El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González declaró este lunes a la jueza de Estepona Isabel Conejo que no sabía que su mujer alquiló el inmueble en 2008 a una sociedad inscrita en el Estado de Delaware (EEUU).

González, que prestó testimonio como imputado junto a su mujer, Lourdes Cavero, y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, está siendo investigado por los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Las acusaciones populares de los extrabajadores de Telemadrid y de la asociación Transparencia y Dignidad consideran que el ático podría ser un regalo a cambio de favores o adjudicaciones de la Comunidad de Madrid.

Según la declaración de González, a la que ha tenido acceso infoLibre, el expresidente madrileño inició su comparecencia asegurando que el contrato de arrendamiento lo concertó con el presunto testaferro Rudy Valner, pero que desconocía que actuaba en nombre de la empresa Coast Investors. También dijo que el matrimonio consideraba que el propietario del dúplex de casi 500 metros cuadrados de superficie era Valner.

No conocía a su casero

El expresidente madrileño, que destacó que las conversaciones para alquilar el ático las llevó su mujer, explicó que durante cuatro años no se preocupó de saber quién era su casero, ya que Valner se comportaba "a todos los efectos como propietario de la vivienda".

En este sentido, el ex número dos del PP de Esperanza Aguirre relató que las condiciones económicas del arrendamiento las trataron con Valner, que era el que asumía como suyas las decisiones que tomaba y que en ningún momento les dijo que tenía que consultar con otra persona. También aseguró desconocer quién es Luis Osvaldo RepettoLuis Osvaldo Repetto, el ciudadano argentino que según Valner es el último propietario del inmueble, tal y como adelantó infoLibre este lunes en una grabación.

Por su parte Lourdes Cavero en su declaración explicó que en todo momento supo que Rudy Valner actuaba en representación de la empresa Coast Investors y que incluso cuando firmaron el contrato de arrendamiento en 2008 ésta le pidió un título de propiedad del inmueble, y que Valner le mandó una escritura donde figuraba una escritura a nombre de Coast Investors.

En nombre de Coast Investors

infoLibre también dispone del contrato de arrendamiento, en el que se puede leer en el primer párrafo que el fiduciario Rudy Valner firmó el mismo "en nombre y representación de la empresa Coast Investors LLC".

El expresidente madrileño sostiene que alquilaron el ático después de que una hermana de su mujer pactara el alquiler y le enviara a Valner el borrador del contrato. Las negociaciones fueron todas a través del teléfono y, según su versión, también fue su mujer la que se puso en contacto con Valner, que vive en EEUU, por emailemail.

El matrimonio, explicó González, se enteró de que el inmueble se alquilaba por un anuncio en la prensa local, y que ya conocía el mismo porque ya lo habían visitado con anterioridad.

Pero en su declaración, Ignacio González va más allá al asegurar que tampoco se preocupó en saber a quién pertenecía la Coast Investors que le alquiló el dúplex y que se lo vendió en diciembre de 2012 meses después de que el diario El Mundo destapara el escándalo.

Tanto González como su esposa fueron preguntados por las recientes declaraciones de un socio del despacho panameño Mossack Fonseca en las que este letrado narraba la operación de venta del ático. Ambos aseguraron ante la jueza desconocer "ese asunto" ni haber tenido relación alguna con el despacho. González llegó a calificar de "surrealistas" las afirmaciones del abogado Ramón Fonseca.

Luis Osvaldo Repetto

Según el sumario, la matriz de Coast Investors es la sociedad norteamericana Walfort Overseas Investments, cuyo propietario era, según Rudy Valner, el argentino Luis Osvaldo Repetto, que fue socio de Enrique Cerezo en la coproducción de una película hispanoargentina, según reconoció en su declaración el propio Cerezo a la jueza.

Tanto González como su mujer, Lourdes Cavero, aseguraron también desconocer las vinculaciones del propio Repetto con Cerezo y las de Rudy Valner con el presidente del Atlético de Madrid. El propio Cerezo reconoció este lunes ante la jueza que el presunto testaferro de la compraventa, el mexicano Rudy Valver, es abogado suyo en EEUU "desde hace mucho tiempo". En concreto, "es asesor jurídico de su empresa Videomercury a título personal y también es asesor jurídico en EEUU de Egeda US, que es una entidad de gestión de productores españoles que tiene 2.500 afiliados", de la que Cerezo es el presidente.

González también dijo desconocer el resto de conexiones del ático con Cerezo, como por ejemplo el despacho de abogados Suárez de la Dehesa, que trabajaba para el empresario madrileño. En este sentido, el presidente del Atlético aportó un dato más. Uno de los abogados de este despacho, en concreto José Antonio Suárez Lozano, es secretario general de la mencionada Egeda US. El bufete Suárez de la Dehesa participó en la compraventa en 2012 del dúplex de lujo de Estepona.

Una grabación alterada

En la declaración de Ignacio González, el expresidente madrileño alude también a las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo. González reconoció haber tomado un café con este comisario, pero lo que vio en prensa no se correspondía, según él, con la conversación real que mantuvieron. "Las grabaciones no reflejan la realidad [..] y que está absolutamente sacada de contexto y alterada para dar una impresión contraria a lo que fue realmente la conversación".

González se refirió también a lo que denominó "famosa frase de eso no me interesa que salga". Para González, con ella quería explicar que no le interesaba esta información porque si se difundiera una información "falsa" eso le podría afectar a su cargo público, "le iba a provocar un daño personal y profesional evidente".

Cerezo también se apuntó a la idea de la manipulación de las grabaciones y que pensó que se trataba de "una broma y que le estaban imitando", por lo que no le prestó atención. Por eso, Cerezo "no se reconoce" en las grabaciones  y que parece que se trata de muchos cortes que se han ido juntando y no tiene mucho sentido". 

A preguntas de la Fiscalía, González trató de eludir cualquier responsabilidad sobre una posible mordida de dos millones por Arganda del Rey. Según el comisario Villarejo, un confidente policial del caso Gürtel aseguró que el ático de González podría ser una parte del pago de dos millones de euros por una operación urbanística de este municipio madrileño, por la que el cerebro de Gürtel, Francisco Correa, podría haber percibido hasta 25 millones de euros.

La Comunidad, sin competencias

Según González, la Comunidad de Madrid no tenía competencias en las adjudicaciones de Arganda ni en la recalificación de estas fincas, por las que el empresario pudo haber aumentado sus beneficios 199 millones de euros, según uno de los testigos del caso Gürtel. "Ahí es competencia municipal".

No obstante, infoLibre cuenta con un documento de 8 de noviembre de 2005 en el que el entonces director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, da su visto bueno a la elevación a la comisión de urbanismo de la Comunidad del informe favorable a la modificación del plan parcial, que incluye un aumento de 641 viviendas en la misma superficie global.

Por su parte, Enrique Cerezo aseguró desconocer las vinculaciones de su empleado Rudy Valner con el ático y la supuesta propiedad del mismo del argentino Luis Osvaldo Repetto, que fue socio suyo.

Dereechos del fútbol

Sobre el contrato de televisión de los derechos del fútbol por parte de una empresa participada por Telemadrid, Cerezo dijo que no recordaba una operación de venta de los derechos de retransmisión de los partidos correspondientes al Atlético de Madrid con el Ente Público Telemadrid. En este sentido, aseguró que esta sociedad, Madrid Deporte Audiovisual (MDA), en la que la cadena madrileña es accionista al 49% "era ajena a Telemadrid".

Tal y como también adelantó infoLibre, la empresa Madrid Deporte Audiovisual (MDA) adquirió en 2007 por 306 millones de euros los derechos audiovisuales y publicitarios del Atlético de Madrid y del Getafe CF cuando sabía que solo podía retransmitir durante toda la temporada dos encuentros: los que enfrentaran a ambos equipos, tal y como consta en un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de junio de 2008, que remite a un acuerdo de la Liga de Fútbol Profesional de 2002.

El ático de lujo propiedad del expresidente madrileño Ignacio González desde diciembre de 2012 –según la versión oficial– lo compró la empresa offshore Coast Investors en 2008 en una notaría diferente a la declarada por el presunto testaferro de la operación, el ciudadano mexicano Rudy Valner. La Justicia investiga si el ático es en realidad propiedad del político madrileño desde 2008.

Así se desprende del testimonio de una testigo de la compraventa del ático de lujo y del contenido de un informe policial basado en los datos suministrados por un confidente del caso Gürtel, aportado a la causa por el agente de Policía responsable de la investigación, el comisario José Manuel Villarejo, en el que se informaba de que González podría haber percibido dos millones de euros a cambio de permitir una recalificación en Arganda del Rey (Madrid). Parte de esa comisión, siempre según el confidente, habría sido precisamente el ático.

Una testigo alemana

La testigo es Karen A. G., quien en 2008 era la pareja del propietario del dúplex de lujo vendido a Coast Investors. Esta ciudadana alemana compareció como testigo el 10 de mayo de 2015 y, un día después, realizó una declaración ampliatoria en la que asegura que ella misma había acudido a una notaría del barrio de El Pilar, en el municipio de Estepona. En esa declaración ampliatoria, a la que ha tenido acceso infoLibre, Karen A.G. afirma lo siguiente: "Me recordó mi hijo que sí que estuve en el notario, que estaba en El Pilar (Estepona), que no recuerdo nada más ni quién estaba allí, fue hace siete años.".

Estos nuevos datos van en la línea de la querella presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que en su primer escrito dirigido al Juzgado ya reclamaba a la jueza que librara un mandamiento al notario de Estepona Ignacio Bayo, "para que remita las escrituras suscritas por [el presunto testaferro] Rudy Valner, en nombre de Coast Investors que obren en su protocolo".

Pero la jueza se negó, habida cuenta de que al Juzgado ya habían llegado las escrituras de la operación que se había acordado según el testaferro profesional Rudy Valner en una notaría en Madrid. 

Dudas de la validez

Y por eso la existencia de una posible escritura de la operación en Estepona pone en duda la validez del documento conocido de la operación y que fue aportado a la causa por Valner en nombre de la empresa Coast Investors.  

Según el representante legal de la firma norteamericana, que es la única imputada en el caso del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid, la operación de compraventa se llevó a cabo en una notaría de Madrid, por un valor de 750.000 euros.

A partir de 800.000 euros

Pero la declaración de la testigo mencionada destaca que el precio de los áticos del edificio del que forma parte el dúplex de lujo de González "era a partir de 800.000 euros".

En el mismo sentido, el informe policial aportado por el comisario José Manuel Villarejo siembra dudas sobre la validez de esta escritura de Madrid, al asegurar también que un confidente policial de Gürtel puso de manifiesto que la operación se acordó en una notaría de Estepona, y no en Madrid.

Islas Caimán

El mismo confidente policial que cita Villarejo aseguró también que el anterior propietario del ático percibió 1.350.000 euros, aunque en realidad se escrituró formalmente en 850.000 euros, abonándose la diferencia en efectivo. Los fondos en metálico se habrían abonado desde una cuenta en Islas Caimán del empresario propietario de la empresa Martinsa, Fernando Martín, imputado en Gürtel por el pago irregular de 25 millones de euros al cabecilla de la trama, Francisco Correa. Fernando Martín siempre ha negado cualquier relación con estos hechos.

La testigo alemana, la entonces pareja del vendedor del inmueble, recordó en su testimonio que el dúplex de lujo de 200 metros cuadrados "estaba en venta en 1.300.000 euros", aunque aseguró desconocer el valor final de la venta.

No se registró

El comisario Villarejo explica además en la nota interna dirigida a sus superiores que la operación "no llegó a registrarse". De hecho, en el Registro de la Propiedad de Málaga no aparecía el nombre de su nuevo propietario, sino el del constructor del edificio y entonces pareja de Karen A.G: Pedro Javier Villate Pérez.

Esta revelación abre una nueva vía para que el colectivo de extrabajadores de Telemadrid, que ha sucedido como acusación popular al SUP, vuelva a reclamar a la jueza, tal y como consta en la denuncia inicial del Sindicato Unificado de Policía (SUP), la información al notario de Estepona.

Precisamente, la acusación de los extrabajadores de la televisión pública madrileña, de la que fueron despedidos más de 850 trabajadores, considera que una escritura de la compraventa del inmueble podría aportar datos sobre el auténtico propietario desde 2008 del inmueble, en referencia al expresidente madrileño Ignacio González.

750.000 euros

La versión hasta el momento del expresidente madrileño Ignacio González de la operación indicaba que apenas unos días después de que la empresa offshore Coast Investors, que según el testaferro Rudy Valner pertenece a un socio de Cerezo, adquiriera en 2008 el inmueble por 750.000 euros, él alquiló la vivienda en la localidad de la costa malagueña por un precio más bajo del mercado: 2.000 euros mensuales durante todo el año. Y que el recibo de la comunidad de propietarios, bastante elevado al tratarse de un inmueble de lujo, lo sufragaba por su cuenta la empresa norteamericana.

El informe policial de Villarejo asegura que tras volver del viaje a Colombia, en el que también participó un directivo de Martinsa, la empresa acusada de abonar la mordida, Ignacio González acudió al dúplex con su mujer. Y que pese a asegurar que se encontraba en régimen de alquiler actuaba como si fuera el auténtico propietario. Así, adquirió numerosos muebles, que permanecieron varios días en las plazas de garaje.

Visitas de Lourdes Cavero

Además, una empleada que se encargó de la venta en 2008 aseguró que el presunto testaferro, residente en Estados Unidos, acordó la compra del inmueble tras una negociación telefónica desde EEUU y después de que la mujer de González, Lourdes Cavero, visitase al menos en dos ocasiones el ático.

Tal y como publicó infoLibre, el entonces presidente de la Comunidad de Madrid compró oficialmente su ático de lujo en Estepona por 770.000 euros el 18 de diciembre de 2012, un día después de que la empresa Coast Investors LCC, cuyo representante legal es el mencionado Rudy Valner, abonase 74.290 euros por impuestos que no había pagado a la Agencia Tributaria.

Ante las posibles conexiones entre el caso del ático y la Gürtel, la jueza de Estepona dictó el pasado 4 de febrero una providencia en la que preguntaba a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga si debe enviar su investigacion al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que instruye la causa contra la trama liderada por Francisco Correa.

La Agencia Tributaria considera que 12 de los 25 millones que Francisco Correa percibió por su intermediación en la adjudicación de unos terrenos en Arganda del Rey (Madrid), considerado el mayor pelotazo del caso Gürtel, pudieron acabar en la operación urbanística del estadio Vicente Calderónoperación urbanísticaestadio Vicente Calderón, según consta en un informe remitido al magistrado que instruye el caso en la Audiencia Nacional, José de la Mata, al que ha tenido acceso infoLibre.

"Queda pendiente de conocer qué ha ocurrido con los 12 millones de euros", indica el documento de Hacienda, que apunta dos opciones. La primera, que pasaran a formar parte del precio de las acciones pagadas por el imputado Manuel Salinas al empresario Fernando Martín por la venta del 5,01% de la empresa RTM Desarrollos Urbanísticos y Sociales.

La familia Gil traspasó en 2006 el estadio Vicente Calderón, valorado en 226,18 millones, a la división inmobiliaria del Atlético de Madrid (Dicam), promotora de la Operación Calderón-Mahou. Y en su constitución vendieron el 10% (22,6 millones) a RTM y el 5% a Caja Madrid, obteniendo en total 33,9 millones. 

Ese dinero, según el club, fue devuelto años después al no fructificar la operación urbanística, que preveía la construcción de 2.000 viviendas libres, pero también el traslado de la sede deportiva del Atlético de Madrid al conocido como estadio de La Peineta, que según la previsión del Ayuntamiento de Madrid iba a ser el Estadio Olímpico de Madrid, edificado por la constructora FCC.

RTM, constituida en 2004

RTM fue constituida el 19 de abril de 2004, dos meses antes de que el Atlético de Madrid, presidido por Enrique Cerezo, traspasara el estadio a la división inmobiliaria del Atlético de Madrid. Y según el informe de Hacienda Fernando Martín, que acabó siendo presidente del Real Madrid, se hizo con el 33% del capital de RTM.

Posteriormente, el empresario Manuel Salinas adquirió el 5,01% del total de RTM a Fernando Martín, por lo que pagó 5 millones de euros. Pero tal y como adelantó infoLibre, otros cuatro millones habrían sido abonados desde paraísos fiscales, por lo que el dueño de Martinsa habría percibido 9 millones de euros por el 5,01% de RTM.

A los 9 millones habría que añadir los mencionados 12 millones hasta ahora sin destino conocido: "De forma que el precio total [por las acciones de RTM] sería de 21 millones de euros", completa el informe remitido por la Agencia Tributaria al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. 

Amando Mayo Rebollo, uno de los imputados por este pelotazo, reconoció en un escrito dirigido al juez de Gürtel que el destino de su inversión de 700.000 euros fue la participación en la compra de Martinsa-Fadesa de acciones de la compañía mercantil RTM "para un proyecto inmobiliario sobre los terrenos privados del Estadio Vicente Calderón".

La documentación remitida por el banco de Fernando Martín en Mónaco especifica que una transferencia de 4 millones a Correa era una inversión en los terrenos del Atlético de Madrid "a través de la sociedad RTM". Pero en realidad la inversión en RTM, según la contabilidad de Martinsa, ya se había producido en los años 2004 y 2005.

12 millones por la operación Argandaoperación Arganda

Pero el informe de Hacienda indica un posible segundo destino de los 12 millones de euros que el empresario zaragozano Manuel Salinas transfirió a Correa en Suiza en 2004. Que fueran una participación "oculta"  en la operación Arganda operación Argandapor parte del propio Salinas.

Según consta en el mencionado documento remitido al juez De la Mata, los beneficios brutos que Martinsa habría obtenido por la venta de viviendas en los terrenos adjudicados en Arganda habrían superado los 535 millones de euros.

En este sentido, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre reconoció en su declaración por escrito en la Audiencia Nacional haber participado en una reunión en el despacho de Mariano RajoyMariano Rajoy en la sede del PP en la que el que fuera tesorero del PP Álvaro Lapuerta alertó de un posible pelotazo en Arganda del Rey.

Recientemente, el comisario José Manuel Villarejo, quién junto a su compañero en el Cuerpo Nacional de Policía Enrique García Castaño fue acusado por el presidente de la Comunidad de Madrid de haberle "chantajeado" durante una entrevista mantenida en 2011 en un establecimiento de la madrileña Puerta del Sol, donde se encuentra la sede del Gobierno de esta Comunidad, vinculó al presidente en funciones madrileño Ignacio González con el pelotazo de Arganda.

Diez delitos fiscales

El documento de Hacienda confirma, además, que los imputados en la operación urbanística de Arganda habrían podido cometer una decena de delitos contra la Hacienda pública por defraudar 4,8 millones. En concreto, el informe sostiene que el empresario Fernando Martín, el supuesto autor de la segunda transferencia a Correa, en este caso de 13 millones, podría haber cometido dos delitos por el impago del IRPF de 2005 (122.452 euros) y 2006 (1.034.256 euros), así como el impago de 178.138 euros por el Impuesto sobre el Patrimonio de 2005.

A su vez Martinsa, que hasta el concurso de acreedores era la mayor promotora de España, habría cometido, siempre según el informe de la Agencia Tributaria, un delito fiscal por no abonar hasta 1,4 millones del Impuesto de Sociedades. De este delito sería responsable también el propio Fernando Martín, propietario de la firma.

Pero el imputado que más acusaciones de delitos tendrá que afrontar por el pelotazo de Arganda del Rey será el ya mencionado Amando Mayo Rebollo, considerado uno de los intermediarios de la trama. En total serían tres delitos fiscales por no abonar el IRPF en 2006 (485.182 euros); 2007 (503.431 euros); y 2008 (607.828 euros), y otros dos por el Impuesto sobre el Patrimonio de 2006 (123.943 euros) y 2007 (216.629 euros).

El que fuera alcalde del PP de Arganda del Rey Ginés López cierra el colectivo de posibles defraudadores, ya que también habría cometido un delito contra la Hacienda Pública por no abonar 148.500 euros en el IRPF de 2006.

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa financió el mayor pelotazo de la trama Gürtel,trama Gürtel según se desprende del informe realizado por dos peritos designados por el Banco de España a petición del magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que instruye el caso Bankia.

En concreto, los funcionarios del organismo regulador incluyen entre las operaciones "irregulares" de Caja Madrid la financiación para una operación urbanística en el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), en la que FranciscoCorrea habría percibido un mínimo de 12 millones, según la Policía Judicial.

El documento de los peritos explica que el préstamo a Martinsa-Fadesa, de unos 73,5 millones, será analizado por un expertoMartinsa-Fadesa independiente antes de que pueda ser remitido a la Fiscalía Anticorrupción. "La otra operación objeto de revisión es la adquisición de unas fincas correspondientes a la Unidad de Ejecución 124 Área de Centralidad localizadas en Arganda del Rey", que es el nombre técnico que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de este municipio del sur de Madrid otorgaba a las fincas municipales por las que Martinsa-Fadesa podría haber obtenido unos ingresos de 535 millones.

infoLibre se ha puesto en contacto con Fernando Martín, principal dueño de la empresa, quien ha asegurado que el crédito se hizo correctamente: "Lo hicimos bien y no tengo nada que ocultar", espetó Martín, cuya empresa cayó en concurso de acreedores en 2008.

Interpelado por este periódico sobre el informe de los peritos designados por el Banco de España que ha detectado irregularidades, Martín completó: "El crédito lo concedió Caja Madrid y fue absolutamente claro y transparente; con una tasación y una petición muy inferior a la situación de la adjudicación. Por lo tanto el crédito fue absolutamente regular y si alguien dijera otra cosa, yo ya tomaría las medidas pertinentes".

12 millones para Correa

El compañero de Andreu en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, mantiene abierta una pieza separada del caso Gürtel en el que investiga la mayor comisión percibida por el cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa. Y según estas pesquisas, el empresario vinculado al PP se embolsó al menos 12 millones, aunque otros documentos policiales llegan a doblar esta cantidad y sitúan en los 24 millones la mordida.

Ruz y la Fiscalía Anticorrupción consideran que Correa pudo haber intermediado entre Martinsa-Fadesa y el Ayuntamiento de Arganda del ReyMartinsa-Fadesa, entonces presidido por Ginés López (PP), que fue obligado a dimitir tras ser imputado en el caso Gürtel.

Pese a que Fernando Martín, el propietario de Martinsa-Fadesa siempre ha defendido la legalidad de la adjudicación, la operación tenía todo lo necesario para ser considerado un pelotazo. Martinsa pagó 77 millones al Consistorio por un terreno que meses después triplicaba su valor. De hecho, la promotora encabezada por Martín, también imputado en el caso Gürtel, vendió un tercio de los terrenos por 73 millones.

Un testigo del caso Gürtel aseguró al juez Ruz que el Ayuntamiento de Arganda modificó las condiciones del contrato de adjudicación, favoreciendo de forma clara a Martinsa. El número de casas permitidas inicialmente era de 1.580, de las que 300 eran de promoción pública. Este número de casas podría haber supuesto unos beneficios, según el testigo, de unos 336 millones tras su comercialización.

Así, la aprobación definitiva del Consistorio y de la Comunidad modificó los parámetros previstos inicialmente, pues de 1.580 se pasa a 2.731 casas, de las que 600 eran de protección pública. Es decir, se permitió construir 1.151 casas más. El beneficio por la venta de estas casas habría sido de 535 millones, lo que suponía un aumento de 199 millones, siempre según las conclusiones del testigo.

Lapuerta advirtió a Aguirre

Por su parte, en su declaración por escrito como testigo del caso Gürtel, Esperanza Aguirre reconoció que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estaba presente en su despacho de la madrileña Calle Génova, en la sede nacional del PP, cuando ella misma se reunió con el entonces tesorero del partido, Álvaro Lapuerta, para hablar del pelotazo urbanístico de Arganda. La cita tuvo lugar en 2004, cinco años antes de que el juez Baltasar Garzón sacase el caso de corrupción a la luz.

La presidenta del PP de Madrid testificó que fue Lapuerta quien convocó la reunión en la sede del partido. En el mismo despacho del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y "en su presencia", le advirtió de que en los Ayuntamientos de Majadahonda y Arganda pretendían vender parcelas con un claro perjuicio para los Consistorios.

El entonces regidor de Arganda, Ginés López, le indicó que la parcela estaba ya adjudicada, a precio tasado, y que el procedimiento había sido absolutamente legal, con la unanimidad de todos los grupos políticos, destacó Aguirre.

Pero los peritos del Banco de España analizan una segunda operación en la que Martinsa-Fadesa pudo haber recibido "un trato de favor" –además de la financiación de los terrenos de Arganda–, en relación con los 875,82 millones prestados por Caja Madrid en relación con "operaciones cuya finalidad era la refinanciación de la deuda vinculada a la OPA efectuada por Martinsa sobre Fadesa". La compra se produjo en diciembre de 2007, apenas unos meses antes de que Martinsa-Fadesa declarara el concurso de acreedores, provocando un importante agujero en Caja Madrid.

Martinsa-Fadesa presentó el concurso de acreedores por un montante superior a los 6.200 millones. Pero en 2007 logró evitar las pérdidas en su contabilidad gracias a una revalorización contable de 4.617 millones de los activos que había comprado a Fadesa. Y partiendo de una tasación realizada por Tasamadrid, según publicó El País.

Los peritos recurren a la auditoría de Caja Madrid de 2010 para explicar las irregularidades detectadas en la financiación de la compra de Fadesa. "Solo el 28% de la deuda tiene garantía real. Caja Madrid fue una de las entidades que más riesgo asumió en la financiación del proceso de fusión con Fadesa en diciembre de 2007".

El magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso Gürtel, Pablo Ruz, rastrea una nueva transferencia, de 2 millones de euros, que estaría vinculada al mayor pelotazo de la trama liderada por Francisco Correa, según consta en una comisión rogatoria enviada a Mónaco a la que ha tenido acceso infoLibre.

Uno de los principales casos que instruye Ruz dentro de Gürtel es la adjudicación de varias parcelas municipales en Arganda del Rey (Madrid) a la promotora Martinsa, del empresario Fernando Martín, que según el sumario pagó 13 millones a Correa por intermediar en la operación. El Consistorio que entonces presidía Ginés López (PP), imputado en el caso, adjudicó en 2006 por 77 millones de euros unas parcelas para construir 2.676 viviendas que según la Policía tenían un valor muy superior. Martinsa vendió poco después un tercio del terreno por 67 millones de euros. Sin embargo, el propio Fernando Martín ha defendido la legalidad de la adjudicación, negando haber pagado ninguna comisión.

Cedargrove, 7 millones

Los informes policiales cifran esta comisión, que supuestamente percibió Correa, en 13 millones de euros. Este dinero, según la documentación oficial, procedía de cuentas de la firma Cedargrove, de Fernando Martín (7 millones); de la empresa Fairway del empresario zaragozano Manuel Salinas (4 millones); y del intermediario y también empresario Amando Mayo (2 millones).

Estos fondos tuvieron como destino la cuenta de la sociedad de Correa denominada Soleado. De estos 13 millones, 12,8 se transfirieron a Golden Chain Properties en el banco Crédit Suisse. "Dichos fondos corresponderían, de acuerdo con la documentación remitida a Suiza, al cobro de una comisión por intermediación en un desarrollo inmobiliario de Arganda relacionado con la sociedad Martinsa", especifica el texto de la comisión rogatoria enviada a Mónaco, país en el que tenía sus cuentas la empresa Cerdargrove, de Fernando Martín.

12 millones desde Fairway

El magistrado Pablo Ruz también ha vinculado el pago de los 13 millones de euros de comisión de Correa a otra transferencia, esta vez de 12 millones de euros, que tenían como origen la sociedad Fairway del empresario Salinas, pero que también estaría vinculada a Amando Mayo, otro de los imputados en Gürtel. En total, hasta el momento se trataría de transferencias de 25 millones, vinculados con los protagonistas del pelotazo de Arganda del Rey.

Pero la comisión rogatoria enviada a Mónaco alerta de una tercera transferencia, hasta ahora desconocida, de dos millones de euros. La misma se llevó a cabo el 3 de marzo de 2008. Tuvo como origen una cuenta de la sociedad Fairway con destino a otra radicada en Zúrich (Suiza) de la empresa Versement, una palabra que en francés significa pago. "Se desconoce el motivo de la transferencia y la identidad real del beneficiario", especifica el documento con destino a Mónaco.

"Caja Madrid pudo incurrir en gestión criminalizada coorporativa al entrar cómo entró a ayudar a Martinsa Fadesa", asegura el juez Elpidio Silva en su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el pasado 21 de noviembre.

El presidente de Martinsa, Fernando Martín, ha asegurado este lunes al magistrado que investiga el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que en la 'Operación Calderón' ha perdido 225 millones de euros, según indican fuentes del caso a infoLibre. Martinsa era la empresa que inicialmente se iba a encargar de la construcción del estadio olímpico de Madrid. A cambio, la firma de Martín tenía el visto bueno para derribar el estadio Vicente Calderón y la antigua fábrica de la cerveza Mahou. En los solares resultantes estaba previsto construir las viviendas que darían rentabilidad a la operación, que también incluía el soterramiento de la M-30 en esa zona oeste de Madrid. Pero el concurso de acreedores alejó a Martín de este negocio, que ha asumido la constructora FCC.

Fernando Martín ha aludido en su declaración como imputado a las pérdidas en sus negocios, un total de 273 millones, después de que la fiscal se interesara sobre el motivo de una transferencia de 13 millones que acabaron en una cuenta del presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa. Según uno de los documentos aportados por los bancos, ese dinero lo abonó el dueño de Martinsa a cambio de la adjudicación irregular de varias parcelas en la localidad madrileña de Arganda del Rey, en lo que se considera el mayor pelotazo de Gürtel. Pero otra documentación, también aportada por la entidad financiera británica Lloyd's TBS, pone de manifiesto que esta transferencia se había producido en el marco de la inversión de Fernando Martín en la empresa RTM, que era la encargada de la operación Calderón-Mahou.

Fernando Martín invirtió en la empresa RTM. La familia Gil había traspasado en 2006 la propiedad del estadio Vicente Calderón, valorado en 226,18 millones, a la división inmobiliaria del Atlético de Madrid (Dicam). Y en su constitución los dueños del equipo madrileño vendieron el 10% (22,6 millones) a RTM y el 5% a Caja Madrid, obteniendo en total 33,9 millones. Ese dinero, según el club, fue devuelto años después al no fructificar la operación urbanística.

Un documento del banco inglés en el que Fernando Martín guardaba parte de su dinero indica el montante total de la inversión que tenía previsto realizar este contructor en el Calderón: 564 millones de euros. Así, Martinsa iba a urbanizar el terreno comprado, de 751.000 metros cuadrados. "Multiplicarán por cuatro sus inversiones y tienen pensado vender las propiedades en un plazo de unos cuatro años. La inversión total del cliente representará alrededor de un tercio del importe total", destaca en sus notas un empleado del Lloyd's TBS.

A su vez, un informe de Hacienda asegura que el empresario zaragozano Manuel Salinas Lázaro pagó en junio de 2006 a Fernando Martín cuatro millones "sin declarar" a cambio de entrar en el negocio de la recalificación del Vicente Calderón.

Legalidad de la adjudicación

Asimismo, Fernando Martín ha rechazado en su declaración ante el juez la existencia de irregularidades en la adjudicación del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), explicando además que no se puede hablar de pelotazo y que no conocía a Francisco Correa. Según el sumario, Martín adquirió los solares por 77 millones de euros, de los que abonó 67 millones al Consistorio. Tan solo un año después vendió un tercio de los terrenos por 73 millones de euros. Además, y según la declaración del arquitecto que se encargó del diseño del plan parcial de Arganda del Rey para Martinsa, esta empresa pudo haber ganado hasta 500 millones de euros. Fernando Martín niega que su negocio de Arganda haya tenido tales plusvalías.

La Fiscalía Anticorrupción del caso Gürtel ha aceptado la petición de la Oficina de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria de que el Banco Popular identifique caso Gürtela los auténticos propietarios de las empresas uruguayas Belfast Link SA y Eves SA que entre los años 2006 y 2010 ingresaron 458 millones de euros en la entidad financiera española.

Y Hacienda quiere conocer a los auténticos propietarios de las sociedades, porque hasta el momento cuatro de las cuentas bancarias asociadas a ellas, por las que no se han pagado impuestos, aparecen identificadas únicamente por el nombre de sus apoderados: Manuel Roel Pérez, Walter Manuel Hernández y Héctor Osvaldo Hernández. Estas tres personas, cuya nacionalidad no ha sido facilitada por el Banco Popular, constan en Hacienda como personas que no viven en España. Tampoco aparecen sus nombres como contribuyentes a la Hacienda española.

El magistrado Pablo Ruz había solicitado a la Agencia Tributaria una investigación sobre la empresa Belfast Link, que fue la beneficiaria de dos transferencias de 100.000 euros abonadas por la empresa Zorak Associated, de Amando Mayo. En la documentación remitida por el banco aparece la palabra Guillermo en el apartado de observaciones. Este empresario, que actúa como intermediario, está imputado en Gürtel por su presunta participación en el pago de 13 millones de euros por parte del empresario Fernando MartínGürtel al cerebro de la red corrupta, Francisco Correa.

República Oriental del Uruguay

De esta forma, en cuanto el juez Ruz se reincorpore de sus vacaciones, tendrá que decidir si solicita al Banco Popular que identifique a los auténticos dueños de las cuentas bancarias, que están vinculadas con empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay.

Precisamente, este país ha abierto una investigación sobre el caso Gürtel, en el que aparecen varias empresas de este país, como por ejemplo Tesedul, de Luis Bárcenas

caso Gürtel. Según la Agencia Tributaria, la firma Belfast Link podría tratarse de una sociedad interpuesta cuya finalidad sería la de dificultar la identificación.

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Pablo Ruz, ha decidido estrechar el cerco contra los participantes en el mayor pelotazo del caso, que supera los 25 millones de euros, según el sumario, que el presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, cobró por su intermediación en la adjudicación de unas parcelas por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey, municipio del sur de Madrid gobernado por el PP.

Y para estrechar este cerco, el magistrado ha dictado este martes, a petición de las fiscales, un auto en el que solicita una ampliación de la comisión rogatoria para que el Principado rastree las cuentas de los empresarios Fernando Martín y Amando Mayo, así como las del exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid, Benjamín Martín Vasco, y de su mujer, María Esther A. H. En concreto, en el caso de este mujer Ruz pide conocer los extractos de seis cuentas, así como las cajas de seguridad o productos financieros en las que sea la titular.

La Agencia Tributaria destaca que la empresa Fermayor, que atribuye a Martín Vasco pese a que está a nombre de un presunto testaferro, cobró cerca de 200.000 euros de los 25 millones de euros pagados por Fernando Martín a Correa por las parcelas de Arganda del Rey, que según un arquitecto que trabajó para Martinsa pudo suponer unos ingresos de 500 millones de euros, 200 más de los previstos inicialmente. Fernando Martín siempre ha negado la existencia de un pelotazo, resaltando en todo momento la legalidad del expediente de las parcelas.

Precisamente, Ruz ha solicitado que se amplíe la comisión rogatoria judicial con Mónaco en relación a Fernando Martín, el empresario que junto Amando Mayo y Manuel Salinas pagó 13 millones a Correa en 2006 (el segundo pago por la comisión de Arganda, que es de un total de 25 millones). En esta ocasión se especifican las empresas Butler Propierties, y la ficha del cliente KYC Information, así como "cualquier otra cuenta bancaria, depósito, títulos o valores, cajas de seguridad o cualquier otro producto de Fernando Martín o Martinsa". En similares términos se expresa Ruz con respecto a otras cuentas de Martín en Mónaco, en este caso en el Lloyds TBS, que recibió hasta cuatro millones de euros de Salinas, que la Agencia Tributaria atribuye al pago de una comisión por su entrada en RTM, la empresa que compró el 10% de la División Inmobiliaria del Atlético de Madrid. 

En el auto, el magistrado también requiere al empresario Amando Mayo para que este aporte toda la documentación de sus empresas que van de 2006 a 2009. En concreto, el juez le exige la información específica de 17 movimientos bancarios, que en total superan los 4 millones de euros, siendo los movimientos más elevados fueron dos transferencias de 800.000 y un millón de euros. 

La decisión de las fiscales y del juez de rastrear las cuentas de los implicados se basa en el contenido de un informe de la Agencia Tributaria que tuvo su entrada en el juzgado el pasado 8 de marzo, en el que también se indicaba quiénes eran las personas que participaron en el pelotazo de Arganda Entre estas personas se encontraban el propio Benjamín Martín Vasco, el exalcalde de Arganda del Rey Ginés López y el actual cargo del Consistorio Juan Fernández Caballero, todos ellos imputados. Para la Fiscalía, este informe de Hacienda aporta documentación de sobre los delitos contra la Hacienda Pública que podrían haber cometido los imputados "como consecuencia de los fondos y regalos que habrían recibido del entorno de Francisco Correa".

En este sentido, la Fiscalía resalta que el informe de la Agencia Tributaria "omite" el análisis del origen de los fondos con los que habrían efectuado los pagos o los regalos (en forma de viajes y objetos de joyería), por lo que ve necesario "una ampliación del informe" de Hacienda.

Como informó en su día El Mundo, la empresa que era supuestamente la propietaria del ático jamás pagó impuestos tras adquirir el inmueble. Y de acuerdo con la ley debía abonar dos tipos de gravámenes: por las rentas obtenidas como consecuencia del alquiler (modelo 210 o 215) y por la tenencia del inmueble (modelo 213). Según los documentos que obran en poder de la titular del Juzgado número 5 de Estepona (Málaga) que investiga el caso, la regularización fiscal se produjo justo un día antes de que González y su mujer, Lourdes Cavero, comprasen oficialmente el ático.

Coast Investors abonó de golpe los impuestos no pagados correspondientes a cinco ejercicios fiscales. En total, 74.290 euros.

El mismo día, el pasado 17 de diciembre, el propio Valner da cuenta a Hacienda de que se había olvidado de deducir la cuota del gravamen especial sobre bienes inmuebles: “Cuando hemos procedido a presentar los modelos 210 y 215 citados, no hemos deducido cantidad alguna en la base imponible, puesto que hasta ahora no habíamos liquidado el gravamen de bienes inmuebles correspondiente a los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011. Estas liquidaciones se han pagado con fecha 17 de diciembre de 2012”, explica Valner en un documento en el que se remite a su asesor fiscal “para resolver cualquier duda”.

En enero de este año, el propio González comunicó que finalmente había comprado el ático el 18 de diciembre. También explicó que si no lo había hecho antes fue porque el piso “no estaba inscrito en el Registro de la Propiedad”, factor que impedía a su banco tramitar el crédito hipotecario. Pero la información registral confirma que la empresa Coast Investors Llc, a la que González tenía oficialmente alquilado el piso desde 2008, había inscrito su titularidad sobre el inmueble el 28 de junio de 2012.

El SUP amplía su denuncia

Por otra parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha ampliado la denuncia presentada por blanqueo en relación a la firma Coast Investors asegurando que la sociedad radicada en Delaware (Estados Unidos) “es propiedad de Waldford Overseas Investments Ltd, entidad mercantil inscrita en Panamá, gestionada por el bufete de abogados Mossack Fonseca, para cuya inscripción actuaron de testigos o suscriptores las compañías Duncan Inc. y Winsley Inc, según consta en la documentación presentada al efecto, acorde con la legalidad panameña”.

Estas dos empresas, Duncan y Winsley, son las mismas que aparecen en el origen de la sociedad Golden Chain Properties, que en el sumario del caso Gürtel se atribuye al presunto cerebro de la trama, Francisco Correa. La sociedad Golden Chain se benefició de la transferencia de 12,8 millones, que inicialmente la Policía atribuyó a un pago del dueño de Martinsa, Fernando Martín, y a los empresarios Manuel Salinas y Amando Mayo, por una operación inmobiliaria en Arganda. Tanto el magistrado que instruye el caso, Pablo Ruz, como las fiscales consideran que la “mordida” de Arganda pudo llegar a los 25 millones de euros, lo que supondría la mayor comisión de la Gürtel.

infoLibre ha comprobado que en el sumario del ático de Estepona se cita a la empresa propietaria de Coast Investors hasta de tres formas distintas: Waldford, Walford y Walfort. En este sentido, en el registro de la propiedad de Panamá existe una firma, denominada Waldorf Overseas Investments Ltd., cuyos suscriptores, las compañías Duncan Inc. y Winsley Inc, son los mismos que se utilizaron para Golden Chain PropertiesGolden Chain Properties.

Rudy Valner ha sido llamado a declarar por la jueza de Estepona, al mismo tiempo que ha solicitado al banco británico Lloyds TBS que identifique a los propietarios de la sociedad Coast Investors. 

Por su parte, Ignacio González no ha querido contestar a las preguntas de infoLibre sobre su ático. Una portavoz del Gobierno madrileño se limitó a recordar que Ignacio González compró la casa en diciembre, y que mostró las escrituras de compraventa y los documentos de la hipoteca. "Las preguntas están relacionadas con una empresa que no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid". Además, la portavoz explica que las diligencias abiertas no se refieren al presidente madrileño. "Ignacio González era el inquilino, y para demostrarlo también aportó los recibos del alquiler".

Hacienda indica también que la declaración presentada por Martinsa reseña ingresos de 5 millones de euros, pero que no contabiliza los cuatro millones de euros que recibió directamente en una cuenta a nombre de Cedargrove en Mónaco. Por ese dinero y otras cuentas Hacienda le acusa de defraudar casi 6 millones de euros.

El documento elaborado por Hacienda el pasado 7 de marzo especifica también que los cuatro millones que no declaró Martinsa pasaron a engrosar las cuentas del Fernando Martín en Mónaco, que transfirió 13 millones a Francisco Correa como intermediario de la operación Arganda. Considerado el mayor pelotazo del caso Gürtel, que en total se elevó a 25 millones de euros. Según un arquitecto que trabajó para Martinsa en Arganda, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, permitió modificaciones de la edificabilidad que favorecieron a la firma de Fernando Martín, que obtuvo unas plusvalías de casi 200 millones de euros.

El informe de Hacienda, que consta de 118 folios, relata que la empresa Tasal, cuyos dueños son el matrimonio Salinas-Villaba, compró a la de Fernando Martín el 5,01% de las acciones de RTM Desarrollos Urbanísticos y Sociales. Esta firma era la titular del 10% de las acciones de la División Inmobiliaria del Atlético de Madrid, que fueron adquiridas a los dirigentes del Atlético de Madrid, como paso previo a la reclasificación del estadio Vicente Calderón y de la antigua fábrica de la cerveza Mahou. Este acuerdo, según explicó el Atlético de Madrid, fue finalmente disuelto.

Estos cuatro millones "opacos" elevarían el coste del 5% de RTM "como mínimo a los 9 millones de euros", argumenta el documento de Hacienda, que especifica que Martinsa incluyó en su contabilidad una entrada de 5 millones, declarando solo por eso unos beneficios de 4,8 millones de euros.

"El señor Salinas manifiesta que el destino de la transferencia a favor de Cedargrove de 27 de junio de 2006 por 4 millones de euros es el pago por la compra de acciones de RTM", indica la funcionaria de Hacienda, confirmando que el empresario zaragozano adquiere finalmente las acciones, pero no a su nombre, sino al de su empresa Tasal. "Es importante señalar que en el documento bancario en el que Manuel Salinas Lázaro ordena la transferencia se menciona expresamente a RTM S.L."

La información suministrada por el Principado de Mónaco sobre el banco Lloyds TBS, en el que Fernando Martín tenía una cuenta, confirma que de los 13 millones pagados a Correa, Fernando Martín aportó 7, Manuel Salinas, 4; y Amando Mayo, 2. Todos imputados en el caso 'Gurtel'.

Pero el excargo del PP de Arganda del Rey que parece tener mayor importancia en el informe es el exdiputado en la Asamblea madrileña Benjamín Martín Vasco. A quien atribuye la propiedad de la sociedad Fermayor, que recibió 150.000 euros de la empresa Golden Chain Properties del presunto cerebro de la red corrupta, Francisco CorreaFermayor, unos meses después de que el Ayuntamiento de Arganda adjudicara unas parcelas municipales a Martinsa. El principal propietario de esta última firma, Fernando Martín, está acusado de pagar 13 millones de euros a Correa por su intermediación en la operación de Arganda. En la contabilidad b de Correa aparece el apunte BENJ: 150.000 euros, algo que según la Agencia Tributaria confirmaría el cobre de Benjamín Martín Vasco, que también fue presidente de la empresa municipal de Arganda Sociedad de Fomento. Pero en realidad la empresa atribuida a Martín Vasco está a nombre del ciudadano hispanovenezolano Jorge L. Viña Fernández. Por eso la Agencia Tributaria ha solicitado al juez que busque todas las cuentas a nombre de esta persona.

En cuanto al exregidor de Arganda Ginés López el informe resalta que recibió más de medio millón de euros de Correa: "En este caso queda probado que las rentas proceden en su totalidad de la participación de Ginés López como cargo público del Ayuntamiento de Arganda en las actividades de Correa", explica la inspectora de Hacienda, que reseña que en 2006 el fraude fue de 148.500 euros, por lo que al superar los 120.000 euros se puede hablar de delito fiscal.

Sobre el consejero de la sociedad de Fomento de Arganda Juan Fernández Caballero el informe recuerda que su familia fue objeto de regalos por parte de Pasadena Viajes, la agencia de Francisco Correa.

Hasta el momento, el juez y las fiscales consideraban que tanto los primeros 12 millones, abonados en diciembre de 2004, como los 13 siguientes, pagados en 2006, y de los que se benefició el presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, tenían como explicación única la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) de unas parcelas a la empresa Martinsa. Pero si se comprueba, tal y como se manifiesta la documentación aportada por el banco británico Lloyds TBS, que el segundo pago de 13 millones realizado en junio de 2006 estaba relacionado con la operación Calderón-Mahou, la investigación sufrirá un importante cambio.

Según los cálculos del arquitecto que se encargó del diseño del plan parcial de Arganda del Rey para Martinsa, esa decisión municipal pudo haber supuesto para esta firma hasta 500 millones de euros de beneficio. El principal dueño de la promotora, Fernando Martín, niega que su negocio de Arganda haya tenido tales plusvalías, al mismo tiempo que reitera la legalidad de esta operación urbanística, recordando la existencia de varias sentencias que redundan en la limpieza de la misma.

Pero la documentación aportada por Mónaco, como por ejemplo los informes internos del banco británico Lloyds TBS, y por Panamá, país que certifica la apertura de Fernando Martín de una empresa en este país relacionada con Lloyds, muestra que la comisión de 13 millones podrían tener otra justificación: la inversión de Fernando Martín en la empresa RTM, que en 2006 se hizo con el 10% de la División Inmobiliaria del Atlético de Madrid (Dicam), promotora de la operación Calderón-Mahou. La familia Gil traspasó en 2006 el estadio Vicente Calderón, valorado en 226,18 millones, a la división inmobiliaria del Atlético de Madrid (Dicam). Y en su constitución vendieron el 10% (22,6 millones) a RTM y el 5% a Caja Madrid, obteniendo en total 33,9 millones. Ese dinero, según el club, fue devuelto años después al no fructificar la operación urbanística. Además, en enero de 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid en el ámbito Mahou-Vicente Calderón. El tribunal censuró la decisión de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital de aumentar la edificabilidad de las viviendas previstas en el terreno del Calderón y la fábrica Mahou: "Por no ser conforme a derecho permitir una edificabilidad general por encima de la prohibición legal de edificar una altura superior a tres plantas más ático".

La documentación aportada en octubre de 2011 por la Policía Judicial del Principado de Mónaco al anterior instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, incluye las notas del responsable de la cuenta de la empresa panameña Cedargrove Investments, SA, abierta en el banco británico Lloyds por el empresario Fernando Martín, principal accionista de la promotora Martinsa-Fadesa. Desde esta cuenta se abonan los 13 millones a Francisco Correa en junio de 2006. Estas notas indican el motivo de la apertura de la misma: "Para atender pagos no oficiales". Estos documentos evidencian, también, que Fernando Martín abrió esa cuenta en junio de 2005 a nombre de Cedargrove. Y para demostrar su propiedad aportan hasta fotocopias del DNI de Fernando Martín, así como los de sus familiares, como beneficiarios de la cuentaDNI.

Inversión de "564 millones de euros"

Y estas notas del banco, incluidas en el sumario, ponen de manifiesto que el 19 de junio de 2006 el encargado de la cuenta bancaria, Malcolm Klein, mantiene una reunión con los imputados en la Gürtel: Fernando Martín y Amando MayoGürtel. Este último como intermediario. En la entrevista se habla de dinero: "La cantidad total que ha de transferirse será de 13 millones de euros y representará el 2% de la inversión total que están realizando en España"; pero también del destino del mismo: "Se trata de las inversiones relacionadas con la compra de acciones en una empresa de inversión llamada RTM, propietaria del terreno en el que se encuentra el campo donde entrenan (sic) los jugadores del equipo de fútbol Atlético de Madrid, la propiedad adyacente donde se encuentra la fábrica de cerveza Mahou y tres grandes extensiones de tierra en la ciudad de Málaga". En el informe del empleado dek banco se explica que la inversión total será aproximadamente de 564 millones de euros. Y que la idea de Fernando Martín era urbanizar el terreno comprado, de 751.000 metros cuadrados urbanizables. "Adelantan que multiplicarán por cuatro sus inversiones y tienen pensado vender las propiedades en un plazo de unos cuatro años. La inversión total del cliente representará alrededor de un tercio del importe total". Además, numerosa documentación aportada por Mónaco incluye en los justificantes de las transferencias bancarias la referencia: RTM S. L.

Con toda esta información, el magistrado Ruz, a petición de las fiscales y de la Agencia Tributaria, ha solicitado varias diligencias relacionadas con la empresa RTM. En concreto, la fiscalía ha reiterado la ampliación de la comisión rogatoria de Mónaco con la intención de que se recabe la documentación aportada a la entidad Lloyds Bank como justificación de la transferencia de un millón de euros efectuada desde la cuenta de la sociedad Arthington Investments en junio de 2006 a favor de la cuenta Cedargrove Investments. "Por cuanto de la documentación remitida con anterioridad por las autoridades monegascas resulta que en la reunión mantenida el 19 de junio de 2006 el cliente se habría comprometido a aportar copia de la escritura o documento de la inversión inmobiliaria a la que estarían destinados los fondos". La Fiscalía quiere salir de dudas sobre si los 13 millones se pagaron por RTM o por Arganda del Rey.

Además, la aparición de un supuesto contrato entre Amando Mayo y Fernando Martín sobre la salida del primero de RTM a cambio de 700.000 euros, ha obligado al juez a modificar hasta en dos ocasiones un auto. El 30 de enero Ruz rectifica un auto del 15 de octubre pasado en el que inicialmente se refería de forma concreta a un acuerdo de Arganda. Ahora, con el cambio, aparece el texto siguiente: "En el que se indica que División Inmobiliaria del Club Atlético de Madrid S.L. (Dicam) es propietaria del Estadio Vicente Calderón y de los terrenos sobre el que el mismo se asienta, sobre los que pretende realizar una reordenación urbanística para su posterior desarrollo inmobiliario] de fecha 27-10-2010 por importe de 744.743,53 euros".

Por el contrario, un informe de la Agencia Tributaria del 27 de agosto de 2012 pone en duda que los 13 millones de euros se deban a la inversión de Fernando Martín en RTM. La Agencia Tributaria recurre también a las notas del banco sobre la reunión con Fernando Martín llevado a cabo el 19 de junio de 2006: "Por tanto, en esta reunión se trata de justificar la transferencia de los 13 millones como una inversión en RTM, cuando lo cierto es que Martinsa efectivamente participa en esta sociedad en un tercio, pero desde su constitución en 2004". Hacienda destaca también que Amando Mayo aportó en 2005 alrededor de 700.000 euros a la sociedad Martinsa-Fadesa para participar en la compra de acciones de la compañía mercantil RTM Desarrollos Urbanísticos y Sociales S.A. "para un proyecto inmobiliario sobre los terrenos privados del estadio Vicente Calderón". Y hasta la fecha, el magistrado Pablo Ruz ha rechazado los intentos de la Asociación Señales de Humo de personarse en el caso Gürtel. Esta asociación, compuesta por aficionados del Atlético de Madrid contrarios a la gestión de la familia Gil al frente del club madrileño, fueron los artífices de varios recursos judiciales, como por ejemplo el que ha paralizado la operación Calderón-Mahou.

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Libre se ha puesto en contacto con Fernando Martín, que no ha querido responder a las preguntas relativas al caso. Sin embargo, emitió un comunicado en el que reconoce que abrió cuentas en Mónaco. Aunque sostiene que los dos pagos, de 12 y 13 millones, no tenían como destino España: "Las transferencias bancarias a las que se hace alusión en algunas informaciones guardan relación única y exclusivamente con unas antiguas inversiones personales realizadas por Fernando Martín en el extranjero, y no con ninguna operación inmobiliaria en España".