La ciudad de Madrid cuenta desde este lunes con una nueva ordenanza de Movilidad Sostenible tras obtener la mayoría de los votos favorables en el Pleno de Cibeles gracias al 'sí' de las formaciones que componen el Gobierno municipal (PP y Cs), así como a los cuatro votos positivos del recién creado Grupo Mixto. Vox, el PSOE y Más Madrid han votado en contra, informa Europa Press.

De este modo, Madrid continuará teniendo una zona de bajas emisiones tal y como establece la Ley de Cambio Climático para las ciudades de más de 50.000 habitantes -dos en concreto, una en Centro y otra en Plaza Elíptica-. Se establece además el marco normativo para que todo el territorio de la capital se convierta en Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de manera progresiva desde el próximo 1 de enero de 2022.

Ello después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el pasado abril el recurso presentado por Ecologistas en Acción confirmando así la sentencia previa del TSJM en la que anulaba la zona de bajas emisiones Madrid Central por defectos formales.

Esta se había anulado tras estimar parcialmente los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y la mercantil DVuelta Asistencia Legal sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación.

La ordenanza entrará en vigor a partir de la semana próxima tras aprobarse en el Pleno de este lunes. El Gobierno municipal mantiene que se publicará previsiblemente antes del plazo de diez días dado para ejecutar la sentencia que liquida Madrid Central.

Centro y Plaza Elíptica

La ordenanza de Movilidad Sostenible crea la figura de ZBE de Especial Protección en Centro y plaza Elíptica, que contarán con medidas adicionales como restricción de circulación, velocidad, creación de zonas peatonales. Se incorpora un elemento promotor del desarrollo de la actividad económica al equiparar el tratamiento para residentes y comerciantes que desarrollen su actividad en la zona.

El perímetro de Madrid Central será el mismo que el de la nueva Zona de Bajas Emisiones del distrito Centro y entrará en vigor el mismo día en el que se publique la nueva ordenanza, salvo la disposición transitoria para que accedan los comerciantes, para la que hay un plazo de tres meses. Además, los sistemas de control de acceso de cámaras tienen un preaviso de dos meses. Pese a ello, se podrá multar por accesos indebidos.

La zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica permitirá reducir el tráfico de la zona un 18,6 %, el equivalente a un descenso de 37.000 vehículos por kilómetro diarios, y entrará en vigor a los tres meses de publicación, esto es, en diciembre, y también habrá dos meses de preaviso.

El Ayuntamiento de Madrid enviará a los vecinos de Centro y a los comerciantes las nuevas modificaciones respecto al antiguo Madrid Central. Si bien, las matrículas autorizadas de vecinos ya estarán en el sistema.

Las claves de la nueva norma

Con esta nueva norma municipal, la ciudad contará de manera progresiva con una gran Zona de Bajas Emisiones para mejorar la calidad del aire. Se contempla la restricción progresiva de la circulación a los vehículos más contaminantes, aquellos que no poseen distintivo ambiental (A), mediante la creación de Madrid Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Se aplicará mediante  anillos territoriales, posibilitando cumplir los valores límite y los umbrales de calidad del aire establecidos por la normativa comunitaria y estatal en materia de calidad del aire y protección del medio ambiente. Así, desde el 1 de enero de 2022, queda prohibido el acceso y  circulación por las vías públicas urbanas del interior de la M-30, excluyendo la propia M-30 y desde el 1 de enero de 2023, las prohibiciones se aplicarán en  las vías públicas urbanas del interior de la M-30 y de la propia M-30.

Además, desde el 1 de enero de 2024, quedará prohibido el acceso y la circulación por todas las vías públicas urbanas del ámbito territorial de Madrid ZBE, y desde el 1 de enero de 2025, la prohibición se extiende también para los A de Madrid.

Bicicletas y patinetes

Las bicicletas podrán circular por túneles y los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) como los patinetes podrán hacerlo por los carriles multimodales, es decir, por el carril con velocidad limitada a treinta kilómetros por hora o inferior.

Los patinetes y otros VMP podrán transitar por estos carriles multimodales siempre que hagan uso del casco homologado y estén iluminados como se contempla en el Reglamento General de Circulación.

Además, se incluyen en el artículo tres apartados para regular la distancia de seguridad que los vehículos a motor han de guardar respecto a los VMP: cinco metros de distancia si se circula tras ellos, cambiar de carril para adelantarlos y se permite a los VMP utilizar el carril de la rotonda que necesiten para hacerse más previsibles sin que el resto de vehículos corten su trayectoria, a su vez que han de disminuir la velocidad.

Se incorpora la prohibición de que estacionen en el ámbito peatonal de las paradas de transporte público colectivo y de las reservas para el estacionamiento de vehículos de personas con movilidad reducida y en las zonas de acceso peatonal a contenedores de recogida de residuos.

Se limita la velocidad para vehículos a motor a 20 km/h en vías urbanas que dispongan de plataforma única de calzada y acera cuando existan elementos separadores entre las mismas mediante bolardos y a 15 km/h cuando no los haya. También se rebaja a 20 km/h la velocidad de los vehículos en entornos escolares.

Tarifa dináminca del Servicio de Estacionamiento Regulado

La ordenanza regula la nueva tarifa dinámica del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). La nueva normativa acaba con los artículos 56 y 57 que regulaban las zonas de aparcamiento vecinal, ya que no determinaban el sistema específico para su control y se mantiene la fórmula del SER para aquellos barrios donde existen problemas de estacionamiento para la gestión racional del espacio público.

El texto contempla la posible ampliación del servicio en el artículo 57 a 20 nuevos barrios de manera parcial o total del territorio. Solo se implantaría bajo demanda vecinal. De los 49 barrios que actualmente se rigen por esta fórmula se elevaría a 69.

Las zonas que se incorporan de manera parcial serían: Peñagrande (Fuencarral-El Pardo); Valdezarza (Moncloa-Aravaca); Los Cármenes y Puerta del Ángel (Latina); Puerta del Ángel (Latina); Opañel, San Isidro (Carabanchel); Zofío y Pradolongo (Usera); Ventas, Pueblo Nuevo, Quintana, Concepción, San Pascual, San Juan Bautista, Colina, Atalaya y Costillares (Ciudad Lineal). El SER se implantará por completo en los barrios de Comillas (Carabanchel); Almendrales y Moscardó (Usera).

Los artículos 229 y 230 introducen la exigencia a los vehículos empleados en la gestión directa o indirecta de servicios municipales y en la ejecución de prestaciones contratadas de que cuenten con vehículos CERO, ECO y C.

Se pondrá en marcha el bus a demanda nocturno (artículo 41), pudiendo autorizarse en determinadas líneas de autobuses la parada extraordinaria para la bajada y en su caso subida de las personas que así lo soliciten. También, tras el periodo de enmiendas, habrá un bus a demanda diurno en algunas zonas de la capital.

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con un plazo de días para anular el área de bajas emisiones Madrid Central tras recibir este miércoles la diligencia de ordenación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que lleve a efecto el fallo recaído en la Sentencia 446/2020, de 27 de julio de 2020, por el que se anula Madrid Central, informa Europa Press.

Por ello, han trasladado fuentes municipales a Europa Press, "de no aprobarse la nueva ordenanza, y en cumplimiento de la citada resolución judicial, las cámaras de Madrid Central se apagarán en los próximos días".

El Tribunal Supremo inadmitía en abril el recurso presentado por Ecologistas en Acción confirmando así la sentencia previa del TSJM en la que anulaba la zona de bajas emisiones por defectos formales.

Esta se había anulado tras estimar parcialmente los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y la mercantil DVuelta Asistencia Legal sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación.

A partir de entonces comenzaba una cuenta atrás para que el Consistorio cumpliera con esta sentencia y para aprobar la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible que dé amparo a los artículos en los que se sustenta esta zona de bajas emisiones antes y no caiga en el incumplimiento de la Ley de Cambio Climático.

Este miércoles se celebra una comisión extraordinaria del área de Medio Ambiente y Movilidad, trámite ineludible para elevar la modificación de la ordenanza al Pleno.

Más Madrid interpondrá "en los próximos días" un recurso al Juzgado Contencioso-Administrativo pidiendo medidas cautelares contra la creación de un Grupo Mixto para los cuatro ediles escindidos de la formación al entender "ilegal" esta resolución de la Secretaría del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, según declaraciones de Rita Maestre recogidas por Europa Press.

Al hilo, ha indicado que la creación del grupo es contraria a la Ley de Bases de Régimen Local, el Reglamento del Pleno y el informe pedido ad hoc a los letrados del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid –emitido el 29 de junio–, que fue "tajante" en su consideración de que debían pasar a ser no adscritos.

"Estoy segura de que la decisión ilegal del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, va a ser tumbada (...) Es abiertamente contraria a las leyes y al informe", ha expuesto Maestre. Desde la formación son conscientes de que a pesar del recurso, es posible que el fallo se emita tras el 10 de septiembre, fecha fijada para el Pleno en el que se aprobará previsiblemente la Ordenanza de Movilidad Sostenible de la capital con los cuatro votos de Recupera Madrid.

Y es que la aprobación de esta norma es, según Maestre, la razón de que el presidente del Pleno, Borja Fanjul (PP), permita a Recupera Madrid conformar Grupo Mixto a cambio de que apoyen la nueva normativa. "Almeida ha sacado una ordenanza usando los recursos públicos de todos los madrileños para conseguir cuatro votos que no tenía (...) Ha conseguido esos votos de forma contraria al informe ad hoc que pidió al Consultivo, ha remarcado la edil, quien ha puesto el foco en que la "peor noticia" es que se usa para aprobar una "muy mala ordenanza".

Sobre la misma ha asegurado que implica la entrada en la ciudad de 50.000 coches más, que devendrá en más contaminación en vez de "avanzar hacia una mejor calidad del aire".

El Ayuntamiento de Madrid negó este martes que la Secretaría del Pleno concediese la condición de grupo mixto a los cuatro concejales escindidos de Más Madrid (Recupera Madrid) para aprobar la Ordenanza de Movilidad Sostenible de la capital y asegura que responde a "los tiempos judiciales".

Críticas a la formación

Cuestionada por las críticas vertidas desde Recupera Madrid y PSOE, Maestre no ha querido entrar a hacer valoraciones y ha insistido en que desde su formación han dado "sobradas muestras de que no se ha parado de recorrer Madrid, traer propuestas a los barrios, juntas de Distrito y el Pleno del Ayuntamiento".

Fue la socialista Mar Espinar quien ayer, tras criticar que Almeida "compre las almas" de los ediles de Recupera Madrid también cargó contra Más Madrid por primar las discrepancias en el seno de la formación a la defensa del programa. "Ellos vinieron a asaltar los cielos, nos juzgaron con una severidad inquisitorial a los demás sin precedentes y han acabado sin poder dialogar entre ellos", alegó.

Una concentración convocada por la plataforma Pedalibre ha recorrido este domingo el centro de Madrid para exigir la reinstauración de Madrid CentralMadrid Central.La marcha ha salido a las 11.00 desde la Plaza de Cibeles bajo el lema "Madrid quiere respirar", los manifestantes han criticado el aumento en la contaminación del aire tras la suspensión de la zona de bajas emisiones el pasado 11 de mayo a través una decisión judicial, informa Europa Press.

Desde la plataforma promueven esta medida dentro del marco del Plan A puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid durante el mandato de Manuela Carmena, para la mejora de la calidad del aire y aseguran que seguirán manifestándose y "judicializarán" el proceso hasta que se reapruebe la medida.

De esta forma la próxima semana está prevista una nueva manifestación, en este caso a pie, que cortará la Gran Vía y contará con diversas actividades para poner de manifiesto "que la calle es de todos", como afirma el portavoz de Pedalibre, Fernando García.

Por otro lado, el pasado 3 de junio se celebró el día mundial de la bicicleta. De esta forma, y a pesar de la reivindicación por la suspensión de Madrid Central, la organización ha querido que sea un acto de celebración, como afirma, Fernando García.

Desde Más Madrid apoyan esta medida

Esta manifestación ha contado con el apoyo de diversos cargos de Más Madrid como la portavoz adjunta en la Asamblea María Pastor o la portavoz del grupo en el consistorio, Rita Maestre.

Desde Más Madrid han asegurado que trabajaran desde las instituciones y desde las calles para "vivir mejor, con más salud y por lo tanto con un mejor aire". También "el equipo de gobierno encabezado por Almeida, en lugar de llevar a Madrid hacia delante, nos lleva hacia atrás". Asimismo la formación se ha comprometido a reivindicar tanto desde las instituciones como desde las calles, cambios para

En esta línea, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha señalado la necesidad de generar cambios en los hábitos y el transporte para así provocar un "impulso a un Madrid más sostenible". "Me gustaría que Madrid se pareciera a una cancha deportiva, que fuera amable y agradable para el ejercicio físico", ha declarado Hernández.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este miércoles que están estudiando la sentencia sobre Madrid Central y sus alternativas jurídicas, además de avanzar en una ordenanza rápida "para arreglar la chapuza heredada del anterior equipo de Gobierno", según informa Europa Press. "Y mientras se tramita tenemos que ver cómo mantenemos el régimen de accesos a Madrid Central. Estamos presos de una chapuza que denunciamos en el tribunales", ha añadido en la rueda de prensa celebrada esta mañana tras la reunión mantenida con la delegada del Gobierno, Mercedes González, para tratar sobre un dispositivo conjunto de Policía Municipal y Nacional para evitar aglomeraciones y botellones este fin de semana de San Isidro.

El primer edil matritense ha remarcado que si los tribunales le han dado la razón al PP, el culpable de la situación no es quien recurrió la medida, sino quien la puso en marcha. Además, ha recordado que hay otros 5 recursos contenciosos a la espera de ser estimados por la Justicia. "Vamos a corregir una vulneración flagrante de los derechos de los madrileños. Lo vamos a hacer respetando sus derechos. Y frente a aquellos que dicen que Madrid Central ha sido un éxito, recordarle que Madrid ha seguido incumpliendo la directiva de calidad del aire de la Unión Europea", ha apostillado.

Almeida siente que los tribunales "hayan enmendado la plana" al anterior Gobierno municipal, "que vulneró los derechos más fundamentales que los madrileños". "Y mientras, ellos no han hecho la suficiente autocrítica ni piden disculpas a los madrileños. Pero hay un equipo de Gobierno que va a solucionar esta chapuza y espero que esto no afecte a la vida de los madrileños", ha insistido.

El regidor madrileño está trabajando en una estrategia de sostenibilidad "que difiere de Madrid porque incluye todos los distritos". "Centro tiene que tener una buena calidad del aire, pero el resto tiene derecho a ello también. Madrid Central es un concepto superado. Hemos de tramitar en tiempo exprés la nueva ordenanza contra el desaguisado anterior. Es una cuestión que sería razonable con los Grupos para tramitarlo lo antes posible y llegar al fondo de la cuestión. Vamos a mirar con el acuerdo de investidura y de gobierno", ha manifestado.

1,2 millones de multas en Madrid Central

Respecto a los múltiples preguntas de los periodistas sobre la situación de las multas pasadas y en tramitación, el alcalde ha respondido que están estudiando la sentencia, ya que solo ha pasado un día desde su emisión. "Nuestros servicios jurídicos están estudiando todas las repercusiones de esta sentencia, su firmeza, consecuencias, el régimen de su ámbito sancionador... Hay que darle un mínimo del tiempo para que sean nuestros servicios jurídicos los que determinen los detalles. Es una cuestión técnica y antes de tomar las decisiones hay que contar con esos soportes ante resoluciones tan demoledoras. No han pasado ni 24 horas", ha apuntado.

Martínez-Almeida no ha querido hacer hipótesis sobre el dinero de las multas porque tampoco quiere "añadir más incertidumbre" pero ha recordado que las cámaras de Madrid Central siguen funcionando y que el fallo judicial conocido ayer no va a significar que "necesariamente se tiene que sancionar". "Tras estudiar la sentencia se evaluará si procede o no procede la sanción. El volumen de multas desde la entrada en vigor de Madrid central asciende a 1,2 millones. Cada mes se tramitan entre 50.000 y 60.000 procedimientos sancionadores", ha apuntado el alcalde.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este martes que Madrid Central continúa en vigor hasta que la sentencia que lo anula sea firme, y ha criticado que el proyecto "estrella" de la Alcaldía de Manuela Carmena se haya demostrado un "fracaso".

"Mientras no sea firme la sentencia, Madrid Central sigue en vigor. No podemos hacer nada al respecto. En el caso de que alguno circule por Madrid Central sin los supuestos previstos, el Ayuntamiento tramitaría la multa correspondiente", ha lanzado ante la prensa desde Condeduque, según ha informado Europa Press.

Así lo ha apuntado el regidor después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido el recurso presentado por Ecologistas en Acción confirmando así la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que anulaba la zona de bajas emisiones por defectos formales.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulaba el pasado mes de julio Madrid Central tras estimar parcialmente los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y la mercantil DVuelta Asistencia Legal sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación.

"Sabíamos que Madrid Central no era eficaz ni efectivo, y que no se ajustaba al ordenamiento jurídico. Los problemas de Madrid no se solucionan solo en el Centro, los vecinos de Carabanchel también tienen derecho a respirar aire limpio", ha apostillado Martínez-Almeida, quien ha incidido en que Madrid Central "no resolvía los problemas de todo Madrid".

A renglón seguido ha aseverado que la medida "adolecía de una serie de efectos jurídicos importantes", y por ello este Gobierno municipal ha trabajado en Madrid 360, "una alternativa mejor, que incluye todos los distritos, un conjunto de medidas mucho más amplias".

Si bien, ha reconocido que se tendrá que "acelerar plazos" para que la nueva ordenanza de movilidad vea la luz y "aplicar así los principios globales de Madrid 360". Ha añadido que es "aventurado" hablar en este momento sobre cuantías de multas, pero que "los servicios jurídicos están estudiando todos los escenarios".

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 27 de Madrid ha desestimado la demanda interpuesta por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (Iidima) por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid de 27 de junio de ese año por el que se aprueba la moratoria de Madrid Central "para corregir los fallos del área restringida, es decir, volver a la fase de preaviso de multas en la zona de bajas emisiones".

El 23 de julio se admitió el recurso y la demanda fue formalizada el 13 de agosto de 2019. La demandante considera que la moratoria vulnera los artículos 15 y 18 de la Constitución Española, es decir, el derecho a la integridad física, y el derecho a la intimidad personal y familiar e inviolabilidad del domicilio, respectivamente.

El juez subraya que la parte demandante tendría que haber acreditado que con la moratoria se había producido un incremento de la circulación, de las emisiones contaminantes de gases de efecto invernado, de dióxido de nitrógeno con contribución al cambio climático y que la calidad del aire no habría sido la adecuada para la protección de la salud.

Además, manifiesta que también tendría que haber probado que, a consecuencia de dicha suspensión temporal, se acreditara "un peligro grave, cierto y de entidad suficiente para suponer una intromisión en los derechos fundamentales".

Pero, como se detalla en el texto judicial, "en el proceso solo constan informes y estudios genéricos en relación a los efectos sobre la salud de la contaminación ambiental". Además, hace mención a que "no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del artículo 15 de la Constitución".

"De dicha prueba documental aportada no puede extraerse el presupuesto básico de relación causal concreta entre la suspensión y la posible afectación grave a la salud y, por ende, su conexión con los derechos fundamentales que se alegan vulnerados", argumenta el Juzgado.

Ecologistas en Acción de Madrid ha presentado tres recursos de casación ante el Tribunal Supremo "con la intención de demostrar que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del pasado julio no se ajustan a derecho y que Madrid Central debe continuar plenamente vigente", han informado en un comunicado que recoge Europa Press. Las sentencias correspondientes a estos recursos del Grupo Popular Municipal y del Gobierno de la Comunidad de Madrid, junto con la de una empresa especializada en el recurso de multas, se conocieron el pasado 27 de julio.

La sección segunda de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia estimaba parcialmente algunos de los argumentos de los recurrentes y "anulaba unos pocos artículos de la Ordenanza, lo que suponía suspender Madrid Central". "El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, en coherencia con su poco disimulada beligerancia contra Madrid Central, decidió no recurrir estas sentencias. Y ello a pesar de que la zona de bajas emisiones viene siendo una de las más exitosas de toda Europa en términos de reducción de la contaminación", han expuesto desde Ecologistas.

La organización verde se había personado "preventivamente" en todos los contenciosos, un total de nueve. "Y gracias a ello Madrid Central sigue vigente, puesto que la medida no decae hasta que el proceso judicial se termine".

Ante el Supremo defienden sobre la supuesta insuficiencia de la memoria económica cargan contra el TSJM por "rigurosista" por cuanto admite la argumentación de que el gasto podía poner en riesgo la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento. "El coste total de la puesta en marcha de Madrid Central era de 11,7 millones de euros a gastar en siete años, mientras que el presupuesto anual municipal ronda los 5.000 millones. No parece que 1,6 millones al año sea un gasto que pueda desestabilizar a un Ayuntamiento como el de Madrid", han argumentado.

Frente a la supuesta falta de información pública, la organización ecologista deja claro que la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo ante el que se presenta el recurso señala que "cuando un proyecto se modifique como resultado de las alegaciones presentadas en un procedimiento de información pública no es obligatorio volverlo a someter a ese procedimiento".

Ecologistas en Acción espera poder demostrar en los tribunales que Madrid Central, aparte de ser "una iniciativa muy beneficiosa, es perfectamente legal". Según sus previsiones, si se admiten las peticiones de casación recién presentadas, el proceso judicial podría prolongarse unos nueve meses. Entre tanto, la organización ecologista está haciendo frente a estos pleitos "gracias al trabajo desinteresado de sus abogados y al apoyo económico de muchas organizaciones y personas, muchas de ellas integradas en la Plataforma en Defensa de Madrid Central, mediante una suscripción popular".

El Ayuntamiento de Madrid no recurrirá finalmente la anulación de Madrid Central por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras recibir los informes técnicos y jurídicos que lo desaconsejan, informa Europa Press.

"Siguiendo el criterio manifestado por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid en los informes-propuestas emitidos respecto a las tres sentencias recaídas en los distintos procedimientos, a juicio de esta Secretaria General Técnica, no se considera adecuado recurrir en casación las referidas sentencias", se recoge en un informe de la Secretaría del Consistorio.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien ya indicó que el criterio no sería en ningún caso político, ha manifestado que "este equipo de Gobierno ha actuado en esta cuestión de acuerdo a criterios técnicos, dejando a un lado las opiniones políticas sobre el asunto". "El informe, incontestablemente, cree que no ha lugar a un recurso, medida especialmente ineficaz a estas alturas ya finales del procedimiento", ha apuntado.

El TSJM anulaba el área de bajas emisiones tras estimar parcialmente los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, cuando era oposición, y la mercantil 'DVuelta Asistencia Legal' sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación.

Los magistrados anulan por "defectos formales" y a petición de la Comunidad de Madrid, la ordenanza de movilidad sostenible aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria el 5 de octubre 2018, por la "omisión" del trámite de información pública, un requisito que se considera "esencial, preceptivo e indispensable". Martínez-Almeida manifestó que sería "extremadamente pulcro" en este cometido para que "nadie confunda" su papel cuando interpuso la demanda de su papel como alcalde, para lo cual se apoyará en los informes.

"Escasas" posibilidades de cualquier recurso

Ahora, en los informes recibidos por Alcaldía, se indica que los argumentos utilizados por el TSJM para anular las disposiciones indicadas se basan, precisamente, en la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, y que "las sentencias recurribles reproducen párrafos enteros de sentencias del Supremo en las que fija doctrina sobre el trámite de información pública y sobre la memoria económica", que son las dos cuestiones en las que se asienta la anulación.

Así, los servicios técnicos indican que "los reproches formulados a la tramitación son difíciles de negar o rebatir". En este sentido, añaden que "si la tramitación de la Ordenanza fue tal y como la expone el TSJM y su anulación se basa en la doctrina del Supremo, parece que las posibilidades de que prospere una casación son escasas".

Recuerdan que la cuestión sería recurrir "un defecto formal constatado objetivamente y, como tal, su ausencia sería difícilmente rebatible en un posible recurso de casación". "La ausencia de un procedimiento legalmente establecido, entendido como el seguimiento de los trámites esenciales de un procedimiento (el de información pública y cuantificación del gasto de un proyecto lo sería) son considerados como defectos insalvables y la ley los eleva a causa de nulidad de pleno derecho de los actos", argumenta a continuación. Del mismo modo se apunta a que "el Tribunal podría inadmitir el recurso por entender que no concurre dicha trascendencia".

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anula Madrid Central viene a confirmar que la medida "fue una chapuza mal hecha".

"Lo dijimos en la oposición y ayer [por este lunes] lo confirmó la Justicia al anular Madrid Central: fue una chapuza mal hecha", ha expresado el delegado a través de la red social Twitter.

El Alto Tribunal de Madrid anulaba este lunes el área de bajas emisiones tras estimar parcialmente los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid —cuando era oposición— y la mercantil DVuelta Asistencia Legal sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación.

Para Carabante, el área de bajas emisiones "se activó con prisas y de espaldas a los madrileños para sacar rédito en las urnas". Considera por ello que "ahora toca corregir los errores de Más Madrid y PSOE".

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado por su parte que Madrid Central no se "revocará", pero "se hará bien", con las mejoras necesarias, para seguir yendo hacia adelante en materia medioambiental. "Lo que se aplica en el Ayuntamiento de Madrid es el pacto entre PP y Ciudadanos" y en este "ponía que se mejoraría Madrid Central, no que se revocaría, así que no se va a revocar", ha afirmado la vicealcaldesa en declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de la Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor.

Asimismo, Villacís ha señalado que la sentencia del TSJM "era absolutamente predecible" y que es algo que se ha pasado varios años denunciando en la oposición. En este sentido, ha valorado que el plan del anterior equipo de Gobierno se llevó a cabo "de forma improvisada, desinformada y atropellada" con el fin de "tener un titular y hacer ver que habían hecho algo en cuatro años de mandato".

Así, ha insistido que se faltó "al deber de hacer un informe de impacto económico" y que lo que dijeron en la oposición "se ha demostrado que era cierto".

En cuanto al futuro de Madrid Central, Villacís ha avanzado que están estudiando jurídicamente si la sentencia del TSJM permite que se lleve a cabo una subsanación o si bien la vía sea a través de una ordenanza de movilidad.

La vicealcaldesa también ha hecho referencia a las multas que se han impuesto desde que entró en vigor la zona de bajas emisiones y ha remarcado que "por hacer las cosas mal la consecuencia la pagamos los madrileños".

"Si tenemos que devolver las multas, las estarían devolviendo todos los ciudadanos y con intereses. Además, en momentos como este, que la administración necesita dinero", ha zanjado.

El juez de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid ha anulado la decisión de junio de 2019 del Ayuntamiento de Madrid de establecer una moratoria de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de la capital, conocida como Madrid Central, por ser 'disconforme a derecho' y al considerar que se debe proteger el Medio Ambiente.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juez estima el recurso de AEDENAT-Ecologistas en Acción de Madrid contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de junio de 2019 por el Ayuntamiento de Madrid, que procede a anularlo. La citada moratoria temporal de multas, que el nuevo equipo de Gobierno estableció entonces hasta decidir reformas en la estrategia de medidas contra la contaminación, estaba suspendida cautelarmente desde julio de 2019 al estimarse sendos recursos interpuestos por el PSOE y Greenpeace.

La resolución aclara que "la existencia de deficiencias en el sistema de multas debe ceder ante la protección a la salud y al medio ambiente" y señala que el acuerdo municipal "no ofrece ninguna alternativa para suplir la supresión de la zona de bajas emisiones ni justifica tampoco que la misma haya sido ineficaz o haya producido un daño mayor del que trataba de evitar, ello en el plano medioambiental".

En la misma línea, la resolución recuerda que "la protección de la salud y el medio ambiente son principios que deben regir los poderes públicos", subrayando que en este caso es exigible en mayor medida dado que "se está suprimiendo una actuación tendente a proteger ambos bienes constitucionales, sin ofrecer alternativas ni medidas opcionales".

"La sustitución de las denuncias por infracción por meros avisos supone la renuncia de la administración municipal al principal mecanismo para garantizar el cumplimiento de la norma que reconoce el ordenamiento jurídico, cual es el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración", señala.

El juez manifiesta que con el acuerdo se renuncia a "garantizar el cumplimiento de los preceptos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible relativos al acceso no autorizado a la ZBE (Madrid Central)", cuya finalidad declarada es "la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, la protección del medio ambiente y la ordenación de la movilidad para la protección de la seguridad de las personas y la seguridad vial".

El portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Bárcena, ha alertado del "efecto Almeida", que se traduce en un "subidón" del 52% en la medición del NO2 en la estación de la Plaza del Carmen, en el corazón de Madrid Central, una subida inaudita si se compara el mismo mes de años anteriores.

En rueda de prensa, Bárcena ha demostrado con datos recogidos de todas las estaciones durante 2019 que se cae "todo el asunto aquel del efecto frontera" porque es en el perímetro de Madrid Central donde "más se redujo la contaminación por NO2" el pasado año. Como ejemplo ha puesto la céntrica estación de la Plaza del Carmen, que registró ocho meses con valores por debajo de los valores límite de NO2 y con seis meses con los valores mínimos de la década.

Fue una bajada "lastrada por el efecto Almeida", que tuvo su constatación en octubre, cuando se registra un empeoramiento de los datos en el tercer trimestre del año con un repunte de la contaminación que no se da ni en el resto de las estaciones ni en la misma en comparación con años precedentes. La diferencia radica en "el efecto Almeida", han señalado desde Ecologistas.

Ecologistas en Acción vincula el aumento de la contaminación en esta estación en el tercer trimestre del año "al anuncio de que iban a quitar las multas de Madrid Central" y su consiguiente "barullo", unido a la "tergiversación de datos" por parte del Gobierno, que generó un aumento del tráfico y una "reducción de la efectividad de Madrid Central aunque no hayan llegado a anular" la zona de bajas emisiones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que "nadie ha muerto" por contaminación en Madrid al no ser "real" la alarma para la salud pública, recalcando que "Madrid está haciendo las cosas correctamente" para buscar cada vez más "ciudades más verdes y limpias".

"Ese es nuestro compromiso", ha aseverado Díaz Ayuso en su primera entrevista de 2020, realizada en la Cadena Ser y recogida por Europa Press.

Preguntada sobre el proyecto del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Madrid 360 para mejorar la calidad del aire en la capital, la presidenta regional ha destacado que la coordinación entre el Consistorio madrileño y el Gobierno regional es "absoluta" y ha indicado seguidamente que lo que hay que hacer ahora que haya más información a los ciudadanos cuando haya episodios de contaminación o túneles cerrado.

En esta línea, ha indicado que desde la Comunidad de Madrid se está trabajando en los proyectos de parking disuasorios, empezando por el nueve de Colmenar Viejo.

Asimismo, ha querido resaltar que "nadie ha muerto" por contaminación en Madrid afirmando que no hay una alarma para la salud pública.

"Madrid es una de las ciudades con mayor longevidad del mundo, con uno de los mejores sistemas de transporte, cada vez hay más renovación de calderas y vehículos. Lo importante es que cada vez se use más el transporte público y se peatonalicen zonas turísticas", ha recalcado la jefa del Ejecutivo madrileño. "Tal y como se expone no es real", ha aseverado.

Además, ha insistido en que hay que atajar la contaminación "poco a poco", subrayando que en Madrid se está "haciendo lo correcto para buscar "ciudades cada vez más verdes y limpias".  

Vamos tarde con el cambio climático. Ya lo era en los años setenta del siglo pasado cuando los primeros ambientalistas predecían lo que hoy ocurre como quijotes luchando contra los molinos de viento de la intolerancia. Su lamento fue silenciado con la edad de oro de las compañías petroleras que, de Texas a Arabia, tenían el capital suficiente para tapar bocas y dejar el vaticinio en una cosa de radicales inadaptados y científicos chalados. Hoy no se trata de velar por la salvación de los osos polares, ya no; sino de que la propia especie humana empieza a sufrir las consecuencias del desastre. El cambio climático con sus incendios, inundaciones, tsunamis, terremotos y demás fenómenos naturales causa ya más muertos que las guerras y las hambrunas. Una palabra hasta ahora tabú asoma en los principales análisis de los expertos: extinción.

Imaginar un futuro sin combustibles fósiles fue una utopía hasta ayer mismo. Hoy personajes tan poco sospechosos de radicalismo como Jeremy Rifkin hablan claro de un Green New Deal basándose en los propios parámetros del crecimiento: sale ya más barato invertir en energías renovables y más convincente ponerle la pila a los coches que circulan por nuestro planeta que seguir insistiendo en explotar yacimientos fósiles. ¿Se trata de un adiós a la era del carbono? No cantemos victoria. Las reservas fósiles de países como EEUU, Irán, Arabia Saudí o Venezuela son tan cuantiosas que desprenderse de esos activos causa un auténtico quebradero de cabeza a los gobernantes deseosos de quemar el último cartucho sin pensar en el daño irreparable que provocarán al planeta. Es difícil enterrar la riqueza, muy improbable.

Madrid acoge este mes la cumbre climática que se iba a celebrar en Chile. Puede que sea una etapa más (recordemos París) en la eterna disputa entre quienes tratan de reducir emisiones y los que todavía no consienten que nadie les baje los humos. Nunca las emisiones tóxicas jugaron un papel tan simbólico en el tablero de las grandes potencias, pero nunca tampoco ha estado tan presente la esperanza verde con argumentos tan consistentes. Se puede emprender una transición medioambiental sin perder el ritmo del empleo, hay que cambiar simplemente de modelo económico y tecnológico. El propio Rifkin pone incluso una fecha inminente, 2030, para que los países más desarrollados pinten de color verde la transformación.

El Green New Deal puede ser también la última ocasión para que las fuerzas progresistas asuman un mismo reto de importancia descomunal en su agenda y abandonen por un momento cuestiones territoriales. El planeta va primero. Aunque hay voces, como la del ecologista arrepentido Paul Kingsnorth, que vuelven a poner el dedo en la llaga: no tenemos remedio como especie, somos adictos al crecimiento. Pese a las apariencias, incluso ahora, está claro que la naturaleza y la sociedad siempre han caminado dándose la espalda. Puede que haya llegado el momento de sintonizar la marcha.

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital Inés Sabanés irá en la lista con la que Más País, candidatura encabezada por Íñigo Errejón, concurrirá a las elecciones del 10N, han confirmado fuentes de la formación a Europa Press.

Lo que aún se desconoce es el puesto en el que irá. Sabanés tienen en su mano la posibilidad de compatibilizar su acta de concejala con la de diputada nacional. Si los resultados del 10N formalizaran su salto al Congreso y decidiera abandonar el Palacio de Cibeles sería sustituida por José Luis Nieto Bueno, coportavoz de Equo en Madrid.

Ayer mismo la edil evitó pronunciarse sobre su futuro en una rueda de prensa, en la que sí avanzó que esta misma semana se conocería la articulación de la lista en relación con Equo, formación en la que milita.

Inés Sabanés, número 6 de la lista de Más Madrid en las municipales de mayo, volverá previsiblemente al Congreso de los Diputados 23 años después. En dos décadas, Sabanés (Cubells, 1953) ha recorrido los distintos estamentos de la administración regional: diputada nacional (1996-1999) con IU, concejala en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid (1999-2007), diputada autonómica y portavoz en la Asamblea de Madrid (2007-2011), concejala de gobierno con Ahora Madrid (2015-2019) y edil en la oposición con Más Madrid desde el pasado 27 de mayo.

Sabanés es una de las caras más conocidas dentro de la política 'verde'. No sorprendió cuando, tras continuos roces y distanciamientos con la dirección de IU Madrid, decidió en 2011 abandonar Izquierda Unida para unirse a Equo, el proyecto liderado por Juantxo López de Uralde y del que fue coportavoz.

Ocho años más tarde la tensión entre ambos políticos es más que evidente, palpable con la decisión de Uralde de darse de baja del partido que él mismo fundó por el 'sí' de la mayoría de las bases de concurrir al 10N con Más País y no con Unidas Podemos, como él defendía.

Inés Sabanés fue la ideóloga, junto con su equipo, del Plan A de Calidad del Aire, entre cuyas treinta medidas se incluía la zona de bajas emisiones de Madrid Central, una apuesta arriesgada a pocos meses de las elecciones que, sin embargo, ha contado con el favor de gran parte de la sociedad.

Miles de personas salieron a la calle el pasado 1 de julio en defensa de Madrid Central cuando el gobierno entrante de PP y Cs anunció una moratoria en las multas, que finalmente no se llevó a cabo por varias decisiones de la Justicia. Incluso tras el pleno de investidura, el pasado 15 de junio, cuando José Luis Martínez-Almeida fue investido alcalde de Madrid, la edil pudo escuchar, emocionada, cómo cientos de personas coreaban su nombre y el de Madrid Central.

Lo que pocas personas saben es que Inés Sabanés fue jugadora de la sección de balonmano del Atlético de Madrid en los 70 y que trabajó en el desaparecido Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Madrid hasta su elección como diputada por IU.

Los vehículos de alta ocupación (dos o más ocupantes) con etiqueta C (verde) tendrán libre acceso a la zona de bajas emisiones de la ciudad de Madrid, ha anunciado este lunes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación de la estrategia de sostenibilidad Madrid 360.

Esto se pondrá en marcha "en cuanto se modifique la ordenanza de Movilidad el semestre que viene". Además habrá rebajas de tarifa en los aparcamientos del distrito Centro. La etiqueta C agrupa los turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o diésel EURO 6/VI.

Diversas cámaras controlarán estos accesos, así como habrá "controles aleatorios". Los vehículos sin distintivo (A) tendrán la entrada prohibida, y tanto los B como los C "sólo podrán estacionar en aparcamientos".

A partir del 1 de enero de 2020 quedará prohibido el estacionamiento a vehículos A dentro de la almendra central salvo para los residentes de un mismo barrio, que no podrán aparcar en otro lugar que no sea su zona.

Ya en enero de 2022 estará prohibido el acceso y la circulación dentro de la M-30 a todos los vehículos A de los que no son residentes en la ciudad. Un año más tarde, se incluirá la prohibición de la circulación para los vehículos A de no residentes de Madrid también en la M-30.

Por otra parte, los comerciantes del distrito centro dentro "serán tratados como residentes" y el funcionamiento de permisos será similar al de "las antiguas APR".

Rebajas en parkings y más plazas para motos

Además, habrá rebaja tarifaria en los parking del Ayuntamiento que se encuentran en el distrito Centro. Así, los vehículos eléctricos podrán aparcar un determinado tiempo gratis. Habrá una reducción de un 50% en vehículos eco y de un 10% en los de etiqueta 'C'.

Se estudiará del mismo modo la ampliación del SER a otros distritos para acabar con un " efecto frontera que perjudica" a los vecinos.

La medida estrella de Almeida durante campaña, el soterramiento de ocho carriles de la A5 entre la avenida de Portugal y la de los Poblados. Con ello, se liberarán más de 90.000 metros cuadrados en superficie. También se ejecutará la reforma del Nudo Norte para "descongestionar el tráfico".

Se iniciarán asimismo los trámites y la gestión con el Ministerio de Fomento y la Comunidad para habilitar carriles Bus-VAO en las carreteras de entrada a Madrid.

Se duplicarán las plazas de estacionamiento en superficie para las motos hasta llegar a las 21.000 plazas durante los próximos cuatro años. Por otra parte, no existirá ninguna caldera de carbón en la ciudad de Madrid.

Asesorado por Deloitte

El alcalde de Madrid ha defendido este lunes que la estrategia medioambiental Madrid 360 ha sido elaborada por el área de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio de la capital, en la que Deloitte ha "asesorado".

"Se ha hecho desde la propia Concejalía, ha sido el área el que ha hecho el plan. Desmiento que Deloitte lo haya hecho; ha asesorado en determinadas cuestiones", ha indicado el regidor al ser preguntado por la información de El País que asegura que el Ayuntamiento adjudicó el 26 de julio un contrato menor relacionado con su plan alternativo a Madrid Central a Deloitte.

Ha insistido al precisar que Madrid 360 "ha sido elaborado por los servicios técnicos del área", a quienes ha felicitado porque "no ha sido trabajo fácil, han sido tres meses de trabajo intensísimo".

"Se les pidió un gran esfuerzo. Entiendo que la izquierda no lo pueda asumir, porque lo de trabajar mucho no lo conciben, les asombra", ha lanzado. Por ello cree que la consulta fue una "decisión acertada".

Críticas del PSOE a Almeida

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, cree que el plan Madrid 360 "está desafiando a la UE y al Gobierno de España"UEGobierno de España, al tiempo que ha cargado contra el "costoso" informe externo encargado, que considera que no es más que "un intento de maquillar" cuando "ni se ha consultado con todos los expertos".

Hernández ha cargado en la presentación de la calle dedicada a Carme Chacón contra el "despropósito" que supone "invitar a los coches a entrar en Madrid de cualquier manera", una acción con la que "se está desafiando a la UE y al Gobierno de España".

El socialista ha criticado la imagen que está dando el Ejecutivo municipal de "poco control y demasiada afluencia" del transporte privado, además de lamentar que estén "tardando mucho en tomar decisiones". "Lo que hay que hacer es no parar, seguir adelante con el Plan de Calidad del Aire. Nos estamos quedando sin tiempo y no sólo en Madrid", ha advertido.

El plan 360 "fulmina" la zona de bajas emisiones

La Plataforma en Defensa de Madrid Central sostiene que el plan 360 presentado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, "fulmina" de facto la zona de bajas emisiones.

Las medidas hoy presentadas las califican de "regresión en la lucha por un aire limpio". El plan incluye iniciativas como la rebaja de las tarifas de los aparcamientos del centro, el aumento de las plazas de rotación y "se abre la veda a vehículos diésel y gasolina con etiqueta C con 2 o más ocupantes".

Consideran que son "unas medidas que suponen una invitación clara a entrar en coche y moto al centro de Madrid", lo que "pone en riesgo la salud pública" y aleja a la capital "de las ciudades europeas y del movimiento social que pide acciones urgentes contra el cambio climático".

La Plataforma critica igualmente "la improvisación en la redacción del plan, elaborado en sólo dos meses y sin contar con los organismos técnicos municipales y de participación ciudadana" dentro de una "gestión opaca que contrasta con el vigente Plan A, para cuya elaboración se emplearon dos años y contó con el respaldo de informes y modelos predictivos de tráfico y emisiones".

El Grupo Municipal Socialista ha presentado una denuncia de impugnación ante la Junta Electoral de Zona para suspender de inmediato la presentación a la prensa que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tiene prevista para este lunes a las 9.30 horas de las 200 medidas de su plan anticontaminación. Si el acto se celebra, el PSOE solicita la incoación del correspondiente expediente sancionador a las personas responsables de los hechos.

En un escrito de denuncia, al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE presenta una denuncia contra el Ayuntamiento y su alcalde "por la organización mañana 30 de septiembre a las 9.30 de la mañana en el Faro de Moncloa de un acto de presentación de la nueva estrategia de la calidad del aire en Madrid que atenta contra los principios de objetividad y transparencia que los poderes públicos deben observar en el periodo electoral".

Los socialistas, capitaneados por Pepu Hernández, creen que la presentación "vulnera el principio de igualdad de los actores electorales incidiendo de manera directa en el sentido del voto de los electores".

Se basan en el artículo 50 de la Ley del Régimen Electoral General (LOREG), que prohibe la realización de cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos. El artículo 50 dispone que "durante el mismo período queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo".

Desde el PSOE argumentan que el acto público que se impugna y, cuya suspensión se solicitará, tiene como única pretensión "ensalzar de forma propagandística y electoralista la labor política del equipo de gobierno del Ayuntamiento y con él la de los partidos que lo conforman (Partido Popular y Ciudadanos) mediante la presentación pública, haciendo uso de medios públicos, con todas las formalidades, participación de los responsables más importantes del consistorio, y previa convocatoria de medios de comunicación, de un plan de medidas contra la contaminación, cuyo anuncio podría hacerse perfectamente sin la celebración del mismo".

"Resulta sorprendente que la convocatoria de este acto, en el que se anuncia la intervención del alcalde y la presencia de la vicealcaldesa (Begoña Villacís) y del concejal delegado de Medio Ambiente y Movilidad (Borja Carabante), se haya realizado solamente a los medios mediante convocatoria pública pero sin que se haya cursado invitación a los Grupos Políticos Municipales de la oposición, lo que demuestra que claramente el acto carece de carácter institucional y se convoca con una clara finalidad partidista y electoralista que atenta contra los principios de objetividad y transparencia que los poderes públicos deben observar en el periodo electoral", han añadido desde el PSOE.

A eso suman que el acto "se realiza alevosamente de manera ocultista sin que aparezca en la agenda pública del Consistorio ni en sus noticias de actualidad, tal vez buscando pasar desapercibido para evitar una denuncia de este tipo que, no obstante, se ha podido realizar pues los medios de comunicación le han dado publicidad".

El PSOE apunta que "no existe urgencia que justifique la actuación que se impugna" porque, por un lado, "a día de hoy ya existen instrumentos vigentes para luchar contra la contaminación en la ciudad ", como el Plan A de Calidad del Aire y su Zona de Bajas Emisiones Madrid Central, y, por otro, "porque desde la constitución de la Corporación el pasado 15 de junio, el equipo de Gobierno ha venido anunciando la futura aprobación de medidas que sustituyeran a las vigentes habiendo tenido tiempo suficiente para concretarlas y difundirlas antes de la convocatoria electoral, sin necesidad de hacerlo en este momento como un logro del Consistorio".

Más País también denuncia

Más País ha presentado denuncia ante la Junta Electoral de Zona contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, por la presentación en rueda de prensa del Plan Madrid 360 por posible vulneración de la Ley de Régimen Electoral (LOREG).

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presentará este lunes la nueva estrategia para la calidad del aire de la ciudad de Madrid, un plan que contará con 200 medidas y que, ha reiterado en diversas ocasiones, será "más ambicioso" que Madrid CentralMadrid Central, proyecto puesto en marcha durante el mandato de Manuela Carmena, informa Europa Press.

De este modo, el Gobierno municipal de PP y Ciudadanos hará público este nuevo plan contra la contaminación el último día que ellos mismos se fijaron de plazo, el mes de septiembre. Será en el Faro de Moncloa, y junto a Almeida estarán presentes la vicealcaldesa, Begoña Villacís y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Martínez-Almeida siempre ha mantenido que Madrid Central había nacido "fracasado". Por un lado, criticaba que la medida se limitara únicamente al centro de la capital, cuando "todos los madrileños" tienen derecho a respirar aire de calidad. Además, otra de las mayores críticas del alcalde ha sido la falta de "alternativas" a Madrid Central, asegurando en diversas ocasiones que únicamente se buscaba "prohibir" y no facilitar el transporte de los madrileños. Por ello, Almeida ya anunció en campaña electoral que pondría en marcha un plan para acabar con la contaminación que tuviera en cuenta tanto los 21 distritos de la capital como a la corona metropolitana y que contara con alternativas, algunas de ellas ya anunciadas como partidas destinadas al cambio de las calderas.

200 medidas

Las 200 medidas de esta estrategia han sido guardadas con celo por el equipo de Gobierno municipal. Entre las ya esbozadas, se permitirá llegar en vehículo privado al centro de la capital, y este nuevo plan no conllevará una ampliación del actual perímetro de Madrid Central.

Asimismo, el alcalde hizo público que se barajaba que las plazas de residentes que no se han ocupado y se habían remunicipalizado se conviertan ahora en plazas de rotación. También habló de la posibilidad de abaratar las tarifas de los parking de tal modo que sirva de incentivo para acudir al centro de Madrid. Por otra parte, confirmó en el desayuno informativo de Europa Press que se reducirá el importe de las multas por el acceso indebido a Madrid Central, ahora en 90 euros, pues "a veces se entra por pura equivocación, o por error". Todo ello se basa en algunas restricciones al tráfico, como la peatonalización de la Puerta del Sol, alternativas de transporte público y ayudas para la renovación del parque de vehículos.

Sobre Madrid Central, aunque PP prometió revertir la medida, tras pactar con Ciudadanos para conformar gobierno, asumieron que la medida continuaría y sería modificada. La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid, ya con el gobierno de PP y Cs, aprobó a finales de junio la moratoria de multas en Madrid Central para dar "seguridad jurídica". Sin embargo, esta fue suspendida en un auto el 5 de julio al que siguieron otras dos sentencias en el mismo sentido.

El regidor aseguró entonces que el Ayuntamiento no repercutiría en el ciudadano las multas impuestas de forma errónea en el área restringida tras detectarse fallos en el sistema de gestión de datos que registra las matrículas para anular las multas por entrar en Madrid Central. Además, el 30% de los aparcamientos de la zona restringida detectaron fallos en el sistema que registra las matrículas.

El plan anticontaminación que está ultimado el Gobierno municipal de Madrid permitirá llegar en vehículo privado al centro de la capital, y no conllevará una ampliación del actual perímetro de Madrid Central, ha avanzado el regidor, José Luis Martínez-Almeida, este martes en el desayuno informativo de Europa Press.

Además, requerido por esta cuestión, Almeida ha asegurado que se está considerando que las plazas de residentes que no se han ocupado y se habían remunicipalizado se conviertan ahora en plazas de rotación.

También ha hablado de la posibilidad de abaratar las tarifas de los aparcamientos de tal modo que sirva de incentivo para acudir al centro de Madrid.

Por otra parte, ha reiterado que se reducirá el importe de las multas por el acceso indebido a Madrid Central, ahora en 90 euros, pues "a veces se entra por pura equivocación, o por error".

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, Greenpeace ha publicado un anuncio en el que denuncia que la contaminación acaba con la vida de más de 38.000 personas al año en España, lo que supone 30 veces más que las fallecidas por accidentes de tráfico el año pasado, 1.180.

El anuncio de la ONG imita el modelo que ha seguido la DGT los últimos años para hacer llegar el mensaje e impactar a la sociedad. "Las más de 1.180 personas fallecidas en España por accidentes de tráfico el año pasado resulta una cifra inadmisible, pero los accidentes no son lo único que mata sobre ruedas, aunque el estado no realice tantas campañas sobre esta realidad", ha explicado el responsable de movilidad de Greenpeace, Adrián Fernández.

Desde la organización ecologista señalan que España lleva diez años incumpliendo los niveles de calidad del aire fijados por la UE, a pesar de estar científicamente comprobado que enfermedades como el asma o bronquiolitis están vinculadas al tráfico. Además, Greenpeace apunta a que las inversiones públicas priorizan el coche frente a otros medios de transporte y que las medidas frente a los picos de contaminación se limitan a "leves" restricciones.

Por ello, Greenpeace exige a fabricantes y a gobiernos medidas "más eficaces" que garanticen un aire limpio. La Semana Europea de la Movilidad se celebrará desde este lunes 16 de septiembre hasta el domingo 22 y el grupo ecologista recuerda que este evento debe servir para usar el transporte público y caminar, unos hábitos "que mejoran nuestra salud y que reduce una contaminación que no admite más prórrogas".

Asimismo, para Greenpeace es "preocupante la actitud de los responsables políticos dispuestos a desmontar las pocas medidas que se han demostrado efectivas como Madrid Central, que ha conseguido reducir la contaminación de Madrid al valor más bajo en esta década".

La semana pasada Greenpeace publicó un informe que señalaba que los fabricantes de automóviles son responsables del 9% de las emisiones de efecto invernadero en todo el mundo. Por su parte, la organización recalca que la industria del automóvil intenta alargar el final del diésel y la gasolina mientras que presiona para que el Gobierno no prohíba los coches contaminantes en 2040, una fecha que no cumple con los parámetros de Greenpeace, que exige limitar la venta de los vehículos contaminantes hasta 2028 para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.

Por último, Greenpeace recuerda la "urgencia" de reducir las emisiones causantes del cambio climático, y que cada vez es más visible con situaciones como los incendios del Amazonas, las olas de calor con temperaturas máximas nunca antes registradas o el aumento de intensidad de la gota fría que ha sufrido el sureste español.