunciando que "Aldama ya es libre" y asegurando que está dispuesto a "seguir ayudando a los españoles a derrotar a la mafia", en referencia al Gobierno.

En el ámbito de la política institucional, el Partido Popular ha reivindicado expresamente el papel de sus abogados en la petición de una rebaja de pena para el empresario. Alberto Núñez Feijóo señaló este lunes que se alegraba de que la acusación particular ejercida por los populares hubiera acertado al solicitar esa reducción porque "a aquel que colabora con la Justicia, le corresponde". Esa ha sido la tesis también de las portavoces en el Congreso, Ester Muñoz, y en el Senado, Alicia García. 

Precisamente en la sesión de control de la Cámara Alta, el ministro Félix Bolaños arremetió este martes contra la posición del PP. Señaló que el comisionista “no merece” que se le ensalce y diferenció entre él y el citado José Luis Peñas, tras destacar que muchas de las afirmaciones del comisionista no se han podido probar, al contrario que las de Peñas. Y añadió: "Yo respeto que ustedes tengan tanta admiración por el señor Aldama, que sea su referente ético, su amigo, su aliado. Les propongo que le metan en las próximas listas electorales del PP y que hagan público su amor”.

En paralelo, Aldama ha protagonizado una extensa gira mediática. Durante los últimos meses ha multiplicado sus apariciones en televisiones, radios, periódicos y canales afines a la derecha. Su presencia ha sido especialmente intensa en el universo Mediaset, con entrevistas y conexiones en El Programa de Ana Rosa, Horizonte o los propios Informativos Telecinco. En estos espacios ha reconocido que tuvo ayuda del subdirector de El Español, Jorge Calabrés, para boicotear la rueda de prensa de Leire Díez.

Desde estos medios ha repetido una estrategia basada en anunciar nuevas pruebas, anticipar futuras imputaciones o sugerir revelaciones de gran impacto político que, según sostiene, terminarán afectando al entorno del presidente del Gobierno. La mecánica se ha repetido una y otra vez: anuncio de revelaciones inminentes, promesa de documentación definitiva y expectativa de un supuesto giro histórico en las investigaciones.

Hasta el momento, sin embargo, muchas de esas afirmaciones no han sido acompañadas de evidencia documental ni han tenido reflejo en resoluciones judiciales. Pero todo ello le ha servido para dejar de ser presentado como un empresario implicado en una trama corrupta para convertirse en una especie de acusador permanente del sanchismo.

Así, determinados programas y plataformas digitales han seguido otorgándole una enorme visibilidad, convirtiendo cada nueva declaración en un acontecimiento político. La derecha mediática, además, tampoco parece interesada en someter a Aldama al interrogatorio que merecería cualquier fuente con semejante historial. En la mayoría de esas entrevistas se le pregunta por lo que puede decir contra el Gobierno y se le concede el papel de arrepentido cuando conviene, omitiendo que su relato también es una estrategia de defensa. 

La conversión de Aldama en símbolo político responde también a una necesidad estratégica de la oposición más dura a Sánchez. Su figura permite mantener viva la expectativa de una gran revelación pendiente incluso cuando las pruebas judiciales no acompañan determinadas acusaciones. Pero, en determinados espacios, eso es lo de menos: solo hace falta que Aldama lo diga para publicar. Luego los dirigentes del PP y Vox lo difunden y la sospecha se instala.  

El PSOE llevaba días esperando la sentencia del Tribunal Supremo por el caso Mascarillas. En mitad de una vorágine judicial que hace tambalear el tablero político. Y finalmente llegó. Con una dura condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos de más de 24 años de cárcel. Un hombre que lo fue todo en el partido, pero al que los socialistas habían dado la espalda hace ya mucho tiempo.

Nadie defiende a Ábalos hoy en día en el socialismo. Todos le reprochan no haber actuado conforme a los principios del partido. Y, además, hay una profunda indignación por el daño que ha hecho a la formación que él dirigió durante años a través de la Secretaría de Organización. Un sentimiento de decepción, rabia e indignación recorre a cargos y militantes del partido por lo que hizo el exdirigente valenciano.

El PSOE ya había hecho desde hace meses la digestión de una posible condena. Por eso, encaja durante estas horas este golpe judicial con la idea de que el partido actuó “desde el primer minuto”, como defienden en el cuartel general de los socialistas. Y se reafirman en la dirección del partido en que Pedro Sánchez hizo lo correcto al apartarlo al conocerse los primeros informes e indicios, algo que no fue bien visto incluso entre sectores del partido en ese momento.

En el PSOE dan por amortizado el daño electoral por el caso Ábalos, pero uno de sus objetivos en estos momentos es defender su actuación y remarcar que es un partido “limpio”, como indican varios dirigentes, después de los cambios orgánicos llevados a cabo a raíz de los escándalos del exministro de Transportes y del exsecretario de Organización Santos Cerdán.

“Somos un Gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público. A lo largo de estos años, hemos construido equipos, actuado e impulsado numerosas leyes y regulaciones en virtud de ello”, defendieron fuentes del Palacio de la Moncloa tras hacerse pública la sentencia.

Con este mensaje principal: “Por eso, lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra esos principios. Y nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada”.

Pero también hay miembros del Gobierno que apuntan a que es “desproporcionada” esa sentencia porque conlleva penas de cárcel de más de 24 años para Ábalos y de más de 19 para el exasesor Koldo García, mientras que exime de ingresar en prisión al empresario Víctor de Aldama, condenado a más de cuatro años, y de devolver los 3,7 millones de euros de comisiones.

Este sentimiento se repite entre miembros del Gobierno y del PSOE en privado, aunque algunos dirigentes también lo sacaron a relucir en público, como el actual titular de Transportes, Óscar Puente, y la portavoz federal, Montse Mínguez, que escribió en X: “Quien la hace, que la pague, por supuesto, pero: 24 años para Ábalos, 19 años para Koldo y 4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP. ¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Porque, sinceramente, cuesta entenderlo”.

Aldama llegó a acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de conocer la trama, aunque sin aportar ninguna prueba. No hay ninguna referencia al jefe del Ejecutivo en la sentencia del Tribunal Supremo. El empresario se ha convertido durante estos meses en un icono para parte de la derecha, que lo defiende al entender que puede hacer caer al Gobierno.

Diferentes voces del PSOE comentan también en privado que, tras la sentencia, el empresario condenado se hizo una fotografía con el agitador Vito Quiles, quien en redes dijo: “Lo que estamos preparando va a ser un golpe histórico contra Sánchez. Aldama ya es libre y está dispuesto a seguir ayudando a los españoles a derrotar a la mafia. Atentos a las próximas horas”.

Asimismo, el apoyo al empresario llegó en redes a través de Daniel Esteve, líder de Desokupa, que colgó una foto con él y el siguiente mensaje: “Enhorabuena, hermano. Y los putos rojos ya podéis ir pasando a comernos los huevos por detrás. Aldama no entrará en prisión”.

Nadie en el partido sale a defender a Ábalos, pero sí muchos cargos ponen el énfasis en la idea que envía la parte de la sentencia relacionada con Aldama. Como indica un dirigente territorial: “Que no pise la cárcel ni tenga que devolver la comisión que se llevó de la corrupción lanza un mensaje muy peligroso a la ciudadanía: roba y si luego delatas a los demás, quedas libre”.

Para muchos socialistas, se manda el mensaje de que un corrupto se puede salvar de la cárcel si ayuda a tratar de tumbar a un Gobierno progresista. Y también varios cargos del partido dicen que esto puede servir de cara a futuros procesos en casos como los de Leire Díez y Julio Martínez.

Esta condena a Ábalos y García llega en una semana clave también para el Ejecutivo por la esperada comparecencia de Sánchez en el Congreso para informar sobre la situación tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el paso de la UCO por segunda vez por la sede socialista para requerir información sobre el caso Leire, que investiga una supuesta trama para entorpecer procesos judiciales relacionados con el partido y con el Ejecutivo.

El Gobierno, además, da este martes el primer paso para elaborar los presupuestos generales del Estado a través de la presentación en el Consejo de Ministros, por parte de Carlos Cuerpo, de la actualización del cuadro macroeconómico. Las cuentas públicas serán la clave de hasta dónde puede llegar la legislatura después de que Sánchez haya abierto la puerta a ir a elecciones anticipadas si no salen adelante. La votación de infarto podría ser a finales de octubre o principios de noviembre con las enmiendas a la totalidad. Ya nadie en el partido descarta que la cita pueda ser en el primer trimestre de 2027.

Tras conocerse la sentencia del caso Mascarillas, Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular) exigió la dimisión del presidente y la convocatoria urgente de elecciones, aunque evitó presentar una moción de censura en el Congreso. Desde el PSOE insisten en su hoja de ruta, mientras critican la hipocresía del líder del PP: “Antes de lanzar su propia moralina barata, debería explicar por qué es incapaz de exigir una sola explicación a Isabel Díaz Ayuso”.

El PSOE también criticó este lunes duramente la nueva decisión del juez Juan Carlos Peinado, que ha exigido a Begoña Gómez que entregue su pasaporte el próximo miércoles, el día en que el presidente ofrece explicaciones ante el Congreso. El Consejo General del Poder Judicial inició el proceso para decidir si abre expediente al magistrado. Desde el Ejecutivo insisten en lamentar la instrucción “anómala” y con carácter político que está sufriendo la esposa del presidente.

El Supremo pone punto final al llamado caso Mascarillas. El Alto Tribunal da por acreditadas las prácticas corruptas del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, así como el papel de Víctor de Aldama como corruptor. La sentencia, adoptada por unanimidad, es severa para los dos primeros, a los que castiga con penas de 24 y 19 años de prisión, respectivamente. Y especialmente benévola para el empresario, que se libra de la cárcel y esquiva la multa millonaria que para él exigía la Fiscalía Anticorrupción. "Han demostrado que son justos y la colaboración en este país sirve", ha lanzado el comisionista tras conocer la resolución, aunque aún tiene cuentas pendientes con la Justicia.

El tribunal, presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, considera probado que los tres constituyeron una organización criminal en la que cada uno de los condenados asumía un papel "diverso y complementario". Los magistrados evitan colocar la etiqueta de "jefe" de la trama. Simplemente, describen el papel que jugaba cada uno. Ábalos "aportaba la autoridad" que le confería su máxima responsabilidad en el Ministerio de Transportes y su "directa influencia" cuando era precisa. García, su "hombre de confianza", "ejecutaba" la "voluntad" del exdirigente socialista. Y Aldama era quien, "en beneficio propio y de terceros", aprovechaba su "influencia" sobre ambos para garantizar, con los correspondientes pagos, la adjudicación de contratos o la agilización de gestiones.

Que Aldama gozaba de una "interlocución privilegiada" en la Administración es algo que ponen de relieve distintos elementos incorporados a la sentencia. "Aldama era parte del ministerio", llegó a decir durante el juicio Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado. Él era plenamente consciente de la capacidad que tenía de llegar a las más altas esferas. Y prueba de ello es una conversación mantenida con Leonor González Pano en relación al negocio de los hidrocarburos. "Es para las licencias de los gasocentros. Agilizar los trámites con Industria. Si tú puedes hacerlo, se comentó que te pagarían por ello y en efectivo", escribió la primera. "Okkkk lo tengo muy fácil jajajajaja tendría que ver cuánto pagan para ver si interesa", respondió el empresario.

Fue en el marco de aquel "plan criminal", y en los momentos más duros de la pandemia, cuando Aldama dio un buen pelotazo con la compraventa de material sanitario. Soluciones de Gestión, mercantil vinculada al empresario, se hizo con dos contratos de suministro de mascarillas licitados por Puertos del Estado y Adif, entes dependientes del Ministerio de Transportes. En su escrito de conclusiones, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, situaba en 3,7 millones de euros la "comisión" que se llevó Aldama por ambos contratos, una cifra que el Alto Tribunal eleva hasta los 6,67 millones si se le suman otras licitaciones que no son objeto de acusación o están siendo investigadas en pieza aparte –como las adjudicaciones del servicio canario y balear de salud–.

En el marco de esos negocios, Aldama sostuvo que Ábalos le pidió dos millones de euros y García la compra de la casa en la que vivía y que valoró en medio millón. Ya en el juicio, el empresario sostuvo que "pagó parte de esas previsiones". En su sentencia, sin embargo, el Supremo reconoce que "de la entrega de esas cantidades no existe corroboración alguna". "Ni siquiera sirve de indicio para esa cifra el informe patrimonial aportado", añaden los magistrados. Ahora bien, sí existe una hoja de Excel incautada en el ordenador del comisionista que probaría, a ojos del tribunal, la "solicitud" de esos pagos por parte de Ábalos y García. En el archivo, creado el 26 de marzo de 2020, figura "El Gran" –que sería el exministro– junto a "2.000.000" y "Goblins" –que sería el exasesor– junto a "500.000" y "casa".

Los magistrados dan credibilidad a esas notas por "la fecha de su creación", por las "previsiones de los gastos de logística" que contienen o por "la identificación de todos los demás consignados". No son los únicos pagos y dádivas a los que hacen referencia los magistrados. La sentencia recoge una "remuneración mensual" de unos 10.000 euros entre octubre y junio de 2022 para gastos fijos de Ábalos. Y también el pago del alquiler de un lujoso piso a Jessica Rodríguez, entonces pareja del exministro, por parte de la trama, que también se hizo cargo del arrendamiento de viviendas de las que disfrutó el exdirigente socialista en Marbella y La Línea de la Concepción por gestiones relacionadas con la emisión de una nota sobre el rescate de Air Europa o con una licencia de hidrocarburos.

Anticorrupción, en su escrito de conclusiones, reclamó para Aldama una multa de 3,71 millones de euros –que se corresponde con el beneficio obtenido por los dos contratos de suministro de mascarillas– por el delito de aprovechamiento de información privilegiada. El Tribunal Supremo, sin embargo, le absuelve –al igual que a Ábalos y a García– de este delito. Lo hace al considerar que "la información que se afirma privilegiada", la de "menor publicidad o posibilidad de conocer" hasta la publicación de la orden –esto es "el número de mascarillas que se licitan"–, no se obtiene de ningún "funcionario público o autoridad", sino que es el propio Aldama quien "indica a los acusados funcionarios ese dato".

La absolución por ese delito ha provocado también la caída de la multa millonaria exigida para el empresario. La sentencia del Supremo, de hecho, solo acuerda respecto de los tres condenados "el decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho" por importe de 430.298 euros: 340.000 euros por los pagos mensuales –10.000 euros durante 34 meses–, 82.295 euros por la renta del alquiler de la vivienda disfrutada por la expareja de Ábalos y 8.000 euros por el pago del alquiler del chalé en Marbella. Ábalos y García, además, deberán indemnizar de manera conjunta y solidaria a Ineco y a Tragsatec, las dos empresas públicas en las que se colocó a la expareja y una amiga del exministro.

El Alto Tribunal ha condenado a Aldama a cuatro años y medio de prisión por organización criminal y cohecho, un castigo cuya ejecución ha suspendido con la condición de que no delinca, de que presente un informe semestral de actividades y de que haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad. Los magistrados aprecian la atenuante análoga de colaboración como muy cualificada. Y, en base a esto, le rebajan la pena en dos grados respecto a los delitos de organización criminal y el continuado de cohecho, así como un grado respecto a los restantes delitos de cohecho por los que ha sido condenado. "En el caso, no cabe duda de la importancia de la colaboración prestada", resalta la sentencia, que en sus primeras páginas hace un alegato sobre la trascendencia de luchar contra una corrupción pública que pudre las instituciones.

El Supremo sostiene que los delitos de corrupción derivados de la criminalidad organizada solo pueden ser "eficazmente investigados, y reprimidos" a través de un "control interno independiente y fuerte" o con un "delator interno que sea capaz de, asumiendo su responsabilidad, incriminar a otros autores". Dada la implicación del propio ministro, los magistrados sostienen que el "primer instrumento" era de "todo punto ineficaz". Y, por tanto, "sólo la declaración incriminatoria" de Aldama "ha posibilitado la investigación y, ahora, la condena".

En este sentido, la sentencia valora la renuncia a la defensa que Aldama hizo "desde un estado incipiente de la investigación judicial", admitiendo "plenamente" su "participación" en "hechos de absoluta gravedad". "Este acusado ha reconocido y aportado datos e información relevante sobre la constitución, dimensión y el desarrollo de las actividades de la organización criminal; confirmando y, en ocasiones, apuntalando y contextualizando la prueba que había sido obtenida por los investigadores, reforzando así el respaldo probatorio de la pretensión acusatoria y agilizando el ius puniendi", resalta el tribunal.

Los magistrados destacan que haya acreditado documentalmente el inicio de unas relaciones con Ábalos que fueron "negadas por éste" y "desconocidas por la unidad investigadora". También, que aportase un contrato de alquiler con opción a compra que en su día celebró con el exministro y que el tribunal considera una suerte de seguro para asegurarse el cobro de las comisiones. O que facilitara "información relevante sobre el posible amaño en las adjudicaciones de obras públicas" que están siendo en estos momentos investigadas. Un fallo, en definitiva, que marca el camino a otros posibles delatores: "El Estado de derecho debe premiar [...] comportamientos relevantes que inciden en el descubrimiento y acreditación de delitos de la gravedad para el sistema democrático como los que son objeto de este juicio".

El Gobierno ha reaccionado a la dura sentencia del caso Ábalos dictada por el Tribunal Supremo con la idea de que "condena y lamenta" sin matices unos comportamientos que "claramente" han atentado contra sus principios de "transparencia, mérito e integridad".

Fuentes del Palacio de la Moncloa se ha expresado en estos términos después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo por la que se condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres medes de cárcel por el caso mascarillas. También se impone una pena de prisión de 19 años y ocho meses al exasesor Koldo García.

El Ejecutivo indica a raíz de esa decisión judicial: "Somos un Gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público".

"A lo largo de estos años, hemos construido equipos, actuado, e impulsado numerosas leyes y regulaciones en virtud de ello", añaden las fuentes.

Las fuentes subrayan: "Por eso, lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra esos principios. Y nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada".

Moncloa no entra a valorar el hecho de que el empresario Víctor de Aldama sea eximido de ingresar en prisión a pesar de haber sido condenado a más de cuatro años. No obstante, ese hecho sí ha sido criticado, por ejemplo, por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la red social X, donde ha escrito: "¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos. pero luego os portáis bien y 'colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora".

El PSOE indicó, tras conocerse la sentencia, que la "Justicia ha hablado y sus resoluciones deben respetarse y cumplirse": "La posición del partido ha sido clara desde el primer momento: tolerancia cero con la corrupción, colaboración total con la Justicia y máxima contundencia ante cualquier comportamiento irregular. El PSOE actuó desde el primer minuto".

Para el PSOE: "La corrupción no solo define a quienes la cometen. También retrata a quienes actúan y a quienes miran hacia otro lado. Y esa es la diferencia fundamental entre el PSOE y el PP. Nosotros actuamos. Ellos siguen en una sede en la que había caja B, sobresueldos en dinero negro y una trama de corrupción que acabó con condenas judiciales históricas. El hipócrita de Feijóo ha venido a dar lecciones hoy no sabemos muy bien desde qué atalaya moral".

"Antes de lanzar su propia moralina barata, Feijóo debería explicar por qué es incapaz de exigir una sola explicación a Isabel Díaz Ayuso", apuntaron desde Ferraz.

El Tribunal Supremo condena al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión en el llamado caso Mascarillas por organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias. La sentencia, además, impone una pena de 19 años y ocho meses de prisión por los mismos delitos a Koldo García, quien fuera, en su condición de asesor, sombra del exministro durante mucho tiempo. En cuanto a Aldama, cuyo testimonio ha sido fundamental para atar las acusaciones, el castigo se sitúa en los 4 años y medio de cárcel.

El tribunal, presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, ha establecido que el cumplimiento máximo de la condena del primero será de 15 años y 18 meses, mientras que para su asesor serán 15 años. En el caso del empresario, para quien se aplica la atenuante "muy cualificada" de colaboración, el Supremo ha suspendido la ejecución de la pena con la condición de "no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer un años de trabajos en beneficio de la comunidad".

El fallo considera probados los delitos en la adjudicación de los contratos de mascarillas, "en la remuneración mensual" de 10.000 euros para gastos fijos de Ábalos, en la contratación de dos mujeres ligadas al exministro en empresas públicas o en el arrendamiento de viviendas por parte de la trama para el ex número tres de los socialistas, entre otras cosas, "por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos".

La sentencia, adoptada por unanimidad, comienza con un relato sobre cómo se conocieron los condenados. Y a partir de ahí, se mete de lleno en los hechos delictivos. "En el desarrollo de estas relaciones personales, pronto vieron los acusados la oportunidad de obtener un común beneficio económico", se lanza el tribunal. Con ese "ánimo de enriquecimiento", los tres "convinieron" que "aprovechando el cargo" de Ábalos en el Gobierno, "este podría favorecer" la "contratación" pública de empresas "cuyos intereses captaría y promovería" Aldama, así como "facilitar" al empresario "el acceso preferente" a la Administración "para la realización de las gestiones" para sí mismo o para todas esas compañías.

Con esto en mente, constituyeron "una organización" criminal "en la que cada uno" asumió "un papel diverso y complementario, con un reparto preciso de funciones". Ábalos, resalta el tribunal, aportaba "la autoridad" y su "directa influencia" cuando era precisa. Aldama, por su parte, era "el encargado" de "localizar empresas o particulares" interesados en cualquier "clase de gestión" con la Administración para, "articulando sus intereses", hacerlos "valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella". "Siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a José Luis Ábalos y a Koldo García", remata la sentencia.

En el marco de ese "plan criminal", los acusados "convinieron una remuneración mensual" de unos 10.000 euros, cantidad que "se entregó" desde octubre de 2019 a junio de 2022. Además de eso, el tribunal también considera acreditado que la trama también abonó de marzo de 2019 a septiembre de 2021 el pago del alquiler de un lujoso piso en el centro de Madrid a Jessica Rodríguez, entonces pareja de Ábalos. Y destaca que para "garantizar" a Ábalos la "percepción de las comisiones ilícitas" por la adjudicación de contratos, el exministro y el empresario "celebraron un contrato de arrendamiento con opción a compra" de un piso propiedad de Aldama, fijando un "precio" de adquisición "muy inferior al real del mercado". El Supremo considera que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de cohecho.

El tribunal también ve probado que los tres acusados maniobraron para que Soluciones de Gestión se hiciera con dos contratos millonarios de mascarillas en plena pandemia. Por esas dos operaciones y otras adjudicaciones a la misma firma que no han sido objeto de acusación o que la misma se sigue en pieza separada Aldama canalizó "comisiones" por un total de 6,67 millones de euros, mientras que Ábalos y García "le solicitaron" dos y medio millón de euros, respectivamente. En todo esto, los magistrados ven un delito de tráfico de influencias en concurso real con un delito de cohecho para exministro y exasesor, mientras que Aldama sólo incurriría en cohecho pasivo.

En el caso de la contratación de Claudia Montes, amiga de Ábalos, en Logirail –filial de Renfe– los magistrados ven tráfico de influencias. Y en la contratación de Jéssica Rodríguez en Ineco y Tragsatec, otras dos compañías públicas, el Supremo sostiene que los hechos son constitutivos de un delito de malversación en concurso real con un delito de tráfico de influencias. Los magistrados, del mismo modo, ven cohecho en el hecho de que el exministro y su familia disfrutasen de forma gratuita de una vivienda en Marbella en las vacaciones de 2020 "en pago de las gestiones" realizadas en relación con el rescate de Air Europa. Un delito que también aprecian en la cesión gratuita durante varios meses de un chalé en la urbanización La Alcaidesa, ubicada en la Línea de la Concepción.

La sentencia dedica varias páginas a justificar la pena impuesta a Aldama. El tribunal aprecia la atenuante analógica de colaboración como muy cualificada. Y, en base a esto, le rebaja la pena en dos grados respecto a los delitos de organización criminal y el continuado de cohecho, así como un grado respecto al resto de delitos de cohecho. "No cabe duda de la importancia de la colaboración prestada. [...] Sólo la declaración incriminatoria de un coautor ha posibilitado la investigación y, ahora, la condena", recoge la sentencia.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tuvo que corregir ante el tribunal a su confidente, el empresario y conseguidor Víctor de Aldama, durante la última jornada del caso Mascarillas. "Desde luego, el presidente del Gobierno no era el número uno", como había sostenido durante su declaración como acusado –y, por tanto, con el privilegio de poder mentir– el principal delator del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y su asesor de cabecera y presunto cómplice Koldo García. Pese a ese bulo deslizado ante la más alta instancia penal española, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Luzón defendió que su colaboración no solo merecía la atenuante propuesta por él mismo, que suavizó hasta los siete años de cárcel su acusación, sino que podría, como propuso el abogado del PP, Alberto Durán, y el propio defensor de Aldama, José Antonio Choclán, atenuarse todavía más hasta permitir la suspensión de su hipotético ingreso en prisión.

El jefe de Anticorrupción justifica esta postura por su aportación "sobre la duradera relación que mantuvo" con Ábalos y Koldo, así como otras pruebas sobre supuestos amaños de obra pública –con la escritura manuscrita del asesor, confirmada durante la instrucción del caso, o "la participación en tales amaños de Santos Cerdán León", el sucesor de Ábalos como número tres del PSOE al frente de la Secretaría de Organización del partido, "lo que era del todo desconocido para la investigación". "Se trata de manifestaciones relevantes, veraces, que se compadecen con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento", sostiene Luzón que, tras el juicio, incluyó una nueva valoración en sus conclusiones definitivas: que los audios intervenidos a Koldo sobre el reparto de obra pública "encajan plenamente con lo inicialmente declarado" por Aldama.

El trato privilegiado que la acusación pública (coincidiendo con el PP) ha dado al colaborador ha sido muy cuestionado en diversos ámbitos. Y no solo por el señalamiento –sin pruebas, en sede judicial y con posterior desmentido del fiscal– hacia Pedro Sánchez como líder de la organización criminal. También por el señalamiento contra el propio Aldama de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que lo ha colocado en la cúspide de la banda –"quien paga, manda", dijeron de él los agentes ante el plenario– y, sobre todo, por los bulos que ha ido aireando en medios especialmente contrarios al Gobierno desde su salida de prisión en noviembre de 2024 gracias al apoyo de Luzón.

Aldama ha colocado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una fiesta con prostitutas presuntamente celebrada en un piso de Madrid en una fecha en la que el ministro no estaba en la capital, sino en Canarias. También ha lanzado acusaciones contra el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ya lo ha demandado. Además, difundió fantasiosos rumores sobre supuestas cuentas de varios ministros en República Dominicana o contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al que ha atribuido una comisión obtenida por su supuesta intermediación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Todas esas afirmaciones sin sustento han suscitado en el Gobierno dudas sobre si la verdadera intención de Aldama es colaborar con la justicia o con el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo.

La decisión sobre el destino de los tres acusados –Ábalos, Koldo y Aldama– en la principal trama de corrupción surgida en el seno del Ejecutivo y del PSOE está ahora en manos de los magistrados que deberán redactar la sentencia. No es la primera vez que un arrepentido adquiere un papel central en la investigación de casos de corrupción. Tres de los más sonados, Gürtel, los papeles de Bárcenas o el caso Nóos (en el que fue condenado el exmarido de Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin) se esclarecieron gracias a figuras de este tipo. Se trata de promocionar la delación, una tendencia al alza desde hace años en el Derecho Penal español y europeo.

El exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas fue, según el Tribunal Supremo, "esencial" para destapar la trama Gürtel, el mayor caso de corrupción que ha afectado al PP y cuyas últimas piezas acaban de ser juzgadas en la Audiencia Nacional. En 2007 presentó una denuncia en la policía acompañada de 18 horas de grabaciones que hizo a escondidas a su cabecilla, Francisco Correa –para el que había trabajado y del que había sido amigo– en las que revelaba parte de sus delitos. La sentencia, que terminó haciendo caer al Gobierno de Mariano Rajoy en una moción de censura, lo condenó a cuatro años y nueve meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad, malversación y prevaricación, porque, según el tribunal, cobró sobornos y ayudó al cabecilla con sus manejos en el Ayuntamiento de Majadahonda, donde Peñas fue edil.

Sin embargo, gracias a su colaboración con la justicia, la Audiencia suspendió su ingreso en prisión mientras se tramitaba el indulto de las penas de inhabilitación que también se le impusieron y que le habrían impedido continuar trabajando como funcionario. "Su colaboración ha sido esencial para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, en lo que a él y quienes con él participaron en los mismos se refiere, tanto por la aportación de determinadas conversaciones que grabó, como por la descripción de esos hechos y partícipes, en particular en lo relativo a la actividad desarrollada por Francisco Correa", explicaba la sentencia de la Época I, en mayo de 2018. El Gobierno, finalmente, le concedió el indulto que reclamaba en octubre de 2024. Habían transcurrido 17 años desde que grabó al jefe del entramado corrupto.

De su declaración como imputado ante el entonces juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, el 15 de julio de 2013, se hizo hasta una obra de teatro. En ese acto, Luis Bárcenas aportó a la investigación sus famosos papeles con los sobresueldos que el PP abonaba a sus principales cargos y que habían sido publicados por El País en enero de ese mismo año. También hizo un relato detallado de la contabilidad b del partido del que fue gerente y luego tesorero, y de cómo con los fondos que reflejaban esas cuentas se pagó parte de la reforma de la sede central de la formación en el número 13 de la madrileña calle Génova. Otro de los aspectos que confesó y en los que había participado, fue la adquisición por el partido de acciones de Libertad Digital, una transacción por la que fue condenado en mayo de 2018 en la sentencia de la Época I del caso Gürtel. Para tratar de evitar esa confesión y robarle la documentación que mostró al juez, el Gobierno de Mariano Rajoy montó la trama de espionaje de la Operación Kitchen que se juzga estos días en la Audiencia Nacional con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz como principal acusado.

Esta colaboración le sirvió al extesorero para que la Audiencia apreciara la atenuante de confesión porque "en su declaración aportó importantes datos de cara a la investigación", pero, a diferencia de lo que pide el PP y Anticorrupción para Aldama, no se le aplicó en grado cualificado porque "fueron los registros practicados con posterioridad en las sedes de Unifica [el estudio de arquitectos que ejecutó la obra] y del PP los que aportaron datos decisivos para el completo esclarecimiento de los hechos y de la intervención de otros acusados", decía la sentencia. Anticorrupción pedía para él un total de cinco años de cárcel que el tribunal dejó en dos. La sentencia no tuvo reflejo en su situación personal, ya que Bárcenas se encontraba en prisión desde la sentencia de la Época I, en la que fue condenado a 33 años que luego el Supremo rebajó a 26 con un límite máximo de 12 años, de los que cumplió algo más de ocho. Su arrepentimiento se tuvo en cuenta para el acceso a todos los beneficios penitenciarios.

En la causa que llevó al banquillo a Cristina de Borbón y terminó con la condena de su esposo, Iñaki Urdangarin, por el llamado caso Nóos, también hubo un arrepentido. Fue Marco Antonio Tejeiro, el contable del instituto regentado por el yerno de Juan Carlos I y su socio Diego Torres (cuya esposa era la hermana del delator). Tejeiro relató al fiscal anticorrupción Pedro Horrach los negocios ilegales de Nóos y el desvío por parte de Urdangarin y su socio a sus empresas de fondos públicos adjudicados por los Gobiernos de Baleares durante la presidencia de Jaume Matas o de la Comunitat Valenciana con Francisco Camps, ambos del PP.

El confidente del caso Nóos compareció en el juicio ante la Audiencia de Baleares como imputado por los delitos de prevaricación, malversación, estafa y falsificación de documento por los que la Fiscalía le reclamaba dos años de cárcel. Finalmente, gracias a su colaboración, tanto Anticorrupción como la acusación popular del pseudosindicato ultra Manos Limpias levantaron la acusación contra él, por lo que resultó absuelto.

La última fase del juicio del caso Mascarillas ha estado rodeada de una cierta polémica en torno a la actuación de Anticorrupción. El PP –que es una de las acusaciones populares en el proceso– y sus medios afines han reclamado que la petición de prisión contra el principal confidente del caso, el empresario Víctor de Aldama, se redujera hasta el punto de permitir una eventual suspensión de la pena para que no entre en la cárcel. Esa reclamación se ha traducido en presión hacia el Ministerio Público para que mantuviera esa posición (planteada en el proceso por el PP) y en acusaciones directas a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de haber obligado al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a mantener su petición inicial de siete años de cárcel y no premiar aun más la colaboración de Aldama dando así una supuesta instrucción favorable al Gobierno de Sánchez que, sin embargo, el propio Luzón ha desmentido que existiera.

El Código Penal permite modular el castigo a los arrepentidos en recompensa a su colaboración mediante las circunstancias atenuantes. Es lo que hizo el pasado lunes el PP al reclamar que se le aplicara la atenuante analógica de confesión como "muy cualificada", dando lugar a una rebaja en su petición de penas al confidente de dos grados, lo que permitiría, en su caso, al Supremo suspender su ingreso en prisión en caso de que fuera condenado. Anticorrupción, sin embargo, mantuvo su petición inicial de siete años de cárcel con la apreciación simple de esa misma atenuante, aunque después, en su exposición oral, Luzón argumentó que en el caso de Aldama también era posible la reducción que planteaba el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo junto al resto de acusaciones populares.

Más allá de esta polémica, lo cierto es que, desde 2004, los sucesivos gobiernos, tanto socialistas como populares, han defendido que en casos de arrepentidos como el corruptor del caso Koldo, el fiscal pueda ir mucho más allá que actualmente y pueda premiar la colaboración con la suspensión del proceso contra él y su posterior archivo. El proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado por el Ejecutivo de Sánchez –el que prevé que sea el fiscal el que dirija la investigación de los delitos– que actualmente se tramita en el Congreso, mantiene esta posibilidad para los casos de "colaboración activa contra una organización criminal". Aldama está acusado de formar parte de una banda de este tipo así como de los delitos de cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. En los casos de José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, la nómina de infracciones se completa con tráfico de influencias y malversación.

"En los supuestos de delitos castigados con penas de hasta seis años de prisión o con penas de otra naturaleza, cualquiera que sea su extensión, cometidos en el seno de una organización criminal, el fiscal podrá acordar la suspensión del procedimiento", dice el primer inciso del artículo 168 del proyecto de ley orgánica. Esa suspensión puede decretarse si el colaborador abandona previamente la organización, reconoce sus delitos e impide con su actuación que se produzcan otros nuevos o, como en el caso de Aldama, cuando el confidente ayude "eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otras personas responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones criminales a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado". La colaboración del conseguidor del caso Mascarillas, ha servido, por ejemplo, para atrapar a Santos Cerdán, como han señalado en el juicio tanto el PP como el fiscal.

Para que el Ministerio Público pueda acordar esa nueva figura en caso de que, finalmente, se apruebe la ley, el confidente tiene que pagar previamente todas las indemnizaciones que se deriven de sus delitos para demostrar su arrepentimiento. La suspensión queda condicionada, además, a que el colaborador no frustre posteriormente los datos facilitados en su confesión ni vuelva a delinquir. Si cumple esas dos condiciones, transcurridos cinco años desde la suspensión del procedimiento, el confidente puede reclamar al juez del caso "el sobreseimiento del procedimiento archivado, con pleno efecto de cosa juzgada", con lo que los delitos quedarían sin condena gracias a su cooperación con los investigadores.

Esa posibilidad también fue defendida por el PP en 2013, cuando presentó su borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal elaborado por el Ministerio de Justicia que entonces dirigía Alberto Ruiz-Gallardón. Ese texto, en lugar de la suspensión (que solo se convierte en archivo cinco años después) preveía el sobreseimiento a instancias del fiscal, pero en estos casos, se exigía un pronunciamiento previo del fiscal general del Estado, que debía evaluar si la cooperación del integrante de la organización criminal había tenido la suficiente entidad como para eximirle de sus delitos. Una posibilidad similar estaba prevista en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, cuando quien ocupaba la cartera de Justicia era Francisco Caamaño.

La exposición de motivos del proyecto actualmente en trámite parlamentario recuerda que la posibilidad de que el fiscal terminara el proceso "por razones de oportunidad" ya se recogía en los textos anteriores. La futura regulación está inspirada en el derecho alemán y el portugués y, en el caso de las organizaciones criminales, se busca un supuesto ligado "a la figura del arrepentido". "Este supuesto se sujeta (...) a claros límites reglados y a condiciones que aseguran que la decisión de oportunidad solo será efectiva cuando el arrepentimiento sea real, la colaboración prestada sea activa y sustancial y siempre que las víctimas del delito cometido hayan sido debidamente resarcidas", dice el preámbulo de la futura norma procesal.

¿Hasta dónde se puede recompensar a un corrupto sin convertirlo en un agravio? ¿Cuántos beneficios se le pueden conceder sin que el mensaje contra la corrupción acabe siendo que delinquir sale gratis? La corrupción tiene un coste altísimo. El primer responsable es el corrupto, y también su entorno por no detectarlo. Se exigen responsabilidades políticas precisamente por la falta de celo, dejación o incapacidad deliberada para leer las señales —siempre las hay— y dejarles hacer hasta que es tarde. Sabemos que hace falta la prensa y el engranaje de la Justicia para destaparla. Por esa dificultad para destaparla, la reparación también es el mensaje. Se condena a los corruptos para que el siguiente sepa que pagará por lo mismo, para dejar claro que el poder no protege y nadie es impune.

El Fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón no es impermeable al debate social. Y es positivo. En su alegato final ha alabado la figura del arrepentido. Pero Aldama no encaja en ese traje. El concejal del PP José Luis Peñas llevó voluntariamente a la Policía las grabaciones que originaron el caso Gürtel. Aquel “yo le he llevado a Génova un millón de euros”, con el piano de fondo. Pudo no hacerlo y le habría cambiado la vida —probablemente para bien—. Sin embargo, lo hizo, entregó las pruebas y fue condenado a 4,9 años de prisión.

A Víctor de Aldama le detuvieron como presunto capo de una red criminal de fraude de hidrocarburos por más de 183 millones de euros, y solo así encendió un ventilador averiado. Ha confesado lo que la UCO ya tenía en la causa y, aun siendo relevante, no ha destapado la trama. Hasta el teniente coronel Antonio Balas lo señaló en su declaración del caso mascarillas. 

Pero además de no destaparla, ha utilizado su declaración para elevar el espectáculo a sabiendas de no tener pruebas ni ser cierto. El jefe de la trama no era Pedro Sánchez, como “con notable desahogo le otorga ese papel Víctor de Aldama”, ha dicho Alejandro Luzón en su informe final. Colaborar con la Justicia no es mentir a la Justicia. Si Aldama lo hace, debería tener consecuencias. El comisionista acumula una buena ristra de acusaciones falsas. Que se sepa, las que afectan a ministros y presidencia. Ángel Víctor Torres nunca estuvo en el piso con Koldo García y varias mujeres. Félix Bolaños no intentó sobornarle. Sus acusaciones a María Jesús Montero, Teresa Ribera o Reyes Maroto han servido al ruido político y mediático, no al judicial. Están pensadas para eso. Un extorsionador que sirve comida basura a la derecha y la oposición lo utiliza sin importarle lo más mínimo cuánto se puede reparar de esta corrupción mediante el castigo al trío del ministro, el asesor y el corruptor.

En la lógica de hacer oposición entra todo. Un partido como el PP, que salió del Gobierno con una moción de censura por la Gürtel y tiene el caso Kitchen en la otra pantalla, no puede permitirse pedir menos pena para un corrupto. La dirección letrada del PP en el caso Ábalos debería centrarse en exigir una pena ejemplarizante para toda la trama, no en facilitar beneficios a quien corrompió un Gobierno. No es ejemplarizante, ni debería salir gratis. Porque mientras clama contra Delcy Rodríguez, ensalza al corruptor que la trajo a España y tenía negocios con su entorno mucho antes de que Ábalos fuera ministro, según la UCO y el propio comisionista. El papel del PP no es salvar a Aldama por más que le resulte útil para desgastar a Sánchez. La causa ya es suficientemente grave para exigir responsabilidades y presionar en el juicio, antes que premiarlo con libertad y halagos. 

Si Aldama sigue paseándose por los platós y es capaz de mentir en el Tribunal Supremo es porque, desde la instrucción, se lo permiten. Desde que salió de prisión, Víctor de Aldama no se ha arrepentido. Su estrategia ha sido declararle la guerra a Pedro Sánchez desde el momento en que fue detenido. Le iba a meter en la cárcel, amenazaba, escoltado por el extorsionador de Desokupa. 

La corrupción política —la de los contratos públicos y sus mordidas— es líquida. Deja poca prueba, cuesta seguir el rastro del dinero y ni siquiera la UCO logra siempre reconstruirlo. Ha ocurrido en Lezo, en Púnica y también en el caso mascarillas. De este último sabemos que Aldama se embolsó 5,5 millones en lo peor de la pandemia, repartió sobres en efectivo para engrasar a la pareja Ábalos-Koldo y lo intentó en decenas de ocasiones con otras administraciones que le dieron portazo. ¿Qué mensaje se lanza si su condena acaba siendo similar a la del concejal Peñas, quien denunció pudiendo callar?

Se puede —y se debe— rebajar la pena a quien admite los delitos. El límite está en la proporcionalidad y medir el mensaje. Porque la lucha contra la corrupción también pasa por la amenaza del Código Penal. En eso consiste la Justicia, en temerla. Aldama, el corruptor protegido, encarna la peor mutación de los corruptores. Convertido en el protagonista de un Sálvame ultra, violento y agresivo, que puede mentir sin consecuencias y amedrentar con impunidad. Arropado en los platós, cuidado en la causa por una confesión que no ha sido tal y ensalzado por la derecha como el héroe contra el villano Sánchez. La mutación corrupta alentada por el partido para quien Aldama pide en público el voto. Solo por eso deberían de apartarse y no premiarle. 

La Fiscalía Anticorrupción ha ratificado este lunes sus peticiones de 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos, 19 años y medio para su exasesor Koldo García, y 7 años para el comisionista Víctor de Aldama por la presunta trama de amaños en contratos de mascarillas a cambio de comisiones.

El fiscal jefe Alejandro Luzón ha anunciado ligeros cambios en sus conclusiones definitivas, que no afectan a las penas de cárcel que solicita para ninguno de los tres acusados, mientras que el PP, que lidera las acusaciones populares, sí ha solicitado rebajar la condena a Aldama al considerar "muy cualificada" la atenuante de confesión por colaborar con la Justicia.

Una rebaja para el comisionista que finalmente la Fiscalía no ha considerado. Su petición inicial, de 7 años, se mantiene al final del juicio en el Tribunal Supremo tras un proceso de decisión interno en el Ministerio Público, en el que puede haber conversaciones pero no ha habido órdenes o presiones, según fuentes fiscales.

Las fuentes se referían así a algunas informaciones que apuntaban a una orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para evitar la aplicación de esta atenuante muy cualificada.

El PP sí ha visto en cambio en la confesión de Aldama —que dijo haber pagado comisiones millonarias al exministro y al exasesor— motivo suficiente para aplicar una circunstancia atenuante muy cualificada de confesión y reducir su condena en dos grados, lo que dejaría su petición en alrededor de 5 años y dos meses.

Las acusaciones populares que lidera el PP han solicitado además que el tribunal imponga menos de dos años de cárcel por cada uno de los delitos que atribuyen a Aldama, lo que evitaría que ingrese en prisión. Una conclusión con la que ha estado de acuerdo el abogado del comisionista, que también ha pedido que sus condenas no superen los dos años por cada uno de los delitos "asumidos", y ha mostrado su "discrepancia" con la "intensidad" de la atenuación contemplada por la Fiscalía.

Por su parte, las defensas de Ábalos y Koldo García han elevado a definitivas sus conclusiones, en las que piden la absolución para ambos. Acusaciones y defensas han expuesto así sus conclusiones tras una farragosa escucha de audios que poco se han entendido y otras pruebas documentales.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exnovia, Jésica Rodríguez, y su familia disfrutaron de determinados inmuebles con absoluto desconocimiento por parte del exmiembro del Gobierno de que los sufragara el conseguidor de la trama corrupta del caso Koldo, Víctor de Aldama, a través de sus socios y conocidos. Así lo ha sostenido el ex miembro del Gobierno y ex número tres del PSOE durante su declaración como acusado y sin obligación de decir la verdad. A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, Ábalos ha asegurado que la decisión de adjudicar contratos para la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión procedió directamente de la subsecretaría del ministerio. "Yo solo daba la orden política de que se contratara pero no me he metido jamás en la contratación, no miraba ninguna oferta", ha declarado. "Mi única obsesión es que tuviéramos equipos de protección ya", ha añadido. El exministro, además, ha sugerido que su excompañera Jésica pudo actuar coaccionada en su declaración como testigo: "Se inculpa porque le han dicho que no le va a pasar nada".

En su declaración del pasado miércoles, Aldama aseguró que fue Koldo García, la mano derecha del ministro, el que le encargó que entablara relaciones con contratistas del ministerio para obtener mordidas en efectivo que, como dijo sin aportar prueba alguna, servirían para financiar al PSOE. Para ello, el principal asesor de Ábalos y el conseguidor y número uno del entramado, habrían establecido un sistema de pagos y atenciones al ministro. Una de esas compensaciones en especie sería el pago de un alquiler a la novia de Ábalos, Jésica Rodríguez, en la Torre de Madrid, el edificio emblemático de la plaza de España. El otro era la puesta a su disposición como una garantía de los supuestos pagos procedentes de las constructoras de obra pública de un piso en la Castellana propiedad del propio Aldama. El de la plaza de España lo sufragó también uno de sus socios, Alberto Escolano.

Ábalos ha asegurado que su relación con Jésica iba en serio y que ambos buscaban "un espacio compartido" porque tenía la esperanza de que "esa relación prosperara". Fue entonces cuando Aldama ofreció la posibilidad de que firmar un contrato de alquiler con opción a compra del piso de la Castellana. El exministro llegó a rubricar ese contrato, pero asegura que no pudieron trasladarse porque estaba ocupado por otros inquilinos que no lo abandonaron hasta 2022. Ante esa inconveniencia, decidieron buscar una solución alternativa y provisional para Jésica. Es así como la entonces pareja del ministro entró a vivir en el apartamento de la Torre de Madrid, donde permaneció hasta 2022. Ábalos ha declarado que fue su asesor, Koldo, el que se ocupó de todo y que pensaba que quién pagaba al piso, no tenía nada que ver con Aldama. "Nunca tuve llaves de ese apartamento ni pernocté en él", ha asegurado.

El principal acusado y exmiembro del Gobierno ha puesto en duda el testimonio de Jésica y ha llegado a plantear que su declaración como testigo en el juicio pudo ser fruto de coacciones. "A uno no le parece bien verla sufrir así, verla comparecer aquí diciendo lo que tuvo que decir", ha declarado Ábalos. "Dijo que no iba a trabajar sin que nadie se lo preguntara; que había elegido el apartamento [de plaza de España] motu proprio; que no conocía al señor Aldama cuando yo la conocí por él", ha añadido. "Ella no puede inculparse de algo si previamente no se le ha dicho que no le va a pasar nada. Nadie dice que no va a trabajar cuando se ha preocupado por fichar todos los días tanto en INECO como Tragsatec", las empresas públicas dependientes del ministerio en las que, según la investigación, fue colocada Rodríguez por intermediación de Ábalos y Koldo.

Es en torno a esos trabajos y a si Jésica Rodríguez fue o no a trabajar, donde el exministro y ex secretario de Organización ha mostrado una mayor desmemoria. Negó que fuera idea suya que trabajara en INECO –"ni se me ocurrió", ha dicho–, que le pareció bien que encontrara un empleo pero pensaba en empresas del sector privado y no en una de las públicas del ministerio. El exministro ha declarado que lo único que hizo fue pasar el currículum a Koldo y que no hizo ninguna llamada en favor de su entonces compañera. Respecto a su paso posterior a Tragsatec, se ha remitido a un informe de la propia compañía que, dijo, asegura que consiguió legalmente a través de un proceso de selección. Sin embargo, ha negado que conociera que su novia, en realidad, no trabajara. Tenía un ordenador y pensaba que lo hacía a distancia por razón de la pandemia. En cualquier caso aseguró que no recordaba haber hablado de estos asuntos con ella porque a él no le parecían interesantes.

Otro de los inmuebles que se puso a disposición al ministro fue un chalé de la lujosa urbanización de La Alcaidesa, en Cádiz. Según el escrito de acusación, se trataría de una compensación de la empresaria Carmen Pano, también cercana a Aldama, por las supuestas gestiones para que Villafuel, una de sus empresas, obtuviera la licencia de operador de hidrocarburos con la intermediación de Ábalos y Koldo. El exministro aseguró que buscaba una vivienda de alquiler para que él y su familia pasaran el verano y luego, en caso de que les gustara, adquirirla. "Como hizo siempre en estos casos, Koldo recurrió a Aldama para que le asesorara", ha declarado. "Me dijeron que era de una sociedad que no se dedicaba a nada que tuviera que ver con el ministerio", ha añadido. "¿Por qué escoge un chalé en venta en lugar de uno en alquiler si era para pasar el verano?", le ha preguntado el fiscal. "La propuesta no salió de mí, pero alguien puede intentar vender y aceptar un alquiler con opción a compra", ha asegurado. "Fue un alquiler real, nada simulado", ha añadido.

Respecto del contrato de adquisición de ocho millones de mascarillas por su departamento (y otro posterior de cinco millones) adjudicado a dedo a otra de las empresas relacionadas con Aldama, Soluciones de Gestión, en los primeros días de la pandemia, Ábalos ha asegurado que todo el proceso fue diseñado por la subsecretaría del ministerio, el órgano que se encarga de la gestión económica. "Yo daba la orden política", ha señalado, pero después, ha añadido, no decía con quien había que contratar. Según el exministro, su entonces compañero y ministro de Sanidad, Salvador Illa, le advirtió previamente de que tuviera mucho cuidado porque "hay mucha estafa". Soluciones de Gestión, según el exministro, tenía la ventaja de que era la propia empresa la que adelantaba el dinero con lo que asumía el riesgo.

"Todo el mundo sabe que buscábamos un proveedor; era un privilegio tenerlo", ha declarado detallando el nivel de angustia del momento y la perentoria necesidad de material sanitario en plena carencia. "Al menos pudimos traer las mascarillas y a un precio inferior a la media del momento", ha proseguido. "Mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya". "El riesgo económico lo asumió el proveedor", "no me pasaron ninguna otra oferta", ha proseguido. "No me he metido jamás en nada de contratación salvo el objeto del contrato", es decir, que él decidía que se adquiriese el material sin entrar a valorar o fiscalizar a quién se le compraba. Respecto al papel del Aldama, el exministro ha concedido que es probable que conociera la situación de extrema necesidad por su relación con Koldo. "Uno, en ese momento, lo interpreta como una ayuda", ha declarado. "La preselección de ofertas se podía hacer y era legal", ha añadido.

Otro de los hechos por los que supuestamente Aldama remuneró ilegalmente a Ábalos fue la ayuda del exministro para el rescate de Air Europa, compañía de la que el conseguidor era asesor. El ministerio transmitió en agosto de 2020 a varios medios su posición favorable al rescate de la compañía aérea, lo que la trama habría recompensado con una estancia en un chalé vacacional en Marbella (Málaga). Ábalos justificó esa intervención y el rescate de la aerolínea porque "un Gobierno tiene que atender las necesidades de las empresas estratégicas". Air Europa era, según ha recordado, "la única compañía de bandera española que teníamos", que había pasado con el estallido de la pandemia de valer 1.000 millones de euros a cero. El exministro de Transportes ha manifestado que la idea de contar a algunos medios la posición del ministerio favorable al rescate surgió del secretario de Estado, Pedro Saura, y que él no se opuso.

Ábalos ha rechazado responder a las preguntas de las acusaciones populares y del defensor de Aldama, pero sí ha permitido el interrogatorio de la abogada de Koldo y por supuesto al suyo. Cuando ha tocado el turno a su defensa, se ha quejado de una suerte de conspiración en su contra de la UCO con filtraciones a determinados medios. Una de ellas sobre un supuesto chalé que tendría en Perú valorado en un millón y medio de euros que en realidad valía 700 y era un centro social. También ha acusado a los agentes de llevarse una memoria USB con los vídeos del comité federal que terminó con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general en 2017 publicado recientemente. Ábalos ha asegurado que solo él y el presidente tenían esas imágenes. También se ha quejado de que se publicara un pantallazo de una conversación suya con el jefe del Ejecutivo. "No sé qué tiene que ver con la causa", ha dicho. Por último, ha rechazado que recibiera ningún pago directo o indirecto de Aldama. "Coincido con él en que nunca fue amigo mío, siempre mantuvo una cierta distancia; en que le gustaba alardear de tener cierto acceso".

El empresario Víctor de Aldama presentó el pasado miércoles a Koldo García Izaguirre como el gran muñidor de la trama de corrupción que supuestamente urdieron entre los dos junto al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Pero este jueves, durante su declaración como acusado, la mano derecha de Ábalos ha rechazado tajantemente haber recibido un solo euro del confidente que destapó la supuesta organización corrupta a la Fiscalía Anticorrupción. Solo ha reconocido el adelanto de un tratamiento de fertilidad para su pareja que luego le devolvió en tres plazos. Koldo ha admitido que recibió miles de euros del PSOE en anticipos para gastos al ser el asistente del número tres de la formación y que parte de ese dinero le llegaba en "chistorras", es decir, en billetes de 500 euros, algo que el partido niega.

Koldo se ha mostrado ante el juez como un abnegado asistente que trataba de anticiparse a las gestiones –no solo profesionales, también personales– de un ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE desbordado y agotado por el trabajo. Alguien que organizaba reuniones cuando se lo pedían, facilitaba salvoconductos durante la pandemia y solucionaba problemas, pero también que se encargaba de abonar la pensión del hijo del ministro después de su separación; de encontrar un chalé en Cádiz para las vacaciones del mandatario; de buscar una casa de alquiler para su nueva pareja, Jésica Rodríguez; o de ayudarla (a ella y a otra mujer relacionada con Ábalos) a encontrar trabajo en las empresas del grupo haciendo llegar sus currículos a cargos del ministerio o acompañándolas a las entrevistas, pero sin hacerse valer como alguien muy cercano al ministro.

El que fuera chófer de Ábalos antes de que el PSOE llegara al Gobierno y después su asesor principal ha reconocido que llegó a mantener una relación de "amistad" con Aldama, pero ha negado los pagos que este había relatado la víspera y las diferentes formas en que se produjeron. Ha rechazado con un parco "no", por ejemplo, que recibiera 10.000 euros al mes de Aldama, y ha asegurado que las anotaciones con esa cifra que aparecieron en el registro de su domicilio en 2024 podrían corresponder a negocios que estaba tratando de poner en marcha en Latinoamérica. También negó que Aldama le comprara una moto o un coche, como había dicho el conseguidor de la trama la víspera. Solo admitió que este le pagara un tratamiento de inseminación artificial para su pareja, Patricia Uriz, de unos 6.000 euros, que Aldama abonó con su tarjeta de crédito. Pero Koldo ha asegurado que se lo devolvió en tres pagos posteriores.

Aldama aseguró el miércoles que uno de los desembolsos que hizo a favor de Koldo y Ábalos consistió en el alquiler de un piso en la Torre de Madrid de la plaza de España para la nueva pareja del ministro, Jésica Rodríguez, que abonó uno de sus socios. Koldo, sin embargo, se ha desentendido totalmente de esa versión y ha asegurado que el ministro y su compañera tenían previsto alquilar un inmueble –propiedad de Aldama– en el paseo de la Castellana. Como estaba ocupado por otros inquilinos y hasta que se desocupara, el socio de Aldama se ofreció a facilitarles de manera provisional y por poco tiempo el piso de la Torre, que, según dijo Koldo que le contaron, lo había alquilado para celebrar encuentros de empresarios. El asesor del ministro no consiguió explicar por qué Jésica exigía que el arrendamiento durara al menos "doce meses". Tampoco por qué, tras una queja de la pareja de Ábalos, compró una nevera para la casa cuya factura pasó después al socio de Aldama.

Según las acusaciones, Jésica, además del piso, obtuvo un contrato en Ineco, la empresa pública de ingeniería adscrita al ministerio, un trabajo al que, sin embargo, jamás asistió. Koldo ha admitido este jueves que la única gestión que hizo por ella fue enviar su currículum a Isabel Pardo de Vera y que luego la acompañó a la entrevista que tuvo que hacer. Pero ha asegurado que la dejó en la puerta el edificio donde tuvo lugar el encuentro y que no intercedió por ella. Koldo y su hermano Joseba, ha declarado el primero, ayudaban a Jésica a redactar los partes que justificaban su jornada laboral, pero no para falsificarlos, ha declarado. La mano derecha de Ábalos ha dicho que él creía que la pareja de su jefe "teletrabajaba". Lo mismo con otra de las mujeres a las que colocaron, Claudia Montes. Ábalos le pidió que la ayudara y él encargó a los servicios del ministerio que recortaran la foto que acompañaba a su currículum al considerarla demasiado provocativa. Después se lo mandó a Isaías Taboada, el presidente de Renfe.

Otro de los supuestos pagos del entorno de Aldama al ministro fue una casa en la lujosa urbanización de La Alcaidesa, en Cádiz. Anticorrupción y Aldama sostienen que socios de este último la adquirieron para regalársela a Ábalos tras las gestiones de Koldo para conseguir que se le concediera a su empresa –Villafuel– la licencia de operador de hidrocarburos. Koldo ha admitido que fue él quien buscó la casa para Ábalos, pero que lo hizo para ayudarle a preparar sus vacaciones. Donde no ha parecido muy creíble es al explicar por qué eligieron entre los dos finalmente una casa en venta y no en alquiler. "¿Es que alguien la debía comprar para luego alquilársela?", le ha preguntado el fiscal, que no ha obtenido una respuesta concreta. Koldo ha asegurado, además, que desconocía que los que adquirieron el inmueble fueran los propietarios de Villafuel. Tras su salida del ministerio, los propietarios mandaron un burofax a Ábalos reclamando por el impago de dos meses y Koldo se queja a Aldama diciéndole que "esto es la hostia". El asesor ha asegurado ante el tribunal que lo dijo porque le molestó que enviaran un burofax en lugar de arreglarlo con una conversación informal.

Gran parte de la declaración de Koldo ha versado sobre las grandes cantidades de dinero que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, manejaba, y que las acusaciones atribuyen a los pagos de Aldama. El antiguo asesor ha decidido –en ejercicio de su derecho como acusado– no responder sobre esto al fiscal y hacerlo únicamente a preguntas de su abogada. Al contrario que en su declaración durante la instrucción del caso, esta vez Koldo sí ha concedido lo que afirmaba la UCO, que cuando en sus conversaciones hablaba de "chistorras", se refería a billetes de 500 euros. Pero ha rechazado tajantemente que procedieran de Aldama y ha asegurado que ese término lo pudo utilizar para los adelantos para gastos que recibió del PSOE como asistente del secretario de Organización –el partido niega que en sus pagos en efectivo a empleados y militantes utilice esos billetes–, las rentas recibidas de los inquilinos de sus pisos de alquiler turístico en Benidorm o los favores que le pedían agentes de la Guardia Civil años atrás para que les cambiara los billetes con los que el cuerpo sufragaba los gastos de sus operaciones.

Koldo ha afirmado que el PSOE le llegó a facilitar anticipos de hasta 12.000 euros en efectivo –parte de ellos en "chistorras"– que él guardaba en su casa y que servían para abonar actos y campañas. "En una campaña hay que pagar las dietas de desayuno, comida y cena, el alojamiento de todo el personal, la furgoneta... Todo en efectivo", ha dicho. Luego todo eso se justificaba con tiques y recibos ante la organización. Koldo ha desmentido que tuviera ningún tipo de relación con Pedro Sánchez y que todas las vías de comunicación con él se cortaron tras su designación como presidente del Gobierno. También ha rechazado que el partido cobrara de los contratistas de Transportes: "El PSOE no coge dinero de nadie", ha dicho.

Encontramos en Víctor de Aldama todo un rosario de paradojas y contradicciones. Por ejemplo, en ese apellido suyo de aparente abolengo que contrasta con su deje macarra. Aldama se expresa sustituyendo las eses por ges (egque) o terminando las frases con un castizo “¿vale?”, o incurriendo en frecuentes síncopas (dao, quitao, llamao). Al traje, el pañuelo, los gemelos y la eventual corbata, el convicto añade unas pulseritas variadas de esas que nos dan a los cincuentones un aire canallita. Nos cuenta que su oficina está en la calle más pija de Madrid, Alfonso XII, frente al Retiro, más propia de un notario o un noble que de un mísero comisionista que llevaba el dinero a sus amigos en humildes bolsas de Carrefour, pero, eso sí, en rimbombante mochila Montblanc.

Aldama desea destruir a sus recientes compañeros de (presuntas) fechorías porque ha negociado su propia libertad a cambio de delatarlos y tirar de la manta. Sin embargo les trata sistemáticamente con respeto de mafioso. “El señor Ábalos” o “el señor ministro”, dice. Aunque sea para contar luego que había que contar con “algunas señoritas” para presentárselas al “Sr. Abalos”. “Lag pago yo a esas señoritas”, dice. Su relato suena sistemáticamente obsequioso y victimista: “a mí se me pide”, “se me dice”, “se me ordena”.

No es cierto que al escucharle uno se quede con la idea de que no tiene pruebas. Eso depende de cuál sea el objeto de la pesquisa. Tras ocho horas de declaración (esa sí es una paradoja grave, que el mismísimo Tribunal Supremo admita ocho horas de interrogatorio en su inmensa mayor parte irrelevante), queda bastante claro que el delincuente conoce las direcciones de los puticlubs y los restaurantes, los ascensores del ministerio, los caprichos del “señor Ábalos” y las costumbres de Koldo (a este le priva del “don” o del “señor”).

Sin embargo, tras el largo interrogatorio, en el que Aldama se va y vuelve y vuelve y se va sin que nadie le llame a la cuestión, también queda claro que no puede demostrar la connivencia del presidente del Gobierno. Más bien, precisamente por no aportar prueba alguna, constata que “el Uno” no sabía nada (nos revela, eso sí, gran descubrimiento, que Sánchez era el Uno y Ábalos el Dos).

Todo esto sería el enésimo sainete castizo, objeto de un esperpento valleinclanesco, si no fuera asqueroso. Ahí tenemos esa solemne sala de juicios, con esos entelados rojos viejunos; a esos magistrados y letrados y policías y testigos y acusados escuchando las acusaciones de Aldama durante toda una jornada laboral, para permitir que los medios y pseudomedios de siempre sigan esparciendo bulos y suposiciones sobre el presidente y alguno de sus ministros. Vuelve uno a preguntarse por qué la paradoja de que estemos asistiendo a este espectáculo de telebasura casi inmediatamente después de cometidos los supuestos delitos, mientras otros casos más truculentos tardan en juzgarse más de una década o se aplazan sin aparente motivo.  

En fin, que el PP y Vox y sus corifeos y cómplices, desde los alvises y los quiles a los desokupas, los abogados cristianos, los fachas con toga y toda la carcundia que les acompaña, creyeron encontrar en Aldama a su garganta profunda. Cada una de esas ocho horas de testimonio, sin embargo, iba confirmando que (presuntamente) Ábalos y Koldo eran dos pillos muy pillos, o dos corruptos de tomo y lomo, quizá. Pero con todo lo doloroso que resulte que el ministro de Transportes y secretario de Organización del partido socialista se haya corrompido, el comisionista no aportaba la más mínima prueba de responsabilidad del presidente del Gobierno ni del Partido Socialista. Resultaba paradójica también la generosidad del Tribunal permitiendo que Aldama acusara sin prueba alguna a Sánchez, teniendo en cuenta lo exigente que se puso el que instruyó el caso Kitchen, por ejemplo, dejando a M. Rajoy fuera de su interrogatorio.

El resultado es positivo para el Gobierno y es trágico para el PP, aunque crea lo contrario. Si un delincuente llega a un acuerdo con la Fiscalía para descubrir un caso de corrupción mucho mayor del que ya conocemos y que implicaría al presidente del Gobierno y a otras autoridades, y tras su declaración no puede aportar ni una sola prueba, quien sale indemne y victorioso (y una vez más víctima de los desafueros de las derechas vociferantes) se llama Pedro Sánchez. Y así pasan los días, con un Feijóo y un PP cada vez más desnortados.

Víctor de Aldama, el empresario, conseguidor y confidente de la Fiscalía en el caso Koldo no ha dejado la oportunidad de meter su titular durante su declaración como imputado –con derecho a mentir o al menos a no sufrir consecuencias por ello– en el Tribunal Supremo. La pregunta del fiscal Alejandro Luzón, era muy concreta y se refería a sus gestiones con Koldo García y varios ministerios para lograr la licencia de operador en el mercado de Hidrocarburos para Villafuel, una de las empresas de su entorno. Pero Aldama se ha salido del guión y, sin que el presidente le interrumpiera, ha detallado la que, en su opinión, es la jerarquía de la organización criminal que se juzga. "El señor presidente del Gobierno está en el escalafón en el número uno, Ábalos, en el dos; Koldo en el tres y yo en el cuatro", ha dicho. Y lo ha remachado asegurando que Pedro Sánchez estaba al tanto de todo, pero sin dar una prueba que lo demuestre. El pasado lunes, el jefe de la UCO, Antonio Balas, había puesto a Aldama en la cúspide de la banda corrupta.

La declaración más esperada del juicio, la del cooperador de los investigadores que logró supuestamente tener a su sueldo a uno de los ministros con mayor presupuesto, el de Transportes, y a su principal asesor para alcanzar un acceso que jamás habría logrado por sí solo, se ha extendido durante más de siete horas. Durante su interrogatorio inicial por el Ministerio Público –que apoyó su salida de prisión provisional tras comprometerse a confesar y colaborar–, Aldama se ha explayado en su relato, que ya mostró ante el instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente, y ha asegurado que fue Koldo García, la mano derecha del exministro José Luis Ábalos, quien le propuso convertirse en intermediario con contratistas habituales de ese ministerio para obtener mordidas que irían destinadas, ha afirmado, a la financiación del PSOE. El arrepentido ha llegado a sugerir que el asesor mandaba más que el ministro con el que trabajaba y que tenía la plena confianza de Sánchez.

El conseguidor de la trama y ahora confidente judicial ha fijado el inicio de las mordidas pagadas por contratistas en febrero de 2019. "Koldo me dice que me va a presentar a constructoras que trabajan para el ministerio", ha declarado. "Queremos ver cómo ayudarles para que ellos se lleven las licitaciones y que nosotros podamos tener un rendimiento que a nosotros nos viene bien para la financiación del partido", ha continuado. "Koldo me explica que esto no se puede facturar y que hay que pagarlo en efectivo. Entendí que estábamos haciendo algo ilegal con lo que no me sentía del todo cómodo, pero tampoco incómodo", ha continuado. Recurrieron a él como intermediario, según su relato, porque no querían exponerse. "Necesitaban un empresario que pudiera tener reuniones en el sector y conozca las constructoras para ver con quién pueden hablar de esto y con quién no", ha proseguido. "Eran contratos con licitaciones millonarias; no podía ser que cualquier persona hablara con los delegados de esas empresas", ha añadido.

Aldama ha asegurado que fue Koldo quién le dijo cómo tenía que hacerse. "Que te digan a qué licitación [contrato de obra pública] quieren ir y que te den tres licitaciones. En una quedarán fuera por baja temeraria, en otra, a mitad de la tabla, y el la tercera, en cabeza para ganarla", ha detallado que le dijeron. Hasta que empezaron a caer las supuestas mordidas de las empresas, Aldama, según ha declarado, estuvo "sembrando para poder ganarse la confianza de ellos". Asegura que abonó un tratamiento de fertilidad para la pareja de Koldo o una moto para este último y un coche para su hermano Joseba.

Esa no fue la única gestión que, según la versión de Aldama –que mantiene sin aportar pruebas–, prestó a Koldo y a Ábalos para financiar al partido. Tras la proclamación de Juan Guaidó en enero de 2019 como presidente interino de Venezuela y su reconocimiento por España, Koldo y Ábalos le extendieron una carta con el membrete del Ministerio de Transportes en la que lo designaban como "enlace" con el nuevo mandatario para mostrarle toda la colaboración de la Administración española y del conjunto del Gobierno. Aldama ha asegurado que mostró sus reservas a Ábalos, al que dijo que se sentía "incómodo" con la misión y preguntó por qué no se encargaba a la ministra de Asuntos Exteriores, por entonces Arancha González Laya. El conseguidor ha asegurado que el ministro le respondió: "Si mandamos a esa inútil a Venezuela nos quedamos sin negocio".

En su encuentro con Guaidó, siempre según Aldama, el presidente interino le aseguró que tenía el control de Citgo, una empresa perteneciente a Petróleos de Venzuela (PDVSA) que opera en EEUU, y de una refinería de la petrolera venezolana en Cartagena de Indias. También le ofreció, ha asegurado, cupos de petróleo a cambio de un apoyo explícito de España a su presidencia. Después hubo supuestamente una reunión entre representantes del Gobierno interino de Caracas, ha declarado, en la sede del PSOE en la que, según su versión, se habló de "montar una estructura" para que esos cupos "se conviertan en dinero que pueda ser transferido" y sirvieran a la financiación del PSOE y la Internacional Socialista. Según el conseguidor, el resultado de esas gestiones fueron unas declaraciones de Pedro Sánchez en el Congreso en apoyo y reconocimiento de Guaidó.

Es de esa manera que Aldama intensifica supuestamente su interlocución con Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta del otro Gobierno venezolano, el de Nicolás Maduro, y ahora su sucesora. El Ejecutivo bolivariano estaba quejándose del apoyo español a Guaidó y, según el arrepentido, el Gobierno español optó entonces por arreglar la situación con las autoridades de Maduro. Aldama ha declarado ante el Supremo sin aportar pruebas que Rodríguez se comprometió con él a mantener los acuerdos sobre los cupos de petróleo que había pactado previamente con el presidente interino.

Además de los pagos en metálico procedentes de las contratistas, Koldo y Ábalos reclamaron a Aldama, según ha declarado, que les cubriera una serie de gastos como "entregas del exministro a su exmujer, los niños, el colegio...". El conseguidor se compromete a pagar mensualmente 10.000 euros, un desembolso procedente de su patrimonio y el de sus sociedades y que sostiene desde 2019 hasta mediados de 2022, según ha asegurado ante el tribunal. "Era algo simbólico, una cantidad menor en comparación con todo lo que se ha dado", ha afirmado el acusado.

Aldama ha relatado cómo desde el momento en que empezó a fluir el efectivo desde las contratistas comienza a hacer entregas a Ábalos. A veces en el ministerio, otras en su propio domicilio en el barrio madrileño de El Viso. Las cantidades van de 40.000 a 250.000 euros y, dependiendo de la cantidad de billetes, opta por llevarlos en sobres o en una bolsa de la compra metida en una mochila. "Dejaba el dinero encima de la mesa y el ministro lo guardaba en un cajón", ha declarado. También que el extitular de Transportes y ex número tres del PSOE se sentía "incómodo" en esas situaciones.

Las entregas de mordidas no eran regulares. Estaban sujetas a las adjudicaciones de los contratos de obras y Koldo, según Aldama, le transmite que eso pone nervioso al ministro. Para lograr la tranquilidad de Ábalos hizo que buscaran una solución. "Tengo un piso en el paseo de la Castellana, se lo ponemos al ministro como una especie de garantía y que se sienta a gusto. En caso de que no cumpla, que se lo quede", dice Aldama que propuso a Koldo. La operación se formalizó con un contrato simulado de alquiler con opción a compra. Pero los problemas del entramado no dejaban de crecer. Obtener efectivo de las contratistas era cada vez más difícil y el conseguidor propone pagar mediante transferencia.

"Es así como se pone encima de mi mesa pagar el piso de Jésica", la pareja de Ábalos. "Koldo me dice que, como hay que pagar por transferencia, el jefe ha conocido a una persona y que esa persona necesita un piso y que la ayudemos a buscarlo y a pagarlo", ha declarado. Es el socio de Aldama, Alberto Escolano, el que se encarga de las gestiones y los pagos del inmueble alquilado en la Torre de Madrid, el edificio más emblemático de la Plaza de España. "¿Por qué no lo paga usted?", le ha preguntado el fiscal. "Estamos hablando de una relación extramatrimonial y yo tenía miedo de que saltara a la prensa", ha respondido. "Yo veía cosas de Ábalos con señoritas en las que no ponía nada de cuidado. No quería que manchara a mis empresas o que provocara problemas con mi mujer".

El empresario Víctor de Aldama ha acusado este miércoles en el Tribunal Supremo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el "escalafón 1" de la "banda organizada" a la que ha dicho pertenecer, seguido del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.

Y a este último le ha dado especial importancia al aseverar que ministros le cogían el teléfono porque sabían que "era una persona de Pedro Sánchez" y que el propio Koldo García le dijo que, como Sánchez no le pudo "colocar en la Moncloa", le colocó "a instancias de Santos Cerdán" en el Ministerio de Transportes.

Víctor de Aldama está protagonizando una extensa declaración en el juicio en el que se sienta en el banquillo junto a Ábalos y Koldo por presuntos amaños en contratos de mascarillas a cambio de mordidas, y en la que ha afirmado que pagó regularmente comisiones a ambos.

Durante un momento de la declaración centrado en otro tema -una licencia de hidrocarburos a una empresa-, Aldama ha sacado a colación las "jerarquías" de las que se "ha hablado mucho" en el juicio, en alusión a la tesis de los investigadores de la Guardia Civil que situaron al comisionista como quien "manda" en la presunta organización criminal. "El que paga manda", dijo uno de ellos.

Aldama, que ha reconocido estar en esa supuesta "banda organizada" o "criminal" de la que hablaron los agentes, ha querido dejar "una cosa clara".

"El señor presidente Pedro Sánchez está en el escalafón 1; el señor Ábalos en el escalafón 2 porque es el que daba y otorgaba", ha señalado, y ha ubicado a Koldo García en el puesto número tres y ya a él en el cuarto.

El comisionista, que se avino a colaborar con la Fiscalía mientras estaba en prisión provisional por un fraude millonario en hidrocarburos por el que está investigado en la Audiencia Nacional, ha reiterado que a él se le dijo que "todo lo sabía el presidente", y que el propio Sánchez también se lo transmitió en un mitín del PSOE en Madrid en 2019, cuando le dio las gracias por lo que estaba haciendo.

Y ha vuelto a destacar una vez más la fluidez en el trato de Koldo García hacia el presidente del Gobierno, a quien llamaba "Pedro y no presidente".

Aldama, que busca apuntalar su colaboración para rebajar la petición de 7 años de cárcel del fiscal y no entrar en prisión, también ha hablado de los pagos que se le atribuyen al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba -investigado en la parte del caso que se sigue en la Audiencia Nacional-.

Eran pagos de 2.000 euros mensuales, pero ha precisado que eran para paliar la deficiencias que tenía la unidad en la que el agente trabajaba, la UCE 2 dedicada a la lucha contra el terrorismo yihadista.

A cambio, la UCE 2 les facilitó teléfonos desechables -que no encriptados, ha dicho- tanto para él como para Koldo García y otras personas y a los que aludían en clave en términos de "café". De todo ello tenían conocimiento tanto el teniente coronel de esa unidad y el general, que también sabían que Aldama les regaló un dron.

Aldama está declarando en el juicio que se sigue contra él, Ábalos y el exasesor de este Koldo García y ha señalado que desde 2019 a 2022 entregaba a los otros dos acusados 10.000 euros en efectivo para que hicieran frente a los gastos que ellos mismos le habían relacionado que tenían todos los meses.

De este modo, ha dicho que Koldo García le relató los gastos que tenía el "jefe" (Ábalos) para "su exmujer, los niños, el colegio, lo mío...". Redondeando, esos gastos alcanzaban los 10.000 euros, una entrega mensual que cumplió hasta finales de 2022, según ha afirmado Aldama.

Hasta 250.000 o 350.000 llegó a llevar en una mochila al Ministerio, ha continuado el comisionista, quien ha reiterado que los 10.000 euros eran para gastos mensuales fijos y ha añadido: "Lo otro era dinero para ellos que yo no entro en qué hacían o no", pero lo que ellos siempre le decían es que "parte de ese dinero iba para la financiación del PSOE".

Según su versión, preguntó al exasesor si esto lo sabía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a lo que Koldo García le respondió que todo lo que hacían (las mordidas) lo "tenía claro y lo sabía".

La primera semana del juicio al exministro José Luis Ábalos ha girado poco o nada en torno al presunto amaño de contratos de mascarillas, y ha servido para conocer los tejemanejes en la contratación de dos mujeres vinculadas a él en empresas públicas y volver a hablar de la entrega o recogida de dinero en la sede del PSOE.

La imagen que han proyectado los testimonios de algunos de los más de veinte testigos que han pasado por el Tribunal Supremo es la de la España de los enchufes, en la que la expareja de un exministro ha reconocido cobrar de dos empresas públicas sin ir trabajar y una "amiga" y compañera de partido, aunque aseguró que trabajó, y mucho, admitió que al principio se dedicó a leer libros de trenes en horario laboral. 

Su "arbitraria" contratación forma parte de la acusación que dirige la Fiscalía contra Ábalos y su asesor, Koldo García, que también están siendo juzgados por el supuesto concierto con el tercer acusado en discordia, el empresario Víctor de Aldama, para beneficiarle en sus negocios con la administración -como varios contratos millonarios de mascarillas- a cambio de presuntas mordidas.

Así ha transcurrido la primera semana de juicio: 

Tras varios meses en prisión preventiva, el exministro de Transportes y en su día hombre fuerte del PSOE, José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo García han aparecido sentados tras sus abogados y separados por un policía de Víctor de Aldama, el único en libertad. 

Frente al hieratismo de Aldama, a veces interrumpido por alguna ligera mueca, el transcurso del juicio pronto mostró a un enérgico Koldo tomando constantes notas y trasladando cada discrepancia a sus abogados, y a un Ábalos más tranquilo, con alguna sonrisa irónica, que también departía con su defensa.

El de Jéssica Rodríguez era uno de los testimonios más esperados. Admitió que cobró de Ineco y Tragsatec (43.978 euros en dos años y medio) sin trabajar y que Ábalos "estaba al tanto de todo". No sabía que eran empresas públicas y le dijeron que estaba a las órdenes del hermano de Koldo, que lo negó y rechazó haber trabajado en Tragsatec.

En Ineco, "fue una sorpresa su declaración" pues, según una directiva, "a todos los ojos" de la empresa, ella trabajaba. 

Después llegó Claudia Montes, una "amiga" a quien el ministro ayudó a "culturizarse en la política". Koldo García envió su currículum al expresidente de Renfe, Isaías Táboas, que lo remitió a recursos humanos, el "trámite habitual". 

Hizo entrevistas y entró en LogiRail, pero al principio no trabajaba porque no tenía un lugar de trabajo adecuado, así que iba a la Biblioteca de Oviedo a coger libros de trenes. Después hizo muchas horas extras.

Un socio de Aldama reconoció que pagó el alquiler de un piso para Jéssica Rodríguez -unos 2.900 euros mensuales- porque se lo pidió su socio; ella dijo que no sabía quién lo pagaba, pero que "daba igual quién pagara las cosas porque era Ábalos quien sufragaba todos los gastos". 

Después, la empresaria Carmen Pano vinculó la compra de un chalé para alquilárselo al ministro por su presunta mediación para que otro socio de Aldama, Claudio Rivas, tuviese una licencia de hidrocarburos. Aldama indicó que "el señor ministro quiere una casa". Su hija Leonor, con un rosario en la mano, dijo que la compró por orden de Rivas, ella "no preguntaba". Los cuatro están investigados por un fraude millonario en hidrocarburos.

"¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?", preguntó el abogado de Ábalos a Jéssica Rodríguez para sorpresa de todos. Y reformuló la pregunta por orden del tribunal: "Usted, su profesión, ¿tiene que ver con la contraprestación económica del sexo? Es que no se cómo explicarlo". "No, soy dentista y estoy colegiada", respondió ella, "y antes, azafata de imagen".

En una nueva estrategia de defensa, el abogado quiso saber si Rodríguez fue "una captación de Aldama" para Ábalos.

La primera alusión a dinero en la sede socialista la hizo Joseba García, hermano de Koldo, cuando naturalizó haber ido dos veces a recoger dos sobres, petición de su hermano mediante, que gestionaba dinero para Ábalos, entonces secretario de Organización del PSOE.

Después, Carmen Pano se reafirmó en que llevó, a petición de Aldama, dos bolsas con 45.000 euros cada una, que entregó a "un señor" que no reconoció que la esperaba en la segunda planta. "Yo no sé para quién era ni a qué correspondía", dijo.

Si en algo coincidieron las empresarias Pano fue en las "muy buenas" relaciones con el Gobierno, especialmente con el ministro, de las que presumía Aldama, a quien Claudio Rivas dio mucho dinero por sus "gestiones" sobre la licencia de hidrocarburos.

Carmen Pano ratificó la reunión que mantuvo con Claudio Rivas, en presencia de Koldo García, con el jefe de gabinete de Industria; y un asesor confirmó que otro jefe de gabinete, el del Ministerio de Hacienda, le ordenó trasladar a la Agencia Tributaria una petición de una empresa de Aldama de aplazar su deuda, aunque con la orden de que no hubiese "trato de favor". No se aplazó.

También las Pano refirieron que, según contó el propio Aldama, el comisionista recibió junto a Koldo 500.000 euros en casa del dueño de Air Europa.

La familia estuvo muy presente en la primera jornada del juicio. El hijo de Ábalos y el hermano de Koldo intentaron disipar las dudas sobre su patrimonio y el de sus familiares.

Con naturalidad, Joseba afirmó hacer favores: viajó a República Dominicana, pero no a recoger mordidas de Aldama como cree el fiscal, sino por otras razones y aprovechó para llevar documentación del comisionista, con quien solo le unió la "peor compra" de su vida, un Volkswagen Passat que le "encantaba", pero que dio muchos fallos.

El juicio arrancó con los informes remitidos por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres, eximidos de declarar presencialmente por razón de su cargo, en los que negaron haber dado o recibido órdenes para comprar mascarillas a una empresa promovida por Aldama.

Estos días se celebran dos juicios de los que tenemos información constante gracias al “carrusel judicial” que ofrecen los medios con minuto, resultado y si era puta o no.

El caso Mascarillas juzga una trama de corrupción vinculada a contratos públicos de mascarillas, con presuntas comisiones y colocaciones irregulares en empresas públicas. Implica al exministro socialista Ábalos, a su escudero Koldo y al fantasma de Aldama, para quienes la Fiscalía —“cuándo serás mía”, que diría Héctor de Miguel— pide 24, 29 y 7 años de cárcel por presuntas mordidas en contratos millonarios.

El caso Kitchen juzga una operación parapolicial para espiar a Bárcenas y robarle información comprometedora usando policías, fondos reservados y recursos del Ministerio del Interior al margen del control judicial. La Fiscalía pide 15 años de prisión para Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, y otros 15 para Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior del PP. Un exministro que estos días se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional y ante el escritorio de su casa escribiendo artículos para el diario ABC. “Huevos gordos”, que diría Emilio Delgado.

A la vista de estas peticiones de sentencia, puede afirmarse que la “gravedad penal” del caso Mascarillas es mayor que la del caso Kitchen.

Pero miremos la cuestión desde otro ángulo. El caso Mascarillas afecta a la opacidad en la contratación pública y al desvío de dinero público para pegarse la vida padre en un momento especialmente dramático, como fue la pandemia.

El caso Kitchen afecta a la integridad del Estado de derecho: presunto uso ilegal de dinero público contra un ciudadano nada ejemplar –y padre de un figurante de la última de Torrente– para blindar a un tal M. Rajoy.

Puede decirse que la “gravedad judicial” del caso Kitchen es mucho más alta. Se acusa a la cúpula del ministerio que garantiza la seguridad a los españoles y españolas de emplear un dispositivo ilegal —con intento de secuestro incluido— utilizando policías nacionales y fondos reservados. Demoledor, pero en línea con el modus operandi del PP.

Así que, queridos tertulianos de la nueva Brunete mediática, lo siento, pero no. No hay empate. El argumentista de Génova no solo ha vuelto a hiperventilar, sino que ha vuelto a consumir bebidas energéticas en horario de trabajo que le han dado alas. Parecidas a las que tenía Marcelo, el ángel de la guarda que ayudaba al exministro Fernández Díaz a buscar aparcamiento. Pero que no guardó bien el pendrive de Villarejo. Mecachis.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

La empresaria Carmen Pano se ha reafirmado este jueves en el Tribunal Supremo de que hizo dos entregas de un total de 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz a petición del comisionista Víctor de Aldama. "Yo llevé el dinero a la sede, no sé para quién era ni a qué correspondía", ha dicho.

Pano, investigada en la Audiencia Nacional en el caso de Hidrocarburos, ha testificado en la tercera jornada del juicio contra el exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid 19.

Como ya hiciera en sus declaraciones en instrucción, Pano ha confirmado las entregas: "Yo a Ferraz he ido dos veces a entregar 45.000 y 45.000 de parte del señor Aldama".

Según ha dicho, la primera vez fue en taxi y la segunda acompañada de Álvaro Gallego, que esta mañana ha ratificado que así fue. A su llegada a la recepción, dijo quién era y le respondieron que subiera a la segunda planta. "Me estaban esperando nada más salir del ascensor, un señor", ha explicado Pano. Ella lo entregó de inmediato y se fue.

En ambas ocasiones, había pasado previamente por la oficina de Aldama en la calle Alfonso XIII de Madrid, para darle dinero de Claudio Rivas, socio del comisionista e investigados ambos por un fraude millonario en el sector de hidrocarburos.

Pano ha explicado que Rivas le hacía transferencias de dinero y que luego ella sacaba el efectivo y se lo entregaba a Aldama, y aunque ha dicho desconocer la finalidad de esas entregas porque ella "cumplía órdenes" del primero, ha supuesto que, "evidentemente", era por las gestiones de Aldama para conseguir la licencia de operadora en hidrocarburos para Villafuel, propiedad de Rivas.

Unos 600.000 euros, ha calculado, y ha dicho que ella "lo llevaba a Alfonso XIII en efectivo" para entregárselo a Aldama.

Dos veces que fue a entregar dinero a Aldama, 45.000 euros cada ocasión, el comisionista le pidió que lo llevara a Ferraz, aunque Pano desconoce la finalidad. "Yo llevé el dinero a la sede, no se para quién era ni a que correspondía", ha dicho.

Pano ha explicado que en la primera entrega, ella sacó el dinero del banco antes de entregárselo a Aldama, y en la segunda se lo llevó Lolo, un trabajador de Rivas, pero cuando ella se lo entregó a Aldama, este le llamó más tarde "enfadado" porque faltaban 10.000 euros, por lo que se fue al banco a sacarlo directamente en caja para llevarle al empresario la cantidad que le faltaba.

Hizo las dos entregas de dinero en Ferraz como un favor a Aldama porque él no podía ir, si bien en la segunda ocasión le advirtió: "Es la última vez que hago este tipo de favores".

Por otra parte, Pano ha asegurado que la casa que adquirió la empresa de su hija en La Alcaidesa (Cádiz) por orden de Claudio Rivas era un regalo de este último al exministro por sus gestiones para conseguir la licencia de Villafuel, un inmueble que se le ofreció al ministro como alquiler con derecho a compra.

Ella en un principio pensó que la compra obedecía a "una inversión", pero después se dio cuenta de que "era para el señor Ábalos". "Aldama dice que el tema de la operadora se va a conseguir y que el ministro quería una casa", ha subrayado la testigo.

Entre esas presuntas gestiones del exministro estaría la reunión en Industria con Juan Ignacio Bidart, el jefe de gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto, presuntamente para abordar la licencia de hidrocarburos.

Pano ha dicho que desconoce quién gestionó la reunión, pero allí les estaba esperando Koldo García, que estuvo presente en el encuentro del que "Rivas salió bastante satisfecho", y ha indicado que Bidart les manifestó que pasasen la documentación al asesor y después él "se lo haría llegar".

Sin embargo, "cuando Ábalos cesa y viendo que no se estaba cumpliendo lo que se había dicho con la obtención de la operadora, Rivas decide que, como solo ha pagado tres mensualidades, hay que echarle", por lo que "ordena hacer esa orden de desahucio", es decir, "en teoría el desahucio es porque no pagaba, pero a eso se añadió que no se estaba consiguiendo el tema de la operadora".

El tribunal también ha escuchado a la hija de Carmen Pano, Leonor, administradora de la empresa que alquiló a Ábalos el chalé de Cádiz.

En su declaración, ha afirmado que tanto ella como Claudio Rivas entendían que conseguir la licencia para Villafuel dependía de la continuidad en el Gobierno de Ábalos, a quien Aldama llamaba "el padrino".

Ha dicho que ella nunca tuvo contacto con ministro o asesor, pero que Claudio Rivas -que era quien realmente mandaba en su empresa- le dijo que comprase el citado chalé en Cádiz "para invertir" y ella "no preguntaba", y también ha resaltado la relación "estrecha" que Aldama, que fue su pareja, decía que tenía con Ábalos.

Preguntada por las conversaciones con su pareja que obran en el sumario, ha lamentado el tono "soez" de algunas, aunque ha reconocido que cuando dijo que en el Consejo de Ministros "se ha enfrentado el putero al guapo", se refería a Ábalos contra Pedro Sánchez, según le dijo Aldama.

Y también ha ratificado que Aldama le dijo que Javier Hidalgo, exconsejero delegado de Globalia, entregó a este empresario y a Koldo García 500.000 euros en su casa.

Claudia Montes ha querido dejar claro en el Tribunal Supremo que el exministro Jose Luis Ábalos, con quien hablaba a diario como "amigo y militante" del PSOE, jamás le dijo que había maniobrado para que fuera contratada en la empresa pública Logirail: "A mí nunca él me dijo 'Claudia te he enchufado'", recoge EFE.

Montes ha testificado este miércoles en la segunda jornada del juicio contra el exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid 19.

La mujer ha relatado al tribunal que desconoce si Ábalos la enchufó o no para acceder a Logirail, porque el exdirigente socialista nunca se dirigió a ella en esos términos. 

"José Luis no me dijo en ningún momento 'oye te he enchufado', eso no me lo ha dicho", ha afirmado la testigo, que ha precisado que no quiere ser falsa porque se está demostrando que hicieron algo por detrás, pero ni Ábalos ni Koldo le mencionaron nada al respecto.

En este sentido, ha relatado que se limitó a contarle su situación a Ábalos, "como a cualquier amigo y compañero de partido", de que "como madre soltera necesitaba trabajar", por lo que el exministro le pasó enlaces de Logirail y ella, al percatarse de que "había puestos para todo" y de que "podías elegir" en la plataforma Infojobs, postuló para el de encargada. Le llamaron de Madrid, le hicieron una entrevista telefónica y le llamó el gerente del norte.

Ahora bien, ha asegurado que los currículum que envió a Koldo no eran falsos. "Se dice en el informe de la UCO que se modificó. Pero son iguales. No hay estudios puestos de más", ha agregado.

Montes ha comentado que al poco de acceder tuvo un problema que era más bien un asunto entre dos superiores del que informó a Ábalos y a Koldo, porque este último le dejó claro que "era su jefe".

En concreto, por la ubicación de su oficina, ya que ella estaba en un sitio sin ordenador, sin escritorio y de cara a la pared, lo que hacía era "ir a la biblioteca de Oviedo, coger libros y leer", pero siempre en su horario laboral y sobre temática de trenes, porque "quería saber todo en lo referente a los trenes", de manera que "en ningún momento" dejó de ir a trabajar.

Montes, que trabajó en Logirail desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2022, ha señalado que la despidieron por burofax "sin motivo alguno" mientras se encontraba de baja por acoso laboral.

Por otra parte, preguntada sobre si fue colaboradora de la UCO en el caso de las mascarillas, ha contestado que cuando se entera de lo que está pasando en su empresa sobre supuestas prácticas corruptas, dio cuenta al presidente asturiano, Adrián Barbón, y a los dos ministros que han sucedido a Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Y al ver que nadie le hacia caso, llamó a la UCO: "Me atiende un comandante y me dice que tiene en cuenta mi información pero que no lo puede meter en la causa y que lo metería en otra investigación".

El ex director gerente de Logirail José Ángel Menéndez ha contado que cuando fue informado de que Claudia Montes "no iba a trabajar" a la oficina, "sin ninguna justificación que le avalara", decidió "iniciar el proceso para un expediente sancionador", como a cualquier otro trabajador, porque "incumplía de forma grave el convenio" y podía ser sancionada con el despido. Sin embargo, cuando ese expediente se iba a abrir, Menéndez fue cesado y su sustituto Oscar Gómez decidió "no continuar" con ello.

Ahora bien, el exgerente sí que ha descartado irregularidades en su contratación porque su currículum llegó de forma legal a través de Renfe, que era un proveedor de Logirail. La mujer reunía los requisitos básicos, no los específicos, por eso se la dio formación.

Un testimonio que se contradice en parte con el de Óscar Gómez, quien ha dicho que desconocía dicho expediente disciplinario, y ha justificado las ausencias de Montes porque no tenía un lugar de trabajo "adecuado", al estar cerca de unas escaleras.

Entonces, adoptó la decisión de encontrar un nuevo espacio y de adecuar su contrato al servicio que estaba prestando lo que implicaba subirle de categoría, un ascenso que ella ha justificado por su "esfuerzo, trabajo y muchas horas extras".

El testigo, que ha dicho que le consta que después Claudia Montes fue a trabajar, ha rechazado haber recibido indicaciones de Ábalos o su asesor en torno a esta mujer, y ha reconocido que, en el acto de conciliación tras su despido, ella denunció haber sufrido bullying, algo que no había manifestado mientras trabajaba en la compañía.