La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) dijo este viernes a un juez que no puede devolver el dinero de los aranceles recíprocos impuestos por el presidente Donald Trump, que el Tribunal Supremo declaró ilegales, informa EFE.

"El CBP no puede cumplir con la orden del Tribunal de Comercio Internacional del 4 de marzo de 2026", informó Brandon Lord, director ejecutivo de la Dirección de Política Comercial y Programas de la Oficina de CBP, en un escrito judicial dirigido al Tribunal de Comercio Internacional de EEUU.

El director ejecutivo extendió estas consideraciones a la orden del 5 de marzo, relacionada con el caso Atmus, sobre la batalla legal por el rembolso de los aranceles, en la que el juez también ordenó "liquidar" todas las operaciones de importación, no liquidadas y las ya liquidadas pero aún no definitivas, sin tener en cuenta los aranceles por emergencia de Trump.

El escrito de Brandon Lord se presentó antes de que el juez Richard Eaton diera inicio a una audiencia sobre el asunto de la devolución del dinero por los aranceles en Nueva York.

El Tribunal Supremo invalidó el pasado 20 de febrero los aranceles impuestos por Trump al considerar que excedió sus poderes al aplicar la ley de emergencia para declararlos.

Una mayoría del Alto Tribunal negó que el mandatario tuviera facultades para utilizar en tiempos de paz la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, en la que Trump había fundamentado su guerra comercial.

A raíz de este fallo, el Tribunal de Comercio Internacional de EEUU., que tiene la jurisdicción en este asunto, ordenó esta semana al Gobierno de Trump que no aplicara los aranceles impuestos por la IEEPA en los procesos aún abiertos y abrió la puerta a que se devolviera en los casos en los que ya se había cobrado.

El CBP cifra en aproximadamente 166.000 millones de dólares la cuantía recaudada por los aranceles impuestos por la ley de emergencia. Según dijo, en torno a 20,1 millones de operaciones de importación no estaban liquidadas a fecha de 4 de marzo.

El Gobierno de Estados Unidos tiene la intención de mantener su política arancelaria pese al fallo del Tribunal Supremo que anula la mayoría de los gravámenes impuestos por Donald Trump, según dijo este lunes el representante del Comercio Exterior de EEUU, Jamieson Greer, a sus socios del G7.

El representante estadounidense insistió ante sus colegas del G7 (Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, además de Estados Unidos) en que lo que podría cambiar es el instrumento para aplicar los aranceles, como ya comentó el domingo en una entrevista con la cadena ABC.

Greer, al que se pidió que explicara la situación, hizo una clarificación "pero no completa", señalaron fuentes del gabinete del ministro francés del Comercio Exterior, Nicolas Forissier, que presidió una videoconferencia de los responsables del ramo de los países del G7. En declaraciones a la prensa, las fuentes francesas añadieron que el responsable estadounidense dijo que su Gobierno quiere restablecer la situación arancelaria en vigor, y que encontrará la forma para hacerlo.

El gabinete de Forissier (Francia preside el G7 este año) reconoció que la situación "es muy movediza" y que todos están analizando las posibles consecuencias del revés a las políticas de Donald Trump por la decisión de la Corte Suprema.

El mensaje de Francia y del resto de los europeos en referencia a Estados Unidos fue que "hay que tratar de forma justa" a la Unión Europea y que "hay que dar previsibilidad" a sus empresas porque la incertidumbre es perjudicial para los dos bloques.

Antes de que se celebrara este encuentro virtual, el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, había anticipado por la mañana que iba a pedir "claridad" a Estados Unidos, y que iba a insistir en que se tiene que "mantener la calma" porque "las guerras comerciales no benefician a nadie". En la reunión participaron los responsables del Comercio Exterior de Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido, así como el comisario europeo de Comercio.

Más allá de esta cuestión de urgencia, los principales puntos de la agenda eran la seguridad de las cadenas de aprovisionamiento de minerales y metales críticos y los preparativos de cara a la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio que se celebrará en Yaundé, en Camerún, del 26 al 29 de marzo. Sobre el primero, según las fuentes francesas, hubo un gran consenso sobre el diagnóstico de los problemas de aprovisionamiento y sobre la necesidad de llevar a cabo un trabajo preparatorio a nivel técnico para buscar soluciones.

Los responsables de comercio del G7 volverán a reunirse en París el 5 y 6 de mayo para preparar la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Evian, en los Alpes franceses, del 15 al 17 de junio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con subir los aranceles a los países que decidan "jugar" con el fallo del Tribunal Supremo que invalidó los gravámenes declarados por el mandatario bajo poderes de emergencia, en un duro revés a su política económica y que podría amenazar acuerdos bilaterales comerciales, informa EFE.

"Cualquier país que quiera 'jugar' con esta ridícula decisión del Tribunal Supremo, especialmente aquellos que han 'estafado' a EEUU durante años, incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y a algo peor, que lo que aceptaron hace muy poco", escribió Trump en su red Truth Social.

El mensaje de Trump es una continuación de sus duras críticas contra la mayoría del Tribunal Supremo, que determinó que el mandatario se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer gravámenes "recíprocos" y de otra índole con base en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977.

Esos aranceles supuestamente recíprocos llevaron a varios países a realizar acuerdos bilaterales con Washington para rebajar el aumento porcentual de las tasas impuestas a sus exportaciones, algo que ahora se enfrenta a un nuevo marco legal y posiblemente a porcentajes menores de los que pactaron.

La publicación del presidente estadounidense coincidió con la decisión este lunes del Parlamento Europeo de paralizar la ratificación del acuerdo comercial que la Unión Europea y EEUU firmaron el pasado verano ante la incertidumbre generada por la sentencia del Supremo.

Poco después de darse a conocer la decisión el pasado viernes, el mandatario estadounidense insistió que los magistrados que fallaron en su contra lo hicieron "influenciados por intereses extranjeros" y aseguró que los países que "han estado estafando" a EEUU "durante años están eufóricos" tras el dictamen.

Aunque no ha quedado claro en la opinión del Supremo, esta decisión podría significar el reembolso de entre 175.000 y 240.000 millones de dólares recaudados por la Administración Trump con los llamados "gravámenes recíprocos" anunciados en abril de 2025, que oscilan entre el 10% base hasta el 50%. En respuesta al fallo, Trump anunció un arancel global del 10%, que luego aumentó al 15%, bajo un nuevo marco legal y sin contar con el aval del Congreso.

Importantes socios comerciales de Estados Unidos, entre ellos la UE y China, tratan de buscar claridad sobre estos nuevos gravámenes y la vigencia de los pactos comerciales firmados con Washington.

En el caso del bloque europeo, una gran mayoría de sus productos han estado sujetos a un arancel del 15%, pero la UE no ha importado los bienes industriales estadounidenses al 0% -como se comprometió- porque la Eurocámara no ha ratificado el pacto.

Ahora, Bruselas quiere saber si el Gobierno estadounidense va a seguir cumpliendo su parte del trato o si los aranceles del 15% que ha anunciado Trump este fin de semana modifican lo acordado.

Pekín dijo este lunes que está "evaluando" el contenido y el impacto del fallo de la Corte Suprema estadounidense y reiteró su oposición a las medidas "unilaterales", al tiempo que criticó el "proteccionismo", a poco más de un mes de la visita de Trump a China, en la que está previsto que se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping.

El Parlamento Europeo decidió este lunes paralizar la ratificación del acuerdo comercial que la Unión Europea y Estados Unidos firmaron el pasado verano por la incertidumbre que ha generado la sentencia de la Corte Suprema estadounidense que ha declarado ilegales los aranceles del presidente Donald Trump, informa EFE.

La Comisión de Comercio de la Eurocámara tenía previsto votar mañana el acuerdo para avanzar en el proceso de ratificación, pero el Partido Popular Europeo, los socialdemócratas, los liberales y los Verdes acordaron este lunes frenar el proceso hasta que Washington aclare las implicaciones que tiene para el bloque comunitario la sentencia del pasado viernes.

"Hay mucha incertidumbre sobre lo que ocurre", dijo en declaraciones a la prensa el jefe de la Comisión de Comercio, el socialdemócrata Bernd Lange, quien aseguró que se necesita "claridad y certeza jurídica" antes de poder ratificar el acuerdo.

Desde el pasado verano, cuando Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron el acuerdo, una gran mayoría de productos europeos han estado sujetos a un arancel del 15%, pero la UE no ha importado los bienes industriales estadounidenses al 0% -como se comprometió- porque la Eurocámara no ha ratificado el pacto.

Ahora, la UE quiere saber si el Gobierno estadounidense va a seguir cumpliendo su parte del trato o si los aranceles del 15% que ha anunciado Trump este fin de semana modifican lo acordado.

Lange aseguró que los grupos políticos se volverán a reunir la semana que viene con la esperanza de que Washington haya aclarado ya si va a seguir cumpliendo su parte del trato y, si así fuera, apuntó la posibilidad de que el Parlamento Europeo podría ratificar el pacto en el pleno de marzo.

Al Parlamento Europeo acudió también el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, para abordar la situación con los eurodiputados, tras la videoconferencia que celebró este lunes con los ministros del ramo del G7 y los contactos que mantuvo el sábado con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el Secretario de Comercio, Howard Lutnick.

"La estabilidad y la previsibilidad son prioritarias para nuestras empresas. Reiteré que el pleno respeto del acuerdo entre la UE y EEUU es primordial", escribió Sefcovic en redes sociales, insistiendo en el mensaje que Bruselas ha ido repitiendo desde que se conoció la sentencia.

El comisario mantendrá esta tarde otra reunión con los países de la UE para analizar la cuestión.

La resolución adoptada por el Tribunal Supremo de EEUU (seis jueces a favor, de nueve), incluidos los conservadores nombrados por Trump, está teniendo una enorme relevancia. Sobre todo, aunque en los inicios se ponía en duda la legalidad de esta política arancelaria, la decisión de la Corte ha cogido completamente desprevenida a la opinión pública americana e internacional. Es posiblemente la corrección más importante que ha tenido Trump durante este año largo de presidencia y es probable que afecte considerablemente al desarrollo del resto de la legislatura. Tiene tres dimensiones muy relevantes y de enormes consecuencias.

La primera es de carácter comercial, ya que anula la política proteccionista puesta en marcha por Trump desde el primero de abril, cuando se refirió al “día de la libertad” e impuso posteriormente un conjunto de aranceles de forma indiscriminada a todos los Estados, llegando a que a Brasil y a la India los gravara con el 50%, entre otras exageraciones. Como consecuencia de la medida del Tribunal Superior, la política comercial queda anulada porque debe pasar por el Congreso de los Diputados y no ha pasado.

La segunda dimensión es de carácter constitucional y político, ya que hasta ahora parecía que el presidente Trump no iba a tener ningún contrapeso y ningún control, ni jurídico ni político. Sin embargo, esta decisión pone de manifiesto que la Constitución sigue teniendo plenos efectos jurídicos y políticos y que el Tribunal Superior está dispuesto a cumplir con su obligación y a defender la vigencia de la misma. Con ello se establece un límite claro al poder presidencial, del que algunos decían que era omnipresente.

La tercera dimensión es de carácter económico, ya que se entiende que esta decisión va a tener una repercusión enorme, al anular aranceles por valor de 240.000 millones de euros, lo que supone el 0,5% del PIB. Si las empresas tienen la posibilidad de reclamar ese pago realizado, que es ilegal, el impacto económico sería importantísimo y, por lo tanto, afectaría al conjunto de la economía americana, donde precisamente acabamos de ver que el tercer trimestre ha crecido solo el 0,4%. Sería muy dañino para el desarrollo presupuestario americano.

La consecuencia para la Unión Europea como actor político que busca su autonomía estratégica es muy relevante. Al anular la política comercial americana mantenida durante el último semestre, de carácter proteccionista y con unos aranceles tremendos, la política de la Unión y, especialmente, desde el punto de vista comercial al ser el competidor principal, adquiere un nuevo relieve. Más allá de las consecuencias económicas, la relevancia es insuperable y adquiere un nuevo valor. A su vez, frente al fracaso de la política comercial de Estados Unidos, el éxito creciente como consecuencia de la política europea, antagónica a la americana y de libre comercio, con ejemplos como el de Mercosur, la India o Sudáfrica, adquiere una mayor influencia.

Sobre todo, hay que insistir en que la política comercial europea es opuesta a la americana. Frente al proteccionismo y la subida de aranceles, la Unión Europea está poniendo en marcha el libre comercio, casi completo, siguiendo su planteamiento original desde la puesta en marcha de la Política Comercial Común a partir de 1957. Además, hay que recordar que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea del verano de 2025 está pendiente de ratificación por el Parlamento Europeo como consecuencia de las sanciones arancelarias que pusieron los Estados Unidos, por la política de ocho países europeos en defensa de Groenlandia. No sabemos cómo será el futuro, pero al parecer será aplicable el arancel general del 10% (luego corregido al 15%) que se decidió este viernes para todos los países, aunque tiene un límite de cinco meses hasta que se apruebe por el Congreso.

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Francisco Aldecoa Luzárraga es catedrático emérito de Relaciones Internacionales en la UCM y Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sufrido un gran contratiempo con una de las medidas clave de su segundo mandato, que comenzó hace poco más de un año. El Tribunal Supremo de su país ha declarado ilegales la mayoría de los aranceles impuestos por el mandatario tras concluir que el Gobierno estadounidense se extralimitó en sus poderes para imponer gravámenes, según recoge EFE.

Tras esta decisión de la justicia de Estados Unidos, Donald Trump ha decidido imponer un arancel global del 15% a determinados productos. Este nuevo tributo entrará en vigor el próximo 24 de febrero y dejará fuera a algunos productos que sí entraban dentro de los parámetros de los gravámenes aprobados hace meses por Trump y ahora anulados por el Supremo.

Mientras que el anterior arancel estaba personalizado para cada país y cada producto, con diferentes porcentajes según las intenciones de Trump con cada industria, el gravamen aprobado el pasado viernes es el mismo para todos, de un 15%.

Este nuevo arancel está basado en la sección 122 de la ley de Comercio de 1974, que permite abordar desequilibrios graves en la balanza de pagos mediante recargos sobre importaciones, sin requerir la aprobación del Congreso para cada caso específico.

Esto lo diferencia de aranceles anteriores que se basaban en otras secciones o en acuerdos internacionales, y que enfrentaron obstáculos legales por exceder la autoridad ejecutiva o por no estar directamente vinculados a problemas específicos de pagos internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que impondrá un arancel global del 10% tras conocer la decisión del Tribunal Supremo de anular parcialmente los aranceles y apuntó que lo hará "dentro de tres días" y amparado en una ley de 1974, informa EFE.

“Firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% en virtud de la Sección 122 (de la Ley de Comercio de 1974), además de los aranceles normales que ya se están cobrando. También estamos iniciando varias investigaciones en virtud de la Sección 301 y otras, para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas”, declaró Trump.

La Ley de Comercio de 1974 es una norma histórica de Estados Unidos que otorga al presidente facultades para imponer aranceles de hasta el 15% durante períodos de 150 días.

Trump, que aseguró que cuenta con "alternativas muy poderosas" para imponer aranceles, explicó que va a recurrir a tres leyes que harán más compleja la implantación de los aranceles, pero que le permitirán seguir con su política económica a pesar de la decisión del Supremo.

"Es un proceso un poco más largo. Intenté simplicar las cosas, pero no nos dejaron hacerlo", aseguró en su comparecencia ante la prensa apenas tres horas después de que su medida estrella haya sido parcialmente anulada por el poder judicial estadounidense.

Además de la Ley de Comercio de 1974, también mencionó la Ley de Expansión Comercial de 1962, firmada por el presidente John Fitzgerald Kennedy en plena Guerra Fría, y que le permitió ampliar la autoridad presidencial para negociar acuerdos comerciales y modificar aranceles.

También apeló a la Ley Arancelaria Hawley-Smoot de 1930 (o Smoot-Hawley), una norma estadounidense aprobada el 17 de junio de 1930, que aumentó los aranceles de importación a niveles históricamente altos, con el propósito de proteger a las industrias y agricultores estadounidenses de la competencia extranjera.

El fallo de la Corte Suprema establece que el Gobierno estadounidense no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles sobre la base de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial, ya que considera esos gravámenes un impuesto y por lo tanto requieren de la aprobación del Congreso.

El presidente, visiblemente contrariado por la decisión judicial, aseguró que "la Corte Suprema no anuló los aranceles. Simplemente anuló un uso particular de los aranceles de la IEEPA".

"Puedo hacer lo que quiera con la IEEPA, imponer un embargo total, pero no puedo cobrarle a nadie ni un dólar por ello. Es ridículo, pero no importa, porque tenemos otras maneras, muchas otras maneras", concluyó Trump.

La Corte Suprema de EEUU declaró este viernes que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano, en un duro revés a la política arancelaria del mandatario, informa EFE.

El mandatario, en una comparecencia posterior, anunció como respuesta la imposición de aranceles globales del 10% y advirtió que tenía "alternativas muy poderosas" para desarrollar su política de gravámenes. “Los jueces que votaron en contra son una vergüenza para nuestro país”, ha criticado Trump tras el fallo

Con una mayoría clara de 6-3, el Supremo, dominado por conservadores, dio así uno de los primeros grandes reveses a Trump en su segundo mandato, un giro en la tendencia hasta ahora favorable al mandatario en otros temas clave de su agenda.

En representación de la mayoría, el presidente del Tribunal, John Roberts, indicó que el Gobierno no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles con base a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial.

En su fallo, el Supremo considera que el uso de esta legislación por Trump supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que el Alto Tribunal considera que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos.

Las jueces discrepantes con el fallo fueron Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, los magistrados más conservadores del Supremo. Consideran que no se debe limitar al presidente en estas cuestiones y creen que la ley invocada por Trump puede usarse en temas de política exterior, como es el caso.

Esta decisión en contra de los poderes de Trump para declarar aranceles no impide que el republicano imponga gravámenes bajo otras leyes.

Funcionarios de la Administración ya han dicho que esperan mantener el marco arancelario del presidente en función de otras normas legales, aunque no está claro si aquellos importadores que han pagado por los altos aranceles impuestos por la Administración podrán solicitar y recibir reembolsos, equivalentes a varios miles de millones de dólares.

Trump ha insistido en que sería "muy decepcionante" que el Tribunal Supremo considerara ilegal la implementación de gran parte de los aranceles que, según él, son la clave del éxito económico que está cosechando su Administración y para presionar en materia de política exterior a otras naciones.

También ha reconocido que sería "prácticamente imposible" devolver los cantidades cobradas a los importadores.

El pasado agosto, tras una demanda de dos pequeñas empresas importadoras, una corte de apelaciones del Circuito Federal estimó que Trump no tenía derecho a imponer los llamados "aranceles recíprocos", que oscilan entre el 50 % que pagan Brasil y la India y la base mínima del 10 % que soportan el Reino Unido o la mayoría de países de Latinoamérica.

El tribunal estimó que tampoco tenía autoridad para implementar el gravamen del 25 % impuesto a algunos productos de Canadá, China y México por lo que, Washington considera, esfuerzos insuficientes para frenar la entrada de fentanilo en EE.UU.

Sin embargo, evitó congelar la aplicación de aranceles para dar tiempo a que el Gobierno Federal llevara la causa al Supremo. 

Los eurodiputados a cargo del pacto comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos acordaron este miércoles una cláusula para suspenderlo si el presidente estadounidense, Donald Trump, introduce nuevos aranceles a países europeos o amenaza la integridad territorial del bloque comunitario, como ocurrió durante la crisis de Groenlandia, informa EFE.

De esta forma, se pusieron de acuerdo para avanzar en la ratificación del pacto, al que también quieren añadirle una cláusula de extinción en marzo de 2028 y un plazo de seis meses para evaluar las medidas que adopte Washington para reducir aranceles a derivados de acero y aluminio.

Esto significa que el acuerdo UE-EEUU, cerrado en el verano de 2025 para evitar la escalada arancelaria entre ambos, podrá votarse en la comisión de Comercio del Parlamento Europeo el próximo 24 de febrero y en el pleno de la Eurocámara en marzo para posteriormente negociar el diseño final con los países de la Unión Europea.

Entre los términos acordados figura la opción de que Bruselas revise el acuerdo en su conjunto si la administración Trump no reduce los aranceles a productos derivados del acero desde el 50% actual al 15%, base que cubre la mayoría de los productos europeos que se exportan a Estados Unidos.

Si el acuerdo se implementa en los términos acordados el pasado verano, los mismos productos estadounidenses entrarían en la UE libres de aranceles, al igual que lo harían todos los bienes industriales.

"Tenemos esta propuesta de compromiso como señal de buena voluntad, pero si EEUU no reduce los aranceles para estos más de 400 productos en seis meses restableceremos nuestros aranceles (del 10%) automáticamente", señaló el negociador jefe del Parlamento Europeo para este acuerdo, el socialdemócrata Bernd Lange.

Por otro lado, el Parlamento Europeo apuesta por que el acuerdo "caduque" de manera automática en marzo de 2028, momento en el que Bruselas y Washington tendrían que renegociarlo. También la negociadora popular, la croata Željana Zovko, subrayó que el acuerdo es "equilibrado y mira hacia delante", y asegura que los intercambios de la Unión Europea con su socio comercial más relevante "pueden continuar".

El acuerdo llevaba semanas en la cuerda floja por la falta de consenso en el Parlamento Europeo sobre cómo incluir este tipo de salvaguardias después de las amenazas sobre la soberanía de Dinamarca y Groenlandia de Trump a comienzos de 2026, pero finalmente ha salido adelante con una amplia mayoría de populares, socialdemócratas, liberales y verdes.

Tras el voto en pleno en marzo, la Eurocámara deberá pactar la forma final del acuerdo con los países de la Unión Europea, que acordaron su posición negociadora antes de los anuncios de Trump sobre Groenlandia y no incluyeron este tipo de cláusulas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, según recoge EFE.

"Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU, y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza", argumentó el mandatario en la orden ejecutiva.

Según la medida, para hacer frente a esta situación es "necesario" establecer un sistema arancelario, bajo el cual se podrá imponer un gravamen adicional a las importaciones de productos de países extranjeros que, "directa o indirectamente", vendan o suministren crudo a Cuba.

El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, determinará si un país vende o suministra petróleo a Cuba, y posteriormente el secretario de Estado, Marco Rubio, decidirá si se debe imponer y en qué medida un gravamen adicional sobre los productos de dicha nación.

Trump ha sostenido con anterioridad que el Gobierno cubano tiene los días contados desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de noviembre, que se saldó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, que ahora enfrentan cargos por narcotráfico en Nueva York.

Washington considera que el fin del envío de crudo venezolano a la isla provocará un cambio de régimen en Cuba, país afectado por una grave crisis económica y social.

El presidente de Estados Unidos afirmó que "Cuba no podrá sobrevivir", tras ordenar la imposición de aranceles. "Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir", declaró el mandatario a la prensa durante la presentación del documental de la primera dama estadounidense, Melania Trump.

El presidente fue preguntado sobre si está intentando "ahogar" a Cuba, ante lo que respondió que esa palabra es "muy dura", pero aseguró que el país caribeño es "una nación fallida".

"Hay que sentirse mal por Cuba porque han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoestadounidenses que fueron tratados muy mal y les gustaría volver", declaró.

El Gobierno de Cuba condenó este jueves la decisión de EEUU de imponer aranceles a todo país que venda o suministre petróleo a la isla: "Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión".

"Condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de EEUU contra Cuba. Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país", escribió en redes sociales el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

La orden ejecutiva firmada este jueves por el presidente Donald Trump, que declara que esta medida es necesaria por el peligro que Cuba representa para su país, supone, según Rodríguez, "someter a condiciones de vida extremas" a toda la población en la isla.

"EEUU recurre también al chantaje y la coerción para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio", argumenta.

Hoy, 28 de enero, se puede afirmar con escasas dudas que la Unión Europea y sus Estados miembros han dejado de ser vistos como “vasallos” de los Estados Unidos. Esta realidad se sustenta en hitos recientes: el giro de Donald Trump respecto a Groenlandia (21 de enero), la retirada de amenaza de aranceles a ocho países europeos y la firma de acuerdos comerciales estratégicos con Mercosur (17 de enero) e India (27 de enero). Al adoptar una política comercial antagónica a la de Washington y negociar con otros cuarenta Estados para establecer zonas de libre comercio, la UE, como primera potencia comercial, abre una nueva era global prescindiendo del “amo”. Resulta una forma muy original de vasallaje llevar la contraria al supuesto amo en todos los asuntos de importancia.

Quizás lo que más interés ha despertado en los medios internacionales es el cambio de posición de Trump sobre Groenlandia, pasando de la pretensión de propiedad “por las buenas o por las malas” a una cooperación de seguridad bajo el paraguas de la OTAN. Inicialmente, Trump amenazó con imponer aranceles suplementarios del 15% a partir del 1 de febrero, escalando al 25% el 1 de mayo, contra ocho países europeos (Noruega, Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Países Bajos) que enviaron fuerzas armadas de reconocimiento para reforzar la seguridad de la isla frente a otras potencias.

La presión estadounidense buscaba forzar el reconocimiento de Groenlandia como parte de los EEUU, pero la respuesta europea fue contundente. Por un lado, se produjeron manifestaciones masivas en Groenlandia y Copenhague bajo el lema: “Groenlandia no se vende”. De igual forma, los líderes del Parlamento Europeo amenazaron con bloquear el acuerdo comercial bilateral de finales de julio, bloqueo que finalmente se ejecutó esa misma semana. Ante esto, Trump rectificó su política de adquisición en favor de un acuerdo de seguridad gestionado por el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, a pesar de que el alcance de estas negociaciones y las atribuciones de Rutte para las mismas son limitadas.

Aunque diversos sectores de la opinión pública española aseguraban que Europa se estaba plegando como un “vasallo” ante las medidas de Trump que desafiaban el Derecho Internacional y los valores transatlánticos, el análisis al año de su llegada a la Casa Blanca ofrece una conclusión distinta. Mientras Washington ha optado por un proteccionismo basado en contingentes y aranceles elevados, la Unión Europea ha profundizado su integración y la liberalización comercial, como el Acuerdo UE-Mercosur, firmado el 17 de enero en Asunción, y el Acuerdo UE-India, del 27 de enero, este tratado de libre comercio crea una zona de 2.000 millones de consumidores donde el 90% de los productos tendrá arancel cero en un periodo de cinco años. Otros acuerdos con cuarenta Estados están en fase de negociación o implementación para el año 2026.

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Francisco Aldecoa Luzárraga es catedrático emérito de Relaciones Internacionales en la UCM y Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.

La Unión Europea y la India prevén anunciar el martes en Nueva Delhi el cierre definitivo de las negociaciones para un histórico Tratado de Libre Comercio (TLC) tras 18 años de diálogo intermitente, informa EFE.

Bautizado por los negociadores como "la madre de todos los acuerdos", el pacto marcaría el fin del proteccionismo indio y busca reducir la dependencia estratégica de ambos bloques respecto a China. En el caso europeo, refleja además la aspiración de buscar nuevos socios y mercados prometedores en medio del caos geopolítico de la segunda Administración Trump.

Estas son las claves principales del acuerdo que sellarán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro indio, Narendra Modi:

Para evitar que las diferencias técnicas hicieran descarrilar todo el proceso, los negociadores dividieron el pacto en tres tratados independientes pero vinculados políticamente, explico a EFE una fuente próxima a las negociaciones.

El núcleo duro es el Tratado de Libre Comercio (TLC), que elimina aranceles en el 90% de los productos; un segundo acuerdo de Protección de Inversiones para dar seguridad a las empresas; y un tercero sobre Indicaciones Geográficas (IG) para proteger productos con denominación de origen como el champán, el queso feta, el té Darjeeling o el arroz basmati.

El acuerdo contempla reducir los aranceles del 110% actual a un entorno del 40% inmediato para vehículos de lujo, con una bajada progresiva al 10% en los próximos años.

Bruselas también lograría ventajas en maquinaria industrial, aeronáutica, química y vinos, donde se aplicaría una rebaja gradual. A cambio, la UE abre sus puertas al textil indio. Sin embargo, para cerrar el pacto se han excluido los productos agrícolas sensibles como lácteos y cereales.

Bruselas aspira a que este marco fomente inversiones por valor de 100.000 millones de euros en la India durante los próximos 15 años, con el objetivo de triplicar la presencia de empresas europeas en el país más poblado del mundo.

El escollo principal es el mecanismo de resolución de disputas (ISDS). En las negociaciones se ha propuesto un sistema híbrido que protege a los inversores europeos frente a expropiaciones, pero garantiza el derecho a regular del Estado indio en temas de interés público para evitar demandas abusivas.

Para la India, la prioridad era la movilidad. Se firmará un Memorando de Entendimiento específico para facilitar la migración legal de talento. Esto crearía "vías rápidas" burocráticas para estudiantes, investigadores y trabajadores de alta cualificación tecnológica, ayudando a cubrir el déficit de ingenieros en Europa.

En sentido inverso, se ha pactado un marco de "interoperabilidad" que permite a las empresas europeas procesar datos en la India sin violar las estrictas normas de privacidad de la UE.

El mayor obstáculo técnico es el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la UE que penaliza al acero indio. Para esto, la UE se compromete a apoyar la descarbonización industrial de la India mediante tecnología de hidrógeno verde y a reconocer los sistemas locales de créditos de carbono para evitar una doble imposición a las empresas indias.

La cumbre servirá para reactivar el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC), la gran alternativa occidental a la Ruta de la Seda china. Aunque las obras están ralentizadas por la invasión de Gaza, Bruselas y Nueva Delhi reafirmarán su compromiso político para acelerar las conexiones portuarias y ferroviarias que unirán ambos continentes.

El pacto comercial viene acompañado de un Acuerdo de Seguridad y Defensa, que incluye cooperación en ciberseguridad y ejercicios navales conjuntos, elevando a la UE a socio estratégico de primer nivel para la India.

Este permitirá, por primera vez, el intercambio de información clasificada entre Bruselas y Nueva Delhi, lo que equipara a la India con socios como Japón e incluye cooperación en ciberseguridad, protección de infraestructuras críticas marítimas y ejercicios navales conjuntos en el Indopacífico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado a Canadá con un arancel del 100% si concluye un acuerdo comercial con China, según recoge EFE.

El mandatario estadounidense dijo en su red social, Truth Social, que si el primer ministro canadiense, Mark Carney, "cree que va a convertir a Canadá en un punto de entrada para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos está muy equivocado".

"China se tragará a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus empresas, su tejido social y su estilo de vida en general. Si Canadá firma un acuerdo con China, se le impondrá inmediatamente un arancel del 100 % a todos los bienes y productos canadienses que entren a Estados Unidos", añadió en su mensaje.

Esta semana, Trump afirmó en el Foro Económico Mundial, en Suiza, que "Canadá existe gracias a Estados Unidos".

Por su parte, Carney respondió que los canadienses son los "dueños" en su hogar y que su nación puede ser un ejemplo de que el mundo no tiene por qué ceder ante las tendencias autocráticas.

El Parlamento Europeo decidió este miércoles paralizar la ratificación del acuerdo que Bruselas y Washington firmaron en verano en materia comercial, por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra ocho países europeos en su intento por adquirir Groenlandia, informa EFE.

"Ante las continuas y crecientes amenazas, incluidas las amenazas arancelarias, contra Groenlandia y Dinamarca y sus aliados europeos, no nos ha quedado otra alternativa que suspender el trabajo sobre las dos propuestas legislativas de Turnberry (Escocia) hasta que Estados Unidos decida retomar un camino de cooperación en lugar de confrontación", dijo el jefe de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange.

Trump ha amenazado a Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Noruega y Reino Unido con aranceles del 10% a partir del 1 de febrero si se oponen a su adquisición de Groenlandia, que ascenderían al 25% en junio.

"Es un ataque contra los intereses económicos y la soberanía territorial de la UE", aseguró Lange en una rueda de prensa.

En el acuerdo que firmaron Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Bruselas aceptó aranceles del 15% para la gran mayoría de los productos europeos -entre ellos los automóviles y los semiconductores- y que Estados Unidos vendiera sus bienes industriales a la UE libres de impuestos.

Desde entonces, las exportaciones europeas se enfrentan a un arancel del 15% en Estados Unidos, pero la UE no ha empezado a implementar su parte del acuerdo, hasta que lo ratificara la Eurocámara, algo que ahora ha quedado pospuesto sine die.

Lange dijo que la comisión de Comercio del Parlamento Europeo pedirá el lunes formalmente a la Comisión Europea que active el mecanismo anticoerción contra Estados Unidos, ante las amenazas de Trump.

Precisamente está previsto que los líderes europeos discutan mañana esta cuestión en la cumbre extraordinaria que celebrarán en Bruselas para abordar hasta qué punto deben reconducir sus relaciones con el que hasta ahora era su principal aliado.

Los jefes de Estado y de Gobierno también debatirán mañana si aplicar represalias arancelarias contra Estados Unidos por valor de 93.000 millones de euros, una posibilidad que la UE pudo haber aplicado el año pasado pero que decidió suspender para no entorpecer las negociaciones entre Bruselas y Washington que culminaron en el acuerdo de verano.

Miles de habitantes de Groenlandia se manifestaron el sábado 17 de enero en la ciudad de Nuuk para proclamar que Groenlandia no está en venta. En otras partes de Dinamarca —de la que la isla ártica es un territorio “constituyente”, pero autónomo y en busca de la independencia— se celebraron otras concentraciones en solidaridad, al igual que en la ciudad inuit de Iqaluit (Nunavut), en Canadá.

Apenas había concluido esta movilización histórica en la capital groenlandesa cuando Donald Trump, que desea apoderarse de la isla para añadirla al territorio de los Estados Unidos, lanzó una amenaza a las naciones europeas que quisieran impedirlo. Con su característica y confusa logorrea, invocó los “intereses de seguridad nacional” de su país y la “paz global” para criticar la solidaridad europea con un territorio supuestamente codiciado por China y Rusia.

El reino de Dinamarca y otros siete países (entre ellos Francia), todos miembros de la OTAN, que anunciaron el envío de personal militar para una misión de reconocimiento, se han visto amenazados con la imposición de más aranceles como represalia.

A partir del próximo 1 de febrero, sus exportaciones a Estados Unidos deberían encarecerse un 10 %, que se sumaría a los aranceles ya vigentes. Actualmente, el tipo máximo aplicable a los productos de la Unión Europea (UE) es del 15 %. “El 1 de junio, ese arancel se incrementará hasta el 25 %”, añadió el inquilino de la Casa Blanca, refiriéndose a Alemania, Dinamarca, Francia, los Países Bajos y Suecia, que forman parte de la UE además de la Alianza Atlántica, así como al Reino Unido y Noruega.

Donald Trump, cada vez más desinhibido debido a sus dificultades internas, relacionadas en particular con los reveses electorales atribuibles al coste de la vida, y a la espera de una decisión muy esperada del Tribunal Supremo sobre los aranceles que ha decidido sin el acuerdo del Congreso, tiene la intención de concluir “una compra completa y total” de Groenlandia, una “transacción que lleva intentando desde hace ciento cincuenta años” y que ahora se propone llevar a cabo.

La amenaza es histórica. Si bien no es la primera vez que el presidente americano maneja el arma de los aranceles aduaneros, en este caso lo hace con aliados históricos desde hace ocho décadas, en nombre de un objetivo muy particular: la anexión forzosa de un territorio independiente, contraria a la Carta de las Naciones Unidas adoptada en 1945. La operación daría lugar a un desmembramiento de las fronteras europeas, que se sumaría al que Vladimir Putin está intentando llevar a cabo en Ucrania.

“No hay ningún equivalente en la historia de la alianza transatlántica desde el final de la Segunda Guerra Mundial”, afirma el profesor de ciencias políticas Christophe Bouillaud, especialista en estudios europeos. “Es el propio concepto de derecho internacional lo que está en juego. Al menos, en 2003, George W. Bush invocó un motivo plausible antes de entrar en guerra contra Irak. El único nivel de desestabilización de la alianza comparable me parece ser la crisis de Suez en 1956, cuando Estados Unidos abandonó a Francia y al Reino Unido, que se habían unido contra el líder egipcio Nasser.”

Donald Trump se presenta más como un padrino mafioso con métodos brutales e ilegales que como el jefe de Estado de una potencia hegemónica del sistema internacional. Esos métodos, recientemente empleados en Venezuela, proporcionan una espectacular distracción exterior al público estadounidense, ofrecida por quien se presenta como el artífice de un retorno a la “edad de oro” imperialista de finales del siglo XIX. El control de un “hemisferio occidental” sometido a los Estados Unidos, con el fin de garantizarles el acceso a los recursos y las rutas comerciales que les permitan hacer frente a su gran rival chino, forman parte de su obsesión.

A raíz de las declaraciones de Donald Trump, que tienen el objetivo específico de dividir a los Estados europeos y asustarlos, las reacciones en Europa han sido vivas y numerosas.

El primer ministro británico, Keir Starmer, aunque muy alineado con Trump, afirmó que su decisión era “completamente errónea”. “Nuestra posición sobre Groenlandia es clara. Forma parte del reino de Dinamarca y su futuro corresponde decidirlo a los groenlandeses y los daneses”, añadió. Incluso Giorgia Meloni, presidenta del Consejo italiano de extrema derecha, habló de un “error” tras mantener conversaciones con el presidente estadounidense.

Emmanuel Macron aseguró que Francia seguía estando “comprometida con la soberanía y la independencia de las naciones, tanto en Europa como en el resto del mundo”. “Por ello", continuó en un largo mensaje publicado también en inglés en X, "hemos decidido sumarnos a la iniciativa de Dinamarca en Groenlandia. […] Ninguna intimidación ni amenaza nos influirá, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo cuando nos enfrentemos a situaciones de este tipo.”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reafirmó el compromiso con los mismos principios y la “plena solidaridad” de la UE con Dinamarca y Groenlandia. “Europa permanecerá unida y coordinada”, prometió, advirtiendo contra una “peligrosa espiral” de aranceles aduaneros. Este domingo se celebró una reunión extraordinaria de los embajadores de la UE.

Los tres grupos políticos que componen su mayoría en el Parlamento Europeo —conservadores, socialdemócratas y liberales— han anunciado que están dispuestos a bloquear la ratificación comercial del acuerdo firmado este verano entre Von der Leyen y Trump, considerado por muchos como una capitulación ante sus amenazas. Aunque en aquel momento no había sido cedido ningún territorio europeo, lo que marca la diferencia con la crisis actual.

En los próximos meses se verá si los Estados europeos logran mantener su unidad ante la creciente presión de la administración Trump, más descontrolada que nunca desde el secuestro del líder venezolano Nicolás Maduro hace dos semanas. En retrospectiva, la debilidad de sus comunicados en respuesta a lo que fue una flagrante violación del derecho parece aún más fuera de lugar.

El episodio actual pone de manifiesto la falta de resultados de la estrategia de apaciguamiento intentada por la mayoría de los dirigentes del Viejo Continente hacia el presidente estadounidense. La adulación al líder del Maga (Make America Great Again), a pesar del odio manifiesto de este hacia los valores proclamados por las democracias europeas, no ha servido de mucho en el caso de Ucrania.

A modo de recordatorio de los episodios anteriores, Donald Trump y su vicepresidente maltrataron al presidente Zelensky en el Despacho Oval en febrero de 2025. Todo el mundo puso buena cara para permitir una reconciliación, pero seis meses después, Vladimir Putin fue recibido con honores en Alaska, con vistas a una paz que, sin embargo, solo quiere bajo sus condiciones.

Varios jefes de Estado y de Gobierno se dirigieron entonces directamente a la Casa Blanca para un control de daños provisional, antes de que los emisarios de Washington y Moscú sacaran de la chistera un plan de paz de 18 puntos que se ajustaba de manera desmesurada a los dictados rusos.

Desde entonces, las negociaciones se han estancado aún más, sin que nadie sepa en qué punto se encuentra la versión del acuerdo que las capitales europeas y Kiev han intentado modificar, basándose en las diferentes líneas que coexisten en la administración Trump sobre este tema.

Entretanto, la misma administración ha publicado una estrategia de seguridad nacional que teoriza sobre la injerencia de Estados Unidos en la política europea y desmiente los principios que se supone son la base de la Alianza Atlántica. Y ahora, Trump y su clan insisten en su deseo de anexionar Groenlandia.

En Francia, frente a un Emmanuel Macron al que le gusta imaginar una relación privilegiada con el presidente americano, esos pésimos resultados no han pasado desapercibidos. “Esto es lo que conlleva el servilismo hacia Donald Trump”, declaró toda indignada la líder europea de La France Insumisa, Manon Aubry. “Es imposible apaciguar a alguien que ha sido elegido para golpearte”, afirma la eurodiputada de Plaza Pública Aurore Lalucq a Mediapart. “Fue un grave error estratégico pensar eso. Trump sigue una lógica de extorsión.”

¿Fue acertado, a pesar de todo, tomarlo en serio en lo que respecta a las necesidades de seguridad en Groenlandia, como hicieron los países europeos al lanzar un ejercicio en el lugar, cuando las amenazas de las flotas china y rusa aún no se han materializado en las proximidades?

El consultor en riesgos internacionales Stéphane Audrand cree que sí: “Adoptar una postura demasiado marcial puede dar argumentos a Trump. Mostrar que se escuchan sus preocupaciones tiene más como objetivo apelar a los republicanos ’razonables’, a los demócratas y a otros ‘adultos en la sala’ [en Estados Unidos] que convencerlo a él.” De hecho, en el propio bando de Donald Trump, mayoritario en la Cámara de Representantes y en el Senado, algunos responsables de peso han alertado sobre una postura demasiado aventurera en Groenlandia.

Ciertamente, el continente europeo lleva ochenta años dependiendo de Washington en materia de seguridad, y solo desde hace poco tiempo está tratando de liberarse parcialmente de esa dependencia. E incluso si Europa se convierte en el verdadero proveedor de ayuda a Ucrania, Kiev difícilmente puede prescindir de la ayuda de Estados Unidos y de su información de inteligencia. “Hay que ganar tiempo con la esperanza de que los propios estadounidenses acaben destituyendo a Trump”, opina Christophe Bouillaud.

No obstante, como mercado de 450 millones de habitantes, la UE dispone de medios de presión económica reales y podría utilizar su reciente "instrumento contra la coerción" destinado a “luchar contra las amenazas económicas y las restricciones comerciales injustas impuestas por terceros países”. “Debemos ser estratégicos y golpear donde más duele: las grandes tecnológicas, cuya cuarta parte de la facturación se genera en territorio europeo, los servicios financieros, pero también las criptomonedas y las stablecoins”, afirma Aurore Lalucq, presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.

Ese paso no se dio el verano pasado para no arriesgarse a una escalada arancelaria, pero podría darse ahora que el chantaje estadounidense se aventura en el terreno de la hard politics, el de la soberanía política y territorial. Según la AFP, citando al entorno de Emmanuel Macron, el presidente francés estaría a favor en caso de que se aplicaran efectivamente nuevos aranceles, y abogaría por una respuesta de ese tipo ante sus homólogos.

“Es importante que la UE active rápidamente este instrumento de represalias colectivas”, opina Stéphane Audrand. “Se creó para eso, tras las presiones de China sobre Estonia en 2019. Ahora hay que utilizarlo contra Estados Unidos, haciendo notar al electorado estadounidense y a los representantes republicanos que los precios van a subir ‘aún más’ en su país.”

Aunque algunos expertos imaginan respuestas simbólicamente aún más contundentes, Stéphane Audrand apela a la prudencia y la proporcionalidad, teniendo en cuenta no solo el poderío estadounidense, sino también la heterogeneidad política de los Estados miembros, ya que Giorgia Meloni en Italia y Viktor Orbán en Hungría mantienen cierta proximidad ideológica con Donald Trump.

“La respuesta europea debe ser comedida, con el objetivo principal de preservar la unidad, al menos en apariencia, de los europeos”, afirma el consultor. En cualquier caso, está convencido de que “la UE se juega su futuro, la OTAN se juega su futuro. Todo ello en seis meses. La alternativa será la preservación de un Occidente democrático o la sumisión al desmembramiento [deseado por] los imperios.”

Durante mucho tiempo, los dirigentes europeos parecieron adoptar un estribillo de Alain Chamfort ante las presiones trumpistas: “Cuando se pone demasiado difícil, puedo apoyarme en / esa idea que me tranquiliza: al final, todo se arregla”. Pero la ilusión no deja de desmoronarse. Hoy en día, los Estados europeos son sus víctimas directas. Si tuvieran que abandonar Groenlandia, se perdería el sentido mismo de su unión. Y su desintegración colectiva estaría al final del camino.

Traducción de Miguel López

La tensión sigue aumentando entre Estados Unidos y Europa en un conflicto político, comercial y de seguridad que se extiende a Reino Unido o Noruega. La reacción furibunda de Donald Trump al despliegue de militares de siete países acompañando a Dinamarca en Groenlandia con un arancel adicional del 10% a sus productos, y el aumento al 25% el 1 de junio, por “tanto tiempo hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia” está removiendo Bruselas y las capitales del continente como nunca antes.

Esta semana los líderes europeos convocados de urgencia a una Cumbre por el presidente del Consejo, Antonio Costa, “dada la relevancia de los recientes acontecimientos” ante la agresión comercial decretada por el estadounidense, buscarán mostrar “un fuerte compromiso” en “solidaridad con Dinamarca y Groenlandia”, ya que “las tarifas debilitarían las relaciones trasatlánticas y son incompatibles con el acuerdo comercial UE-Estados Unidos”.

Dinamarca, Francia, Alemania, Suecia, Países Bajos, Finlandia, Reino Unido y Noruega son los afectados por ese golpe arancelario y, por extensión, toda la UE que creía haber calmado en julio el unilateralismo comercial de Trump gracias al acuerdo tarifario suscrito en Turberry. Un pacto que ahora pende de un hilo y cuya aplicación por el momento quedará suspendida.

La presión creciente, las amenazas y coacciones a Dinamarca y a toda Europa para tomar Groenlandia lo han tumbado, una posibilidad que hace tan sólo una semana semejaba complicada pese a las presiones de eurodiputados daneses de todas las formaciones y el creciente apoyo a favor en las filas socialdemócratas y liberales mientras verdes e izquierda apostaban claramente por ello en el Parlamento Europeo.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia en la Eurocámara y que empujó a los populares europeos a frenar el acuerdo comercial que rebajaba a cero las tarifas a la mayoría de los productos estadounidenses ha sido la reacción del jefe de la Casa Blanca contra esos ochos países. Desde el 1 de febrero sus productos sufrirán un arancel adicional del 10% y el golpe sería mayor a las puertas del verano si Dinamarca no entrega su isla.

“El PP europeo está a favor del acuerdo comercial entre la UE y los Estados Unidos, pero dadas las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, su aprobación no es posible en este momento”, decretó el todopoderoso jefe de esta formación, Manfred Weber. El bávaro señaló que el pacto suscrito por la Comisión “debe ser puesto en pausa”. La tregua a la guerra comercial alcanzada en julio corre ahora serio riesgo.

El pasado miércoles una reunión entre los presidentes de todos los grupos parlamentarios ya retrasó la decisión sobre la aprobación de este acuerdo, que debería pasar su primer filtro el 26 de enero, en el Comité de Comercio Internacional. Hasta hace pocos días, fuentes consultadas por infoLibre pese a las protestas de socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda dudaban que los populares se atreviesen a dar el paso. Explicaban que el socialdemócrata Bernd Lange, presidente de dicho Comité, quería votar el texto del acuerdo y las enmiendas a la resolución con compromisos, para que así la Eurocámara tuviese la opción de poder suspenderlo a futuro. Los populares, señalaban estas fuentes, no estarían dentro de este compromiso y hasta votarían con la extrema derecha.

La aceleración de los acontecimientos sobre Groenlandia ha cambiado el tablero de juego en sólo unos días, lo que ha forzado una reacción de Manfred Weber, también porque dentro de sus filas la incomodidad de eurodiputados conservadores daneses, bálticos o suecos era más que evidente. Este miércoles los jefes parlamentarios discutirán de nuevo la cuestión con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ya para suspender esa entrada en vigor del acuerdo comercial. Mucho tendría que ceder Donald Trump en sus ambiciones sobre la isla danesa para que en febrero el Pleno del Parlamento votase a favor de ese pacto, como estaba previsto inicialmente.

“No podemos ser más los sumisos de los Estados Unidos”, exige Manon Aubry, jefa de La Izquierda en la Eurocámara y vicepresidenta del Comité de Comercio, quien denuncia que el golpe de Trump se debe “la ausencia de reacción de la UE ante el secuestro de Maduro en Venezuela”, ya que el mandatario estadounidense se sabe impune “para violar el derecho internacional”.

Este domingo por la tarde los embajadores de los 27 ante la UE, los máximos diplomáticos de cada líder en Bruselas, encargados de negociar antes de las Cumbres los asuntos más peliagudos, desde las grandes partidas presupuestarias de la UE, las cuestiones económicas, la seguridad y defensa comunitaria o la respuesta a crisis internacionales, mantuvieron una reunión sobre la tensión creciente con Washington.

Los gobiernos europeos a través de sus diplomáticos decidieron esperar hasta el 1 de febrero para ver si Trump ejecuta ese arancel del 10%. Si lo hace, la UE contraatacará con tarifas a productos estadounidenses por un importe de 93.000 millones de euros. En la reunión hubo posturas como la francesa demandando más mano dura contra Washington. El presidente Emmanuel Macron pide “la activación del Instrumento Anti-Coerción”, en vigor desde 2023 pero nunca ejecutado, si un “tercer país busca ejercer presión contra la UE o un Estado Miembro aplicando o amenazando con medidas que afecten al comercio o la inversión”.

Los Estados Unidos de Trump estarían ejerciendo esta coacción, “interfiriendo en las decisiones soberanas legítimas de la UE y sus Estados Miembros”. Si el Instrumento se activa y Bruselas no consigue que Washington ceda, podría bloquear el acceso al mercado comunitario de sus productos, limitar sus inversiones en bienes, servicios o mercados financieros y hasta restringir la participación de sus empresas en los concursos públicos.

El propio Antonio Costa, al convocar el jueves a los líderes, ha explicado que deben “estar preparados para defendernos frente a cualquier tipo de coacción” y “unidos en los principios de las leyes internacionales, la integridad territorial y la soberanía nacional”.

Las voces apaciguadoras ahora mismo en Bruselas son la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el tradicional frente euroescéptico de húngaros y eslovacos. Meloni habló este domingo con Trump por teléfono y cree que existió “un problema de comprensión y comunicación” con el despliegue de los militares europeos en Groenlandia. Y aunque calificó como un error la reacción del estadounidense, pide “retomar el diálogo y evitar una escalada”.

Sin embargo, la realidad se impone por encima de sus deseos. Y además de la represalia comercial en la Eurocámara o de la que pueda salir de la Cumbre extraordinaria, Dinamarca y los siete países desplegados en Groenlandia mostraron su voluntad de incrementar esa presencia militar en la isla declarando “el ejercicio coordinado danés “Resistencia Ártica” conducido con los aliados responde a la necesidad de fortalecer la seguridad del Ártico y no supone una amenaza para nadie” por lo que mostraron su compromiso a “reforzar nuestra soberanía” además de denunciar los aranceles de Trump por “debilitar las relaciones trasatlánticas y arriesgar con una peligrosa espiral negativa”.

¿Tiene sentido que una organización creada para proteger a sus miembros dé pasos en contra de los intereses de los mismos? Ninguno.

Partiendo de esta premisa, tampoco es creíble que la Unión Europea llegue a acuerdos comerciales con terceros países que perjudiquen a sus Estados miembros.

El intercambio comercial ha acompañado al ser humano prácticamente desde los albores de la humanidad. En el Neolítico hacían trueque con pieles de animales, herramientas… y con la agricultura nació el comercio. Es una práctica inherente al desarrollo de los pueblos y las sociedades, y no se detendrá. Por eso, el debate es si lo hacemos con o sin reglas, con imposición o con negociación. Y en estos momentos en el que Donal Trump ha optado por lo primero, haciendo saltar por los aires las reglas del comercio internacional y aplicando la ley del más fuerte, nuestra apuesta es la contraria, establecer reglas para que sea una práctica justa y sostenible, social y medioambientalmente. 

Desde que nació la Unión Europea, no ha habido ni un solo acuerdo comercial suscrito con terceros que no haya generado beneficios para Europa. Un ejemplo reciente lo encontramos en el Acuerdo Comercial y Económico Global con Canadá, conocido como CETA, frente al que se levantaron muchas voces en contra pero del que ya no se ha vuelto a escuchar más, quizá porque no se cumplió ninguno de los malos pronósticos que vaticinaban esas voces. Realmente, ha sucedido todo lo contrario; desde que entró en vigor en 2017 el comercio ha aumentado un 66% y se han creado más de 700.000 empleos en ambos lados del Atlántico. 

Los resultados nos han dado la razón a quienes entonces defendíamos que el acuerdo con un país con quien compartimos valores, estándares y cultura solo podría generar beneficios para ambas partes. Y las mismas expectativas tenemos con Mercosur, incluso más altas si hablamos en términos de población y volumen de bienes. 

El Acuerdo de asociación de la UE con Mercosur es un logro sin precedentes de la política exterior y comercial de la UE en los últimos años. La unión de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay supone un mercado de 270 millones de habitantes, con un PIB de 2,7 billones de euros, es decir, que conjuntamente conforman la sexta economía del mundo. La Comisión Europea calcula que el potencial de exportaciones podría aumentar en 84.000 millones y generar unos 756.000 empleos adicionales, beneficiando especialmente al sector automovilístico europeo, a industrias como la química o la farmacéutica, y a la agroalimentación, en sectores como el queso, el vino o las bebidas espirituosas. Se estima que, como resultado de la liberalización, las exportaciones de mercancías y servicios de la UE a Mercosur aumenten entre un 52 y un 68%, y las importaciones de la UE procedentes de Mercosur lo hagan entre un 11 y un 14%.

Por eso las preguntas más pertinentes que caben hacerse son ¿quiénes? y ¿por qué se oponen a Mercosur? La respuesta es: aquellos que se oponen a cualquier acuerdo comercial porque eso engrandece y fortalece a la Unión Europea. 

Esto no va de agricultura. Precisamente uno de los pilares más sólidos de la Unión, si no el que más, es la Política Agraria Común (PAC). Desde que nació el proyecto europeo, la seguridad alimentaria y, por tanto, el cuidado de la agricultura, ha sido uno de sus ejes fundamentales. No es casualidad que el 25% del presupuesto de la UE se destine a la PAC, a pesar de que el sector agrícola aporta al PIB europeo un 1,5%.

Y así seguirá siendo. De hecho, en las actuales negociaciones del Marco Financiero Plurianual la comisión acaba de sumar 45.000 millones de euros a la partida dedicada a la PAC. 

Del mismo modo que tras 25 años de negociaciones con Mercosur, los derechos e intereses de todos los sectores europeos –pero especialmente del agroalimentario– están protegidos y podrán obtener grandes beneficios. Esto será así particularmente en sectores como el aceite de oliva, el vino y el porcino, que se verán favorecidos con la eliminación progresiva de los aranceles. Además, el acuerdo incluye contingentes arancelarios equilibrados para los productos más sensibles, así como medidas de defensa comercial y salvaguardias para proteger los productos agrícolas más sensibles para la UE, y una red de apoyo financiero de 6.300 millones de euros para afrontar eventuales perturbaciones en los mercados agrarios. En el caso de España, protege 59 denominaciones de origen.

La optimización de procedimientos aduaneros supondrá una gran ventaja para las pymes, al igual que se abren grandes oportunidades para todas las empresas, que podrán competir por contratos públicos a los que no tenía acceso. 

Frente a los falsos argumentarios, es importante que la ciudadanía sepa que los productos importados cumplirán las estrictas normativas de seguridad alimentaria de la UE, no permitiéndose importar productos con sustancias no autorizadas en Europa.

Desde este mismo 17 de enero, con la firma de la UE y los países del Mercosur, el acuerdo ya está en vigor. A partir de ahí continúa un largo proceso de ratificaciones que puede alargarse varios años, pero que no paralizará en ningún caso su aplicación. 

La alianza que sella Mercosur es única. Estamos hablando de países democráticos estables que están avanzando en su cooperación a nivel continental y al que se irán sumando otros países. La decisión de asociarse responde a una voluntad política y económica, y en estos momentos en los que otros actores internacionales que eran nuestros aliados han dejado de serlo, hay que poner todo el empeño en que este acuerdo de asociación sea un éxito.

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Javier Moreno es presidente de la Delegación socialista española en el Parlamento Europeo y miembro titular de la Comisión de Comercio Internacional.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este sábado que impondrá aranceles a Dinamarca y los demás países europeos que han enviado tropas a Groenlandia hasta que se consume la compra estadounidense de la isla, según recoge EFE.

Trump amenazó con un arancel del 10% desde el 1 de febrero a los productos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca como medida de presión para que apoyen sus planes de anexionar la isla de Groenlandia.

En un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump indicó que planea aumentar estos aranceles a un 25% en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington. 

La victoria de Donald Trump el 5 de noviembre de 2024 y su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 no han supuesto únicamente un cambio de gobierno en Estados Unidos. Ha acelerado, de manera abrupta y consciente, una mutación profunda del orden internacional hacia un modelo más unilateral, proteccionista, abiertamente confrontacional y depredador. Desde el primer día, marcado simbólicamente por una ceremonia de investidura trasladada al interior del Capitolio por condiciones climáticas extremas, la nueva presidencia dejó claro que se trataba de una ruptura deliberada.

Las amnistías y perdones a los condenados vinculados al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, la declaración de una supuesta “emergencia” en la frontera sur y la reversión masiva de las políticas de la era Biden fijaron el tono de un mandato orientado a la polarización interna y a la deslegitimación de los contrapesos institucionales.

Esa lógica se ha proyectado con especial intensidad sobre la arquitectura multilateral construida desde la Segunda Guerra Mundial. La retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París —por segunda vez— y, posteriormente, del propio tratado marco de Naciones Unidas sobre cambio climático, supone un hito de enorme gravedad política y simbólica: El mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero abandona el pilar central de la cooperación climática global. A ello se suma el memorando presidencial emitido en enero de 2025 ordenando la suspensión de la participación y financiación estadounidense en 66 organismos internacionales, muchos de ellos vinculados a clima, la gobernanza democrática, la igualdad de género o los derechos humanos. El mensaje es inequívoco: Estados Unidos renuncia voluntariamente a influir desde dentro en los estándares globales para imponerlos unilateralmente desde fuera.

Las consecuencias de este repliegue son dobles y profundamente interconectadas: Por un lado, debilita la coordinación científica, financiera y regulatoria imprescindible para afrontar la transición ecológica y la emergencia climática. Por otro, reduce la capacidad de Washington para contribuir a moldear normas, flujos de inversión y marcos regulatorios estratégicos, cediendo espacio a actores como China o potencias emergentes. La Unión Europea, consciente del riesgo sistémico que ello entraña, ha reiterado su compromiso con el multilateralismo climático incluso sin Estados Unidos en la mesa, asumiendo un coste político y económico nada menor.

Esta vocación de ruptura también ha encontrado su expresión más contundente en el ámbito económico. El 2 de abril de 2025, Trump anunció la imposición de un arancel universal del 10 % sobre todas las importaciones, acompañado de tarifas “recíprocas” de entre el 11 % y el 50 % para decenas de socios comerciales, incluidos la Unión Europea y China. Se trata de la acción proteccionista más agresiva desde la década de 1930, con efectos inmediatos sobre los mercados financieros globales, las cadenas de suministro y las expectativas de crecimiento. Lejos de fortalecer a las clases medias estadounidenses, estas medidas han incrementado la incertidumbre, encarecido bienes de consumo y provocado respuestas defensivas en múltiples países.

De otra parte, México y Canadá están sometidos a una presión constante bajo el pretexto del narcotráfico y la migración, y han vivido esta ofensiva de amenazas con especial intensidad. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha respondido con claridad: nadie gana en una guerra comercial. Al mismo tiempo, articuló represalias selectivas y abrió una negociación pragmática para salvaguardar los sectores cubiertos por el acuerdo comercial norteamericano. Con China, el año 2025 concluyó con una tregua extremadamente frágil tras episodios de escalada arancelaria inéditos y tensiones críticas en torno a minerales estratégicos y tecnología avanzada. El llamado “alto el fuego” comercial no ha eliminado los conflictos de fondo, y el riesgo de reactivación en 2026 sigue siendo muy elevado.

Esta visión securitaria, confrontacional y divisiva se ha extendido al ámbito migratorio y de seguridad interior. La declaración de un estado de emergencia permanente en la frontera sur ha servido de marco para ampliar deportaciones, acelerar procedimientos de expulsión exprés, restringir el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento y formalizar el uso de fuerzas militares en apoyo de operaciones migratorias. Todo ello se ha justificado mediante una narrativa de “invasión” que deshumaniza a los migrantes y normaliza la excepcionalidad jurídica. El resultado ha sido una cadena de choques institucionales, litigios constitucionales y una creciente erosión del Estado de Derecho.

El episodio más grave de esta escalada se produjo el 7 de enero de 2026, cuando una ciudadana murió abatida por agentes del ICE en Minneapolis durante un operativo migratorio. La versión federal de “autodefensa” fue rápidamente cuestionada por autoridades locales y por las imágenes grabadas por testigos. La posterior decisión del FBI de restringir el acceso estatal a las pruebas amplificó la crisis y evidenció hasta qué punto la política migratoria se ha convertido en un factor de desestabilización interna.

En el plano internacional, la presidencia de Trump ha profundizado la incertidumbre estratégica. En Ucrania, las pausas y reanudaciones en la ayuda militar durante 2025 han obligado a Europa a acelerar su autonomía en defensa, producción de munición y planificación estratégica. Aunque el Senado estadounidense terminó aprobando nuevos fondos, la ambigüedad del Ejecutivo ha debilitado la credibilidad del compromiso estadounidense. De ahí el giro europeo hacia iniciativas como ReArm Europe, el refuerzo del pilar europeo dentro de la OTAN y las coaliciones ad hoc lideradas por Francia y el Reino Unido, en un contexto de realismo duro respecto a Washington.

En Oriente Próximo, la instrumentalización de la política exterior con fines internos ha contribuido a agravar la polarización global. Incluso cuando la Casa Blanca ha reivindicado ceses del fuego o avances diplomáticos, Trump ha sido el cómplice necesario de Netanyahu, que ha impuesto un genocidio brutal en Gaza, y que ya se ha cobrado centenares de miles de víctimas. A todo esto, la Unión Europea no ha sido capaz de dar una respuesta clara , predominando un patrón de descoordinación con aliados y mensajes contradictorios que erosionan cualquier esfuerzo multilateral sostenido, como si todavía no se hubiera dado cuenta de que se encuentra en el punto de mira de Trump.

El caso más extremo de esta deriva ha sido la intervención militar en Venezuela a comienzos de 2026, culminada con la captura de Nicolás Maduro y con declaraciones de que Estados Unidos “administraría” el país durante una transición. La acción, condenada en el Consejo de Seguridad de la ONU, abre un precedente muy peligroso que normaliza la violación de la soberanía y debilita el derecho internacional. No está en cuestión que Maduro sea un autócrata corresponsable del deterioro institucional y social de su país. La cuestión central es que las “decapitaciones de régimen” impulsadas desde el exterior, lejos de generar más democracia, más estabilidad y más prosperidad, la experiencia histórica y las reacciones regionales indican exactamente lo contrario.

Venezuela además ha sufrido diversos antecedentes de acoso económico y político que demuestran que las intervenciones extranjeras nunca han traído libertad ni desarrollo sostenible a América Latina; solo han dejado más sufrimiento, dependencia e inestabilidad. En este caso, tampoco conviene engañarse: la ofensiva de Trump no responde a una súbita preocupación por los venezolanos, sino a intereses geopolíticos, energéticos y a la persistente obsesión por controlar el espacio latinoamericano. Conviene ser inequívocos: defender la democracia y los derechos humanos es incompatible tanto con regímenes autoritarios internos como con el imperialismo caníbal externo.

La amenaza de intervención por las armas en Groenlandia requiere mucho más que declaraciones de sorpresa y decepción. La Unión Europea debe ser consciente de que es el enemigo a batir, según la estrategia nacional de los EEUU y, por tanto, debe actuar en consecuencia liberándose de cualquier subordinación y con más autonomía estratégica, más Europa y más liderazgo internacional. Lo que está en juego en 2026 es, en última instancia, el modelo de convivencia internacional. El trumpismo articula cuatro vectores que se refuerzan entre sí: un proteccionismo que fragmenta la economía global, la criminalización de la migración que normaliza la excepcionalidad y la impunidad, el repliegue multilateral que cede liderazgo al imperio de la ley, y el uso instrumental de la fuerza que erosiona la legalidad internacional. El resultado es un mundo más inestable, con instituciones debilitadas y sociedades expuestas a crisis económicas, políticas y climáticas cada vez más frecuentes.

Europa debe responder a este nuevo escenario internacional con una estrategia madura y autónoma, estrechando relaciones económicas, políticas y diplomáticas con China, los países BRICS, América Latina, Canadá y otras economías afines, no desde la ingenuidad, sino desde el realismo estratégico. En un contexto de guerras comerciales y erosión del multilateralismo, diversificar alianzas no es un gesto ideológico, sino una necesidad histórica para defender los intereses europeos, proteger su modelo social y reducir vulnerabilidades externas. Fortalecer vínculos con China y los BRICS implica interlocución crítica y firme en derechos humanos, pero también cooperación en comercio, transición energética, innovación y estabilidad financiera global; profundizar la relación con América Latina supone reconectar con una región culturalmente cercana, clave en materias primas estratégicas, energía y democracia; y reforzar la alianza con Canadá significa apostar por un socio fiable, democrático y comprometido con el orden internacional basado en reglas. Una Europa que mire al mundo con autonomía estratégica, pluralidad de socios y vocación multilateral no se debilita: se fortalece frente a la lógica de bloques, el proteccionismo punitivo y la subordinación geopolítica.

La respuesta democrática y progresista no puede ser meramente reactiva. Exige liderazgo político capaz de combinar políticas redistributivas que enfrenten la desigualdad, cooperación internacional robusta para sostener bienes públicos globales y pactos sociales que reduzcan la polarización. Frente al autoritarismo y la desinformación, se precisa de más ciencia, más derechos y más instituciones. Frente al proteccionismo punitivo, se requiere integración inteligente y resiliente. Frente a la guerra cultural, defendemos una educación cívica y pluralismo. No hay atajos. La alternativa que impone Trump —un mundo de aranceles como armas, odios y deportaciones masivas como política represiva y golpes preventivos siguiendo la vieja doctrina Monroe— es exactamente el escenario que debemos evitar. Construir una alianza de civilizaciones, y una mayoría social comprometida con la gobernanza internacional justa, la cooperación y el Estado de Derecho es hoy la única salida responsable.

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José Manuel Corrales Aznar es profesor universitario y Gaspar Llamazares Trigo es concejal en Oviedo.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, pidió este lunes a la Unión Europea unas reglas digitales "equilibradas" antes de que Washington les rebaje los aranceles al acero. "Nuestra sugerencia es que la Unión Europea y sus ministros de Comercio consideren seriamente intentar analizar sus normas digitales, que intenten buscar un equilibrio, no descartarlas, pero encontrar el enfoque equilibrado que funcione con nosotros", declaró Lutnick ante la prensa tras participar en la reunión de ministros de Comercio de la UE, celebrada este lunes en Bruselas.

"Si logran ese enfoque equilibrado, que creo que pueden, entonces nosotros, juntos a ellos, abordaremos las cuestiones del acero y el aluminio", añadió. El político se pronunció en ese sentido tras ser preguntado si Estados Unidos quiere que la UE dé marcha atrás con algunas de sus normas ecológicas y digitales, entre las que figuran la ley de mercados digitales y la de servicios digitales, y a cambio estaría dispuesto a rebajar los aranceles impuestos al acero.

"Mi esperanza con respecto al sector digital es que la Unión Europea adopte nuestro asesoramiento y orientación, que presentamos hoy, resuelva algunos de los casos pendientes y cree un marco con el que nos sintamos cómodos", subrayó Lutnick.

Añadió que una vez que la UE establezca un marco con el que Washington se sienta "cómodo" y en el país norteamericano "lo entiendan" y se resuelvan "esos antiguos casos pendientes", Estados Unidos "podrá abordar el acero y el aluminio, intentar elaborar una lista y un modelo que funcione muy bien para la Unión Europea y que resuelva muchos de estos problemas de forma muy positiva". "Creo que estamos en el camino", declaró.

Lutnick también dijo que las normas digitales y "el equilibrio digital" son "la oportunidad más extraordinaria para la Unión Europea", y añadió que siete compañías estadounidenses han invertido cada una de ellas 500.000 millones de dólares en la construcción de centros de datos en el país norteamericano. "Esa oportunidad, si la Unión Europea puede encontrar el modo de tener un conjunto equilibrado de normas digitales, creo que la Unión Europea puede ver un billón de dólares en inversiones, y eso añadiría un punto y medio al PIB europeo", expuso.

"El comercio digital y encontrar ese equilibrio producirá tanta inversión en Europa, y ahora mismo, a Europa le falta esa inversión. Si lo hacen bien, entonces la escala de la inversión digital en Europa será maravillosa, como estamos viendo en Estados Unidos", continuó.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, afirmó, por su parte, que el problema común de Estados Unidos y la Unión Europea en lo referente al acero es el exceso de capacidad de producción global, y agregó que después de que la UE haya adoptado salvaguardas sobre el acero, ahora se cuenta "con todas las precondiciones para empezar este debate".

Sobre las normas digitales de la UE, insistió en que no son "discriminatorias" y que no se dirigen contra empresas estadounidenses. "Pero sabemos que esa es una de las cuestiones que Estados Unidos quiere debatir. Estamos preparados para responder al asunto, igual que Estados Unidos está preparado para responder a nuestras consultas y sugerencias sobre el acero y otros subsectores importantes para nosotros", comentó.