El maquinista del tren Alvia que en 2013 descarriló en Angrois dejando 79 personas fallecidas y 144 heridas, único condenado por el siniestro tras la absolución en enero de un cargo de Adif, pidió hace unos días formalmente su indulto al Gobierno de España. Condenado a dos años y medio de cárcel por homicidios y lesiones por imprudencia grave profesional, un indulto parcial de solo medio año, como el que ya recibieron en 2009 otros dos maquinistas por otro accidente con 18 muertes en Navarra en 1997, le permitiría evitar la entrada en prisión al carecer de antecedentes penales previos.

La medida de gracia es una potestad discrecional del Consejo de Ministros, que viene reduciendo progresivamente las que concede, con 13 en la última década en Galicia, fundamentalmente a condenados por lesiones o robos tras ser las drogas o insumisiones al servicio militar las protagonistas en décadas anteriores.

Los indultos se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) indicando el tribunal que pronunció la condena que se perdona total o parcialmente, lo que permite conocer si esta tuvo origen en algún juzgado de las cuatro provincias gallegas. Una búsqueda directa en los indultos publicados, ratificada por un buscador que Civio mantiene desde hace unos años, permite comprobar que tanto en Galicia como en el resto del Estado las medidas de gracia cayeron notablemente en lo que va de siglo.

Los perdones de condenas por insumisión al servicio militar obligatorio que terminó en 2000 fueron seguidos en los primeros años de este siglo por numerosos indultos de casos menores de tráfico de drogas o de otros delitos vinculados con el consumo de las mismas, y en los últimos años por delitos de lesiones o robo. Pero en progresivo descenso. Si en lo que va de siglo se concedieron 335 indultos de penas emitidas por tribunales gallegos, el grueso, 253, se corresponden con la primera década, mientras que en los últimos diez años solo se concedieron 13 medidas de gracia.

El indulto de mayor relevancia de los concedidos en lo que va de siglo en Galicia fue en 2005 el de una mujer condenada a dos años y medio de cárcel por cada uno de los tres homicidios imprudentes de tres bebés de los que fue considerada culpable en el incendio de una escuela infantil en Vigo en 1997. Las penas le fueron conmutadas parcialmente por una única de dos años de cárcel.

En 2009 también fue indultado parcialmente un hombre condenado por tentativa de homicidio tras una discusión de tráfico. Sentenciado a dos años y medio, le fue igualmente rebajada la pena a dos años.

En la última década, con 13 indultos, seis fueron a personas condenadas por delitos de robo o hurto, uno de ellos con violencia e intimidación; cuatro por delitos de lesiones, uno de ellos con deformidad; dos por delitos contra los derechos de los trabajadores; y uno por deslealtad militar.

Las penas originales más altas eran en tres de esos casos de tres años de cárcel. En el caso de los dos indultos por delitos contra los derechos de los trabajadores, habían sido dos sindicalistas condenados a tres años de cárcel por participar en un piquete en una huelga en 2008 que vieron en 2019 conmutada la pena de prisión por otra de multa. También a tres años había sido condenado en 2017 el autor de un delito de lesiones con deformidad que en 2021 fue indultado parcialmente rebajándole la pena a dos años a condición de que pagase la indemnización establecida. Lo que no se encuentra en Galicia en las últimas décadas son indultos por delitos relacionados con la corrupción o la libertad sexual.

Fuera de Galicia, los indultos con más renombre de los últimos años fueron los concedidos en 2021 a los nueve líderes independentistas catalanes encarcelados desde 2017, a los que se les perdonaron las penas que aún tenían pendientes de cumplir, en varios casos con condenas a más de diez años de cárcel.

Pero el indulto con más similitudes con el que ahora se solicita para el maquinista de Angrois fue el que concedió en 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a dos maquinistas condenados igualmente a dos años y medio de cárcel por 18 homicidios por imprudencia grave en un accidente ocurrido en 1997 en Navarra. Los dos maquinistas de aquel siniestro de Uharte Arakil habían sido sentenciados por entrar con exceso de velocidad en esa estación según ellos porque una señal errónea así lo permitía, cuestión que la justicia no consideró acreditada. El Gobierno les perdonó en 2009 medio año de cárcel a cada uno "a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años".

Ese matiz, el de que el delito por el que fue condenado el maquinista de Angrois no fue doloso o a propósito —se despistó y no frenó a tiempo antes de la curva al recibir una llamada del interventor del tren—, es uno de los argumentos esgrimidos en su solicitud de indulto, junto con otros como el perdón reiterado que pidió a las víctimas, que está integrado y no es un peligro para la sociedad o que está enfermo y es el único cuidador de su madre de 93 años.

Ante la posibilidad de un indulto parcial al maquinista de Angrois, el presidente de la Plataforma de Víctimas, Jesús Domínguez, ya había declarado días después de la condena de la Audiencia de A Coruña que esa sería una valoración que debería hacer una asamblea de las víctimas y no él como presidente. A título personal Domínguez decía que para él "no tiene ningún sentido que el maquinista entre en la cárcel", pero destacaba que la Plataforma analizaría la cuestión en una próxima reunión.

Esa reunión ya se produjo y el resultado del debate desarrollado en ella fue que la Plataforma como tal sigue considerando más culpable del accidente al cargo de Adif ahora absuelto, y en esa línea sigue actuando ante la justicia, pero que no tiene una postura respecto al indulto del maquinista sino que esa es una cuestión personal de cada persona afectada o familia. Praza.gal pudo constatar, hablando con una decena de personas heridas o familiares de fallecidas, que cada persona consultada ofrece argumentos distintos que van desde el apoyo al indulto hasta el rechazo pasando por la indiferencia.

La Fiscalía del Tribunal Supremo apoya la concesión de un indulto parcial al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, en concreto respecto a la pena de dos años de inhabilitación para ejercer el cargo que ocupaba, que le impuso el Alto Tribunal por un delito de revelación de secretos.

La teniente fiscal del Tribunal Supremo ha emitido un informe después de que dos ciudadanos pidieran en diciembre al Gobierno el indulto total de García Ortiz, condenado el pasado mes de noviembre por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La teniente fiscal apoya que se perdone la pena de inhabilitación especial que quede por cumplir cuando se conceda el indulto, una medida de gracia que tendría, según señala, "efectivos limitados" pues solo se minoraría la duración y se acortarían los plazos para cancelar los antecedentes penales.

El informe alude a la ausencia del "beneficio personal" de García Ortiz respecto al delito cometido, la "incidencia desorbitada" de la condena "sobre la reputación, carrera profesional y posición institucional" del exfiscal o que el fallo ha "generado consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas".

Nueve años después de las movilizaciones sindicales en defensa de una empleada de una pastelería de Gijón que acusaba a su empleador de acoso laboral, y nueve meses después de que un juez ordenara su inmediato ingreso en la prisión de Villabona en contra del criterio del fiscal (que reclamaba la suspensión de la condena), el grupo de sindicalistas de la CNT conocidos por Las seis de La Suiza ha recibido por fin el indulto en el Consejo de Ministros de este martes. La medida de gracia, que considera que su conducta, aunque delictiva, se produjo en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad sindical, será efectiva a partir del día siguiente, cuando se publique en el BOE.

Las seis de La Suiza –cinco mujeres y un hombre– fueron condenados en junio de 2021 a tres años y seis meses de cárcel por los delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia al considerar que los miembros de la CNT se habían excedido en el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad sindical al participar en varias manifestaciones en defensa de una de las trabajadoras de la pastelería La Suiza, en Gijón, que había denunciado al propietario por acoso laboral y sexual. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de la ciudad asturiana, fue ratificada por la Audiencia Provincial y, más adelante, en 2024, por el Tribunal Supremo. El pasado 9 de julio, el juez ordenó su inmediato ingreso en prisión.

El indulto, que ha impulsado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y que se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, aprecia motivos de equidad, justicia y utilidad pública en la medida de gracia. Se justifica en que la conducta por la que fueron condenados –la participación en varias movilizaciones ante el comercio en el que estaba ocupada la empleada–, se produjo en un contexto laboral y en ejercicio de derechos fundamentales como el de manifestación o la libertad de expresión y la libertad sindical. Con su acción reivindicativa, además, los condenados no tenían la intención de cometer los delitos por los que finalmente fueron condenados.

La medida de gracia llega pese a los informes contrarios emitidos tanto por el Juzgado de lo Penal 1 de Gijón, el autor de la sentencia, como del Ministerio Fiscal, que, sin embargo, el pasado verano, apoyó sin éxito que se suspendiera el encarcelamiento. El Consejo de Ministros indulta las penas de cárcel con la condición de que no vuelvan a ser condenados por ningún delito en los próximos cuatro años.

Todos los miembros de Las seis de La Suiza se encuentran en tercer grado penitenciario desde pocos días después de entrar en la cárcel a la que solo acudían a dormir y de la que estaban exentos los fines de semana. El perdón fue solicitado por una veintena de organizaciones sindicales, el Gobierno de Asturias y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que inmediatamente después de su reclusión afirmó que trabajaría desde dentro del Gobierno para lograrlo. "El sindicalismo es un derecho, no un delito", declaró. PSOE, Sumar, IU, Podemos o EH Bildu también se habían mostrado a favor.

Los hechos tienen su origen en un incidente laboral ocurrido en junio de 2015, cuando una empleada de la pastelería La Suiza, que se encontraba embarazada, comenzó a sentirse mal y pidió al dueño del negocio, sin éxito, que le dejara marchar. Al no permitírselo su empleador, llamó a su pareja, que tuvo un altercado con el propietario en el que estropeó un frigorífico de un golpe. La mujer terminó marchándose y, al poco tiempo, le dieron una baja médica por riesgo de aborto.

En 2017, cuando la empleada disfrutaba de su permiso por nacimiento y cuidado de su hijo, decidió que ya no quería trabajar en la pastelería. Aseguraba que sufría ansiedad y estrés y denunció acoso laboral y sexual por el propietario. También acudió a la CNT para que negociara con él la ruptura de su relación laboral, algo a lo que el dueño del negocio se negó.

El sindicato organizó entonces una quincena de concentraciones –la mitad de ellas comunicadas a la Delegación del Gobierno– a la puerta del local en el que, además del dueño, trabajaba su esposa, una hija y dos empleados más. Las primeras contaron con apenas una decena de afiliados de la CNT, pero con el tiempo se fue sumando gente hasta el punto de que, en alguna ocasión, llegaron a congregarse varias decenas de personas que gritaron a favor del cierre del negocio y corearon insultos a los clientes. En alguna de estas protestas se llegó a interrumpir la circulación y se tiró algún petardo. El propietario mantuvo en el juicio que tuvo que cerrar y malvender el negocio a causa de ese movimiento en defensa de su empleada.

La orden de ingreso en prisión contra Las seis de La Suiza llegó ocho años después de los hechos, cuando todos ellos se encontraban perfectamente insertados en la sociedad, con empleo y familias a su cargo. Esa fue la razón esgrimida por sus abogados el verano pasado para evitar su encarcelamiento, que esa medida habría interrumpido la normalidad de sus vidas. Sin embargo, el juez de lo Penal gijonés obvió sus alegaciones y la petición del fiscal de suspender la pena y los envió a Villabona. Tras el cierre de La Suiza en Gijón, su propietario abrió un establecimiento similar en Oviedo.

La Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) ha lanzado una recogida de firmas para pedir el indulto del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a través de la plataforma Change.org. La campaña, bajo el nombre Indulto para Álvaro García Ortiz: una necesidad democrática, expone que se trata de "un acto de justicia, serenidad democrática y protección institucional".

Según la asociación, la condena del Tribunal Supremo contra García Ortiz "ha generado inquietud social, división institucional y dudas profundas sobre el respeto de derechos fundamentales, y por tanto, sobre la justicia y equidad del resultado".

La petición, que por el momento cuenta con alrededor de 1.500 firmas verificadas, ha sido respaldada por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación que presidió García Ortiz. "La UPF defiende y defenderá la inocencia de Álvaro García Ortiz en todos los foros", afirma en su cuenta de X.

AEDIDH fundamenta la necesidad del indulto en dos hechos "innegables y reconocidos por observadores jurídicos, organizaciones internacionales y buena parte de la ciudadanía". Uno de ellos es el voto particular de dos magistradas del Supremo -Ana Ferrer y Susana Polo-, que refleja "una profunda división interna" y en el que se afirma que la condena "vulneraba el principio constitucional de presunción de inocencia".

El otro hecho que señala esta asociación es que el fallo se emitiera antes de que la sentencia estuviera redactada, lo que "ha puesto en riesgo la confianza institucional". Según AEDIDH, esta situación "ha generado preocupación dentro y fuera de España sobre los estándares de garantía, la apariencia de imparcialidad y la seguridad jurídica".

Los impulsores de esta campaña por el indulto señalan que la medida no es un privilegio, sino que se trata de "una necesidad democrática". "Es un mecanismo constitucional para corregir situaciones excepcionalmente injustas, proteger el interés general y evitar daños irreparables para el sistema institucional", añade.

García Ortiz fue condenado por el Supremo por un delito de revelación de datos reservados. El caso judicial surge a raíz de la supuesta filtración de un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude a Hacienda, trataba de llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

Posteriormente, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, difundió a varios medios el bulo de que el pacto procedía del Ministerio Público. A consecuencia de esto, la Fiscalía General del Estado publicó una nota oficial desmintiendo estas informaciones, lo que desencadenó que González Amador presentase una denuncia contra la Fiscalía.

La sentencia impone la inhabilitación de dos años para el cargo de fiscal general, además del pago de una multa de 7.200 euros y de una indemnización a González Amador por valor de 10.000 euros. Este mismo miércoles, el Supremo ha comunicado la ejecución de la sentencia.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, justificó su petición de ser indultado en el juicio que afronta, con tres causas abiertas por corrupción, alegando que la solicitud al presidente del país, Isaac Herzog, responde al "interés nacional" de Israel para poder enfrentarse a los "enormes desafíos" del país.

"Mi interés personal ha sido y sigue siendo continuar el proceso hasta el final, hasta el indulto total. Pero la realidad política y de seguridad, y el interés nacional, exigen otra cosa. El Estado de Israel se enfrenta a enormes desafíos", dijo Netanyahu en un vídeo en la red social X tras conocerse la petición de amnistía.

El juicio, según Netanyahu, "está desgarrando desde dentro y avivando las divisiones" de la sociedad israelí, y consideró que darlo por acabado "contribuirá en gran medida a apaciguar las llamas y promover la gran reconciliación".

"Deliberé concienzudamente sobre este asunto. Pero lo que inclinó la balanza fue que se me exige testificar tres veces por semana. Es una exigencia inalcanzable", agregó.

Netanyahu debe comparecer en la corte tres veces por semana en este juicio en el que, desde su inicio en 2024, se ha afanado en aplazar alegando repetidamente que tenía reuniones diplomáticas de alto nivel que atender o cuestiones que solventar relacionadas con la brutal ofensiva de sus tropas en Gaza; lo que desembocó en varias ocasiones en ausencias ante el tribunal.

El primer ministro tiene tres causas judiciales abiertas: los casos '1.000' y '2.000', por fraude y abuso de confianza, y el '4.000', considerado el más grave y sobre supuestos favores de Netanyahu -cuando era ministro de Comunicación- al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, a cambio de una cobertura mediática favorable.

El mandatario israelí, que ha mantenido de forma continuada que los juicios contra él son una "caza de brujas" y una trama del "Estado profundo", es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo.

Miles de israelíes se han manifestado repetidamente en los últimos tres años contra Netanyahu -primero con mayor vehemencia en protesta por una reforma judicial que pretende entregarle un control mucho más amplio del poder judicial, y luego por su gestión del regreso de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás-, pero el primer ministro asegura que cuenta con un respaldo mayoritario.

"He sido elegido repetidamente en elecciones democráticas y he recibido su confianza para continuar como primer ministro de Israel, ante todo, para alcanzar estos objetivos históricos. Por estas razones, los abogados presentaron hoy una solicitud de indulto al presidente del Estado. Espero que todos aquellos que priorizan los intereses del país apoyen esta medida", continuó Netanyahu.

En el vídeo publicado en X donde trata de argumentar su petición, el que ha sido primer ministro de Israel hasta en tres mandatos distintos también se remite a la carta que a principios de mes el presidente de EE.UU., Donald Trump, envió al propio Herzog para requerir el indulto de Netanyahu.

"El presidente Trump exigió el fin inmediato del juicio para poder, junto con él, promover un conjunto de intereses vitales compartidos por Israel y Estados Unidos", concluyó Netanyahu.

Las próximas elecciones legislativas en Israel, como paso previo a elegir primer ministro, están programadas para el 27 de octubre del año que viene, pero esta fecha podría anticiparse si la Knéset (Parlamento israelí) se disuelve antes o si el Gobierno de coalición que lidera Netanyahu junto a partidos de corte ultra pierde la mayoría.

Decenas de personas se han concentrado este viernes a las puertas del recinto Luis Adaro de Gijón durante la inauguración de la 68ª Feria Internacional de Muestras de Asturias para reclamar la libertad plena de las sindicalistas conocidas como las Seis de la Suiza, que cumplen en tercer grado penas individuales de tres años y medio de prisión por coacciones al dueño de una pastelería de la localidad gijonesa. Según informa EFE.

Convocada por los sindicatos CCOO, CGT, CNT, Colectivo de Trabajadores, CSI, Intersindical Asturiana, Sindicato Asturianu, UGT y USO y el grupo de apoyo las seis sindicalistas, la protesta se ha desarrollado sin incidentes coincidiendo con la llegada de autoridades al recinto ferial, entre ellos el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Las organizaciones han considerado que el tercer grado penitenciario, que permite a las sindicalistas condenadas -cinco mujeres y un hombre- sólo tener que pernoctar en el centro penitenciario y disfrutar los fines de semana fuera, es “insuficiente”, “no es una solución admisible por su condición de trabajadoras” y “sienta un precedente peligroso que pone en riesgo la actividad sindical”.

La condena es “desproporcionada y no corresponde a un sistema democrático”, han expresado las organizaciones convocantes, que, además, han considerado “urgente” aumentar la “presión política” mediante movilizaciones para conseguir el indulto.

“Debemos defender nuestros derechos básicos ante esta ofensiva judicial, porque la represión sindical no puede quedar impune y nadie debe ser criminalizado por defender derechos laborales”, han expresado.

Tras su ingreso en prisión el pasado 10 de julio, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que ya trabajaba "dentro del Gobierno para que el indulto llegue cuanto antes" e insistió en que "el sindicalismo es un derecho, no un delito", de modo que "en una democracia nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales".

Además, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG registraron juntos una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno el indulto, una medida que también apoya el Gobierno del Principado, además más de una veintena de organizaciones sindicales de todo el país.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, que el pasado mes de junio desestimó la solicitud de las defensas y de la Fiscalía para que se suspendiera la condena, dictó el pasado 9 de julio una orden de detención e ingreso en prisión para las Seis de la Suiza, que al día siguiente se presentaron de forma voluntaria en el centro penitenciario asturiano.

El Tribunal Supremo ratificó hace poco más de un año las penas individuales de dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, y al pago de cerca de 150.000 euros como indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón, que cerró el local como consecuencia de las protestas continuadas a las puertas del establecimiento por un conflicto con una trabajadora.

Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando la pareja sentimental de una trabajadora de la pastelería se presentó en el lugar de trabajo y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local.

Según detalla la sentencia, la empleada, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una "campaña de presión sobre el empleador y su familia".

Entre otros actos, la sentencia concreta la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.

Las condenadas, según el relato de hechos, "incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión" hacia el empresario y su familia porque éste se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra la pareja de ésta.

Las concentraciones delante del local terminaron cuando el empresario decidió cerrar su negocio, lo que, según el Supremo, fue "la consecuencia directa de la presión, constante, reiterada y desproporcionada derivada del número de concentraciones realizadas como respuesta por no acceder a las pretensiones económicas de los acusados".

Podemos, ERC, EH Bildu y BNG han registrado juntos una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados donde piden al Gobierno indultar a las Seis de la Suiza, las sindicalistas condenadas a penas individuales de tres años y medio de prisión por coacciones al dueño de una pastelería de Gijón, según informa EFE.

En el texto, registrado este miércoles para su debate y votación en la comisión de Justicia del Congreso, los partidos firmantes señalan que con las vías judiciales agotadas, tan solo con una medida de gracia como el indulto es posible evitar que estas seis personas "sigan cumpliendo una pena de cárcel por ejercer su derecho a la libre actividad sindical".

Y recuerdan que la solicitud de indulto para las personas condenadas cuenta ya con el respaldo de más de una veintena de organizaciones sindicales y con el apoyo expreso del Gobierno de Asturias.

Las Seis de la Suiza (cinco mujeres y un hombre) entraron en prisión el pasado 10 de julio tras ser condenadas con penas individuales de tres años y medio de prisión por coacciones al dueño de una pastelería de Gijón, que cerró el local como consecuencia de las protestas a las puertas del establecimiento por el despido de una de las ahora condenadas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los indultos concedidos por su antecesor, el demócrata Joe Biden, son "nulos" y "no tienen valor", ya que fueron firmados por lo que él denomina un bolígrafo automático (autopen), según informa EFE. "Los indultos que el soñoliento Joe Biden otorgó al Comité de Matones Políticos (en referencia al Comité del Congreso encargado de investigarlo), y a muchos otros, se declaran nulos, sin valor y sin efecto, debido a que fueron emitidos por un Autopen", escribió en su red Truth Social la pasada madrugada.

El actual presidente estadounidense sugiere además que Biden no conocía exactamente estos indultos que le fueron impuestos por sus asesores. "En otras palabras, Joe Biden no los firmó, pero, aún más importante, ¡no sabía nada de ellos! Los documentos que eran necesarios para el indulto no le fueron explicados ni aprobados por Biden", agregó Trump.

"Él no sabía nada de ellos, y quienes sí los supieron podrían haber cometido un delito. Por lo tanto, quienes integran el Comité de Matones Políticos, quienes destruyeron y eliminaron TODA la evidencia obtenida durante su cacería de brujas de dos años contra mí y muchas otras personas inocentes, deben comprender plenamente que están sujetos a investigación al más alto nivel", subraya el presidente republicano.

"Lo cierto es que probablemente fueron responsables de los documentos que se firmaron en su nombre sin el conocimiento ni el consentimiento del peor presidente de la historia de nuestro país, ¡el corrupto Joe Biden!", insiste Trump.

Antes de dejar el cargo Biden anunció su decisión de conmutar las sentencias de cárcel "desproporcionadas" impuestas a cerca de 2.500 presos que cumplen condenas por "delitos no violentos relacionados con drogas".

Biden también conmutó también las penas de 37 de los 40 condenados a muerte a nivel federal, convirtiendo sus castigos en cadena perpetua, e indultó a su hijo Hunter, que estaba procesado por delitos de armas y fiscales y a altos funcionarios como Anthony Fauci el responsable de luchar contra la pandemia, entre otros.

Las periodistas iraníes Nilufar Hamedi y Elahe Mohammadi, que revelaron el caso de la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial en 2022, han sido indultadas por el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, con motivo del 46 aniversario del triunfo de la Revolución Islámica.

Hojat Kermani, uno de los abogados de las informadoras, explicó a EFE que las periodistas fueron indultadas de los delitos de colusión contra la seguridad nacional, por el que habían sido condenadas a cinco años de prisión, y propaganda contra el sistema, que supuso una pena de un año más de cárcel.

En agosto de 2024, Hamedi y Mohammadi fueron absueltas del cargo de cooperación con un gobierno extranjero hostil, en referencia a Estados Unidos, por el que habían sido condenadas a siete y seis años, respectivamente en octubre de 2023.

De esta manera, ya no pesan más cargos en contra de las informadoras por el trabajo periodístico que realizaron en torno a la muerte de Amini tras ser detenida por la Policía de la moral iraní por no llevar bien puesto el hiyab en septiembre de 2022.

Jameneí emitió el pasado jueves un indulto para 3.126 condenados con motivo del 46 aniversario de la Revolución Islámica, una práctica habitual en el país persa.

Hamedi fue la primera periodista que informó de la detención de Amini por no llevar bien puesto el velo islámico y su posterior muerte el 16 de septiembre de 2022 y Mohammadi cubrió el entierro de la joven de 22 años, donde comenzaron las protestas que sacudieron el país durante meses. Ambas informadoras fueron arrestadas poco después de la muerte de Amini y pasaron 17 meses en prisión, hasta enero de 2024, buena parte de ese tiempo en confinamiento solitario, según denunciaron sus familias.

Los juicios contra las dos periodistas se celebraron a puerta cerrada y solo se les permitió reunirse con sus abogados el día antes. Hamedi, del diario reformista Shargh, y Mohammadi, del periódico Hammihan, fueron condenadas a varias penas de prisión que sumaron 13 y 12 años, respectivamente, en octubre de 2023. Las dos periodistas debían cumplir la mayor de las penas, es decir, siete años en el caso de Hamedi, y seis en el de Mohammadi. Además, se les prohibió trabajar para medios de comunicación, la afiliación a partidos políticos y el uso de redes sociales durante dos años.

El asesinato de Amini provocó unas fuertes protestas contra la República Islámica al grito de “vida, mujer, libertad” que solo se apagaron tras una fuerte represión que causó al menos 500 muertos. Casi un centenar de periodistas y fotógrafos fueron detenidos por realizar su trabajo durante las movilizaciones en Irán, de acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas, de los que la mayoría se encuentran ahora en libertad.

Uno tras otro, los ladrillos con los que Alberto Núñez Feijóo había construido su discurso de supuesta firmeza frente al independentismo, el mismo que según él le costó el acceso a la Moncloa, han terminado por derrumbarse. Después de meses defendiendo “la igualdad de todos los españoles”, un error de cálculo ha terminado por destapar que el argumentario feroz del PP en contra de cualquier solución política al conflicto en Cataluña no era otra cosa que una estrategia para impedir la formación de Gobierno y, una vez consumada la investidura de Pedro Sánchez, para torpedear la legislatura y forzar una repetición electoral.

Nada era lo que parecía. Después de meses echando en cara al PSOE su cambio de opinión sobre la amnistía (los socialistas pasaron de rechazarla a apoyarla, siempre que se tramitara en términos constitucionales), el propio Feijóo ha confesado que él mismo consideró durante 24 horas la posibilidad de acordar la misma medida de gracia que le pedía Carles Puigdemont como condición para apoyar su investidura. Y que no fue hasta pasado ese plazo cuando, con ayuda de los juristas consultados por el partido, llegó a la conclusión de que la amnistía era ilegal, confirmando implícitamente que hasta entonces tampoco él sabía que el perdón era contrario al ordenamiento jurídico.

Tampoco era verdad que el PP estuviese en contra de buscar una solución política al conflicto en Cataluña, a pesar de que el principal partido de la oposición lleva medio año organizando una ofensiva en toda regla para desbaratar cualquier iniciativa que trate de desjudicializar las consecuencias del procés. Durante este tiempo, Feijóo y los suyos, con el respaldo de Vox, de la derecha judicial y de la prensa afín, han impulsado manifestaciones multitudinarias por toda España defendiendo que la única solución válida a este problema pasa por el procesamiento, la condena y el cumplimiento íntegro de las penas por parte de quienes los jueces acaben considerando culpables de haber actuado, en mayor o menor medida, en favor de la proclamación unilateral de independencia o de cualquier actividad relacionada con ella.

En realidad, y en contra de lo que decía en público, el propio Feijóo ha revelado estar a favor de un plan de “reconciliación” para Cataluña. Y de la aprobación de indultos condicionados que suspendan las condenas a las que puedan ser sentenciados Carles Puigdemont y los demás ciudadanos pendientes de juicio, siempre y cuando unos y otros muestren su arrepentimiento y se comprometan a no volver a contravenir las leyes.

Y no solo eso. Primero, el PP llegó a plantear un proyecto de ley para ilegalizar a los partidos independentistas, en la estela del ideario de la extrema derecha de Vox. Después, defendió la idea de que Puigdemont y determinados actores independentistas cometieron actos de terrorismo, en particular en 2018, coincidiendo con las disturbios que tuvieron lugar tras conocerse la sentencia del procés. Pero ahora sabemos que en realidad cree que la acusación de haber cometido actos de violencia organizada tiene escaso fundamento y muy pocas posibilidades de motivar condena alguna. Y eso que en público Feijóo y sus portavoces han defendido todo lo contrario en España y en las instituciones europeas con el objetivo de que Bruselas se convenza de ello y acabe impidiendo la entrada en vigor de la amnistía.

El intento de llegar a acuerdos con Junts para buscar la investidura —una ecuación imposible, porque los independentistas y los extremistas de Vox se consideran mutuamente incompatibles para hacer presidente a Feijóo— tiene que ver con el sueño del actual líder del PP de reconstruir puentes con quienes hace años, cuando ese espacio político lo ocupaba Convergència, fueron sus socios en el Congreso.

Es una referencia que Feijóo ha reivindicado en numerosas ocasiones y que el PP llegó a poner encima de la mesa el pasado mes de agosto cuando Esteban González Pons, vicesecretario de Política Institucional del partido, justificó los contactos con Junts apelando a que sus siete diputados, “más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”.

En medio del charco que ha supuesto la revelación de que detrás de la aparente dureza contra Junts y Puigdemont se ocultaba una estrategia definida para llegar, por otra vía, al mismo escenario que el PSOE, Sumar y la mayoría absoluta del Congreso están impulsando para normalizar la vida política en Cataluña, la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, reveló este martes que también los republicanos fueron contactados por el PP cuando Feijóo buscaba apoyos para su investidura.

Génova intentó desmentirlo tajantemente, remarcando que “nunca hubo conversaciones o negociaciones con ERC en el marco de la investidura”, algo que Esquerra tampoco ha dicho. Eso sí, el PP admite que uno de sus diputados, Carlos Floriano, llegó a pedirle a una parlamentaria republicana que dejasen “gobernar a la lista más votada”. Pero “de manera informal y coloquial”, subrayan, y sin seguir instrucciones de la dirección del partido, aunque no hay constancia de que Génova se lo reprochase en ningún momento. Lo que sí se sabe es que el PP sí buscó reunirse con ERC en agosto para pedir su apoyo a la investidura de Feijóo, pero los republicanos lo rechazaron.

Las revelaciones sobre Junts y Esquerra se suman a las ya conocidas en relación con el PNV, una formación a la que Feijóo trató de atraer repetidamente pese a la conocida oposición de los nacionalistas vascos a llegar a ningún acuerdo con el PP mientras mantenga pactos con Vox.

El líder del PP, que durante años, cuando presidía Galicia, presumió de su buena relación con el lehendakari Iñigo Urkullu, llegó a tentar al PNV, además de con transferencias pendientes y cuantiosas inversiones económicas, con la posibilidad de nombrar un ministro de su gobierno. Una oferta que no supimos hasta muchos meses después y que los nacionalistas vascos rechazaron sin titubear.

Entonces fue su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, quien amagó con revelar los cantos de sirena que llegaban desde el PP. “Algún día contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses”, anunció desde la tribuna del salón de plenos. Una expresión que recuerda a la utilizada el jueves por Carles Puigdemont en una carta dirigida a los eurodiputados de Estrasburgo: “Si mi partido hubiera permitido la investidura de Feijóo, o hubiera impedido la de Sánchez, todos estos espectáculos se habrían ahorrado. Y de esto también hablaremos cuando toque. Como en la ‘trama rusa’, todo se sabrá”, señaló crípticamente. 

Como telón de fondo de los recados que Feijóo dirige a Junts y al PNV en secreto mientras dispara en público contra ellos, está el deseo del líder del PP de armar una mayoría contra el Gobierno con la ayuda de ambas formaciones, especialmente en materia económica. Su objetivo no solo es que le ayuden a tumbar algunos proyectos del Ejecutivo. En Génova no están en eso, pero no descartan buscar el respaldo del independentismo para realizar una moción de censura contra Sánchez en algún momento de la legislatura.

La única línea roja que aparentemente el PP sigue manteniendo es la de no hablar con EH Bildu. Aunque ya se sabe que en todo hay excepciones. El pasado noviembre, mientras Feijóo acusaba a Sánchez de mantener pactos “encapuchados” con los abertzales, el PP alcanzaba cuatro acuerdos con EH Bildu y también con la coalición Elkarrekin (Podemos, IU, Equo y Alianza Verde) en las Juntas Generales de Álava, el Parlamento foral provincial. Tres transacciones en materia de atención sanitaria rural, prevención del suicidio y servicios sociales.

La estrategia que Feijóo defiende en secreto en relación con el independentismo y que su equipo más próximo y él mismo dieron a conocer el sábado en medio de la campaña de las elecciones gallegas, ha destrozado el discurso oficial de los últimos meses y ha sumido a los barones del PP en el más profundo de los desconciertos. Especialmente al ala más dura, encabezada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Todos, los más comprensivos con Feijóo y los que son sus adversarios internos, han cerrado filas para no empeorar las cosas en una convocatoria electoral que, según las encuestas, se va a jugar en un puñado de votos. Unos y otros, en particular los más radicales, han aplazado pedir explicaciones al presidente del partido hasta después de las elecciones. Si el PP sale bien parado y conserva el Gobierno de la Xunta, Feijóo sobrevivirá, según fuentes del partido. En caso contrario, nadie duda de que tendrá que hacer frente a duras críticas internas que pueden poner en peligro la continuidad de su liderazgo.

A su favor tiene el calendario electoral: hay elecciones europeas en junio y parlamentarias vascas en algún momento a lo largo de los próximos meses. Ni siquiera quienes se mantienen a la espera de un tropiezo de Feijóo para disputarle la presidencia del PP creen tener margen suficiente para llevar a cabo un relevo con éxito hasta después de las europeas y las vascas.

Entretanto, Feijóo utiliza sus mítines de campaña para tratar de reconstruir la credibilidad perdida. Desde el domingo, en todos sus actos, intenta convencer a quien quiera escucharle que él está en contra de la amnistía y de los indultos. Y que la hoja de ruta oculta de su partido, que se dio a conocer el sábado siguiendo sus propias instrucciones, es en realidad un “bulo” creado por el PSOE y por Sumar.

A una semana de las elecciones gallegas, los principales barones del PP, y en especial su sector más radical, evitaron hacer sangre con la decisión de Alberto Núñez Feijóo de hacer pública su voluntad de conceder un indulto condicionado a Carles Puigdemont como parte de un plan de reconciliación que permita pasar página del procés. Está en juego el resultado en Galicia y nadie quiere ser acusado de haberlo puesto en peligro, aunque en privado todo el mundo se mueve entre enfado y el estupor por una decisión de Feijóo que nadie entiende, ni siquiera quienes, a priori, podrían compartirla.

La consigna este lunes era enterrar este asunto, negar que Feijóo y su equipo estén dispuestos a ofrecer un indulto condicionado a Puigdemont —a pesar de que existen testigos de 16 medios de comunicación, de muy diferente orientación política, que fueron testigos de esas palabras— y poner todo el foco en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y en el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) a manos de un grupo de narcotraficantes.

El propio líder del PP sacrificó una jornada de campaña, a pesar de que la mayoría de las encuestas sitúan a su partido al borde de perder la mayoría absoluta, para cambiar de paisaje, ponerse fuera del alcance de los periodistas y trasladarse a Cádiz para encabezar la exigencia de responsabilidades a Marlaska. Allí, en una declaración sin preguntas, como hizo el domingo en Ferrol, compareció ante los medios para culpar al ministro de lo ocurrido.

La principal rival interna de Feijóo, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cerró filas con él en una entrevista en Telecinco en la que, pese a las evidencias, se negó a ver “giro” alguno en el líder del partido. “Yo no he visto ese giro. Ayer le vi nuevamente al presidente del Partido Popular decir exactamente lo mismo: no a los indultos, no a la amnistía”. En línea con el argumentario oficial, atribuye todo a la mala voluntad del PSOE y de Vox, que se “están agarrando un clavo ardiendo y van siempre de la mano en todas estas circunstancias, sobre todo en la recta final de la campaña”.

Eso sí, ahora que Feijóo pone condiciones para un posible indulto, Ayuso no desperdició la oportunidad de fijar dónde están los límites: “Yo he entendido en algunos indultos que se han concedido, pero a gente que atenta abiertamente contra España con el dinero de todos, ni agua. Esto se tiene que cortar de raíz. Yo no iría con Junts, sino de vuelta de la esquina”, remarcó. Porque “todo lo que hemos visto en Cataluña es imperdonable” y le sigue pareciendo “terrorismo”, a pesar de las dudas expresadas por fuentes autorizadas del PP. “Nunca se tuvo que haber contemporizado con el nacionalismo porque nos está devorando”.

“No estoy a favor absolutamente de ningún indulto, de ninguna amnistía ¿Por qué hay que perdonar? Nadie está por encima de la ley. Esa es la única igualdad en la que yo creo”. Con Junts, insistió, “no hay que ir a ningún lado, porque no es ni siquiera el CiU de antaño”. Un partido con el que, lamentó Ayuso, “no supimos trabajar los grandes partidos”. 

La presidenta de Madrid, con todo, evitó cuidadosamente cuestionar a su jefe de filas, así como decir nada que pudiese ser interpretado en clave de disputa interna. “Yo no me tengo que comparar; es que no estoy en esa circunstancia”, respondió cuando le preguntaron qué haría si estuviese en el lugar de Feijóo. “También lo dije durante esos meses del verano” pasado, cuando “hubo mucha incertidumbre acerca de lo que hacía el PP o no”. Y pasó lo mismo, alegó para no pronunciarse: “Otra vez con lo mismo de siempre, comparándonos el uno con el otro”.

El resto de barones que hablaron de este asunto siguieron la misma pauta. El president de la Generalitat Valenciana,, Carlos Mazón, negó que Feijóo dijera lo que dijo y sentenció: “No hay posibilidad alguna de chantaje con el Partido Popular de por medio”. Preguntado expresamente por si serían posibles los indultos bajo determinadas condiciones, como señaló Feijóo, evitó responder: “No hay indultos, no hay amnistía. Es anticonstitucional. Está en contra de los valores de la Constitución. Y todo el Partido Popular ha sido, es y seguirá siendo unánime”.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, consideró “artificial” el debate abierto y negó lo que la dirección de Feijóo dijo a los periodistas: el PP nunca ha considerado “escenarios que pudieran suponer conceder un trato de favor a un prófugo de la justicia”. En estos momentos, añadió, “no se dan las condiciones de ningún tipo” para que se pueda producir ningún indulto, sin precisar qué haría el PP si se diesen.

El que no tiene duda alguna sobre el sentido de las palabras de Feijóo es su socio Vox. Su presidente, Santiago Abascal, se declara “preocupado” por la actitud del PP, un partido con el que comparte responsabilidades de gobierno, pero al que considera “una estafa”. 

Abascal también subrayó que Feijóo no habría podido ser elegido presidente con Junts porque, en ese caso, no habría tenido el respaldo de Vox.

La apuesta por los indultos condicionados en el marco de un plan de reconciliación para Cataluña tampoco ha sido bien recibida por una parte de la derecha mediática. Lo cuestionó el diario El Mundo en un editorial, preocupado por “los últimos mensajes lanzados desde el PP. Infravalorar la amenaza del separatismo o dar la apariencia de resignarse ante ella constituye un ejercicio de irresponsabilidad que el PP no se puede permitir. (…) Los populares se han metido solos en un notable embrollo político”.

 “Corresponde en todo caso a la formación explicar el porqué de esa extraña intervención y su criterio de oportunidad política, cuando el Gobierno se encontraba contra las cuerdas y cuando apenas quedan seis días para las elecciones gallegas”.

Antonio Caño, en The Objective, firma una pieza titulada “El Waterloo de Feijóo” en la que afirma que “el líder del PP no ha conseguido aún sobreponerse al fracaso del 23 de julio, fruto de su propia impericia”. En Vozpópuli, su director, Francisco Rosell, titula: “Elecciones gallegas: cuando la estupidez habita junta a las meigas”. Abc habla de “charco” y de “traspiés” del líder del PP y publica una columna firmada por José F. Peláez con el título: “Feijóo es él y sus circunstancias. El problema no son los indultos sino las circunstancias para poder otorgarlos”.

Los hechos. El jueves, Carles Puigdemont advierte de que “se sabrá todo” en relación a las negociaciones para investir a Alberto Núñez Feijóo. Tuvieron lugar en verano y el propio líder del PP las anunció primero, las avaló después pero siempre ha rehuido explicarlas. Puigdemont asegura, además, que de haberlo hecho presidente, o de haber frustrado la investidura de Pedro Sánchez, se habrían evitado “shows” como las investigaciones del los jueces Aguirre o García Castellón sobre terrorismo, cuyos pasos coinciden con la tramitación de la amnistía.

El viernes, tan solo unas horas después, fuentes del más alto nivel dentro del PP transmiten sorprendentes informaciones a periodistas de varios medios que siguen en Galicia la caravana de jefe de la oposición. Se resumen en cuatro: 1. Junts pidió una amnistía y el PP se dio 24 horas para estudiarla antes de decir que no. 2. El PP está a favor de indultar a Puigdemont con condiciones. 3. El PP cree que asociar terrorismo al procés no tiene recorrido judicial. 4. Es necesario un “plan de reconciliación” con la Cataluña independentista.

Antes de analizar el contraste de estas nuevas posiciones del PP con estos últimos seis meses de agitación, manifestaciones constantes y críticas a las instituciones, es importante tener en cuenta varios detalles. 

El primero: esas palabras fueron interpretadas por periodistas muy diversos y solventes de manera casi idéntica, (aquí, aquí, aquí, aquí o aquí). Además, el partido no ha dicho que sean mentira. No ha emitido desmentido alguno, aunque sí se ha esforzado en difundir desde la medianoche del sábado al domingo muchos más mensajes para complementar o contextualizar a su favor sus propias revelaciones. Por último, se trata en todo momento de una versión de parte, que fue publicada porque provenía de una fuente al más alto nivel y atribuyéndosela como tal. Es decir, que hay que creer que el PP estudió una amnistía 24 horas y no una semana o dos, o que cree imprescindible el acatamiento de la legalidad (y poco menos que una genuflexión ante la Constitución) a cambio del indulto. Y que no hay nada más que lo que el PP ha decidido admitir. 

La pregunta más evidente es: ¿por qué este giro de guion, merecedor de más premios Goya que La sociedad de la nieve? Y, en especial, ¿por qué desbaratar tu eje permanente de confrontación con el Gobierno como líder de la oposición y, ahora, el de tu propia campaña en Galicia, donde peligra la mayoría absoluta?

Puede que el PP temiera, o incluso supiera, que sus negociaciones secretas fueran a trascender de forma inminente y quisiera adelantarse un poco para tratar de controlar su impacto a unos días de las elecciones, disponiendo aún de una semana para reconducirlas y buscar cambiar de tema. O que el contenido de esas negociaciones sea infinitamente más dañino para el PP y letal para Feijóo. 

En cualquier caso, sigue el manual de lo que en periodismo se llama una “voladura controlada”. Si sabes que va a explotar, trata de manejarlo para minimizar daños. Una manera de neutralizar el “se sabrá todo” con una admisión a la que otorgar credibilidad frente a otra versión, la de Puigdemont, que en todo caso llegaría después y podrías intentar desacreditar. 

El PP lleva meses asegurando que la amnistía acaba con la democracia, la igualdad entre españoles y la división de poderes y ahora sabemos, por el propio PP, que estudió una propuesta durante 24 horas, si es que fueron solo 24 horas. ¿No tenían clara su postura los conservadores, en plena resaca de los resultados del 23J y después de años de reivindicaciones independentistas? ¿Tenían que pensar si cabía en la legalidad, admitiendo que quizás pudiera tener encaje? ¿Cómo es posible que llegasen a valorarla siquiera, aunque fuese un segundo?

El PP se ha opuesto a todos los indultos relacionados con el procés. Ha convocado manifestaciones contra ellos. Recurrió los de la pasada legislatura ante los tribunales, al considerarlos ilegales. Llamó de todo a Pedro Sánchez y los que los defendieron, como hicieron, por cierto, algunos insignes socialistas históricos. Y este domingo Feijóo asegura, ya ante los micrófonos, que no se dan “las condiciones” (a pesar de que la ley da amplísimo margen al Gobierno para decidir siempre que haya sentencia firme). Es decir, que el PP sí estaría dispuesto a indultar a Puigdemont y ahora ya depende del cómo. 

En público Feijóo dice que “el terrorismo es terror y en Cataluña hubo días de absoluto terror”, por lo que pudieron cometerse actos de terrorismo y pide respeto para el juez que, en vísperas de la aprobación de una amnistía, activa una investigación que durante años había descartado. Pero en privado, el PP cree que es muy difícil probarlo. Es decir, que al mismo tiempo que arengan a jueces y fiscales a que investiguen el terrorismo, en privado los dejan atados de pies y manos al instrumentalizarlos para algo sin recorrido. ¡Viva el respeto a los jueces y fiscales!

Feijóo es mucho menos astuto y sólido de lo que intenta aparentar. En el cortísimo plazo (tanto que ya pasó), negociar con Junts su investidura se ha demostrado un error estratégico enorme si al mismo tiempo quieres acusar a tu rival de hacer lo mismo. Esa decisión y las reuniones clandestinas durante el verano no fueron una improvisación. Si se trataron de un intento desesperado por la cuadratura del círculo (luz verde a la vez de Abascal y el de Puigdemont) reflejan una notable falta de visión de la política española impropia de tantas décadas de experiencia.

Pero puede que Feijóo estuviese en realidad jugando al medio plazo aun asumiendo los riesgos de que el corto se lo lleve por delante. Mirando a varios años vista, el líder del PP parece estar buscando en Junts un aliado que pueda compensar su total falta de alianzas más allá de la ultraderecha. Sería el colmo del cinismo, pero en esa hipótesis, nadie más que Feijóo anhela la amnistía que rumió durante 24 horas. La normalización total de Junts por parte de la actual mayoría en el Congreso podría facilitarle posibles pactos, pero sólo si sigue comiendo terreno a Vox. De ahí que se solapen en el tiempo una agresividad total contra Junts (para mimetizarse con Vox) con la siembra en secreto de un futuro entendimiento. Todo por la convivencia. 

Quizás la conclusión más escalofriante es la naturaleza de estas maniobras. Sánchez nunca ha ocultado que las circunstancias y la aritmética están en el origen del cambio (llamativo) de algunas de sus posiciones. Lejos queda la calificación de rebelión que sostuvo el líder socialista (descartada por unanimidad por el Supremo) o el rechazo por inconstitucional a la amnistía que los independentistas habían registrado en el Congreso. Lo ha explicado y, comprensiblemente, le han llovido las críticas. Para la historia queda la frase de “hacer de la necesidad, virtud” y, en cada cita electoral, podrá ser evaluada por el votante.

Se trata de gobernar España, de llevar a cabo muchísimas otras políticas sabiendo que tampoco hay alternativa viable, al menos no en una España que se manifiesta en bloques. Y que hay que poner todo en la balanza (todo es todo: desde el SMI a la ley de eutanasia) y elegir. O se intentan pactos difíciles o se bajan los brazos en favor del PP y la ultraderecha. 

Feijóo, en cambio, nos hace creer que no cambia de opinión. Nunca jamás, porque es un político de convicciones férreas, forjado en la sensatez y el servicio público y que no está en la política por el poder. O eso dice. De hecho, buena parte de la actual cohesión interna en sus filas (veremos cuánto dura y qué dicen Losantos y Ayuso de estas novedades) viene de ir atrincherándose más y más, pese a los tropiezos en materia de pactos que no sean con la ultraderecha o, por qué no decirlo, respecto a la realidad de las cifras económicas o una UE que asiste sin preocupación alguna al Apocalipsis que él describe. ¡Hasta ese extremo es coherente en sus convicciones!

Por el camino de esas convicciones ‘de mayoría absoluta’, Feijóo ha llegado a decir que en España no rige la Constitución, que en el Congreso de los Diputados no está representada la soberanía nacional, que el Tribunal Constitucional (renovado con acuerdo PP-PSOE) es de parte y que el Poder Judicial caducado desde hace cinco años es el único organismo, además del Senado, realmente independiente.

De momento, ha reventado uno de los ejes de Alfonso Rueda, a quien designó sucesor en Galicia. Desde hace días, el PP gallego teme la pujanza del BNG y la posibilidad de que el cambio sume y acusa a la izquierda de querer importar el escenario del conjunto de España, de simpatizar con ETA o, casualidades, con Puigdemont. Es el argumento de “la isla de estabilidad” que el mentor de Rueda no duda en poner en almoneda por sus propios intereses.

Las segundas semanas de las campañas electorales a Feijóo no se le dan bien, como vimos en las generales. Esta que concluye el domingo empieza fuerte.

Era casi media noche. La mayoría de ministros, altos cargos del PSOE y parlamentarios estaban en sus sofás pegados al televisor. La gala de los Goya es sagrada. Quedan para verla algunos, se mandan mensajes y hasta se intercambian quinielas. Y Whatsapp empieza a estallar. Pero no era por La sociedad de la nieve. No daban crédito como confiesan algunos de ellos. Todos pegados a los medios digitales y a las redes sociales.

“¡Tremendo!”, exclama un alto cargo de Ferraz sobre las informaciones que revelan que el PP estuvo estudiando durante 24 horas la amnistía y que Alberto Núñez Feijóo se abre ahora a indultar a Carles Puigdemont. Además, el PP en privado reconoce que cree que no se podrá aplicar el delito de terrorismo al expresidente catalán en el caso de Tsunami Democràtic y en la investigación por la trama rusa.

Los socialistas han recibido estas informaciones con muchas sensaciones. Por un lado, están la indignación y la rabia después de meses sufriendo ataques en sus sedes e insultos por parte del Partido Popular por la investidura. Pero también creen que ahora se evidencia ante toda la sociedad española la “gran mentira” de Alberto Núñez Feijóo. A la vez subrayan que esto pone negro sobre blanco que su hoja de ruta por la convivencia es la adecuada. Y todo ello en la recta final de la campaña de las gallegas, lo que también ven como un tiro en el pie del propio Partido Popular.

La mayoría de las fuentes del PSOE consultadas creen que el PP ha hecho saber estas informaciones por la amenaza del pasado jueves de Carles Puigdemont de que “todo se sabrá”. “¡Qué esconderán!”, deslizan fuentes del entorno del presidente del Gobierno sobre las negociaciones secretas de Génova 13 con Junts para la investidura de Alberto Núñez Feijóo.

En el Gobierno y en el PSOE vaticinan que quedan muchas cosas por saber y que el PP tiene que dar explicaciones después de meses arremetiendo contra la amnistía y la dura campaña que hizo contra la aprobación de los indultos durante la pasada legislatura: “¿Quiénes conocían en la cúpula del PP, además de Feijóo, que no veían terrorismo, que indultarían a Puigdemont y que estudiaron seriamente conceder la amnistía?”

En Ferraz consideran que Génova 13 tiene que responder también a más cuestiones: “¿Cómo explican que arrastrasen a miles de personas a la calle y a asediar sedes del PSOE con argumentos que Feijóo no compartía? ¿Se reunió directamente Feijóo con líderes de Junts? ¿Quiénes fueron los interlocutores? ¿Firmaron un preacuerdo con todo lo que hemos conocidos? ¿Existe ese papel?”

“¿Hablaron con Vox para estudiar el sí de la ultraderecha a la amnistía y los indultos? ¿Sigue pensando Feijóo que conceder indultos para restaurar la convivencia es romper España? ¿Tenía fecha para contarles a los españoles lo que le contó a un grupo de periodistas? ¿Por qué no lo hizo en sede parlamentaria? ¿Cuántas más cosas nos faltan por saber?”, lanzan desde la dirección federal del PSOE.

Además, dentro del partido se analiza que esto es una bomba del PP en plena campaña para las gallegas, donde las encuestas indican que hay posibilidades de que Alfonso Rueda pierda la mayoría absoluta. Esto supondría un durísimo golpe para Alberto Núñez Feijóo, que se ha implicado en primera persona en este 18F. Un líder territorial del PSOE hace este consideración: “¡Vaya lío en el que se ha metido! Es el número uno en cargarse una campaña en la última semana. Puede que tenga algo Junts que pueda sacar y lo ha hecho para prepararse. Si no, no se entiende”.

Fuentes gubernamentales también indican que esto deja a Núñez Feijóo “muy tocado” porque se desmonta a él mismo y lo deja sin argumentos y sin su principal arma política contra el Gobierno. Se evidencia, como repiten todas las fuentes, su “gran mentira”, algo que está denunciando todo el partido y todo el Gobierno. Los ministros salieron en tromba en la red social X a pedir cuentas al expresidente de la Xunta, desde Félix Bolaños (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) hasta Pilar Alegría (Educación y Deporte) pasando por Ángel Víctor Torres (Política Territorial y Memoria Democrática), Isabel Rodríguez (Vivienda) y Diana Morant (Ciencia y Universidades).

“Es increíble”, resume también su sensación unas de las personas con mando en plaza en Ferraz. Además, fuentes del PSOE subrayan que también se hace patente la peligrosidad del modo de hacer oposición de Núñez Feijóo porque ha tensionado el debate político y ha recriminado al Gobierno que esté practicando una “humillación” al país mientras él intentó lo mismo. Además, en el partido están todos convencidos de que el líder conservador hubiera pactado con Carles Puigdemont si no tuviera que contar también con los votos de la ultraderecha de Santiago Abascal.

Muchos cargos socialistas exigen al PP que pida “perdón” después de la estrategia de acoso al PSOE durante estos meses y aseguran que van a insistir en este tema mucho durante estas semanas porque es “muy grave” y se debe conocer toda la verdad. Otras de las críticas que más les han dolido durante este proceso es cuando el PP habla de “fraude electoral”. “¿Ahora cómo van a poder decirlo?”, lanza entre la ironía y el enfado un alto cargo del partido.

También los socialistas creen que esto servirá para volver a demostrar el “cinismo” de Alberto Núñez Feijóo y sostienen que ahora Génova 13 es tratando de “tapar” el revuelo poniendo el foco en otros temas como la muerte de los dos guardias civiles en Barbate en un momento muy sensible por la campaña de las elecciones gallegas. El PSOE reflexiona que ese intento de Feijóo de darle un carácter nacional a los comicios se le ha vuelto en su contra y ahora tendrá que explicar día tras día por qué ocultó esa información contraria a la línea oficial que mantenía ante a las cámaras.

Asimismo, varios cargos socialistas analizan que esto hace todavía más endeble el liderazgo de Núñez Feijóo, cuestionado tras las elecciones del 23 de julio. Dentro del propio Partido Popular hay sorpresa, confusión y malestar por esas noticias que revelan que la cúpula popular se acercó a Junts y se abre a ese indulto a Puigdemont. Entienden fuentes socialistas que esto le hará daño internamente al actual líder del PP, pero también supondrá un nuevo enfrentamiento con la ultraderecha, que ya ha salido a cargar contra el ex presidente de la Xunta.

Desconcierto. Confusión. Estupor. Las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo diciendo que ahora está a favor de un plan de “reconciliación” para Cataluña que incluya la concesión de indultos condicionados de los que podrían beneficiarse Carles Puigdemont y otras personas pendientes de procedimientos judiciales relacionados con el procés cayeron como una bomba en las filas del Partido Popular justo en el inicio de la recta final de la campaña electoral que el próximo domingo decidirá el rumbo del Gobierno de Galicia.

De muy poco sirvieron los esfuerzos del equipo de Génova, primero, y del propio Feijóo, después, para tratar de matizar semejante bandazo diciendo que en este momento “no se dan las condiciones” para esos indultos y que, por tanto, el líder del PP no es partidario de impulsarlos. Para salir del paso, Feijóo convocó una declaración sin preguntas en Ferrol en las que culpó al PSOE y a Sumar de tratar “de embarrar la campaña”.

En el PP saben que se han metido en un jardín y ahora todos sus esfuerzos se dedican a tratar de zanjar la cuestión. Los más próximos a Feijóo son muy conscientes de que han caído en una visible contradicción a una semana de unas elecciones en las que el partido se juega la mayoría absoluta en Galicia, echando por tierra semanas de precampaña y de campaña en las que su líder había defendido hasta la saciedad mensajes contrarios a cualquier medida de gracia. Muchos se preguntan qué credibilidad tendrá ahora Feijóo cuando denuncie cesiones a los independentistas a la vista de que él mismo ha confirmado estar dispuesto a conceder a Puigdemont un indulto condicionado.

La situación es extremadamente delicada. Perder la Xunta, admiten desde hace semanas en Génova, no es una opción para el presidente del PP, cuyo liderazgo saldría gravemente tocado en vísperas de las otras dos citas con las urnas del año: las elecciones vascas, todavía sin fecha, y las europeas del mes de junio. Al acecho, esperando, sigue la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dispuesta a tomar el relevo.

Lo que nadie explica en Génova es por qué Feijóo decidió cambiar de discurso sobre Cataluña precisamente este sábado. Una decisión extraordinariamente relevante cuya publicación no se improvisó. Él mismo la dio a conocer en su intervención en un mitin en Sarria al que, no por casualidad, Génova había convocado a una parte de los periodistas que siguen habitualmente la información del partido en Madrid. Y que fuentes del PP, al máximo nivel, confirmaron después a los informadores desplazados a la localidad lucense.

A falta de una explicación mejor, todo apunta a que Feijóo quiso anticiparse a Puigdemont después de que el expresident amenazase por carta con hacer públicos los detalles de las conversaciones que el PP mantuvo con Junts para sondear la posibilidad de que los independentistas apoyasen en el Congreso la investidura del candidato conservador. Feijóo, no obstante, no ha precisado si llegó a ofrecer el indulto condicionado que ahora se muestra dispuesto a conceder.

Conscientes de la contradicción en la que su líder se ha metido, el equipo de Génova entró en modo control de daños y convocó una declaración sin preguntas de Feijóo en Ferrol en la que, al asegurar que en este momento “no se dan las condiciones” para conceder indultos a las personas que tienen procedimientos pendientes en relación con el procés, acabó confirmando esa posibilidad: está dispuesto a apoyar la adopción de medidas de gracia si los afectados aceptan sus condiciones (arrepentirse de lo que hicieron, prometer que no lo volverán a hacer y ponerse a disposición de la justicia española).

Contra toda evidencia —sus declaraciones en un mitin en Sarria y las informaciones facilitadas por su partido fueron reproducidas por la inmensa mayoría de los medios que tuvieron acceso a ellas— Feijóo trata de zanjar el asunto culpando al Gobierno de tratar de “embarrar la campaña” de las gallegas, que este lunes entra en su recta final.

Sin desmentir sus propias palabras, en las que reveló haber considerado durante 24 horas la posibilidad de acceder a la amnistía que le pedía Puigdemont, Feijóo asegura que sigue oponiéndose a la ley que tramita el Congreso porque, en su opinión, “es ilegal, inconstitucional y rompe el principio de igualdad de todos los españoles”. 

Y rechazó la posibilidad de tramitar indultos porque, insistió, “no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto”. A saber, las que enumeró el día anterior: que quien ha cometido un delito diga “que no lo volverá a cometer”. Esta es “la condición mínima para la reconciliación, para la amnistía, para los indultos o para cualquier cuestión”, añadió admitiendo por primera vez que la amnistía o los indultos serían aceptable bajo determinadas condiciones.

¿Qué pasaría si Puigdemont y los suyos aceptase esas condiciones? Feijóo no dio oportunidad a que nadie se lo pudiese preguntar, después de que él mismo se mostrase a favor de los indultos en el marco de lo que denominó un “un plan de reconciliación”.

La prioridad ahora en el PP es enterrar los mensajes del sábado y volver al discurso anterior. “No tenemos ninguna duda ni la hemos tenido ni la vamos a tener en lo que tenemos que hacer”, proclamó en su declaración sin preguntas. Entre otras cosas porque la precampaña y parte de la campaña electoral para el 18F de su candidato, Alfonso Rueda, ha quedado en entredicho. 

No será fácil. Ahora el foco lo han puesto en Ana Pontón y el BNG, a quienes las encuestas muestran en pleno ascenso y señalan como la principal amenaza para la mayoría absoluta del PP, pero los conservadores han visto este fin semana cómo saltaba por los aires su discurso sobre Cataluña y con él los mensajes con los que el sucesor de Feijóo pedía el voto en clave estatal con críticas a Pedro Sánchez y advertencias de que Galicia no está dispuesta a admitir concesiones a os independentistas.

Imposible anticipar la trascendencia electoral del tropezón protagonizado por Feijóo, que en todo caso recuerda al que protagonizó el último lunes de campaña de las generales del 23J cuando una periodista de TVE que le entrevistaba en directo puso al descubierto sus mentiras sobre la posición del PP en materia de pensiones. 

En aquella ocasión, lo ocurrido marcó un punto de inflexión electoral con errores sucesivos que continuaron durante varios días hasta la jornada de votación. Uno de ellos fue la decisión de dejar la silla vacía en el debate electoral organizado por TVE, al que sí acudieron Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal, y que según todos los analistas pasó factura al PP. Eso es, exactamente, lo que Alfonso Rueda parece dispuesto hacer el próximo miércoles: dejar vacía la silla del debate organizado por TVE y al que sí acudirán Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG-PSOE). 

De momento, nadie en el sector más radical del PP, liderado por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e integrado entre otros por figuras como el expresidente José Maria Aznar o la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, han comentado las palabras de Feijóo ofreciendo indultos condicionados en el marco de un plan de reconciliación que permita pasar página al procés. Lo que es seguro es que no han sentado nada bien y que tampoco son del agrado de la derecha mediática, que siempre ha empujado a Feijóo para afrontar con la máxima dureza la cuestión catalana.

Feijóo consiguió enterrar el debate sucesorio asumiendo precisamente el discurso de los más duros de su partido en contra del independentismo y de la amnistía, dispuesto a disputar a Vox la bandera de la oposición más extrema contra Sánchez y convocando sucesivas movilizaciones, primero para intentar impedir la investidura del candidato socialista y después para provocar su caída. Durante meses, el discurso del líder del PP se ha opuesto tanto a la amnistía como a la concesión de indultos y ha negado la necesidad de llevar a cabo una reconciliación en Cataluña. Su hoja de ruta durante los últimos meses ha sido exclusivamente judicial.

El PP desbarató este fin de semana, a siete días de unas elecciones clave para la supervivencia de Alberto Núñez Feijóo en el liderazgo de la derecha, seis meses de estrategia de oposición frontal a la decisión del Pedro Sánchez de abrir una vía de reconciliación en Cataluña aprobando una ley de amnistía.

Lo hizo el propio Feijóo admitiendo, un mitin en Galicia, que consideró durante 24 horas la posibilidad de aceptar la amnistía que Junts y Esquerra llevan años reclamando para poner fin a la persecución judicial de las personas que de un modo u otro tuvieron que ver con el procés y de la que depende la normalización política en Cataluña. Una demanda que el independentismo ponía como condición para votar favorablemente una investidura en el Congreso.

La admisión del líder del PP llegó dos días después de que Carles Puigdemont, en una carta dirigida el jueves a todos los eurodiputados, amenazase con hacer públicos los detalles de los contactos que el PP mantuvo con Junts de cara a una eventual investidura de Feijóo. “Hay otra cosa de la que estoy completamente convencido. Si mi partido hubiera permitido la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, o hubiera impedido la de Pedro Sánchez, estos espectáculos se habrían ahorrado”, señaló en referencia a las maniobras que están intentando torpedear la amnistía en el ámbito político y judicial. “Y de esto también hablaremos cuando toque. Como en la trama rusa, todo se sabrá”, advirtió.

Lo cierto es que Feijóo acaba de cambiar radicalmente de discurso sobre Cataluña. De negarse a ninguna solución que no pase por el estricto cumplimiento de la ley, incluyendo el procesamiento y, en su caso, condena de todos las personas relacionadas con el procés, el máximo responsable del PP ha pasado a mostrarse a favor de un hipotético “plan de reconciliación”. De rechazar tajantemente su necesidad, ha pasado a defender una solución política, siempre que se cumplan algunas condiciones, como que Puigdemont y los suyos muestreen arrepentimiento y se sometan a la acción de la justicia y que la solución se vehiculice a través de un indulto.

Fuentes del PP al más alto nivel citadas por el diario El País sostienen que Feijóo estaría dispuesto a estudiar, como alternativa a la amnistía, la posibilidad de un indulto condicionado a Puigdemont como parte de un “plan de reconciliación” para Cataluña, siempre y cuando el expresidente de la Generalitat fugado a Bélgica aceptara “someterse a la justicia española, verbalizara su arrepentimiento y se comprometiera de forma explícita a cumplir con el Estado de derecho”.

Fuentes del PP citadas por el mismo diario reconocen también “dificultades” para que los jueces puedan probar que Puigdemont cometió un delito de terrorismo, a pesar de que su discurso público es vincular al procés con la violencia siguiendo la estela del juez García-Castellón. El 28 de enero, Feijóo sostuvo que en Cataluña se produjeron “actos terroristas”, y en una entrevista en Antena 3 el día 31 sentenció: “El terrorismo es terror y en Cataluña hubo días de absoluto terror”. En privado, sin embargo, la dirección popular cree que no será fácil probarlo.

“Nosotros estamos a favor de la reconciliación y haremos todo lo posible para que aquellos que rompieron la convivencia se reconcilien con el Estado de derecho y con la convivencia del país”, aseguró Feijóo en un mitin electoral en Sarria (Lugo). “La reconciliación es necesaria”, insistió, pero debe hacerse con condiciones: que quien ha cometido un delito diga “que lo volverá a cometer”. Esta es “la condición mínima para la reconciliación, para la amnistía, para los indultos o para cualquier cuestión”, añadió admitiendo por primera vez que la amnistía sería aceptable bajo determinadas condiciones.

“A los que piden amnistía, les pido que se sometan a las leyes en España. A los que piden indultos, les pido que verbalicen el arrepentimiento, y a los que se fugaron, les pido que regresen y que se sometan a disposición de los tribunales españoles”. “Si se cumple todo esto, entonces hablemos de reconciliación y de seguir adelante”, insistió.

A la vista del revuelo que el giro de timón ha provocado, cuyas consecuencias a una semana de las elecciones en Galicia nadie se atreve as pronosticar, el PP intentó en la madrugada de este domingo rebajar el alcance de las palabras de su líder. 

Fuentes de Génova subrayaron que el PP nunca indultaría a una persona acusada por cualquier delito que no mostrara total arrepentimiento. Todo lo contrario, sostienen, de lo que hizo el Gobierno con los condenados por el procés. “Ni amnistía (porque es inconstitucional) ni indultos (porque son injustos y arbitrarios)” ara quienes “dicen que lo volverían a hacer”, añadieron las mismas fuentes dejando abierta la puerta de nuevo, a medidas de gracia para quienes renuncien expresamente a la unilateralidad.

Las reacciones no se han hecho esperar. Santiago Abascal, el líder de Vox, con que el PP comparte responsabilidades de gobierno en varias comunidades autónomas y numerosos ayuntamientos, calificó el cambio de opinión de Feijóo de “estafa al electorado”. “Si no existiera Pedro Sánchez, el señor Feijóo acabaría de protagonizar la mayor estafa al electorado jamás realizada en España. Se queda en segunda posición, pero cerca del primer puesto. Es un grave insulto a los españoles”, proclamó a través de las redes sociales, anticipando el malestar que la actitud de Feijóo ha causado en las filas de la derecha dura.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de una entrevista publicada por La Voz de Galicia, se mostró convencido de que el líder del PP habría aprobado una amnistía “si no dependiera de Vox”. Y eso que, cuando respondió a las preguntas de este diario, todavía no se conocía el cambio de posición de Feijóo.

Varios ministros socialistas han respondido al líder de la oposición preguntándose si el PP pedirá perdón por “las barbaridades” que les han dicho, tras conocerse que el partido estaría abierto a conceder un indulto condicionado a Carles Puigdemont.

“Sabíamos que el tiempo nos acabaría dando la razón. Lo que no sabíamos era que Feijóo lo iba a reconocer tan pronto”, aseguró el ministro de Transporte, Óscar Puente, en un mensaje en sus redes sociales. “Sabemos que tenemos razón haciendo lo que hacemos. Sabíamos que no iba a ser fácil”, remachó.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, le ha preguntado al PP en un mensaje en la red social X si pedirán perdón por las “barbaridades” que han dicho acerca de la amnistía, y ha acusado al partido y a Feijóo de “interpretar” una “oposición apocalíptica”.

“La noche de los Goya el PP y Feijóo nos cuentan que su oposición apocalíptica a la amnistía es solo una interpretación, que saben que no hubo terrorismo y quieren la reconciliación y los indultos ¿Pedirán perdón por las barbaridades que nos han dicho?”, escribió Bolaños.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha ironizado sobre la actitud del PP con la amnistía, asegurando que la verdad sale a la luz y el partido acabará manifestándose contra sí mismo si sigue así.

Según Alegría, “el PP sólo sabe moverse en el fango y la mentira y, después de tantos ataques y reproches, la verdad sale a la luz. Feijóo sopesó la amnistía y propone ahora el indulto para Puigdemont. A este paso, la semana que viene se manifiesta contra sí mismo”.

En la misma línea ha comentado esta noticia la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha acusado al PP de que su “desfachatez no tiene límite” y ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando por la convivencia.

“La desfachatez del PP de Feijóo no tiene límites. Dijo que no es presidente porque no quiso y ocultó a los españoles que estaba dispuesto a conceder indultos. Frente a sus mentiras, el Gobierno seguirá trabajando por la convivencia en Cataluña y en toda España”, señaló Montero.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha subrayado que “el Gobierno lleva años trabajando por recuperar el entendimiento, la convivencia y la normalidad que nunca debió perderse”. “Tras tanta crispación y falsedades, ahora Feijóo y PP reconocen que todo era impostura y que el Gobierno está haciendo lo que debe”, escribió en su cuenta de X.

Estoy a favor de la amnistía para los hechos vinculados al procés republicano catalán y a la consulta popular del 1-O por ser justa en sí misma, no porque Sánchez necesite los votos de Junts y ERC.

Atiendo a los argumentos de personas que legítimamente están contra la amnistía. Desprecio los tópicos demagógicos de una cruzada "antisanchista" y anticatalanista. Entre ellos...

La oposición a una ley de amnistía puede argumentarse desde varios enfoques.

En la tradición jurídica española e internacional se contemplan tres medidas de gracia: indulto individual, indulto general y amnistía. Son cualitativamente diferentes.

En la Constitución de 1931, "las amnistías sólo podrán ser acordadas por el parlamento. No se concederán indultos generales". En la Constitución de 1869 se daba al rey la facultad de "indultar a los delincuentes, con arreglo a las leyes" (art. 73), pero el rey debía estar autorizado por una ley especial para conceder amnistías e indultos generales (art. 74). En la Constitución de 1876 correspondía al rey indultar a los delincuentes con arreglo a las leyes, sin más referencia a medidas de gracia.

La Constitución define un marco institucional y de derechos/deberes, sin establecer todo lo permitido y todo lo prohibido, y sin sustituir al desarrollo legislativo. Si lo hiciera, no habría espacio para la democracia y la política. Una ley no puede oponerse a la Constitución, pero lo que no es anticonstitucional ni está obligado por la Constitución puede ser ilegal (por ley) o puede ser legal (por ley o por ausencia de regulación que lo coarte). La pena de muerte no es totalmente anticonstitucional en España, pues la CE permite que las leyes militares la incluyan en caso de guerra. La pena de muerte fuera de estado de guerra es anticonstitucional. En estado de guerra no es anticonstitucional, pero puede ser legal (si la incluyen las leyes militares) o ilegal (si no la incluyen).

No es cierto que todo lo que la CE no prohíba esté permitido ni que todo lo que no autorice esté prohibido. La CE ni prohíbe ni ampara fumar en determinados espacios públicos: la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, lo prohíbe, pero no es mandato constitucional y podría cambiarse por otra ley (¡no, por favor!). La CE ni prohíbe ni establece la Amnistía, que no choca con ningún artículo de la CE y no es anticonstitucional; en este momento es legal pues ninguna ley la prohíbe. El indulto individual no es anticonstitucional y está regulado por una ley de 1870 (actualizada en 2015), que ordena y limita esa potestad gubernamental.

¿Cómo se vinculan las medidas de gracia y la CE? Estas medidas se citan en general en tres artículos de la CE: el 62, relevante a efectos del tema que nos ocupa; el 87, que no admite iniciativas legislativas populares sobre medidas de gracia; el 102, que prohíbe medidas de gracia sobre responsabilidad criminal del Presidente y demás miembros del Gobierno.

El artículo 62 letra i dice "[Corresponde al rey] (...) i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales". No aparece en el marco de una definición o regulación constitucional de las medidas de gracia, sino en la descripción de las tareas del rey/reina; siendo España una monarquía parlamentaria, eso significa que el rey confirma las decisiones tomadas por el Gobierno de España (indulto) o por las Cortes Generales (amnistía).

La CE no cita el indulto individual ni la amnistía; sólo nombra el indulto general para prohibirlo. La CE no instituye, ni define ni regula las otras medidas de gracias aplicables, las deriva al sistema legislativo.

Si la voluntad de las Cortes Constituyentes hubiera sido prohibir la amnistía, la redacción de la letra i del artículo 62 hubiera sido "Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales o amnistías". No es creíble que lo olvidaran o quisieran ahorrarse 11 caracteres. "Por lo que se refiere a la materia de la amnistía, se acuerda no constitucionalizar este tema" (acta ponencia constitucional, 3/11/1977): esto significa que la amnistía y el indulto no eran asuntos a regular en la CE. Los indultos individuales y las amnistías no son inconstitucionales, como tampoco lo sería una ley que las prohibiera. El indulto general sí es inconstitucional.

La Constitución da el mismo trato a indulto individual y amnistía: no se citan, se subsumen en "medidas de gracia". Da por hecho lo que jurídicamente es una amnistía (nota 4) o un indulto individual. Los indultos individuales y la amnistía no pertenecen al bagaje constitucional sino que forman parte de posibles tareas gubernamentales (Consejo de Ministros) o legislativas (Cortes Generales).

Sin embargo, contra la amnistía nos repiten un pseudoargumento: "La Constitución prohíbe el indulto general. La amnistía es más que el indulto general. Quien no puede lo menos, no puede lo más. Luego la amnistía es anticonstitucional".

La primera premisa es cierta. La segunda es muy discutible. La tercera es una trampa, pues oculta que el "quien" que no puede lo menos es distinto del "quien" que no podría lo más. La conclusión es falsa.

Dicen que la amnistía es más que el indulto general, sin precisar ese ser más, pero la diferencia entre ambas medidas es más cualitativa que cuantitativa: "es erróneo razonar sobre el indulto y la amnistía como figuras cuya diferencia es meramente cuantitativa, pues se hallan entre sí en una relación de diferenciación cualitativa" (Sentencia Tribunal Constitucional 147/1986).

La principal diferencia cualitativa entre el indulto general y la amnistía es a quién correspondería conceder un indulto general (Gobierno) y a quién una amnistía (Cortes Generales). En Dictamen sobre una propuesta de ley de amnistía hay un análisis detallado.

En ciertos aspectos podría decirse coloquialmente que el indulto general es menos generoso que la amnistía (el indulto cancela pena, la amnistía también cancela el delito), pero el indulto general, si no lo prohibiera la Constitución, sería más arbitrario y caprichoso que la amnistía.

La prohibición del indulto general en las constituciones de 1931 y 1978 posiblemente responda a que ambas Cortes constituyentes considerasen que una herramienta del calado del indulto general, cercana a la amnistía, no debiera estar en manos de un gobierno y de meros reales decretos, mientras que la amnistía es competencia de las Cortes Generales, que "representan al pueblo español" y "ejercen la potestad legislativa del Estado". Esto nos lleva a la principal falla del sofisma basado en que "si se prohíbe lo menos, se prohíbe lo más", lo que no significa nada si no se precisa el sujeto al que se prohíbe lo menos y el sujeto al que se prohíbe lo más.

Que las Cortes Generales puedan hacer algo que está prohibido al Gobierno es muy habitual (división de poderes es división de competencias). Las Cortes pueden pedir al Rey que declare la guerra, cosa que no puede hacer el Gobierno. La cuestión "a quién se le prohíbe una medida de gracia" es esencial, dado que los indultos son competencia gubernamental y las amnistías competencia parlamentaria.

Aunque se admitiese que la amnistía fuera más que el indulto general, de ello sólo se podría deducir que "dado que el indulto general está prohibido al Gobierno, la amnistía también está prohibida al Gobierno". Efectivamente, pueden dar indultos individuales y no pueden dar amnistías. Pero de ninguna manera se puede deducir que "dado que el indulto general está prohíbido al Gobierno, la amnistía está prohíbida a las Cortes Generales". Ni siquiera es cierto que lo permitido al Gobierno está permitido a las Cortes Generales: el Gobierno puede dar indultos inviduales, las Cortes Generales no pueden. Las medidas de gracia no son cajas chinas encajadas unas en otras según tamaño, sino cajas con formas no encajables.

Cito a Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, profesora de la UCM:

"Creo que no se debe entender que la amnistía esté constitucionalmente prohibida por varias razones:

Releyendo la Ley de Amnistía de 1977. Efectos jurídicos e interpretaciones erróneas.

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2023, núm. 25-20, pp. 1-50."

Cuando dicen que "una Amnistía no cabe en la Constitución" suelen hacer referencia al principio constitucional de igualdad: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" (art. 14). Entre quienes más insisten en esto están dirigentes políticos (como Ayuso o Abascal) que en numerosas ocasiones han condenado el "igualitarismo" y que tienen una visión jerárquica y elitista de la sociedad.

Esto no es nuevo, lo hemos visto en otras ocasiones. Tanto Vox como Alfonso Guerra o Joaquín Leguina son enemigos de la Ley contra la violencia de género de 2004 (apoyada en su momento por el PP), pues dicen que rompe la igualdad ante la ley, en la medida que da trato específico a las agresiones cometidas por hombres contra sus parejas o ex-parejas mujeres, sin que les importe la marcada diferencia en número, significado, consecuencias y virulencia entre las agresiones hombre contra mujer y las agresiones mujer contra hombre. Ni Vox, ni Leguina, ni Guerra se escandalizan ante la violación del artículo 14 de la Constitución que se comete en el artículo 57.1 de la propia Constitución cuando impone la discriminación de la mujer en la sucesión al trono, por la que Felipe VI es rey.

Estas "operaciones de despiste" y manoseos de la igualdad ante la ley se producen una y otra vez, especialmente por grupos privilegiados que dicen que va contra la "igualdad" o la "libertad" cualquier medida que limite sus privilegios. Casi todos los que dicen que un amnistía iría contra la igualdad ante la ley comparten una retorcida interpretación del artículo 56.3 de la Constitución, según la cual la inviolabilidad e irresponsabilidad del Rey abarca delitos ajenos a sus funciones (asesinato, violación, secuestro, fraude fiscal, conspiración para el golpe de Estado, cualquier cosa pensable). Esa interpretación es una bazofia moral, obviamente, y también política, porque no es lo que dice la CE.

El indulto individual o la amnistía no violan el principio constitucional de igualdad ante la ley. Las leyes se regulan y aplican de acuerdo a situaciones y circunstancias que no son uniformes. Es legítimo estar contra las medidas de gracia o presentar un proyecto de ley para prohibirlas, pero no son anticonstitucionales. Como casi todas las medidas políticas o legales, el indulto individual y la amnistía afectan especialmente a algunas personas. Cuando un gobierno dicta un indulto individual no se indulta a todas las personas presas, y cuando las Cortes aprueban una amnistía no afecta a la totalidad de las personas condenadas o encausadas. De hecho, el indulto individual, que nadie discute, es más "exclusivo" y singular que la amnistía.

Una persona puede ser indultada, por razones de justicia, equidad o humanitarias -o sin razones-, de un delito cometido en un periodo dado, sin que se de indulto individual a otra persona que cometiera el mismo delito en el mismo periodo. En cuanto a la amnistía, que no selecciona personas sino tipos de delitos y periodos en que se cometieron, si dos personas cometieron el mismo delito en las mismas fechas ambas será amnistiadas o no amnistiadas. Por otra parte, la amnistía no considera las situaciones individuales, sino que se fundamenta en el interés general y la convivencia social.

Estoy a favor de que existan el indulto individual y la amnistía. Creo en la necesidad de aplicar decisiones específicas, incluso extraordinarias, a situaciones específicas. Esas medidas de gracia no cuestionan la igualdad ante la ley. Se puede discrepar de indultos y amnistías concretas, y puede haber arbitrariedad (como en toda decisión política) o favoritismos en ellas. Por ejemplo, no está claro por qué Felipe González indultó en 1988 a Alfonso Armada y no indultó a Antonio Tejero, habiendo ambos sido condenados por la rebelión militar del 23-F y teniendo Armada rango superior y previa intensa cercanía a la Casa del Rey. Sin embargo, de la discrepancia con un indulto (o con su ausencia) o una amnistía no se puede saltar a una consideración general sobre las medidas de gracia como tales.

Ni el indulto individual ni la amnistía contradicen en nada el principio de igualdad establecido en la Constitución, a diferencia de lo que ocurre con otros artículos de ella, con algunas leyes y con algunas medidas gubernamentales desigualitarias.

Ninguna ley prohíbe en España una amnistía. Podría haberla, pero no la hay; si la hubiese podría cambiarse y luego aprobarse una amnistía, pero no será necesario porque no la hay.

El indulto individual está regulado por la "Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto", última actualización 31/3/2015. Es competencia del Consejo de Ministros, vía Real Decreto. Es una medida de gracia de competencia gubernamental, pero regulada por ley. La concesión de indultos es competencia del poder ejecutivo, pero la manera de hacerlo está regulada por el poder legislativo desde 1870, y lo estaba cuando se aprobó la Constitución de 1978.

La amnistía es competencia del poder legislativo, de las Cortes Generales, a ejercer a través de ley orgánica. Nadie hay por encima de las Cortes Generales que pueda regular los procedimientos de concesión de una amnistía, competencia del poder legislativo. Si las Cortes quisieran, podrían hacer una ley reguladora de la amnistía, o incluso prohibirla, pero no lo han hecho y por tanto una ley de amnistía es un acto legislativo singular que establece su propio procedimiento, con la limitación de no violentar el marco constitucional: "al tratarse de una vía extraordinaria, debía regularse en la propia ley que la concediera, de manera que era normal que no se previera la amnistía como algo 'natural', lo que no impide que pudiera ser concedida para algún grupo de personas o de delitos, siendo el parlamento quien debería elaborar y aprobar la oportuna ley que la regulara" (Dictamen sobre una propuesta de ley de amnistía, Gº Rivas, LLabrés, Mira, Portillo y Rebollo).

He argumentado que esa amnistía no sería anticonstitucional y que sería legal. Pero no todo lo que sería legal es oportuno y positivo. Cosas que caben en la Constitución y que serían legales son francamente odiosas. Explicaré por qué apoyo una ley de amnistía (en espera de conocer su contenido). Explicación necesariamente política, a diferencia de la explicación de un indulto individual.

a. El origen del procés

El procés republicano-catalanista emergió con enorme fuerza en las Diadas de 2012 (Catalunya, nou estat d'Europa) y 2013 (Via Catalana cap a la Independència). No surgen de la nada: tenían un fuerte componente reactivo ante un maltrato a la democracia, a la sociedad catalana y a sus instituciones. En 2010, tras recurso presentado por el PP, principal responsable de lo ocurrido después, el Tribunal Constitucional (TC) realizó cambios en el texto del Estatuto de autonomía, anulando numerosos incisos y algún artículo completo, ante lo que se produjeron las primeras movilizaciones masivas de protesta, pese a que el TC había rebajado bastante lo exigido por el PP; cuatro miembros del TC, en su sector conservador, presentaron votos particulares por considerar la sentencia "benévola".

El Estatuto de Autonomía había sido aprobado por el parlamento catalán (120 a favor, 15 en contra del PP). Pasó al Congresos de los Diputados, donde se modificaron cerca del 50% de los artículos (pacto PSOE-CiU) y fue aprobado por 189 votos a favor y 154 en contra (PP y ERC). Finalmente fue ratificado en Cataluña por referéndum, con 73% de votos a favor y 21% en contra y con una participación del 49%. Pidieron el Sí CiU, PSC e ICV, y pidieron el No PP, ERC y CUP.

Desde la modificación del Estatut de Catalunya por el TC, Cataluña es la única comunidad autónoma cuyo estatuto vigente se considera impuesto desde fuera por gran parte de la población, que lo vivió y lo vive como un agravio, acentuado por los sistemáticos ataques de PP (y luego de Cs y Vox) contra el modelo educativo catalán de inmersión lingüística, en torno al cual había y hay en Cataluña un consenso que va más allá del independentismo.

b) Una represión desmedida

La represión aplicada a las movilizaciones sociales durante las fechas anteriores y posteriores al referéndum fue desmesurada, además de ser gestionada con intención "espectacular" (el piolín). Ordenar intervenciones policiales para impedir las votaciones del 1-O no estaba justificado, ya que, aunque fueran alegales, la organización y ejecución de consultas populares no estaba ni está considerada delito en el Código Penal. De hecho, los dirigentes republicanos que fueron juzgados por el TS no fueron condenados por rebelión ni por convocar la consulta.

La regulación constitucional y legal de los referendos en su sentido estricto constitucional es competencia del Estado, quedando cierto margen para la regulación de consultas no refrendarias autonómicas, aunque muy limitado. La consulta popular del 1-O no entraba en esos márgenes, pero eso no convertía en delito su convocatoria, simplemente le quitaba validez administrativa, con independencia de la opinión personal que nos merezca (para mí, una vez en manos de una amplia implicación popular, fue la expresión más democrática y relevante de un proceso bastante discutible en lo que se refiere al comportamiento de las cúpulas políticas del procés). El despliegue destinado a impedir la celebración de la consulta del 1-O fue irresponsable y abrió nuevas heridas en una sociedad en la que gran parte de su población -incluyendo mucha no independentista- se sentía agraviada con la imposición desde arriba de un estatuto ajeno a las instituciones catalanas. Los seis minutos del discurso de Felipe de Borbón el 3 de octubre, de dudosa constitucionalidad por la intromisión del Rey en tareas políticas, no contribuyeron a curar heridas.

En lo que se refiere al núcleo de dirigentes republicanos ya juzgados por el TS, las condenas fueron discutibles dentro de la ley entonces vigente, pero sobre todo era muy discutible la legislación que consideraba sedición, con penas entre 4 y 15 años, actos que no pasaban de desórdenes públicos; de ahí las dificultades encontradas a la hora de conseguir extradiciones desde otros países europeos.

En efecto, "sedición" no tenía nada que ver con ningún intento de rebelión o de "quebrar" el Estado, ni con un "asalto" al poder, ni con las decisiones tomadas por la Generalitat o el parlamento catalán, sino que era un delito aplicable exclusivamente a movilizaciones públicas y multitudinarias en las que se tratase de impedir que se aplicase una ley o se dificultase la actuación de autoridades encargadas de aplicarla. Los dirigentes republicanos, que no tuvieron un protagonismo especial en los actos multitudinarios de esos días, aunque sí en las decisiones institucionales, no fueron condenados por esas decisiones, sino por "alzamientos tumultuarios" en los que apenas participaron (lo que también podría haberse aplicado a 200 personas que tratasen de evitar un desahucio en su vecindario dificultando el acceso de la policía).

En cierta forma, no pudieron ser condenados por lo que sí hicieron (teniendo el TS el buen tino de entender que no había rebelión y que la convocatoria del referéndum o la testimonial "declaración" de independencia no eran delictivas) pero se les condenó por unas movilizaciones populares en las que el protagonismo principal fue de Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana o Comitès de Defensa de la República, pero con condenas más cercanas a una condena por participar en una rebelión que a una por desórdenes públicos.

c) Pasos parciales hacia la convivencia

Tras la moción de censura exitosa de junio de 2018 comienza una fase de lenta distensión, aunque hubo que esperar unos tres años hasta el indulto. De la constitucionalidad de los indultos individuales de 2021 no había duda ni para el PP, ya que Aznar había batido récords en su concesión y bordeado la inconstitucionalidad del indulto general emitiendo más de 1400 indultos individuales en una misma fecha sin más motivación que la celebración del Año Jubilar católico. Sin embargo, la agresividad de las respuestas del PP y de Cs ante estos pocos indultos fue muy semejante a la actual de PP y Vox frente a la posible amnistía y en el mismo tono apocalíptico. Todo lo que están diciendo ahora respecto a la amnistía lo dijeron ya respecto a los indultos, excepto lo de que fuera anticonstitucional.

En junio de 2023 entró en vigor una reforma del Código Penal en la que, por fin, se suprime el delito de sedición. Esto era necesario porque bajo el término "sedición" se ocultaba un desequilibrio entre las altas penas que se le asignaban y los actos de protesta social así catalogados. Fuesen cuales fuesen los motivos del Gobierno PSOE-UP para esta reforma, era de justicia hacerla en el sentido señalado, aunque es muy criticable que el nuevo delito de desórdenes públicos agravados no sólo incluya lo antes considerado como sedición sino también otras protestas sociales que podrían ser tratadas con más rigor que antes.

Estas medidas, tratadas por el PP como "concesiones" o "capitulaciones" o "ponerse de rodillas" ante el independentismo republicano catalán, no fortalecieron a éste, como indican los resultados de las elecciones generales del 23-J. En las elecciones generales de 2019, con varios dirigentes republicanos en la cárcel, el independentismo obtuvo un 47% de los votos, mientras que en las de 2023, ya producido el indulto, se quedó en un 28%, mientras que la izquierda no independentista pasaba de un 36% a un 48,5%. Es un dato revelador, aunque hay que evitar espejismos: Cataluña vota diferente en elecciones catalanas que en elecciones generales.

En elecciones generales es habitual que en Cataluña la izquierda no independentista sume más votos que el independentismo, 2019 fue más bien una excepción. En las elecciones catalanas de 2021, PSC/ECP alcanzaron un 30% frente a un 48% independentista, en 2017 fue un 21% frente a un 47%, en las de 2015 un 22% frente a un 48%, en las de 2012 un 24% frente a un 48%. Digamos que en Cataluña tiene peso cierto pragmatismo que modifica su voto según el tipo de elecciones de que se trate. De todas formas, lo que justifica una política no es el número de votos sino sus efectos sobre el bienestar y la convivencia social.

d) En conclusión

A la hora de evaluar la amnistía hay que considerar varios hechos. Que la proclamación efectiva de la república catalana no es compatible con la CE es obvio, pero el TS ha confirmado que no hubo ningún intento de hacerla efectiva. Que el despliegue represivo por parte del Estado, incluida la aplicación del artículo 155 (con apoyo del PSOE), fue desmesurado, generó tensión social innecesaria y sufrimiento a quienes padecieron represión. Que el Gobierno de Rajoy bien podía haber dejado realizar una consulta popular con más carácter de movilización social republicana que de "referéndum", evitando una operación represiva a gran escala. Que la legislación que hacía de ciertas formas de protesta social masiva un "delito" de sedición con muy altas penas era inadecuada. Que la sentencia del TC, acertada al rechazar la acusación de rebelión hecha por el Ministerio Fiscal, erró -a mi entender- al considerar que los dirigentes republicanos juzgados habían sido dirigentes o principales autores de "alzamientos tumultuarios".

También debe considerarse que el citado delito de sedición ya no existe y que para las causas pendientes que pudieran ser afectadas por la amnistía estaríamos hablando, como mucho, de desórdenes públicos, y en muchos casos de meras sanciones administrativas.

La amnistía puede contribuir decisivamente a que las diversas opiniones que en Cataluña existen respecto a su encaje en el Estado español puedan convivir y confrontarse democráticamente en un ambiente menos tenso, lo que es de interés general. La opción contraria la expresó claramente Abascal cuando nos "prometió" que con un gobierno PP-Vox volverían las tensiones a Cataluña y serían peores que las de 2017. Yo añadiría que también se pondría mucho peor para toda España.

El objetivo de este artículo es la defensa de una amnistía que sería plenamente constitucional y legal. Esa discusión es diferente a la de la república catalana o a la de un "referéndum de autodeterminación". Entrar en ello alargaría aún más este texto. Pero querría hacer algún comentario acerca de la posibilidad de organizar consultas populares.

La Constitución considera situaciones en las que es obligatorio un referéndum ratificatorio (modificación de la Constitución o de los Estatutos, unificación entre País Vasco y Navarra) y contempla como competencia del Estado la convocatoria de referendos consultivos sobre "decisiones políticas de especial trascendencia", convocados por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso. La consulta del 1-O-2017 no cumplía esos requisitos y no era un referendo administrativamente válido en el sentido en que los regula la CE y la Ley Orgánica 2/1980: "La autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades, es competencia exclusiva del Estado". La vía referéndum es la establecida en la Constitución y la Ley Orgánica 2/1980, sometida -con matices- al régimen electoral general y a desarrollar bajo control de las Juntas Electorales (LO  5/1985).

Ahora bien, ni la Constitución ni el Código Penal prohíben que otras instituciones o cualquier otro grupo humano organice una consulta popular (no refrendaría), sin valor administrativo. En el caso de la consulta del 1 de octubre de 2017 el Parlamento de Cataluña reguló un referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña, con ánimo más bien testimonial. Tal convocatoria no correspondería a los referendos institucionalizados en la CE, pero eso no lo convertía en delictivo, sino sólo en inválido o "ineficaz" como referéndum, aunque pudiera tener un valor político y social.

Queda abierto un interrogante en torno a la posibilidad de que pudiera realizarse un referendo en el sentido institucional que le da la CE, preguntando sobre la vinculación entre Cataluña y España. Ese referendo, si no cambia la CE, tendría que ser convocado por el Estado y constitucionalmente sólo podría ser consultivo. A mi entender eso sería posible y no anticonstitucional, aunque en el contexto político actual me parece lejano, pues dudo de que el PSOE esté dispuesto a emprender ese camino, como tampoco lo está a asumir una vía republicana. Así que, por el momento, la amnistía puede ser un avance relevante que no debe ser zancadilleado. Eso no quita que España necesita, antes o después, una Constitución republicana y social en la que tengan cabida, si es una aspiración mayoritaria en Cataluña o en el País Vasco, la formación de una república catalana o vasca. De darse, ojalá esto sea en el marco de vínculos federales/confederales con el resto de España.

Los referendos y consultas han de abordarse con cuidado, pues tienden a simplificar las opciones disponibles y a polarizar en torno a dos opciones antagónicas aunque existan otras. La propia posibilidad de formular una pregunta razonable depende precisamente de que se haya desarrollado un diálogo social en las calles y en las instituciones. Sólo en ese debate previo podrán detectarse cuáles y cuántas propuestas con peso significativo hay en la sociedad respecto al tema de que se trate. En todo caso considero que los horizontes diferentes no deben impedir acuerdos relevantes en el presente. La aspiración republicana (en España y/o Cataluña) puede y debe inspirarnos en mucho de lo que hacemos y proponemos, pero por el momento urge sacar adelante la amnistía (por sí misma) e impedir el acceso al gobierno de PP y Vox, que tienen un proyecto abiertamente involutivo, no sólo respecto a la situación actual sino incluso también respecto a las esperanzas de la España de 1978.

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Luis M. Sáenz, jubilado y coeditor de trasversales.net

José María Aznar ordenó el 1 de diciembre de 2000 la aprobación en bloque de 1.443 indultos. Una medida de gracia, aprobada de una tacada, en un solo día y mediante decretos ley, que afectó a más personas que las que se verían beneficiadas de una amnistía si PSOE y Sumar acaban accediendo a tramitarla para cicatrizar las heridas judiciales pendientes como consecuencia del referéndum ilegal celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017.  

Y no fueron los únicos: a lo largo de sus ocho años de mandado, entre 1996 y 2004, quien hoy se opone a la amnistía en Cataluña perdonó a un total de 5.992 personas, entre ellas 16 presos de la organización terrorista Terra Lliure a los que otorgó la libertad apenas dos meses después de que CiU, la coalición política que está en el origen de Junts, le diese la investidura en el año 1996. El indulto, en este caso, había sido anunciado por el anterior gobierno socialista, pero fue Aznar quien, pudiendo no tramitarlo, lo llevó al Consejo de Ministros.

Con el indulto en bloque de diciembre de 2000 Aznar se sacó de encima casi la mitad de las solicitudes de indulto que tenía sobre la mesa. Y lo hizo con el argumento de que existía “circunstancias excepcionales”. ¿Cuáles eran? Según el entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes, el mismo que cuatro años después, siendo titular de Interior, intentó atribuir a ETA el sangriento atentado yihadista del 11-M, eran estos: el cambio de milenio, el aniversario de la Constitución, que se iba a celebrar unos días después y que tiene lugar todos los años, y una doble petición de “clemencia” formulada por el Vaticano con el fin de conmemorar el Año Santo.

Entre los 1.443 indultados había personas castigadas con menos de tres años de cárcel, que como regla general obtuvieron el indulto total y en algunos casos el indulto parcial con acceso a la libertad condicional. Pero también personas condenadas por delitos graves (un total de 278), penados con más de tres años de prisión a los que se concedió un indulto parcial atendiendo criterios de reinserción o rehabilitación y de reincidencia. Hasta 460 beneficiarios eran personas condenadas por delitos de insumisión con los que se castigaba a los hombres que se negaban a hacer el servicio militar. 

El Gobierno de Aznar excluyó expresamente los casos de terrorismo, de crimen organizado, de malos tratos, de agresiones o tráfico sexual y torturas o tráfico de drogas (en este caso, claro, porque dos años antes, en 1998, indultó al narcotraficante Daniel Baúlo, jefe del clan de Os Caneos, que había sido condenado a 14 años de prisión). Y condicionó la concesión a que no se volviese a cometer delito alguno.

Eran medidas, en palabras de Acebes, “de una prudencia enorme” y “un gesto de sensibilidad” que buscaba “dar a muchos españoles también una nueva oportunidad”.

Entre aquel numeroso grupo de indultados había varias personas bien conocidas, empezando por el exjuez Javier Gómez de Liaño, condenado por un delito de prevaricación continuada en el llamado caso Sogecable, una instrucción judicial con la que había intentado encarcelar a todo el consejo de administración del grupo Prisa, editor del diario El País.

También estaban en la lista Teresa Moreno Maya, Tani, una mujer condenada por matar a su marido maltratador, y a los condenados por el caso Filesa de financiación irregular del PSOE Carlos Navarro, Luis Oliveró y Alberto Flores. Y “algunos alcaldes” relacionados con prácticas irregulares, entre ellos el de Burgos, José María Peña —un independiente elegido en una lista del PP— condenado por el caso de la construcción.

Para justificar la decisión de aprobar tan extenso número de indultos, el ministro Acebes argumentó que detrás de cada uno de los beneficiarios existía, “sin lugar a dudas, un profundo drama humano”. Personas, añadió, “que cometieron un error en un momento determinado y no han vuelto a delinquir y a las que pretendemos dar una oportunidad”.

“Que haya personas que se hayan reinsertado en la sociedad, que puedan tener un trabajo o unas condiciones de convivencia” son los criterios esenciales a la hora de conceder un indulto, justificó el titular de Justicia en la rueda de prensa del Consejo de Ministros en la que hizo pública la decisión. “No estamos inventando, lógicamente, ningún criterio, sino aplicando mucho sentido común y, efectivamente, también mucha prudencia”.

La mayoría de los indultados en bloque por Aznar en diciembre de 2000 ya no estaban en prisión. En la cárcel, según datos aproximados facilitados por el ministro, estaban en torno a medio centenar de quienes se beneficiaron de aquella medida de gracia.

Tampoco están en ningún centro penitenciario las personas condenadas o con procedimiento pendientes en relación con el referéndum ilegal del 1 de octubre. De hecho, la mayoría de ellos, según los datos ofrecidos esta semana por Òmnium Cultural, están pendientes únicamente de multas administrativas (880 de un total de 1.432).

El resto son, siempre según esta organización independentista, 113 condenados penalmente, 35 pendientes de decisiones del Tribunal de Cuentas, 17 pendientes de sentencia y 387 con causa penal abierta. El que está amenazado por una condena más abultada es el expresident de la Generalitat Carles Puigdmont, que tras la reforma del Código Penal puede ser condenado todavía varios años de cárcel.

Aznar sigue siendo, a día de hoy, el presidente del Gobierno durante cuyo mandato más indultos se concedieron, 5.992. Le sigue José Luis Rodríguez Zapatero, con 3.381. Mariano Rajoy contabilizó 962 en siete años y Pedro Sánchez, en los cinco años que lleva en la Moncloa, ha utilizado esta fórmula en 158 ocasiones hasta abril de este año.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del Partido Popular de Andalucía, ha considerado este miércoles que un posible indulto del Consejo de Ministros al expresidente del Ejecutivo andaluz José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por el caso de los ERE, podría "dañar la imagen y la credibilidad de la Justicia", porque cuando hay "sentencias firmes, son sentencias firmes".

En una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press, Moreno ha manifestado que, desde un punto de vista humano, él nunca desea que nadie con una avanzada edad tenga que entrar en la cárcel, pero las leyes "hay que cumplirlas y la justicia tiene que ser respetada".

Ha puesto el acento en que la decisión del indulto la tendría que tomar un Consejo de Ministros en el que haya sentados por ministros los que fueron consejeros en el Gobierno de José Antonio Griñán en Andalucía. Con un posible indulto, según ha recalcado, estéticamente se estaría mandando un mensaje a la sociedad "muy complicado, que daña la imagen y credibilidad de la justicia, ya que cuando hay sentencias firmes, son sentencias firmes".

Juanma Moreno ha insistido en que "humanamente" lo entiende perfectamente, pero desde el punto de vista de la seguridad jurídica del país, se requiere de "mucha seriedad y rigor en la decisión que pueda adoptar el Gobierno".

El exvicepresidente del Gobierno y exvicesecretario general del PSOE Alfonso Guerra firmará el escrito de apoyo al indulto del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado por el caso ERE. "En ese documento estará mi firma", ha dicho y recogido Europa Press.

Así lo ha confirmado este miércoles en Santander, a preguntas de los periodistas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde ha aclarado que el documento que firmará no es la propia solicitud de indulto, que la presentará la familia de Griñán, sino un escrito de apoyo a dicha petición.

"Un grupo de amigos ha pensado que estaría bueno hacer un listado de personas que apoya eso --no solicitan el indulto, lo apoyan-- y yo he dado mi conformidad a que esté, con lo cual ya la opinión bien clara. En ese documento estará mi firma", ha afirmado al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre la posibilidad de indulto a Griñán.

Guerra ha insistido en que, pese a los "ríos de tinta" que ya han corrido en relación a ese indulto, éste no ha sido solicitado aún.

Con su apoyo, el histórico socialista se une a otros miembros del PSOE que también respaldan esa solicitud de indulto, como los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y también la senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

El Tribunal Supremo (TS) admitió los recursos contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de conceder los indultos parciales a nueve de los condenados por la causa del procés ante las "discrepancias" internas sobre quiénes estaban legitimados para recurrir. Los magistrados han explicado que los "complejos perfiles de la legitimación activa" en casos con delitos como el de sedición "unido a la reiterada discrepancia en el seno de la Sección" Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo "evidencia que no existe la claridad y firmeza exigible a una decisión de tal calado en este trámite".

Este jueves se han dado a conocer la batería de autos en los que el tribunal argumenta el fallo adelantado el pasado 24 de mayo. En dichas resoluciones, recogidas por Europa Press, la Sala ha precisado por qué han corregido su decisión inicial de rechazar los recursos presentados contra los indultos del procés.

Aunque en un primer momento se dijo que los recurrentes -entre ellos PP, Vox y Ciudadanos- no estaban facultados para emprender esta acción judicial por carecer de interés legítimo, el tribunal ahora ha asegurado que, ante las discrepancias, lo pertinente es admitir dichos recursos, lo que implica que los estudiará para pronunciarse sobre el fondo del asunto. La Sección Quinta acordó por una mayoría de tres votos frente a dos estimar los recursos de reposición de los partidos políticos. Esta decisión cuenta con los votos de Octavio Herrero y Ángel Arozamena. Por unanimidad se desestimó el recurso de Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén.

En los auto, el Supremo ha incidido en que "la legitimación (ad causam) es uno de los conceptos más oscuros del Derecho Procesal, hasta el punto de que, como se ha dicho, resulta más confuso cuanto más se escribe sobre él". Los magistrados han recordado que la legitimación es "la aptitud para ser parte en un proceso determinado" y que deriva del problema de fondo que se pretende discutir. En este sentido, han explicado que su debate "no puede condicionar el proceso" y que dicha legitimación "solo puede ser determinada" en la sentencia y no antes.

Así las cosas, han insistido en que aunque "la apreciación de la falta de legitimación activa determinará la inadmisibilidad del recurso" esta "no puede examinarse" con carácter previo "cuando esté íntimamente ligada a la cuestión de fondo", como -según los magistrados- sucede en este caso.

Al hilo, el tribunal ha señalado que la legitimación "no permite una respuesta indiferenciada para todos los casos, siendo preciso examinar en cada uno de ellos el concreto interés legítimo". "En el caso examinado, y al margen de otras consideraciones, nos enfrentamos a indultos parciales por delitos muy singulares: contra la sociedad, que protegen bienes jurídicos colectivos", ha subrayado la Sala.

Para los magistrados, esta singularidad supone una "dificultad añadida" a la hora de concretar quienes ostentan esa necesaria legitimación activa, íntimamente relacionada con el bien jurídico protegido -y sus titulares- por los delitos indultados, sin que, a su juicio, sea una condición obligatoria que los legitimados aparezcan identificados en la sentencia penal.

En el marco de la resolución, el Supremo ha recordado que, si bien el indulto necesariamente ha de tener por base la sentencia condenatoria penal, "es un acto independiente del Gobierno revisable en sede contenciosa, por lo que el presupuesto de la legitimación activa queda sujeta al Derecho Administrativo".