Entre 2003 y 2011, Caixanova, con su director general al frente, Julio Fernández Gayoso, perdió 45 millones de euros en una fallida operación urbanística para construir una promoción de lujo y un puerto deportivo en la antigua conservera Massó, en Cangas (Pontevedra). Así lo estableció la Fiscalía, que concluyó que el dinero se destinó a sociedades creadas a medias entre la caja y el empresario Ubaldino Rodríguez y su esposa para desarrollar un proyecto con fuerte oposición social y que finalmente nunca vería la luz. 

Pero este relato de los hechos de la Fiscalía quedará impune porque la investigación de lo sucedido se inició en 2016, cuando los posibles delitos ya habían prescrito. Así lo ha sentenciado la Audiencia Nacional en una resolución hecha pública estos últimos días en la que se absuelve al entonces máximo responsable de Caixanova y a los empresarios implicados, que fueron acusados ​​de apropiación indebida y administración desleal.

La investigación sobre lo ocurrido con el dinero de Caixanova perdido en el proyecto Massó llegó a juicio el pasado 27 de noviembre, con el expresidente de la caja gallega y los empresarios sentados en el banquillo de los acusados ​​en la Audiencia Nacional. Sin embargo, ese primer día, la Fiscalía pidió la palabra para señalar que el último hecho perseguible penalmente había ocurrido en febrero de 2011, mientras que el procedimiento penal se inició en septiembre de 2016, más de cinco años después, lo que significaba que ya habían prescrito los posibles delitos de apropiación indebida y administración desleal. 

Las defensas coincidieron, al igual que los abogados tanto de la heredera de las cajas gallegas, Abanca, como de la que asumió sus pérdidas, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) creado por el Estado. Así que ante la retirada de todas las acusaciones contra los implicados, la Audiencia Nacional los absolvió.

Quedará así impune y sin certificación judicial el relato de los hechos con los que había llegado a juicio la Fiscalía, que estableció en 2003 el inicio por parte de Gayoso de un "plan" para construir la urbanización y el puerto deportivo en tierras de Massó, para lo cual se contó con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Vigo, el Ayuntamiento de Cangas y la empresa Conservas e Frigoríficos del Morrazo, propietaria de los terrenos y titular de las concesiones existentes en la zona. Esa sociedad había concedido una opción de compra por 13,8 millones a Atlántico de Construcciones y Promociones SL, de Ubaldino Rodríguez y su esposa, que acabó creando al 50% con Caixanova, las sociedades Residencial Marina Atlántica SA y Complejo Residencial Marina Atlántica SL.

En el caso del puerto deportivo, la Autoridad Portuaria de Vigo otorgó en 2005, con el popular Julio Pedrosa como presidente, una concesión que su sucesor ese mismo año, el socialista Abel Caballero, consideró correcta. Sin embargo, en 2013 el Tribunal Supremo la anuló. 

Entremedias, Marina Atlántica inició las obras del puerto deportivo en 2005, pero no pudo continuar debido a las sucesivas protestas vecinales, encabezadas por la Cofradía de Pescadores de Cangas. Y en tierra, pese a que el plan urbanístico de Cangas estaba suspendido, Marina Atlántica, ya con Caixanova como socia al 50%, acordó en 2006 la compra del suelo. 

Pero si Frigoríficos del Morrazo había firmado una opción de venta con Atlántico de Construcciones y Promociones por poco más de 13 millones, esa operación se acabó cerrando por 19,3 millones. Y a su vez la sociedad controlada por Ubaldino Rodríguez y su mujer revendió los terrenos a Marina Atlántica, en los que ellos y Caixanova poseían el 50%, por valor de 53,3 millones, algo que la Fiscalía calificaba de "plusvalía injustificada para el vendedor".

Según la Fiscalía, "para hacer frente a las cuotas pactadas en la escritura de compraventa del terreno" y "a su participación en el capital social" de Marina Atlántica, los acusados ​​en la cúpula de la caja "utilizaron e instrumentalizaron una sistema de financiación cuyo objetivo, en última instancia, era ocultar a los órganos rectores de Caixanova el precio finalmente pagado", algo que hicieron "mediante la concesión de préstamos participativos, ampliaciones de capital y pólizas de crédito a las sociedades Residencial Marina Atlántica SA y Conjunto Residencial Marina Atlántica SL".

El desembolso de dinero de Caixanova en apoyo al proyecto urbanístico finaliza "en 2011, cuando NovaCaixaGalicia Banco, entidad surgida tras la fusión de Caixanova con Caixa Galicia, en adelante NCG Banco, se adjudicó el terreno tasado en junio de 2012 por la Sociedad de Tasación de 1,9 millones de euros, en pago de las deudas de sus sociedades participadas que ascendieron a 45.059.139,18 euros".

Por la pérdida de esos 45 millones de euros de Caixanova en el proyecto Massó, la Fiscalía consideró que el Estado acabó saliendo perjudicado en última instancia ya que salió a su rescate el FROB, "que al inyectar 10.000 millones de euros que eran necesarios para poder hacer frente a la preocupante situación económica de la entidad asumió, entre otras, las pérdidas derivadas de esta operación". Por su parte, los terrenos quedaron en propiedad de Abanca como sucesora de NCG Banco.

Por estas actuaciones, la Fiscalía llegó a juicio el pasado 27 de noviembre solicitando diversas penas de prisión para los implicados por delitos societarios de administración desleal y apropiación indebida. Pero ese mismo día admitió que los hechos ya habían prescrito, se retiraron las acusaciones y la Audiencia Nacional dictó una sentencia absolutoria que ahora se ha publicado. La desaparición de 45 millones de euros de Caixanova en Massó queda así impune.

El Parlamento de Galicia volverá a contar con una comisión de investigación de la fusión de las cajas gallegas –Caixanova y Caixa Galicia– y su posterior bancarización, más de ocho años después de que se abriese por primera vez en la Cámara autonómica.

Tanto PPdeG como BNG han incluido en el orden del día sendas peticiones concretas sobre esta cuestión, pero ya negocian, también con el PSdeG, un acuerdo para abrir este órgano de investigación parlamentaria con el consenso de todas las fuerzas políticas. La idea es, además, aprovechar los trabajos realizados, que acabaron sin un dictamen de la Cámara.

En el escenario de una comisión de investigación, que los tres grupos tienen intención de hacer por consenso y que en todo caso saldrá adelante en el pleno de la semana que viene, la oposición advierte de que, en primer lugar, la Xunta "tiene" que entregar la documentación que todavía no se envió en su día y, entre otras cuestiones, el viceportavoz del PSdeG, Pablo Arangüena, pide conocer los detalles del informe encargado a KPMG, una due dilligente por la que el Gobierno autonómico pagó un millón de euros.

Además, esta comisión llegará después de que se haya conocido un auto de la Audiencia Nacional en el que se sostiene, sobre la intervención del FROB relativa a las cajas de ahorro gallegas, que "la única razón" por la que tuvo que actuar "fue por la situación económico-financiera en la que se encontraba, en 2010, Caixa Galicia, antes de que se produjera la fusión".

En ese mismo auto se añade que "Caixanova nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia, dando lugar a NovaCaixaGalicia".

Tercera vez de la comisión parlamentaria 

Será la tercera vez que se abre esta comisión en el Parlamento de Galicia, después de que en 2012 arrancasen los trabajos que nunca concluyeron en un dictamen. Cerrada la legislatura, en 2017 se reactivaron los trabajos, pero tampoco hubo dictamen que cerrase este capítulo económico en Galicia.

La comisión de investigación se reunió el 23 de marzo de 2017 para aprobar el plan de trabajo y el 13 de julio de ese año se modificó, siendo la última reunión de este organismo en toda la legislatura pasada.

Con la nueva legislatura iniciada en 2020, el BNG registró el 29 de septiembre una petición el pasado mes de septiembre. Por su parte, el PPdeG registró otra el pasado viernes 9 de octubre, en la que figura inclusive la firma del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Además, los socialistas, que no tienen diputados suficientes para reclamar la constitución de una comisión de investigación por la misma fórmula que PP y BNG, se han dirigido a la Mesa a través de la diputada que la integra –Marina Ortega–, según un escrito recogido por Europa Press, para instar también a la creación de este órgano parlamentario que ponga fin a ocho años sin dictamen.

Ahora los grupos han quedado en negociar, de acuerdo con los servicios jurídicos, una fórmula para que el martes que viene, en la sesión plenaria, salga adelante la constitución de esta comisión por consenso. En esencia, las dos piden lo mismo y solo incluyen dos matices: la impulsada por los populares apuesta por crear una comisión de investigación para "analizar y evaluar", un matiz, el de este último verbo, que no aparece en la que hace el BNG.

Mientras, los nacionalistas señalan en título que los trabajos se retomaron "sin conclusión" en la X Legislatura una mención que, si bien es reconocida por el PPdeG –ya que no hubo dictamen–, no aparece como tal en el título de la comisión de investigación que se ha registrado.

No finalizaron los trabajos

En la rueda de prensa posterior a la reunión de los portavoces, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha explicado que hay voluntad de llegar a un "acuerdo general para la puesta en marcha de una comisión que retome los trabajos" de la pasada legislatura.

En su solicitud, los populares apuntan que la comisión terminó sus "dos primeras fases" –solicitud y aportación de documentación y comparecencias–, pero "no llegó a finalizar su dictamen". "Entre otros motivos, porque algunas de las cuestiones relevantes abordadas por la comisión de investigación, por ejemplo las indemnizaciones millonarias recibidas por los exdirectivos, estaban sub iúdice, conociéndose la primera sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional en 2015". La confirmación de la sentencia, por parte del Tribunal Supremo, tuvo lugar el 14 de septiembre de 2016.

Aún está pendiente de resolución en los tribunales algunas de las denuncias presentadas por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) contra los antiguos gestores de las cajas, recuerda el PPdeG en su texto registrado.

Cabe recordar que, precisamente, las conclusiones aprobadas por el pleno de la Cámara relativas a una comisión de investigación, además de ser publicadas en boletín del Parlamento y comunicadas a la Xunta, son susceptibles de trasladarse al Ministerio Fiscal "para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas". Es decir, la propia labor de la Cámara sirve de base investigadora para la Justicia, de ser el caso.

Petición de información

Para la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, es necesario "esclarecer qué ocurrió en el proceso de fusión y bancarización" de la entidad financiera que supuso "unas enormes pérdidas sociales". Así, ha mostrado la "voluntad de llevar adelante esta comisión de investigación, con la voluntad muy firme de que culminen los trabajos".

Rodil lamentó que "el veto de la mayoría, que cerró bajo siete llaves" la comisión de investigación hace que "a día de hoy" siga sin haber conclusiones de esta comisión. Además, también afeó que la Xunta "no colaboró con esta cámara, no remitió toda la documentación que debería", pero ahora la voluntad es que "se cree y, sobre todo, que se culminen los trabajos".

Por su parte, el viceportavoz socialista, Pablo Arangüena, ha expresado la buena voluntad de todos los grupos para alcanzar un acuerdo conjunto y ha avanzado que, en todo caso, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, preguntará al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por la valoración del auto de la Audiencia Nacional acerca de que "Caixanova nunca hubiese sido intervenida si no hubiese sido obligada a fusionarse".

Arangüena ha remarcado la "relevancia extraordinaria de esta afirmación muy fuerte" que "desmonta" los argumentos de la fusión. "Los órganos judiciales no hablan gratuitamente", ha apuntado el diputado socialista, quien ha reclamado conocer "la totalidad" del informe de KPMG, del que trascendieron en su día la documentación aportada a la comisión de las cajas y, ya en 2018, la carta de encargo hecha por la Xunta.

El PSdeG ha denunciado que con la pérdida de las cajas los gallegos "perdieron un patrimonio de 8.000 millones de euros", que son "tres cuartas partes" del presupuesto anual de la Xunta. Por ello, ha incidido en que "hay que dar esa explicación" a la ciudadanía.

La llegada de la civilización a nuestro país coincidió en ese momento, a mediados de los 70, en el que la economía mundial transitaba desde el modelo de bienestar keynesiano a los años de la hegemonía neoliberal. Del liderazgo del Estado se pasó al liderazgo del mercado. Superado el susto de la crisis del petróleo, las políticas reindustrializadoras de los primeros años fueron dando paso progresivamente al laissez faire.

Varios factores concatenados contribuyeron a esto. Las empresas manufactureras trasladaban los empleos a países de bajos salarios y los impuestos a sociedades off-shore, socavando las bases del estado del bienestar e incluso del Estado. El circuito se retroalimentaba con la ideología neoliberal que proporcionó a esta dinámica disolutoria el papel de regalo apropiado. Y los políticos veían las puertas del cielo abiertas, ya que se les descargaba de una de sus principales funciones. La economía había dejado de ser cosa de la política. Al parecer se encargaba el mercado de asignar recursos, trabajo, priorizar lo que hiciera falta.

Dos momentos particularmente ilustrativos de la visión ideológica hegemónica de este periodo fueron la afortunadamente fallida constitución europea, que en su artículo II-15-2 declaraba que “todo ciudadano de la Unión tiene la libertad de buscar trabajo...”. La concesión de tal derecho, el derecho a buscar trabajo, podría parecer ridículo si no fuese porque encubría la substracción de la política económica de la esfera de la política, del ámbito de lo público, para entregársela al mercado. Significaba que había dejado de ser objeto de las políticas que la gente tuviese empleo, que éste había dejado de ser un asunto colectivo, sino puramente individual. Sálvese quien pueda.

Tampoco podemos dejar de rescatar las declaraciones de Robert Lucas (premio Nobel de Economía en 1995), que en su discurso inaugural como presidente de la American Economic Association en 2003, sostenía que “el problema central de prevención de las depresiones está resuelto”. Proféticas palabras, tanto que no fueron capaces de predecir el pasado.

El 19 de octubre de 1987 estallaba la primera crisis de la economía de casino, cuyo epicentro se situaba en la especulación financiera de las bolsas de valores y, particularmente, en Wall Street. A esta crisis le siguieron las de Japón, México, Sudeste Asiático, Rusia y Brasil, Argentina y finalmente el estallido de la burbuja de las .com en 2000 y, como corolario, la crisis de 2008. Íbamos a refundar el capitalismo, y a las puertas de la penúltima crisis, la vida sigue igual. Las dos anécdotas que acabamos de comentar ilustran en todo caso el estado del pensamiento dominante sobre las políticas económicas durante todo ese largo periodo. Echarse a un lado era la moda del momento.

En la mayor parte de España, con la salvedad del País Vasco y durante un tiempo del País Valenciano, la estrategia fue dar carta de continuidad a la ola derivada del plan de estabilización y de la entrada en la CEE, y con ella al poder económico asociado. El modelo da síntomas de agotamiento sin que se observen esfuerzos para liderar el cambio estructural.

La casi-industrialización gallega

En el caso gallego, las olas que impulsaron la economía cogieron fuerza durante el franquismo. Es el caso de la especialización ganadera, primero de carne durante los años 40, y luego de vacuno cuando en los años  60 y 70 se aceleraron los procesos de crecimiento de las ciudades en España. En este periodo arrancan también las primeras fases de transformación de la leche: LARSA, en 1947; LEYMA, en 63; COMPLESA (Lugo, en 1965); FEIRACO, en 1968. Desde entonces, el progreso para la generación de más valor, para la innovación en producto, o el desarrollo de servicios asociados, sigue siendo una largamente añorada tarea pendiente.

Más violenta fue la implantación de la especialización forestal, mediante la usurpación de montes comunales, y la reforestación con especies de crecimiento rápido, a fin de lograr divisas que el régimen necesitaba para financiar las importaciones. De modo análogo a lo anterior, el proceso de generación de valor se detiene con la llegada de ENCE a Lourizán, en 1958.

Los astilleros, como es natural, de larga tradición en nuestras costas, experimentaron un notable impulso mediante la Ley de Crédito Naval de 1940 y su reedición en 1961 (Ley de Renovación y Protección de la Flota Pesquera). Al amparo de estas medidas crecieron significativamente algunos astilleros vigueses, como Barreras y Vulcano, y se construyó desde cero ASTANO, en Ferrol. El último nacionalizado en 1972, Barreras, siendo objeto de un bochornoso espectáculo con su venta a PEMEX con estrepitoso fracaso, y Vulcano, liquidado en este mismo año.

La fábrica de Citroën (hoy PSA) inicia su producción en Balaídos en 1959. Este es uno de los casos en los que tanto el gobierno español (para el conjunto del sector del automóvil), como el gallego tuvieron iniciativas propias de la política industrial. Algunas más exitosas, como el CTAG (Centro Tecnológico del Automóvil), otras para lamentar como la PLISAN (Plataforma Logística de Salvaterra-As Neves).

Entre la herencia de las industrias altamente generadoras de externalidades y situadas atrás en la cadena de valor está también la hoy denominada Alcoa. Proyecto que arranca en 1974, promovido por la Empresa Nacional del Aluminio SA (ENDASA) y Aluminio de Galicia SA (ALUGASA). Desde su arranque en 1979, no sólo fue cualitativamente insignificante la creación de tejido económico o efecto de arrastre a su alrededor, sino que con el paso del tiempo la inversión fue siendo cada vez más distraída en beneficio de otras plantas.

No se trata de hacer aquí un inventario de fracasos como de ilustrar una pauta de especialización en etapas de bajo valor añadido, generación de externalidades y escasa dinámica de cambio estructural e innovación. Sí que no puedo dejar de llamar la atención sobre el caso de Coren, que arranca en 1959 como Unión Territorial de Cooperativas Orensanas (UTECO), y que hoy es la mayor cooperativa agraria española y una de las 300 mayores del mundo. Lo que nos resulta relevante desde el punto de vista de la política industrial (o de competitividad) es que esto no habría sido posible sin dos tipos de agentes hoy desaparecidos: las Cajas y los agentes de extensión agraria. No es que estos últimos ya no existan, subsisten sobre el papel (o bajo él), pero no en el campo, no como agentes proactivos, no como animadores, promotores o incluso líderes del proceso de desarrollo, del mismo modo que hicieron en los años 70 e incluso en los 80. Tampoco los agentes de desarrollo local, nacidos al amparo de la rápida y disolutamente tomado y abandonado plan de comercialización de Galicia, fueron capaces de retomar este papel.

Las cajas de ahorro en cambio ya no subsisten ni sobre el papel, siendo probablemente el mayor fracaso de la historia económica contemporánea de Galicia. El éxito de Coren no se puede explicar sin el soporte y financiamiento de Caixa Ourense. Disuelta primero en Caixa Vigo y fusionada después hasta la aún inexplicada implosión final y saldo.

Incluso ha desaparecido en nuestros días el impulso a las políticas cooperativistas de matriz religiosa, y no lo retomó seriamente ninguna administración, observando este tipo de empresas con reticencia y desgana. Señalamos así tres instrumentos que fueron fructíferos en su momento y que ahora están desaparecidos para las políticas: las cajas de ahorro, los agentes de extensión agraria y las cooperativas.

Tampoco se pusieron seriamente en juego otros instrumentos propios de las políticas industriales. Podemos hablar de la I+D (cuyo exiguo presupuesto acostumbra a no ejecutarse hasta en un 30%), del escaso énfasis de la creación de mecanismos para el acercamiento entre universidades y empresas, de la ausencia de una consistente política de promoción de las energías renovales, del abandono del ferrocarril fuera del AVE a Madrid, muy especialmente la desunión con el norte de Portugal y de España por tren, o de una forma profesional de primer nivel.

No es que no hubiese otros casos de éxito, que los hubo, pero tuvieron poco que ver con las políticas públicas. Tampoco es que no hubiese iniciativas públicas en la dirección correcta –por ejemplo AIMEN e Iniciativa UAVs en As Rozas (Lugo)–, pero de momento carecen del alcance, consistencia e instrumentos de acompañamiento necesario para impulsar el cambio hacia sectores avanzados de la economía.

Política industrial y estado del bienestar

El camino seguido hasta aquí no fue trazado al azar, lo utilizan como modelo. En general, existen dos grandes paradigmas de política industrial: seguir el mercado o liderar el mercado. El primero significa que las administraciones públicas van a apostar a caballo ganador, apoyando inversiones que empresas lucrativas iban a hacer de cualquier modo (Wade, R. H. (1990b) Governing the Market. Princeton, NJ: Princeton University Press). Significa esperar a que dictaminen las fuerzas del mercado y dar por bueno lo que se nos presente. En nuestro caso, darle curso de continuidad a la herencia recibida. Para muestra, las tres iniciativas que el Gobierno de Núñez Feijóo acaba de adoptar como estrategia electoral del PP: una planta de tratamiento de purines para ayudar a la ganadería extensiva y sin base territorial a eliminar sus externalidades; una planta para dar salida al exceso de producción forestal y un tercer proyecto de producción de hidrógeno a medida de las necesidades de la industria eléctrica tradicional. Los vectores de cambio, una vez más, no aparecen en ningún sitio. Se acentúa, por el contrario, la pauta de especialización tradicional.

Liderar el mercado significa ayudar a las empresas a asumir riesgos o a asignar recursos a actividades que se entienden motrices del desarrollo, en las que esto no ocurriría sin el respaldo público necesario. Este es el enfoque que, por ejemplo, siguió el Gobierno de EE.UU. tanto respecto de la emergencia de Silicon Valley en particular como, más ampliamente, del desarrollo y liderazgo mundial de la industria del software (Mazzucato, M. (2019). El Estado emprendedor: Mitos del sector público frente al privado. RBA Libros).

Más aún, las alternativas no se limitan a la promoción económica, sino a la propia idea de desarrollo. Las políticas industriales son al estado del bienestar lo que la plataforma a la Ópera de Sídney. Estas espectaculares cubiertas no sólo adquieren su fuerza expresiva recortándose en el horizonte sobre la plataforma, sino que ésta le permite incorporar a la maquinaria las funciones de producción que materializan su propósito. Más aún, sobre la base industrial asientan eslabones críticos para las ganacias de productividad y generación de empleo.

Sea como fuese, a día de hoy nos encontramos en una nueva encrucijada. Por un lado, el modelo de especialización gallego muestra síntomas de agotamiento; por otro, el propio modelo de globalización basado en la deslocalización a países de bajos salarios parece estar en cuestión. De hecho, el impacto económico de la expasión del covid-19 subraya en verde fosforito las debilidades de una economía mundial cuya principal fábrica está en China. Por el contrario, en múltiples ámbitos de las instituciones internacionales se percibe un cambio de paradigma tanto respecto de la necesidad de recuperar la política industrial (UE, por ejemplo), como respecto de la necesidad de transcender los indicadores de producción (PIB) para avanzar hacia el efectivo bienestar (la OCDE, por ejemplo). Tal vez sea un buen momento para intentar algo nuevo y para no llegar tarde.

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NOTA.- Este artículo lo publica en gallego y en el número 278 del mes de julio la revista en papel Tempos Novos (temposdixital.gal)

Traducción: Mariola Moreno

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha propuesto juzgar a siete personas, entre las que se encuentra el expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y parte de su cúpula directiva, por una operación inmobiliaria en el municipio pontevedrés de Cangas del Morrazo que ocasionó un "quebranto" de 43,1 millones de euros a la entidad, informa Europa Press.

En un auto en el que pone fin a la instrucción, De la Mata propone en concreto que se juzgue a Gayoso, así como a los directores generales adjuntos Ángel López Corona, Gregorio Gorriarán Laza y Óscar Rodríguez Estrada; al jefe de Empresas Participadas en Caixanova Juan Manuel Gutiérrez Ois y los administradores de Atlántico Construcciones y Promociones, Ubaldino Rodríguez y su mujer, Natividad González. El magistrado ha archivado las actuaciones para otros once investigados.

Entiende que hay indicios suficientes de la comisión de un presunto delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social y otro de apropiación indebida en aquella operación, que fue investigada en una pieza separada al hilo de las pesquisas sobre la gestión de Caixanova.

Se trata de un proyecto inmobiliario que querían acometer Atlántico Construcciones y la extinta caja de ahorros, que aportaría la financiación, en Cangas del Morrazo, para la promoción de una urbanización con viviendas, comercios y servicios, así como la construcción y explotación de un puerto deportivo, todo, con una inversión máxima de 151 millones de euros.

El proyecto se desarrollaría a través de dos sociedades (CRMA y RMA) participadas al 50% por los dos socios, pero el juez, tras analizar toda la operación, considera que fue diseñada específica y deliberadamente por los investigados para que el coste lo asumiera Caixanova y por ende las pérdidas superaron los 43 millones de euros.

Mientras, la constructora se limitaba a inyectar en el proyecto las cantidades que iba recibiendo de Caixanova, cuyos directivos dieron luz verde a financiar la iniciativa pese al "altísimo" riesgo de la operación, ya que la situación urbanística de los terrenos hacía imposible su desarrollo. De hecho, once años después, el Plan General de Ordenación Urbanística imprescindible para la promoción sigue sin aprobarse.

El juez apunta que los directivos de Caixanova consiguieron que los órganos corporativos de la entidad adoptaran los acuerdos necesarios para dotar al proyecto en cada momento de las fuentes de financiación necesarias, "ocultando la inexistencia de suficiente análisis técnico que soportara la asunción del riesgo en la fase inicial y sin proveer la información suficiente en relación con los sucesivos acuerdos que se fueron adoptando, en particular en cuanto a la situación urbanística de los terrenos y a la viabilidad legal y técnica del proyecto".

Ni siquiera informaron a la Xunta

De este modo, los directivos de Caixanova consiguieron que se acordara la alianza con un socio que no tenía capacidad económica y financiera para materializar la compra de los terrenos ni para asumir de modo independiente la parte del proyecto que le correspondía, sin evaluar el precio razonable de los terrenos y pagando por ellos, en consecuencia, una "cantidad elevadísima y no justificada en absoluto", para "ocultar ahí las enormes plusvalías" de Ubaldino Rodríguez y Natividad González, responsables de la constructora.

Además, explica, se disimuló el abono de un canon a Rodríguez "injustificado" en el pago del precio de los terrenos, se omitió la realización de una auditoría legal y se evitó la "más elemental diligencia para comprobar primero y, para asegurar después, la viabilidad del proyecto y sustrayendo a los órganos corporativos de Caixanova (Comisión Delegada y Consejo de Administración) la información apropiada para que pudiera tomar decisiones informadas".

De la Mata subraya también que en la legislación autonómica se establece que es competencia de la Consejería de Economía y Hacienda de la Xunta de Galicia, en relación con la cajas de ahorros de la comunidad, autorizar las tomas de participación de capital superiores al 20%, autorización que deberá ser expresa, previa y escrita.

En este caso, señala el magistrado, el acuerdo del Consejo de Administración de Caixanova fue adoptado, por tanto, antes siquiera de comunicar a la Xunta de Galicia la existencia del proyecto y la toma de participación pretendida. Tampoco la Comisión Nacional del Mercado de Valores fue informada, "pues ni el informe de gobierno corporativo correspondiente a 2005 ni en los siguientes se hace mención a tan abultada inversión".

El juez del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado proceder contra el expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso; los exdirectores generales de la entidad Gregorio Gorriarán y José Luis Pego, así como otras siete personas investigadas ante la posible comisión de delitos de blanqueo de capitales y delitos societarios en relación a la concesión de préstamos a la empresa Promalar para la compra de una conservera.

En concreto, De la Mata considera que estos exdirectivos "diseñaron un mecanismo claramente expropiatorio de la entidad financiera que fue mucho más allá de la adopción de actos erróneos en el ejercicio de sus facultades de administración" y que ocasionó un perjuicio de 80 millones de euros a Caixanova. Entiende que sus actos podrían constituir un delito societario por administración desleal de la gestión del patrimonio social o apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Según detalla el auto, que pone fin a la instrucción, los hechos se sitúan entre 2005 y 2010, cuando los investigados llevaron a cabo cuatro operaciones financieras para que Promalar comprase y reflotase la conservera Bernado Alfageme, que en aquel momento presentaba serias dificultades económicas y cuyos accionistas mantenían una estrecha relación con la Caja.

El juez explica que para llevar a cabo el plan, los máximos gestores de Caixanova propusieron a otro de los investigados, Juan Lago, administrador de Promalar, la compra de la conservera y se simularon contratos que ocultaban la verdadera naturaleza y la finalidad de las operaciones de financiación, "que era beneficiar a Lago Pérez y a los accionistas de Bernardo Alfageme, causándoles un perjuicio multimillonario a la entidad financiera Caixanova".

Como garantía de los préstamos hipotecarios concedidos se entregaron fincas en distintas zonas de Galicia, pero estaban tasadas hasta 190 veces por encima de su valor real: en la primera operación, para cubrir el riesgo de 60 millones del préstamo hipotecario, se entregaron en garantía fincas que Tasagalicia había valorado en 133 millones de euros en el año 2005 y cuyo valor real en 2010 era de 2.5 millones de euros.

En otras operaciones, tal y como detalla el auto, la valoración excesiva de las garantías se condicionaba a la aprobación de planes urbanísticos de recalificación de terrenos, "y tasadas principalmente por Tasagalicia, empleando métodos de valoración incorrectos, y sin aplicar ninguna cautela o control de las valoraciones por parte de los gestores de Caixanova". "El resultado final fue que el valor de tasación de las fincas otorgadas como garantía se depreció posteriormente prácticamente en su totalidad", señala De la Mata.

Créditos con garantías infladas

El juez concluye que toda la operativa desplegada por los imputados tuvo desde su comienzo la finalidad de conseguir beneficiar a Lago Pérez y a los accionistas de Bernardo Alfageme por su estrecha relación con la Caja, "facilitando su salida de la sociedad en condiciones favorables y en perjuicio de la entidad de crédito que administraban".

Para ello, argumenta de la Mata, "los directivos de Caixanova se concertaron con Lago Pérez, a través de Gorriarán Laza, para facilitarle cantidades millonarias para comprar Bernardo Alfageme a sus socios. Estas operaciones estaban cubiertas con garantías inmobiliarias tasadas de manera absolutamente irregular (se tasaron fincas en 190 veces su valor) ocultando u obviando la existencia de evidentes condicionantes urbanísticos que reducían drásticamente el valor de las fincas otorgadas en garantía", señala el auto.

Conforme detalla el juez, los préstamos y créditos no fueron devueltos en ningún caso, "y han supuesto pérdidas multimillonarias a la vista del ínfimo valor de las garantías inmobiliarias, tratando los imputados de ocultar su responsabilidad alegando mala suerte, frustración de expectativas, o la socorrida crisis inmobiliaria".

Administración desleal o apropiación indebida

Después de analizar las operaciones de los imputados, el juez entiende que al menos tres de ellas encajan el el delito de apropiación indebida, ya que los investigados realizaron disimulados "actos apropiatorios para terceros con respecto al dinero de la entidad que administraban, que fueron más allá de los excesos de sus facultades de administración o abusos en el ejercicio de sus competencias".

No obstante, mantiene abierta la calificación alternativa de administración desleal porque también hay "actos de abuso de las funciones propias de su cargo".

Del mismo modo, el juez aprecia en algunos de los investigados la comisión de delito de blanqueo de capitales porque se produjo un delito societario con perjuicios multimillonarios a Caixanova y se han cometido actos dirigidos a ocultar o a permitir el aprovechamiento de esos bienes ilícitos.

Desglosado, el perjuicio causado a Caixanova es de 64,86 millones euros por el impago de la póliza del crédito concedido, de 6,03 millones por la resolución del contrato con la promotora y de 9,66 millones por el préstamo hipotecario; en total 80,56 millones de euros que corresponderían a Novacaixagalicia, entidad que nació del proceso de fusión de Caixanova con Caixa Galicia.

Para tres de los investigados en esta causa –Pego Alonso, Gorriarán Laza y Fernández Gayoso– no es el primer procedimiento judicial relacionado con su gestión en la entidad, ya que fueron condenados a dos años de cárcel cada uno por este mismo órgano en relación con el cobro de indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad y que alcanzaron los 22 millones de euros.

El 29 de noviembre de 2010, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apadrinó la firma ante notario de las escrituras fundacionales de Novacaixagalicia, la entidad resultante de la fusión de las dos cajas de ahorros gallegas. Ante los máximos responsables de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y Caixa Galicia, Mauro Varela, Feijóo celebró como un “hecho histórico” una operación que, a su juicio, trascendía “sus objetivos meramente financieros” para convertirse en un ejemplo de cómo Galicia afrontaba la crisis económica con “medidas constructivas y autónomas”.

También atribuyó la “fortaleza de la fusión” a su “demostrada solvencia”. Y glosó la “gestión profesional e independiente” que quedaba en manos de Gayoso, Varela y sus directores generales, José Luis Pego y Javier García de Paredes, también presentes en el acto celebrado en Santiago de Compostela.

Sin embargo, no había transcurrido aún un año y ya en septiembre de 2011 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) anunciaba una inyección de 2.465 millones de euros de dinero público en la caja fusionada. Fue sólo la primera. El importe global del rescate se elevó hasta 10.251 millones de euros, según los últimos cálculos publicados por el Banco de España. De esa cantidad, el supervisor da por perdidos 9.178 millones: en diciembre de 2013 el FROB vendió Novacaixagalicia al financiero venezolano Juan Carlos Escotet por sólo 1.003 millones de euros.

Además, apenas unos meses más tarde –junio de 2012– los cuatro gestores presentes en esa firme solemne terminaban imputados por cobrar 42 millones de euros en indemnizaciones mientras la caja se hundía y pedía dinero público. Mauro Varela fue finalmente desimputado y Javier García de Paredes, absuelto por la Audiencia Nacional. Pero el Tribunal Supremo condenó a Julio Fernández Gayoso y a José Luis Pego, así como a otros dos altos directivos y un asesor legal, a dos años de cárcelcada uno por apropiación indebida y administración desleal. Entraron en prisión en enero de 2017 y empezaron a salir en régimen de semilibertad en agosto y octubre.

En resumen, año y medio después de ese acto en Santiago, Galicia se quedaba sin cajas de ahorros, ya que Novacaixagalicia se convirtió en banco en octubre de 2011. Y pese a que Abanca –la reencarnación de Novagalicia Banco– mantiene el domicilio social en la comunidad autónoma, el capital que lo sostiene es venezolano. La comunidad autónoma tampoco tiene ya bancos propios. Tras la absorción del Banco Pastor por el Popular en 2012, y la de éste, a su vez, por el Santander en 2017, el grupo de Ana Botín dio de baja hace menos de dos meses la ficha bancaria del otro gran banco gallego y trasladó su sede social de A Coruña a Madrid.

En el camino, no sólo se han perdido 9.178 millones de euros de dinero público, sino que, además, la fusión de las dos grandes cajas se saldó con cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que se tradujeron en 3.780 despidos y prejubilaciones –la mitad de la plantilla–, y en el cierre de 300 sucursales.

Fernández Ordóñez, en contra

El fiasco de las cajas gallegas está bajo investigación en dos comisiones parlamentarias, una en la Cámara gallega y otra en el Congreso de los Diputados, que indaga en la crisis financiera española al completo. En esta última compareció el pasado noviembre el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez. No quiso acudir en persona al Parlamento de Galicia cuando se le convocó, en julio de 2013, pero presentó una declaración por escrito. En ambos foros explicó que la fusión de Caixanova y Caixagalicia provocaba un problema de falta de competencia y, sobre todo, que existían otras alternativas “más sólidas”.

“Tuve ocasión de plantearle estos problemas de competencia al presidente de la Xunta en una entrevista en la que traté de convencerle –y es obvio que no pude– de que permitiera buscar soluciones más sólidas y mejores desde todos los puntos de vista económicos, incluido éste”, contestó al Parlamento gallego. Ambas cajas sumaban el 50% de la cuota de mercado en Galicia, un hecho que no había ocurrido en ninguna otra comunidad autónoma, precisaba Fernández Ordóñez.

Cuatro años después, lo reiteró en el Congreso. La fusión de las cajas gallegas fue “un ejemplo típico” de regulación con los “incentivos mal alineados”. De hecho, fueron las únicas entidades que tuvieron ese problema. “El incentivo”, subrayó, “estaba mal diseñado porque se dejaba al presidente de la comunidad autónoma –y no sólo el señor Feijóo, en el Parlamento gallego había una idea muy grande de galleguidad– que vetara las fusiones”. La operación, explicaba Fernández Ordóñez a los diputados, ha costado “mucho dinero, 9.000 millones”, pero “Galicia no los ha pagado, los paga el Estado, y ése es un ejemplo de libro de incentivo mal alineado”.

La tesis del Banco de España siempre ha sido que la Xunta “lideró” tanto el proyecto de integración de las dos cajas como “las propias negociaciones entre los dos órganos de administración”. Lo repitió el exsubgobernador y expresidente del FROB Javier Aríztegui Yáñez en la misma comisión cuando dejó claro que el Banco de España prefería “otra opción” pero fue imposible “porque las autoridades de Galicia formaron otro criterio e impulsaron otro proyecto”.

Esa alternativa a la fusión de las dos cajas era la integración con una entidad de otra comunidad autónoma. Fernández Ordóñez reveló ante el Parlamento gallego que en 2009 Caixanova y Caixagalicia “estuvieron trabajando en proyectos corporativos independientes”. En concreto, Caixagalicia trabajaba en la integración con otras dos cajas de ahorro, que el exgobernador no cita. Mencionó también a otra “entidad grande con una demostrada capacidad de gestión y que ha superado el ejercicio de estrés de Oliver Wyman con holgura”, que estaba interesada en adquirir la entidad coruñesa. Mientras, Caixanova negociaba con “un grupo de cajas de ahorro de similar tamaño y elevada solidez”, aseguró sin más precisiones.

Pero, continuó, Fernández Ordóñez, “la insistencia y el bloqueo de la Xunta a cualquier fusión de las cajas gallegas con otras de fuera de la comunidad autónoma” frustró estas actuaciones.

Un mandato de la sociedad gallega, dice Feijóo

El Gobierno de Núñez Feijóo replica que no hizo más que cumplir el mandato del Parlamento gallego, que en noviembre de 2009 le había instado por unanimidad a defender que los centros de decisión de las cajas se mantuvieran en Galicia. Así lo explicó en la comisión de investigación del Congreso el pasado mes de abril quien entonces era conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás. “Era el criterio que defendió toda la sociedad gallega”, esgrimió. La futura caja debía ser “solvente y gallega”. Lo que Fernández Currás negó es que la Xunta “antepusiera gallega a solvente”. “El orden fue el inverso; hasta cinco veces se nos dijo que [la caja fusionada] era solvente”, recalcó.

Tanto la conselleira en el Congreso como Núñez Feijóo siempre que le han preguntado han apuntado el tiro hacia Fernández Ordóñez. A juicio de Fernández Currás, “la opinión del gobernador en materia de competencia tampoco es muy relevante”, ya que hasta la Dirección General de Competencia de la UE dio su visto bueno a la fusión. También se quejó la conselleira de los “agravios comparativos” sufridos por Galicia: el Gobierno del PSOE recurrió la Ley de Cajas gallega ante el Tribunal Constitucional, el FROB negó un Esquema de Protección de Activos (EPA) –garantías– a la caja fusionada y valoró su patrimonio neto en sólo 181 millones de euros cuando en libros alcanzaba los 1.714 millones… “La fusión fue la consecuencia de la mala situación de las cajas, de 13.500 millones de euros de aumento del crédito inmobiliario en cuatro años”, resumió en el Congreso.

Núñez Feijóo tampoco ha admitido responsabilidad alguna sobre una operación que Julio Fernández Gayoso consideró “la solución más traumática de todas”. Por el contrario, culpa a los directivos de las cajas, a “algunos políticos y al Banco de España, que “no actuó con la diligencia debida en la fusión de las entidades, en su supervisión y en toda la remodelación bancaria española”. “Y él [Fernández Ordóñez] era el máximo responsable”, remacha.

La conselleira de Facenda, además, descarta que hubiera opciones distintas a la que se ejecutó.  Se reducían a la recapitalización o la liquidación ordenada, “que es la más barata”, sintetizó. Pero la segunda “habría supuesto tener que hacer frente a 30.000 millones de depósitos de minoristas”, así que se prefirió “inyectar dinero público, lo mismo que hicieron todos los países europeos”.

La Xunta sostiene también a su favor que la fusión fue aprobada por el mismo Banco de España que en un principio se opuso. Después, también por el Parlamento gallego –con los votos a favor del PP y el PSOE y la abstención del BNG, pero porque temía que se abrieran las puertas a la privatización–, la CNMV y Bruselas.

En su día, Fernández Ordóñez indicó que el Banco de España había dado luz verde a la fusión “como mal menor para evitar una situación de bloqueo”. Según escribió al Parlamento gallego, ese bloqueo habría aumentado el deterioro de las cajas, lo que a su vez habría acabado en la intervención de las entidades, “una solución más traumática y de mayor coste” –la que se produjo dos años más tarde–. Por eso, el supervisor prefirió “exigir condicionantes para que la fusión pudiera ser aprobada con un mínimo de razonabilidad en cuanto a solidez”. Sin embargo, vuelve a cargar de nuevo Fernández Ordóñez, los condicionantes “se cumplieron muy parcialmente”.

La auditoría que sólo era un “diagnóstico acelerado”

Además de en el mandato aprobado por el Parlamento gallego, la Xunta basó su apuesta por la fusión de Caixanova y Caixagalicia en un informe que encargó a KPMG y publicitó ampliamente. Costó 835.000 euros. Según Fernández Currás, se eligió a esta multinacional de la consultoría por recomendación del Banco de España. El 20 de enero de 2010, la conselleira compareció ante los medios de comunicación para presentar lo que definió como una “auditoría externa”. El comunicado que hizo público la Xunta incluso hablaba de due diligence, el informe previo por el que se investiga a la otra parte en una operación mercantil. Ese documento, aseguraba el Gobierno gallego, no sólo “avalaba la solvencia de la fusión de las cajas gallegas”, sino que también auguraba que la entidad resultante se convertiría en “la quinta caja española por volumen de activos”.

En su comparecencia, Fernández Currás descartaba la fusión con cajas de otra comunidad autónoma tanto como el SIP –Sistema Institucional de Protección o fusión fría–, porque “vaciaría de contenido” las entidades, se perdería la capacidad de decisión, supondría su “bancarización” y resultaría “un proceso irreversible, con un trasvase de trabajadores a la nueva entidad, y que sólo permitiría competencias residuales y de imagen”.

Aunque reconocía que el informe no analizaba otras opciones aparte de la fusión intrarregional y que una integración con entidades de fuera de Galicia podría obtener mejores resultados económicos, la conselleira alegó que no se trataba de “buscar el máximo rendimiento del dividendo”. “Las cajas”, argumentaba, “no se crearon con fines lucrativos”.

En las dos comisiones parlamentarias que investigan la operación gallega comparecieron también dos de los autores de esa auditoría externa. Y negaron que fuera tal, como falsamente argumentó la Xunta. Su trabajo no era sino un “informe preliminar” o “diagnóstico acelerado” sobre la fusión de las cajas. Ni una auditoría de cuentas, ni una due diligence ni ningún otro tipo de documento requerido por la normativa mercantil. Tampoco se les pidió que analizaran otras alternativas a la fusión de ambas cajas, indicó el consultor de KPMG Francesc Gibert Pibernat. Según añadió, el estudio pormenorizado de un proceso tan complejo como una fusión requiere un trabajo de cuatro a seis meses. En cambio, el informe preliminar fue elaborado durante un mes, por un equipo de 50 personas. Se trató de un análisis de la viabilidad de la fusión, para “anticipar el trazo grueso de un trabajo completo”. Una segunda fase, que debía durar tres o cuatro meses, consistía en elaborar los planes de integración y fue encargada a Pricewaterhouse Coopers (PwC) y Deloitte. 

De acuerdo con los datos del informe de KPMG, la fusión debía suponer el cierre de 280 oficinas, un 20% de la red, y un recorte de plantilla de 1.300 empleados, el 90% a través de prejubilaciones. Así se ahorrarían 120 millones de euros al año. Además, preveía unas ayudas del FROB de entre 1.200 y 1.500 millones de euros. Con estos mimbres, y pese a una exposición al sector inmobiliario de 17.000 millones de euros, la consultora calculaba que la entidad resultante no sólo tendría beneficios en un plazo de cinco años, sino que para entonces, además, sería “rentable y sostenible en el tiempo”.

No fue así en absoluto. Según el consultor de KPMG, porque la economía se deterioró de una forma que ni ellos ni nadie habían previsto y porque cambió el marco regulatorio. Gibert Pibernat se refería a las nuevas exigencias de capital impuestas al sector financiero. En 2011 las cajas fueron obligadas a tener un 10% de core capital, o capital principal y por entonces la recién nacida Novacaixagalicia no superaba el 5,2%. El Banco de España cifró entonces las necesidades de capital de la caja fusionada en 2.622 millones de euros, las mayores de todo el sistema financiero español. “Nuestras conclusiones continuaban siendo válidas un año después [de elaborado el informe, en diciembre de 2009], no así a partir del segundo o tercer año”, justificó el consultor de KPMG.

Gayoso, contra la fusión con el vecino del norte

Pero no fue Fernández Ordóñez la única voz discrepante con la fusión de las cajas gallegas. El presidente de una de ellas, Julio Fernández Gayoso, también la rechazó en un primer momento. “[Caixanova y Caixagalicia] ocupaban el mismo territorio desde hacía 100 años, era imposible evitar duplicidades de sedes centrales y de oficinas”, lamentó en la comisión del Congreso. Director general de Caixavigo y Caixanova desde 1965 y presidente no ejecutivo de Caixanova desde 2006 hasta 2010, Fernández Gayoso creía que fusionarse con su competidor del norte de Galicia supondría no sólo una sangría de despidos y oficinas, sino además una disminución del negocio, “del crédito viejo, vivo” y una caída de los depósitos, por tanto también de los resultados y de la obra social. Por eso consideraba preferible “una unión de cajas de distintas comunidades, la misma solución que aplicaron todas las cajas de España, sin excepción”. “¿Por qué no se hizo esto en Galicia?”, se preguntó ante los diputados el pasado mes de mayo, “porque no estaba permitido”. Aun así, Gayoso firmó la fusión con Mauro Varela al abrigo de Núñez Feijóo. En la comisión echó balones fuera: “Yo estaba en contra de la fusión, pero quienes tenían que tomar la decisión eran los órganos de gobierno de la caja que, unánimemente, estaban alineados con esa postura”.

Para el presidente de la Xunta, la culpa de todo fue del Banco de España y, retroactivamente, de directivos como Gayoso además del Gobierno que le precedió en San Caetano, integrado por el PSOE y el BNG. Ellos deberían explicar “por qué aumentó tanto la red de oficinas, por qué esas sucursales se abrían en Levante y en lugares de enorme especulación urbanística y por qué se incrementaron tanto los riesgos y las inversiones en inmuebles”, recapituló en una entrevista concedida a la Radio Galega. Pero sobre la decisión de la Xunta, ni una duda: “Volveríamos a hacer lo mismo que hicimos”. La decisión le costó a los contribuyentes 9.178 millones de euros.

La reciente confirmación por parte del Tribunal Supremo de la condena a dos exdirectivos de Novacaixagalicia a devolver 10,4 millones de euros por sus prejubilaciones irregulares y el juicio que se inició esta semana en la Audiencia de Alicante contra el consejo de administración de la extinta Caja del Mediterráneo (CAM) por los 600.000 euros de dietas que admitió haber cobrado de forma ilegal el que fuera su presidente entre 2009 y 2011, Modesto Crespo, han devuelto a la actualidad los abultados cobros en conceptos diversos recibidos por directivos de entidades de ahorro arruinadas y rescatadas por el Estado.

infoLibre detalla a continuación quiénes son los banqueros que ganaron miles de euros antes de la bancarrota y qué procesos judiciales encaran en el futuro o han enfrentado en los últimos años: 

  Novacaixagalicia

El Tribunal Supremo confirmó el pasado abril que los exdirectivos de Novacaixagalicia José Luis Pego Alonso y Gregorio Gorriarán Laza deberán pagar 10,43 millones de euros al FROB por el cobro de unas prejubilaciones millonarias que se adjudicaron "mediante engaño" en plena crisis bancaria. Pego Alonso deberá devolver 6,47 millones de euros y Gorriarán Laza, 3,96 millones. 

La sentencia corrobora cómo los exdirectivos de Novacaixagalicia maniobraron para multiplicar sus retribuciones mientras la entidad se hundía. En octubre de 2015, ambos habían sido condenados por estos hechos a dos años de prisión por la Audiencia Nacional. Además, Fernández Gayoso y Ricardo Pradas fueron considerados cooperadores necesarios de esos mismos delitos. Y todos entraron en prisión. De hecho, fueron los primeros banqueros en hacerlo. El Estado aportó a esta entidad una suma importante: 12.279 millones de euros, mientras que fue vendida por poco más de mil millones de euros.

  Caja del Mediterráneo (CAM)

El caso de la CAM, que se ha integró en diciembre de 2011 en el Banco Sabadell, es el más sangrante de las cajas de ahorros, pues es la que más dinero ha necesitado para ser reflotada: 26.301 millones de euros de los cuales el Estado aportó 4.443 millones a través del FROB y la banca 21.858 millones por medio del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. El proceso de rescate no ha terminado por lo que se desconoce la factura definitiva.

El pasado lunes, el que fuera presidente de la CAM entre 2009 y 2011, Modesto Crespo, se declaró culpable del cobro indebido de 600.000 euros como presidente de Tinser Cartera, sociedad que pertenecía a la caja alicantina. Lo hizo ante los jueces de la Audiencia Provincial de Alicante, encargados de esclarecer si él, López Abad y los 19 componentes del consejo de administración maniobraron para que Crespo se beneficiara de una retribución que, según el fiscal, vulnera los estatutos de la caja.

Por otro lado, resultan llamativas las cuantías que se fijaron otros de sus directivos por diferentes conceptos retributivos (prejubilaciones, rentas vitalicias, pagas de beneficios, aportaciones a planes de pensiones...) en los años 2010 y 2011, justo antes de su bancarrota. No obstante, la Audiencia Nacional no pudo probar irregularidad alguna en el cobro de estas retribuciones, que ascendieron a unos 47 millones de euros. Por ejemplo, el que fuera director general entre 2001 y 2010, Roberto López Abad, se embolsó 5,5 millones de euros brutos en junio de 2011 cuando ya había dejado ese puesto pero era consejero, apenas tres semanas antes de que el Banco de España interviniera la caja.

Peor suerte corrió la que fuera su predecesora en el cargo, María Dolores Amorós, que cuando tomó las riendas de la entidad en noviembre de 2010 se autofijó un sueldo de 600.000 euros y una pensión vitalicia de 369.467 euros. Tras ser despedida por el Banco de España apenas diez meses después por, entre otros motivos, falsear los balances de la extinta caja, reclamó una indemnización de diez millones de euros en concepto de lucro cesante que le fue denegada por sentencia judicial en marzo de 2012. La jueza también le negó el derecho a cobrar la citada pensión, cuya asignación consideró merecedora "del máximo reproche y sanción". 

  Caja Madrid

En enero de 2015, la Fiscalía Anticorrupción denunció ante la justicia presuntas irregularidades en las retribuciones recibidas por la cúpula de Caja Madrid entre 2008 y 2010. En concreto, por el incremento irregular de sueldos, indemnizaciones y planes de pensiones supuestamente fraudulentos durante la época en la que el fallecido Miguel Blesa era presidente (1996-2010). El FROB, que llevó este tema a la Fiscalía, calculó el perjuicio provocado por estos sobresueldos en 14,8 millones.

Según el ministerio público, los miembros del comité de dirección de la entidad habrían percibido en esos años un total de 8,57 millones de euros de forma "irregular" mediante incrementos de sueldos fijos y variables anómalos, deducciones fiscales fraudulentas e indemnizaciones por despido. En enero del año pasado, la Fiscalía pidió cuatro años de cárcel tanto para Blesa, que falleció seis meses después, como para el que fuera director general Ildefonso Sanchez Barcoj por haber subido los sueldos de los directivos un 16% a pesar de la recomendación de Comisión de Retribuciones de aumentarlos en un 4,5%. El caso está a la espera de juicio. 

​​​​​ Catalunya Caixa

También se encuentran pendientes de juicio el expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y el que fuera director general Adolf Todó por los sobresueldos que cobraron en plena crisis, antes de la intervención del FROB. La Fiscalía, que los acusa de un delito continuado de administración desleal y que reclama para ellos cuatro años de prisión, mantiene que causaron "un perjuicio claro y directo" y que buscaron "únicamente el beneficio propio". Hay otros 39 acusados, en su mayoría miembros del consejo de administración, para los que el ministerio público pide una pena de tres años de privación de libertad por el mismo delito. Además, tras considerar el Supremo que tanto Todó como el exconsejero delegado Jaume Masana fueron despedidos de forma improcedente, fueron indemnizados con 600.000 euros cada uno. 

El predecesor de Todó, Josep Maria Loza, se marchó de la entidad en 2008 con una compensación de 10,7 millones de euros. Según el acta de 19 de febrero de ese año, esa partida, que se consideró "habitual en el mercado", se aprobó por unanimidad, informó El País. Loza insinuó en 2013 en una comisión de investigación en el Parlament de Catalunya "la posibilidad" de devolver esa indemnización, aunque no ha trascendido si llegó a hacerlo. Además, el diario El Mundo publicó en 2015 que la Fiscalía estaba investigando si 5,2 de esos 10,7 millones de euros habían sido cobrados en fraude de ley. Catalunya Caixa, entidad que surgió tras la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona, recibió un total de 13.221 millones de euros en ayudas públicas y fue comprada por el BBVA en 2014 por 1.165 millones.  

  Caja Segovia

Asimismo, se sentarán próximamente en el banquillo de la Audiencia Provincial de Segovia tres exconsejeros y ocho exdirectivos de la desaparecida Caja de Ahorros de Segovia por la aprobación de prejubilaciones millonarias, que se estima que causaron un perjuicio de más de 24 millones de euros.

El pasado 3 de mayo, el que fuera director general de Caja Segovia durante once meses, hasta finales de 2011, Miguel Ángel Sánchez Plaza, reconoció en la comisión de investigación de las Cortes de Castilla y León en la que se está analizando la gestión de las cajas de ahorros, que al abandonar la entidad percibió en compensación un total de 6,96 millones de euros en concepto de prejubilación y el resto en compromisos por pensiones, pero se quejó de que resultó perjudicado respecto de otros directivos que luego salieron y que no contaban con "requisitos tan gravosos". 

  Penedés Caixa

Los primeros banqueros condenados, pero que no entraron en la cárcel, fueron, en 2014, los integrantes de la cúpula de Caixa Penedès por un delito continuado de administración desleal. El magistrado José María Vázquez Honrubia impuso una pena de dos años de prisión al exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagés y a los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas por autoconcederse 31,6 millones de euros en planes de pensiones y pólizas. Los procesados evitaron su ingreso en prisión porque devolvieron 28,6 millones de euros, y reconocieron su culpabilidad ante el tribunal. 

La entidad producto de la fusión entre Caixa Penedès, Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra, que se denomina Banco Mare Nostrum (BMN), necesitó una ayuda pública en febrero de 2013 de 1.646 millones de euros para evitar la quiebra. Tras la venta de BMN a Bankia, confirmada el pasado enero, el Estado apenas ha recuperado un tercio de esa inversión. No obstante, según el FROB, de no haberse producido la fusión las pérdidas públicas podían haber sido mayores porque BMN tenía muy comprometida su viabilidad.

  Bancaja

También los directivos que llevaron a la bancarrota a la caja valenciana y su entidad filial, Banco de Valencia, intentaron blindar sus remuneraciones antes del hundimiento. En la memoria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011, BFA, que ya estaba en proceso de nacionalización, se recogía que Bancaja tenía asumidos con su exdirector Aurelio Izquierdo el compromiso de abonarle 13,9 millones de euros en pensiones y compromisos de prejubilacion. Él, sin embargo, asegura no haberlos cobrado y mantiene que sólo recibió 153.272,64 euros cuando fue despedido de la Fundación Bancaja en marzo de 2015. 

Asimismo, el que fuera consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de cuatro años de cárcel por la compra por parte de la entidad de una piscifactoría del exministro socialista Antonio Asunción, pactó una indemnización de 7,1 millones de euros que asegura no haber cobrado. Parra era el número dos de José Luis Olivas, que presidió entre 2004 y 2010 tanto Bancaja como su filial Banco de Valencia. De ahí pasó en diciembre de 2010 a ser vicepresidente de Bankia, de donde dimitió en noviembre de 2011, tras la intervención de Banco de Valencia, del que se supo después que tenía un agujero de 17.000 millones. Olivas no cobró indemnización, pero sí mantuvo los derechos de pensión adquiridos. También se embolsó 1,7 millones por los apenas diez meses que estuvo en Bankia. 

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha impuesto el pago de una fianza de 80 millones de euros al expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso y otros siete acusados en el caso Alfageme por el perjuicio causado a la caja extinta al conceder cerca de 135 millones de euros en créditos a una promotora para la compra de la conservera, por su cercanía con los gestores de la misma.

En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 expone que esta es la cantidad que se corresponde con los perjuicios sufridos por Caixanova en relación con las operaciones financieras que llevaron a cabo entre los años 2005 y 2009 y advierte de que si en el plazo de cinco días no abonan dicha caución se procederá a embargar los bienes de los acusados hasta cubrir la cantidad estipulada, según informa Europa Press.

El juez acuerda esta medida tras tomar declaración entre lunes y martes a los ocho investigados. Se trata del expresidente de la caja gallega Julio Fernández Gayoso; el exdirector José Luis Pego Alonso; el exdirectivo Gregorio Gorriarán; el que fuera subdirector general de Caixanova Domingo González; el exdirector general de la oficina principal de la entidad José Benito Parente; el administrador de la promotora Promalar Juan Lago Pérez y los tasadores Manuel Ardid y Manuel Asende. A todos ellos se les investiga por el delito de administración desleal y blanqueo de capitales.

Los hechos se remontan a otoño de 2005 cuando Gorriarán junto con Benito Parente visitaron al administrador de Promalar y le propusieron otorgarle financiación para que comprara Alfageme dado que tenían intereses en la misma Guillermo Alonso Jáudenes (ya fallecido) y Fernando García, expresidente y exconsejero de la caja gallega, respectivamente. El objetivo era beneficiar a estos accionistas en su salida de la conservera y para ello simularon contratos que ocultaban la verdadera finalidad de la financiación a Promalar, que acabó entrando en quiebra.

El magistrado expone que se llevaron a cabo cuatro operaciones; las dos primeras consistieron en un préstamo hipotecario de 60 millones de euros y un crédito de la misma cantidad. En 2007 se concedió un nuevo préstamo hipotecario de 9,25 millones de euros y dos años después una póliza de crédito de 5 millones de euros.

No es una medida prematura

Desglosado, el perjuicio causado a Caixanova es de 64,86 millones euros por el impago de la póliza del crédito concedido, de 6,03 millones por la resolución del contrato con la promotora y de 9,66 millones por el préstamo hipotecario; en total 80,56 millones de euros que corresponderían a Novacaixagalicia, entidad que nació del proceso de fusión de Caixanova con Caixa Galicia.

En su auto, el juez tiene en cuenta la gravedad y complejidad de los hechos, la duración temporal de la causa y la cuantía de las responsabilidades. Además expone que no se trata de una medida "precipitada o prematura".

Para tres de los investigados en esta causa —Pego Alonso, Gorriarán Laza y Fernández Gayoso— se trata de un nuevo proceso judicial relacionado con su gestión en la caja ya que fueron condenados a dos años de cárcel cada uno por este mismo órgano en relación con el cobro de indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad y que alcanzaron los 22 millones de euros.

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata toma declaración este lunes en calidad de investigados al exdirector de Caixanova José Luis Pego Alonso, el exdirector general de la oficina principal de la entidad José Benito Parente y otras tres personas por otorgar créditos y préstamos hipotecarios por importe cercano a los 135 millones de euros a una promotora viguesa para la compra de la conservera Bernardo Alfageme, vinculada a antiguos gestores de la caja gallega.

El juez atribuye a todos ellos los delitos de administración desleal y blanqueo de capitales y cita para este martes al expresidente de la caja Julio Fernández Gayoso, y al exdirector general Gregorio Gorriarán, según expone en el auto en el que incoa diligencias contra un total de ocho personas los hechos que se remontan a 2005.

Tres de los investigados en esta nueva causa —Pego Alonso, Gorriarán Laza y Fernández Gayoso— ya fueron condenados por este mismo tribunal a dos años de cárcel por el cobro de indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad y que alcanzaron los 22 millones de euros.

Según el relato de los hechos, en otoño de 2005 Gorriarán junto con Benito Parente visitaron al también investigado Juan Lago Pérez, administrador de Promalar, y le propusieron otorgarle financiación para que comprara Alfageme dado que tenían intereses en la misma Guillermo Alonso Jáudenes (ya fallecido) y Fernando García, expresidente y exconsejero de la caja gallega, respectivamente.

De la Mata expone que los máximos gestores de Caixanova "querían beneficiar económicamente" a los accionistas de Bernardo Alfageme facilitando su salida de la sociedad en perjuicio de la entidad financiera. Por ello

simularon contratos que ocultaban la verdadera finalidad de financiación a Promalar, que acabó entrando en quiebra tras la adquisición de la conservera.

Cuatro operaciones de crédito

Entre 2005 y 2009 se llevaron a cabo cuatro operaciones; las dos primeras consistieron en un préstamo hipotecario de 60 millones de euros y un crédito de la misma cantidad. En 2007 se concedió un nuevo préstamo hipotecario de 9,25 millones de euros y dos años después concedieron una póliza de crédito de 5 millones de euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 justifica la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos dado que el quebranto sufrido por Caixanova ascendería a más de 80 millones de euros, lo que supone una "grave repercusión" en la economía nacional.

También recuerda que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) acabó inyectando "importantes cantidades de dinero" en Nocavaixagalicia, entidad que nació del proceso de fusión de Caixanova con Caixa Galicia. En concreto la nacionalizada recibió 5.425 millones de euros.

Caricatura de Julio Gayoso. ULISSES ARAUJO

Se puede mirar de esta forma. A alguien le tenía que tocar, y él había acumulado muchas papeletas. Después de la quiebra del que se proclamaba uno de los sistemas financieros más sólidos y saneados del mundo occidental y cristiano, que todavía estamos pagando, alguien tenía que ser el símbolo del castigo -dejémoslo en regañina- a los responsables. Julio Fernández Gayoso, JFG, expresidente de Caixanova y de NovaCaixaGalicia, tuvo el muy dudoso honor de ser el primer banquero, y de momento el único, encarcelado a consecuencia de la crisis (el encarcelamiento exprés de Miguel Blesa no cuenta). JFG entró -con tres de los suyos- en prisión, además de porque cometió un delito, quizá porque no tenía padrinos políticos, no frecuentaba el palco del Bernabeu y otros ritos del poder en este país, porque el poder en media Galicia era él. Aunque no es de desdeñar una tercera causa: si eres el banquero más veterano de España y llevas más de medio siglo gobernando una institución financiera, las posibilidades de tener esqueletos en el armario también suman trienios. Pero nadie en Vigo, ni en muchos kilómetros a la redonda, se imaginaba para don Julio otro final que uno con la mesa de despacho puesta y una de esas despedidas fúnebres en la que se estremece el corazón de toda una sociedad. Afortunadamente, JFG vive, pero con una pulsera electrónica que controla sus idas y venidas porque está en tercer grado penitenciario.

Los inicios de la trayectoria de Julio Fernández Gayoso (Vigo, 1931) los podríamos imaginar interpretados en blanco y negro por unos jovencísimos José Luis López Vazquez (sin alopecia) o Fernando Fernán Gómez (en bajito), dirigidos por José Luis Sáenz de Heredia. De familia humilde que emigró a Vigo desde Lugo, JFG, cuando todavía no era don Julio, era un rapaz aplicado y serio que, dado que las limitaciones económicas le impedían acceder a estudios superiores, encarriló su talento a hacerse perito mercantil. Con 16 años, en la academia en donde se preparaba para la Escuela de Peritos, lo ficharon como auxiliar de contabilidad en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Vigo. Eso pasó en 1948. Diez años después era el jefe de la sección. JFG y el calendario seguían imparables, y llegó 1965. Ese año le tocaba jubilarse al entonces director general de la entidad.

Serio y cumplidor, mientras en la Caja era el primero en todo, al joven que entonces debía ser simplemente Julio le quedaba tiempo para llevar la contabilidad a las empresas de Rafael Portanet. Que no era poco. Portanet, empresario por parte de padre y de suegro, había entrado en política en 1938 como teniente de alcalde y en 1947 fue nombrado delegado en el Consorcio de la Zona Franca (el “otro ayuntamiento” de Vigo), cargo que mantuvo 37 años, y durante el que se instaló allí la factoría de Citroën. En 1964, fue nombrado además alcalde -del ayuntamiento oficial- y presidente de la Caja de Ahorros Municipal. Era también procurador en Cortes (el puesto de obispo de Tui-Vigo, sin embargo, lo ocupaba otro). Así que cuando quedó vacante el puesto de máximo rector de la Caja de Ahorros, ¿quién mejor que el dispuesto mozo que le llevaba las cuentas y se había convertido en su mano derecha? JFG fue designado para el cargo, a pesar de que, como él mismo confesó en 2008 al periodista Manuel Sola, “tenía 46 puestos en el escalafón delante de mí”. Había cumplido 33 años.

Pasamos al tecnicolor. En la época de Portanet fue cuando, según las crónicas, “se modernizó Vigo”. Es decir, se construyeron avenidas, parques y se alicató la costa con edificios desmesurados. Portanet también acabó con el servicio de tranvías eléctricos que en 1914 había construido y después dirigido el pensador anarquista Ricardo Mella, para sustituirlos por autobuses (el alcalde tenía, entre otras muchas cosas, una gasolinera). Una propuesta política necesita otra económica que permita ejecutarla. La Caja Municipal de Ahorros comandada por el pulcro y serio, a la par que dinámico, nuevo director fue un pilar esencial en ese desarrollo de finales de la década de los sesenta y comienzos de los setenta. El auge de la pesca industrial, de la construcción naval y automovilística atraía multitud de población, con sueldos que le permitían en gran parte ser propietarios de una vivienda. La Caja aportaba el crédito para engrasar ese motor del desarrollismo, desde los nuevos barrios hasta la construcción de buques para conquistar los nuevos caladeros descubiertos en aguas africanas y australes -la Caja llegó a ser la mayor armadora de buques de pesca de España-; promovió el Colegio Universitario de Vigo, una Escuela de Negocios… JFG se fue convirtiendo en don Julio.

Nada iba con él

Don Julio poseía una casa en Canido, donde tenían sus residencias armadores y constructores navales, en la que celebraba comidas para la clase dirigente política y económica, que acababa amenizando cantando boleros, dicen que bien. “Siempre fue un banquero muy clásico, en todos los aspectos. Paternalista, humilde en el sentido de carecer de esa soberbia que se puso de moda desde los ochenta, y entrando siempre a las ocho, como si siguiera al frente de la sección de contabilidad”, cuenta un analista económico. Se pueden encontrar empleados que incluso lo definen como “entrañable”, pero la entidad tenía una abundante plantilla. Curiosamente, tenía también rasgos de independencia, o de contradicción. De niño fue educado en castellano por unos padres gallegohablantes, para que progresase en la vida, pero buscaba a compañeros de los alrededores de Vigo para hablar en el idioma prohibido. Ahora, no se sabe que hable gallego ni en la intimidad. Sorprendió a los presentes haciendo que el arzobispo de Santiago no sólo bendijese el último centro cultural que inauguró, sino que dirigiese una especie de rezo. Pero no hizo caso de las insinuaciones de la Xunta de que no asistiese al estreno de El lápiz del carpintero, sobre la represión franquista, en cuya financiación había participado.

Lograr estar medio siglo en la cima de una entidad, sin ser su propietario, debe producir una sensación muy parecida a la omnipotencia. (Lo de la cima no es figurado: JFG residió encima de la sede de la entidad, una vivienda que siempre conservó y se dice que algunas noches bajaba, en zapatillas, a dar una vuelta). Vio cómo su némesis del norte, José Luis Méndez, expandía en A Coruña su caja para fundar Caixa Galicia, la sexta de España y él agrandó la suya, en 2000, con las de Pontevedra y Ourense, creando Caixanova. Mientras subía, Gayoso vio la agonía de un régimen político, el confuso nacimiento de otro, y los monstruos que aparecieron en ese claroscuro, sin acabar de irse. Vio asimismo la llegada de la autonomía a Galicia, la de Fraga, su relevo por un gobierno de socialistas y nacionalistas, y también alcaldes de todos los colores -de los tres que tradicionalmente conformaban el espectro político gallego-… Nada iba con él.

Al contrario del relato que se ha construido sobre la influencia de la política en las cajas, sin duda cierto, en las gallegas pasaba exactamente lo contrario. En teoría, los consejos de Administración de las cajas estaban compuestos por representantes de corporaciones locales y provinciales y entidades de interés social o cultural. En la práctica, por quien considerase el jefe. O los jefes. Cuando el BNG tenía el 25% de los votos en Galicia y alcaldías como las de Ferrol, Pontevedra o Vigo, no tenía ni uno del medio centenar de puestos en el consejo de la entidad norteña y tenía uno en la del sur. En Caixanova los representantes de los impositores se designaban por sorteo, pero la diosa fortuna debería tener la ídem depositada allí, porque los elegidos eran siempre los mismos. En su día el alcalde vigués Carlos Príncipe intentó colocar alguno de los consejeros que le correspondían al Ayuntamiento -en concreto al cantante de Semen Up y Amistades Peligrosas, Alberto Comesaña- pero Gayoso, fiel a los boleros, mantuvo su lista sin cambios. Es más, consiguió que el mismísimo Fraga, tan comeniños, cambiase la ley de Cajas en 1996 para evitar tener que jubilarse como director de la suya al cumplir los 65. Y cuatro años después, reformó los estatutos para crear una presidencia ejecutiva desde la que seguir dirigiendo los destinos de su caja.

Gayoso, como Méndez, estaba por encima de la política. Tenía una inquina mutua con Príncipe, el socialista que intentó descabalgarlo de la dirección general, pero una muy sólida amistad con Pepe Blanco. Y ninguna con Alberto Núñez Feijóo. Cuando al inicio de la crisis del sistema bancario más solvente del mundo, el presidente de la Xunta convocó a los líderes de las cajas gallegas a una reunión en la sede del gobierno para proponerles la fusión de ambas, y no con socios foráneos, JFG no sólo se negó de plano. En cuanto cerró la puerta, dejando tras ella a Feijóo y Méndez, sacó el teléfono y comenzó a preparar una guerra abierta. Con batallas como una manifestación antifusión que, según el alcalde vigués Abel Caballero, congregó a 300.000 personas (el censo de Vigo era aquel año de 297.241 habitantes, con unos 120.000 más en su área metropolitana).

Perdida la batalla de la no-fusión, emprendió otra: a pesar de que CaixaGalicia era la más grande de las dos, la dirección de la entidad resultante sería la meridional con algunas incorporaciones septentrionales, y con él, por descontado, al frente. “Ahora la gente aguanta bien hasta los 100 años”, argumentaba. Perdió también esa, al determinar el Banco de España que la nave conjunta que pretendía pilotar necesitaba, más que un capitán, unas buenas bombas de achique. Se quedó de copresidente de la Fundación de la nueva entidad (eso sí, a él le correspondería el primer turno en la alternancia). El mismo día en que se convertía en el único presidente, porque su compañero de cargo tuvo que dimitir por unas, más que desafortunadas, desafortunadísimas, declaraciones sobre los que se habían enfangando en las preferentes, tuvo la noticia de que había sido imputado (como se decía antes) por la Fiscalía Anticorrupción.

El cargo era de “administración desleal o apropiación indebida”. Un mes antes de la fusión, sin encomendarse ni al consejo de Administración ni al Banco de España, había autorizado indemnizaciones por prejubilación a cuatro directivos. En total, 19 millones de euros. Los cuatro cobrarán otros 33 millones en planes de pensiones cuando cumplan 65 años. El director de la otra caja, José Luis Méndez, se había jubilado dos meses antes de que los dineros repartidos fuesen del rescate público, llevándose legalmente 16,5 millones. Nunca tan cierto fue eso de que hay que saber retirarse a tiempo. Gayoso no dimitió por la imputación, ni tenía intención de hacerlo tres días después, en la decisiva reunión del consejo de Administración que iba a aprobar convertir NovaCaixaGalicia en una fundación. Pero lo decidió allí mismo, al ver que se lo iban a pedir algunos miembros de aquel organismo en el que antes casi nadie abría la boca. Repasó toda su trayectoria, dio las gracias y fundamentó su decisión en “el bien de la Caja”. Ni una palabra sobre la imputación. En lo esencial, el mismo discurso que realizó después en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso por la crisis de las cajas. Allí dijo: “No tiene sentido mirar al pasado”, como si la crisis fuese la de 1929 o la imputación fuese por algo relacionado con Tráfico. Repitió lo mismo un año exacto después al comparecer en el Parlamento gallego.

En realidad, estaba poniendo en la balanza sus 64 años en la Caja, y su gestión de 45 como director como contrapeso de todo lo que estaba ocurriendo. Después de haber estado en la entidad la mitad exacta del tiempo que duró (de 1880 a 2010), no debe de ser fácil asumir la separación. De hecho, entre el asombro y la alarma de los nuevos y viejos dirigentes, durante un par de semanas después de dimitir continuó yendo como si no pasara nada a su despacho. También desgranó sus servicios en la vista oral en la Audiencia Nacional, que el 22 de octubre de 2015 lo acabó condenando a dos años de cárcel y 75.000 euros de multa por “cooperador necesario en un delito de administración desleal y apropiación indebida”. Un año después, el Supremo no sólo desestimó su recurso contra la sentencia, sino que consideró escasa la pena. El pasado enero, la Audiencia Nacional ordenó su detención para que cumpliese su condena. La película sería ahora Al rojo vivo, con James Cagney proclamando al final: “¡Estoy en la cima del mundo!”.

Gayoso y sus tres subordinados entraron en la prisión de A Lama invitando a café a todos sus nuevos compañeros y los alojaron en el módulo de respeto. “Desde el juicio estaba desaparecido, muy avergonzado -devolvió la medalla de Oro de la ciudad, entre otros honores-, y la verdad es que en los círculos financieros y empresariales no se habla bien de él, pero tampoco mal”, confiesa alguien que fue colaborador suyo. La cárcel lo machacó seis meses, antes de concederle el permiso para dormir en casa, con una pulsera que asegura que está en su hogar a las horas que debe. Durante el día, va al trabajo que le ha permitido disfrutar de ese tercer grado. Colabora con la asociación antidroga Érguete, cuya presidenta, Carmen Avendaño, es amiga suya. Allí ayuda a servir el desayuno a medio centenar de toxicómanos o extoxicómanos y anda por Internet buscando líneas de subvención para la ONG. Él, que durante medio siglo las repartió.

*Este artículo está publicado en el número de diciembre de tintaLibre. Puedes consultar todos los temas de la revista haciendo clic aquí.  aquí

Sólo dos días después de repartir entre sus accionistas 315,5 millones de euros en dividendos, Abanca anuncia que pagará con año y medio de adelanto el último plazo de los 1.003 millones que le costó Novacaixagalicia cuando la compró al Estado en 2013. Abonará al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 300 millones de euros. Mientras Abanca, propiedad del banquero venezolano Juan Carlos Escotet, ha obtenido un total de 1.754 millones de beneficios1.754 millones de beneficios desde que adquirió el quebrado banco gallego, el Estado ha dado por perdidos 8.532 millones de los casi 10.800 millones de euros con que lo rescató.

En la nota donde anuncia la operación, Abanca presume de haber cumplido su compromiso público de “acelerar el pago de las cuotas lo máximo posible”. La factura de 1.003 millones que debía abonar al FROB se dividió en plazos hasta 2018. En 2014, nada más firmar la operación, Escotet pagó 313 millones de euros y otros 90 millones al Fondo de Garantía de Depósitos –que nutren los bancos con sus aportaciones–. En mayo de 2016 ingresó 300 millones más: la cuota de ese año, el 50% de la de este ejercicio y el 33% de la de 2018, explica en su comunicado Abanca.

Según la entidad, el pago adelantado al Estado ha sido posible gracias a que ha aumentado su cuota de mercado y su solvencia, hasta convertirse “en una de las entidades más sólidas del sector”. Abanca cuenta con 4.541 empleados y una red de 668 oficinas repartidas por España y otros ocho países. Dice contar con una cuota de mercado en Galicia del 31% en crédito y del 41% en depósitos.Ampliación de capital, costes judiciales, activos tóxicos

Ampliación de capital, costes judiciales, activos tóxicos

Pero para llegar a ese punto, el Estado tuvo antes que nacionalizar Novacaixagalicia, fruto de la fusión de las dos grandes cajas gallegas, Caixa Galicia y Caixanova, y comprometer en ella los 10.800 antes citados. También recibió otros 1.484 millones del Fondo de Garantía de Depósitos. Un total de 12.279 millones de euros en ampliaciones de capital, conversión de preferentes en accionistas y garantías que incluyeron la cobertura de los costes judiciales por la venta de preferentes y las cláusulas suelo. Además, los activos tóxicos del ladrillo que guardaba Novacaixagalicia pasaron a la Sareb, el banco malo. En resumen, unos recursos inyectados que el Estado no recuperará.

En cambio, Abanca Holding Financiero, la sociedad a través de la cual Juan Carlos Escotet posee el 86,79% de la entidad financiera gallega, se ha embolsado ya 273,82 millones del dividendo repartido en 2015 –fue también 315,5 millones el total– y otro tanto del correspondiente a 2016: 547,65 millones de euros en dos años, la mitad de lo que ha pagado por el banco.

La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos de súplica presentados por dos de los cinco directivos de Novocaixagalicia condenados por cobrar indemnizaciones millonarias contra la decisión por la que este órgano ordenó su en prisión el pasado 16 de enero.

Se trata del expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso y del asesor jurídico Ricardo Pradas, quienes junto con otros tres exdirectivos de la entidad fueron condenados a dos años de cárcel por el cobro de indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad y que alcanzaron los 22 millones de euros.

El tribunal no atendió sus peticiones de suspensión de condena y ordenó su ingreso en prisión, una decisión que ha sido confirmada este martes. Informa Europa Press.

No han pagado los 10,4 millones de responsabilidad civil

En los dos autos en los que se rechazan los recursos de los banqueros se recuerda la falta de pago por los condenados del total de 10,4 millones de euros fijados en la sentencia en concepto de responsabilidad civil, ya que ninguno de los recurrentes ha asegurado aún la cantidad suficiente que le corresponde por este concepto.

Ello demuestra, según señala el tribunal en el caso de Fernández Gayoso, "una actitud renuente al mantener los pronunciamientos de la Sala y a reconocer la culpabilidad, creando una inseguridad que genera alarma social".

No hay voluntad de reparación

En el caso de Pradas –que alegó en su recurso que él no era administrador de las cajas intervenidas y no tiene otras causas pendientes con la Justicia–, la Sala deniega igualmente su petición de que la condena quede en suspenso y recuerda que fue cooperador necesario en los delitos cometidos y tampoco ha demostrado "una efectiva voluntad de reparación" pese a haber abonado ya la multa por valor de 75.000 euros a la que fue condenado.

Añade que, junto con Fernández Gayoso, el abogado Pradas tuvo un papel relevante en la "despatrimonización mediante las cantidades aseguradas a su cese" en Novocaixagalicia y que su papel fue muy "eficaz en cuanto que dio forma jurídica para aparentar la bonanza de los contratos de alta dirección".

La decisión de ejecutar la condena –pese a no haber sido aún confirmada por el Tribunal Supremo– se considera por la Audiencia Nacional "proporcional a la gravedad del delito" y necesaria para evitar que Pradas incurra en conductas de la misma naturaleza "que dañan enormemente".

Además de Fernández Gayoso y Pradas, el pasado 16 de enero ingresaron en prisión José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza y Óscar Rodríguez Estrada –quienes también se prepararon las prejubilaciones millonarias ante la previsión de que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente–.

Los exdirectivos, que favorecieron dietas presuntamente irregulares para 19 miembros de la entidad por valor de entre 9.000 y 308.700 euros, evitaron entrar en la cárcel al ser su pena de 24 meses y no tener antecedentes penales. Sin embargo la sala ha tenido en cuenta además que estos no devolvieron el dinero que se fijó en sentencia y que tienen todavía causas pendientes con la justicia.

Los contratos de alta dirección se modificaron en 2010 en un momento en que se había reclamado 1.162 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para superar la situación de inviabilidad de las dos cajas que iban a fusionarse (Caixanova y Caixa Galicia).

Penas exiguas

La Sala de Lo Penal corrigió su sentencia inicial el pasado mes de octubre e impuso a dos de los exdirectivos condenados José Luis Pego y Gregorio Gorriarán a que indemnizaran con 10,4 millones de euros a la sucesora de la entidad, modificando las cantidades fijadas en concepto de responsabilidad civil en una primera resolución que había sido anulada por el Tribunal Supremo.

El Supremo consideró las penas de dos años de cárcel "exiguas" pero reconoció que no podía incrementarlas porque ninguna parte las cuestionó al alza.

Abanca anunció este jueves que repartirá dividendos por segundo año consecutivo, 315,5 millones de euros que se suman a otros tantos distribuidos el ejercicio anterior. Desde que el venezolano Banesco adquirió Novacaixagalicia Banco (NCG), en diciembre de 2013, la entidad renombrada como Abanca ha sumado 1.754 millones de euros de beneficios. En realidad, la cantidad es superior, porque de 2016 el banco sólo ha hecho públicos sus resultados hasta el tercer trimestre, cuando anunció unas ganancias de 267 millones de euros. A Banesco, Novacaixagalicia le costó 1.003 millones de euros, el precio del 88,3% del capital que adquirió al Estado después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) aportara 10.795,87 millones de euros y el Fondo de Garantía de Depósitos –que se nutre de las contribuciones de los bancos– comprometiera 1.484,12 millones más.

Abanca Holding Financiero, la sociedad a través de la cual Juan Carlos Escotet, el dueño de Banesco, controla la entidad gallega, posee el 86,79% del capital, por lo que se ha embolsado 273,82 millones del dividendo repartido en 2015 y percibirá otro tanto cuando se distribuya el correspondiente a 2016, el próximo miércoles, día 8. Es decir, la sociedad de Escotet ha conseguido 547,65 millones de euros en dos años, sólo un poco menos de lo que hasta el momento ha pagado por el banco gallego: 703 millones de euros. Porque la factura de 1.003 millones se dividió en plazos. En 2014, nada más firmar la operación, Escotet abonó 313 millones al FROB y otros 90 millones al Fondo de Garantía de Depósitos. En 2016 ingresó 300 millones más. Por tanto, aún debe pagar al Estado 300 millones entre este año y 2018.

En resumen, tan pronto ha sido privatizada, Abanca da beneficios y reparte dividendos, que le están sirviendo a Escotet para pagar al FROB el precio por el que le vendió NCG, al tiempo que el Estado da por perdidos 8.532 millones de euros del dinero público que inyectó para rescatarla. A esa cifra hay que añadir otros 626.912 euros que le costó al Fondo de Garantía de Depósitos la operación, según los cálculos elaborados por el Tribunal de Cuentas para su informe de fiscalización del rescate bancario, publicado el pasado mes de enero.

De hecho, Abanca dio por cumplidos este viernes, en su convención anual de empleados, “la gran mayoría de los objetivos” de su Plan Estratégico 2015-2017. Así, presume de haber alcanzado “un crecimiento y rentabilidad superiores al mercado”, además de haber “asentado una posición de solvencia” que la convierte en una de las “entidades más sólidas” de España.

Abanca cuenta con 4.541 empleados y una red de 668 oficinas repartidas por España y otros ocho países. Dice contar con una cuota de mercado en Galicia del 31% en crédito y del 41% en depósitos. En el tercer trimestre de 2016, Abanca ha crecido un 22% en financiación a pymes y autónomos, y un 9,4% en fondos de inversión, planes de pensiones y seguros. También han aumentado un 6,4% sus ingresos por comisiones y un 12% su margen comercial.

Ampliaciones de capital y garantías para cubrir pleitos

Para llegar hasta aquí, no obstante, el FROB tuvo antes que comprometer recursos por valor de 10.795,87 millones de euros. Y el Fondo de Garantía de Depósitos –el resto de los bancos– 1.484,12 millones más: un total de 12.279 millones de euros.

Ese rescate se llevó a cabo mediante ampliaciones de capital y conversión de preferentes en acciones. E incluyó una serie de garantías que sumaron 2.354 millones de euros. Por un lado, corresponden a un crédito fiscal por bases imponibles negativas –pérdidas que desgravan– y por impuestos surgidos del traspaso de activos inmobiliarios tóxicos a la Sareb, el banco malo. Por otro, corresponden a la cobertura de los costes judiciales por las preferentes y otros híbridos que vendió NGC, también por las cláusulas suelo de las hipotecas, así como por los gastos del traspaso de activos a la Sareb y el pleito que mantuvo la entidad con la aseguradora Aviva –un laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Madrid le costó el pago de 267 millones a la firma británica, que le pedía 430 millones por romper un pacto suscrito en 2001 con la antigua Caixa Galicia–. Como parte de las condiciones en que se subastó NCG, el FROB se comprometió con el comprador a sufragar el 85% de todas estas cantidades.

Imponiéndose ante Santander, BBVA y Caixabank, así como a los fondos Guggenheim, JCFlowers y Oak Tree, WJ Ross y Anchorage, el venezolano Banesco se hizo con el 88,3% de las acciones de NCG a través de otro banco gallego, el Banco Etchevarría, que había comprado en diciembre de 2012. Ganó la puja porque su precio era un 50% superior a la segunda oferta. También prometió mantener el empleo y la sede social en Galicia. Era la opción preferida del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el principal impulsor de la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova que dio lugar a NCG. “La oferta de Banesco es la mejor para todos: para los contribuyentes, para Galicia y para España”, proclamó Núñez Feijóo entonces, “es tan contundente, tan clara y tan diáfana, que el FROB decidió aceptarla de inmediato”.

17 empresarios gallegos perdieron 71 millones

Pero no han sido sólo las arcas públicas las damnificadas por el rescate a NCG. Un grupo de 17 empresarios gallegos invirtieron 71 millones de euros en enero de 2012 para adquirir el 2,59% de las acciones del banco gallego. Respondían así a una llamada del presidente de la Xunta para recapitalizar la entidad. Entre ellos figuraba lo más granado de la clase empresarial gallega: los dueños de los supermercados Gadisa, la conservera Jealsa, Coren, los astilleros Rodman, Hijos de Rivera –la cerveza Estrella Galicia–, las constructoras Copasa y San José, Transportes Azkar, Inveravante –de Manuel Jove–, el periódico La Voz de Galicia… El mayor inversor fue Manuel Añón, presidente de Hierros Añón, que inyectó 26 millones de euros.

Todos ellos perdieron su dinero con la operación que dio entrada al FROB en el banco, reduciendo primero el capital a cero y ampliándolo después por el importe de la inyección pública que lo nacionalizó. Demandaron en los tribunales tanto a NCG como al FROB, pero la Audiencia Provincial de A Coruña les ha negado la razón hasta en tres ocasiones, la última en julio de 2016.

A 31 de diciembre de 2015, según informa en sus cuentas anuales, Abanca Holding Financiero posee el 86,79% del capital. La entidad aumentó su autocartera hasta el 8,73%, un 2,61% está en manos del fondo británico EC Nominee, y el 1,87% restante pertenece a preferentistas y empleados del banco.

La comisión de investigación de la evolución económico-financiera de las antiguas cajas de ahorro gallegas ha sido constituida este lunes con el objetivo de terminar los trabajos iniciados por este mismo órgano en la pasada legislatura, informa Europa Press.

Este órgano estará presidido por la parlamentaria del PPdeG Marta Rodríguez Arias y tendrá como vicepresidenta a la también diputada conservadora Cristina Romero. Por su parte, José Manuel Lago (En Marea), será el secretario.

Participarán en la comisión, por parte del Partido Popular de Galicia, su portavoz parlamentario, Pedro Puy, así como los diputados Martín Fernández Prado, José González Vázquez, Teresa Ejerique y Guadalupe Murillo.

Además de José Manuel Lago, participará en esta comisión Antón Sánchez de En Marea; mientras que por el PSdeG estarán Xoaquín Fernandez Leiceaga y Abel Losada. El BNG, por su parte, estará representado por su líder, Ana Pontón.

La constitución de este órgano se produce después de que la pasada semana ingresasen en prisión cuatro exdirectivos de Novagalicia Banco y un abogado condenados por apropiación indebida en relación a las indemnizaciones cobradas.

La Audiencia Nacional ha ordenado este lunes el ingreso en prisión para los cinco directivos de Novacaixagalicia (NCG) que fueron condenados en 2015 a dos años de cárcel por el cobro de indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad y que alcanzaron los 22 millones de euros, según ha informado Europa Press.

La Sección Tercera de la Sala de Lo Penal ha denegado la suspensión de la condena (confirmada por el Tribunal Supremo el pasado mes de septiembre) y ha valorado la gravedad de los hechos. Se trata de la primera ocasión en la que se ordena prisión para banqueros condenados por la gestión de las cajas de ahorro.

Los cinco exdirectivos, que favorecieron dietas presuntamente irregulares para 19 miembros de la entidad por valor de entre 9.000 y 308.700 euros, evitaron entrar en la cárcel al ser su pena de 24 meses y no tener antecedentes penales. Sin embargo, la sala ha tenido en cuenta además que estos no devolvieron el dinero que se fijó en la sentencia y que tienen todavía causas pendientes con la justicia.

Los contratos de alta dirección se modificaron en 2010 en un momento en que se había reclamado 1.162 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para superar la situación de inviabilidad de las dos cajas que iban a fusionarse (Caixa Nova y Caixa Galicia).

Los condenados son José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza y Óscar Rodríguez Estrada (que se prepararon las prejubilaciones millonarias ante la previsión de que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente), Julio Fernández Gayoso (expresidente de Caixa Nova) y el asesor jurídico Ricardo Pradas Montilla.

Penas exiguas

La Sala de Lo Penal corrigió su sentencia el pasado mes de octubre e impuso a dos de los exdirectivos condenados (Pego Alonso y Gorriarán) a que indemnizaran con 10,4 millones de euros a la sucesora de la entidad, modificando las cantidades fijadas en concepto de responsabilidad civil en una primera sentencia que fue anulada por el Tribunal Supremo.

El alto tribunal ordenó recalcular la responsabilidad civil pero confirmó la prisión para los cinco directivos. El Supremo consideró esas penas "exiguas" pero reconoció que no podía incrementarlas porque ninguna parte las cuestionó al alza.

La Sala de Lo Penal del Supremo estableció que los condenados hicieron suyas las cantidades millonarias "a través de un mecanismo que va mucho más allá de la adopción de actos erróneos en el ejercicio de sus facultades de administración"; es decir, que ejecutaron "inequívocos actos apropiatorios con fines de lucro personal".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de dos años de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a cinco exdirectivos de Novacaixagalicia por las indemnizaciones por prejubilación y otros conceptos (por importe de 22 millones de euros) que se concedieron a sí mismos mediante la modificación en 2010 de sus contratos de alta dirección, según ha informado Europa Press. El propio tribunal tacha de "exiguas" las penas, aunque reconoce que no puede incrementarlas porque ninguna parte las cuestionó al alza.

Los condenados son José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza y Óscar Rodríguez Estrada (los tres para los que se prepararon las prejubilaciones millonarios, ante la previsión de que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente), Julio Fernández Gayoso (expresidente de Caixanova) y el asesor jurídico Ricardo Pradas Montilla, condenados como cooperadores necesarios del delito.

En el momento de aprobarse esos contratos, ya se había iniciado el proceso de fusión bancaria entre Caixa Nova y Caixa Galicia que dio lugar a la nueva entidad  y se habían reclamado al FROB 1.162 millones de euros para superar la situación de inviabilidad de las dos cajas.

El propio Tribunal Supremo tacha de "desproporcionada" la pena impuesta "por su exigüidad desde la perspectiva de la gravedad de sus conductas", aunque explica la imposibilidad de establecer nuevas penas que incrementen las establecidas por la Audiencia Nacional, al no haber sido la sentencia cuestionada al alza en ese extremo, además de los límites que impone el principio acusatorio.

Rechaza, a su vez, el argumento de las defensas de que la última reforma del Código Penal impedía su condena por apropiación indebida, y explica que sus conductas no pueden interpretarse como el resultado de actos de deslealtad con el patrimonio administrado o fruto de decisiones equivocadas en el ámbito de la administración que les incumbía, sino que hicieron suyas las cantidades millonarias "a través de un mecanismo expropiatorio que va mucho más allá de la adopción de actos erróneos en el ejercicio de su facultades de administración".

Como recoge la sentencia, que en total tiene una extensión de 198 folios, los exdirectivos ejecutaron "inequívocos actos apropiatorios con fines de lucro personal" y no "meros excesos o abusos" en el marco de sus competencias.

El Supremo sí que estima sin embargo el recurso de los acusados, apoyado en el "llamativo error" cometido por la Audiencia Nacional en su sentencia al calcular la cuantía de las indemnizaciones por responsabilidad civil. Señala así que la Audiencia sumó las indemnizaciones que habían sido solicitadas por la Fiscalía y el resto de las acusaciones como propuestas alternativas.

La Audiencia Nacional deberá por tanto, tras la orden del Supremo, fijar de nuevo el quantum de la indemnización solicitada por el fiscal y las acusaciones conforme a la calificación jurídica de los hechos declarados probados. En este nuevo cálculo deberán excluir las cantidades de los contratos por el concepto plus de convenio (las de menor cuantía) y explicar los motivos por los que declaró la nulidad de las pólizas individuales de aseguramiento. También debe definir, con la obligación motivación, el destinatario de la indemnización, que en la sentencia de instancia estableció que fuese el FROB, pese a que la Fiscalía pidió que fuese NCG banco o su sucesor.

En cuanto a la incidencia en la tipicidad de los hechos de la normativa europea de diciembre de 2010, la cual impuso límites a las retribuciones derivadas de contratos de alta dirección, el Supremo indica: "El carácter delictivo de la utilización de las retribuciones como instrumento formal para la ejecución de actos de deslealtad que se traducen en decisiones lucrativas de carácter expropiatorio, no necesitaba entonces, ni necesita ahora, de la vigencia de normas comunitarias o internas de cobertura".

"Ni la Directiva 2010/76/UE ni las normas que la han traspuesto pueden ser interpretadas, al amparo del principio constitucional de irretroactividad (artículo 9.3 de la Constitución), como una ley de punto final llamada a la convalidación de prácticas delictivas anteriores cuyo encaje en el histórico artículo 252 o en el actual 253 del Código Penal resulta incuestionable", indican los magistrados.

Fernando Herrero (Valladolid, 1975) es el portavoz de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que en los últimos años ha batallado contra los dirigentes que hundieron una parte importante del sistema financiero español. Gracias a este trabajo y a su prestigio, centenares de personas recurren a Adicae para tratar de recuperar sus inversiones. En los últimos meses casi un millar de afectados por la salida a bolsa de Bankia ha reclamado su personación en la Audiencia Nacional con la intermediación de esta asociación, que también se ha querellado contra los exdirigentes de Bankia, Caja del Mediterráneo (CAM), Novacaixagalicia y Caja Castilla-La Mancha, entre otros.

PREGUNTA: La Audiencia Nacional ha condenado a los exdirigentes de Caixa Penedès y Novacaixagalicia a dos años de cárcel, pero en realidad no pisarán la prisión...

RESPUESTA: Si se miran las resultados de los procedimientos de las cajas de ahorros, la realidad parece ser que la impunidad es la tónica. Es decir, las sentencias conocidas hasta ahora afean la actuación y la actitud de los directivos condenados. Señalan que han obrado en defensa de sus intereses exclusivos y a costa de los de la entidad, y por ende, de los de la clientela, y en general de la ciudadanía. Sin embargo, las penas que se imponen son solo por un dinero que se autoatribuyeron en forma de pensión, una subida de sueldo, unas compensaciones de un tipo o de otro, y eso lleva a decir, ¿esto cómo es posible? Entendemos que es un intento institucional de hacer borrón y cuenta nueva, olvidar lo pasado, decir que todo está arreglado y tirar hacia adelante sin que se depuren de verdad las responsabilidades, ya que era un subsector que representaba el 50% del sistema financiero español. 

P: Pero la ciudadanía no entiende que no se juzgue este expolio.

R: Más allá de la posibilidad de revisar la legislación penal, hay que darse cuenta de que estos procedimientos no han entrado a abordar los intereses de los verdaderos perjudicados. La realidad fue que, fruto de esa nefasta gestión, cuando no corrupta, en las causas no se han investigado las estrategias que siguieron los directivos para tapar los agujeros, que supusieron una auténtica huida hacia adelante. Intentaron tapar esos agujeros a costa de los ciudadanos, con toda clase de estrategias, como las preferentes y en general los productos de ahorro que hemos calificado de tóxicos.

P: Adicae está desarrollando una importante labor en la lucha contra la corrupción al personarse como acusación popular. ¿Qué opinión tiene del trabajo realizado por la Fiscalía Anticorrupción?Adicae

R: La justicia en general no ha querido abordar las actuaciones que condujeron a las quiebras. Y las propias querellas de la Fiscalía o del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tampoco han entrado en esto. Han ido a la punta del iceberg, como por ejemplo los sobresueldos o las tarjetas black. Pero, en realidad ,todo eso son las migajas del saqueo, aunque sea mucho dinero, y por eso no van a la cárcel. Pero si lo comparas con el agujero que generaron, pues es el chocolate del loro.

Eso ha llevado a que las condenas sean anecdóticas. No penalizan la gestión, y lo que es objeto de condena, la atribución de los beneficios, no es más que el exponente de algo mucho más grave. Ninguna caja se habría ido a la quiebra porque unos señores se hubieran llevado 15 millones. Eso era el día a día de la entidad, y la expresión de cómo funcionaban estas instituciones.

P: ¿Entonces considera que la justicia no está dando respuesta al saqueo de las cajas y a los derechos de los afectados, como por ejemplo los preferentistas?

R: Sí, en los procedimientos parece que las víctimas de los delitos son las propias entidades, pero se olvidan de que las víctimas del saqueo de estas entidades tienen muchos nombres y apellidos, y son un número muy grande de personas. Y si tenemos en cuenta lo que supone el saqueo de una caja de ahorros, una entidad con un téorico carácter benéfico-social que en el fondo no tiene propietarios, pues estamos hablando de que las víctimas han sido los consumidores y la ciudadanía en general, que habría que considerarla propietaria, en sentido figurado, de todo el patrimonio social que representaban las cajas.

Y no me refiero solo a los inmuebles, sino también a la relevancia teórica, que fue minada año a año, de estas entidades ligadas al territorio, al desarrollo económico y social en un determinado ámbito. Y todos esos perjudicados concretos o la globalidad no han sido tenidos en cuenta en los procedimientos. Por ejemplo, en el caso de NovacaixagaliciaNovacaixagalicialos perjudicados fueron Novagalicia Banco, como acusación particular, y el FROB, porque tuvo que poner unos fondos para evitar la quiebra definitiva. Pero, en realidad, hubo muchos más.

P: ¿Qué le parece la actuación de la Fiscalía en los casos sobre las cajas? En el caso de Caixa Penedés acordó una pena de dos años, y en el de las cajas gallegas no ha recurrido la sentencia....

R: La Fiscalía en Novacaixagalicia ha aceptado la sentencia, lo que significa que la da por buena, que la condena de dos años la consideran adecuada y conforme a la ley. Todo esto tiene que ver con los déficit de los procedimientos en sí mismos, que solo abordan una serie de prácticas concretas. Y por eso solo se acusa por esas prácticas concretas, pues la ley establece unas penas determinadas. Por ejemplo, en el caso de Novacaixagalicia no se ha planteado que haya habido una estafa o un fraude a los consumidores, que es también un tipo penal reciente.

P: Quizá por eso la Fiscalía no quiera recurrir, ya que lo que podría conseguir no sería gran cosa.

R: Por eso decimos que el problema viene de origen. Puede haber elementos de una voluntad institucional, política, como queramos llamarlo, y luego la complejidad de los asuntos en sí mismos, porque acreditar toda esa gestión corrupta es muy complejo. Pero la complejidad no puede ser excusa, ya que en las sentencias conocidas hasta ahora se pone de manifiesto que actuaban de una forma, como mínimo irresponsable, y eso en el mejor de los casos. Es muy fácil acreditar cómo se fue llevando a las cajas a la quiebra y con qué operaciones y con qué manejos. Entendemos que no se ha querido. Estamos hablando del saqueo de unas entidades que, en sentido figurado, eran de todos. Nosotros hemos insistido en la conexión del tema que se juzgaba con otros asuntos, como las preferentes, y nos hemos encontrado con el rechazo frontal de los magistrados, que en instrucción no querían ni oír hablar del tema.

P: En el caso Bankia sí se ha abierto una pieza separada respecto a los preferentistas, pero a día de hoy no está avanzando.caso Bankia

R: Yo creo que se ha querido silenciar el debate público, político y jurídico sobre la liquidación y el expolio de las cajas de ahorros, y claro, eso tiene una traducción en la práctica en este procedimiento. Ahora mismo, y que nosotros sepamos, el caso de las preferentes está viviendo el sueño de los justos.

P: Los banqueros se defienden asegurando que una mala gestión de las cajas no implica una actuación delictiva...

R: Sí, de alguna manera dicen eso pero, claro, a la vez se hacen una serie de afirmaciones. Por ejemplo, en la reciente sentencia del caso Novacaixagalicia ha quedado acreditado que los dirigentes estaban actuando en su exclusivo beneficio y a costa de los intereses de la entidad. Decir eso y argumentar que es solo una mala gestión no es compatible. Vulneraron todos los principios aplicables a la gestión empresarial y a la legalidad, que es lo importante, porque aquí no hablamos de buenos o malos empresarios o gestores, aquí estamos hablando de un uso interesado que vulnera los intereses societarios de la entidad.

P: ¿Y qué pasará en los casos que faltan por juzgar, como el de la fusión y salida a bolsa de Bankia?

R: En el caso Bankia, en el que se investiga la salida a bolsa, hay una acreditación muy evidente de que hubo una manipulación de las cuentas, es decir, un intento explícito de ocultación y que, además, usaron esa ocultación para engañar a la gente y captar dinero. Eso más allá de todas las cuestiones que vienen saliendo y que son compartidas en otras muchas cajas, como las operaciones que se hacían que escapaban a toda lógica económica, al menos desde una perspectiva de la gestión.

P: En Bankia se está investigando la fusión y la salida a bolsa, sin hacer piezas separadas por cada una de las operaciones de refinanciación sospechosas...

R: Uno de los peligros que se aprecia en otros casos es que la causa se focaliza en uno de los dirigentes o directivos, que parece un factótum que era capaz de hacer todo eso sin que nadie se diera cuenta. Cuando se habla de Rodrigo Rato y de Miguel Blesa, aunque serían los principales responsables, en realidad no operaron solos. Ahí hubo toda una caterva de altos dirigentes y altos directivos que no eran en absoluto ajenos a lo que estaba sucediendo. Eran perfectos conocedores, en mayor o menor grado. 

Nosotros hablamos de la necesidad de una causa general. Ya que no se trata de múltiples operaciones irregulares aisladas, en realidad no era un problema de estas inversiones, sino que era el diseño, el enfoque y el funcionamiento general de la caja. Por eso hay que esclarecer quién puso en marcha la operativa, cómo se propició y cómo se mantuvo toda esta dinámica.

P: Ustedes han sido la única acusación activa en el caso Caja Castilla-La Mancha...caso Caja Castilla-La Mancha

R: Ese es un caso muy significativo, que ha pasado más desapercibido. Nosotros nos personamos como acusación popular contra los dirigentes, de la órbita del PSOE de esta comunidad, y hay que decir que ahí no ha intervenido ninguna de las acusaciones más que nosotros. Otra acusación que provenía del ámbito político [Partido Popular] se batió en retirada. Y esto es muy expresivo de la tendencia a dejar pasar el problema, porque ya hay decretos de saneamiento del sistema financiero, nuevas entidades, fundaciones bancarias, en las que en algunos casos se ha colocado a los mismos que estaban en las fundaciones bancarias. Ahora mismo todo apunta a que tratan de hacer borrón y cuenta nueva.

P. En España es muy difícil entonces que se dé como en Estados Unidos un caso Madoff, en el que el banquero acaba en la cárcel... caso Madoff

R. En España se ha optado por investigar los pequeños casos. Y por eso las sentencias, de menos de dos años, ni siquiera tienen un carácter de desincentivo de la corrupción, y por eso decimos que si todo esto se cierra así, dentro de cinco, ocho o 10 años, volveremos a hablar de lo mismo en otros ámbitos. Si no hay consecuencias por esquilmar ese patrimonio, algunos estarán dispuestos a seguir adelante porque les saldrá a cuenta.

La Justicia condenó en octubre pasado a cinco ex altos directivos de bancos por su papel en la crisis. En total, el número de banqueros condenados es de 26, y pasarán sumando las penas de todos ellos 72 años en prisión. Esta noticia no se refiere a España, sino a Islandia, un país que ha sabido superar el colapso financiero y depurar las responsabilidades de la caída del sector bancario.

Mientras tanto, aquí, solo nueve exdirectivos de Caixa Penedès y Novacaixagalicia han sido condenados a penas que van de uno a dos años. Pero como ninguno de ellos tiene antecedentes penales, nadie ingresará en prisión.

Se trata en concreto del ex director general de Caixa Penedés Ricard Pagès (2 años); y los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas, condenados a un año de cárcel. Y también José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán; y el expresidente Julio Fernández Gayoso y el abogado Ricardo Pradas, estos dos últimos como cooperadores.

Devolución del dinero

Tanto en el caso de la entidad catalana como la gallega los directivos han sido condenados por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias. Los primeros tendrán que devolver 28,6 millones y 14 los gallegos.

Y en el futuro próximo tampoco habrá cambios significativos en las sentencias previstas, ya que en el juicio que se celebrará en febrero próximo contra el expresidente de Caja Castilla La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó, y contra el ex director general Ildefonso Ortega, la pena máxima solicitada por la Fiscalía Anticorrupción es de dos años y medio de cárcel por un delito societario que habrían cometido al falsear las cuentas de la entidad.

La acusación popular de Adicae pide cinco años de cárcel para Moltó y su número dos, una cifra idéntica a la reclamada por la acusación particular de Banco CCM, hoy Liberbank.

Absolución en la CAM

Pero el caso más sonado, y que muestra las dificultades de la justicia española para condenar las actividades de los banqueros que hundieron a las cajas, fue la absolución de los exdirectivos de la Caja de Ahorros del Meditaráneo (CAM).

Estos banqueros, considerados responsables del mayor agujero del sistema financiero español, pues el Estado español tuvo que consignar 24.000 millones para sanear la caja por 22.400 millones de Bankia, han logrado eludir su primera petición de cárcel.

La Audiencia Nacional exoneró a los exdirectivos de CAM Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés, para los que la Fiscalía pedía cuatro y dos años y medio de prisión, respectivamente, de haber ideado un sistema ilegal de cobro de dietas en una empresa participada de la caja.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional exoneró, además, a los otros 18 presuntos partícipes a título lucrativo de devolver las cantidades que percibieron como miembros de la comisión de control de la empresa Tenedora de Inversiones (TI), que ascendieron a 1,4 millones de euros.

El Supremo revisa la sentencia

No obstante, el pasado 3 de noviembre el Tribunal Supremo deliberó acerca de la conveniencia de repetir el mencionado juicio tras aceptar dos recursos interpuestos por el Fondo de Garantía de Depósitos y la Fundación CAM contra la resolución dictada.

Al margen de la decisión del Supremo, que se dará a conocer en los próximos días, está claro que el resultado de la acción de la justicia española difiere, hasta el momento, de la de Islandia, pero incluso también de la de Estados Unidos. Las autoridades de Washington no dudaron en encarcelar de forma fulgurante al estafador Bernard Madoff, que cumple 150 años de cárcel por la mayor estafa piramidal de la historia: 35.570 millones de euros.

El agujero de la banca española, que según los datos aportados por el Tribunal de Cuentas ha necesitado más de 100.000 millones de euros para evitar la quiebra del sector bancario, es tres veces superior al que supuso la estafa perpetrada por Madoff.

200 banqueros y empresarios imputados

Mientras tanto, la acción de la justicia española sigue con lentitud, pese a que en noviembre de 2013 cerca de 200 exconsejeros de cajas de ahorros y empresarios ligados a las mismas permanecían imputados en toda España por su relación con los presuntos delitos cometidos en el seno de las diferentes cajas de ahorros.

Llama la atención que hasta el momento, y a falta de que los jueces y fiscales vayan cerrando sus investigaciones, los exdirectivos de las cajas solo han tenido que afrontar juicios por la percepción de sobresueldos irregulares. Pero no por su gestión delictiva.

Banco de Valencia, una excepción

Una de las excepciones a este modus operandi de la justicia es el caso Banco de Valencia, que necesitó 17.000 millones de euros antes de ser vendido a Caixabank por 1 euro. Instruido en la Audiencia Nacional por el titular del Juzgado Central de instrucción número 1, Santiago Pedraz, tiene más de 30 imputados.

Desde un principio, y de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado partió el caso en una rama principal, de la que se desgajaron una decena de piezas separadas en las que se investigan operaciones concretas.

Gracias a esta forma de actuar, Pedraz está a punto de cerrar la primera de estas piezas. En concreto, se trata de la relacionada con el agujero que sufrió Banco de Valencia al decidir su anterior cúpula directiva la entrada en el accionario de Aguas de Valencia de la mano de los empresarios Calabuig, cinco de los cuales están imputados.

El pasado octubre Pedraz reclamó a las partes que le indicaran sí tenían alguna diligencia más que solicitar, en lo que parece un claro movimiento previo al cierre de la instrucción.

Además, el juez Pedraz ha citado para esta semana a los primeros peritos del Banco de España que realizaron informes sobre el Banco de Valencia. Y posteriormente tiene intención de citar a declarar como imputados a los directivos de Banco de Valencia que fueron objeto de la querella por parte del abogado Diego Muñoz-Cobo, en nombre de los pequeños accionistas de la entidad (Apabankval).

Andreu no quiere investigar Caja Madrid

Por el contrario, el caso Bankia, instruido por Fernando Andreu, ha seguido derroteros muy diferentes. Iniciado por la querella del abogado Andrés Herzog, hoy máximo dirigente de UPyD, el titular del Juzgado Central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional solo ha querido investigar la fusión y la salida a bolsa de Bankia.

En todo momento el juez ha rechazado asumir investigaciones concretas, como por ejemplo cuando el juez de Madrid Elpidio José Silva, expulsado de la carrera judicial tras encarcelar a Miguel Blesa, le pidió que asumiera la investigación de los créditos del expresidente de la patronal de Caja Madrid, Gerardo Díaz Ferrán, o la compra del City National Bank de Miami. Ambos casos están archivados.

La negativa de Andreu, que también rechazó asumir otra querella interpuesta por UPyD por la gestión de Miguel Blesa en Caja Madrid, y que ahora se instruye en parte en un juzgado de instrucción de Madrid, ha hecho que los diferentes casos se investiguen, de forma individual, por otros jueces. La percepción de sobresueldos irregulares por un valor de 15 millones por parte de Blesa y de su equipo se está instruyendo en un juzgado ordinario de Madrid (Plaza de Castilla).

Además, la propia instrucción del caso ha reducido el número de imputados de Bankia de 36 a cuatro, que son los directivos que han tenido que afrontar junto con Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la fianza de 33,4 millones, que son Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú.

Sin embargo, Andreu sí que asumió, dentro del caso Bankia, la investigación de las tarjetas black. Siguiendo las conclusiones del Ministerio Público, este magistrado acordó el archivo de las imputaciones realizadas en un principio contra los exdirectivos Blesa y Rato. La Sala de lo Penal revocó esta decisión, por lo que tanto los consejeros nombrados por los políticos como la guardia pretoriana de Blesa y Rato permanecen imputados por gastar cerca de 15 millones de euros de forma indebida.

Treinta denuncias de Bankia

Bankia, según la información difundida por la propia entidad, ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción una treintena de operaciones bancarias de los periodos de Miguel Blesa (Caja Madrid), Rodrigo Rato (Caja Madrid y Bankia) y José Luis Olivas (Bancaja, Banco de Valencia y Bankia). Como por ejemplo el caso Grand Coralcaso Grand Coral, heredado por Bankia pero que tuvo su origen en las inversiones realizadas por Bancaja.

Solo en la operación de Grand Coral, que consistió en la compra de terrenos y hoteles en el Caribe mexicano, Bankia perdió alrededor de 200 millones de euros.

Entre estas denuncias presentadas por el grupo BFA-Bankia ante la Fiscalía Anticorrupción se encuentran también las operaciones financieras de Share Capital, Ferrobús y Fuentes de Chiva, cuyo recorrido judicial no ha trascendido.

La asociación de consumidores Adicae, personada como acusación popular en la causa contra los exdirectivos de Novacaixagalicia por las prejubilaciones millonarias, ha decidido no recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que les condenó a dos años de cárcel, según ha confirmado a infoLibre Fernando Herrero, portavoz de la asociación.

La Audiencia Nacional que los exdirectivos de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán y al abogado Ricardo Pradas fueran condenados por un delito de administración desleal y apropiación indebida a dos años de cárcel por el cobro ilegal de prejubilaciones millonarias. Los banqueros tendrán que devolver casi 14 millones de euros, correspondientes a las cantidades que percibieron indebidamente.

Tras conocer el fallo del tribunal, el presidente de Adicar, Manuel Pardos, anunció su intención recurrir el mismo, al considerarlo "una burla a los gallegos, a los consumidores y al conjunto de la ciudadanía".

Cambio de opinión

"No hemos recurrido porque nos parece inconcebible, inaceptable y estrambótico que ante una sentencia que afirma prácticamente que los dirigentes llevaron a la caja a la quiebra la pena sea la que es", asegura el portavoz de Adicae, que ataca al Ministerio Público: "Nos parece estrambótico que la Fiscalía decida no recurrir, y que la acusación particular, que en el fondo no deja de ser el FROB, tampoco".

La decisión de Adicae de no recurrir se justifica, según Fernando Herrero, porque esta asociación de consumidores, que no tiene ánimo de lucro, se expondría con el recurso "a unas costas de seis millones de euros, porque la cuantía del procedimiento son 18 millones, y todo eso para conseguir que en vez de dos años se les condene a tres. No queremos ser el Cid Campeador", se lamenta el portavoz de la asociación, que sentencia: "En esa tesitura hemos resuelto no recurrir, porque no queremos ser el cabeza de turco de la escasa voluntad de la Fiscalía y de la acusación particular. Aunque un aumento tiene su relevancia, porque con más de dos años podrían ingresar en prisión".

Los recursos de los condenados

No obstante, Adicae sí se personará en los recursos interpuestos por los acusados "para que por los menos no se dé el esperpento de una aminoración de la pena que, visto lo visto, no sería descabellado, tal y como está reaccionando el sistema judicial en relación a los delitos de cuello blanco", resalta Fernando Herrero.

"No queremos ser la Fiscalía Anticorrupción, ya que para eso existe este organismo en España, y que es el que debería operar en asuntos de este tipo, sobre todo porque aquí no se ha querido incluir lo que más le interesa a Adicae, que es que se restituyan los perjuicios que se han causado a los afectados, como por ejemplo las preferentes. No tenemos porqué usurpar el papel de la Fiscalía", finaliza el portavoz de la asociación.

La Audiencia Nacional celebrará desde este lunes el juicio contra los cinco exdirectivos de Novacaixagalicia (NCG) acusados de adjudicarse indemnizaciones por valor de 18,9 millones de euros y el abogado que les asesoró en la operación que pergeñaron en plena crisis de las cajas.

La antigua cúpula de la entidad, resultante de la fusión de las extintas cajas de ahorro gallegas Caixa Galicia y Caixanova, se enfrentan a tres años de prisión por modificar sus contratos de alta dirección para poder percibir las prestaciones y a una pena de inhabilitación de otros tres años de inhabilitación para el ejercicio profesional de actividades relacionadas con el sector bancario.

Se sentarán en el banquillo de los acusados el excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso; el que fuera director general de Novacaixagalicia José Luis Pego; el exdirector general adjunto ejecutivo Javier García de Paredes; el exresponsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán, el antiguo gestor de la oficina de integración Óscar Rodríguez Estrada; y el abogado Ricardo Pradas Montilla, quien les asesoró en la mejora de sus contratos y omitió esta información a la Comisión de Retribuciones y al Consejo de Administración.

Los intereses de la entidad

En su escrito de acusación provisional, la Fiscalía Anticorrupción atribuye a todos ellos delitos de apropiación indebida y administración desleal y, alternativamente, estafa, por asignarse rentas vitalicias, mejoras salariales y pensiones millonarias pese a la difícil situación que atravesaba Caixanova, que se hallaba en pleno proceso de fusión con Caixagalicia y que había pedido ayuda al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para capitalizar la nueva entidad.

El Ministerio Público considera autores del delito a Pego, García de Paredes, Gorriarán y Rodríguez Estrada y cooperadores necesarios a Pradas y a Fernández Gayoso, quien, como copresidente de Novacaixagalicia y "máximo gestor" de la entidad, debería haber actuado con la "mayor diligencia" para salvaguardar los intereses del banco que dirigía y no "anteponer los intereses particulares" de estos directivos.

Pide, además, a los seis acusados la devolución de 18.915.291 euros que se asignaron fraudulentamente en sus pensiones de jubilación, y una multa de 75.000 euros. Las fiscales Concepción Nicolás y Pilar Melero concretan que Pego se apropió indebidamente de 7,7 millones, Rodríguez Estrada de 691.261 euros, Gorriarán de 4,8 millones y García de Paredes de 5,6 millones.

Anticorrupción detalla que tres de los cuatro directivos –Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán– acordaron, en pleno proceso de fusión de Caixanova y Caixa Galicia, "movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, introducir diversas mejoras en los contratos de alta dirección que garantizaran la liquidación y rentas vitalicias futuras en el caso de producirse su previsible salida de la entidad crediticia tras la fusión".

Cuatro años de prisión

Por su parte, la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae), personada en las actuaciones como acusación popular, reclama cuatro años de prisión así como multas más elevadas, con cuota diaria de 300 euros.

Una vez materializada la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, la entidad fue nacionalizada en 2011, después de efectuarse en ella ajustes contables por los cuales su valor quedó reducido significativamente, contexto en el que abandonaron la institución los directivos de las antiguas cajas.