Las empresas renovables dudan de la nueva meta para 2030 de Cataluña tras una década de parón

El Govern de la Generalitat de Cataluña ha decidido dar, por fin, un impulso a la transición energética de la comunidad. Los promotores de instalaciones de energía eólica y fotovoltaica llevan años clamando contra la paralización del desarrollo renovable catalán, y ahora acogen las nuevas metas anunciadas este viernes por la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, con escepticismo. "Tendrán que ponerse las pilas", aseguran. El Ejecutivo autonómico pretende instalar 13.389 MW de potencia adicional de eólica y fotovoltaica de aquí a 2030. En 2020 se registraban 1.614. Es decir, que se tienen que instalar cada año–sin contar con los proyectos instalados en 2021–, una cifra similar a lo que ya está en funcionamiento: 1.177 MW de molinos y placas solares.

En el plan catalán se han sumado 1.000 MW de eólica marina (sí, como suena: molinos de viento en el mar) tras la visita de la consellera a Dinamarca, donde aseguró que Cataluña tenía que apostar por esta tecnología. Las empresas no ocultaron su sorpresa: tras años de parálisis, de repente se apuesta sin ambages por un modelo ya desarrollado en otras partes del mundo, pero difícil en la Península Ibérica por la profundidad de la plataforma continental.

La patronal no cree que las metas sean imposibles, pero dudan de que Cataluña, que desde 2013 no conecta a la red ningún gran parque y a la que se le acumulan los expedientes, pueda ponerse a la altura en menos de 10 años de la transición energética europea.

La fecha de 2030 es especialmente relevante porque a partir de ese año se desconectan, según el calendario pactado entre Transición Ecológica y las eléctricas, las dos centrales nucleares en suelo catalán: Ascó y Vandellós. Si Cataluña fuera un Estado independiente dentro de la Unión Europea, sería junto a Francia el único país que ha incumplido los objetivos de renovables de 2020 e iría camino, con la caída de esas instalaciones, de incumplir tanto estas metas como las de emisiones.

La historia de cómo Cataluña acumula este retraso en la instalación de renovables es más política que económica. El interés empresarial existe, aquí y en el resto del país con más horas de sol de la Unión Europea y donde los molinos de viento ya son la principal fuente de electricidad. Sin embargo, la autonomía concentra el 6% de la producción limpia –contando la hidroeléctrica, que no emite CO2 pero de importantes impactos ambientales– y no se mueve de ese porcentaje de manera relevante desde hace años, pese a que la fotovoltaica ha duplicado su presencia en el país en los últimos años por el abaratamiento de costes y las puertas abiertas a una retribución estable.

"Es un reto muy importante", asegura Jaume Morrón, presidente de la Associació Eòlica de Catalunya (EolicCat), que asegura que la administración catalana debe "ponerse las pilas" y, en cuanto a la eólica, debe ser capaz de "suministrar durante 2022 y 2023 como mínimo 1.000 MW en información pública para que pueda empezar una rueda de 500 MW al año a partir de 2024". No se puede, simplemente, abrir las compuertas y sembrar la tierra de molinos: es un proceso burocrático que implica decenas de permisos y el visto bueno de unos funcionarios abrumados por la cantidad de expedientes que gestionar, en Cataluña y en el resto del país.

"No nos sorprende como objetivo, porque es lo que la sociedad ya acepta como válido", asegura el delegado en Cataluña de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Manuel Romero. "Tenemos muchos deberes para hacer. Nos queda mucho trabajo. Si nos vamos al ritmo de la tramitación de los últimos meses o años, nos preocupa no llegar. No por capacidad técnica: el sector está preparado para ello. Nos preocupa que los proyectos se demoren meses o que se pongan impedimientos".

La historia del retraso renovable catalán comienza, según Morrón, en 2009, cuando un decreto del Govern obliga a un concurso público para repartir las hectáreas disponibles, llamadas "zonas de desarrollo prioritario", al que los promotores tenían que acudir. Las instalaciones de fotovoltaica solo podían ser de menos de tres hectáreas, lo que en la práctica invalidaba la mayoría de grandes proyectos. Pero pocos años después llegó el hachazo a la retribución aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy. "Todos abandonaron, menos Gas Natural [ahora Naturgy] que congeló los proyectos y que los ha desarrollado ahora", explica el presidente de EolicCat. De 2009 a 2019 hubo "cierta paralización" que no se solucionó tampoco con la subasta de 2017, que no surtió a Cataluña de ningún MW renovable porque la obligatoriedad del concurso seguía vigente.

En noviembre de 2019 el Govern, con Quim Torra al frente, aprueba un nuevo decreto que elimina el concurso pero mantiene las zonas de desarrollo prioritario: solo aquí se pueden instalar nuevos parques eólicos. Se crea una ponencia que "hace un filtro a los proyectos", dando o no permiso en base al impacto sobre el territorio de los proyectos. Tras años de paralización, se presentaron de golpe 7.000 MW de energía eólica de los cuales 3.000 se tumbaron y 4.000 quedaron "en condiciones de solicitar autorización", explica Morrón. En cuanto a la energía solar, Romero explica que el decreto eliminó las restricciones para las hectáreas, pero la ponencia habilitó un visor web para que las propuestas de los distintos promotores se pudieran visualizar en el territorio aunque sean solo propuestas. Lo que, a juicio de la UNEF, despertó el temor y el rechazo de muchas organizaciones locales.

"Ciertos sectores o plataformas creían que esos proyectos se iban a construir el día siguiente cuando nada más lejos de la realidad", asegura Romero. El decreto se volvió a modificar hace dos meses para introducir dos nuevas exigencias importantes: que los promotores tengan ya el permiso de los dueños del 50% de los terrenos que piensan utilizar, y que se ofrezca a los vecinos de las zonas afectadas participar hasta en el 25% del capital social. El presidente de UNEF Catalunya y el de EolicCat coinciden: no son grandes trabas, y aceptan que la ley les obligue a una contraprestación para los territorios que les acogen.

El problema es que la década de parálisis sigue afectando al desarrollo renovable. Las organizaciones patronales reconocen que la actitud del Govern ha cambiado en el último año. "Han cambiado sus opiniones iniciales", asegura Morrón. "En fotovoltaica vemos un poco más de optimismo, en cuanto a trámites. Ahora tenemos algo más de 700 MW en información pública. Eso hace seis meses era impensable. Vemos un cambio y una voluntad". Pero la avalancha de expedientes es superior a la de otras comunidades autónomas por las puertas cerradas hasta 2019: por eso se duda de las metas. Porque hasta 2024, calcula la organización eólica, no se podrá alcanzar el ritmo de crucero.

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Hay mucha, mucha política. No se trata solo de una ciencia incontestable en cuanto a la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. La consellera Jordà lo ha dejado claro este viernes: se trata de soberanía energética, y al independentismo le interesa la soberanía. Si no se instalan renovables, se tendrán que instalar grandes torres de alta tensión que conecten a la comunidad con Aragón, porque sin Ascó y Vandellós se quedarían sin electricidad. No hay alternativa, aseguran las empresas y asegura el Govern.

Esto supone un cambio de rumbo en el discurso del Ejecutivo catalán, aferrado hasta ahora a las tesis del "renovables sí, pero no así": cercanos a todas las plataformas rurales que rechazan los proyectos por la afección a su modo de vida, al paisaje y a la biodiversidad. Y que se enfrentan a muchas empresas promotoras que, a juicio de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, son demasiado "agresivas" y pretenden hacer negocio sin saberse ni el nombre del alcalde. Morrón habla de Nimbys, un acrónimo inglés de "no en mi patio trasero", término utilizado para la oposición local a infraestructuras de beneficio para la comunidad, pero que pueden traer inconvenientes a los que conviven con ellas.

"Hay mucha resistencia al cambio y esto requiere de un cambio de chip. Cataluña no puede ser egoísta. Si ahora estamos usando recursos naturales, uranio de Namibia o de Australia, y las máquinas no las ponemos en nuestro jardín sino que hacemos agujeros en el jardín de otros... pues eso se acaba", argumenta el presidente de la organización eólica. Sin embargo, los que llevan toda la vida en el rural catalán no van a aceptar así como así, por mucho que el Govern haya cambiado de postura, que los empresarios utilicen sus tierras para lucrarse sin ver nada a cambio, para alimentar servicios a kilómetros de distancia de su día a día. El camino hasta 2030 de la transición energética de Cataluña está lleno de curvas.