El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el ex socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, condenado por el caso Nóos, contra la decisión de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de mantenerle en segundo grado penitenciario, lo que impide que pueda hacer salidas de la cárcel para trabajar o hacer voluntariado.

La Sala considera que no existe contradicción entre la decisión del tribunal de Palma y decisiones judiciales adoptadas en relación con otros presos diferentes, tal y como sostenía Torres en su recurso ante el alto tribunal.

El Supremo confirma en un auto dado a conocer este jueves que tampoco procede la aplicación a Torres del régimen mixto –previsto en el artículo 100.2 del régimen penitenciario– dada la inexistencia de un periodo de observación que haya aportado datos bastantes y la inexistencia de una propuesta del Equipo Técnico en los términos previstos por la ley. Torres está cumpliendo el primer cuarto de su pena de cinco años y ocho meses y solicitó que se le aplicara el 100.2, que permite combinar aspectos del régimen de vida del segundo y el tercer grado, como poder salir a trabajar.

La Fiscalía, en contra de que Urdangarin amplie su permiso

La Fiscalía se ha posicionado en contra de que Iñaki Urdangarin vea ampliados sus días para poder prestar trabajo de voluntariado en la ONG Hogar Don Orione, con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid), según confirmaron a Europa Press fuentes de la Fiscalía General.

El rechazo de la acusación pública, puesto en conocimiento del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, se produce después de que el marido de la infanta Cristina, ex duque de Palma y condenado por el caso Nóos solicitara permiso para poder abandonar el penal de Brieva (Ávila) tres veces por semana durante ocho horas para atender a los discapacitados del referido centro, en lugar de las dos inicialmente concedidas. El juez de vigilancia deberá también pronunciarse sobre si Urdangarin puede pasar estas Navidades con su familia, después de que la Junta de Tratamiento de la cárcel de Brieva le concediera la pasada semana el disfrute de cuatro días en su primer permiso ordinario.

La Audiencia Provincial de Palma dio cinco días al exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, para que ingrese en prisión, según informaron fuentes de la Audiencia, según Europa Press.

Torres acudió este miércoles a la Audiencia Provincial de Palma sobre las 09.00 horas, acompañado de su abogado Manuel González Peeter, para recibir la orden de entrada en prisión y permaneció en el interior poco más de media hora.

Cabe recordar que la Sala II del Tribunal Supremo rebajó a 5 años y 8 meses su condena por los delitos de malversación, prevaricación y fraude a la Administración, mientras que le absolvió de tráfico de influencias, blanqueo y falsedad.

La Casa del Rey ha reiterado su "respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial", tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Nóos, que condena a cinco años y 10 meses de prisión a Iñaki Urdangarin, esposo de la Infanta Cristina.

Así lo han señalado este martes fuentes del Palacio de la Zarzuela. La sentencia del Supremo se ha conocido cuando se cumplen tres años desde que el rey Felipe VI decidió privar a su hermana Cristina —y por tanto a su esposo— del ducado de Palma de Mallorca.

La acusación lanzada por la Fiscalía de que Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, fueron el "motor" y los "instigadores para la corrupción" enjuiciada en el caso Nóos  ha dominado esta mañana la vista de apelación ante el Supremo, donde el ministerio público ha pedido elevar de seis a 10 años la pena de cárcel para el cuñado del rey y de ocho y medio a doce y cuatro meses para su antiguo profesor de Esade.

El Supremo no tiene plazo para resolver los recursos de casación planteados en torno a dos polos: el de las acusaciones, con la Fiscalía en cabeza y que piden un incremento de las penas tanto de reclusión como pecuniarias, así como la condena de cuatro antiguos altos cargos de la Generalitat valenciana que fueron exonerados; y el de las defensas, que reclaman la absolución. Si el alto tribunal confirma o modifica al alza la sentencia dictada hace un año por la Audiencia de Palma, Urdangarin y Torres deberán ingresar en prisión. "La ley es como la muerte, no puede exceptuar a nadie", proclamó durante su alegato la letrada de la Abogacía del Estado, Dolores Ripoll, que ejerce la acusación en nombre de Hacienda.

Urdangarin fue sentenciado hace un año por la Audiencia de Palma por siete delitos. La infanta, a la que solo acusaba -por delito fiscal- Manos Limpias , resultó absuelta. Y nadie ha recurrido esa absolución. Pero su nombre y su título planearon este miércoles sobre la sala de vistas del Supremo cuando el abogado de Manos Limpias, José María Bueno, negó que el autodenominado sindicato hubiese actuado con "temeridad". Los principales dirigentes del autodenominado sindicato se encuentran camino del banquillo por extorsión.

"Por ser quien es"

Si aquella sentencia de Palma ya puso el foco en cómo el marido de Cristina de Borbón utilizó su "proximidad a la Jefatura del Estado" para delinquir, la vista pública celebrada este miércoles por el alto tribunal ha devuelto ese factor al escenario. El expresidente balear Jaume Matas –destacó en un momento de su alegato la abogada del Govern, María Ángeles Berrocal– ya confesó "que le dio los negocios al señor Urdangarin porque le parecía conveniente por ser quien es". Condenado a tres años y ocho meses, la defensa de Matas pide también la absolución al igual que la de Urdangarin y la de Torres.

Berrocal resumió lo que la investigación del caso ya había constatado: que cuando Jaume Matas decía "hágase", su Gobierno primero hacía y luego preparaba la coartada legal que en forma de expediente diese cobertura a aquello que el todopoderoso político había decidido de antemano. La influencia desplegada por Urdangarin y Torres fue tal, continuó la letrada, que cuando el juzgado pidió al Govern balear que buscase los convenios con Instituto Nóos, "no había ni un solo papel, ni uno". Sin tecnicismos, Berrocal puso el énfasis en un argumento inapelable: "Ni un solo céntimo de dinero público puede quedar sin justificación"

Esa capacidad de influencia que permitió a Urdangarin lograr convenios cuyo interés público negaron las acusaciones durante la vista y manejar cantidades millonarias sin apenas control ha estado presente incluso en la alocución de su propio abogado, Mario Pascual. Si "su vinculación con la Familia Real" le hubiese ayudado a conseguir convenios para Instituto Nóos, "se trataría de una influencia impune por atípica y menos aún que mereciera reproche legal". En otras palabras: no sería perseguible. El letrado sustentó su razonamiento en un auto de la Audiencia de Palma según el cual -dijo- valerse de los vínculos familiares propios para obtener dinero público no es delito.

Pascual jugó la baza de la pena de telediario en favor de su cliente: "Con todo el respeto para este tribunal les pido, fíjense qué temeridad, que absuelvan al señor Iñaki Urdangarin, que a día de hoy ya viene condenado por parte de la sociedad y por determinados medios de comunicación".

Y aunque su trayectoria como defensor de Urdangarin apunta a que sus palabras sobre la ayuda para que Instituto Nóos consiguiera seis millones públicos en convenios buscaban significar que todo eso quedaría excluido de lo que el Código Penal conceptúa como delito, lo cierto es que su apelación a una influencia "impune por atípica" remite a uno de los puntos más calientes y a la vez orillados en el debate que generó la instrucción del caso: la inviolabilidad del rey, consagrada en el artículo 56.3 de la Constitución. La inviolabilidad afloró cuando la investigación destapó que Urdangarin había pedido ayuda a su suegro, Juan Carlos I, para el primer pelotazo de Instituto Nóos, las llamadas Valencia Summit. Distintos documentos, básicamente emails aportados al juez por Diego Torres, indicaban sin ningún género de dudas que el hoy rey emérito estaba al tanto de los negocios de su yerno. 

La Fiscalía sostiene que tanto Urdangarin como Torres deben ver incrementadas sus condenas porque cometieron un delito de malversación continuado al que hay que aplicar la banda alta de las penas previstas. El ministerio público también considera que es necesario recalcular al alza el daño patrimonial que la celebración de las llamadass cumbres turísticas que Baleares y Valencia encargaron a Instituto Nóos -las Illes Balears Fórum y las Valencia Summit- infligieron al erario de esas dos comunidades. Gracias a los convenios a dedo para la organización de esas cumbres, la pretendida ONG obtuvo 5,8 millones que de forma íntegra acabaron en las empresas de Urdangarin y Torres.

Los convenios de Baleares -los de Valencia están en espera de lo que decida el Supremo- son los que la Audiencia de Palma consideró delictivos. Y de ellos se derivan los siete delitos por los que Urdangarin está ya condenado en primera instancia: uno continuado de prevaricación en concurso -es decir en conjunción- con uno de falsedad en documento público y de malversación, que le acarreó la pena de dos años y ocho meses de cárcel; otro de fraude a la Administración -cuando existe un concierto previo para adjudicar a alguien un contrato-, traducido en siete meses de prisión; otro de tráfico de influencias, castigado con un año; y dos delitos fiscales, penados cada uno de ellos con un año de reclusión. Torres fue sentenciado a una pena más alta porque, además de los siete delitos anteriores, la Audiencia le condenó también por blanqueo.

La Audiencia de Palma cifró en 265.088,42 euros la responsabilidad civil que debe afrontar Cristina de Borbón como partícipe a título lucrativo (beneficiaria económica) de los delitos perpetrados por su marido. Ahora, la Abogacía del Estado, que en el proceso representa a la Agencia Tributaria, ha pedido al Supremo que esa cifra se vea aumentada en 35.000 euros. En la práctica, incluso si el Supremo la aceptara, esa subida tendría un efecto nulo dado que, dos años antes de que la Audiencia de Palma dictase sentencia, la infanta ya había depositado en los juzgados de Palma 587.413 euros en concepto de responsabilidad civil.

La sentencia recalcaba que declarar a la infanta beneficiaria económica de los delitos en absoluto implica que participase en su comisión ni que conociera siquiera su existencia.

Ahora, la nueva entrada en escena de Manos Limpias con un nuevo letrado busca anular la condena en costas que le impuso la Audiencia de Palma por mala fe procesal. Su acusación contra la infanta -sostuvo Bueno durante la vista- no era "infundada" ni "baladí". Entre los imputados de Manos Limpias por extorsión se encuentra la abogada que ejerció la acusación en Nóos, Virginia López Negrete.

"Con todo el respeto para este tribunal les pido, fíjense qué temeridad, que absuelvan al señor Iñaki Urdangarin, que a día de hoy ya viene condenado por parte de la sociedad y determinados medios de comunicación", señaló el abogado Mario Pascual ante los cinco magistrados que componen la sala de casación.

Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de prisión, siete años y un mes de inhabilitación especial y multa de 512.533,68 euros por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad en documento público y de malversación (dos años y ocho meses de prisión), uno de fraude a la Administración pública (siete meses), uno de tráfico de influencias (un año) y dos delitos contra la Hacienda Pública (un año cada uno) y a responsabilidad civil.

La pena impuesta fue no obstante bastante inferior a los 19 años de cárcel que pedía para él inicialmente la Fiscalía, puesto que el tribunal de Palma le absolvió de los delitos de blanqueo de capitales y estafa y de varios delitos de falsedad en documentos, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude en relación con actividades en Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid y tuvo en cuenta circunstancias atenuantes de reparación del daño.

A lo largo de su intervención ante la Sala, la defensa del exduque reprochó a las acusaciones la "absoluta falta de definición" sobre cuál es la cuota tributaria que se debe imputar al señor Urdangarin por los delitos fiscales a los que fue condenado, ya que en sentencia se fijó una cantidad –de 129.000 euros, sólo 9.000 por encima de la cantidad a partir de la cual se considera que existe delito–, y hoy se pretende que la cantidad sea otra. "El contribuyente no sabe a día de hoy qué cantidad debería abonar para que cualquier tribunal no le quisiera condenar por delito fiscal", añadió el letrado.

También reprochó que no haya merecido reproche el contrato de 18 millones de euros para el equipo ciclista de Baleares y únicamente se persiguieran los 150.000 euros obtenidos por su cliente para organizar la oficina de seguimiento de sus actividades.

Falta de normativa sobre fundaciones

En cuanto a las condenas por malversación impuestas al marido de Cristina de Borbón, la defensa se preguntó por qué se le condenó por los contratos de patrocinio que realizó para lo foros deportivos celebrados en Baleares –por más de dos millones de euros– y se le absolvió en lo referente a los contratos similares firmados con las autoridades valencianas.

Añadió que, en el caso de los primeros, debería tenerse en cuenta que las autoridades autonómicas de Baleares transpusieron de forma tardía las directivas europeas sobre la actuación de las fundaciones, por lo que dicha fiscalización no se introdujo hasta el año 2011. "Por ello la sindicatura de cuentas de baleares no puso objeción a los contratos ni a los patrocinios", añadió Mario Pascual.

Para esta parte, los convenios firmados fueron un patrocinio, y pese a que la Abogacía de Baleares vino defendiendo que no fueron útiles, por no producir efectos prácticos en Baleares, la Fiscalía defendió por el contrario en su escrito que "fueron especialmente útiles" y no discutió las cantidades empleadas en su organización.

En su escrito ante el Supremo, la defensa de Urdangarin insistía en que la condena debe ser anulada porque, entre otras razones, nunca se ocupó de temas contables, financieros ni fiscales en relación con este organismo y "no se puede demandar al olmo por no dar peras". También se opone a los argumentos que da el Ministerio Fiscal para pedir una agravación de la condena por malversación al entender que su actividad no supuso un entorpecimiento al servicio público.

Rechaza también Urdangarin la cuantificación de las cantidades presuntamente sustraídas que hace la Fiscalía y que tanto él como su exsocio Diego Torres incumplieran las exigencias legales que se incluían en los contratos que firmaron con el Instituto Balear de Turismo para la celebración de Illes Balears Forum en 2005 y 2006, por los que cobraron unos 2 millones de euros.

La defensa de Torres acusa a las tesis acusatorias de carecer de "soporte"

El abogado de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, pidió en el Tribunal Supremo la absolución de su representado en el caso Nóos porque, según subrayó, las tesis de la Fiscalía y el resto de acusaciones "carecen de la más elemental de los soportes".

Así lo dijo Manuel González Peeters durante su intervención en la vista pública que se celebró este miércoles en el alto tribunal para defender la inocencia de Torres. El letrado destacó que en su recurso expone claramente los motivos por los que su defendido debe ser absuelto: "Poco o nada puedo enfatizar sobre la exposición que hago en las 348 páginas de recurso", añadió.

La defensa de Diego Torres –condenado a ocho años y medio de prisión– y de su mujer, Ana María Tejeiro –que se lucró de los delitos fiscales de sus esposos y para la que también pide que se la exima de responsabilidad–, recalcó la "cantidad de jurisprudencia" que cita en su escrito. Asimismo, señaló que le da la "impresión" de que "no ha estado" en el juicio que tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Palma y que comenzó el 11 de enero de 2016.

Según explicó, no entiende por qué se estuvo hablando durante los "ocho años" que duró el procedimiento por el caso Nóos sobre ciertas irregularidades si se dieron "por buenas" la totalidad de facturas aportadas por la defensa y no se han "impugnado".

Por ello, pidió a los cinco magistrados que conforman el tribunal que no tenga en cuenta las alegaciones de las acusaciones porque "todas las pretensiones y tesis carecen de la más elemental de los soportes".

Manos Limpias insiste en que la infanta participó de los delitos

La acusación popular Manos Limpias, la única que acusó a la infanta Cristina en el caso Nóos, insistió este miércoles ante el Tribunal Supremo que la hermana del rey participó en los delitos fiscales de su marido Iñaki Urdangarin. Cristina de Borbón resultó absuelta por la Audiencia Provincial de Palma y esta decisión es firme, por lo que la valoración de Manos Limpias no será objeto del alto tribunal.

El abogado de Manos Limpias, José María Bueno, defendió en la vista ante los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que su acusación contra Cristina de Borbón no era "baladí", ni era "infundada", como refirió la sentencia de la Audiencia de Palma.

El letrado recordó que durante todo el procedimiento ha existido "material probatorio" contra la infanta, entre el que se encuentra un informe de la Agencia Tributaria que acreditaría su participación en dos delitos contra la Hacienda Pública y en el que se basó "fundamentalmente" la acusación.

En este sentido, reprochó que la resolución recurrida subraye que la acción contra la mujer de Iñaki Urdangarin tenía "una cierta debilidad en el sustento". "Mira si había base que se la condenó a una responsabilidad civil", añadió Bueno al respecto.

Por ello, la acusación popular solicitó al Tribunal Supremo que le absuelva del pago de las costas del juicio, tal y como ordenó el tribunal. "No existe temeridad. Manos Limpias se ha comportado siempre de una forma digna frente a quien estaba incumpliendo la ley", concluyó.

El abogado de la infanta, Pau Molins, reprendió a la acusación que haya defendido ante el Tribunal Supremo su acusación contra la hermana del rey y le reprochó que sólo buscase provocar un "daño mediático" que, a su juicio, consiguió. "Lo único que se acreditó en los delitos contra Hacienda es todo lo contrario a lo que aún defiende Manos Limpias: su absoluta inocencia", defendió el letrado.

La Fiscalía pide más pena para Urdangarín y Torres por haber sido el "motor" del delito 

La fiscal de Tribunal Supremo Ángeles Garrido defendió este miércoles un incremento de las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca para el marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres por considerarles "motor de toda la secuencia" de los delitos cometidos mediante el Instituto Nóos. Para el primero solicitó que se incremente la condena inicial de 6 años y 3 meses de prisión hasta los 10 años.

En una intervención de carácter muy técnico la representante del Ministerio Público defendió en la vista pública celebrada en el alto tribunal la aplicación de tipos agravados a las penas inicialmente impuestas para ambos y para el expresidente balear Jaume Matas por los delitos de malversación de caudales públicos, al tratarse de un "delito bilateral" en el que es necesario el concurso de todas las partes.

"En la administración pública no puede hacerse todo lo que uno quiera, no rige el principio de autonomía de la voluntad", señaló la fiscal para justificar la comisión también de los delitos de prevaricación.

Tanto la Fiscalía como la representante de la Abogacía del Estado solicitaron al Supremo un nuevo cálculo del daño patrimonial producido por los condenados, y que para ello se aplique la jurisprudencia de la Sala fijada de acuerdo con la sentencia dictada en 1992 en el caso de la 'colza'.

En el recurso presentado ante el Supremo Urdangarin también rechaza la cuantificación de las cantidades presuntamente sustraídas que hace la Fiscalía pero, al contrario que hace la Fiscalía y la Abogacía del Estado, su defensa rechaza que tanto él como su exsocio Diego Torres incumplieran las exigencias legales que se incluían en los contratos que firmaron con el Instituto Balear de Turismo para la celebración de Illes Balears Forum en 2005 y 2006, por los que cobraron unos 2 millones de euros.

El 25 de marzo de 2010, una pregunta lanzada por el juez José Castro a Jaume Matas en la última sesión de un maratoniano interrogatorio de 16 horas activó las alarmas subterráneas con un ligerísimo temblor que pasó casi inadvertido. Castro, hoy ya jubilado, había interpelado al expresidente del Govern balear sobre un convenio público suscrito en 2005 con Instituto Nóos, entonces una desconocida asociación de extraño nombre griego y a cuyo frente se situaba Iñaki Urdangarin, el yerno del rey. Ocho años y miles de noticias después sobre la trama que en Baleares y Valencia recibió seis millones de euros públicos en apenas cuatro años –de 2004 a 2007–, el Tribunal Supremo se apresta ahora a resolver el caso que provocó una crisis institucional sin precedentes y la abdicación de Juan Carlos I. Este miércoles y en una vista pública convocada por el alto tribunal, agotarán sus últimos cartuchos los abogados de las 15 partes del proceso que han recurrido la sentencia dictada el 17 de febrero de 2017 por la Audiencia de Palma. Las acusaciones, con la Fiscalía en cabeza, piden el incremento de las penas; las defensas, que no descartan jugar la carta de la nulidad, reclaman la absolución.

El destino de Iñaki Urdangarin, cuya defensa pivota sobre el argumento de que solo fue "un amigable componedor" y no el hombre de negocios que, según el tribunal de Palma, utilizó "su proximidad a la Jefatura del Estado" para delinquir, está hoy en manos del Supremo. También el de otros dos de los siete condenados –los que también arrostran el peligro de prisión, Diego Torres y Jaume Matas– y el de cuatro antiguos altos cargos de la Generalitat valenciana que resultaron absueltos y cuya condena pide la Fiscalía. Para dos de esos cuatro políticos valencianos reclama prisión la Fiscalía. Para los otros dos, inhabilitación.

Ninguno de los recursos afecta a la infanta Cristina de Borbón, cuya imputación desencadenó una formidable movilización del aparato del Estado y que finalmente fue absuelta de la acusación de delito fiscal que le atribuía la organización Manos Limpias. El jefe del autodenominado sindicato de funcionarios, Miguel Bernad, fue detenido y encarcelado en pleno proceso del caso Nóos bajo la acusación de chantaje. Junto con Bernad, ahora en libertad bajo fianza, permanece imputada en la causa la abogada que ejerció la acusación contra la infanta, Virginia López Negrete.

Si el alto tribunal ratifica o corrige al alza la resolución del tribunal balear, Urdangarin –ya condenado a seis años y tres meses–  y su antiguo socio, Diego Torres –con una pena de ocho años y medio– tienen asegurado el ingreso en la cárcel. Si triunfan las tesis de las defensas o si el Supremo rebaja las penas por debajo del umbral de los dos años, ambos quedarán en libertad.

El ministerio público, que en primera instancia reclamó 19 años y medio para Urdangarin y 16 y medio para Torres, solicita en su recurso de casación ante el Supremo 10 años para el primero y 12 y medio para el segundo. La Fiscalía estima que al aristócrata consorte, despojado por Felipe VI del título de duque de Palma, se le debe aplicar la atenuante de reparación del daño porque vendió sus propiedades para cubrir parte de la responsabilidad civil. Para Matas, condenado en primera instancia a tres años y ocho meses, la Fiscalía pide un año más de prisión.

Permiso para vivir en Ginebra

Tras la sentencia, el tribunal permitió a Urdangarin seguir residiendo en Ginebra a cambio de comparecer el día 1 de cada mes ante las autoridades suizas y de "comunicar al tribunal cualquier desplazamiento fuera de la UE o cambio de domicilio". A Torres, le retiró el pasaporte y le prohibió "salir del territorio nacional".

Los expertos, incluido el propio José Castro, consideran la absolución o la rebaja de penas la hipótesis más remota.  "No veo factible una rebaja de penas con la que el Supremo evitase el ingreso en prisión de Urdangarin", aseguró el exmagistrado esta semana en declaraciones a infoLibre.

Pero en realidad nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrirá tras la vista, convocada por el Supremo de forma potestativa siguiendo la pauta habitual en todos los casos complejos de gran proyección pública. Nadie lo sabe salvo, en todo caso, los cinco magistrados que integran la sala formada bajo la presidencia de Manuel Marchena, considerado el gran baluarte del poderosísimo sector conservador de la judicatura, y con el también conservador Antonio del Moral como ponente o encargado de proponer el rumbo de la resolución. Nadie tampoco sabe cuándo hará público el tribunal el sentido de su dictamen. Aun en el supuesto de que este trámite de exposición de alegatos ante el Supremo termine el mismo miércoles 21 –también se han habilitado el jueves y el viernes, por si acaso–,  el tribunal puede tardar horas, días, semanas o meses en deshacer la incógnita. 

En la última década (2007-2016), el Supremo ratificó sin tocar una coma tres de cada cuatro sentencias recurridas en casación, y así lo indica la Base de Datos de Estadística Judicial. El último año de la serie, 2016, la tendencia se invirtió de manera drástica: el alto tribunal respaldó de manera total o parcial el 55,3% de los recursos planteados. La base de datos no permite, explican fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), determinar qué perseguían, si rebaja o aumento de condena, los recursos estimados. Y, en cualquier caso, las estadísticas trazan una probabilidad pero jamás una certeza. 

Bajo promesa de anonimato, algunos de los juristas consultados por este diario aventuran como opción probable una sentencia rápida y "ejemplarizante". Ejemplarizante, aquí, debe traducirse por, como mínimo, confirmatoria de la que tras 741 folios consideró probado que la firma de los convenios del Govern balear con Instituto Nóos para la celebración de los llamados Illes Balears Forum en 2005 y 2006 y todo lo que de eso se derivó implicó la comisión de los delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencia y delito fiscal por parte de Iñaki Urdangarin y Diego Torres. A Torres le condenó también el tribunal palmesano por blanqueo, de ahí que su condena supere en duración a la de su antiguo alumno en Esade.

Además de la Fiscalía, en el panel de acusaciones figuran la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, y las de Baleares y Valencia, que defienden los intereses de sus respectivos Gobiernos autonómicos. Desarticulada en la práctica tras el encarcelamiento de Bernad en abril de 2016, Manos Limpias solo ha recurrido la condena en costas que le impuso la Audiencia de Palma por mala fe procesal al mantener su acusación contra la infanta.

"Jurídicamente, no veo factible la absolución ni una rebaja de penas que evitase la entrada en prisión de Iñaki Urdangarin ni de Diego Torres". Quien lo afirma, a una semana de la vista donde el Tribunal Supremo escuchará el día 21 los argumentos de todas las partes antes de dictar la sentencia definitiva del caso Nóos, es José Castro, ahora recién jubilado y durante cinco años juez instructor de la causa que zarandeó los cimientos de la monarquía.

En una conversación telefónica mantenida este miércoles con infoLibre, Castro subraya que, en todo caso, "los argumentos jurídicos" operan en favor de un aumento de las penas impuestas hace un año por la Audiencia de Palma en una resolución que el exmagistrado define como "muy benévola": seis años y tres meses de reclusión para el cuñado del rey y ocho años y medio para su antiguo socio, Diego Torres. Ambas condenas, por malversación, prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias y delito fiscal –más blanqueo en el caso de Torres–, tienen su origen en los convenios suscritos en 2005 y 2006 con el Gobierno de Baleares por el Instituto Nóos y que reportaron al entramado tejido por Urdangarin y Torres 2,3 millones.

En su recurso, la Fiscalía pide al Supremo que aumente a 10 años las penas para el marido de Cristina de Borbón y a doce y medio las de Torres. El ministerio público también reclama la condena de cuatro ex altos cargos de la Generalitat valenciana absueltos por el tribunal de Palma. "Si la trama balear ha sido condenada, hay argumentos para que también lo sea la valenciana", dice Castro. Y añade algo más al respecto:  "Descarto que la absolución de la trama valenciana juegue a favor de los políticos condenados de Baleares". Los convenios firmados con la Generalitat valenciana aportaron 3,2 millones a la trama Nóos.

Aunque Castro mantiene un discurso granítico, él mismo lanza un aviso: "Creo que el Supremo no le va a dar carnaza a la gente para que la gente no piense mal. Si considera que tiene que absolver lo hará, y así es como tiene que ser: yo no participo de que el Supremo se guíe por el clamor de la calle ni creo que lo vaya a atender. Y si considera que debe absolver le importará un bledo lo que puedan decir los ciudadanos de su sentencia, porque no le importó cuando se condenó a Jaume Matas y esa condena acabó con una pena de nueve meses por un delito menos grave de tráfico de influencias tras excluir un delito de malversación y otro de fraude a la Administración". En 2013, el alto tribunal libró a Matas de la cárcel al rebajar de seis años a nueve meses su condena por el llamado caso Alemany, uno más en el abultado racimo de episodios de corrupción que giran en torno al antiguo líder del PP balear.

"Como el tema de la hermana del rey no se ha planteado..."

Lo anterior no obsta para que a lo largo de la charla Castro recalque una y otra vez que no alberga la menor duda de que con la ley en la mano resultan imposibles tanto la absolución como una rebaja sustancial de penas que permitiera a los dos principales condenados eludir el ingreso en la cárcel. "No veo factible –aduce– una rebaja de penas que evitase la entrada en prisión de Urdangarin ni de Torres porque ya la sentencia de Palma fue muy benévola, estaba al límite de la benevolencia. En todo caso veo factible un incremento. Si estuviéramos en una franja muy, muy límite para que se les pudiera aplicar la remisión condicional de la condena [cuando la sentencia impone un máximo de dos años de cárcel] a lo mejor el tribunal haría un esfuerzo para que, rebajándoles unos meses, se les evitara el ingreso en prisión". 

El exmagistrado introduce en ese punto el elemento que antes y después de la sentencia dictada por el tribunal balear más agrietó la confianza ciudadana en la justicia: Cristina de Borbón. "Con argumentaciones jurídicas no adivino la absolución. Si estuviéramos hablando de la infanta a lo mejor podríamos decir: 'Pues sí, hay argumentaciones extrajurídicas'. Pero como el tema de la hermana del rey no se ha planteado…"

Con esa elipsis Castro alude a que no haya sido objeto de recurso la absolución de la hermana de Felipe VI, que compartió banquillo con su marido acusada de delito fiscal pero solo por Manos Limpias y con la oposición expresa de la Fiscalía. La batalla en torno a la imputación de la infanta dinamitó lo que parecía un tándem indestructible, el que durante años formaron José Castro como juez y Pedro Horrach como fiscal Anticorrupción. Muy afectado por la tormenta de reproches e insultos que le granjeó su estrategia para convencer a los tribunales de que la infanta no había cometido ningún delito, Horrach abandonó la Fiscalía en abril de 2017.

En abierta oposición a la Fiscalía, el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias ejerció la acusación popular en el proceso. Desarticulado en la práctica en la primavera de 2016, mientras aún se celebraba el juicio de Nóos, sus principales dirigentes aguardan ahora su propio juicio por varios delitos, entre ellos el de la presunta extorsión a los abogados de la infanta para retirar la acusación a cambio de dinero.

Tras una jornada dominada por la confusión y en la que un primer comunicado indujo a varios medios a publicar por error que la Fiscalía había solicitado una reducción de penas y en la que una segunda información canalizada a través de fuentes oficiales hizo concluir luego que la condena solicitada era de 14 años, el ministerio público ha hecho pública una nota oficial.  

"A la vista de la equivocada información que ha aparecido en distintos medios de comunicación –dice el comunicado–, en el cálculo de las penas interesadas para D. Ignacio Urdangarín, en el recurso de casación formalizado por el Ministerio Fiscal, se hace oportuno precisar algunos extremos. Como consecuencia de la estimación de los motivos del recurso interpuesto y en lo que a dicho señor afecta, la pena de prisión se vería incrementada en tres años y siete meses".

En resumen, dado que Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses, si el Supremo acepta el incremento que pretende la Fiscalía, el cuñado del rey ingresará en prisión para cumplir 10 años. ¿De dónde surgió la idea de que la condena total solicitada ascendía a 14 años y no a 10? Del hecho de que en el recurso aparezcan dos opciones de condena para una misma infracción penal –malversación en concurso con otros dos delitos–. Según entienda el tribunal que se trató de un delito único (cuatro años y medio) o continuado (cinco años) el Supremo deberá validar una de esas dos opciones en el supuesto de que considere que hay que incrementar la pena impuesta por el tribunal de Palma en ese capítulo: dos años y ocho meses. Se trata de opciones alternativas, por lo que las dos condenas propuestas (cuatro años y medio para el primer escenario; cinco años, para el segundo) no deben sumarse en ningún caso.

En el caso del antiguo socio de Urdangarin en Instituto Nóos y sus sociedades satélite, Diego Torres, la acusación pública pide un aumento de casi cuatro años y medio, con lo que su condena sería de 12 años y cuatro meses.

El recurso de casación sobre el caso Nóos presentado por la Fiscalía ante el Supremo pide al alto tribunal que incremente las penas impuestas a Iñaki Urdangarin (seis años y tres meses de prisión) y a Diego Torres (ocho años y medio) y que condene a los políticos valencianos que fueron absueltos por el tribunal de Palma. El aumento de penas solicitadas se basa en un factor clave: el ministerio público considera que las penas impuestas por malversación y fraude a la Administración fueron inferiores a las que en aplicación del Cóodigo Penal le correspondían. 

La Fiscalía, que expresa abiertamente su discrepancia con las tesis mantenidas por el tribunal de Palma, describe con crudeza lo sucedido con la organización de las Illes Balears Forum, las minicumbres turístico-deportivas que reportaron a Instituto Nóos casi dos millones y medio de euros: "Los citados acusados, en su función de garantes de la correcta administración de los fondos públicos, no solo omitieron el procedimiento administrativo previo a la entrega, sino que construyeron un simulacro de contratación, falsedades documentales incluidas, que no era otra cosa que un plan delictivo, para enriquecimiento de los Srs Torres y Urdangarín". 

Son Urdangarin y Torres –sostiene el recurso– "quienes pergeñan la trama delictiva, proponiendo las ilícitas contrataciones y presionando para que se celebraran, siendo ellos los que obtuvieron el beneficio económico derivado de los mismos, en detrimento de las arcas públicas".

El complejo texto del recurso, que se extiende a lo largo de 105 páginas, y la confusión provocada por una nota de prensa que cifraba en cuatro años y medio la pena solicitada por la Fiscalía –en realidad, esa es la pena que demanda solo para uno de los delitos– indujeron en un primer momento a creer que la Fiscalía había solicitado una reducción de las penas, como de hecho han publicado por error algunos medios.  El citado error parecía encontrar sustento en un largo párrafo que dice lo siguiente: "En el caso del Sr. Urdangarin –dice el recurso– hemos de acudir al delito más grave en su mitad superior, al concurrir malversación del art. 432.2, falsedad del art. 390.1.2º y 4º y prevaricación del art. 404, todos ellos del Código Penal, se ha de fijar, a tenor del art.77, vigente al tiempo de ocurrir los hechos. Siendo las previstas para el subtipo agravado de malversación la de prisión de 4 a 8 años e inhabilitación absoluta de 10 a 20 años, se ha de partir de la mitad superior de ambas: de 6 a 8 años de prisión y de 15 a 20 años de inhabilitación". Procede ahora aplicar el descenso en grado del art. 65.3 Código Penal, y la pena de prisión se sitúa en el arco de 3 a 6 años, en tanto la de inhabilitación comprende de 7 años y 6 meses a 15 años. La concurrencia de la circunstancia atenuante simple de reparación del daño, obliga a determinar la mitad inferior de las mismas. De ahí que las penas imponibles deban estar comprendidas entre 3 años y 4 años y 6 meses de prisión, y 7 años y 6 meses a 11 años y 3 meses de inhabilitación. Considerando ajustadas la de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta de 9 años y 6 meses y accesorias".

Previamente, el recurso dice esto: "D. Ignacio Urdangarin deberá ser condenado como autor de un delito continuado de prevaricación del art. 404 del Código Penal en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento público del art. 390.1.2º y 4º del Código penal, así como de malversación, del art. 432.2 del mismo texto legal, aplicando el art. 65.3, al no ser funcionario público y la atenuante simple de reparación del daño".

La sentencia en su totalidad demuestra la ingente labor que ha realizado el tribunal ante un proceso sumamente complejo, con numerosas personas acusadas y abundantes cuestiones a resolver. Las tres magistradas han dado respuesta a todas ellas de manera motivada. Y el esfuerzo desplegado resulta admirable, como también lo fue el tesón del juez instructor, José Castro, para llevar hasta el final una causa que parecía no tener fin. Sin embargo, desde el respeto que merece el tribunal, la lectura del pronunciamiento absolutorio de la infanta puede suscitar algunas reflexiones jurídicas.

La absolución se basa en un argumento esencial: se trata de un delito fiscal que cometió Urdangarin, al aprovecharse de su condición de administrador de la empresa Aizoon; y la infanta solo podría haber sido partícipe de esa conducta delictiva si se acreditaba que ejercía como administradora de hecho o si hubiera actuado en nombre de la sociedad, sin que esto haya ocurrido. La sala considera que los socios no tienen el deber de controlar lo que hace el administrador de una empresa. Y que la omisión solo resulta punible cuando concurre un papel de garante, lo cual no sucede en este caso.

No obstante, este razonamiento pasa por alto las valoraciones sobre la cooperación necesaria efectuadas por el juez Castro y los tres magistrados de la otra sección de la Audiencia Provincial que confirmaron sus diligencias instructoras. También fueron asumidas por la acusación popular. En esta visión judicial no se determinaba que la culpabilidad de la infanta residiera en ignorar lo que hacía su marido, en no controlarlo o en no impedir sus actuaciones. No se le reprochaba su pasividad. Al contrario, los indicios de delito se materializaban en acciones muy concretas que la propia infanta habría efectuado junto a Urdangarin.

Según la propia Agencia Tributaria, Aizoon no era una mercantil con actividad real, sino una empresa pantalla constituida por la infanta Cristina y Urdangarin, que operaba con finalidad defraudatoria y que estaba vinculada al entramado del Instituto Nóos. Los ingresos de él no fueron declarados a Hacienda a través del IRPF, sino que se utilizó a Aizoon como entidad instrumental para tributar en una cuantía muy inferior, a través de toda una serie de artificios. Entre ellos se encuentran numerosas actuaciones de la infanta que son descritas en esas resoluciones judiciales, como el pago por ella de los más diversos gastos personales desde la cuenta de dicha mercantil, como si fueran gastos empresariales; no olvidemos que desde esta cuenta societaria se abonó el servicio doméstico, viajes, fiestas, restaurantes, mobiliario, reformas en la vivienda familiar y muchos otros gastos. Otro dato significativo es el innecesario alquiler del domicilio personal de ambos a Aizoon, una empresa sin actividad verdadera, para que ese gasto ficticio influyera fraudulentamente en la tributación. Este contrato se firmó por parte de la infanta como arrendadora y como arrendataria a la vez. Además, no nos encontramos ante una empresa con decenas de socios, sino ante una sociedad creada por dos esposos, que se habrían concertado para efectuar los pagos y actos descritos, todo lo cual les dio unos beneficios económicos no controvertidos.

Estos datos objetivos están reflejados en los hechos probados de la sentencia y fundamentan la responsabilidad civil de la infanta. Y, por tanto, desde la anterior perspectiva, deberían implicar jurídicamente una conducta de cooperación necesaria de la infanta, al propiciar que se haya perpetrado el delito fiscal por parte de Urdangarin. Sin embargo, la sentencia no llega a analizar este problema en profundidad, ni a desvirtuar las apreciaciones de Castro y de los otros tres magistrados de la Audiencia Provincial, a pesar de que parecen convincentes. La tesis nuclear del fallo absolutorio es que la pasividad o la omisión de los socios en este tipo de delito no resulta punible. Pero los indicios de cooperación necesaria no se asentaban en la inacción de la infanta, sino en conductas activas como las que se han indicado.

La retirada del proceso de la acusación popular impedirá que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre todas estas materias referentes a la naturaleza, alcance y límites de la cooperación necesaria en los delitos fiscales. En todo caso, nuestro sistema judicial ha dado una respuesta jurídica a todas estas cuestiones. Y debe respetarse la decisión del tribunal competente, que es el que estaba mejor situado y se encontraba plenamente legitimado para examinar todas estas cuestiones. De todos modos, las discrepancias entre diversos órganos judiciales han quedado evidenciadas. __________________

Joaquim Bosch es magistrado y miembro de Jueces para la Democracia

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, se reafirmó en su intención de proponer a los fiscales del Tribunal Supremo un recurso de casación porque considera que en la Comunidad Valenciana "hay indicios sólidos para poder imputar y ser condenados por delito de malversación de caudales públicos". La Audiencia no lo vio así porque entendió que los precios de los foros organizados en esta comunidad estaban "plenamente justificados".

También quiere recurrir la decisión de las magistradas de considerar CACSA como una entidad que no debe someterse a la ley de contratación pública.

Según ha explicado, si el Tribunal Supremo aceptase su criterio eso supondría elevar las penas para los principales acusados, porque el delito de malversación conlleva penas de entre cuatro y ocho años de cárcel, dada "notoria entidad de la malversación".

También insistirá en un delito de falsedad en documento público y documento mercantil que las magistradas de Palma han excluido por entender que los documentos presentados para sustentarlo "no tienen trascendencia a nivel jurídico".

Si el Supremo diese por probado este delito, también conllevaría penas de cárcel más altas para los principales acusados. Lo mismo sucedería con los responsables valencianos, para quien Horrach pedía penas de cárcel –11 años para el ex vicealcalde Alfonso Grau– pero fueron absueltos por el tribunal.

Propone recurrir la presencia de Manos Limpias

En tercer lugar, propondrá a la Fiscalía del Supremo que recurra la decisión de la Audiencia de legitimar a Manos Limpias para ejercer la acusación popular y sentar en el banquillo a la Infanta Cristina en contra del criterio de la Fiscalía.

Horrach, que siempre arguyó que la Infanta estaba en el banquillo "por ser quien es","por ser quien es" no cree que su esposo haya eludido la prisión provisional también "por ser quién es". También en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, insistió en que él puede "estar de acuerdo o no con el auto" de la Audiencia, pero que sí es "razonable y motivado".

La Fiscalía había pedido para Urdangarin prisión eludible con fianza de 200.000 euros porque consideraba que sus circunstancias "rebajaban el riesgo" de fuga pero no lo anulaban del todo por la gravedad de las condenas.

Sin embargo, las magistradas entendieron que el riesgo de fuga "está prácticamente descartado" tanto en su caso como en el de su exsocio, Diego Torres. Así, desde ese punto de vista de la Sala, considera que la decisión de dejar en libertad provisional a ambos "es razonable" y "no se trata de ninguna situación anormal", incluso ha añadido que en otros casos con penas superiores no han existido medidas cautelares de prisión preventiva".

A su modo de ver, que se permita a Urdangarin seguir viviendo en Suiza "es excepcional en la medida en que hay pocos casos en que ocurra así, en que el condenado resida en otro país". Así, no cree que la decisión de Urdangarin responda a ningún "privilegio" y tampoco le resulta extraño que el auto hable de "circunstancias notablemente conocidas" porque es "una persona con una posición social y personal muy conocida por las circunstancias que ha atravesado".

Urdangarin podría ir al Consulado en vez de al juez

Sin embargo, sí añadió que no sería "ilógico ni irrazonable" que la obligación de que comparezca una vez al mes ante la autoridad judicial local se traslade más bien a la Embajada o al Consulado español en la ciudad.

Horrach entiende que las medidas contra Torres sean algo más duras –se le ha retirado el pasaporte– porque su condena es más grave, ocho años y medio frente a seis años y tres meses del exduque. Él, por su parte, ha explicado que pidió para Urdangarin una fianza –para eludir prisión– el doble que la de Torres porque la ley establece que hay que tener en cuenta la situación económica de cada uno.

La alarma social no es motivo de prisión

El fiscal dejó claro que el daño que el caso ha ocasionado a una institución como es la jefatura de Estado no es algo que esté tipificado como agravante en el Código Penal. Y también añadió que, "afortunadamente", hace años que desapareció la alarma social como motivo de prisión preventiva, porque era un criterio "excesivamente ambiguo".

Por último, insistió en que todas las decisiones del caso Nóos las ha tomado con total autonomíacaso Nóos, sin instrucciones de sus superiores ni del ministro de Justicia. "Me limité a comunicar a la teniente fiscal, Belén Suárez, lo que iba a solicitar, le pareció razonable y así se acaba todo", dijo.

De hecho, relató que el anterior fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, se puso en contacto con él para decirle que no estaba "para ocultar nada ni para proteger a nadie".

"Si a Urdangarin lo hubieran metido en prisión habría sido un disparate jurídico porque no hay riesgo de fuga y si no hay riesgo de fuga tampoco tiene sentido fijar fianza". Quien, bajo exigencia de anonimato, se pronuncia en esos inesperados términos es una fuente del caso Nóos ajena a la Fiscalía. Y lo que esa fuente viene a argumentar es esto: que resulta lógico que la indignación y el convencimiento de que en España no hay justicia igualitaria se hayan apoderado este jueves 23-F de 2017 de una ciudadanía que ya vio cómo el aparato del Estado se movilizaba para vindicar la inocencia de la infanta incluso cuando la instrucción de la causa ni siquiera había llegado a su fin. Pero que, desde el punto de vista jurídico, las suaves medidas cautelares impuestas ahora al marido de Cristina de Borbón -comparecencia mensual ante un juez suizo y comunicación previa de los viajes a países ajenos a la UE en tanto el Supremo no haya confirmado la sentencia- difieren en poco o nada de las que "suelen aplicarse" a condenados a penas similares cuya sentencia no es firme y cuyo arraigo y circunstancias vitales alejan hasta distancias remotas el riesgo de fuga. Urdangarin ha sido sentenciado a seis años. Diego Torres, a ocho. El fiscal había pedido una fianza de 200.000 euros para el primero y de 100.000 para el segundo.

Solo en un punto lanza la fuente un reproche abierto al tribunal presidido por Samantha Romero: "Que se le permita seguir viviendo en Suiza". En esto, la fuente que exige anonimato coincide con uno de los más prestigiosos juristas españoles, el exmagistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín. Y con el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio Ubaldo González. En lo demás, coinciden todos ellos, más otras dos fuentes jurídicas que tampoco han accedido a que se revele su identidad y la exmagistrada del Supremo y actual diputada socialista Margarita Robles. Uno de los seis consultados aportó un precedente "reconocible" en el que ocurrió lo mismo que aquí: en 2012, el expresidente de Sevilla FC José María del Nido y el exalcalde marbellí Julián Muñoz quedaron en libertad sin fianza en el llamado caso Minutas tras haber sido condenados a siete años y medio de prisión.

Es el primero de los juristas consultados el que lanza una carga de profundidad cuando se le pregunta por qué entonces habría pedido prisión la Fiscalía si tan claro resulta que ningún tribunal accedería a esa pretensión: "Que el tribunal no dictaría prisión y que sin prisión deja de tener sentido una fianza, sobre todo si la que se pide no es muy alta, lo sabía desde el principio la Fiscalía; que se anunciara el viernes que sopesaba pedir prisión incondicional y que luego haya pedido prisión eludible bajo fianza es una operación de lavado de imagen para demostrar a la opinión pública que estaban dispuestos a ser contundentes". 

Alarma social

Para los políticos y gente de renombre, argumenta a renglón seguido, se ha instaurado una especie de plazo no escrito que les permite evitar el ingreso en la cárcel incluso cuando el tribunal fija prisión provisional "eludible bajo fianza". "En teoría, tendrían que dormir esa misma noche en prisión y salir luego cuando paguen la fianza, pero al darles un plazo para abonar la fianza, la imagen ejemplarizante, por decirlo de algún modo, que transmite la entrada en prisión se pierde". Y eso, cierra el argumento, contribuye a desencadenar la llamada alarma social.

Este diario intentó recabar la versión del fiscal Pedro Horrach o de alguien de su entorno sobre el pretendido "lavado de imagen". No fue posible. A punto de abandonar la Fiscalía Anticorrupción, Horrach ha optado en los últimos meses por abstraerse de las supuestas "confabulaciones" en las que sus detractores le sitúan.

¿Debió el tribunal tener en cuenta la alarma social desencadenada por la salida de Urdangarin en libertad sin fianza y camino de Ginebra? "La alarma social -tercia otra cualificada fuente igualmente vinculada al caso Nóos pero de muy diferente tenor- como motivo para decretar prisión preventiva desapareció, afortunadamente, hace años de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precisamente por la ambigüedad del término y porque eso suponía tener en cuenta lo que opinaban los medios de comunicación".

Ese, el de que Iñaki Urdangarin pueda mantener la residencia en Ginebra, donde trabaja su mujer, es para otros juristas consultados por infoLibre el punto más conflictivo. El tribunal autoriza al cuñado del rey a mantener su residencia en Ginebra y viajar libremente "fuera del espacio de la Unión Europea" con la única cortapisa de comunicar previamente sus desplazamientos y comparecer el día 1 de cada mes ante la "autoridad Judicial competente, correspondiente a su actual lugar de residencia", o sea, ante un juez helvético. En cambio, le retira el pasaporte a Diego Torres y le prohíbe abandonar el territorio nacional "salvo autorización expresa" del tribunal. 

Martín Pallín: "500 o 600 condenados en la misma situación"

En efecto, el permiso que el tribunal otorga a Iñaki Urdangarin para seguir viviendo en Suiza constituye el único punto de discrepancia que expresa José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Supremo y jurista de fuste. "A mí me llama la atención, y ahí sí que creo que no hay precedente, que le dejen seguir viviendo en el extranjero y que le dejen presentarse ante un juzgado suizo". ¿Habría sido más coherente obligarle a comparecer una vez al mes ante un juzgado español? "O hacerle venirse a España, aunque comprendo que la vida no le iba a ser fácil porque no podría casi ni salir a la calle, pero...", responde Pallín. Sobre la libertad sin fianza, el exmagistrado "habría hecho lo mismo".

El exmagistrado y también antiguo fiscal ofrece un dato poco conocido: "Yo calculo que debe de haber ahora unos 500 o 600 condenados sin sentencia firme por delitos no violentos y penas de prisión similares que están en libertad sin fianza". A Pallín no le indigna la decisión del tribunal de Palma. "Lo que me indigna es que se envíe a prisión a unos titiriteros o a un rapero, y  sin que se haya celebrado juicio, por los llamados delitos de opinión".  Quienes sin duda, puntualiza Pallín, deben ingresar en la cárcel aunque la sentencia no sea firme y por un estricto criterio de "prudencia" son "los condenados por homicidios y delitos violentos": básicamente, porque está en riesgo la seguridad de las personas.

¿Implica al menos un agravio comparativo con Diego Torres que la libertad de movimientos de Iñaki Urdangarin siga siendo en la práctica plena mientras que a su antiguo socio se le retira el pasaporte y se le prohíbe abandonar el territorio nacional salvo "autorización expresa" del tribunal? El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio Ubaldo González, cree que, sin duda, ese es el punto más débil de la decisión adoptada por el tribunal. "Ahí surge un efecto desigual que se puede criticar", apunta González. Pero por lo demás, remarca, "si fuera cualquier otra persona haríamos lo mismo". 

¿Habría sido más justo ordenar a Urdangarin que trasladase su domicilio a España? La exmagistrada del Supremo y hoy diputada socialista Margarita Robles cree que no: "En ningún sitio está escrito que haya que obligar a alguien a romper su familia por una sentencia que no es firme. Si no hay riesgo de fuga da igual dónde viva y si hay riesgo de fuga hay que dictar prisión", resume Robles.

Otra jurista que prefiere mantener su identidad a resguardo sostiene que "por supuesto" hay un mayor riesgo de fuga en el caso de Diego Torres que en el de Urdangarin. No porque el marido de la infanta posea un sentido del deber más elevado que su antiguo compañero del Instituto Nóos, aquella pretendida ONG que captó contratos y convenios públicos -dice la sentencia- gracias a su "proximidad a la Jefatura del Estado". "Simplemente, hay más riesgo de fuga porque Urdangarin está, en la práctica, sujeto a un control permanente de, por ejemplo, los medios de comunicación y no podría escaparse a ningún sitio".

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha declarado este jueves que "si la sentencia acaba por confirmarse, tendrá que ejecutarse", ha manifestado al ser preguntado por la condena decretada contra el exduque de Palma, Iñaki Urdangarin.

En declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, Castro ha dicho reservarse para su "fuero interno" su opinión sobre la vistilla de este jueves, si bien ha opinado que "si la sentencia se confirmara", se debería ejecutar.

El juez ha admitido que es "imposible" no seguir el proceso, si bien ha añadido que no tiene "especial interés" en hacerlo. Además, ha recordado que existe "una posibilidad" de prisión provisional para Urdangarin y Torres aunque "para que eso ocurra hace falta que concurran unos requisitos" y éstos son los que valorará el fiscal en su posible petición de medidas cautelares y la Audiencia decidirá si las concede o deniega.

El fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, ha asegurado este miércoles que "la prisión preventiva se tiene que acordar cuando hay riesgo de fuga, de ocultar pruebas o de atentar contra los intereses de las víctimas y ninguno de estos casos se va a dar".

Así se ha manifestado ante los medios de comunicación, frente a las puertas de la Audiencia Provincial de Baleares, precisamente un día antes de que se vaya a celebrar una vista, a petición de la Fiscalía, en la que se decidirá si se acuerdan medidas cautelares contra Iñaki Urdangarin y Diego Torres, condenados en el marco del caso Nóos.

En declaraciones a la prensa, el fiscal ha explicado que, respecto a la prisión preventiva, "no hay un criterio establecido ni taxativo ni previsto por la ley". Asimismo, ha dicho que desconoce qué medidas va a pedir el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach "y si las supiera no las diría".

Por otro lado y en relación a la decisión de Horrach sobre las medidas cautelares, Barceló ha dicho que "los jueces por naturaleza y por ley son independientes" pero que los fiscales tienen "lo contrario, una dependencia jerárquica", tal como está recogido, según ha agregado, "en la Constitución y en el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal".

Cabe destacar que Urdangarin está condenado a seis años y tres meses de cárcel y su exsocio, Diego Torres, a ocho años y seis meses por distintos delitos de corrupción y fraude fiscal.

La abogada Virginia López Negrete, que ejerce la acusación popular en el caso Nóos en representación de Manos Limpias, ha presentado este miércoles su renuncia ante la Audiencia Provincial de Madrid, por lo que la acusación popular no estará presente en la vista que se celebrará mañana para estudiar la aplicación de medidas cautelares a los condenados Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

En un breve escrito al que ha tenido acceso Europa Press la abogada señala que renuncia por motivos "exclusivamente personales, habida cuenta de que hay intereses totalmente contrapuestos, una pérdida de confianza absoluta hacia el cliente así como a las desavenencias que entre ellos son insalvables, de confianza de este letrado hacia su cliente".

El cliente de esta abogada es Manos Limpias, un pseudo sindicato cuyo secretario general, Miguel Bernard, estuvo en prisión preventiva desde abril a pocos días antes de Navidad del pasado año por la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si él y el presidente de Ausbanc extorsionaron a diversas entidades financieras y empresas.

En su escrito, López Negrete señala que tanto a ella como al procurador Santiago Carrión, quien también renuncia ante el tribunal, les ha sido imposible comunicarse con su cliente, "dado que ni la sede, ni los teléfonos, ni los correos electrónicos existen ya" por lo que si Sala considera conveniente debería comunicar su renuncia a la propia Manos Limpias "a los efectos oportunos por parte de la misma".

La acusación popular, sin representación

Por lo tanto, y a no ser que Manos Limpias designe otro representante penal, la acusación popular no estará representada mañana en la vista, solicitada por el fiscal Pedro Horrach, en la que se estudiará la posible aplicación al exduque de Palma y su socio de alguna medida cautelar dirigida a asegurar su disposición ante la Justicia mientras se resuelven los recursos que previsiblemente presentarán ante el Tribunal Supremo.

El fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, ha asegurado este miércoles que "la prisión preventiva se tiene que acordar cuando hay riesgo de fuga, de ocultar pruebas o de atentar contra los intereses de las víctimas y ninguno de estos casos se va a dar" mañana, por lo que al ser la Fiscalía una institución de carácter jerárquico parece poco probable que en la vista se solicite prisión. Otras posibilidades son la libertad bajo fianza o la prohibición de salir de la UE mediante la entrega del pasaporte.

Respecto a Bernad y Pineda, la Fiscalía les acusa de utilizar sus respectivas organizaciones , que supuestamente no tienen ánimo de lucro, para su enriquecimiento personal o el de sus allegados. Además de extorsionar a los bancos, obtenían fraudulentamente subvenciones y ofrecían "la retirada de la acción penal en algunos procesos previa exigencia de importantes cantidades de dinero", actividades que desarrollaron de forma organizada y prolongada en el tiempo.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, que es la que ha juzgado el caso Nóos, ha citado a las 10.30 horas de mañana Iñaki Urdangarin y Diego Torres para que estén presentes en la vista, que se celebrará a puerta cerrada.

Además de los condenados, el tribunal ha citado también a sus abogados defensores y al representante del Ministerio Fiscal, a la Abogacía del Estado, a la Abogacía del Govern de les Illes Balears y a la abogada de Manos Limpias, que tras su renuncia no acudirá.

En las comparecencias, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el tribunal resolverá sobre las medidas cautelares planteadas por las partes, sin poder adoptar ninguna de oficio ni imponer una que sea más gravosa que la solicitada por las acusaciones.

En el caso de que la medida solicitada sea la de prisión provisional, el tribunal deberá valorar si concurren los requisitos exigidos en el artículo 503 de la Ley procesal, uno de los cuales es el riesgo de fuga del condenado.

La Abogacía de la Comunidad de Baleares recurrirá la sentencia del caso Nóos que condena a Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres –a 6 años y seis meses de prisión el primero y a ocho años y medio de cárcel al segundo– con el objetivo de recuperar los 2,3 millones de euros de los Illes Balears Forum organizados en Palma en 2005 y 2006, informa Europa Press.

Fuentes del Gobierno balear han explicado a Europa Press, que este viernes llevarán a cabo el anuncio del recurso y que actualmente la Abogacía está estudiando la sentencia para ver "hasta dónde se puede llegar" en su reclamación ya que con la sentencia actual solo recuperarán 500.000 euros.

A pesar de esto, han resaltado que el objetivo sigue siendo el mismo que en el escrito de acusación: "Recuperar los 2,3 millones de euros" invertidos en las dos ediciones de estos foros.

La sentencia de Nóos se dio a conocer el viernes 17 de febrero. En ella la infanta Cristina queda absuelta de los delitos de cooperación necesaria en el fraude fiscal cometido por su marido Iñaki Urdangarin.

Por su parte, el ex duque de Palma ha sido condenado por un delito continuado de prevaricación, uno de falsedad en documento público y de malversación, uno de fraude a la Administración, uno de tráfico de influencias y dos delitos contra la Hacienda Pública.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha convocado para el próximo jueves 23 de febrero, a petición de la Fiscalía, la comparecencia de Iñaki Urdangarin y Diego Torres para decidir si acuerda medidas cautelares contra ellos.

En las vistas, que comenzarán a las 10.30 horas, las partes podrán solicitar la adopción de medidas cautelares para los condenados por la sentencia notificada el pasado viernes, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

Tanto Urdangarin, condenado a 6 años y 3 meses de cárcel por prevaricación, fraude y dos delitos fiscales; como Torres, condenado a 8 años y 6 meses por otros cinco delitos de corrupción, deberán acudir a la vista.

Dicha comparecencia, que no se celebrará en audiencia pública, está prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir sobre la situación personal de dos de los condenados por el caso Nóos.

El fiscal Pedro Horrach ha comunicado este lunes que se inclina por pedir prisión preventiva eludible con fianza para el exduque de Palma y el que fuera su socio, aunque esperará a escuchar las alegaciones de las partes.

Por su parte, los abogados de ambos condenados, Mario Pascual y Manuel González, han coincidido en rechazar que su defendidos deban ingresar en la cárcel.

El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, se inclina por pedir prisión preventiva eludible con fianza para el exduque de Palma, Iñaki Urdangarin, y el que fuera su socio, Diego Torres, condenados a seis y ocho años de cárcel respectivamente, aunque esperará a escuchar las alegaciones de las partes, informa Europa Press.

Así lo sugirió el mismo en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, en la que precisó que espera que la Audiencia de Palma fije este lunes o martes la fecha de la vistilla en la que se decidirán las posibles medidas cautelares para los condenados.

Además, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, dijo que "en principio" informará a favor de recurrir la sentencia en algunos aspectos, como los relativos a los hechos de Valencia de la trama y a los costes de los eventos. Eso implicaría pedir también penas más altas para los principales condenados.

En lo relativo a las medidas cautelares para Urdangarin y Torres, Horrach explicó que el criterio general de la Fiscalía Anticorrupción es pedir prisión preventiva para los condenados a más de cinco años de prisión, pero que quiere escuchar a las partes y conocer sus circunstancias personales para pedir "las más ecuánimes".

"No descarto la posibilidad de una prisión preventiva con fianza, con lo cual el mero depósito de la fianza excluiría la prisión", precisó el fiscal. La petición será previsiblemente la misma para ambos condenados.

Casi todos hemos seguido el spin off de la versión española de The Crownspin offThe Crown, centrado en el personaje de la hija mediana del rey emérito. Si alguien se ha perdido algún capítulo, aquí encontrará un resumen del argumento y la presentación del elenco.

SINOPSIS:

En 2010, el marido de una infanta española, Iñaki Urdangarin, aparece envuelto en un escándalo de corrupción junto a su socio, Diego Torres. La investigación avanza hasta que ambos son imputados por el juez. La infanta Cristina, tras ser imputada, desimputada y vuelta a imputar, acabará por sentarse en el banquillo. Siete años después, llega el fallo judicial que despertará enormes contradicciones entre el paisanaje español.

REPARTO:

  La infanta

Cristina. Hija de reyes, hermana de rey y esposa de duque. Licenciada en Ciencias Políticas y máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Nueva York. Se benefició económicamente de los delitos cometidos por su marido. Sin embargo, según la sentencia judicial, a pesar de su preparación académica y profesional, Cristina “desconocía la existencia de ilícitos penales y no participó en su ejecución”.

El personaje no pierde en ningún momento de la serie la confianza ciega en el apuesto duque, ladrón de su corazón. Sí desaparece en ella la simpatía por el país que le dio todo desde niña. En uno de los momentos más dramáticos de la trama, durante el juicio, Cristina pronunciará en un pasillo una frase en modo Scarlett O’Hara: “Que ganas tengo de que acabe esto para no volver a pisar este país”.

  El duque

Iñaki. Cuñado de un rey y yerno de otro. Atractivo y espabilado. Al abandonar su vida deportiva, aprenderá a moverse en el terreno de los negocios que le va a dar más cancha que la de balonmano. Practicando a conciencia aquello de quien a buen árbol se arrima Iñaki, según la sentencia, “utilizó su proximidad a la Jefatura del Estado, para mover la voluntad de las autoridades y funcionarios públicos con el fin de que se plegaran a su contratación”.

Urdangarin se mueve en la escena de los contratos públicos con ritmo y agilidad. Convencido de que, como en La la land, hay que perseguir los sueños para que se cumplan, tirará de tesón y constancia para demostrarnos que quien algo quiere, algo nos cuesta... a nosotros. El amigo del duque

Diego. El creativo del dúo, el que tiene la idea, el diseñador de la trama para desviar fondos de dinero público a una entidad sin ánimo de lucro. Profesor en su vida legal, encuentra en Iñaki un alumno aplicado y un amigo fiel, hasta que la cosa se pone fea y el duque enmarronado, le echa la culpa de todo a él.

El despecho y la necesidad de quitarse la responsabilidad de encima provocará que, tras haber protagonizado la comedia “Dos socios muy socios”, Diego no dude en difundir a los cuatro vientos y al cuarto poder, los correos entre él y el duque em-palma-do. Son los momentos más picantes e hilarantes de la serie.

  La mujer del amigo del duque

Ana María. Mujer a la que definen como “inteligente” y “preparada”, también se lucró de los oscuros business de su marido sin saber de dónde procedía la pasta. El dinero ingresado en las cuentas de Aizoon y en las entidades del entramado Nóos, se sumó al patrimonio de Tejeiro a través de sus cuentas corrientes, pero ella tampoco sabía de los ilícitos penales de su marido. Coprotagonista en esta historia de amores ciegos, Ana María es condenada a una multa superior a la de la esposa del duque.

  El juez instructor

Pepe. Magistrado, andaluz y motero. Castro llevó a cabo una instrucción llena de desencuentros con el fiscal Horrach. En el final de la serie, Pepe se muestra decepcionado y pronuncia unas palabras duras contra la sentencia: "Deja un montón de incógnitas, pero deja claro que da por bueno que la infanta Cristina era una mujer florero".

El fiscal

Pedro. Tiene fama de hombre tenaz y duro. Quizás sea por esa dureza de “Roca” que a lo largo de la serie, el rol de Horrach se haya confundido, en ciertos momentos, con el del abogado defensor de Cristina.

Conocida la sentencia, Pedro afirma que “a la infanta se le sentó en el banquillo por ser quien es”. Pedro, que negó más de tres veces que Cristina tuviera que ser procesada, se queja de que nadie le creyera entonces y que cuatro años después, la sentencia le haya dado la razón.

Tras la instrucción del caso, Pedro decidió abandonar la Fiscalía Anticorrupción para ejercer la abogacía en Palma de Mallorca y dedicarse a lo que le pide el cuerpo, defender...

Estos son los principales protagonistas de Juego de TroNóos. El final, como suele ocurrir, ha encantado a algunos y ha indignado a otros.

Dicen que todo español lleva un juez, un entrenador y un director de cine dentro. Cierto. En cuestiones de justicia, corresponde acatar y respetar, ahora bien, eso no implica que uno renuncie a su criterio. Las sentencias las deciden seres humanos que “interpretan” la ley y que también se equivocan, oiga, se han dado casos...

Tan criticable es aquello de opinar sin haber leído la sentencia o de tirarla por tierra sin conocer los detalles,  como la idea de que lo que digan los jueces es infalible y punto. No. Las sentencias son tan respetables y tan acatables como opinables.

Como guionista, creo que los finales de las series son probablemente los tramos dramáticos más difícil de crear. Hay quien lo resuelve con un sueño de Resines o como en Perdidos... No son pocos los que opinan que en esta serie, el muerto, desde el inicio, sería Montesquieu, un muerto más recurrente que el Kenny de Southpark. Juzguen ustedes.

  ------------------------------

NOTA DE LA AUTORA: Este artículo ha sido editado para corregir un error en la descripción profesional de la infanta: su formación universitaria no es en ciencias económicas sino en ciencias políticas.

La petición del Ministerio Público coincidirá así con el criterio mostrado en recientes casos de corrupción en los que no se ha esperado para pedir prisión en el caso de condenas que han superado los seis años de cárcel pese a no existir condena firme por el Tribunal Supremo.

Además de la prisión, la legislación prevé otro tipo de medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de las penas mientras se espera al dictamen del Tribunal Supremo, como es la entrega de pasaporte o la obligación de realizar comparecencias periódicas ante las autoridades judiciales.

A lo largo de todo este viernes y tras conocer el fallo de la Audiencia Provincial de Palma la Fiscalía ha estado estudiando todas las posibles medidas que puede proponer en la vistilla que se celebrará en los próximos días para determinar si Urdangarin y su socio ingresan en prisión de forma inmediata o bien eluden la prisión mediante una fianza, entrega de pasaporte o comparecencias periódicas.

En este estudio previo a la decisión que se conocerá en los próximos días se han estudiado sentencias de otros casos por delitos similares donde el tribunal sentenciador ha rechazado ingresos en prisión pese a existir penas muy superiores a las del exduque y Torres.

Prisiones recientes

Este fue el caso de los tres cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes que fueron condenados a penas que oscilan entre los 12 y 13 años cárcel por Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), por la pieza relativa a los contratos amañados en la feria de Turismo Fitur. Tras conocer la sentencia Anticorrupción solicitó el inmediato ingreso en prisión para los tres por el elevado riesgo de fuga, ante la gravedad de las penas fijadas y ante las piezas pendientes de Gürtel que se hallan en la Audiencia Nacional.

Sin embargo, otra de las condenadas en esta pieza la exconsellera de Turismo y expresidenta de las Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, penada con nueve años de prisión, puede eludir su entrada en prisión –a pesar de que la Fiscalía pidiese su ingreso–, hasta que el Tribunal Supremo haga firme la sentencia, con el pago de una fianza de 15.000 euros. Asimismo, el TSJCV le retiró el pasaporte y ordenó comparecencias dos veces al mes.

En cuanto a penas inferiores, se da la circunstancia de que cinco exdirectivos de Novacaixagalicia entraron el pasado mes de enero en prisión para cumplir la condena impuesta por la Audiencia Nacional por dos años por concederse a sí mismo mediante la modificación de sus contratos de alta dirección en el año 2010 el pago de indemnizaciones por prejubilación y otros concepto por importe de 22 millones de euros. Informa Europa Press.

El Tribunal Supremo confirmó inicialmente las penas de estas cinco personas, aunque las consideró "exiguas", y ordenó recalcular la responsabilidad civil. La resolución posterior de la Audiencia aún está pendiente de ser confirmada por el alto tribunal.

El fiscal del caso Nóos Pedro Horrach ya manifestó minutos antes de conocerse el fallo en la misma sede de la Audiencia estaba "valorando la posibilidad de pedir el ingreso en prisión" de Iñaki Urdangarin y Diego Torres para evitar el riesgo de fuga, si bien ya tenía claro a esa hora que era necesario que la vistilla se celebrase para estudiar la aplicación de medidas cautelares en previsión de unos casi seguros recursos ante el Tribunal Supremo.

"La gravedad de las penas ya implica un cierto riesgo, con lo que se deben adoptar la medidas necesarias para minimizar este riesgo", agregó, adelantando que a partir del lunes el tribunal que fijará un día y una hora para la vista.

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha manifestado en conversación con infoLibre tras conocer el fallo que no comprende que Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarin, haya recibido una condena mayor que la del ex duque de Palma.

En concreto, la sección primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a Urdangarin a seis años y tres meses de prisión, mientras que Torres ha sido condenado a ocho años y seis meses de cárcel.

"No lo entiendo", ha dicho Castro, que comenzó a investigar la causa hace seis años y medio. En todo caso, ha reclamado que se respete la sentencia y ha pedido "esperar a conocer los argumentos jurídicos" antes de opinar con mayor detalle. Sin embargo, ha considerado que el fallo deja "incógnitas por resolver".

La Fiscalía había pedido 19 años y medio para Urdangarín y 16 años y medio para Torres. Ambos lideraron una trama  con la que se apoderaron de hasta 6,2 millones de euros de forma ilegal a través del Instituto Nóos. Además, se aplicaron deducciones fiscales a las que no tenían derecho.