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Derechos laborales

Los riders, un paso más cerca de hacer valer sus derechos: "Por primera vez en tres años se nos reconoce como interlocutores"

Miembros del colectivo Riders x Derechos delante del Ministerio de Trabajo.

Sobre un fondo negro, el contorno de una rueda de bicicleta reza un lema: Riders x Derechos. Junto al logo, estampado en una camiseta, se retrataba este lunes la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. La fotografía inmortaliza la primera reunión entre los repartidores y la administración, el primer gran hito de los trabajadores después de sus numerosas victorias en los tribunales: "Por primera vez en tres años se reconoce a los trabajadores, técnicos y abogados como interlocutores". Así lo explica Daniel Gutiérrez, uno de los portavoces del colectivo.

El Ministerio de Trabajo concentra sus esfuerzos en sacar adelante un proyecto de ley que "reconocerá la laboralidad del colectivo, clarificará su relación con el Estatuto de los Trabajadores" y además servirá para dar amparo a otros colectivos similares que puedan ir surgiendo. La finalidad última del proyecto, explican fuentes del departamento, tiene que ver con acelerar el paso de los falsos autónomos al régimen general y a la normativa laboral existente.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fotografiada con una camiseta de Riders x Derechos.

"Nuestra máxima preocupación era que de ningún modo se hiciera una ley aparte que fuera una especie de estatuto del autónomo digital", es decir, una suerte de norma para "legalizar a los falsos autónomos" que hiciera del "fraude de ley algo legal". La intención es clara: que los riders sean considerados trabajadores asalariados. "Así lo han considerado las Inspecciones de Trabajo y los tribunales: somos trabajadores por cuenta ajena", sentencia Gutiérrez.

Los trabajadores defienden algunas de las condiciones que entienden fundamentales para construir un andamiaje sólido hacia su regulación. "Es importante que se nos dé de alta en el régimen general, desde que empezamos a trabajar hasta la actualidad", comenta Gutiérrez. "Entendemos que si hemos empezado a trabajar en 2017, aunque se haya hecho fraudulentamente, no tenemos que renunciar a nuestros derechos". En ese sentido, reclaman igualmente la devolución de las cuotas de autónomo pagadas hasta ahora y que los trabajadores despedidos sean readmitidos. "Si te despiden, que lo hagan con los requisitos de un despido" y no como se ha venido haciendo hasta ahora, clama al tiempo que recuerda a los "muchos compañeros que se han quedado por medio" debido a la "precariedad del sector".

"En el hipotético caso de que salga para adelante la ley", sostiene el rider, y los trabajadores queden encuadrados dentro de un convenio, el colectivo apunta hacia el de transporte. "Pero lo podemos negociar", aclara. El requisito primordial es que "el convenio se cumpla". Y para ello creen fundamental excluir del paisaje a las subcontratas. "Lo hemos visto en muchos sectores y queremos que quede muy claro: el trabajador tiene que formar parte de una plantilla y nunca puede ser pagado por debajo del convenio". Los riders también han trazado algunas sugerencias de cara a la regularización de "los compañeros que están trabajando sin papeles, que son miles y esto es conocido por todos".

En todo caso, puntualiza Gutiérrez, "esto son los mínimos, pero obviamente no les pedimos un salario digno o vacaciones pagadas porque eso siendo asalariados y estando en un convenio regulado, ya lo tendríamos".

Ahí es donde ponen el acento los trabajadores. "Hacer una ley paralela no es realmente importante", porque la legislación actual "es suficientemente clara" y el propio Estatuto de los Trabajadores define los derechos que reclaman. La norma, una propuesta que parte del ministerio, "servirá para intentar introducir alguna aclaración que acabe de blindar" esos derechos y evitar que "quede alguna brecha". Los riders insisten en que sus demandas no requieren grandes maniobras: "Nosotros simplemente proponemos añadir algún matiz, cuestiones muy puntuales, pero el Estatuto de los Trabajadores es clarísimo". Gutiérrez celebra el paso andado y el compromiso de la cartera dirigida por Yolanda Díaz. "Esperamos que haya un contacto más directo en la elaboración de la ley para tratar todos los flecos sueltos", remacha.

Los entresijos de una legislación propia

La abogada Virginia Castillo representó, el pasado verano, a varios de los riders que ganaron una de las primeras grandes batallas judiciales contra Deliveroo. Hoy mira con recelo la propuesta de trabajar sobre una ley específica. "Me recuerda al año 2006, cuando se impulsó la Ley de trade". Se refiere al Estatuto del Trabajador Autónomo que reconoció la figura del trade o trabajador autónomo económicamente dependiente, aquel que factura más del 75% de sus ventas a un solo cliente. El principal temor de la letrada es que, finalmente, "se haga una legislación a medida de la empresa y no de los trabajadores", que por otro lado "ya tienen una regulación: el Estatuto de los Trabajadores y los convenios".

"Lo veo totalmente contraproducente y puede dar pie a que otras plataformas empiecen a hacer lo mismo", reconoce. A su juicio, la solución para los riders pasa por incluirles en el convenio de transporte de mercancía o alimentación. "Son repartidores en toda regla", de manera que una ley específica "no es necesaria". Los trabajadores, insiste, tienen que formar parte de "los acuerdos laborales" como cualquier otro asalariado porque "su actividad no tiene nada de especial", desde una perspectiva laboral. A día de hoy, recuerda, "ya está demostrado que hay una relación laboral y tenemos la ventaja de que nuestros tribunales ya lo han reconocido".

Castillo sí admite, por otro lado, que "el derecho laboral es interpretativo" y por tanto "muy flexible". "Los rasgos de dependencia respecto a un grupo de empresas van por jurisprudencia", pero toda esa base jurídica se puede "concretar en el propio Estatuto de los Trabajadores", de manera que los supuestos sean claros.

Natxo Parra, abogado laboralista de la cooperativa Col·lectiu Ronda, recalca las percepciones positivas tras salir del encuentro en el ministerio. "Desde el minuto uno quedó meridianamente claro" que no había cabida para "figuras intermedias, como la del autónomo digital, una reformulación del trade o una regulación especial". El propósito era claro: avanzar "en la única línea" del reconocimiento de la relación laboral por cuenta ajena. "Cualquier otra regulación distinta sería ir para atrás", sostiene el letrado.

Al otro lado del teléfono habla precisamente sobre lo interpretativo del derecho laboral. Hasta ahora, explica, "estábamos dejándolo al albur de la jurisprudencia", pero la normativa propuesta pretende "ir un poco más allá" y paliar una situación que, actualmente, es "extremadamente insegura porque cada empresa trabaja de una manera". La idea de la norma es precisamente intentar evitar cualquier tipo de trampa, y aunque el abogado reconoce que la idea le resultó "un poco extraña", el sentido "que le quieren dar es más declarativo que constitutivo, para dejar claro cuál es la interpretación que se le tiene que dar" a los requisitos de laboralidad.

El objetivo es "dotar de seguridad y que las empresas tengan claro que van a tener que contratar a los trabajadores porque legalmente es su obligación". Es decir, se trata de "intentar trasladar lo que jurisprudencialmente ya existe". Una vez la norma haya superado los trámites parlamentarios, será la propia empresa la que tendrá que dar de alta a sus trabajadores, reconociendo de esta manera su relación laboral. En este punto, la vigilancia por parte de la Inspección de Trabajo resultará clave.

Los trabajadores, en todo caso, están también pendientes de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su situación. En caso de que exista una sentencia favorable temprana, "a partir de ahí las empresas lo tendrán muy difícil". Si no hay sentencia pero la norma está consolidada, "las empresas tendrán que dar de alta a estas personas. Pueden jugar a hacer la trampa, pero es una batalla perdida".

Los que vienen detrás

"Siempre que se abre una puerta no sólo pasan los que están primero, sino también los que estamos detrás". Habla Eulalia Corralero, portavoz de las Kellys. El paso andado por los riders lo entiende como una victoria propia. "Estamos muy contentas, esto marca un precedente y la ministra ha hecho una cobertura muy valiente y muy amplia de los colectivos desfavorecidos", sostiene.

Las trabajadoras, que ya han solicitado una reunión con Yolanda Díaz, recuerdan que las demandas de su colectivo no son pocas, pero dependen esencialmente de voluntad política. "Es falta de voluntad política y falta de visión, porque hasta ahora no nos veían", clama. Desde primavera de 2018, las trabajadoras han entrado en Moncloa, en el Senado y en Bruselas, pero siguen "queriendo empujar".

Con la misma fuerza se expresa David Pontnou, portavoz del Sindicato de Riggers y miembro de la plataforma Escena Intermitent, que congrega a técnicos de sonido, luces y montaje, atravesados también por un problema de falsos autónomos que afecta al 70% de los trabajadores del sector. "Para nosotros es importantísimo que se hayan reunido y que se legisle contra los falsos autónomos", sostiene el trabajador, quien asume el paso de los riders como un avance colectivo. Y aunque cree que el problema principal respecto a los falsos autónomos tiene que ver con que "no se aplica la ley", también estima positivo que "los inspectores de trabajo cuenten con más herramientas para proteger los derechos". En esa tarea, reflexiona, "todo suma".

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