El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ya investiga la segunda filtración, a través de un canal de Telegram, de datos personales hallada por la Policía, que afecta a varios ministros, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al presidente de la Generalitat Cataluña, Salvador Illa, y a implicados en el caso Koldo.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el magistrado ha incorporado esta segunda filtración a la investigación que abrió la semana pasada sobre una primera difusión, que afectó a otros miembros del Gobierno como la vicepresidenta María Jesús Montero, los ministros Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente, Luis Planas, Diana Morant, Ana Redondo y Elma Saiz, y también exdirigentes del PP como María Dolores de Cospedal o Rafael Catalá, entre otros. Al abrir el procedimiento, el magistrado acordó mantenerlo bajo secreto.

La primera se produjo el pasado jueves desde un canal de Telegram con más de 92.000 seguidores. Los mensajes con esos datos aparecieron publicados a primera hora de la mañana por un usuario que se identifica en el canal con seudónimo y se republicaron por otro usuario una hora después.

Este sábado por la tarde se produjo la segunda brecha de seguridad, que afecta a datos personales como DNI, móvil, dirección de correo e incluso domicilio de la vicepresidenta Yolanda Díaz, del ministro Félix Bolaños, la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente catalán, Salvador Illa, o la líder de Podemos, Ione Belarra.

Entre los afectados también se encuentran periodistas, así como el ex número tres del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama, los cuatro investigados en el Tribunal Supremo por el denominado caso Koldo. Se investiga la difusión de datos personales también de unos 300 militantes socialistas y la página del Portal de la Militancia del PSOE se encuentra fuera de servicio.

La Policía Nacional puso en conocimiento de la Audiencia Nacional estos hechos, que podrían atentar contra la Seguridad del Estado. 

Tuve la oportunidad de estrechar mi amistad con Federico Mayor Zaragoza en 2001, cuando la Universidad de Granada reconoció con el título de Doctor Honoris Causa al profesor de farmacia que había sido su rector entre 1968 y 1972. Pude reconocer yo la honestidad con la que su alta e histórica personalidad, después de haber sido Ministro de Educación y Ciencia y Director General de la UNESCO, se había comprometido con las políticas que defendían los derechos humanos y los caminos nacionales e internacionales de la paz en el mundo. Alzaba su voz, además de con su militancia, con sus libros de poesía.

He recordado muchas veces una de sus advertencias en aquel discurso del Honoris Causa: vivimos en un mundo en el que cada vez hay más espectadores y menos actores. Se trata de una dinámica que afecta en su raíz a la articulación social. Resulta notable ver cómo en las diversas ofertas creativas se ha ido desplazando la cultura en favor del entretenimiento. Más que una conciencia que necesite ser dueña de sí misma para intervenir, se alimenta el ocio de los que se dejan llevar con facilidad por los aires de sus mundos particulares y halagados.

Esto tiene que ver con la trampa que supone el desprestigio actual de la política, una verdadera oferta para el enfadado y para el cómodo clientelismo de los abstencionistas. La frase de Federico Mayor se relaciona con las preocupaciones de Albert Camus ante una existencia narcisista de personas incapaces de asumir deberes. En realidad, si no asumimos deberes es porque estamos renunciando a nuestros derechos. Tenemos menos deberes porque hemos perdido la conciencia de los derechos que debemos exigir. Derechos y deberes van de la mano, y esa hermandad se rompe cuando los actores se convierten en espectadores y la cultura en entretenimiento.

Resultan llamativos, por ejemplo, los éxitos de las invitaciones a la abstención. Desde siempre y en todas partes, ha habido políticos que quisieron aprovechar sus cargos para hacer negocios particulares. Desde siempre y en cualquier parte, más en las dictaduras que en las democracias, hay partidos políticos e instituciones que castigan la corrupción y otros partidos e instituciones que la esconden y la amparan. Un mundo de actores políticos, conscientes de la responsabilidad de la soberanía popular, acude a votar en apoyo a las personas que pueden dignificar la convivencia y acabar con la corrupción. Un mundo de espectadores entretenidos llega incluso a admirar la capacidad negociante de los sinvergüenzas, convertidos en protagonistas del espectáculo. Y cuando no se llega a ese extremo, se cae en la renuncia y la irresponsabilidad, todos son iguales, yo me quedo en mi casa, conmigo que no cuenten. La abstención es una forma de protesta esperada por los corruptos, supone otra versión de la irresponsabilidad de una ciudadanía que deja de ser actora para convertirse en un patio de indignados o acomodados espectadores.

Abstenerse es renunciar. En medio de la cultura neoliberal, eso supone formar parte de los que quieren cancelar los servicios públicos del Estado y acabar con la fiscalidad solidaria para imponer los intereses de las élites económicas. Uno entiende el cansancio ante la política cuando hay partidos, medios de comunicación y jueces al servicio de los que intentan convertir la representación pública en un perpetuo escándalo. Una buena estrategia para dejar de hablar de sanidad, educación, derechos laborales, acuerdos internacionales e instituciones creadas en favor de la ciudadanía, la paz y la convivencia. Y si se consigue identificar la política con el negocio, cada vez se alejarán más de ella los sectores desfavorecidos. Hay muchos anzuelos antisistema preparados para su mordedura.

La vida cansa, es verdad. Al paso de los años uno puede renunciar a la esperanza y a la ética responsable, igual que hacen los abstencionistas. Por eso resulta hoy tan necesario el ejemplo de algunos viejos de la tribu. Federico Mayor Zaragoza ha muerto a los 90 años. Su forma de ser convirtió el tiempo vivido y la experiencia en buenas razones para luchar sin descanso, cada vez más comprometido con la política decente, los derechos humanos y la paz.

El presidente del Nuevo Consejo de RTVE, José Pablo López, ha recordado a los nuevos miembros que recientemente se han vivido en su seno episodios que "no deberían volver a repetirse" por el respeto que merece la Corporación, y les ha advertido de que el trabajo debe basarse en la colaboración. De esta forma se ha expresado López en una carta que ha dirigido a la plantilla este martes, un día después de tomar posesión de su cargo, al igual que lo hicieron los otros catorce consejeros en el Congreso de los Diputados.

Siempre que una nueva presidencia inicia su mandato en RTVE suele dirigirse a la plantilla con una carta cargada "de buenas intenciones", pero según el nuevo presidente "las mejores intenciones del mundo no sirven de nada si no van acompañadas de compromisos cuyo cumplimiento resulte verificable". Y por eso subraya los compromisos que adquirió durante su intervención en la comisión de nombramientos del Congreso de los Diputados.

Pero antes les pide a los trabajadores, a los sindicatos y al Consejo que "por respeto a la ciudadanía" se esfuercen por una radiotelevisión pública "alejada de la crisis permanente en la que se instaló hace tiempo". "Todos vosotros tenéis derecho a saber a qué ateneros y a no estar sometidos a los vaivenes continuos que se han producido en la dirección de la empresa. Tenéis derecho a una carrera profesional y a que la transparencia sea una norma básica".

Se compromete con la democracia en los informativos, con la construcción de una RTVE que sea relevante, con un nuevo mandato-marco, con la creación y además plantea una restructuración de los centros territoriales, una dirección propia para RNE y reforzar RTVEplay. "Mi compromiso es con todos y con una RTVE que no quede reducida a una pieza subsidiaria del sector privado", incide López, quien se despide refiriéndose a las buenas intenciones y a las dificultades de ponerlas en la práctica, y aludiendo también a unas palabras de Carlos Ruiz Zafón que "condensan la propia condición humana".

Estas son las frases de Ruiz Zafón: "La vida es la hipoteca del alma: aunque uno salga con buenas intenciones, ir avanzando implica cometer traiciones, con los demás o con uno. Hay quien tiene la fortuna de no caer demasiado en ello y quien directamente es un hijo de puta, pero el dilema sobre si hacemos o no lo correcto lo tenemos todos."

"Espero ser de los afortunados", concluye el nuevo presidente. 

El nuevo Consejo de Administración de RTVE ha tomado ya en su primera reunión la decisión de que Alfonso Morales regrese como secretario general de este órgano de dirección, cargo del que dimitió el pasado mes de marzo, cuando había división de criterios en el seno de la dirección de la Corporación.

Presentó su dimisión el pasado 27 de marzo en un Consejo en el que también acabaron cesados el que era en ese momento director de Contenidos Generales, es decir, José Pablo López, el actual presidente, y la que era presidenta interina, Elena Sánchez.

Morales fue secretario general de RTVE de mayo de 2021 a marzo de 2024 y presidente del Consejo de Administración de Telemadrid de 2016 a 2021, tal y como informa la Corporación. Licenciado en Derecho y doctor en Periodismo y Ciencias de la Comunicación, es experto en el sector de las telecomunicaciones: trabajó en el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y en la Dirección de Economía Digital de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (2012-2013).

De 2006 a 2012 fue asesor del Ministerio de la Presidencia para el sector audiovisual y telecomunicaciones, y entre 1998 y 2005 ejerció como técnico de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. De 1993 a 1997 ejerció la abogacía con especialista en Derecho Privado, cuenta con experiencia en legislación y mercado audiovisual, publicidad, análisis de audiencias, regulación jurídica de los contenidos, administración de empresas audiovisuales y protección de los menores en el ámbito audiovisual e internet.

En esta primera reunión, el nuevo Consejo ha designado como presidente a José Pablo López, después de que este lunes tomara posesión de su cargo, como lo hicieron los otros catorce consejeros. Estos son: Miquel Calçada, Esther de la Mata, Mercedes de Pablos, Rosa León, Teresa Martín, Mariano Minuesa, María Solana, Angélica Rubio, Sergi Sol, Marta Ribas, Eladio Jareño, Rubén Moreno, Ignacio Ruíz Jarabo y Marina Vila.

El diseño elaborado por Immanuel Kant de un programa para la paz perpetua cosmopolita se considera frecuentemente como ingenuo o “idealista”. Nada más lejos de la realidad. Kant es perfectamente consciente, para empezar, de que ninguna legalidad será suficiente para garantizar una paz verdadera mientras un “peligroso poder financiero” y su sistema de crédito potencialmente infinito puedan operar como acicates para la competencia y la beligerancia entre potencias. Además de una advertencia notable al respecto del estallido de las guerras mundiales en el siglo XX, podemos extraer otra lección del viejo filósofo: las coacciones económicas pueden tener efectos tan devastadores como una guerra. Lo formuló así un pensador bien diferente, Carl Schmitt: las nuevas formas de guerra económica convertirán las viejas formas de guerra militar en un juego de niños. ¿Qué quiere decir esto? Que hay políticas económicas que pueden ser tan letales para las instituciones y el bien común como la peor de las guerras.

El Gobierno de Ayuso ha decidido actualizar estas intuiciones kantianas y schmittianas de un modo muy sencillo: comprendiendo que la guerra definitiva a la universidad pública se realizará como asfixia económica.

La situación actual de las universidades públicas en la Comunidad de Madrid es “crítica”. En “pocos años” podría volverse “catastrófica”. No son exageraciones propagandistas. Son valoraciones de los rectores de las seis universidades públicas de Madrid. En un gesto sin precedentes, han convocado sesiones extraordinarias de sus respectivos Consejos de Gobierno y han emitido conjuntamente una durísima carta abierta a Isabel Díaz Ayuso sobre la infrafinanciación de la universidad. El rector de la UC3M y actual presidente de la CRUMA ha advertido que el presupuesto actual “compromete seriamente la actividad docente”. Una fuente implicada en la gestión de la consejería del gobierno regional añade: “Hagan lo que hagan, están muertas”. En la carta, los rectores advierten de que la universidad pública no tiene fondos suficientes para pagar los suministros, las nóminas o las infraestructuras. Es el resultado de 15 años de infrafinanciación. Este año los rectores pidieron un incremento del 18% para cubrir gastos mínimos; el Gobierno de Ayuso ofrecerá el 0,9%. Siguen los rectores: las universidades operan hoy con una subvención nominativa de cuantía inferior ¡a la de 2009! Los estudiantes, sin embargo, pagan una de las tasas más altas del país.

De la crisis a la catástrofe. Como decimos no es una casualidad: es una nueva forma de guerra contra las instituciones. Nadie toleraría hoy (al menos todavía) una guerra abierta o legal contra la universidad pública. Hágase entonces de la forma más letal: una guerra económica como forma más refinada de guerra política. La asfixia económica que denuncian los rectores no es un accidente o una dejación, sino un plan premeditado y ejecutado al milímetro. El objetivo: acabar con la universidad pública tal y como la conocemos, como operación concreta de un frente más amplio que se completa con la guerra a la educación obligatoria o la sanidad. El enemigo de esta guerra tiene un nombre: lo público. No es una metáfora o una figura retórica. Es un programa político.

La guerra en el campo de los hechos (cuantías contantes y sonantes en los presupuestos, ausencia de planes plurianuales) se prepara con la denigración en el campo de las palabras. El rector de la Complutense tuvo que reprender a Ayuso por afirmar que la universidad está “colonizada” por la izquierda y da los títulos “como churros”. La operación simbólica es evidente: Ayuso la ha aprendido, por cierto, de Donald Trump. Si en las elecciones americanas hemos presenciado cómo Trump, Musk y la alt-right trataban de identificar el mero hecho de ser hombre con el voto a favor de Donald Trump, para Ayuso lo público como tal se convierte en “ideológico”, “de izquierdas” o “comunista”. De esta manera, Ayuso renuncia a mantener una idea de lo público como, al menos, mínimo denominador común que garantice derechos universales o una idea compartida de bien común, y lo convierte en enemigo político. Revela así su propia posición de parte: para unos pocos, contra lo de todos.

Porque, evidentemente, hay más hechos en esta guerra. Con el voto en contra de los rectores e informes negativos, en Madrid acaba de aprobarse otra universidad privada más. Son ya catorce. Pronto triplicarán a las públicas. Madrid tiene ya más estudiantes de primer curso de Medicina en universidades privadas que en públicas. Por eso la Comunidad de Madrid será, parece, casi la única comunidad que no firme el programa María Goyri para la incorporación de profesores ayudantes doctor a la universidad pública: quieren a los jóvenes doctores formados en la pública produciendo beneficio en las privadas.

Todo esto no ocurre por casualidad, no ocurre a la vez solo en el espacio y en el tiempo: ocurre a la vez en el orden del plan, la intención y la voluntad. El plan: la universidad, para los pocos que puedan pagársela, para unos pocos y selectos apellidos o códigos postales. Ese es el programa: una suerte de nuevo neoliberalismo feudal. No son exageraciones retóricas. Ésta es la nueva y la más letal guerra jamás emprendida contra la universidad pública en nuestra región. Pero lo público reclama una paz que solo puede ser verdadera y garantizada. Trabajemos para ello.

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Clara Ramas San Miguel es filósofa, política y profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Estos días llega a las librerías su nuevo ensayo, 'El tiempo perdido. Contra la Edad Dorada. Una crítica del fantasma de la melancolía en política y filosofía', editado por Arpa.

La catástrofe ha sido de tales dimensiones que se ha superpuesto a cualquier otra cosa que esté sucediendo. Por un momento la realidad, con su séquito de cadáveres, se ha impuesto a la actualidad precocinada en los figones del poder y en el caos generado por la desconexión del ser humano con la naturaleza; se han alterado los protagonismos sobre un paisaje lleno de lodo y de coches destrozados convertidos en tumbas de chatarra por la fuerza mortífera del agua.

Entre tanto ruido y mentira se desdibuja el modelo de Estado. Cabría pensar dónde está nuestro concepto de lo público cuando se asume impunemente la insensatez que conforma el ideario del fascismo posmoderno que, con su mera presencia, mina el modelo de sociedad hasta convertirla en fallida.

El covid confinó, no a un país, sino a la práctica totalidad del planeta, y habría que recordar que desde la caverna político-mediática se calificó como un atentado a la libertad individual asumiendo que los ancianos de las residencias madrileñas estaban condenados a morir por el mero hecho de serlo.

Pasado el primer momento de esta nueva catástrofe se debería alcanzar el "Momento forense" en el que geógrafos, ingenieros, arquitectos, geólogos y también políticos, deberán abrir el cadáver social para discernir causas, efectos y comportamientos. La autopsia debería llevar a la determinación de la muerte y sus causantes y, más allá, la ciudadanía debería buscar, desde la empatía generada en el dolor, una sociedad más rica que la determinada por los mercados.

Quienes tienen sus coches apilados y sus enseres embarrados deberían ser los interlocutores para hablar de un modelo urbano adecuado a las personas por encima del mercado y la especulación y un modelo de movilidad racional acorde a la realidad geográfica que no es la enemiga a combatir sino el escenario a compartir.

En este momento de crisis se puede tomar el impulso que la naturaleza lleva años exigiendo, para avanzar hacia el equilibrio en el balance del ser humano con su medio.  

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Jesús Sampériz Maluenda es socio de infoLibre.

El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), José Luis Rodríguez, ha pedido una reforma legal que permita multar a los organismos públicos que incumplan las resoluciones firmes sobre información pública solicitada por los ciudadanos.

José Luis Rodríguez ha comparecido este martes en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados para presentar la memoria del consejo, que resolvió el año pasado 2.259 reclamaciones de solicitantes no conformes con la respuesta dada por entidades y organismos públicos a sus solicitudes de información pública, un 36,7% más que en el ejercicio anterior.

El Consejo de Transparencia, autoridad independiente de supervisión encargada de velar por el acceso a la información pública a nivel estatal, resolvió favorablemente –de forma total o parcial– en torno a 7 de cada 10 quejas e instó a la administración a facilitar la información que se le reclamaba.

En su comparecencia, el presidente del Consejo ha advertido del elevado número de casos en el que los organismos "obligados" no contestan en plazo a las solicitudes de información pública formuladas por los ciudadanos, y que por tanto se entienden denegadas por silencio administrativo, que en 2023 se situaron en el 33,7% en el ámbito estatal y se elevaron hasta el 85,4% en el ámbito autonómico y local.

Otra "patología grave", ha dicho, es la existencia de un porcentaje significativo de resoluciones que son firmes y plenamente vinculantes porque no se han recurrido y, sin embargo, no se cumplen. "No hay justificación posible para que las administraciones dejen sin ejecutar resoluciones firmes que les vinculan jurídicamente", ha indicado el presidente del Consejo de Transparencia, que considera que se trata de la mayor anomalía del sistema español de acceso a la información pública.

Por ello, ha pedido una reforma de la ley para poder imponer "multas coercitivas con el fin de asegurar el cumplimiento de sus resoluciones, con independencia de que también se pueda prever un régimen de sanciones para los casos más graves”.

En su comparecencia, Rodríguez Álvarez ha considerado que la Ley de Transparencia de 2013 tiene lagunas y deficiencias técnicas que se deben corregir y ha confiado en que se confirme el anuncio de una próxima reforma dentro de un anteproyecto de ley de Administración Abierta. Si no sale adelante en esta legislatura, ha advertido, "tendrá un coste político porque la demanda de más transparencia en los asuntos públicos está muy extendida entre la ciudadanía española".

¿Cuántas decisiones de ámbito público estamos dispuestos a dejar en manos de la inteligencia artificial (IA)? La mayoría de los ciudadanos, seguramente, estará de acuerdo con que los médicos puedan usarla para realizar mejores diagnósticos, pero quizá no todo el mundo esté de acuerdo con que decida quién debe tener prioridad en un trasplante. ¿Estamos dispuestos a permitir que la IA decida quién aprueba la selectividad, quién supera una oposición o quién tiene más derecho a recibir una subvención pública? ¿Debe ser la IA quien determine qué territorios merecen más inversiones en infraestructuras o si es mejor gasta más en educación que en sanidad? ¿Qué haremos cuando sea posible gobernar, tomar decisiones, a partir de lo que la inteligencia artificial considere mejor para un país?

En el futuro más inmediato asistiremos a una integración cada vez más intensa de la IA en el sector público. ¿La veremos decidiendo cómo se aplica la ley, se responde a emergencias o se gestiona el medio ambiente?

El debate en torno a la utilización de la inteligencia artificial en el sector público ya ha comenzado. Y las respuestas ni son fáciles ni parecen estar todavía al alcance de la mano. El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, que dirige José Luis Escrivá, cuenta desde hace un mes con una Estrategia de Inteligencia Artificial que, entre otras cosas, plantea abiertamente la utilización de esta tecnología en la administración pública.

En principio, a juzgar por el documento del Gobierno, todo son ventajas. “Una oportunidad para acercar la Administración a la ciudadanía y superar las brechas de acceso a la misma, prestando servicios públicos de calidad y asegurando que la ciudadanía pueda elegir el modo en que se comunica con la Administración”, sostiene en sus páginas. Y un modo de “proporcionar a los empleados públicos las mejores herramientas de acompañamiento, en la prestación de unos servicios públicos de calidad, propios de un Estado de bienestar maduro y una democracia avanzada”.

La idea es utilizar la IA generativa (la que es capaz de crear contenido nuevo, como texto, imágenes, música o datos, utilizando modelos entrenados en grandes cantidades de información existente) para “desarrollar una Administración abierta y moderna, optimizando las capacidades y la inversión en activos tecnológicos para generar servicios públicos inclusivos (…) garantizando la protección de datos y la seguridad de la información”.

El plan del Gobierno es quiere usar esta tecnología para analizar “grandes volúmenes de datos” para “mejorar la toma de decisiones en el desarrollo de políticas públicas”, la “eficiencia de la operación diaria de numerosos procesos administrativos” y detectar de forma “más precisa” los “problemas sociales”, hacer “mejores predicciones sobre el efecto de las políticas públicas” y automatizar procesos.

Ya existen ejemplos de aplicaciones prácticas. El Ayuntamiento de París utiliza IA para comprobar quién tiene derecho a ayudas sociales. El de la localidad sueca de Lidingö la usa para asesorar cuidados domiciliarios y residencias de ancianos. El Ministerio de Educación de Polonia ha implementado algoritmos para emparejar a los niños con las escuelas. El únicop límite es la imaginación.

El Gobierno español ya ha previsto financiar con 21 millones de euros un laboratorio dedicado a desarrollar “soluciones innovadoras para las entidades del sector público estatal” que la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) deberá revisar desarrollando “un esquema de buenas prácticas”. El ingeniero Ignasi Belda será el director de esta agencia, que empezará a trabajar este verano y tiene sede en A Coruña.

Es solo el principio de una práctica que promete soluciones pero también plantea serias dudas. ¿Quién decide los algoritmos? ¿Cómo podemos estar seguros de que son justos y de que no contienen sesgos?

El titular del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, José Luis Escrivá, lo expresaba esta misma semana: “Lo que tenemos que decidir colectivamente como sociedad es dónde ponemos los límites. Es decir: qué ámbitos de decisión nos los reservamos para nosotros mismos“. “Y no es evidente dónde están esos límites”, advirtió, “ni con carácter general, ni aterrizando a cada uno de los sectores o de las aplicaciones posibles”.

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ya advirtió de que se deben evaluar los múltiples campos en los que la inteligencia artificial puede tener efectos transformadores en sentido negativo, como en el combate a la discriminación, la participación política, las libertades civiles o el acceso a servicios públicos. Es necesario, señaló, un “esfuerzo concertado de los gobiernos y las corporaciones para establecer marcos eficaces de gestión de riesgos y barreras operativas”.

La lista de casos prácticos, algunos todavía hipotéticos pero otros muy reales, que plantean dudas sobre el uso de la IA es interminable. Amnistía Internacional ya denunció en 2020 el uso sesgado de modelos algorítmicos en los Países Bajos para evaluar el riesgo de que determinadas personas cometieran un delito o que estos delitos se cometieran en lugares específicos de la ciudad, lo que supuso la vigilancia masiva y discriminatoria a los habitantes de la localidad neerlandesa de Raermond procedentes de Europa Oriental bajo un claro sesgo racista que relacionaba país de origen con delincuencia.

“Las instituciones públicas de todo el mundo están acudiendo progresivamente a la utilización de sistemas de Inteligencia Artificial y a la colaboración público-privada en la revisión de solicitudes de ayudas sociales directas; para detectar posibles fraudes en bajas laborales; en la concesión de plazas en centros educativos públicos; en el apoyo y orientación en la búsqueda de empleo; en los programas de pago de impuestos... así como en la ‘predicción’ de delitos”, denuncia Amnistía.

Uno de los principales riesgos de la IA es precisamente la posibilidad de sesgo algorítmico, que puede dar lugar a decisiones injustas o discriminatorias. Muchos temen que la Inteligencia Artificial pueda ser pirateada o manipulada, lo que puede desencadenar un daño significativo para la seguridad y la privacidad de los ciudadanos en asuntos tan sensibles como la salud o la información financiera.

Se supone que la recién creada Aesia en España analizando tendencias, generando debate social, identificando buenas prácticas y riesgos emergentes y estableciendo buenas prácticas para promover modelos transparentes y abiertos.

Porque la desconfianza hacia la IA en la administración pública se fundamenta en su opacidad, que dificulta la comprensión y supervisión de cómo se toman las decisiones; en el temor a que se perpetúen o amplifiquen sesgos discriminatorios; o en su acceso al enorme volumen de datos que el Estado tiene de todos los ciudadanos. Hay temor también a que la dependencia excesiva de los sistemas de IA pueda reducir la autonomía y la capacidad crítica de los funcionarios públicos. Y está encima de la mesa la percepción de que las decisiones importantes se están tomando mediante sistemas de IA puede erosionar la confianza del público en las instituciones democráticas.

Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política de la Universidad del País Vasco y titular de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Universitario Europeo en Florencia, acaba de presentar el documento Inteligencia artificial y democracia, que la Unesco presentará en los próximos días. Un text que se hace eco de los “diversos problemas y desafíos para la democracia” que plantea la gobernanza algorítmica, en particular “la identificación de las tareas que pueden ser resueltas por un algoritmo sin dañar los valores democráticos y el conjunto de condiciones que aseguraran esa compatibilidad”.

“Quizás la única certeza política que retenemos hoy en día es que la política del futuro será muy diferente de la política en el pasado. No sabemos todavía con exactitud y aún es pronto para determinar si las nuevas tecnologías mejoran o hacen imposible la democracia, pero es un hecho que ya están impactando nuestra vida política y modificando dinámicas democráticas”. “¿Siguen teniendo valor y sentido los principios de autogobierno democrático en una esfera pública digital, automatizada y regida en buena parte por la gobernanza algorítmica? ¿Estamos ante un cambio de era que debemos simplemente aceptar o hay en este momento histórico oportunidades nuevas de democratización?”, se pregunta el documento.

“Gobernar es un acto algorítmico y lo será aún más, ya que buena parte de las decisiones de gobierno son adoptadas por sistemas automatizados”. El problema es “hasta qué punto (…) la utilización de sistemas de decisión automatizada es compatible con lo que consideramos un sistema político de toma de decisiones”. Y la respuesta, según el documento de la Unesco, es que “la gobernanza algorítmica puede ser un factor de democratización en algunos ámbitos y no tanto en otros. Sin olvidar que “en todo caso, por muchos datos que se hayan podido procesar, la decisión última en una democracia corresponde al pueblo, titular de la soberanía”.

Innerarity, en conversación con infoLibre, lo explica así: “La gobernanza algorítmica” es muy oportuna para “ciertas partes del proceso político y muy poco adecuada para otras”. La gran cuestión, subraya, es que los gobernantes identifiquen bien “qué partes son algoritmizables y cuáles no lo son tanto”.

Para explicarlo, le gusta poner un ejemplo real tomado de Nueva York. El ayuntamiento de la ciudad elaboró en su día un algoritmo para la distribución del alumnado en el sistema escolar y no fue hasta después de tenerlo que sus responsables se dieron cuenta de que antes debían decidir cuál era el mejor criterio: asignar plazas por proximidad o impulsar la mezcla social. “Las dos cosas son atendibles y son interesantes, pero no se llevan demasiado bien”, señala Innerarity. Conseguir un equilibrio entre esas dos variables “es una decisión política” que hay que tomar antes de decirle al algoritmo que proceda a distribuir a los alumnos.

“Más que temas inocentes y temas prohibidos, distinguiría entre partes del proceso de decisión. Hay un criterio que funciona bastante bien: en aquellas decisiones o problemas para los cuales es muy importante tener muchos datos y las soluciones son binarias, los criterios están claros y no hay incertidumbre, la inteligencia artificial nos va a ahorrar muchísimo tiempo, lo va a hacer mejor que nosotros, seguramente con menos sesgos”. Pero para aquellos problemas que llamamos “problemas salvajes, poco estructurados, donde hay una gran ambigüedad, donde hay un componente de apuesta, para eso la inteligencia artificial es poco inteligente”.

En el primer grupo de problemas, la recomendación de Innerarity es que “no compitamos con las máquinas” porque “lo van a hacer muy bien”. En el segundo, en cambio, en asuntos sobre los que hay pocos datos, poco tiempo o una gran ambigüedad, tales como convocar elecciones o aplazarlas, casarse ahora o dejarlo para más tarde, “las decisiones difíciles”, subraya, “las máquinas nos van a ayudar poco”.

En cualquier caso, el responsable de la cátedra florentina Inteligencia Artificial y Democracia es optimista. “Yo en este momento transmitiría un mensaje extremadamente positivo” frente a los mensajes “apocalípticos” que suelen acompañar las opiniones sobre la IA. La prueba “más evidente para las personas es la salud. El cruce de datos para hacer diagnósticos” o la capacidad de hacer “terapias más focalizadas en las enfermedades”. Y pone un ejemplo fácil de entender: la IA ya ve cosas en una simple radiografía que se escapan a los médicos más experiemtnados y que les pueden ayudar a hacer mejor su trabajo.

La clave del éxito de que “lo hagamos bien”, apunta, es que mantengamos la conexión entre las máquinas y los humanos, sobre todo teniendo en cuenta los sesgos de las primeras y de los segundos. “Ya los conocemos bastante bien, ya sabemos cuáles son unos y cuáles son otros. Por tanto, estamos en condiciones de que los unos corrijan a los otros”. Y también, por supuesto, que cualquier decisión, por mucho que sea tomada por el algoritmo, “tiene que ser entendida y aprobada por sus destinatarios. Si no, no estaremos en una sociedad democrática”, advierte.

Y ese entendimiento no es una responsabilidad que la gente deba asumir de manera individual, sino que tiene queebe ser asumida por instituciones. Algunas públicas, como la recién creada Aesia, y otras directamente en manos de la sociedad civil. “Lo importante es que haya supervisión”, que en la ecuación haya humanos “que den garantía de confiabilidad”.

Eso sí, advierte Innerarity: “No pensemos que porque haya un humano detrás, aquello va a carecer de sesgos”. Entendamos, en cambio, que “la inteligencia artificial también puede ponerse al servicio de la identificación de nuestros sesgos”.

El Estado moderno, recuerda, se fundó sobre la idea de tomar decisiones de manera “más objetiva, más procedimental, menos carismática. Que no dependiéramos para las decisiones del líder o de la ocurrencia momentánea, sino de un procedimiento tasado”. Y es ahí, en su opinión, donde hay que situar la IA, en un mundo en el que cada vez más “aumenta la complejidad de los asuntos”.

“Algunos han hablado de que entramos en una especie de cambio de régimen. No en el sentido en el que se dice en la trifulca política, sino en el sentido de que ahora van a gobernar en buena medida los algoritmos. Hay quien ha hablado de una gobernanza algorítmica, de una algocracia”.

“Lo que prometen el Big Data y la gobernanza algorítmica es que ya no va a haber muestras, sino que va a haber totalidades de población. Vamos a tener métodos muchísimo más rápidos, muchísimo más baratos, muchísimo más precisos, más exactos, y vamos a ser más capaces, esta sería la gran promesa, de conocer muy bien las necesidades y los intereses reales de la gente”.

A través de los datos, “la sociedad se nos puede hacer más legible, más comprensible, se puede hacer una mejor regulación, incluso se puede hacer una determinada anticipación de algunos problemas. Lo cual, dicho sea de paso, no está nada mal en un mundo en el cual casi todas las crisis nos están pillando por sorpresa”.

La gobernanza algorítmica nos hace “dos grandes promesas, una de objetividad y otra de subjetividad”, que hay que someter a la democracia. La primera es muy atractiva en tiempos de “polarización, arbitrariedad” y “enfrentamiento”. Los algoritmos son “menos vulnerables a los sesgos, por lo menos a los sesgos humanos y a los prejuicios que tantas veces tenemos los humanos”, así que con ellos “podemos medir mejor”. La segunda, la promesa de subjetividad, es que vamos a poder “conocer muy bien la voluntad de la gente”.

Pero cuando hablamos de democracia, “lo fundamental es el procedimiento y no tanto el resultado”. Y “procedimiento quiere decir la participación, la toma en consideración de los intereses de todos. Por eso no vale decir que tenemos aquí un sistema que nos permite prescindir de la gente porque le vamos a dar lo que quiere. La gente debe ser incluida en el proceso de toma de decisión”.

Innerarity subraya que “poder, intimidad, comunicación, atención, educación, democracia, van a significar cosas distintas” en el futuro, “como ocurrió con las grandes revoluciones de la humanidad. Nadie sabe cuál va a ser el resultado final. Pero “no es un meteorito que viene de fuera”, recuerda. “Aquí hay una tecnología de la cual los humanos nos apropiamos y podemos hacer cosas con ella”.

Por eso es tan importante la recién creada agencia de supervisión y otras instituciones que se vayan a constituir. Por eso es tan importante que las empresas y los gobiernos establezcan instrumentos de mediación”, para que los individuos no queden expuestos a tener que supervisar por su cuenta la IA. ”La única manera de resolverlo es generar instituciones que constituyan una red tupida, amplia, en virtud de la cual nosotros, individuos inexpertos y legos en esta materia, podamos decir: ‘Yo de esto me fío”.

El documento de la Unesco sobre IA redactado por Innerarity concluye haciendo varias recomendaciones para la gobernanza democrática de la inteligencia artificial. Desde medidas de educación y concienciación (evitar exageraciones tanto positivas como negativas e informar a los ciudadanos acerca del alcance real de las transformaciones tecnológicas y sus implicaciones) hasta la aprobación de medidas regulatorias evaluando las tecnologías desde una perspectiva democrática, considerando su impacto en la distribución de poder.

Hace falta “garantizar el pluralismo en todo el proceso de inteligencia artificial, desde la diversidad de género en el diseño de los sistemas hasta la mitigación de sesgos en los datos”, así como “democratizar la gobernanza de la IA, abriendo el proceso de toma de decisiones a nuevos actores como regiones, ciudades, actores privados y la ciudadanía en general”. Es preciso “asegurar la participación pública, la supervisión y la evaluación independiente de los sistemas de IA y de protección de datos”.

Y eso por no hablar de la inteligencia artificial general, con capacidad de entender, aprender y aplicar conocimientos de manera similar a un ser humano, que algunos predicen para dentro de muy poco tiempo. “No creo yo que vayamos a tener una inteligencia artificial que nos supere“, dice sin titubear Daniel Innerarity. “No lo veo verosímil por la propia naturaleza del asunto”.

El 90% de las universidades públicas son consideradas transparentes y ninguna de ellas es calificada como opaca, mientras que el 23% de las universidades privadas son calificadas como transparentes, según ha informado Europa Press.

Así lo refleja el informe de transparencia y buen gobierno de las universidades españolas, Examen de transparencia 2021, elaborado por la Fundación Haz, que reconoce el "avance en la transparencia" de las universidades públicas. El estudio analiza la información que publican de manera voluntaria en la web las 49 universidades públicas y 26 privadas españolas, acerca de su personal, gobierno, consejo social (públicas), titularidad (privadas), oferta y demanda académica, información económica o resultados, entre otros indicadores.

La información más opaca de estas últimas es la referida al área económica, donde tan solo un tercio (33%) publica dichos datos. La principal responsabilidad de esta falta de información económica, recuerda el documento, recae sobre los órganos de gobierno de las universidades privadas, como consejos de administración, patronatos o cancillería.

En este sentido, la publicación afirma que "no puede extrañar que la opacidad en relación con la titularidad de las universidades privadas, información que solo proporciona un 46% de ellas, tenga su reflejo en la ausencia de datos económicos". "Esta correlación es particularmente evidente en las universidades cuyo titular es una sociedad mercantil, pues presentan los mayores grados de opacidad de todas las universidades, públicas y privadas", añade.

Para el director de la Fundación Haz y coautor del informe, Javier Martín Cavanna, la Ley de Reforma Universitaria de 1983 creó los consejos sociales "con el fin de evitar que la universidad se constituyese en un patrimonio de los actuales miembros de la comunidad universitaria y se convirtiese en un auténtico servicio público referido a los intereses generales de toda la comunidad nacional y de sus respectivas comunidades autónomas".

No obstante, ha advertido de que no se ha "avanzado nada en estos 40 años", ya que, a su juicio, la mayoría de los consejos sociales "son estructuras de gobierno y supervisión de papel, sin recursos económicos y humanos y con una composición en la que la mayor parte de sus miembros no son independientes".

El informe ha analizado todos los presupuestos de los consejos sociales de las universidades públicas, llegando a la conclusión de que estos, en la mayoría de los casos, son "paupérrimos".

Las diferencias en la financiación son notables con solo cinco universidades (Girona, Gran Canaria, La Laguna, Lleida y Rovira i Virgili) que igualan o superan el 0,3 de porcentaje en relación con el presupuesto total de la universidad. Las últimas posiciones las ocupan Granada, Sevilla y Zaragoza, con un 0,02%, seguidas de la Complutense de Madrid, con un 0,03%, y de la Autónoma de Madrid y Barcelona, con un 0,04%.

Si a lo anterior se suma que prácticamente el 50% de los consejos sociales no cuenta con una partida de gastos de personal, el documento concluye que estos órganos "no tienen recursos suficientes para desarrollar, de una manera adecuada, sus funciones de gobernanza y rendición de cuentas".

"Si existe voluntad real de que los consejos sociales puedan realizar una función eficaz para servir de puente entre la sociedad y la universidad actuando de palanca para que esta progrese en la excelencia, es urgente dotarles de recursos económicos y humanos, de un mayor compromiso con la rendición de cuentas y de una composición de sus miembros más independiente", ha explicado Ángel Luis Ladrón de Guevara, coautor del informe.

Los autores del informe han destacado que "lo más preocupante" es que el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario "solo contribuirá a ahondar, aún más, el frágil y defectuoso sistema de gobernanza de la universidad".

El proyecto de Ley, a su juicio, pretende aumentar la financiación pública "sin mejorar el sistema de gobierno ni fortalecer la rendición de cuentas". "Si el proyecto consigue salir adelante, con el consiguiente aumento de gasto, sin duda atenderá el interés privado de la comunidad universitaria, pero no el interés público", concluyen los autores de Examen de transparencia 2021.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado este viernes que en septiembre organizará una "gran movilización en Madrid" para "trasladar al Ejecutivo el malestar" de los empleados públicos y exigir una actualización de sus salarios ante el repunte de la inflación, que en junio se situó en el 10,2% y en el 5,5% en el caso de la subyacente, informa Europa Press.

El sindicato también incluirá en esas protestas a los trabajadores de la empresa privada y al resto de la ciudadanía, según ha informado en un comunicado.

CSIF acusa al Gobierno de ignorar "las legítimas reclamaciones salariales de trabajadoras y trabajadores, tanto de la empresa privada como de las administraciones públicas" e insta al Ejecutivo a "dar ejemplo a la empresa privada" con una subida salarial en las administraciones.

El sindicato lamenta la posición del Grupo Parlamentario Socialista que al término del debate sobre el estado de la nación votó en contra de una propuesta de resolución planteada por Unidas Podemos en la que se planteaba la actualización de las retribuciones de los empleados públicos. Esa revisión elevaba los salarios de acuerdo con la inflación prevista más un porcentaje que permitiera recuperar en dos años la pérdida del poder adquisitivo de 2022.

Asimismo, CSIF recuerda que los socialistas rechazaron en bloque otra propuesta de resolución en la que se reclamaba un Pacto de Estado por los servicios públicos. Ante esa posición, el sindicato ha manifestado su preocupación "por el deterioro de los servicios públicos en ámbitos fundamentales del Estado del Bienestar".

Para mejorar los servicios públicos, como la sanidad o la educación, CSIF pide reforzar las plantillas y poner fin a la tasa de reposición, además de mejorar la inversión.

Unidas Podemos llevará al Pleno del Congreso de la próxima semana su proposición de ley que contempla la creación de una empresa pública de energía, que bautizan como Producción Eléctrica Española (EPE). Esta es, junto con la reforma del mercado y el recorte de los llamados 'beneficios caídos del cielo', una de las principales propuestas del grupo confederal para combatir la escalada de los precios de la electricidad, opción no contemplada por la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Su examen ante el Pleno de la Cámara Baja tendrá lugar apenas una semana después del debate de otra iniciativa en la que los socios de Gobierno han separado su voto, el de las propuestas de Unidas Podemos para la reforma fiscal, no apoyadas por el PSOE. La idea de esta formación es que la empresa pública de energía asuma las concesiones de centrales hidroeléctricas que vayan caducando, pero también impulse nuevas instalaciones de energía renovable.

Además de propiciar una rebaja en la factura de la luz, Unidas Podemos plantea que la nueva sociedad colabore con las empresas públicas municipales ya creadas o que puedan crearse para comercializar y gestionar su suministro energético.

Argumentan que, si la media en la OCDE de participación pública en las empresas energéticas es del 40%, en España se queda en el 5%, siendo el segundo mercado eléctrico más privatizado, sólo por detrás de Portugal, y que otros países como Francia, Italia, Suiza, Países Bajos, Austria o Finlandia cuentan ya con una empresa pública de energía.

Por otro lado, defienden la gestión pública de las centrales hidroeléctricas, tanto por su efecto en el mercado como en su gestión medioambiental, recordando que algunas de las concesiones, como la de Ricobayo (Zamora), protagonista el pasado verano por su vaciamiento por parte de Iberdrola, ya podía haber sido recuperada en 2011.

Según los datos del Observatorio de Sostenibilidad, alrededor del 7% de las concesiones, en términos de volumen embalsado, ya han expirado y, sin embargo, a muchas de las centrales se les ha extendido la concesión de forma automática. Hasta 2030 la previsión es que otro 8% puedan ser recuperadas. Sin embargo, ha lamentado la ausencia de un registro público para conocer estos vencimientos, para el cual prevén su creación en la nueva ley.

Según Red Eléctrica, en España hay instalada 17.098 megavatios de potencia hidroeléctrica, controlada fundamentalmente por Iberdrola (9.715 MW), Endesa (4.793 MW) y Naturgy (1.951 MW). Por sus características, esta tecnología permite almacenar y planificar cómo y cuándo generar electricidad con sus bombeos y turbinados, para maximizar la generación de energía.

Precisamente la energía hidroeléctrica ha sido especialmente señalada durante esta crisis de la electricidad, no solo por Unidas Podemos, que exige recuperar todas las concesiones según vayan caducando, sino por la propia Teresa Ribera, que en el Congreso llegó a lamentar la falta de "empatía social" de las compañías y cuestionó maniobras como el vaciado de embalses para maximizar beneficios en este contexto.

La vicepresidenta de Transición Ecológica destacó cómo la hidroeléctrica había marcado en verano el precio máximo en más de la mitad de las horas de los últimos meses (entre un 59% y un 65% desde junio, en plena escalada récord del precio de la electricidad). Una tecnología que, además, no incorpora en su generación ni gas natural ni derechos de emisión de CO2, dos de los factores a los que se han aludido para explicar el encarecimiento del precio de la electricidad en toda Europa.

Desde esta formación asumen que la creación de una empresa pública de energía es de una medida "estructural" con efectos a medio plazo, pero en septiembre, mes en el que impulsaron esta iniciativa, proponían establecer un precio fijo al megavatio nuclear y un precio máximo a la energía hidráulica, con menores costes variables y, por tanto, con mayores márgenes de beneficio en la escalada de precios.

Pese a que en un primer momento Ribera descartó una intervención en los precios, atendiendo al derecho comunitario, en octubre aprobó un decreto ley para limitar los precios del gas natural y recortar los ingresos de las eléctricas para descontar el sobreprecio del gas, un recorte posteriormente suavizado.

En todo caso, Unidas Podemos considera que sus propuestas son compatibles a la normativa europea y pone el ejemplo del sistema ARENH de Francia, con un precio fijo a la energía nuclear, pero también al precio con el que se retribuye la generación fotovoltaica y eólica en España.

El empleo público languidece en España. Desde el inicio de la crisis, en el año 2008, son casi 50.000 los puestos que se han perdido en el sector –contando las administraciones estatal, autonómica y local–, y la cifra asciende a más de 150.000 si se compara con los años 2010, 2011 y 2012, los que registraron un mayor número de empleados públicos en España. En general, todos los departamentos han reducido personal en los últimos años, aunque los hay que se han salvado del recorte: el número de policías nacionales, funcionarios de prisiones, magistrados y jueces o profesores universitarios ha crecido en comparación a 2010, aunque no en la misma proporción.

En enero de 2017, el número de personas empleadas en el sector público por las administraciones o en alguna de las universidades públicas españolas ascendió a 2,52 millones: 522.412 en la administración estatal, 1,3 millones en las autonómicas, 543.110 en la local y poco más de 150.000 en el sector universitario. La cifra ha crecido en más de 200.000 trabajadores desde 2002, el primer año del que Hacienda ofrece estadísticas, pero se trata de un 6,5% menos que en 2010, cuando las administraciones contaban con una plantilla de casi 2,7 millones de empleados. Son fundamentalmente el Estado y los ayuntamientos quienes han reducido su número de trabajadores.

El Ministerio de Defensa es uno de los grandes beneficiados de las nuevas cuentas del Estado. Aprobados en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado 'heredados' del Gobierno anterior, Defensa cuenta con un presupuesto un 10,7% más alto que el del año pasado, que ya fue un 32% más alto que el incluido en las cuentas de 2015. Se trataría de un empujón para unas Fuerzas Armadas que, si bien han perdido personal con respecto a su cifra más alta de empleados, no han sufrido tanto como otros departamentos del sector público.

2010 fue el año en el que se alcanzó el pico de empleados públicos en los últimos 15 años en España, y las Fuerzas Armadas no fueron una excepción. Según los datos estadísticos difundidos por el Ministerio de Hacienda, el ejército contaba entonces con 132.486 asalariados, frente a las 120.648 personas que trabajaban para las Fuerzas Armadas en enero de 2017. Eso implica que, en términos relativos, el ejército ha perdido desde 2010 un 8,9% de sus efectivos.

La Agencia Tributaria y la Seguridad Social, a la baja

Pero ese recorte es mínimo en comparación con el que han sufrido otros departamentos del sector público. Quienes más han visto adelgazar sus plantillas han sido los ministerios y sus organismos autónomos, que han pasado de tener 133.776 empleados en 2010 a contar con apenas 105.877 en enero del año pasado, un tajo del 20,9%. Y ni siquiera la de hace siete años fue la cifra más alta: los recortes en personal comenzaron en 2009, cuando se inició la crisis, ya que la plantilla se redujo en más de 12.000 personas en solo uno año: de los 146.542 empleados de 2008 se pasó a poco más de 134.000 en 2009. Hacienda no ofrece cifras detalladas sobre el personal en cada ministerio.

Suerte similar han corrido las instituciones de carácter local: ayuntamientos, diputaciones, cabildos (en Canarias) y consejos insulares (en Baleares). Los consistorios han pasado de tener 580.869 trabajadores en 2010 a contar con casi 100.000 menos en enero del año pasado (una reducción del 17,1%), mientras diputaciones, cabildos y consejos han visto reducido su personal en casi un 20% desde 2010: de poco más de 77.000 empleados, han pasado a tener solo 61.790. Y las consejerías de las comunidades autónomas han sufrido un recorte parecido: en enero del año pasado tenían un 14,9% menos de trabajadores que en 2010 (209.629 frente a 246.321).

Otros organismos también se han visto seriamente perjudicados por la reducción de sus plantillas en los últimos años. Buen ejemplo de ello es la Agencia Tributaria, cuyos sindicatos denuncian habitualmente la falta de personal como una de las lacras que lastran actividades como la persecución del fraude fiscal. Entre 2002 y 2012, la plantilla de la Agencia Tributaria se mantuvo prácticamente estable entre 27.000 y 28.000 trabajadores, alcanzando un pico de 28.050 empleados en el año 2009. Pero, desde 2012, el organismo ha perdido paulatinamente buena parte de su personal hasta acabar, en enero de 2017, con 25.122 trabajadores, el dato más bajo en 15 años y casi un 10% menor al registrado en 2010.

Sanidad y Educación se estabilizan

Incluso mayor es la pérdida de personal de administración de la Seguridad Social, dependiente del Estado: de los 30.462 empleados públicos de 2010 se ha pasado a 26.538, un 12,9% menos. Por el contrario, en lo relativo al personal empleado en las instituciones sanitarias –que computa como parte de las administraciones autonómicas– apenas hay reducción con respecto a 2010: entonces eran 490.351 los trabajadores, y en enero del año pasado ascendían a 490.509. La diferencia es algo más grande si se compara con 2012, el año en el que el Sistema Nacional de Salud empleó a más personas con un total de 505.185 trabajadores.

La educación también se ha recuperado en los últimos años del tajo que recibió durante la crisis a nivel de personal. Las comunidades autónomas tenían contratadas a 549.171 personas en 2010 para realizar labores de "docencia no universitaria", y ese nivel se mantuvo más o menos estable hasta 2013, cuando sufrió un recorte repentino de casi 23.000 puestos que dejó la plantilla en 527.469 empleados. No obstante, desde 2015 las cifras se han recuperado y en enero de 2017 el número de contratados ascendía a 542.582, un 1,2% menos que en 2010.

El personal empleado en las universidades en enero de 2017 es más difícil de comparar con 2010, ya que en el año 2012 Hacienda decidió cambiar la metodología de recuento y pasó de contabilizar menos de 100.000 trabajadores a más de 150.000. Ese año 2012 fue el que más personal trabajó en las universidades públicas: un total de 154.881 personas, de las cuáles 100.511 eran docentes y el resto, empleados de otra índole. Los recortes hicieron que la cifra se quedara por debajo de los 150.000 trabajadores en 2013, 2014, 2015 y 2016, y solamente se ha recuperado esa cantidad en 2017, cuando se registraron 150.287 empleados en las universidades públicas: 98.042 docentes y 52.245 no docentes.

Las fuerzas de seguridad y los jueces y fiscales crecen

En el otro lado de la balanza, hay departamentos cuyas reducciones de personal han sido mucho más suaves o que arrojan, incluso, un saldo positivo con respecto a 2010, el año en el que más personas trabajaron para el sector público. Es el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una categoría que incluye a la Policía Nacional y la Guardia Civil y que cuenta con un 1,3% más de personal que ese año. Si en 2010 el número de empleados en este departamento ascendía a 137.087, en enero del año pasado eran un total de 138.883 los agentes contratados (74.395 en la Guardia Civil y 64.488 en la Policía), aunque el pico se produjo en 2012, cuando ambos cuerpos tenían conjuntamente un total de 148.187 empleados en nómina.

Hacienda también ofrece cifras relativas a las comunidades autónomas que cuentan con policía propia –Cataluña (Mossos d'Esquadra), Navarra (Policía Foral), País Vasco (Ertzaintza) y Canarias (Policía Canaria)–, si bien el desglose no detalla cómo ha variado el personal de cada uno de los cuerpos por separado. En este caso la cifra conjunta de agentes también ha aumentado desde 2010: en enero de 2017 trabajaban en las fuerzas de seguridad autonómicas un total de 25.723 personas, un 3,5% más que las 24.860 de 2010. No obstante, los registros están aún por debajo de los de 2012, el año en el que las policías autonómicas emplearon a más personal con un total de 26.572 trabajadores.

Lo mismo ocurre con el personal de centros penitenciarios, que ha crecido un 2,3% desde el año 2010 hasta llegar a los 23.106 empleados en enero del año pasado –en torno a 900 menos que en 2014–. En una proporción similar ha aumentado el número de trabajadores de la administración de justicia, que se sitúa un 1,9% por encima de los niveles de 2010 con los 24.424 que estaban en nómina el año pasado. La mayor parte de ellos (15.021) son personal administrativo y de otra índole, mientras que Justicia tiene contratados 6.499 magistrados y jueces (323 menos que en 2015, el año en el que más hubo) y 2.904 fiscales (cerca de los 3.098 de 2012, máximo histórico). Pese a ello, las asociaciones judiciales y de fiscales tienen como una de sus quejas más habituales la escasez de personal para asumir la carga de trabajo de la Justicia.

Los trabajadores de RTVE han aprovechado el estreno de la selección española de fútbol en el mundial de Rusia para usar símiles de ese deporte en las reivindicaciones del octavo Viernes Negro contra la manipulación y el bloqueo en el Parlamento a la renovación de la dirección de la empresa. "Tarjeta Roja y Expulsión" es el lema escogido, que va acompañado con la imagen de la tarjeta que deja fuera del partido al infractor. Aunque apenas se nombra al PP en los cientos de mensajes, las alusiones a su intento de obtener una mayoría que decida el proceso, muy por encima de su representación real, es señalada como falta de juego limpio, y a esa formación van dedicadas las tarjetas rojas.

La actitud del Partido Popular en la Mesa del Congreso, el pasado martes, cuando pretendió obtener una mayoría decisiva en el proceso de cambio de RTVE, muy lejos de la que le corresponde por representación parlamentaria, produjo desolación entre los trabajadores de la corporación, que lo interpretaron a preguntas de infoLibre como un intento de no soltar el control de ese medio público.

Para conseguir su propósito utilizaba dictámenes jurídicos, cuando se trataba de una decisión política, que dejaba fuera de juego a las minorías. El intento, calificado por fuentes internas de la Corporación como "filibusterismo parlamentario", ocasionó el inmediato refrendo de los acuerdos de marzo, firmados por todas las formaciones políticas, a excepción del PP, y que obligaba al consenso no excluyente para la puesta en marcha de la ley, frente a la hegemonía pretendida por esa formación en solitario.

Los hechos que acabamos de relatar están dominando las concentraciones y mensajes de este octavo Viernes Negro, desde las convocatorias de los sindicatos CCOO, UGT, CGT y CNT, a los llamamientos de los Consejos de Informativos, o el colectivo MujeresRTVE.

Como es habitual, la primera imagen de luto estuvo protagonizada por Mara Torres, al frente de La2Noticias, y continuada por las presentaciones y conexiones del Canal 24 Horas; por primera vez, María Casado apareció de negro en Las Mañana de La 1, mientras llegaban mensajes de apoyo de otros medios y asociaciones profesionales, líderes políticos y personajes populares, como la cantante Rozalén.  También, y como en jornadas anteriores, el asunto figura entre las tendencias más nombradas en Twitter; en la mayoría de los mensajes se utilizaban símiles futbolísticos para denostar la situación actual de RTVE, a la espera de que, en la reunión de la Mesa del Congreso del próximo martes, el PP se una al consenso de todos los demás partidos, o al menos abandone el bloqueo que hasta ahora mantiene en vía muerta la renovación de RTVE.

El diario digital Público denunció este martes amenazas de un alto mando policial. En concreto, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago amenazó a la periodista Patricia López con "hacer las cosas a las bravas", según las grabaciones difundidas, por publicar que había sido destinado a la embajada española en Países Bajos, donde también trabaja su esposa, con una dieta de 10.000 euros. El agente, según la versión del diario, instó a retirar las referencias a su esposa y llegó a señalar: "Es que imagínate si llega a aparecer. Si llegas a poner algún dato de ella, ya te digo yo que hubieras tenido problemas serios, pero personales". 

La información de 2015 que despierta la reacción de Fuentes Gago es la que le señala como máximo responsable de la investigación al entonces comisario José Villarejo para discernir si sus negocios y puestos de consejero eran incompatibles con la labor policial. El procedimiento se saldó con la exoneración completa del implicado y, según Público, el inspector fue enviado con una dieta de 10.000 euros a la embajada española en Países Bajos, donde también trabaja su esposa. Fuentes de la Policía citadas por el diario se quejaron de que un agente de menor rango investigara a un comisario.

Pese a que otros medios habían publicado el nuevo destino del inspector, la referencia a su mujer hizo que Gago considerara que la pieza interfería en su vida privada, explica la cabecera. "Ella tiene un disgusto del copón, hombre. ¡Qué tiene que salir ella! Pero si ella es una tía que lleva 20 años en la Policía trabajando todos los días sin hacer daño a nadie. ¿Por qué tenéis que ser así? De verdad te lo digo. ¿Por qué? Me cago en la leche. Lo vais a convertir en algo personal, eh...", le dice el policía a la informadora, según las grabaciones. 

La periodista asegura al inspector que no se trata de "algo personal", sino que "las embajadas han sido utilizadas por los altos mandos policiales para premiar a sus agentes", como explica el artículo. "Te vas allí porque está tu mujer y encima está remunerado por 10.000 euros", espeta López al agente. Posteriormente, Fuentes Gago vuelve a amenazar veladamente a la informadora, como muestran las grabaciones, con desvelar sus datos personales, aunque insiste en que es "un ejemplo": "Yo no sé si me hará caso un juez, que supongo que no, porque aquí… lo cual vendrá bien porque podremos dar los datos: 'La abogada Patricia López, compañera sentimental del abogado'… y dirás tú, qué tiene que ver", afirma el policía. 

La directora de Público, Ana Pardo de Vera, aseguró en una entrevista en Radiocable recogida por el periódico que no están recibiendo "ningún apoyo" tras las amenazas denunciadas. "Ha sucedido lo previsible: este señor era el número dos de Eugenio Pino y fue el que introdujo a Daniel de Alfonso, por lo tanto, es parte implicada de las conversaciones donde se trataba de fabricar pruebas contra Podemos y líderes independentistas", explicó la periodista. 

Pardo de Vera anunció que no hablará con la Asociación de Periodistas de Madrid (APM), ya que "no nos hicieron caso" al pedir amparo cuando la policía fue a la redacción del digital a pedir las grabaciones de Fernández Díaz sin orden judicial, aseguró. 

Facebook es la red social por excelencia. El 90,5% de los internautas españoles la usan, según el barómetro del CIS de septiembre de 2014. Y los usuarios utilizan cada vez más las redes para informarse. Ello se refleja en el importante crecimiento que están experimentando las páginas de los medios en Facebook: en España ya hay 14 periódicos digitales que tienen más de 100.000 seguidores en dicha red.

La clasificación la lidera con claridad El País, que el pasado viernes 3 de julio tenía más de 1,73 millones de seguidores. Otros dos periódicos superan la barrera del millón: El Mundo (1,17 millones)  y Público(1,0 millones). Y a continuación se sitúan 20 Minutos y Abc, ambos con más de medio millón de seguidores.

En los siguientes puestos aparecen El Confidencial (372.000), El Huffington Post (294.000), El Periódico (287.000) y La Información (254.000).

infoLibre cuenta con más de 230.000 seguidores en Facebook y se sitúa así entre los diez periódicos digitales más populares en esa red social.

La clasificación de los periódicos con más de cien mil seguidores la completan eldiario (224.000), La Vanguardia (192.000), El Plural (177.000) y La Razón (165.000).

Cambio radical en dos años

El panorama de los periódicos en Facebook ha cambiado de forma muy notable en dos años. El 4 de octubre de 2013, el periódico con más seguidores en la red social era Público, que tenía 424.000, y el segundo puesto lo ocupaba El País, con 321.000.

Entonces sólo había otros cuatro medios digitales con más de cien mil seguidores en Facebook: La Información (229.000), El Mundo (170.000), Abc (143.000) y eldiario (108.000).

infoLibre tenía en aquel momento pocos meses de vida –este periódico nació el 7 de marzo de 2013– y contaba con 20.000 seguidores en la red social. En los escasos dos años transcurridos desde entonces se han multiplicado por once.

IU se mueve entre la contención y el enfado abierto por las durísimas palabras de Pablo Iglesias contra la federación. Las críticas que vertió el secretario general de Podemos contra algunos dirigentes en una entrevista –que posteriormente matizó en la Cadena Ser– no han sentado nada bien en el seno de la organización capitaneada por Cayo Lara, donde algunos sectores piensan incluso que responden a una estrategia premeditada destinada a hacer daño a IU.

La polémica saltaba el pasado jueves, cuando en una entrevista publicada en los digitales Público y Crític, Iglesias cargaba duramente contra el arquetipo de "típico izquierdista tristón, aburrido, amargado" que, a su juicio, encarnan algunos de los cargos de IU. "Sigue viviendo en tu pesimismo existencial. Cuécete en tu salsa llena de estrellas rojas y de cosas, pero no te acerques, porque sois precisamente vosotros los responsables de que en este país no cambie nada. Sois unos cenizos", criticaba el secretario general de Podemos. 

"No quiero que cenizos políticos, que en 25 años han sido incapaces de hacer nada, no quiero que dirigentes políticos de IU, y yo trabajé para ellos, que son incapaces de leer la situación política del país, se acerquen a nosotros. Seguid en vuestra organización. Presentaos a las elecciones, pero dejadnos en paz", pedía Iglesias en la entrevista, en la que sostenía que "podéis cantar La Internacional, tener vuestras estrellas rojas [...], pero no quiero hacer política con eso". 

Las palabras cayeron como un jarro de agua fría en IU, cuyo candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, estuvo el miércoles discutiendo con Iglesias las posibilidades de converger en un frente común para las elecciones generales. En la reunión, el líder de Podemos se reafirmó en la posición de concurrir en solitario a los comicios y fue muy taxativo al rechazar cualquier acuerdo con IU, si bien Garzón se mostró convencido de que la confluencia "está más cerca" en la medida en que están abiertos los canales de diálogo y confió en que el "tiempo" que queda hasta las generales haga cambiar de opinión a Iglesias.

IU seguirá buscando puntos de encuentro

Unas acusaciones tan duras por parte de Iglesias, sin embargo, no cambian la intención de IU de seguir buscando una candidatura de unidad que incluya a Podemos, la vía aprobada por sus órganos de dirección. En eso coinciden tanto Lara Hernández, responsable de Convergencia de la federación y persona de la máxima confianza de Alberto Garzón –quien desde un principio apostó más fuerte por la confluencia–, como Manuel Fuentes, secretario de Política Municipal y mano derecha de Cayo Lara –que ha mostrado más reticencias a perder la identidad de IU pero que en las últimas fechas ha virado hacia las posiciones más favorables a converger–.

La idea, por tanto, es continuar la senda marcada por el documento aprobado por la organización en el que se encarga a Garzón "intentar llegar a movimientos de confluencia a nivel provincial para las generales", según explica Hernández. Y Fuentes coincide: "Alberto Garzón tiene encomendada una tarea y hay otros compañeros que van a trabajar en ese sentido con él. Yo creo que tiene que seguir, y tiene que ser diplomático y encontrar puntos de encuentro en lugar de puntos de enfrentamiento".

Eso sí, la actitud de uno y otro al afrontar las críticas es muy diferente. Mientras Hernández apuesta por contemporizar e intentar mantener las aguas calmadas para no perjudicar las escasas opciones de alcanzar un acuerdo con Podemos, Fuentes alerta de que las últimas declaraciones de Iglesias han sido la gota que ha colmado el vaso entre las bases y critica duramente las "descalificaciones" a IU y a Cayo Lara del líder de Podemos, quien no obstante lleva varios meses descartando de manera pública cualquier tipo de colaboración con IU de cara a las generales.

"Los wasaps están echando humo", señala gráficamente el secretario de Política Municipal, que afirma que "las bases con más sentimiento ideológico, los que estamos pateando las calles, trabajando en los ayuntamientos, esos dicen que basta ya, que vamos a trabajar como IU y que si alguien quiere trabajar conjuntamente pues podemos hablar". Entre los cargos, aunque todos respeten la decisión tomada, también existe la división, señala el dirigente.

Diferencias internas

"Hay una parte de cargos orgánicos, que luchan decididamente por ir a la unidad popular sin presentar muchas exigencias, que ahora mismo están completamente desorientados, que no saben por dónde vienen los tiros, y se preguntan a qué viene esto", abunda Fuentes, que plantea que "si esto es un calentón, alguien que aspira a presidente queda desacreditado, y si obedece a una estrategia, no tiene sentido". Hernández, por su parte, critica las "formas" de Iglesias, pero se muestra conciliadora y llama la atención sobre el hecho de que "la entrevista se hizo antes de la reunión entre Pablo y Alberto". "Nosotros nos quedamos con el Pablo de la reunión", remacha.

La diferencia de pareceres, sin embargo, no parece que vaya a provocar un cisma. En eso coinciden ambos dirigentes, ya que Fuentes descarta una crisis en una dirección que hasta hace poco tiempo estuvo muy dividida sobre su posición ante las próximas elecciones generales. "Yo creo que a nivel interno no habrá divisiones, porque con más de un 70% de los votos apostamos por la convergencia creando una estrategia de trabajo para poder buscar aliados de cara a las generales". Lara Hernández señala, por su parte, que "no hace falta un Pablo Iglesias para dar munición al sector más crítico con la convergencia", si bien tampoco cree que esté próxima una crisis interna.

"La verdad es que no sé si es la voluntad de Pablo partirnos en dos, pero hay que empezar a pensar en términos de país y dejar de pensar en términos de partido, porque venimos de una etapa en la que nos hemos centrado demasiado en la organización", admite la secretaria de Convergencia. Y pide tomar ejemplo de comunidades como Cataluña o Galicia, donde la confluencia entre IU y Podemos en candidaturas de unidad está mucho más próxima. "Hay que tomar una decisión: habrá que adscribirse a un futuro o a un pasado", defiende.

"Sospecho que Alberto estaba de acuerdo conmigo en buena parte de las cosas que yo digo en ese artículo". Son palabras del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en una entrevista con Àngels Barceló en el programa Hora 25 de la Cadena Ser realizada tras la controvertida entrevista que publicó este mismo jueves los diarios Público y Crític, en la que Iglesias se mostraba muy duro con la organización dirigida por Cayo Lara y llegaba a tachar de "típico izquierdista tristón, aburrido, amargado" a algunos dirigentes de la federación.

En la entrevista con la cadena Ser, Iglesias quiso matizar sus duras palabras: "Si yo digo que en este país ha habido dirigentes de izquierdas que no han entendido nada, si yo digo que en este país ha habido dirigentes de izquierdas que no han querido aspirar a más del 10%, que no han querido ganar, si yo digo que en este país ha habido dirigentes de izquierdas que han puesto por delante los símbolos por delante de la necesidad de construir, con símbolos más abiertos, una mayoría social, si yo digo que en este país ha habido dirigentes de izquierdas cenizos que no creían en la posibilidad de ganar, no estoy insultando a una organización", sostuvo el secretario general de Podemos.

Fue una "discusión"

Iglesias aseguró que la interpretación que se había dado a sus palabras se había sacado de contexto para hacerle "daño", y sostuvo que "no son palabras duras contra una organización que respeto mucho". "No pongan ustedes en mi boca cosas que no digo", pidió a la directora del programa, Àngels Barceló. "Yo soy muy duro criticando lo que políticamente no comparto, pero en ningún caso meto en el mismo saco a todo el mundo", explicó el dirigente, que afirmó que la charla que mantuvo con Garzón el pasado miércoles "fue positiva y, además, fíjese lo que le digo, sospecho que Alberto estaba de acuerdo conmigo en buena parte de las cosas que yo digo en ese artículo".

"Reconozco que estoy duro, muy duro, mucho más duro de lo que a mí me habría gustado", admite el secretario general de Podemos, que se queja de que se sintió como si le hubiera "entrevistado un dirigente de Izquierda Unida", en referencia al periodista de Crític, Sergi Picazo. "Supongo que eso hizo de lo que debía ser una entrevista normal, una discusión. Claro, cuando una discusión entre dos personas que piensan políticamente diferente se convierte en una entrevista de uno al otro en la que, además, buena parte de las cosas de las que dice el entrevistador no aparecen, pues tenemos un resultado que puede confundir", zanjó Iglesias.

Es evidente para cualquier observador mínimamente atento que la gran patronal, agrupada en el Consejo Empresarial para la Competitividad, es partidaria de la GC porque percibe la crisis del PP y necesitan un plan B para defender sus intereses. Algunos de los portavoces oficiales del PP tampoco le hacen ascos a esta posibilidad pues sospechan que es la única manera de mantener el poder, aunque sea de forma parcial, y algún conocido periodista como Juan Luis Cebrián, de El País, está también jugando a aprendiz de brujo con este asunto.

En contraposición a los partidarios, están los conspiranoicos de la GC, es decir todos aquellos que denuncian la existencia de este proyecto para oponerse fieramente a él. Como a don Quijote, su obsesión les hace ver gigantes donde solo hay molinos.

Una buena parte de estos conspiranoicos son algunos partidos de izquierdas: IU, Podemos, Equo y otras organizaciones de izquierda más o menos radical, que aprovechan cualquier ocasión para echar la culpa de casi todo a la entelequia PP-PSOE que forman, según ellos, la gran conspiración del bipartidismo. La posición de estos partidos está dentro de la lucha política habitual y no tiene mayor recorrido.

Otro sector conspiranoico está en la prensa supuestamente progresista, Público e infoLibre,Público que han asumido el término bipartidismo con satisfacción pues todo lo que sea sintético y simple les gusta y el fondo de verdad que pueda tener les suele importar más bien poco. ¿Para qué entrar en matices cuando se dispone de un término tan rotundo?

Para que haya una GC parece indispensable que los dos posibles socios estuvieran por la labor, pero se da la circunstancia de que ningún dirigente del PSOE se ha manifestado en favor de la misma y entre los socialistas de base el tema provoca un enorme rechazo. Si hay algún socialista partidario de esta opción, debe estar muy escondido y no lo manifiesta en público.

En este contexto, sorprenden teorizaciones sobre la GC como el articulo La gran coalición, segunda temporada, recientemente publicado por Jesus Maraña, en infoLibre.

Este artículo, continuación del publicado hace un año con el titulo Intereses financieros, políticos y mediáticos alientan una gran coalición tras las generales, se basa en algunas declaraciones sacadas de contexto o en la interpretación caprichosa de algunas otras cuestiones que no tienen nada que ver con ninguna GC.

La primera referencia son unas declaraciones de Felipe González en las que admitía una posible GC "si el país lo necesitara", condición que se puede interpretar más que como un deseo, como una opción de último recurso en caso de extrema urgencia.

El segundo argumento es la supuesta mala relación política entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. Con independencia de las matizaciones que se puedan hacer a esa supuesta mala relación, lo que no se ve por ninguna parte es qué relación tiene con la GC.

Un tercer argumento se refiere a las motivaciones sobre la destitución de Tomás Gómez como candidato a la Comunidad de Madrid y como secretario general del PSM. También en este caso se pueden hacer diversas valoraciones, pero ninguna que tenga que ver con un pacto PP-PSOE.

Otro argumento estrella es que el candidato Ángel Gabilondo no ha dicho con suficiente contundencia que no pactará con el PP, sólo ha dicho que no pactará con liberales y neoliberales y eso, al parecer, no es suficiente. Parece que si no se afirma algo con la rotundidad que el periodista quiere, se entiende que se es partidario de todo lo contrario.

En mi opinión, este artículo refleja la absurda guerra mediática en la que están metidos algunos medios de comunicación, en este caso Público e infoLibre, cada vez más próximos a Podemos y El País, supuestamente, aunque eso no lo veo tan claro, apoyando al PSOE de Pedro Sánchez.

Esta guerra a la que también juegan en el equipo de Podemos las cadenas privadas de TV Cuatro y laSexta pretende orientar e incluso dirigir la acción política de los partidos, yendo mucho más allá del papel de informar que deben tener los medios.

El articulo sobre la GC termina con una afirmación contundente: "Cuesta mucho imaginar a los Sánchez Galanes (Iberdrola) aplaudiendo un Gobierno 'estable' de PSOE, Podemos e Izquierda Unida".

Tampoco aplaudirían en su momento los Sánchez Galanes a los Gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y se los tuvieron que tragar.

Aunque un Gobierno tripartito de esas características no parece lo más probable, el IBEX 35 tendrá que admitirlo si lo decidieran los ciudadanos, pues a pesar de su capacidad de influencia, las grandes empresas todavía no gobiernan en España.

Alfonso Peña Mari es socio de infoLibre

Ignacio González parece no haber tenido suficiente con un doble revés judicial. El hoy presidente del Gobierno madrileño, según denunció este jueves el Partido Socialista de Madrid (PSM), volvió a echar mano de los letrados de la Comunidad para que le defendieran en un asunto privado. Todo ello pese a que la Justicia ya le dijo que no podía usar abogados pagados con dinero público para defenderse de unas informaciones periodistícas que constituían, decía, una "intromisión ilegítima en su derecho al honor". 

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid, Amparo Valcarce, y el portavoz adjunto, José Quintana, recapitularon los hechos. González ordenó a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid que requiriesen al portal inmobiliario idealista.com la supresión de un anuncio en el que promocionaba viviendas de lujo en la misma urbanización de Estepona donde el jefe del Ejecutivo regional compró un caro ático en diciembre de 2012. Los servicios jurídicos de la Administración autonómica solicitaron a la web que quitara la foto y el nombre de González que acompañaban al texto de promoción, al entender que se trataba de una "intromisión ilegítima de su imagen, con fines comerciales". idealista.com lo hizo. 

González ya recibió una doble bofetada de la Justicia recientemente. El juzgado número 55 de Madrid, en mayo de 2011, desestimó la demanda del entonces vicepresidente de la Comunidad contra cuatro periodistas de Público: Ignacio Escolar, Félix Monteira y Jesús Maraña y Manuel Rico –hoy editor y director de infoLibre–, por diversas informaciones publicadas en el diario. Pero antes de dictar sentencia, la jueza encargada del caso obligó a González a contratar a un letrado colegiado y dejase de utilizar a los abogados de la Comunidad para defenderle de una supuesta lesión al "personalísimo" derecho al honor.

El entonces número dos del Gobierno de Esperanza Aguirre presentó un recurso de apelación. La Audiencia Provincial volvió a dar la razón a los demandantes en junio de 2012. En la sentencia, la Sección Duodécima consideró que "la autoridad, funcionario o empleado público no tiene un derecho subjetivo a reclamar la intervención [...] de los Servicios Jurídicos" de la Administración, y que, "ni aún siéndolo, se trataría de un derecho incondicionado, unido únicamente a su cualidad funcionarial o de autoridad".

Cospedal también evitó costearse la Justicia con su bolsillo

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, también ha utilizado medios públicos para defenderse de asuntos personales. Como ya informó infoLibre, la secretaria general del PP tiró del gabinete jurídico de la Junta para demandar por vulneración del derecho al honor a Greenpeace, que hizo público un informe en el que se relaciona a su marido con empresas presuntamente interesadas en la modificación de la Ley de Costas impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque en el texto en ningún momento se alude a su condición de presidenta manchega.

Pues bien, como informó a través de una nota de prensa, el PSM inquirió por el uso de González de los letrados de la Comunidad. La pregunta fue vetada por el PP en el pleno del pasado 21 de marzo. Los socialistas reincidieron, y la pregunta volvió a ser bloqueada, y los conservadores se refugiaron para ello en un informe jurídico de la Secretaría General de la Cámara. De modo que el grupo denunció hoy el "atropello democrático constante" a la labor de la oposición madrileña, impidiéndole ejercer su obligación de control en asuntos tan "escandalosos" como este. "Se hacen informes ad hoc para sortear el Reglamento de la Cámara, lo que jurídicamente es inaceptable". 

Según apuntó Valcarce, el recurso al abogado general del Gobierno regional es de máximo interés para la opinión pública, por cuanto supone "una auténtica indecencia política", ya que los servicios jurídicos dependen del consejero de Presidencia y Justicia y número dos del Ejecutivo, Salvador Victoria. "Y es Salvador Victoria el que, para tapar los asuntos de Ignacio González, da las órdenes a la Abogacía General". Se trata de una acción, puntualizó la presidenta del grupo, "inmoral e ilegal", ya que el juzgado número 55 de Madrid y la Audiencia Provincial advirtieron a González de que no podía utilizar los letrados de la Comunidad para sus asuntos personales. "Y lo han vuelto a hacer. Y esto no lo consentimos ni a Ignacio González ni a su brazo ejecutor, que es Salvador Victoria", remachó. 

El lanzamiento de infoLibre, el pasado jueves 7 de marzo, ha gozado de repercusión en España y fuera de ella, especialmente en Francia, donde se publica el periódico online Mediapart, socio editorial de este diario. 

El último medio en hacerse eco de la salida de infoLibre ha sido, esta semana, Courrier International. En el número que ayer jueves salió a la venta en los kioscos del país vecino, el semanario integrado en el grupo de Le Monde dedica una columna al "último periódico online nacido en España". La revista recuerda primero cómo la dureza de la crisis económica ha golpeado los medios de comunicación españoles, con la desaparición de varias cabeceras y el despido de 8.000 periodistas. En medio de ese panorama dantesco, recuerda, algunos profesionales afectados por el ERE de El País, como Javier Valenzuela y Ramón Lobo, "se han asociado a periodistas procedentes de RTVE y a Jesús Maraña, exdirector de Público, desaparecido en febrero de 2012, para crear un nuevo diario digital, infoLibre". 

La pata de tintaLibre

Courrier International subraya que este periódico tiene la voluntad de "practicar un periodismo honesto, riguroso e independiente" y reivindica como paradigma el modelo de Mediapart, fundado en 2007 por Edwy Plenel, exdirector de redacción de Le Monde. "Como Mediapart –señala el semanariox–, infoLibre tiene la ambición de ser un diario de investigación pero, al contrario que su socio francés, no será enteramente de pago y una parte de sus ingresos provendrá de la publicidad". La revista, por último, cita la otra pata del proyecto, tintaLibre, el mensual en papel "que da mayor relieve a los grandes reportajes, las entrevistas y la investigación". 

La reseña de la aparición de infoLibre no es la única mención de Courrier International. El semanario galo, que traduce y extracta artículos de centenares de cabeceras de todo el mundo, recoge en su número de esta semana, íntegramente, la última tribuna de opinión de Javier Valenzuela, "Sarkozy, el desalmado ladrón de ancianas", publicada en su blog Crónica negra. El director de tintaLibre reflexiona sobre el procesamiento del expresidente francés por el caso Bettencourt, que estalló precisamente gracias a las revelaciones periodísticas de Mediapart. Sarkozy está acusado de abusar de la debilidad de la mujer más rica de Francia para financiar su campaña electoral de 2007. "Menos crédulos que, por ejemplo, los estadounidenses, los franceses constituyen un pueblo al que resulta imposible engañar mayoritariamente durante mucho tiempo. La demencia senil de una Liliane Bettencourt no es una enfermedad colectiva del Hexágono", concluye Valenzuela.