La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha publicado este miércoles su Informe Anual de la Profesión Periodística 2023 en el que detalla que un 34% de los periodistas contratados "considera que sus actuales condiciones de trabajo pueden calificarse como precarias". Los encuestados opinan que esta situación podría "solventarse con la subida de salarios y la compensación de la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años". A su vez, un 73% considera que la precariedad incide directamente en la calidad de su medio.

Según el informe de la APM, la precariedad laboral es el principal problema de la profesión periodística, seguido de la mala retribución del trabajo periodístico, la falta de independencia política o económica de los medios en los que se trabaja y la falta de rigor y neutralidad en el ejercicio profesional.

Los periodistas dados de alta en el régimen de autónomos, pero integrados en la estructura del medio y sometidos a las mismas obligaciones y horarios que los periodistas en plantilla, también llamados falsos autónomos, se han duplicado en el último año, según los datos recogidos. En 2022, solamente un 6% de los periodistas afirmaba ser un falso autónomo, mientras que las cifras del 2023 suben hasta el 14%.

Según el informe, el aumento de estos autónomos "supone un cambio de tendencia" y la poca incidencia que está teniendo en ellos la reforma laboral es un elemento a tener en cuenta.

De los 100 medios de comunicación con mayor audiencia, solamente 22 están dirigidos por una mujer. En el 2022, eran 23 los medios con una mujer como máxima dirigente. Este dato recogido por la APM confirma que "el llamado techo de cristal sigue existiendo para el sexo femenino en los medios".

Este término acuñado para reflejar la desigualdad entre géneros no influye solamente en las altas esferas de los medios. Según el informe: "la función de redactor la ejercen mayoritariamente mujeres, mientras que, a medida que se va ascendiendo en el escalafón, son hombres los que ocupan esos puestos".

Un 75% de los periodistas entrevistados considera que la salud mental es un problema "grave o algo grave" dentro de la profesión. "Las deficientes condiciones laborales de los profesionales sigue teniendo consecuencias en su salud mental", expresa el documento.

En cambio, a la hora de expresar el caso personal de cada encuestado el dato cambia. Alrededor de 4 de cada 10 afirman que ese problema "no existe" en su situación.

Otra de las cifras que aporta el informe afirma que un 81% de los periodistas cree que la imagen que tiene la sociedad sobre el periodismo es negativa. Este dato es similar al del año anterior (82%) y con solo un 9% de entrevistados que opinan que la imagen es "positiva".

A continuación, el documento señala las principales razones de la falta de confianza de los españoles en el periodismo según los encuestados. En primer lugar aparece "el amarillismo, sensacionalismo y hacer espectáculo de la profesión", en un 53% de las respuestas. Lo siguen la falta de rigor y de calidad de la información, en un 45%; los intereses económicos o políticos de los grupos editoriales, en un 42%; y la falta de independencia y de objetividad de los medios, en un 35%.

El modelo de Inteligencia Artificial (IA) ChatGPT revolucionó el mundo del trabajo desde su salida a finales de 2022. En el informe de la APM se recogen diferentes reflexiones, algunas más pesimistas que otras, que expresan los cambios que producirá esta IA en el periodismo. Algunos periodistas alertan que esta inteligencia "es un negocio construido sobre el robo" al tener total accesibilidad a cualquier material informativo.

Respecto a si es un riesgo para el empleo "los profesionales consultados para elaboración de este reportaje no creen, en general, que el trabajo periodístico o algunas de sus actividades asociadas estén en particular riesgo a raíz del desarrollo de la IA generativa".

El mismo documento aporta datos de la opinión de los periodistas entrevistados sobre la llegada de la IA. Un 85% opina que la utilización de esta inteligencia en periodismo y comunicación debería regularse. Además, el 84% consideran que se consolidará como una herramienta recurrente en las redacciones.

A la pregunta "¿Le preocupa que el desarrollo de la IAG pueda tener consecuencias en su trabajo?", un 56% de los encuestados responde que sí. Esta afirmación se divide entre los que creen que pueden llegar a perder su trabajo (15%) y los que creen que modificará sus funciones (41%).

Además, un 69% de los periodistas encuestados niega utilizar esta tecnología en su empresa y un 68% asegura que se fiaría más de una información generada por un profesional que por una herramienta de IA.

El informe de APM recoge la clasificación mundial de países que elabora Reporteros Sin Fronteras (RSF) basada en las condiciones en que se ejerce el periodismo. En este ranking, encabezado por Noruega, España ocupa la 36ª posición, cuatro puestos más abajo que en 2022. Según RSF, "en España existe un clima favorable a la libertad de prensa", pero se aclara que los periodistas españoles viven en "una situación de precariedad preocupante ya cronificada”.

Los factores que han influido negativamente en el índice de libertad de prensa, según RSF, son "la creciente polarización política en los medios, la precariedad laboral y la fallida reforma de la conocida como ley mordaza".

Enero ha sido un mes negro para las empresas que mantienen su estructura de negocio sobre la contratación de falsos autónomos. El balance de enero incluye una multa a Glovo de 56,7 millones de euros por emplear falsos autónomos, una sentencia contra Amazon por mantener a repartidores en el mismo régimen y la entrega en vigor de una reforma del Código Penal que ahora contempla penas de cárcel por esta práctica. Febrero arranca en la misma línea: este jueves el Parlamento europeo ha reconocido la “presunción de asalariados” de los repartidores, lo que podría beneficiar a 28 millones de trabajadores de estas plataformas digitales.

“Por fin existe esta lucha contra la figura del falso autónomo”, declara a infoLibre María José Landaburu, portavoz de la Unión de Autónomos UATAE. “Es un cambio que se ha puesto en marcha en esta legislatura. Era una reivindicación histórica que la inspección actuara. Es negativo para los propios falsos autónomos, porque es evidente que les están hurtando derechos. Pero también supone una “competencia desleal" para el resto de trabajadores”, añade Landaburu.

La portavoz estima que aún existen alrededor de 250.000 falsos autónomos en España, aunque reconoce la dificultad de la estimación. Según ha podido conocer infoLibre con otra fuente conocedora de los datos, la mayor parte se concentra en tres sectores: transporte y almacenamiento (que incluye plataformas de reparto), actividades administrativas y servicios auxiliares y, por último, comercio al por mayor y por menor, incluyendo reparación de vehículos y bicicletas (talleres). 

La empresa española Glovo ha vuelto a ser multada en enero por la Inspección de Trabajo. Se le exigen 56,7 millones de euros. Trabajo sanciona a la plataforma tecnológica por emplear a 7.022 falsos autónomos y mantener a 813 trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo. En total, la factura de multas de Trabajo a Glovo asciende a 205,3 millones por incumplimientos de la ley que han afectado a 37.348 trabajadores. La ley rider, que entró en vigor en agosto de 2021 con el acuerdo de patronal y sindicatos, obliga a las plataformas de reparto a contratar a los asalariados.

“Esto es resultado de mucho tiempo, muchas denuncias de trabajadores, de muchas inspecciones, muchas actas… Ha sido un proceso largo hasta llegar a este momento”, celebra María José Landaburu, de la asociación de autónomos. El cambio es que ahora la ley rider reconoce la “presunción de laboralidad” de estos falsos autónomos.

Este martes, el Parlamento Europeo ha dado un paso en esta dirección. El organismo reconoce esta presunción para aquellos que trabajan como repartidores en las plataformas de mensajería, como Uber, Just Eat o Deliveroo. Esta última dejó de operar en España tras la aprobación de la ley rider.

“Esta situación no es exclusiva en este país. Es un fenómeno recurrente en aquellos países y lugares donde el trabajo autónomo es un chollo para las empresas. Si un repartidor no les gusta, basta con decir que mañana no vuelvan. Los autónomos no tenemos los mismos derechos como asalariados, como la sindicación, huelga, participar en comités, disfrute de vacaciones, bajas por enfermedad…”, lamenta la portavoz de UATAE. 

“De las empresas de reparto, la única que se ha puesto en rebeldía es Glovo, el resto ha incorporado a sus trabajadores”, añade Landaburu. Según cifras del Ministerio de Trabajo, en España se han regularizado más de 80.000 autónomos desde el año 2020; la mitad, en 2022, lo que supone una cifra récord para un solo año. 

En los últimos días, el Juzgado de lo Social número 14 de Madrid ha condenado a Amazon por mantener a 2.166 repartidores como falsos autónomos que, según la mencionada ley rider, también tendrían que haber sido contratados. La tecnológica emplea el método que presenta como Amazon Flex, por el que estos utilizan sus propios vehículos de reparto, lo que, según la tecnológica, les hace ser autónomos con todas las de la ley. 

La tecnológica ha declarado este viernes que va a recurrir la sentencia: “Respetamos la resolución judicial, pero no estamos de acuerdo y vamos a presentar un recurso. En Amazon estamos comprometidos con la creación de oportunidades en las comunidades en las que operamos", han asegurado fuentes de la multinacional a Europa Press.

“Creo que es imprescindible perseguir estas conductas. Consiste en establecer una estructura empresarial y balance de negocios en los que los trabajadores no tengan derechos”, critica María José Landaburu, que ha realizado una tesis doctoral sobre los derechos fundamentales del trabajo autónomo. “Esto no solo ocurre en las grandes tecnológicas. Lo vemos en consultoras, despachos de abogados, de arquitectos, los captadores de socios de ONG… ¡pasa hasta en las clínicas dentales!”, resalta la portavoz de la asociación de autónomos. 

En diciembre, el Gobierno acometió una reforma del Código Penal para dificultar más los reiterados incumplimientos de la ley rider, como ha sentenciado el juez en numerosas ocasiones. El artículo 311 enumera los actos que supondrán penas de prisión de hasta seis años. La reforma ha añadido un nuevo párrafo: “Los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”.

En la filosofía de este endurecimiento, el Gobierno considera que la incorporación de las nuevas tecnologías al mercado del trabajo ha propiciado una forma de esquivar  responsabilidades empresariales mediante el “camuflaje jurídico del trabajo por cuenta ajena bajo otras fórmulas que niegan a las personas trabajadoras los derechos individuales y colectivos”.

Tras la entrada en vigor de este endurecimiento, este jueves, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha explicado que, aunque esta nueva legislación penal no se puede aplicar con carácter retroactivo, ha advertido de su aplicación sobre una compañía como Glovo, ante sus reiterados incumplimientos: "No es tan importante cuándo se produjeron los incumplimientos, sino el hecho de que no se reparen, a pesar de que la Inspección insista a la empresa a que lo haga", ha señalado el secretario de Estado. Unos días antes, también se pronunció la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz: "Ninguna empresa en España, por muy grande o pequeña que sea, se va quedar al margen de la ley", remachó la ministra de Trabajo.

El resultado de la guerra aún está lejos, pero los adversarios de Uber acaban de anotarse una victoria este jueves 2 de febrero: el Parlamento Europeo ha votado a favor de la denominada "presunción de asalariados" que podría beneficiar finalmente a unos 28 millones de trabajadores vinculados al mundo de las plataformas de mensajería.

Una mayoría de eurodiputados (376 a favor, 212 en contra y 15 abstenciones) votó a favor de este texto que afecta a empresas online de reparto o movilidad como Uber, Deliveroo o Just Eat. La Confederación Europea de Sindicatos aplaudió de inmediato este "paso importante para acabar con los falsos autónomos y la precariedad en las plataformas digitales".

Los eurodiputados confirmaron así en el pleno la posición ya adoptada por la Comisión de Empleo del Parlamento en diciembre, pero que un grupo de diputados de derechas, más sensibles a los argumentos de las plataformas, había intentado rebatir a principios de año. 

"Han ganado los derechos de los trabajadores explotados y vulnerables", declaró Elisabetta Gualmini, socialdemócrata italiana y ponente del texto, que denunció antes de la votación la magnitud del lobby llevado a cabo por las plataformas durante meses.

"La lucha no ha terminado, pero esto es un muy buen augurio para el futuro. Nos vamos con un mandato fuerte para las negociaciones con el Consejo", dijo Leïla Chaibi, eurodiputada de La France Insoumise que coordinó la posición del grupo La Gauche (izquierda crítica) sobre el texto.

La votación del Parlamento se ha producido poco más de un año después de que la Comisión Europea, el Ejecutivo de la UE, presentara una propuesta de directiva. La Comisión ya reconocía el principio de "presunción iuris tantum de asalariado", pero lo vinculaba a una lista de "criterios": si se cumplían dos de una lista de cinco criterios, se consideraba que el trabajador era asalariado, a menos que la plataforma pudiera demostrar lo contrario.

En la versión del Parlamento, esos criterios quedan relegados a un segundo plano: ya no sirven para justificar la condición de asalariado del trabajador, sino para la plataforma, en caso de que quiera impugnar esta condición.

En concreto, una clara mayoría de los 79 representantes electos franceses votaron a favor, incluidas las delegaciones de Europe Écologie Les Verts, La France Insoumise y Parti Socialiste-Place publique, pero también Les Républicains y Renaissance.

El voto de los miembros de la mayoría que apoya al gobierno francés fue examinado con lupa, en un contexto de sospechas de connivencia entre la presidencia de Emmanuel Macron y los intereses de Uber. En el verano de 2022, los "Uber Files" publicados por Le Monde habían documentado el activismo del entonces ministro de Economía en la defensa de los intereses de la empresa de VTC entre 2014 y 2016.

Desde entonces, otros medios, entre ellos Euractiv, han destapado la presión ejercida por París en la Comisión, con la esperanza de que el proyecto de directiva se ajuste más a las exigencias de las plataformas. "Las autoridades francesas [...] no son favorables a una presunción de asalariado", dice una carta enviada en septiembre de 2021 por la Representación Permanente de Francia ante la UE a la Comisión.

Al final, la delegación francesa de Renew (grupo liberal) votó el jueves a favor del mandato de negociación. Pero el grupo en su conjunto, el tercero más numeroso de la Cámara (102 miembros), estaba fuertemente dividido. Constatando los desacuerdos, el presidente del grupo, Stéphane Séjourné, cercano a Emmanuel Macron, no dio finalmente ninguna instrucción de voto sobre este texto tan sensible. 

Leïla Chaibi ve el apoyo de los eurodiputados macronistas como "todo un desaire a Emmanuel Macron, dentro de sus propias filas". Valérie Hayer, que copreside la delegación francesa de Renew, había anunciado en enero que votaría a favor del mandato, hablando de una posición "equilibrada, ambiciosa, respetuosa con los derechos de los trabajadores, muy progresista".

Durante la votación del jueves en Bruselas, la extrema derecha francesa se mostró dividida. Los diputados de Rassemblement National, entre ellos Jordan Bardella, votaron a favor del mandato de negociación, mientras que los no inscritos de Reconquête, entre ellos Nicolas Bay, rechazaron el texto. Contactado por Mediapart, Bay explica su oposición a un mandato "que pretende una vez más armonizar la legislación y los regímenes laborales en la UE cuando nuestra realidad social es diferente".

Esta votación es solo un paso en un largo maratón bruselense que empezó en 2021. Ahora que se conoce la posición del Parlamento, le queda al Consejo, es decir, a la institución que lleva la voz de las veintisiete capitales en Bruselas, ponerse de acuerdo sobre una posición para luego entablar conversaciones con el Parlamento Europeo y la Comisión, en un proceso a tres bandas, para llegar a una posición de compromiso.

Eso será más difícil, entre otras cosas porque Suecia, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE hasta junio, está a la defensiva. Por principio, Estocolmo (gobierno conservador con apoyo de la extrema derecha, ndt) es reacio a que el poder legislativo se pronuncie sobre cuestiones de Derecho social, y prefiere dejar el campo libre a los interlocutores sociales.

Probablemente habrá que esperar a julio y a la presidencia de turno de España, país dirigido por una coalición de izquierdas que ya ha aprobado un texto bastante ambicioso sobre el tema. Así lo sugirió en un mensaje de felicitación tras la votación Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno español y ministra de Trabajo. Si hay complicaciones por el camino, existe el riesgo de que el texto no esté terminado para las próximas elecciones europeas de mayo de 2024.

Traducción de Miguel López

La Justicia ha dictado sentencia contra Amazon declarando que los 2.166 repartidores que operaban con el modelo llamado Amazon Flex —en el que utilizaban sus propios vehículos— eran falsos autónomos por lo que deben ser empleados por la multinacional.

Un comunicado difundido por UGT, sindicato que forma parte en el procedimiento, indica que el Juzgado de lo Social número 14 de Madrid ha condenado a la multinacional por emplear como falsos autónomos a los repartidores que "eran obligados a trabajar con sus propios vehículos para repartir paquetes utilizando una aplicación de la compañía que les indicaba la forma de trabajar".

La plataforma de reparto Glovo ha sido multada de nuevo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con un importe de 56,7 millones de euros y ya acumula sanciones en España por valor de 205,3 millones de euros, según han informado a Europa Press en fuentes del Departamento que dirige Yolanda Díaz.

La última sanción impuesta, por importe de 56,7 millones, ha sido a Glovo Madrid por emplear a 7.022 falsos autónomos y tener a 813 trabajadores extranjeros de manera irregular, sin el correspondiente permiso de trabajo.

En concreto, la Inspección ha propuesto una sanción a Glovo Madrid de 32,9 millones por no tener dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a 7.022 trabajadores (la ley rider obliga a contratar a los repartidores como asalariados). El acta de liquidación por no cotizar por ellos a la Seguridad Social asciende a 19 millones de euros.

A estos importes hay que sumar otra multa de 5,2 millones de euros que ha impuesto la Inspección a la plataforma de reparto por tener trabajando de manera irregular a 813 extranjeros.

De este modo, estas últimas actuaciones contra la plataforma de reparto han implicado sanciones y actas de liquidación por un importe global de 56,7 millones de euros, siendo la cifra de trabajadores afectados de 7.835 personas.

Con esta última multa, Glovo acumula en España sanciones por valor de 205,3 millones de euros, de los que 125,3 millones corresponden a actas de infracciones y 80 millones de euros a actas de liquidación. En total, los trabajadores afectados por incumplimientos de la plataforma de reparto ascienden a 37.348.

La llamada ley rider, que obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores, entró en vigor en agosto de 2021.

La norma, fruto del acuerdo entre Trabajo, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto o mercancía y sus trabajadores.

La ley reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Una ola de euforia sindical recorre Estados Unidos, un país tradicionalmente reacio a la reclamación colectiva de los derechos laborales. Allí, que se sindicalicen los trabajadores de Starbucks, Amazon o Apple, aunque sea sólo en una cafetería de Buffalo (Nueva York), un almacén de Staten Island (también en Nueva York) o una tienda de Towson (Maryland), es carne de telediario. Porque primero hace falta que la mitad más uno de los trabajadores vote a favor de organizarse y porque es legal que la empresa se oponga a que su plantilla cree un comité. Y lo hacen, hasta el punto de que existen despachos de abogados especializados en el trabajo antisindical y de que los demócratas han llamado Ley de Protección del Derecho a Organizarse (Proact) a su iniciativa para mejorar los derechos laborales. La Proact pretende prohibir el despido de los trabajadores que se afilien a un sindicato y la contratación de esquiroles para sustituir a los huelguistas, además de imponer sanciones a las empresas que violen las leyes laborales, hasta con 100.000 dólares si son reincidentes. De esta manera se actualizaría la Ley Nacional de Relaciones Laborales, que data de 1935. La Proact ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, pero los republicanos la bloquean en el Senado.

En Estados Unidos, la tarea sindical se desarrolla empresa a empresa; no existen los convenios sectoriales como en España. Los afiliados representan sólo el 10,3% de los ocupados y son sobre todo trabajadores públicos, profesores o trabajadores industriales. Pero la Gran Dimisión tras la pandemia, una tasa de paro en mínimos históricos –3,5%, una cifra desconocida desde 1969– y un presidente que pide a las empresas mayores sueldos –“Pay them more” – ha devuelto el poder a los trabajadores, que se hacen valer gracias a las dificultades que están sufriendo las empresas para encontrar mano de obra.

En comparación, España tiene un Estatuto de los Trabajadores más moderno –de 1980–, pero una tasa de afiliación sólo un poco superior, el 12,5%, según las últimas estadísticas de la OCDE, referidas a 2019. Sin embargo, la cobertura de la negociación colectiva alcanza al 80% de los asalariados, mientras que en Estados Unidos sólo tienen amparados sus derechos laborales por un convenio colectivo el 12% de los trabajadores. Lo que no quiere decir que no haya empresas españolas que imitan a las estadounidenses en su rechazo sindical. Grandes compañías sin comités de empresa. “En España se celebran elecciones sindicales en la mitad de las empresas donde es posible convocarlas”, explica el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO, José María Martínez: la ley sólo las permite en empresas de más de seis trabajadores. Y el 90% de las españolas están por debajo de ese umbral, lo que deja a sólo un tercio de la población activa en situación de elegir a delegados de personal o comités de empresa, 7,8 millones de trabajadores. Por el contrario, cuanto mayor es el tamaño de la compañía, más probabilidades tiene su plantilla de contar con representantes sindicales. Aun así, una empresa como Mango, por ejemplo, con unos 4.500 empleados en España –y 12.000 en todo el mundo– carece de comité de empresa. La firma de Isak Andik acaba de sumarse a la nueva patronal Arte, que pretende unificar el heterogéneo mapa de convenios –y salarios– del sector.

Uno de sus promotores es Inditex, donde sí hay comités de empresa y cuyas empleadas en A Coruña acaban de protagonizar unas exitosas protestas que les han reportado un aumento de sueldo de 322 euros al mes para nóminas que no superan los 1.100. También consiguieron mejoras laborales las dependientas de Bershka en Pontevedra, tras llevar a cabo una huelga en 2017. Un año antes, curiosamente, habían conseguido votos suficientes para sindicalizarse sus compañeras de Zara en Nueva York. Entonces eran un millar, repartidas en ocho tiendas. La primera de ellas abrió en 1989, por lo que la plantilla tardó 27 años en organizarse. Su sindicato, RWDSU (Retail Wholesale and Department Store Union), representa también a las dependientas de Macy’s, Bloomingdale’s, Saks Fifth Avenue o H&M, así como a trabajadores de supermercados y hasta farmacias o autolavados.

En Nueva York, Inditex incluso convocó con el sindicato una presentación conjunta ante la plantilla para explicarle las ventajas de organizarse. Pero no es lo habitual. Wal-Mart, la mayor cadena de supermercados descuento de EEUU y del mundo, es famosa no sólo por sus bajos salarios, sino también por sus prácticas antisindicales. Sobre los primeros, sus trabajadores reciben 6.200 millones de dólares al año en ayudas públicas, según el cálculo de la organización Americans for Tax Fairness, porque sus sueldos no alcanzan ni para el seguro médico –que en EEUU pagan las propias empresas–. Sobre las segundas, un juez condenó en 2015 a la compañía por haber clausurado con un falso pretexto –problemas de fontanería– cinco de sus tiendas en California, Texas, Oklahoma y Florida y haber despedido a 2.200 empleados. En realidad, dictaminó la sentencia, las cerró en represalia por el intento de la plantilla por sindicarse.

En España, algunas empresas estadounidenses tan notorias como Twitter, Facebook o Google carecen de comités. El dato fue conocido hace dos meses cuando Elon Musk y Mark Zuckerberg despidieron a cientos de trabajadores en todo el mundo, unos centenares de ellos en España. Otro tanto ocurre en NTT Data, la antigua Everis, una multinacional japonesa de tecnologías de la información con 15.000 empleados en España, donde sólo hay representación sindical en uno de sus centros de trabajo, el de Sevilla. Y su vida no ha sido fácil. La primera tentativa de convocar elecciones sindicales data de 2011, concurrieron CCOO y una Candidatura Indepediente, al tiempo que fueron despedidos cinco trabajadores. En 2015, los independientes se transformaron en la plataforma Actúa, “una candidatura creada por la propia empresa”, denuncia Guillermo Ramos, responsable de la sección de Alternativa Sindical de Clase (ASC), que desde 2019 tiene siete miembros en el comité. Los acompañan cinco de CCOO y otros cinco de Actúa. La empresa, cuyo presidente en España es el exministro Eduardo Serra, fue condenada en 2021 por la Audiencia Nacional por impedir la extensión del sindicato a otros centros de trabajo. Fueron despedidos dos delegados de ASC en Salamanca y Murcia. La sentencia ha sido recurrida por NTT Data en el Tribunal Supremo, que aún no ha dictaminado. Sí lo hizo antes, en 2019, cuando ratificó el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declaraba improcedente el despido de un delegado del sindicato que se encontraba de baja médica. Los jueces encontraron una “evidente relación causa efecto entre la actividad sindical del recurrente [el delegado] y la decisión del despido”.

Ramos explica que parte de la actividad de la empresa es el desarrollo de aplicaciones informáticas, que lleva a cabo en régimen de subcontrata sobre todo para las administraciones públicas. Consigue los contratos, sostiene el responsable sindical, ofertando a sus clientes tarifas casi por debajo de coste gracias a los bajos salarios que paga. Es una de las llamadas “cárnicas” del sector tecnológico. Como ocurre en muchas de estas empresas, resulta difícil organizar a unos trabajadores más inclinados a “buscar salidas individuales”, lamenta, y ahora también dispersos porque han seguido teletrabajando tras la pandemia. Y ello pese a que desde 2019, denuncia el representante de ASC, NTT Data ha despedido en Sevilla a 68 trabajadores por motivos disciplinarios –la empresa alega bajo rendimiento–, pero reconociendo al mismo tiempo la improcedencia de la medida en un documento que concede al afectado una indemnización. Ramos también se queja de que deben luchar en un doble frente: la empresa y los sindicatos UGT y CCOO que, según dice, no defienden a los trabajadores tanto como declaran hacerlo.

Es precisamente en el sector de consultoría y de tecnologías de la información donde se encuentran algunas de las mayores compañías sin organización sindical. Es el caso de KPMG, PwC, Deloitte y EY, las conocidas como Big Four, las principales auditoras y consultoras del mundo.

Lo mismo ocurre con Accenture, la heredera de otra de las grandes, la desaparecida Arthur Andersen. “Afiliación sí tenemos”, apunta Raúl de la Torre, responsable del sector TIC y consultorías de CCOO, “porque, aunque estas empresas no son precisamente nuestro ‘granero de votos’, sí hemos notado un aumento de afiliados, sobre todo porque cada vez las condiciones laborales son peores para los recién licenciados”. Desde 2008, protesta, los salarios de entrada no hacen más que bajar y son ahora un 25% inferiores a los de entonces. De hecho, el convenio sectorial de consultorías, el que se aplica a estas empresas, aún cuenta con 10 categorías profesionales con sueldos por debajo del SMI –1.000 euros–. De la Torre asegura que España es el segundo país de la UE que peor paga en consultoría, sólo por detrás de Grecia.

En 2021 saltaron a los periódicos las quejas de los jóvenes empleados de EY, Deloitte y el banco de inversión Goldman Sachs por las jornadas laborales de 12 horas y las presiones que sufren, todo a cambio de salarios muy bajos. En el caso de EY en Barcelona, los trabajadores descontentos enviaron un correo electrónico a sus superiores que luego se hizo público. “Es la cultura de la empresa”, concede el representante de CCOO, “se trata de perfiles de alta cualificación, con idiomas, estudios de máster, dos carreras universitarias… son muy individualistas y piensan que el trabajo en estas empresas es sólo un trampolín para dar el salto a otras con mejores condiciones”. Para ellos, la batalla colectiva ante la empresa les resulta extraña. Pero lo cierto, añade De la Torre, es que estas consultoras cada vez encuentran más dificultades para contratar. Tras convocar una huelga en junio, UGT y CCOO acaban de firmar un preacuerdo con la patronal del sector, AEC, que les reconoce subidas salariales del 10,75% para 2022. Pero el nuevo convenio colectivo, caducado desde 2019, no lo empezarán a negociar hasta este mes. De la Torre dice que han conseguido mejoras, pero las considera insuficientes. Por lo menos, han eliminado la pretensión de las empresas de fijar jornadas diarias de 12 horas y de convertir el sábado en día laborable. Las coonsultoras también querían suprimir el complemento por antigüedad. En un sector, resalta De la Torre, con beneficios millonarios.

En otras grandes empresas, la organización de las plantillas es un fenómeno relativamente reciente. En Mapfre, hasta el año 2000 la defensa de los trabajadores estaba al cargo de sindicatos supuestamente independientes, recuerda José María Martínez, hasta que las relaciones con Caja Madrid permitieron el contagio con los sindicatos de clase. Otro tanto ocurría en Mutua Madrileña, donde UGT sólo logró entrar en las últimas elecciones después de una historia “muy difícil”, indica Álvaro Vicioso, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de UGT.

En Mercadona, CCOO, UGT y CGT llegaron hace no más de 15 años, recuerda José María Martínez, mientras que en los supermercados Aldi, donde UGT es ahora mayoritario, hasta hace cuatro años no había representantes sindicales. Pero Bauhaus, una gran superficie de decoración y bricolaje alemana con una docena de tiendas en España, carece de comité de empresa, al igual que los supermercados de bajo coste españoles Primaprix, detalla Vicioso. En la empresa de recursos humanos Manpower, UGT acaba de conseguir un delegado. “Aquí cualquier trabajador puede hablar con el CEO’, es lo que nos dicen los responsables de la compañía para explicar que la plantilla no necesita representantes sindicales, todo muy a la americana”, apunta el responsable ugetista.

En Leche Pascual, con 2.300 empleados, el comité está compuesto por representantes del llamado Grupo Independiente desde hace más de una década. CCOO y UGT han intentado presentar candidaturas en el centro de producción de Aranda de Duero (Buegos), pero “se han caído antes” y nunca han llegado a la votación, lamenta Sebastián Serena, secretario del sector agrario de FICA-UGT. “La empresa dice que no cree en las condiciones laborales colectivas, sino en las individuales, e incluso presume de su paternalismo”, apunta el responsable sindical. En 2008, Leche Pascual fue condenada por conducta antisindical en una sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo. CCOO había demandado a la empresa láctea porque, en menos de un año a partir de la convocatoria de elecciones sindicales, despidió a la mayor parte de la candidatura presentada por el sindicato. A todos ellos les dio indemnizaciones de 39 y 40 días por año de trabajo, por encima de los límites legales. Ganó la lista independiente.

En el centro de procesado avícola de Coren en Ourense, todos los delegados, desde siempre, pertenecen al Sindicato Independiente de Trabajadores, integrado por encargados, dice Rubén Requeixo, secretario comarcal de la Federación de Alimentación de la CIG. Pese a que lo han intentado, ningún sindicato de clase ha conseguido poner un pie en el grupo orensano, la principal cooperativa agroalimentaria española. La CIG estuvo “a punto” de presentar una candidatura en 2019, pero los miembros de la lista para cubrir los 21 delegados que correspondían se fueron dando de baja uno a uno: fueron despedidos… con indemnizaciones que en algunos casos rozaron los 200.000 euros, tras reconocer la empresa su improcedencia en el Servicio de Mediación y Arbitraje, cuenta Requeixo.

Coren es una de las empresas que ha tenido que dar de alta como asalariados del Régimen General a sus falsos autónomos. Ya no hay ninguno desde el 31 de agosto de 2018 en la cooperativa orensana, que cuenta con un matadero en Lugo y otro en Porriño (Pontevedra). En total, unos 300 autónomos consiguieron un contrato laboral tras las denuncias de la Inspección de Trabajo. Pero Coren ha disputado en los tribunales gallegos el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de estos trabajadores y, al menos de momento, ha ganado, protesta Rubén Requeixo, “a diferencia de lo que están sentenciando los jueces en el resto de España en casos similares”.

También fueron despedidos los tres periodistas del diario online Vozpopuli que en 2016 acababan de presentar el preaviso para celebrar elecciones. El Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM) demandó a la empresa y el juez consideró nulos los despidos. A día de hoy el diario sigue sin comité de empresa. El Confidencial, que cuenta con más de 150 trabajadores, se creó en 2001, pero no contó con representantes de los trabajadores hasta 2020.

Fue en ese mismo año de la pandemia cuando CCOO demandó a Amazon por haber contratado a una agencia de detectives para espiar a los trabajadores en huelga de la planta de la multinacional en El Prat (Barcelona), la mayor que tiene en España. En realidad, a la agencia española la había contratado otra estadounidense, la mítica Pinkerton. Por entonces Amazon ya había sido denunciada por emplear estas tácticas ilegales en Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y otros países europeos, según publicó eldiario.es.

Y es que, pese al auge sindical, las espadas siguen en alto en EEUU. Un tribunal federal acaba de sentenciar que las empresas pueden pedir indemnizaciones por daños y perjuicios a los trabajadores que se declaren en huelga. “Si esa sentencia llega al Tribunal Supremo, el riesgo para el trabajo de los sindicatos puede ser brutal”, advierte José María Martínez. El responsable de CCOO reconoce que el sindicato mira hacia EEUU y observa con atención su despertar sindical: “Nos hace reflexionar sobre la manera de trabajar y sobre cómo activar a la gente, diseñando campañas menos clásicas”. Allí han sido los inmigrantes latinos la avanzadilla de la sindicación en la hostelería, el comercio y otros trabajos precarios, igual que antes fueron los trabajadores de color quienes la impulsaron en la industria. Los sindicatos, además, han jugado la baza de ofrecerles coberturas más allá de la simplemente laboral, como la ayuda en temas de extranjería, señala el representante de CCOO, quien también destaca el apoyo del Gobierno de Joe Biden. No en vano, añade, los inmigrantes latinos han sido fundamentales en las campañas para conseguir que sus conciudadanos se inscribieran para votar en Nevada, Arizona o Georgia, estados clave de la victoria demócrata.

Este miércoles está previsto que Meta, la antigua Facebook, comunique a miles de sus empleados que se quedan sin trabajo. Una caída del 52% de sus beneficios en los nueve primeros meses del año respecto de 2021 está en el origen de los despidos. Su presidente, Mark Zuckerberg, anunció el pasado 26 de octubre que la empresa va a concentrar sus inversiones en un “pequeño número de áreas”, cuyos equipos “crecerán de forma significativa”, pero la mayoría del resto “se mantendrá sin cambios o se reducirá durante el próximo año”. Así que, en 2023, la compañía puede terminar siendo “ligeramente más pequeña” que ahora, dejó caer sutilmente el creador de la red social.

Los despidos en Meta no son sino el penúltimo anuncio de cirugía laboral en las grandes tecnológicas. Y se produce sólo unos días después de los ejecutados por Elon Musk en Twitter. Primero apuntó al 75% de la plantilla y finalmente se quedó en el 50%. También en España, donde sólo cuenta con unos 30 trabajadores, va a pasar el bisturí. Antes ya habían soltado lastre Google, Netflix o LinkedIn, por citar sólo las más conocidas. “Hay un patrón muy claro en todas ellas: crecen con muchísima rapidez, pero cuando se desinflan también recortan plantillas con mucha facilidad”, explica Miquel Pellicer, consultor en comunicación digital de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), “hay mucho acordeón, todo es muy líquido”. En algunos casos, porque estas empresas “se deben mucho a los inversores”. Twitter es un buen ejemplo, con Elon Musk entrando como un elefante en la cacharrería del pájaro azul. De hecho, uno de sus fundadores, Jack Dorsey, que renunció como director ejecutivo en noviembre de 2021 y dejó la junta directiva en mayo de este año, ha llegado a pedir disculpas en la propia red por los despidos: “Soy el responsable de que todo el mundo esté en esta situación: Hice crecer el tamaño de la empresa demasiado rápido”.

En otras empresas, como Meta, la causa de la sangría laboral radica en el desplome de un tercio en el valor de la empresa en Bolsa. Pellicer se pregunta ahora si el crecimiento global de Tik Tok, otra red de social en alza, será sostenible en el tiempo.

Cuestión aparte es cómo está afectando la oleada de despidos tecnológicos a sus centros de trabajo en España. Los de Twitter activaron las alarmas cuando se supo que se habían comunicado por correo electrónico. Pero por el momento no se sabe si van a ser despedidos todos los trabajadores de Twitter Spain SL, una sociedad limitada constituida con el capital mínimo de 3.000 euros en 2013 y domicilio social en la calle de Rafael Calvo de Madrid, para trasladar toda la actividad a Irlanda, o si se va a quedar sin empleo sólo la mitad de la plantilla.

“En cualquier de los dos casos”, advierte Fernando Luján, secretario confederal de UGT, “Twitter está obligada a ejecutar un despido colectivo, como corresponde a una empresa de menos de 100 trabajadores que quiere extinguir los contratos de más de 10 de ellos”. De lo contrario, los despidos serán considerados nulos y Twitter tendrá que readmitir a todos los empleados. Ese despido colectivo exige toda una serie de trámites: presentación de una memoria que detalle las causas de la medida y el número de afectados, la apertura de un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores durante 15 días, la notificación a la autoridad laboral… Unas formalidades desconocidas en EEUU. De momento, la plantilla sigue en las oficinas, esperando la comunicación definitiva, añade Luján. Según sus cuentas, Twitter Spain SL rozó en 2019 y 2020 los cinco millones de facturación y durante ese último ejercicio cerró con unos beneficios de 250.862 euros.

Las grandes tecnológicas son territorio extraño para los sindicatos. No hay comités de empresa ni ánimo de reivindicación colectiva. “Son perfiles cualificados, tecnológicos, hay mucha rotación, tienen sueldos altos…”, resume Raúl de la Torre, responsable del sector TIC de CCOO. Eso sí, ahora ya se puede despedir con un simple “certimail”, el equivalente digital del burofax, que certifica la entrega, lectura y el contenido del mensaje.

En Meta España, en cambio, aún no saben cómo les van a afectar los miles de despidos anunciados en EEUU. La empresa cuenta con 87.000 empleados en todo el mundo. Un portavoz de la red social en España no facilita, sin embargo, cuál es la plantilla en el país. Pero, según las fuentes consultadas por infoLibre, puede superar los 100 trabajadores. Miquel Pellicer asegura que Meta cuenta además con diferentes subcontratas en Barcelona, ubicadas en la Torre Agbar, que se dedican a la moderación de contenidos. Y, pese a ser ajena a la presencia sindical, CCOO y UGT están negociando estos días con Meta su plan de igualdad. La ley la obliga a negociarla con los sindicatos más representativos a falta de comité de empresa, recuerda Fernando Luján.

Google también se apuntó al recorte de personal el pasado septiembre, cuando anunció que reduciría a la mitad los proyectos en marcha de su división interna de I+D, llamada Área 20. Por tanto, los empleados de esa área que no tengan acomodo en otras secciones de la empresa, serán despedidos. En España, Google cuenta con unos 370 trabajadores. En 2020, Google Spain SL tuvo unos ingresos de 148,13 millones de euros en 2020, un 12,2% más que el año anterior, y unos beneficios de 24,88 millones. No obstante, esos números apenas reflejan el negocio real de la empresa en España, puesto que, en teoría, sólo presta servicios de marketing a la filial de Google en Irlanda, donde registra todas sus ventas.

Netflix es otra empresa puntera que ha recurrido a los despidos para salvar sus números. En junio anunció la salida de 300 trabajadores en todo el mundo, el 3% de su plantilla, de los que 53 correspondían a Europa. Y sólo un mes antes, en mayor se había deshecho de otros 150 empleados, tras perder 200.000 suscriptores. En España cuenta con una filial, Netflix Servicios de Transmisión España, SL, que facturó 579,3 millones de euros en 2021, 16 veces más que el ejercicio precedente. Sus beneficios ascendieron a casi 8,7 millones de euros, una cifra minúscula comparados con los casi 1.600 millones que ganó sólo en el primer trimestre de este año.

Para estas grandes tecnológicas, no obstante, mercados como España son fundamentales. “Les interesa la implantación en territorios clave”, destaca Miquel Pellicer, “porque necesitan ser relevantes y tener representación y relaciones de marketing y comunicación en países como España”. En ese aspecto, dice, funcionan casi como un periódico.

También las plataformas se desinflan

Pese a que su estructura es mucho más pequeña, no han corrido mejor suerte que otras marcas señeras de la economía digital: desde la alemana Gorillas –reparto de comida a domicilio– y la californiana Bird –patinetes y bicicletas eléctricos– hasta Getir. La última en España ha sido Lola Market, que cerrará este viernes. La compró hace un año otro puntal del reparto a domicilio, Glovo, pero la caída de sus ventas ha dado al traste con esta empresa que primero hacía la compra en el supermercado para el cliente y después se la llevaba a casa. La empresa ha comunicado a sus shoppers que queda interrumpida la relación “mercantil” que les une a ellos. Sin embargo, según explica Rubén Ranz, responsable del sector en UGT, los trabajadores de Lola Market son falsos autónomos, por lo que están animándoles a que presenten demandas individuales para que los jueces les reconozcan el carácter laboral de su relación. También la Asociación Unificada de Riders (AUR) está preparando demandas por despido improcedente “y por no haber realizado un ERE como marca la ley”, explica su responsable, Fernando Roán.

Tras la aprobación de la llamada ley rider, sólo Glovo y Uber Eats se resisten a contratar a sus repartidores. Getir, que ha despedido a 4.500 trabajadores en todo el mundo este año, mantiene sin embargo en España a sus 900 empleados como asalariados, resalta Rubén Ranz. Gorillas, que despidió a la mitad de su plantilla en junio, lo hizo mediante un despido colectivo al uso. Por el contrario, Uber Eats mantiene a parte de sus repartidores como falsos autónomos y a otros los utiliza a través de empresas de mensajería. Aún tiene pendiente una demanda de CCOO y UGT en la Audiencia Nacional por ejecutar un ERE encubierto poco días antes de entrar en vigor la Ley Rider desconectando de su aplicación a 4.000 repartidores. 

La bautizada como ley rider reconoció la “presunción de laboralidad” de los repartidores de plataformas digitales como Glovo, Deliveroo o Uber Eats. Tras años de lucha y muchas sentencias a su favor, incluida una del Tribunal Supremo, se abría la puerta a que los mensajeros trabajasen con contratos laborales y paguen sus cotizaciones a la Seguridad Social. Las empresas tuvieron entonces que adaptar sus estructuras laborales: Just Eat, que ya tenía contratados a sus riders, ha firmado ya un convenio con UGT y CCOO, Uber Eats optó por subcontratar plantilla y Deliveroo abandonó España. Glovo, en cambio, anunció en verano la contratación de 2.000 repartidores del total de 15.000 que mantiene en España. Pero, además, cambió las condiciones en que trabajaban los que siguen como autónomos. Y, pese a que muchos de ellos prefieren mantener esa condición, han terminado por copiar a sus antiguos compañeros de bicicleta y han convocado paros este fin de semana en toda España. La Asociación Unificada de Riders (AUR) protesta así por la bajada de sus tarifas al tiempo que exige “autonomía plena”. Su presidente, Fernando Roán Gómez, dice que el 76% de los riders autonómos de Glovo se ha manifestado a favor de los paros.

“Nos han bajado las tarifas y ahora tenemos que trabajar muchas más horas para cobrar lo mismo”, se queja Roán Gómez. Explica que el multiplicador por perdido es ahora de 1,3 “en el bono básico, cuando antes era de 1,8. Y así no cubren los gastos por perdido. Quieren, añade, un mínimo por perdido de cuatro euros. “Y que nos permitan cambiar el multiplicador cuando queramos, no una vez al día como ahora”. También reclaman una tarifa igual para todos los repartidores en todas las ciudades y que no se les obligue a trabajar en zonas delimitadas de cada ciudad.

Además, la empresa les prometió que el tamaño de los pedidos se correspondería con el tipo de vehículo del repartido, pero no se ha cumplido, asegura el presidente de AUR. “Glovo se ha quedado con el monopolio de los autónomos [tras la entrada en vigor de la ley rider], así que puede hacer con nosotros lo que quieran”, lamenta Fernando Roán.

Fuentes del sindicato CGT confirman los cambios aplicados por Glovo tras la entrada en vigor de la ley, el pasado agosto. “En ciudades más pequeñas, como Tarragona o Sant Cugat, los repartidores hicimos una asamblea para ponernos bonos más altos, pero Globo se dio cuenta y nos bajó las horas”, revela. Ahora cuentan con free logging, la conexión a la plataforma es libre, y se ha suprimido el sistema de puntos con el que Glovo primaba a unos mensajeros frente a otros. Pero “las notas de ajenidad y dependencia [que determinan la existencia de una relación laboral, según el Estatuto de los Trabajadores] continúan existiendo”, replica CGT, “porque la aplicación y el logaritmo son de Glovo, y las facturas, por ejemplo, te las siguen dando ellos”.

Nada más entrar en vigor la ley, CCOO denunció en Cataluña que la empresa había introducido cambios en la aplicación para “eliminar indicios de laboralidad”, lo que había reducido los ingresos de los repartidores. CCOO y UGT demandaron también entonces en la Audiencia Nacional a Uber Eats por desconectar a 3.000 mensajeros de un plumazo, en lo que consideraron como un auténtico despido colectivo: la desconexión se produjo el 12 de agosto, el mismo día en que entró en vigor la ley rider.

Tampoco la compra, anunciada esta pasada Nochevieja, de Glovo por la empresa alemana Delivery Hero, ha supuesto un cambio de política laboral. El equipo directivo, integrado por los dos fundadores de la empresa, Óscar Pierre y Sacha Michaud, continuará al mando, y Glovo “seguirá operando con su aplicación y mantendrá su marca”, asegura a infoLibre un portavoz de la firma española.

Sin embargo, a Glovo no le va a resultar fácil continuar con su actual modelo laboral. Este mismo jueves el Juzgado de lo Social número de 1 de León ha reconocido como falsos autónomos a 142 repartidores de esa ciudad. El pasado día 8 fueron 329 en Zaragoza los que fueron considerados asalariados. En noviembre la Inspección de Trabajo había sancionado a la empresa con 8,65 millones de euros por mantener como falsos autónomos a 1.316 mensajeros. El próximo 22 de abril está previsto que se celebre en el Juzgado de lo Social número 11 de Barcelona la vista oral por la laboralidad de 3.800 repartidores, por los que la empresa debió ingresar 3,84 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social adeudadas entre mayo de 2015 y abril de 2018. Y este mismo jueves el sindicato CGT se reunió con la Inspección de Trabajo de Barcelona, que prepara una nueva acta de infracción contra Glovo por 8.500 riders que trabajaron para la empresa entre mayo de 2018 y agosto de 2021.

Todos estos litigios se refieren a repartidores y cotizaciones debidas a la Seguridad Social antes de que entrara en vigor la ley rider. Pero los sindicatos ya han empezado a denunciar a Glovo también por la nueva estructura laboral implantada para adaptarse a los cambios legales. Y la Inspección tendrá que investigar de nuevo.

Glovo explica que, pese a contar con “un periodo de transición muy corto”, por un lado, empezó a contratar directamente a repartidores, “con horarios y retribuciones fijas y rutas concretas para aquellos servicios que, por su naturaleza, son viables tecnológica y operativamente”. Y por otro, lanzaron “un nuevo modelo de colaboración para profesionales autónomos inédito en España, que sigue el criterio establecido por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Este modelo, destacan, permite “simultanear otras aplicaciones y actividades con total flexibilidad, autonomía e independencia”.

Sin embargo, tanto Riders X Derechos, el colectivo que empezó a luchar contra los falsos autónomos de las plataformas digitales de reparto, como la CGT denuncian que Glovo sigue utilizando sistemas ilegales para eludir la ley. En concreto, recurre a Empresas de Trabajo Temporal (ETT) para contratar al personal de Glovo Supermercado, por el que un empleado de la empresa –lo llaman picker– hace la compra en los supermercados con los que firma convenios y se encarga de gestionar el pedido que luego un repartidor lleva al domicilio. También con Glovo Express, su propio supermercado fantasma.

CGT ya ha denunciado que estos trabajadores están contratados en fraude de ley, porque se dedican a lo que no es una actividad temporal, sino la actividad principal de la empresa. Más aún si se aplica la nueva regulación de los contratos temporales incluida en la reforma laboral recién aprobada. El sindicato cita a Randstad como la ETT que está utilizando Glovo. Otra empresa del sector, Stuart, acude a los servicios de Adecco y del Grupo Crit para no contratar directamente a los repartidores.

Pero no es el único mecanismo empleado por estas plataformas para burlar la nueva ley. Uber Eats prefiere subcontratar los repartidores. Para ello ha recurrido a Deelivers, una firma de Vigo que sí tiene a sus mensajeros como asalariados. CGT asegura que en este caso se trata de una “cesión ilegal de trabajadores de libro”. Se trata de una infracción laboral muy grave que se comete cuando una empresa cede a otra una plantilla y esta última es la que mantiene la dirección y el control de las tareas; es decir, decide desde el horario hasta las vacaciones, o incluso proporciona las herramientas de trabajo. Es lo que ocurre con los repartidores subcontratados, apunta el sindicato, puesto que utilizan la aplicación de Uber Eats y es ésta, y no Deelivers, la que dirige y controla su trabajo. Otro tanto puede decirse de Stuart, que actúa de subcontratada de Glovo, Uber Eats o incluso de Seur, indica CGT.

“Con la ley rider no se ha perdido ni un solo puesto de trabajo, en contra de lo que auguraban muchos cuando se aprobó; todo lo contrario, de hecho: han aparecido empresas nuevas como Gorillas, Dija, Rocket o Getir, es un sector en total expansión”, resume un portavoz del sindicato. Todas prometen entregar el pedido en menos de 10 minutos.

La Comisión Europea ha propuesto este jueves nuevas reglas para aclarar el estatus laboral de los trabajadores de plataformas digitales como Uber o Deliveroo y asegurar que se reconocen los derechos que corresponden a su "trabajo real", ya sean autónomos o asalariados, ha informado Europa Press.

Bruselas considera que la "gran mayoría" de los trabajadores de estas plataformas están correctamente clasificados pero quiere que se tomen medidas para asegurar que los cerca de 5,5 millones de falsos autónomos que estima hay en el sector en la UE sean regularizados y tengan garantizados sus derechos sociales.

"Nadie quiere matar, parar o frenar el crecimiento de esta economía de plataformas", ha dicho el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, en una rueda de prensa en Bruselas para explicar los detalles de la propuesta, que aún tendrá que ser negociada y acordada entre el Parlamento Europeo y los Veintisiete para ver la luz.

A las reservas del sector, el comisario ha respondido que también en la capital comunitaria quieren que "prospere" este modelo de negocio en desarrollo, si bien ha subrayado que ello debe producirse cumpliendo los mismos estándares que el resto de empresas en la UE, incluidas las normas en materia social, y "ajustarse al modelo social europeo".

Entre 2016 y 2020, los ingresos en torno a la industria de las plataformas se multiplicaron prácticamente por cinco, pasando de unos 3.000 millones de euros a unos 14.000 millones, según datos de la Comisión Europea, que espera que en 2025 trabajan para el sector cerca de 43 millones de personas.

Así las cosas, Bruselas plantea que una plataforma pase a ser considerada como "empleador" y tenga las mismas obligaciones en materia laboral y social cuando se den al menos dos de los cinco criterios básicos que quedarán definidos por la nueva directiva.

Así, las más de 500 plataformas digitales que operan en la UE deberán posicionarse respecto a estos criterios: remuneración fija o topes de ingresos, fijación de horarios o periodos de ausencia, supervisión del trabajo realizado vía medios electrónicos, imponer tareas o recurrir a subcontratas o sustitutos y tener normas sobre apariencia o conducta.

En tal caso, los trabajadores que sean reclasificadas como empleados deberán tener derecho a percibir un salario mínimo, a la negociación colectiva, a la regulación de la jornada laboral y a la protección de la salud.

También deberá tener derecho a disfrutar de vacaciones retribuidas o de un mejor acceso a la protección social en caso de accidente laboral, derecho a las prestaciones por desempleo y enfermedad y a las pensiones contributivas de jubilación.

La norma deberá prever mecanismos para que tanto la plataforma como el trabajador puedan impugnar la reclasificación, aunque para ello deberá demostrar por la vía lega que no existe relación laboral. En el caso de que sea la plataforma la que cuestiona el estatus del trabajador deberá aportar el peso de la prueba y, si es la persona quien recurre, la empresa deberá ayudarle.

Otra de las claves de la propuesta afecta a la gestión algorítmica porque los servicios comunitarios reclaman mayor transparencia en el uso de estos instrumentos y reclama un seguimiento humano del respeto de las condiciones laborales, además de reconocer el derecho a impugnar decisiones automatizadas. Son normas que deberán aplicarse de igual manera a todos los trabajadores, ya sean asalariados o verdaderos autónomos.

Por otra parte, la Comisión quiere aclarar las obligaciones de cada plataforma respecto a declarar su actividad a las autoridades nacionales y sobre las personas que trabajan para ella en cada Estado miembro.

Deliveroo ha anunciado que cesará sus actividades y abandonará España el próximo 29 de noviembre, tras la consulta realizada entre sus empleados, según ha informado la plataforma de servicio a domicilio en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, la plataforma de deliveryavanzó a finales de julio el inicio de esta consulta sobre el cese de sus operaciones en España, un mercado que representa menos del 2% del valor bruto de las transacciones (GTV) de la firma en el primer semestre de este año y tras la entrada en vigor de la ley rider.

"Queremos dar las gracias a todos los riders y restaurantes que han trabajado con Deliveroo en España, así como a nuestros maravillosos clientes. La empresa se enorgullece de haber contado con algunos de los mejores restaurantes de España como socios y de haber colaborado con miles de riders que han trabajado duro para llevar a los españoles millones de deliciosas comidas desde 2015, incluso de haber sido una tabla de salvación para muchos de ellos durante la pandemia", ha explicado la plataforma.

Deliveroo ha agradecido el "talento" de sus empleados a los que ha querido "darles las gracias por su compromiso con la empresa y por todo lo que han hecho" en estos años en el mercado nacional.

En julio, la plataforma explicó que esta propuesta de poner fin a las operaciones en España reflejaba su intención de centrar las inversiones y los recursos en los demás mercados en los que opera, continuando con el crecimiento de su red de consumidores, de socios de restaurantes y supermercados, así como de riders, y ampliando su cuota de mercado tanto en nuevas ciudades como en ciudades en las que ya desarrolla su actividad.

Además, avanzó que en el caso de que se pusiera fin a sus operaciones se aseguraría de que los repartidores y sus empleados dispusiera de un adecuado paquete de compensación que cumpla con todas las normativas y la legislación local. "Nos complace haber acordado paquetes de compensación adecuados tanto para ellos como para los 'riders'", ha asegurado este jueves.

Deliveroo, que opera actualmente en 12 mercados de todo el mundo, abandona el mercado nacional donde contaba ya con más de 10.000 partners en España, después de que aterrizara en 2015.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el partido político Vox y por el Partido Popular (PP) contra el decreto-ley relativo a los repartidores de plataformas digitales, conocido como la Ley rider, y que obliga a esas empresas de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores.

En una providencia del TC recogido por Europa Press, se indica que sendos recursos fueron presentados por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox y más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular contra el Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

El tribunal de garantias ordena dar traslado de la demanda y de los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

En nota de prensa, recuerda que los recurrentes consideran que la norma impugnada carece del presupuesto habilitante del artículo 86.1 de la Constitución referido a la extraordinaria y urgente necesidad. "En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general", reza ese artículo concreto.

CCOO y UGT han pedido a Gobierno, Inspección de Trabajo y tribunales que extremen la vigilancia para el cumplimiento de la llamada Ley rider, que entra en vigor este jueves, según informa Europa Press. La nueva legislación obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores.

El sindicato de Unai Sordo ha demandado a las administraciones que lleven a cabo los procesos necesarios de seguimiento, evaluación e información de la nueva norma, que obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar a sus trabajadores como asalariados. "Esta ley tiene el objetivo de poner fin al fraude laboral que han sufrido durante ya demasiado tiempo los trabajadores y las trabajadoras de este sector, como así han certificado tanto Inspección de Trabajo como los tribunales", defiende CCOO.

Por su parte, UGT ha advertido de que adoptará las medidas legales necesarias para que se cumpla la nueva normativa. El sindicato ha denunciado que algunas plataformas digitales de reparto tratan de defender su modelo de negocio "contra viento y marea" y que buscan incumplir la Ley rider o dilatar su cumplimiento. Por eso, ha insistido al Gobierno en que extreme la vigilancia para exigir que se cumpla esta norma y que "no se quede en papel mojado".

Asimismo, UGT considera que el proceso en el marco de diálogo social en relación a estas plataformas todavía no ha concluido, ya que entiende que "hay que avanzar hacia la regulación global de todas las plataformas digitales", y reclama que los sindicatos puedan acceder a los algoritmos de todas las empresas, no sólo las de reparto. En este sentido, el sindicato insta al Gobierno a hacer presión para lograr una norma a nivel europeo que regule a las plataformas digitales

Los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos

La norma es fruto del acuerdo que alcanzaron el pasado mes de marzo el Ministerio de Trabajo y Economía Social, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto o mercancía y sus trabajadores, es decir, que no afecta sólo a las empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Uber Eats y Deliveroo.

La ley reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Asimismo, la norma contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles. En concreto, se recoge en el Estatuto de los Trabajadores que todas las empresas (no sólo las plataformas de reparto) deben informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

Las plataformas digitales de reparto tienen de plazo hasta este jueves, 12 de agosto, para contratar a sus trabajadores como asalariados debido a la entrada en vigor de la llamada Ley rider.

La norma se publicó el pasado 12 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estableciéndose su entrada en vigor a los tres meses, es decir, el próximo 12 de agosto, ha informado Europa Press.

Esta ley es fruto del acuerdo que alcanzaron el pasado mes de marzo el Ministerio de Trabajo y Economía Social, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto o mercancía y sus trabajadores, es decir, que no afecta sólo a las empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Uber Eats y Deliveroo.

La ley reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Asimismo, el decreto contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

En concreto, se recoge en el Estatuto de los Trabajadores que todas las empresas (no sólo las plataformas de reparto) deben informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

Deliveroo planea cesar su actividad en España

A finales del mes de julio, a pocos días de la entrada en vigor de la ley, la plataforma de reparto de comida a domicilio Deliveroo anunció que planea el cese de sus operaciones en España. En concreto, la plataforma comunicó su intención de realizar una consulta entre sus empleados sobre el fin de su actividad en el mercado español.

La consulta de Deliveroo sobre el cese de sus operaciones en España estará condicionada al resultado de un proceso consultivo con los empleados afectados y con los riders. Deliveroo prevé que el proceso de consulta colectiva comience a principios de septiembre y la empresa trabajará con todas las partes interesadas y preparará toda la documentación necesaria para ello.

En caso de que la empresa decida poner fin a sus operaciones tras la conclusión del proceso de consulta, que durará aproximadamente un mes, la empresa ha afirmado que se asegurará de que los riders y los empleados dispongan de un adecuado paquete de compensación que cumpla con todas las normativas y la legislación local.

Just Eat negocia un convenio con los sindicatos

Por su parte, la plataforma de reparto de comida a domicilio Just Eat se encuentra negociando con UGT y CCOO para fijar las bases del que será el primer convenio colectivo del sector del delivery en España.

En concreto, este convenio será el primero a nivel nacional que ayude a organizar las relaciones laborales de la economía de plataformas en el reparto de comida a domicilio y estará totalmente alineado con la Ley rider.

Por su lado, Glovo ha anunciado que lanzará un nuevo modelo de autónomo "inédito en España" y la contratación de 2.000 trabajadores en España antes de que acabe 2021 para adaptarse a la normativa.

La plataforma de reparto de comida a domicilio Deliveroo planea el cese de sus operaciones en España, un mercado que representa menos del 2% del valor bruto de las transacciones (GTV) de la firma en el primer semestre de este año. Esta idea surge a escasos 13 días de la entrada en vigor de la 'ley rider', que impone a este tipo de plataformas de entregas a domicilio la obligatoriedad de contratar a la totalidad de sus empleados.

En concreto, la plataforma ha comunicado este viernes su intención de realizar una consulta entre sus empleados sobre el fin de su actividad en el mercado español. Deliveroo opera actualmente en 12 mercados de todo el mundo, y la gran mayoría del valor bruto de las transacciones de la empresa procede de mercados en los que ocupa la primera o segunda posición. La compañía ha llegado a la conclusión de que alcanzar y mantener una posición de mercado de primer nivel en España requeriría un nivel de inversión "muy elevado" con un rendimiento potencial "muy incierto" a largo plazo que podría afectar a la viabilidad económica del mercado para la empresa.

La propuesta de poner fin a las operaciones en España refleja, según al empresa, su intención de centrar las inversiones y los recursos en los demás mercados en los que opera, continuando con el crecimiento de su red de consumidores, de socios de restaurantes y supermercados, así como de riders, y ampliando su cuota de mercado tanto en nuevas ciudades como en ciudades en las que ya desarrolla su actividad.

La consulta de Deliveroo sobre el cese de sus operaciones en España estará condicionada al resultado de un proceso consultivo con los empleados afectados y con los riders. ridersDeliveroo prevé que el proceso de consulta colectiva comience a principios de septiembre y la empresa trabajará con todas las partes interesadas y preparará toda la documentación necesaria para ello.

En caso de que decida poner fin a sus operaciones tras la conclusión del proceso de consulta, que durará aproximadamente un mes, la empresa se asegurará de que los riders y los empleados dispongan de un adecuado paquete de compensación que cumpla con todas las normativas y la legislación local. Esta propuesta no afecta, según ha explicado la compañía, a las orientaciones para todo el año comunicadas anteriormente sobre el crecimiento anual del GTV del grupo y sobre el margen bruto de beneficio.

"La decisión de plantear el cese de nuestras operaciones en España no ha sido tomada a la ligera. Queremos dar las gracias a todos los restaurantes que han trabajado con Deliveroo en España, así como a nuestros apreciados clientes. Mostramos un especial agradecimiento a los miles de riders, excepcionales y siempre voluntariosos, que han escogido trabajar con Deliveroo, así como a nuestros empleados, llenos de talento y totalmente comprometidos. Todos recibirán apoyo durante el periodo de consulta", ha afirmado Hadi Moussa, Chief Business Officer internacional de Deliveroo.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha anunciado que este lunes recurrirán ante el Tribunal Constitucional el real decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, la conocida ley rider, por entender que no había "urgente necesidad". Además, ha acusado al Gobierno de "hurtar" al Congreso su labor y ha recordado que el alto tribunal ya ha tumbado tres reales decretos del Ejecutivo por "utilizarlos abusando de su poder para evadir el control parlamentario", según informa Europa Press.

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha señalado que "desconfían" del PSOE y el Gobierno porque están viendo que la "táctica" es "intentar controlar" al Poder Judicial e "intentar silenciar la labor del Parlamento saltándose" su capacidad legislativa "a través de la figura del decreto ley".

La dirigente del PP ha subrayado que desde la declaración del estado de alarma en marzo del año pasado, el Gobierno ha aprobado 48 reales decretos con el objetivo de "hurtar el debate al Parlamento" y ha destacado que el Constitucional ha tumbado ya tres de esos reales decretos del Ejecutivo "por haberlos utilizado abusando de su poder para evadir el control parlamentario".

En este punto, ha confirmado que esta semana el PP recurrir dos decretos más: el 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma; y el 9/2021 de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, conocido como la ley rider.

Gamarra ha señalado que "no hay extraordinaria y urgente necesidad" que los motive, sino la necesidad urgente de saltarse al Congreso. En el caso de la ley rider, ha explicado que modificar el Estatuto de los Trabajadores como se ha hecho, a través de un decreto ley, cuando "el acuerdo con el diálogo social estaba aprobado en el mes de abril y además se da una vacatio legis de tres meses, demuestra que ahí no había urgente necesidad, sino que había una necesidad urgente de saltarse nuevamente al Congreso".

Pide "humildad" a Sánchez tras la sentencia del TC sobre el estado de alarma

Tras la sentencia del TC que declara inconstitucional el confinamiento decretado con el primer estado de alarma, Gamarra ha pedido "humildad" a Sánchez y "abandonar la soberbia". A su entender, se trata de reconocer que "vulneró los derechos fundamentales de los españoles y asumir que actuó "tarde, mal y suspendió derechos fundamentales sin los controles que establece un estado de excepción".

Gamarra, que ha destacado que Pablo Casado ya advirtió en el debate parlamentario de la alarma que estaban ante un estado de excepción encubierto, ha acusado al Gobierno de ocultar a los ciudadanos que sí analizó en Consejo de Ministros la necesidad de ese estado de excepción entonces.

Al ser preguntada si el PP lo habría apoyado, ha evitado responder alegando que no iban ahora a "elucubrar con qué habría pasado si se hubiese planteado" y ha solicitado de nuevo al Gobierno una Ley de Pandemias para afrontar la desescalada ante la "inseguridad jurídica" que afecta a las comunidades autónomas en la quinta ola.

Dicho esto, Gamarra ha asegurado que es "fundamental" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su ministro de Presidencia, Felix Bolaños, rindan cuentas en el Congreso por las consecuencias derivadas de la sentencia del TC. "No puede pasar que el Gobierno no comparezca, ni tan siquiera lo pida voluntariamente, y que posponga todo al control parlamentario al mes de septiembre", ha criticado.

De la misma manera ha defendido que los nuevos ministros de Sánchez comparezcan urgentemente en sede parlamentaria, este mismo verano, para que expliquen su hoja de ruta tras la remodelación del Ejecutivo.

Calviño y Díaz, entre sus objetivos prioritarios de control

Al ser preguntada si ella seguirá preguntando a la vicepresidenta Nadia Calviño y Teodoro García Egea a la vicepresidenta Yolanda Díaz o es posible que alguno interpele al nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, Gamarra ha señalado que "todavía queda tiempo" para "tomar decisiones" porque están periodo extraordinario y hasta septiembre no se reanudarán esas sesiones de control ordinarias de cada miércoles al Gobierno.

"Pero en principio, el planteamiento es seguir interpelando y controlando a la vicepresidenta primera y a la vicepresidenta segunda, lo que no quita que en un momento determinado se pueda decidir el control a otro miembro del Gobierno si así lo consideramos oportuno por la actualidad del momento", ha enfatizado.

Un Gobierno "absolutamente desgastado"

Gamarra ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez está "absolutamente desgastado", no tiene "recorrido" y "ha terminado su acción política". Aunque ha intentado "coger aire" con un cambio de caras en su gabinete, sigue con "las mismas políticas" y "el problema" de España es el propio presidente, que "ha mentido a los españoles constantemente".

"Sánchez ha cambiado algunos de sus viajeros en el autobús, pero el conductor sigue siendo el mismo", ha proclamado, para exigir una vez más al jefe del Ejecutivo que "ponga las urnas" para que los españoles se pronuncien con su voto. En este punto, ha descartado la moción de censura que plantea Vox porque, a su juicio, no sumaría para un cambio y solo serviría para reforzar al Gobierno.

Ante las encuestas que se están publicando, la portavoz del Grupo Popular ha señalado que se está ante "un nuevo ciclo político" en el que se está consolidando "el único proyecto moderado" en España. Según ha destacado, es la "alternativa posible a un mal Gobierno" y se visualizará en la Convención Nacional que el PP va a celebrar en Valencia en octubre.

Las plataformas digitales de reparto tendrán de plazo hasta el 12 de agosto para contratar a sus trabajadores como asalariados tras publicarse este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la llamada Ley de Riders, cuya entrada en vigor se producirá en tres meses a contar desde hoy, según informa Europa Press. La norma es fruto del acuerdo que alcanzaron el pasado mes de marzo el Ministerio de Trabajo y Economía Social, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto o mercancía y sus trabajadores, es decir, que no afecta sólo a las empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Uber Eats o Deliveroo.

La ley reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Asimismo, el decreto contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

En concreto, se recogerá en el Estatuto de los Trabajadores que todas las empresas (no sólo las plataformas de reparto) deben informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta ley "va a cambiar el signo de los tiempos" y sitúa a España en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia, pues "no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esto".

La norma ha sido recibida entre críticas por las asociaciones de repartidores. Así, la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda, que engloba a las principales plataformas de food delivery en España, Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats, ha lamentado la aprobación de esta ley por la vía de urgencia y sin debate parlamentario. "Lamentamos la aprobación, por la vía de urgencia y sin debate parlamentario, de un decreto que pone en riesgo el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB español y que ha sido elaborado sin tener en cuenta a sus principales actores: restaurantes, plataformas y, lo más sorprendente, a los propios repartidores", denunció el martes la asociación en un comunicado.

El Gobierno tiene previsto aprobar mañana en Consejo de Ministros la ley que regula el trabajo de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales, conocida como Ley de riders, según informa Europa Press.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme alcanzaron un acuerdo el pasado mes de marzo para regular la situación laboral de los trabajadores que reparten o distribuyen cualquier producto a través de plataformas digitales, conocidos como riders.

En el texto acordado se reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Además, el acuerdo, que se circunscribe al colectivo de repartidores, contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

En concreto, el texto dice que se recogerá en el Estatuto de los Trabajadores que las empresas deberán informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

El texto del acuerdo señala que el Real Decreto-Ley que recoge la norma entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El pasado mes de septiembre, el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declaró que la relación existente entre un repartidor, rider, y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral, por lo que rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Seguridad Social reclama a Glovo casi 400.000 euros por las cuotas que debería haber abonado de tener contratados a 329 riders que estuvieron repartiendo para esta empresa en Zaragoza desde el año 2016 hasta 2018. Sin embargo, la compañía mantiene su postura de que eran autónomos y no empleados por cuenta ajena, según informa Europa Press. 

La vista para dirimir este asunto se está celebrando este viernes, en el Juzgado de lo Social número 5 de Zaragoza. El proceso está en marcha por la demanda de oficio presentada por la Tesorería General de la Seguridad Social contra Glovo.

El juicio deriva de unas actuaciones previas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que pedía a la empresa que se hiciera cargo de la liquidación de las cuotas a la Seguridad Social de 329 ridersa los que consideraba falsos autónomos. La Inspección ha acudido al procedimiento judicial para que la calificación de la relación laboral sea confirmada por el Juzgado de lo Social.

El letrado de la Seguridad Social, Inocencio Arrobo, ha evidenciado que este proceso se inicia a través de las investigaciones realizadas por Inspección de Trabajo. Ha afirmado que la empresa debería "cientos de miles de euros" por la diferencia de cotización entre un autónomo y las bases de cotización del Régimen General.

Para sostener que se trata de trabajadores por cuenta ajena, durante la vista ha detallado que Inspección de Trabajo visualizó en la página web de Glovo que se anunciaban con fines de mensajería, "no podría publicitarse así si no pudiese garantizar el pedido".

Además, la propia plataforma proporcionaba recomendaciones sobre el transporte de alimentos, "algo que sería innecesario para un verdadero autónomo del transporte que conoce el mundo en el que se desenvuelve".

Estos repartidores, a los que ha denominado glovers, cobraban una tarifa fija y no en función de del valor del pedido, algo que, según el letrado, es "representativo de falta de autonomía". Además, "el glover no asume riesgo por accidentes que no sean dolosamente causados por él".

"Anuncian libertad de horarios, pero no es otra cosa que el horario flexible recogido en el Régimen General de los Trabajadores por cuenta ajena, los usuarios superan dos entrevistas, reciben formación específica y, si pasan esas entrevistas, reciben un mensaje en sus dispositivos que les dice que ya son glovers".

Así, el abogado de la Seguridad Social ha opinado que la empresa crea su propio cuerpo de repartidores que, además, en "todo memento están geolocalizados", lo que supone "una verdadera dependencia".

Los glovers aportan su móvil y su vehículo ligero –normalmente bicicleta o moto–, que no son herramientas "estrictamente utilizadas para su actividad laboral". A esto hay que sumar que llevan la bolsa de reparto con el logo de la empresa, convirtiéndose en "sus mejores embajadores".

Enjuiciar el modelo

El abogado de Glovo, Ricardo Oleart, ha considerado que lo que se pretende hacer es "enjuiciar un modelo" en lugar de ir caso a caso, por lo que ha precisado que la vía para hacerlo no es la que se está tomando, ya que no competería a este Juzgado.

Oleart ha incidido en que no existe dependencia del trabajador con la empresa, ya que no están obligados a prestar servicios, no designa un mensajero específico y no hay penalización cuando se conectan o no a la app de Glovo.

En este contexto, ha negado que la empresa se dedique a prestar un servicio de mensajería y reparto: "Todo lo contrario, la actividad de mi representante es la intermediación". De esta forma, ha confiado en poder demostrar que Glovo recibe sus ingresos por poner en contacto a las partes.

El letrado ha apostillado que no se entrevista a los repartidores ni hay ningún tipo de formación, más allá de explicar cómo se utiliza la aplicación. Ha mencionado que hay muchas ocasiones en las que estos trabajadores no acuden a realizar los pedidos.

"No existe obligación de que estén disponibles, pueden pasar días sin conectarse a la app, y no hay ningún tipo de penalización por ello". De hecho, ha mencionado que hasta hay pedidos que se pueden quedar sin atender. Además, el rider utiliza "el itinerario que quiere" y la aplicación es gratuita, "todo el mundo se la puede bajar".

Por ello, ha comentado que la "mayor o menor dependencia" del repartidor a Glovo depende de su propia organización. Sobre el geolocalizador, ha aseverado que no es instrumento de la empresa, no consta que se haya utilizado para ninguna medida disciplinaria, simplemente es una herramienta para que los usuarios vean el punto en el que se encuentra su pedido.

Respecto a las bolsas con la marca, Oleart ha insistido en que "no hay obligación de que vayan con ningún logo", aunque bien es cierto que Glovo da la posibilidad de alquilar la bolsa de transporte de comida con su marca. Sin embargo, ha dicho que incluso está prohibido que lleven uniforme.

Tribunal Supremo

UGT se ha personado en el juicio y representa legalmente a unos cien de estos riders, que han otorgado poderes a la organización sindical para ello. Su abogado, Bernardo García, ha explicado que ya hay una sentencia del Tribunal Supremo, del 25 de septiembre de 2020, en la que se calificó la relación de un repartidor con Glovo en Madrid como laboral. Si bien la jurisprudencia se constituye a partir de dos sentencias del TS que interpreten una norma en igual sentido.

"Como el trabajo de los repartidores de Glovo es uniforme, es igual en toda España, Glovo cuenta hoy en día con más de 10.000 personas dedicándose a esta actividad. Bueno, pues esa sentencia, aunque no sienta aún jurisprudencia, es un precedente especialmente relevante en la calificación de esta relación de trabajo".

Ha defendido que todas las personas que están vinculadas a Glovo, "y a otras plataformas digitales de reparto", siguen siendo contratadas como falsas autónomas: "Este es un problema que tendrá que corregirse, esperemos que en breve".

De hecho, ha añadido, ha habido esta semana una nueva reunión en el marco del diálogo social en la que la propia CEOE ha reconocido que la relación de trabajo de estas personas que se dedican al reparto de las plataformas digitales es propia de una relación laboral y, por tanto, tienen que respetarse sus derechos laborales, aplicarse el Estatuto de los Trabajadores y dentro del Régimen General de la Seguridad Social.

Además, ha apuntado que los Tribunales Superiores de Justicia que han tenido la oportunidad de conocer sobre estos asuntos –los de Asturias, Madrid, Cataluña, Galicia y Castilla y León– han concluido que se mantiene una relación laboral y que debe aplicarse el Estatuto de los Trabajadores.

En este juicio también se ha personado CCOO, cuyo abogado, Jorge Landa Palacios, ha hecho hincapié en que es Glovo quien negocia el precio y la tarifa con los restaurantes y los clientes. En la vista también han intervenido varios letrados en representación de distintos riders afectados.

Siempre lo mismo

Uno de los repartidores de Glovo citado como testigo, Guillermo M., ha comentado que cobraba siempre lo mismo independientemente del pedido y del restaurante. Ha expuesto que, cuando llevaba más de un año repartiendo para Glovo, todos los meses tenía más de 400 euros de gastos y sus ingresos rondaban los 600 euros.

En la misma línea se han mostrado el resto de testigos, además, otro de ellos, Ángel G., ha recordado que "si no era autónomo no podía trabajar en Glovo". Todos han dicho que cuando llamaban a un timbre para entregar un pedido siempre se identificaban como "de Glovo".

Un repartidor ha fallecido este domingo por la noche en un accidente de moto en Embajadores, después de que su vehículo colisionara frontolateralmente contra un camión de la basura, ha informado Europa Press. El hombre, de 48 años, fue atendido por Samur-Protección Civil tras la colisión.

El motorista estaba en parada cardiorrespiratoria y, después de 30 minutos de reanimación, se ha confirmado su fallecimiento.

Hasta la llegada de Samur-Protección Civil, el hombre fue atendido por dos enfermeros del Hospital Clínico y por un enfermero jubilado del Samur, que han bajado de sus casas tras escuchar el golpe del accidente, según informa Emergencias Madrid.

Inicialmente se pensó que se trataba de un trabajador de la empresa Glovo, que según el Tribunal Supremo mantiene a sus trabajadores como falsos autónomos, pero fuentes de la compañía se pusieron en contacto con infoLibre para desmentirlo y aclarar que se trataba de un error de Emergencias derivado de que el fallecido portaba una mochila con el logo de la compañía.

El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales continúan perfilando el denominado Anteproyecto de Ley contra la huida del derecho del trabajo a través de las nuevas tecnologías, embrión de la denominada Ley rider que busca terminar con los abusos laborales en las plataformas digitalesLey rider. Éstas se hallan en auge entre la ciudadanía, más todavía durante el confinamiento por el coronavirus, y realizan desde servicios de reparto de comida hasta limpieza del hogar o cuidados infantiles, todo vía app.    

El pasado martes tuvo lugar una nueva reunión entre el ministerio, la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT para abordar la regulación laboral del sector, marcada por la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 23 de septiembre que resolvió que los repartidores de Glovo eran falsos autónomos. Y las partes parecen próximas a alcanzar un acuerdo inmediato, según los consultados. 

Siempre según estas fuentes, el ministerio de Yolanda Díaz habría enmendado en un nuevo borrador varios puntos del anterior, revelado por La Información a finales de octubre con ocasión de la última reunión mantenida por los agentes sociales. La principal novedad: el Gobierno prevé crear, o al menos así lo contempla Díaz, un registro público y obligatorio para las plataformas digitales en el cual deberán revelar el algoritmo aplicado para desarrollar su actividad. El registro será confidencial a pesar de su carácter público, para proteger la estrategia comercial u otros elementos clave de las firmas. 

De esta manera, el ministerio podrá vigilar si las plataformas digitales como Glovo, Deliveroo u otras emplean a falsos autónomos. La no inscripción en el registro conlleva sanciones que van de los 6.000 euros a casi 190.000 euros (30 veces más). El registro se crearía con la nueva ley. 

Hay más novedades en el nuevo borrador: se elimina la referencia al extra salarial en caso de que el trabajador de la plataforma haga uso de su teléfono móvil o de otros costes de protección. El anterior borrador decía que "la utilización habitual por la persona trabajadora de equipos y herramientas de su propiedad en el desarrollo de la actividad laboral tendrá una retribución específica". El ministerio en esta ocasión ha optado por quitar esta frase para evitar que se pueda normalizar la situación de que el asalariado tire de sus equipos y herramientas. Además, explican las fuentes, el plus salarial ya está recogido en la actual legislación.

Se suprime la referencia a las jornadas y turnos parciales, también recogidos por el Estatuto de los Trabajadores. Y lo mismo sucede con otra parte del anterior borrador que apelaba a dotar al sector de una mayor flexibilidad: el ministerio entiende que, para un sector tan dinámico, cualquier referencia a la flexibilidad puede generar más desajustes laborales. 

Según un post de la web tecnológica Hipertextual, un registro público que "hable directamente sobre su algoritmo de trabajo es directamente impensable". "La publicación de su "receta mágica" tendría grandes implicaciones para cualquier de las empresas invitadas al registro y sería una afrenta directa contra los principios básicos de la Ley de Protección Industrial", añade Hipertextual, citando a "fuentes cercanas". Ni los sindicatos, que ven con buenos ojos el registro, ni el equipo de Yolanda Díaz comparten esta opinión. 

Inspección de trabajo

Tras la concatenación de sentencias que culminaron en septiembre pasado con el fallo de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, el Ministerio de Trabajo ha redoblado la inspección laboral al sector, multando a las plataformas tecnológicas y obligando a convertir en asalariados a falsos autónomos. El ministerio ha actualizado para este medio los datos de la inspección.

Así, a lo largo de 2019 y lo que va de 2020 el número total de órdenes de servicio concluidas por la inspección en materia de falsos autónomos en plataformas es de 45 (hace un mes eran 30). Las altas en la Seguridad Social en materia de falsos autónomos en las plataformas es la que se ha actuado es de 17.957 personas trabajadores . Por último, los expedientes liquidatorios -es decir, las cuotas dejadas de ingresar a la Seguridad Social y que las empresas deberán pagar- suman un total de casi 26 millones de euros, frente a los 16 millones exigidos hace un mes. Las diferencias entre octubre y noviembre revelan que en estos momentos la Inspección de Trabajo multiplica sus esfuerzos. 

El conflicto laboral en el mundo de los riders se ha disparado en los últimos años, con el auge de los smartphones y la antaño llamada economía colaborativa, hoy controlada por gigantes tecnológicos. CCOO incluso dispone de un buzón de quejas en Madrid. 

Aunque normalmente se asocia este sector a los repartidores a domicilio que se mueven en bici -principalmente en grandes ciudades-, hay muchos otros servicios que se prestan vía app donde abunda la precariedad.

El caso de las trabajadoras del hogar es conocido, con marcas como Clintu, Flycleaners o GetYourHero. También abundan los servicios de cuidados infantiles o babysitting.

Apenas trascienden datos laborales del sector. CCOO denunció que llegan a trabajar entre 15 y 18 horas para cobrar el salario mínimo interprofesional.  "El relato de la realidad de la prestación de trabajo al servicio de las plataformas digitales es, en algún momento, sobrecogedor", reza, por su parte, un estudio de UGT sobre las plataformas digitales.