"Jamás, jamás ha habido nadie de mi gobierno ni nadie de mi equipo imputado por corrupción, y son 30 años, jamás". Esta frase la pronunció el domingo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto en Málaga apelando a su dilatada trayectoria como gestor público, tanto al frente de la Xunta como en sus anteriores responsabilidades en Correos, el Insalud o como conselleiro de Manuel Fraga. Sin embargo, durante su etapa al frente del Gobierno gallego, Feijóo relativizó condenas, obvió imputaciones y evitó perseguir casos de corrupción calificados así en sentencias judiciales.

La condena más significativa por corrupción durante los años de Feijóo al frente de la Xunta fue la del caso Campeón, centrado en la figura del empresario lucense Jorge Dorribo. En 2017, fueron condenados por tráfico de influencias y negociaciones prohibidas el entonces diputado autonómico del PP Pablo Cobián, el director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Joaquín Varela de Limia, y el subdirector de Información Especializada de ese mismo ente dependiente de la Conselleria de Economía, Carlos Silva.

En el caso Campeón, el propio Feijóo avaló que la Xunta no acusase a los tres cargos políticos a pesar de que sí que pidió penas contra otros nueve empresarios implicados. Lo hizo en contra del criterio de la Fiscalía, que había solicitado actuar contra todos ellos igual.

Según su visión del caso, Feijóo defendió que sus altos cargos podrían ser responsables de "una mala gestión", pero no consideró la "responsabilidad penal". Su visión fue un error y resultaron condenados. Pero el entonces líder del PP gallego no cesó su defensa de los delincuentes. Tiempo después, el propio presidente incluso llegó a hacer un reconocimiento público y expreso al director del Igape condenado, durante un acto institucional por el aniversario del organismo.

En la misma línea de inacción institucional, la Xunta tampoco presentó acusación en el caso Retablo, en el que fueron condenados por soborno en 2017 dos técnicos de la Consellería de Cultura y de la entidad que gestionaba el Xacobeo. Se trató de una trama vinculada a la rehabilitación de arte sacro financiada con fondos públicos, por la que se movieron cientos de miles de euros. El caso se saldó con la aceptación por parte de la Xunta de un acuerdo por el que dos técnicos autonómicos condenados vieron rebajadas sus penas a multas de solo 2.000 y 720 euros, respectivamente. “Delinquir no sale barato”, valoró Feijóo entonces.

Feijóo también negó este domingo que alguno de los miembros de sus gobiernos haya estado imputado. Sin embargo, sí que lo estuvo al comienzo del mismo el entonces conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández. Aunque el caso terminó en nada, siendo conselleiro fue imputado por falsedad documental por unos hechos ocurridos años antes, cuando trabajaba en la Diputación de Pontevedra y certificó como acabada una obra que no lo estaba, hecho que permitió a la Administración pagar a la empresa.

A esta lista se suman otros muchos altos cargos, como la entonces directora de Infraestructuras y posterior conselleira Ethel Vázquez, también imputada en la causa del caso Campeón.

Pero Feijóo también tiene en su pasado como presidente de la Xunta diversas declaraciones en las que relativizó casos de corrupción. Lo hizo con sus altos cargos, negó que el PP estuviese condenado por corrupción en el caso Gürtel y presentó al expresidente andaluz José Antonio Griñán como "víctima" cuando fue condenado por el caso de los ERE.

“Siento lo de Griñán porque no me parece una persona corrupta”, dijo en 2019. Según el líder conservador, el expresidente andaluz, condenado por corrupción, fue "víctima del aparato del PSOE" y "víctima de una sistemática del PSOE para mantenerse en Andalucía".

Además de estas declaraciones y de sus renuncias a perseguir delitos desde la Xunta, el Gobierno gallego también rechazó durante los años de presidencia de Feijóo que en Galicia se pudiese crear una Fiscalía Anticorrupción.

La Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) detuvieron este martes a Juan Manuel Vidal Padín, alias El Burro, considerado uno de los mayores capos gallegos de la droga. Las fuerzas de seguridad llevaban tres décadas tras sus pasos, pero no habían conseguido pillarlo. Las cosas empezaron a cambiar en noviembre de 2019, cuando se incautaron en la playa de O Foxo (Pontevedra) del primer narcosubmarino transoceánico de Europa. Bautizado como Che, su rastro llevó hasta una organización colombiana que había transportado más de tres toneladas de cocaína hasta la ciudad de Leticia, en la entrada del río Solimões. De allí, en lanchas rápidas, se hizo llegar la mercancía a la zona de Santarém, más allá de Manaos, ya en Brasil, en plena Amazonia, donde se cargó en el narcosubmarino que cruzó el Atlántico rumbo a Galicia. Detrás de ese alijo, la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación de Colombia situaron entonces a Juan Manuel Vidal Padín. Así lo revelaron los Narco Files, la investigación internacional coordinada por el consorcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), con el apoyo de CLIP (Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas), que publicaron en España infoLibre y Narcodiario en noviembre de 2023.

De hecho, la DEA solicitó en 2021 a Colombia que interceptara las comunicaciones de El Burro, sobre el que habían puesto el ojo los policías del país sudamericano. Un año antes, las autoridades de Bogotá ya habían empezado a investigar las empresas que Vidal Padín, con un pie en ese país desde hacía años, utilizaba para sus negocios ilícitos junto con un socio colombiano y familiares de ambos. Habían montado, aseguraban los investigadores colombianos, “una organización orientada al tráfico de estupefacientes, valiéndose de semisumergibles, partiendo de Colombia, cruzado el Atlántico, hasta llegar a España”.

En marzo de 2023, fue hallado otro semisumergible, el Poseidón, de 23 metros de eslora, medio hundido cerca de Vilaxoán, en la Ría de Arousa, y abandonado por sus tripulantes tras descargar casi cinco toneladas de cocaína. La policía española enseguida lo relacionó con Juan Manuel Vidal Padín. El martes, los agentes lo detuvieron junto a otras cuatro personas. También registraron sus empresas Invermar, una firma náutica, y Hermanos Vidal Padín, dedicada al comercio al por mayor de pesca y marisco, según informaron Faro de Vigo y La Voz de Galicia. En sus naves, la policía encontró una narcolancha con cuatro motores y otra a medio construir.

infoLibre trató de contactar con Vidal Padín a través de varias de sus empresas, sin éxito.

La operación se ha desarrollado sólo unos días después de otra en la que se registraron una docena de viviendas y locales de Noia y Bertamiráns (A Coruña), Vilanova de Arousa, A Estrada y Portonovo (Pontevedra). Se decomisaron dos planeadoras más, así como moldes para construirlas. Hubo cinco detenidos en un primer momento. El operativo se vincula con la aparición de dos narcolanchas abandonadas en las playas de Espiñeiredo y O Rial, en el municipio coruñés de Ribeira, en febrero de 2023, sólo unos días antes de que fuera hallado el Poseidón al otro lado de la ría. Del cerco policial escaparon, no obstante, dos lugartenientes de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, el histórico capo gallego: José Manuel F. y Francisco Javier P. R.

Sito Miñanco se encuentra en la cárcel a la espera de juicio en la Audiencia Nacional junto con el resto de su organización, que, en teoría, fue desmantelada en la Operación Mito en 2018. Entonces, el capo gallego fue detenido en Algeciras y acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero. El fiscal pide para él 29 años de cárcel. Miñanco tiene ahora 69. De ellos, ha pasado entre rejas casi una tercera parte: fue condenado en 1993 a 20 años de prisión por un delito contra la salud pública, en 2004 por el mismo delito a 16 años y 10 meses y en 2019 por blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas a tres años y nueve meses de cárcel.

Estas últimas detenciones revelan que el narco gallego sigue vivo, con capos ahora más discretos que los históricos Miñanco –su vida ficcionada fue un éxito de audiencia con la serie Fariña– o el explosivo Laureano Oubiña –que ha escrito sus memorias, pero sin mucho tirón editorial–. Como en el caso de El Burro, han cambiado de operativa y de ruta, y no dudan en cruzar el Atlántico para traer la cocaína siguiendo el curso del Amazonas.

Construyen submarinos –el Che se encuentra expuesto en la Escuela de la Policía Nacional en Ávila–, pero también sus propias narcolanchas, que no son sólo un preciado medio de transporte en Barbate (Cádiz). Hay que recordar que fueron los narcos gallegos los primeros que presumían de su pericia para navegar por las rías de noche y sin luces esquivando las lanchas del Servicio de Vigilancia Aduanera. Queda por ver si la detención de algunos de sus hombres en Bilbao y Gijón estos como resultado de estas últimas operaciones no es un indicio de que los narcos gallegos han decidido extender su campo de acción más al norte, primero a las Rías Altas y luego al Cantábrico.

Aunque, en el caso de Vidal Padín, lo cierto es que no ha dejado de estar en el radar de la policía, los jueces, los medios de comunicación y hasta de Hacienda desde los años 90. Incluso ha estado a punto de ser llevado ante los tribunales en varias ocasiones. Y fue denunciado por la Agencia Tributaria por fraude fiscal en 2012. Porque tan importante como su actividad delictiva ha sido la empresarial. Es dueño de un buen número de sociedades, la mayoría dedicadas a la náutica. Pero no solo eso. De hecho, fueron unas conversaciones de El Burro grabadas por el SVA las que pusieron a la Policía sobre la pista de Jorge Dorribo, el empresario lucense que incriminó al exministro de Transportes José Blanco en la que luego se conoció como Operación Campeón.

La instrucción de la causa, un fraude de subvenciones y cohecho a cambio de comisiones, se prolongó durante seis años, pero se cerró con penas menores para la decena de procesados. El caso contra el ministro socialista había sido archivado por el Tribunal Supremo antes, en 2013. Dorribo, dueño de los laboratorios Nupel, aseguró que se había reunido con José Blanco en una gasolinera de Lugo y que había pagado 200.000 euros a un primo del ministro para acelerar gestiones en los ministerios de Hacienda y Sanidad.

En esa causa, sin embargo, no apareció Juan Manuel Vidal Padín, pese que Dorribo le había ofrecido ayuda para solicitar subvenciones al Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). Tanto un exdirector como un subdirector de ese organismo dependiente de la Xunta de Galicia fueron condenados a seis meses de multa y un año de suspensión de empleo público. Además, Dorribo había comprado dos yates a través de El Burro y los había puesto a nombre de su esposa, pero eran utilizados por el presunto narco para su ocio.

Vidal Padín consiguió desarrollar sus negocios a la vista de todos durante años, pese a la perenne sospecha que le rodeaba. Pero han sido los submarinos, precisamente su operativa más osada, los que finalmente ha hecho posible reunir pruebas suficientes a ambos lados del Atlántico para detenerlo.

En sus 30 años en política, Alberto Núñez Feijóo nunca ha sido acusado en un sumario de corrupción. Ni siquiera ha llegado a tener la condición de imputado, que implica la obligación de declarar acompañado de un abogado ante la posibilidad de ser acusado de la comisión de delitos. Durante su carrera, sin embargo, sí se ha visto interpelado por numerosas investigaciones relacionadas con la corrupción que, en última instancia, no han llegado a salpicarle.

La relación del nuevo presidente del PP con la corrupción sigue desde hace décadas una pauta reconocible. Primero, negar los hechos o minimizarlos, tanto los que afectan a su persona como a su gobierno o a su partido. Después, racanear información sobre su posible participación —hay numerosos ejemplos en el Parlamento de Galicia— y, en alguna ocasión, mantener contra viento y marea la honorabilidad de cargos públicos condenados. Lo que sigue es una relación de los principales ejemplos. 

Este ejemplo es paradigmático. Dos altos cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), un organismo autónomo clave en el reparto del dinero con el que la Xunta riega a los empresarios gallegos, y un diputado autonómico del PP fueron condenados en 2017 como parte de una trama de concesión ilegal de préstamos y subvenciones públicas por valor de varios millones de euros. La Xunta ni se personó como acusación particular y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, no solo defendió a los condenados sino que incluyó el nombre del director del Igape condenado por la justicia entre los responsables del instituto a los que homenajeó en el 25º aniversario de la institución. De eso hace poco más de tres años.

José Manuel Baltar, el barón ourensano y presidente de la Diputación provincial —que heredó de su padre— ganó el congreso del PP en Ourense de 2012 gracias a que su progenitor enchufó ilegalmente en la diputación provincial dos años antes a 104 personas que le eran afines políticamente y alteró así el censo del partido. Feijóo prefirió mirar para otro lado y no sólo no pidió responsabilidades, a pesar de que el derrotado en aquel congreso fue su propio candidato, sino que mantiene a Baltar hijo como el máximo representante del PP en Ourense. 

Las fotos que prueban la estrecha y duradera amistad entre Feijóo y Marcial Dorado, primero contrabandista y después narcotraficante, tienen una derivada que afecta a la Xunta. Varias empresas de Dorado se beneficiaron de contratos públicos en la década de los noventa, en pleno apogeo de la relación entre ambos. Pero nunca pudieron ser investigadas, pese al interés de los partidos de la oposición, porque gran parte de los expedientes “fueron destruidos” después de “una inundación”, según el Gobierno de Feijóo.

Feijóo firmó en 2012, poco antes de las elecciones, un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex con el que prometió millares de empleos y la construcción en Galicia de tres buques tanque, un atunero, un barco de apoyo a plataformas petrolíferas, dos quimiqueros, varios remolcadores, la renovación de parte de la flota azteca e incluso la instalación de una terminal de hidrocarburos en el Puerto Exterior de A Coruña. Todo quedó en una polémica adjudicación y construcción de dos floteles y en la adquisición de los astilleros de Barreras, que acabaron quebrando. Su interlocutor en aquella operación fue Emilio Lozoya, entonces director general de Pemex y hoy encarcelado por orden de Fiscalía de México imputado por los delitos de lavado, asociación criminal y cohecho. El nombre de Lozoya apareció también vinculado a las tramas de sobornos entregados a través de la constructora brasileña Odebrecht y a un caso de blanqueo de capitales en su propio país.

La empresa gallega Monbus, el segundo transportista de pasajeros de España, se gastó casi medio millón de euros en regalos para políticos y altos funcionarios de toda España entre 2006 y 2014. De esa cantidad, casi 400.000 euros eran botellas de vino, y de las más caras. La mayor parte de la factura corresponde a cajas de Vega Sicilia, de hasta 878 euros. La nómina de los agasajados va desde el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y su número dos y sucesor in péctore, Alfonso Rueda, hasta el exministro de Fomento José Blanco, el senador del PP José Manuel Barreiro, y la senadora Pilar Rojo. Feijóo recibió 2.300 euros en vino del empresario, todavía pendiente de juicio por un delito de falsedad documental, otro contable y un tercero de blanqueo de capitales, pero las diligencias abiertas sobre los regalos fueron archivadas. En aquel momento el presidente gallego aseguró haberse enterado por la prensa, pero “viendo que este tipo de cuestiones” de cortesía “empezaban a tener distintas interpretaciones”, anunció la aprobación de “un código ético” para regular los regalos que reciben los políticos.

Feijóo tampoco aclaró nunca cuál era la relación que mantenía con su amigo Francisco Ramón de Lucas, conocido como Pachi Lucas, señalado como conseguidor de contratos públicos por uno de los cabecillas de la Operación Zeta y vinculado estrechamente al PP. Ocurrió en 2016 y el presidente gallego se limitó a decir en el Parlamento que sus “amigos son los intereses generales de Galicia”. Aquella trama, archivada provisionalmente en 2018, tenia como supuesto objetivo defraudar millones de euros en subvenciones y adjudicaciones públicas de formación y empleo con una multitud de entidades y empresas incluso ficticias.

El actual presidente del PP, como le ocurría a su antecesor, Pablo Casado, no se siente interpelado por las tres sentencias condenatorias que acumula su partido en materia financiación ilegal. Sobre la última, dictada hace apenas unos días por la Audiencia Nacional condenando al partido que preside a título lucrativo, aseguró que ni la había leído ni le “preocupa”.  “Hace 20 años me estaba afiliando al PP”, añadió tratando de desmarcase de unos hechos sobre los que no tiene nada que decir a pesar de ser el presidente del partido. No posee, dice, “ninguna información”. 

Su línea de defensa sobre este asunto siempre ha sido la misma: la culpa es de Luis Bárcenas. “No fue un tesorero muy ejemplar y eso pudo contaminar al PP”, declaró cuando se produjo la primera sentencia. Y se considera, en todo caso, absuelto por los votantes gallegos: “Llevan 12 años preguntando, yo contestando y, lo más importante, los gallegos decidiendo”. Tampoco se siente interpelado por el hecho de que uno de los cabecillas de la trama, el exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, confesase que el 75% del presupuesto electoral con el que los populares encadenaron mayorías absolutas en la época de Fraga era dinero negro.

A la hora de hablar de la operación montada desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para destruir pruebas en poder de Bárcenas que pudieran incriminar al PP, Feijóo sólo tuvo palabras para defender al entonces presidente, sobre cuya honorabibilidad no tiene “dudas”, declaró. Como en otras ocasiones, trató de poner distancia con los hechos alegando que ha pasado mucho tiempo, aunque todo sucedió en 2013: “Ni las épocas ni los hechos tienen que ver con la situación actual”, alegó. Un argumento que se le olvida cuando él mismo alude a los ERE, el caso que afecta a la gestión del PSOE en Andalucía, como hizo esta misma semana en una entrevista y que se remontan a los primeros años del siglo.

La Audiencia Nacional condenó en octubre al Partido Popular como responsable civil subsidiario de Bárcenas por pagar con dinero negro las obras de rehabilitación de la sede que el partido posee en la calle Génova de Madrid. Pablo Casado llegó a ordenar su venta, antes incluso de la sentencia, para marcar distancias con un inmueble que los ciudadanos asocian a prácticas corruptas. “No debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales”, declaró en febrero de 2021. A Feijóo esto le da igual. La venta del edificio, explicó hace apenas unos días, depende solo de razones financieras, pero no de la necesidad de desmarcarse de la corrupción.

En plena denuncia de supuestas irregularidades en la comisión que el hermano de Isabel Díaz Ayuso había cobrado por un contrato de suministro de mascarillas en plena primera ola de la pandemia, encabezada por el líder del PP, Pablo Casado, Feijóo se puso del lado de la presidenta madrileña. Desde el primer momento. Negando que hubiese nada que investigar y afirmando que es “una persona honorable” que va “a defender porque no” le “presenta dudas su honorabilidad”.

El primer presidente de un Gobierno de coalición PP-Vox, Alfonso Fernández Mañueco, tiene abierto desde hace tiempo un frente judicial en Salamanca para averiguar si existió financiación ilegal del partido durante las elecciones primarias que celebró en 2019 al ingresar en el banco cuotas impagadas por los militantes para que pudieran votarle. El caso está en manos de un juez que ha imputado al PP, al presidente provincial y a la gerente del partido. Fiel a su estrategia de mantenerse al margen, Feijóo ni siquiera ha opinado sobre este asunto. El lunes, después de su investidura, elogió su liderazgo y su capacidad de ofrecer “estabilidad, responsabilidad y gestión”. 

El escándalo de las mascarillas y otros materiales sanitarios, algunos de ellos en mal estado, pagadas a precio de oro por el Ayuntamiento de Madrid a dos proveedores que contactaron con la corporación gracias a la ayuda de un pariente del alcalde y que después gastaron sus millonarios e instantáneos beneficios en coches deportivos, un yate y una vivienda de lujo es, para Núñez Feijóo, una cosa de “pillos”, no un problema de gestión del dinero público. “Ha habido pillos durante la pandemia. China era una especie de casa de subasta. Improvisamos mucho”, aseguró para justificar al alcalde, José Luis Martínez Almeida. El asunto que Feijóo considera una pillería está siendo ya investigado por los tribunales a la vista de que hay indicios de la comisión de supuestos delitos de estafa, falsedad y blanqueo.

Alberto Núñez Feijóo inicia a la inversa el camino que recorrió Manuel Fraga cuando dejó la Presidencia del PP estatal para aspirar a la de la Xunta. Lo hará casi dos décadas y media después y tras derogar durante sus trece años de mandato buena parte de las leyes que había impulsado su antecesor. Un revisionismo —o “reformismo”, como lo califica el propio Feijóo— que supuso aplicar con éxito dispar una agenda liberal-conservadora presentada a veces como socialdemócrata. Estos son los 13 hitos que resumen las principales zonas oscuras de sus 13 años de gobierno en Galicia.

Tras la dura campaña electoral de 2009 contra el gobierno de coalición PSdeG-BNG, una de las primeras políticas que revirtió Feijóo nada más llegar a la presidencia fue la que planificaba un sector eólico con participación pública y proyectos industriales ligados a los aerogeneradores. El nuevo gobierno del PP anuló a finales de 2009 el denominado concurso eólico que estaba en marcha y lo sustituyó por un nuevo proceso de reparto de parques. 

Años después el Tribunal Supremo condenó las ilegalidades cometidas tanto en la anulación del concurso previo —por el que aún se siguen pagando indemnizaciones— como en el nuevo proceso que se abrió a continuación. Más de una década después, la política eólica sigue siendo de las más polémicas que desarrolla la Xunta, con sucesivas sentencias que condenan su gestión.

Uno de los pilares de la estrategia de oposición del PP de Alberto Núñez Feijóo al Gobierno de coalición de PSdeG y BNG consistió en señalar una supuesta “imposición” del gallego en Galicia. Lo hizo especialmente desde que, en 2007, aquel Ejecutivo aprobó un decreto que fijaba un “mínimo” del 50% de las materias escolares en lengua gallega, norma que desarrollaba a su vez el Plan General de Normalización aprobado por unanimidad en tiempos de Fraga y que había sido inicialmente apoyada por los populares.

De la mano de grupos minoritarios que caricaturizaban Galicia como una especie de dictadura lingüística, Feijóo prometió derogar aquel decreto y, en el penúltimo día de 2009, presentó el texto llamado a sustituirlo, una nueva normativa para “pasar” del supuesto “monolingüismo” y la “imposición” en las aulas a la “normalidad”, la “cordialidad” y el “trilingüismo”. Aseguraba también el entonces nuevo presidente que su decreto gantatizaba que los padres iban “a decidir” sobre la presencia de castellano y gallego en la enseñanza, pretensión que después fue tumbada por la Justicia.

La famosa “casilla en el sobre de matrícula” prometida por Feijóo para que padres y madres condicionaran el idioma de la enseñanza no llegó nunca a entrar en vigor, pero sí el resto de la norma a partir del curso 2011-12. Culminaba así el primer retroceso en la protección legal de la lengua gallega en la historia de la autonomía, contradiciendo el espíritu de la Ley de Normalización Lingüística, que señala el carácter “progresivo” de la recuperación del uso del idioma. Desde entonces, la Xunta evita divulgar los resultados de sus evaluaciones sobre el resultado del decreto y, al mismo tiempo, Feijóo desdeña las consideraciones de entidades que, como el Consejo de Europa, reclaman la “inmediata” eliminación de las “limitaciones a la docencia en gallego”. “Allá los autores del informe”, aseguró al ser preguntado al respecto en 2019.

En mayo de 2011 fueron detenidos el director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Joaquín Varela de Limia, su subdirector de Información Especializada, Carlos Silva, y varios empresarios, entre ellos Jorge Dorribo, en el marco de una investigación por presunto fraude en subvenciones públicas. El Igape es una entidad que depende de la Xunta y que es clave en el reparto de ayudas públicas. Comenzaba el caso Campeón, que finalizaría en 2017 con la condena por corrupción de Varela de Limia, Silva y del diputado autonómico del PP Pablo Cobián.

Feijóo no sólo defendió que sus cargos públicos únicamente habían realizado una “mala gestión” pero no tenían responsabilidad penal, sino que avaló que la Xunta, que participó en el proceso judicial, no formulara acusaciones contra ninguno de ellos y se centrara exclusivamente en los empresarios implicados. Un año después de que la sentencia por corrupción fuese firme, el presidente gallego reconoció expresa y públicamente al exdirector del Igape condenado.

El Pleno de la Diputación de Ourense hizo efectivo el 26 de enero de 2012 el relevo de quien había sido su presidente desde 1987, José Luis Baltar, por su hijo Manuel. Tres años antes el padre ya había cedido a su vástago el mando del PP provincial en lo que supuso la primera gran derrota interna de Feijóo desde su llegada a la presidencia del partido y de la Xunta. Fue en un congreso en el que los Baltar vencieron al candidato de Feijóo, Juan Manuel Jiménez Morán, tras enchufar el padre ilegalmente en la Diputación a 104 personas próximas al partido.

Por aquellos hechos Baltar padre acabaría en 2014 condenado por prevaricación, pero Feijóo ya no volvió a dar la batalla por el control de una provincia que tanto le ha facilitado unos resultados electorales indispensables para sus sucesivas mayorías absolutas, pero que también se ha enfrentado a decisiones de la Xunta como la de intentar cerrar la sala de partos del hospital de Verín hace dos años. 

El domingo 31 de marzo de 2013 el diario El País reveló la amistad que Feijóo mantuvo durante años, en la década de los noventa, con Marcial Dorado, entonces conocido contrabandista y posteriormente condenado por narcotráfico. El entorno del presidente intentó presentar aquello como unas fotos puntuales sacadas de contexto, aunque las imágenes probaban una amistad duradera entre el político popular y el contrabandista y revivieron toda una época de connivencia entre el PP y las actividades delictivas en la costa gallega.

A pesar de la polvareda que supuso aquella información, y de que quedaron cuestiones sin aclarar como los posibles contratos entre empresas de Dorado y el Servicio Galego de Saúde o qué delegado del Gobierno de España le alertó de la existencia de las fotos, los populares dieron por amortizada la polémica con la siguiente mayoría absoluta, en 2016. 

El mismo día en que Feijóo presentó el texto de su decreto “del plurilingüismo”, el 30 de diciembre de 2009, el Consello de la Xunta aprobaba sin hacerlo público destinar un millón de euros a un informe de la consultora KPMG sobre la fusión de Caixa Galicia con Caixanova, las dos principales entidades financieras de Galicia. Poco después y aunque no lo era, el Gobierno gallego presentó un resumen de los resultados de aquel trabajo como una “auditoría” que “avalaba” la fusión. En noviembre de 2010, el propio Consello tramitó un informe de apenas cinco páginas autorizando una operación que también tenía el visto bueno del Banco de España.

Nacía así Novacaixagalicia, una nueva caja de ahorros marcada por la “solvencia” y la “galleguidad”, había defendido la Xunta, pero que duró como tal apenas unos pocos meses. A mediados de 2011, las nuevas normas estatales forzaron su bancarización transfiriendo su negocio al nuevo Novagalicia Banco, que a su vez acabaría precisando de un rescate estatal del que el Banco de España da por perdidos unos 9.000 millones de euros. El Gobierno de España, entonces presidido por Mariano Rajoy, decidió vender la entidad por la vía rápida y así, a finales de 2013, se la adjudicaba al grupo venezolano Banesco por mil millones de euros.

De aquella compra salió la actual Abanca, que entró en beneficios poco después de comenzar a operar. Mientras, en el Parlamento, la comisión de investigación sobre la fracasada fusión de las cajas está a punto de cumplir ocho años, cinco de ellos completamente paralizada. En la actualidad el bloqueo continúa.

A finales de agosto de 2015, el astillero Navantia llevaba a cabo en Ferrol la botadura de uno de los dos floteles (hoteles flotantes) que la petrolera mexicana Pemex encargó y construyó en las rías gallegas. El 9 de febrero del presente año, en una comparecencia pública, el presidente de México, Andrés López Obrador, señalaba que el “contubernio” de los negocios de la petrolera estatal azteca en Galicia apadrinados por la Xunta resultaron claves en su crisis con España.

Lo hacía casi una década después de aquel 24 de mayo de 2012 en el que el telediario de la TVG interrumpió su emisión para conectar en directo con la sede de la Xunta y retransmitir la firma del acuerdo con Pemex. Entonces se prometieron millares de empleos y la construcción en Galicia de tres buques tanque, un atunero, un barco de apoyo a plataformas petrolíferas, dos quimiqueros, varios remolcadores, la renovación de parte de la flota azteca e incluso la instalación de una terminal de hidrocarburos en el Puerto Exterior de A Coruña. Pero todo quedó en una polémica adjudicación y construcción de dos floteles y en la adquisición de los astilleros de Barreras, que acabaron quebrando. De por medio, una estela de promesas incumplidas, investigaciones judiciales y del propio Gobierno mexicano, litigios, sospechas, sombras y muchas dudas aún por resolver. 

La extradición del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, detenido en España e impulsor, de la mano de la Xunta, de sus principales negocios en Galicia, y su colaboración con la Fiscalía mexicana estrechó aún más el cerco. El Ministerio Fiscal investiga si los negocios de la petrolera en Galicia debieron ser llevados a cabo o si hubo algún aspecto irregular en ellos, al igual que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), que llevan tiempo investigando la fracasada colaboración entre la Xunta y la empresa mexicana. 

En marzo de 2016 el Tribunal Supremo tumbó la decisión que tomó la Xunta en 2009, poco después de la llegada de Feijóo a la presidencia, de retrasar la durante mucho tiempo postergada reforma del principal sistema de transporte público de Galicia: el autobús. Fue entonces cuando el Gobierno gallego inició un polémico proceso de reestructuración de líneas y servicios que aún ahora está llegando a su final y cuya valoración habrá que hacer dentro de unos años.

Mientras, como con gobiernos anteriores, la apuesta principal de los ejecutivos de Feijóo tanto a través de sus Presupuestos como en sus discursos públicos siguió siendo la construcción de infraestructuras, con todo tipo de promesas incumplidas y relegando a un segundo nivel el debate sobre los servicios y la movilidad que esas obras públicas podrían facilitar. Un foco en las inversiones por encima de la gestión de los servicios que tiene en la alta velocidad ferroviaria uno de los ejemplos más claros y recientes, con las principales obras —ahora sí— ya finalizadas pero con una similar indefinición a la de hace una década en relación con la configuración futura de la red gallega y de sus servicios sin que hasta ahora supusiera para el Gobierno gallego un motivo de especial preocupación.

El domingo 15 de octubre de 2017 la mayor ola de incendios de la última década arrasó con miles de hectáreas en toda Galicia y acabó con la vida de cuatro personas. El fuego puso en evidencia de manera dramática el abandono progresivo del rural y la mala planificación territorial a pesar de años de propaganda oficial y sucesivas reformas parciales de las normativas de montes e incendios o urbanísticas. 

Las cifras de hectáreas quemadas, no obstante, disminuyeron notablemente en los años siguientes mientras la respuesta de Feijóo era culpar a supuestos terroristas que la Fiscalía no fue capaz de encontrar. También anunciar nuevas leyes de incendios, de ordenación territorial o de impulso del rural. Pero, al mismo tiempo, la Xunta siguió flexibilizando la ocupación del territorio y defendiendo la primacía de proyectos urbanísticos o empresariales sobre otras consideraciones. Haciendo la vista gorda en la aprobación de planes municipales, por lo que fue condenada por la justicia en varias ocasiones, defendiendo el aumento de las plantaciones de eucaliptos y que la papelera Ence siga ocupando terreno público costero de la ría de Pontevedra autorizando ilegalmente parques eólicos o minas a pesar de su impacto ambiental.

El 11 de febrero de 2009, cuando acababa de explotar el caso Gürtel, Mariano Rajoy compareció ante la prensa en la sede central del PP para, rodeado por múltiples dirigentes del partido —entre ellos sus barones territoriales— asegurar que aquello no era más que una “trama contra el PP”. Alberto Núñez Feijóo pudo evitar aquella incómoda fotografía porque estaba en plena campaña electoral en Galicia pero también logró esquivar la cuestión siempre que fue interrogado sobre ella. Incluso cuando las preguntas se referían a Pablo Crespo, el número dos de la trama, antiguo secretario de organización del PP en Galicia y miembro del consejo de Portos de Galicia en la etapa de Feijóo en la Consellería de Política Territorial, de la que dependía la entidad en aquellos años.

La onda expansiva de la Gürtel se volvió a cruzar en el camino político de Feijóo en 2018 cuando la Audiencia Nacional dictó la sentencia sobre la conocida cómo primera época de la trama, condenando a sus principales líderes y certificando la financiación del PP con dinero negro desde su fundación. El presidente de la Xunta, que había reducido todo el caso a que Luis Bárcenas “no fue un tesorero muy ejemplar y eso pudo contaminar el PP”, pasó a estar en el centro del escenario después de que, el 1 de junio de aquel año, la moción de censura presentada por el PSOE como respuesta a la sentencia puso fin al Gobierno de Mariano Rajoy. 

Como es sabido, buena parte de las miradas internas se volvieron entonces hacia Feijóo como el mejor colocado para la sucesión. Pero, en una comparecencia que desató la euforia en el seno del PP gallego, renunció a concurrir a la elección interna porque, según sus propias palabras, aún faltaba más de media legislatura en Galicia y “fallar a los gallegos” sería tanto como fallarse a sí mismo.

Nunca en la historia de la autonomía el PP tuvo una jornada de resultados electorales tan mala como la que vivió en 2019 y cuyos efectos aún se mantienen en buena parte de las instituciones. En las elecciones generales de abril los populares perdieron por primera vez unos comicios en el global de Galicia y se vieron superados por el PSdeG. En la repetición de las generales de noviembre volvieron a ser la fuerza más votada, pero empataron a escaños con los socialistas y perdieron de nuevo ampliamente frente a la suma de fuerzas de izquierdas.

De por medio, en mayo, tras años de sucesivos cambios impulsados personalmente por el propio Feijóo en las candidaturas municipales de las principales ciudades, las últimas elecciones locales celebradas hasta el momento, hicieron de Arteixo (poco más de 30.000 habitantes) el ayuntamiento gallego de mayor tamaño con alcalde o alcaldesa del PP. Los populares vieron cómo no sólo no podían gobernar ninguna de las siete ciudades gallegas sino que Baltar cedía la alcaldía de Ourense a Gonzalo Pérez Jácome, líder de una formación antisistema y a quién Feijóo había calificado como “letal” para la ciudad, a cambio de conservar la presidencia de la Diputación provincial, la única de las cuatro aún en manos del PP. Solo la cuarta mayoría absoluta de Feijóo en las elecciones gallegas celebradas un año más tarde logró mudar la tendencia, pero constató el debilitamiento de los populares especialmente en la provincia de Pontevedra.

Cuando el Servicio Galego de Saúde confirmó el primer caso de la covid en Galicia, a principios de marzo de 2020, hacía apenas un mes que Alberto Núñez Feijóo había confirmado la convocatoria de las elecciones gallegas para el 5 de abril, el mismo día en el que el lehendakari Urkullu había llamado a las urnas en Euskadi. Aquella convocatoria electoral quedó sin efecto mediante un inédito proceso de desconvocatoria tras el cual llegaría una nueva llamada a las urnas, finalmente para el 12 de julio.

Este contexto preelectoral es imprescindible para entender buena parte de los movimientos de Feijóo y de su Ejecutivo en las primeras semanas de la pandemia, marcadas por los rifirrafes con el Gobierno de España. Desde los reproches por la falta de material sanitario como mascarillas y batas de protección hasta las discusiones por la duración del estado de alarma, pasando por la afirmación de que el gabinete de Pedro Sánchez “había fracasado” en la lucha contra la pandemia cuando había pasado menos de un mes de su inicio o ligar a la gestión de la Xunta la menor incidencia del virus en Galicia en aquella primera ola.

Una vez pasadas las elecciones —con otra mayoría absoluta para el PP—, los enfrentamientos continuarían a cuenta de, por ejemplo, los criterios de reparto de las vacunas, aunque los datos acreditaran que Galicia recibió las que le correspondían en cada fase del proceso, o la aplicación y retirada de las diversas restricciones para intentar contener los contagios. Esa pugna pre y postelectoral se transformó en una especie de ruido de fondo, tanto mientras el virus causaba entre la población gallega un impacto relativamente menor al de otros puntos de España en términos de mortalidad como cuando Galicia destacó positivamente en todos los indicadores de vacunación.

Desde 2009 hasta hoy, Galicia ha perdido más de 33.000 empleos industriales y sufre una debacle en el sector que no se detiene. El lento desmantelamiento de la industria eólica y de todo lo vinculado con los molinos de viento ahondó especialmente la crisis que padece el norte gallego. El cierre de Vestas y Gamesa se sumó al de muchas otras empresas en los últimos años. 

No sólo en en lo eólico, obviamente. Las amenazas y cierres parciales y definitivos que pesan sobre gigantes como Alcoa —en A Coruña y en A Mariña—, la crisis del naval, el anunciado desmantelamiento de la central térmica de As Pontes —ahora reactivada temporalmente por la crisis energética— y otras muchas empresas importantes en crisis certifican la ausencia de políticas y modelos industriales alternativos ante los cambios que exigen, desde hace tiempo, la lucha contra el cambio climático y los nuevos horizontes económicos.

La captación de fondos europeos para novedosos y sostenibles proyectos, liderada por una sociedad de mayoría privada que encabeza Abanca, es ahora mismo la esperanza para una reactivación plasmada en la polémica ley del mismo nombre, con la que Feijóo pretende desregular permisos ambientales y subvenciones a empresas y empleo público. Con ella la Xunta permitirá, por ejemplo, que sean empresas privadas las que evalúen las alegaciones de los ciudadanos contra proyectos con impacto ambiental.

La repercusión de estos trece hitos de Feijóo en Galicia fue dispar en el debate político y social gallego. En parte por un sistema de medios de comunicación condicionado en el sector privado por la publicidad y el reparto discrecional de dinero de la Xunta y en el sector público por el control político de la CRTVG que desde hace cuatro años tiene su principal foco de crítica en el movimiento Defende A Galega. Son las dos vertientes de la política de comunicación de un ejecutivo que ha prestado una especial atención a su proyección pública por encima de otras consideraciones.

Con este equipaje Feijóo pone rumbo a Madrid y deja una Galicia que es hoy más pequeña que cuando empezó a presidirla en 2009, si se atiende a lo que solo en los últimos años viene siendo identificado por el presidente como el principal problema de su tierra, el demográfico. Si hace 13 años había 2.767.000 personas viviendo en Galicia, según la última cifra oficial equivalente ahora son 2.695.000, unas 70.000 gallegas y gallegos menos.

Sin embargo, hasta hace dos años la Xunta no decidió dar al problema el máximo rango político e impulsar una ley específica para combatirlo. Su resultado aún está por ver. Pero no serán las políticas demográficas de Feijóo una carga para quien lo suceda ahora o en los próximos años. “Por responsabilidad”, dijo él mismo, su ley demográfica, lo que él considera el gran hito de sus últimos años al frente de la Xunta, no concreta medidas porque no quería “hipotecar” a los gobiernos que le sucedan cuando inicie su carrera en Madrid.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado al principal acusado de la Operación Campeón, el empresario lucense Jorge Dorribo, a cinco años y 11 meses de prisión, como había acordado con Fiscalía, que en un principio pedía 19 años, ha informado Europa Press.

Dorribo aceptó también multas económicas que ascienden a más de seis millones de euros por delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documentación mercantil, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

El fallo, hecho público por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y recogido por Europa Press, fija, además, para Javier Rodríguez —de la empresa Proitec—, el único acusado que no llegó a acuerdo con el Ministerio Público, una pena de cuatro y nueve meses de prisión como cómplice de un delito de fraude de subvenciones intentado y otro de fraude de subvenciones de fondos europeos consumado. Sin embargo, tiene en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas.

Por estos delitos, establece, además, el pago de una multa de 2.572.000 euros. Lo hace después de que fuese el único de los 13 acusados por esta operación —que investigó supuestas concesiones irregulares de subvenciones públicas a través de la firma farmacéutica Nupel— que no llegó a un acuerdo.

En ese momento, y antes de la celebración del juicio, su abogado José Luis Fiuza, insistió en la inocencia de su cliente. También planteó la nulidad del proceso.

Otros acusados

Para los demás acusados, la Audiencia recoge las condiciones de su acuerdo con Fiscalía. Así, otros que llegaron a acuerdos fueron el socio de Dorribo en Nupel, Arsenio Méndez, con dos años de cárcel —se pedían más de diez—y el pago de más de dos millones de euros en multas por delitos contra la Hacienda pública, contables y de insolvencia punible.

También el exdiputado del PP Pablo Cobián, quien aceptó ocho meses de prisión por un delito de tráfico de influencias, la inhabilitación para cargo público durante dos años y tres meses, así como una multa de más de 45.000 euros.

Por su parte, para los ex altos cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) Joaquín Varela y Carlos Silva se imponen multas de más de 2.000 euros para cada uno y un año de suspensión de empleo o cargo público por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.

Contra la exdirectora de financiación del Igape Cristina Quintela se retiró la acusación. Otro de los socios de Dorribo, Carlos Monjero (Proitec) ha sido condenado a diez meses de prisión. El resto de los acusados que han llegado a acuerdos aceptaron meses de prisión inferiores a un año, recogidas ahora en el fallo.

Investigación de 2011

La Operación Campeón, iniciada en mayo de 2011 bajo la instrucción de Estela San José, investigó a varios cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), junto con el empresario lucense Jorge Dorribo y su socio en Nupel, entre otras personas, por supuestas concesiones irregulares de subvenciones a través de esa firma farmacéutica lucense.

Además, el caso salpicó también a altos cargos políticos de varios partidos, alguno eximido de responsabilidades, como fue el caso del exministro José Blanco.

Doce de los trece acusados en la Operación Campeón,que investiga supuestas concesiones irregulares de subvenciones públicas a través de la firma farmacéutica Nupel, han llegado a acuerdo con la Fiscalía tras finalizar la vista previa, celebrada este martes en la Audiencia Provincial de Lugo, a la apertura de juicio oral.

Entre ellos se encuentra el principal procesado de la trama, el empresario lucense Jorge Dorribo, que ha aceptado cinco años y 11 meses de prisión —inicialmente se pedían hasta 19 años—, así como multas económicas que ascienden a más de seis millones de euros por delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documentación mercantil, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

Solo un acusado no ha llegado a pacto, Javier Rodríguez, de la empresa Proitec, quien pedirá la nulidad de la causa. Su abogado, José Luis Fiuza, en declaraciones a los medios de comunicación finalizada la vista, recogidas por Europa Press, ha insistido en la inocencia de su cliente, quien busca "defender su honestidad".

De este modo, el juicio oral se tendrá que celebrar igualmente el próximo 24 de octubre —a falta de la resolución previa de la nulidad pedida por Javier Rodríguez—, pues solo se habría suspendido si todas las partes hubieran pactado con la Fiscalía.

La Operación Campeón, iniciada en mayo de 2011 bajo la instrucción de Estela San José, investigó a varios cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), junto con el empresario lucense Jorge Dorribo y su socio en Nupel, entre otras personas, por supuestas concesiones irregulares de subvenciones a través de esa firma farmacéutica lucense que dirigía el principal procesado. Además, el caso salpicó también a altos cargos políticos de varios partidos, alguno eximido de responsabilidades, como fue el caso del exministro José Blanco.

Acuerdos de penas

Así, entre los que han llegado a acuerdo está el que era socio de Dorribo en Nupel, Arsenio Méndez, con dos años de cárcel —se pedían más de diez— y el pago de más de dos millones de euros en multas por delitos contra la Hacienda pública, contables y de insolvencia punible.

También se encuentra el exdiputado del PP Pablo Cobián, quien acepta ocho meses de prisión por un delito de tráfico de influencias, la inhabilitación para cargo público durante dos años y tres meses, así como una multa de más de 45.000 euros.

Por su parte, para los exaltos cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) Joaquín Varela y Carlos Silva se imponen multas de más de 2.000 euros para cada uno y un año de suspensión de empleo o cargo público por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. Contra la exdirectora de financiación del Igape Cristina Quintela se ha retirado la acusación.

Otro de los socios de Dorribo, Carlos Monjero (Proitec) ha sido condenado a diez meses de prisión. El resto de los acusados que han llegado a acuerdos aceptan meses de prisión inferiores a un año.

"Todos los acusados han obtenido la respuesta adecuada"

El fiscal del caso, Roberto Brezme, ha destacado —en declaraciones posteriores a la vista a los periodistas— que "lo importante es la respuesta penal que tiene cada uno de los acusados", de forma que "todas las personas que estaban acusadas han obtenido la respuesta adecuada".

Además ha concretado que la fiscalía ha tratado de "condicionar cualquier tipo de informe favorable de la suspensión o sustitución de las penas que se han pedido al esfuerzo de todos los acusados por reparar el daño causado".

Esto ha implicado "consignaciones o ingresos de cantidades económicas relevantes para dar respuesta a los intereses de la víctima", en este caso el Igape, dependiente de la Xunta de Galicia, ya que se trata de "fondos públicos sustraídos".

Defensa de Javier Rodríguez

Por su parte, el abogado Luis Fuiza alega que la tramitación de los delitos que se le imputan a Javier Rodríguez "no ha sido la correcta, pues esta tendría que haberse llevado a cabo por la Ley de Tribunal de Juzgado". Así, sostiene que han existido diferentes nulidades y cuestiona la actuación de Vigilancia Aduanera, que intervino las conversaciones telefónicas de las que se desprenden los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y tráfico de drogas.

Fiuza aseguró en la vista que "las acusaciones se basan en estas conversaciones, que no denotan ningún delito, por lo que es imposible acreditarlos". A esto añade que la investigación vulnera la Constitución y que no se dan ninguno de los "tres requisitos" del delito de tráfico de influencias —que existan un particular y un funcionario público, y que se ejerza influencia sobre este último—. En lo tocante al presunto delito de blanqueo de capitales, Fiuza insiste en que tiene el "convencimiento de que Vigilancia Aduanera es consciente de que no existe".

En esta línea, el abogado ha afirmado que "falta motivación en el acto de acusación", y que su cliente "se limitaba a recibir información sobre una posible asociación con empresarios catalanes en esas conversaciones". Asimismo, ha criticado que en los delitos que se le imputan "no hay conexión", mientras que la causa ha sido "tramitada de forma anacrónica".

La Fiscalía acusa en este asunto a 13 personas, la Xunta a nueve y la Agencia Tributaria sólo a una, el empresario Dorribo. El juez pide para este último una fianza de 621.610 euros y, para otras diez personas encausadas, un total de 3,9 millones a repartir entre todos ellos, informa Europa Press.

Se trata de una resolución firme contra la que no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Ahora los investigados tienen un plazo para presentar sus escritos defensa.

El principal delito que se ha perseguido es el fraude contra la Hacienda Pública, aunque también se han investigado falsedad en documento mercantil, soborno, blanqueo de capitales, delito contable e insolvencia punibles.

El empresario lucense Jorge Dorribo está acusado de cometer varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, delito continuado de cohecho, blanqueo de capitales, delito contable y delito de insolvencias punibles. El sumario le considera el cerebro del entramado diseñado para cobrar subvenciones públicas.

La Xunta y la Agencia Tributaria también mantienen sus respectivas acusaciones contra Dorribo, entre ellas, por varios delitos contra la Hacienda Pública.

El Ministerio Fiscal también acusa a los exaltos cargos del Igape Joaquín Varela de Limia y Carlos Silva. La Fiscalía acusa a Carlos Silva, que era subdirector del Igape, de varios supuestos delitos contra la Hacienda Pública, al igual que a Joaquín Varela de Limia, que era director general del instituto de crédito. Además, el Ministerio Público acusa al exdiputado del PP de varios delitos contra la Hacienda Pública y un delito de tráfico de influencias y cohecho.

Sin embargo, la Xunta, de la que depende el Igape, no formula acusación contra los dos exaltos cargos nombrados durante el primer gobierno de Alberto Núñez Feijóo, así como tampoco lo hace contra el exdiputado popular Pablo Cobián, quien dejó su escaño en el Parlamento de Galicia al trascender la investigación.

Por otro lado, también siguen encausados dos socios de Arsenio M.P. y Carlos M.A., así como Marcos I.P., que estaría vinculado con las supuestas facturas falsas, junto con José Manuel E.F., que ayudaría en sus tramitaciones a Dorribo. Además, Javier R.D. –vicepresidente de Proitec, una de las empresas de la trama, junto con Nupel–, Cristina Q.S., Araceli G.G., María Isabel F.P. y María Inmaculada A.T. también se sentarán en el banquillo.

La fidelidad es una virtud muy sobrevalorada, al menos en todo lo que está más allá de la pareja y los amigos, que unas veces encubre el miedo a cambiar y otras consigue que no sea fácil saber dónde acaba la coherencia y empieza el fanatismo. En el territorio del deporte, esa clase de respaldo incondicional se llama amor a los colores; en el de la política, se llamaba militancia. Sin embargo, de un tiempo a esta parte ha sido tan descomunal la desvergüenza con que algunas formaciones han saqueado a los ciudadanos mientras hacían ondear sus banderas, que resulta extraño que haya quien aún las pueda apoyar, porque eso supone hacer por razones ideológicas lo que no harían en ningún otro caso: si te atracan a punta de navaja en medio de la calle o entran en tu piso y lo desvalijan, pongamos por caso, no te importa si el ladrón es de derechas o de izquierdas: vas a la policía y lo denuncias. En estos tiempos dominados por los usureros de guante blanco, hay una pregunta que se repite en muchos lugares y va de boca en boca: ¿cómo es posible que haya todavía alguien que secunde al PP, que ha sido devorado por la corrupción y en estos cuatro años siniestros le ha amargado la vida a la mayor parte de los españoles? La respuesta es que no sólo lo hay, sino que en junio volverá a ser el partido más votado. No le servirá para seguir en el poder y muy probablemente se le volará otro millón de papeletas, además de los cuatro que se le fueron en las últimas elecciones, pero aún en ese caso, resulta muy notable que en esta regata en aguas revueltas vaya a ser el barco-pirata con más agujeros el que llegue en primer lugar a la meta, justo unos instantes antes de hundirse.

Claro que en realidad, quienes bailen esa noche bajo los balcones pagados con dinero negro de la calle Génova, más que a nado tendrán que llegar allí o a cualquier otra sede de los conservadores a lo largo y ancho de toda España, corriendo una carrera de obstáculos. Si viven en la Comunidad Valenciana, tendrán que sortear a los más de ciento cincuenta cargos públicos del PP implicados en la trama Brugal, acusados de cometer delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias, o de la trama Gürtel y sus derivaciones, el caso FITUR, el caso Emarsacaso Emarsa, que usó las depuradoras para limpiar veinticuatro millones de euros, el caso Cooperación, donde se metían en el bolsillo las ayudas de la Generalitat destinadas al Tercer Mundo, o el caso Acuamed, referido a las contrataciones fraudulentas que otorgaron a determinadas empresas para realizar obras hídricas y medioambientales. El último capítulo, por ahora, de esta interminable sucesión de escándalos llega de Calp, cuyo alcalde le acaba de adjudicar a la empresa Grupo Alfa 5, SL, de la que es administradora solidaria su suegra, un contrato de publicidad institucional en radio, por treinta y seis mil euros. Hace poco, dio su aval para que se le concediesen también a su madre política otros dos millones de euros para la construcción de un par de rotondas en la carretera N-332, que el azar ha querido que pasen justo por unos terrenos de los que ella es propietaria. ¿O estas cosas no son cuestión de suerte?

Si viven en la Comunidad de Madrid, los votantes del PP tendrán que pasar por alto a los setenta y dos imputados de la trama Gürtel, la trama Púnica y los papeles de Bárcenas. O no darse por enterados de las informaciones sacadas a la luz por infoLibre acerca la empresa de Esperanza Aguirre y su marido, Savial S.L., que recibió más de cuatro millones de subvenciones públicas, se jugó tres en la Bolsa y a la que los bancos le comían de la mano hasta tal punto que seguían dándole créditos mientras declaraba unas deudas con ellos de casi siete millones. Que la condesa de Bornos y de Murillo fuera la presidenta regional, puede que también fuese una simple coincidencia.

Quienes le den su confianza al PP en las urnas y tengan su casa en Galicia, deberán cerrar los ojos a los diecisiete imputados por la Operación Pokémon y el caso Campeón. Los residentes en las islas Baleares, tendrán que hacer como que no saben que los jueces han llevado al banquillo a cuarenta cargos del partido por los casos Palma Arena, Bonsai, Cañellas, Andratx, Inestur, Scala, Bitel o el de la Funeraria Palma, en el que se cometieron irregularidades en la facturación de tumbas que nos recuerda que estos individuos no se detienen ni al llegar al más allá, algo que certifica un nuevo pastel recién descubierto, el del diputado del PP y antiguo alcalde de La Vall d'Uixó, en Castellón, que hizo cavar sepulturas ficticias y grabar lápidas con nombres inventados para favorecer a determinados vecinos.

Ayudar a las gaviotas de Rajoy y compañía a remontar el vuelo, sólo se puede hacer en las islas Canarias olvidándose del caso Faycán y el caso Catis, que cuenta con veinticinco imputados. En Castilla y León, hay que hacer oídos sordos a los setenta y ocho casos de corrupción que se investigan en la zona, como el de la Ciudad del Golf, y en Murcia a todo lo que se sabe del caso Umbra, que reúne otros quince imputados. Y aquellas personas que estén empadronadas en alguna localidad de Andalucía deberán hacerse los desentendidos con el caso Troya, uno de los que ha puesto de moda en nuestro país la palabra cohecho. O ampararse en los ERES del PSOE, lo mismo que si un clavo torcido pudiera sacar a otro.

“La esperanza que pende sobre la ciudad / sopesa si alcanzar a los hombres”, dice el escritor francés Michel Houllebecq en su más reciente libro de poemas, Configuración de la última orilla, recién publicado en España por Anagrama. El problema es que tal vez con ella ocurre lo mismo que con la fidelidad: probablemente está muy sobrevalorada; o al menos eso es lo que nos parece a los partidarios de la acción, los que preferimos ir a por las cosas que esperar a que lleguen, porque hemos aprendido a golpes que el camino está lleno de intermediarios y de salteadores. Así que conviene ocuparse en persona de nuestros propios asuntos, porque es el mejor modo de impedir que tenga razón el autor de Las partículas elementales y Sumisión cuando dice que “cualquier futuro es necrológico”. Quizá lo sea desde el punto de vista de la biología, pero es que querer a un país es intentar hacerlo cada vez un poco mejor para los que vengan después de nosotros, para cuando ya no estemos aquí. Justo lo contrario de lo que hacen esos que lo quieren sólo para sí mismos. Poner la mano en el fuego por ellos os hará cómplices de todo lo que después reduzcan a cenizas las llamas.

El exministro de Fomento José Blanco no se presentará finalmente a las primarias de los socialistas gallegos, que se abrirán a partir del lunes, pese a haberse liberado del peso de su imputación por el caso Campeón, en un auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocido este mismo jueves. 

Blanco avalará al candidato favorito, el presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, según adelantaron a infoLibre fuentes próximas al propio Besteiro y confirmó después en rueda de prensa el propio exministro: "No me presentaré a las primarias en Galicia. Es más, en conversación con Besteiro, le dije que el próximo 22 de julio, el día en que empieza la recogida de avales, yo quería ser su primer avalista".

La carrera culminará el 7 de septiembre, cuando todos los militantes del PSdeG puedan elegir a su secretario general. Después, un congreso extraordinario, el 29 de septiembre, ratificará el resultado. Besteiro parte con gran ventaja. Esta misma semana, el exministro de Justicia Francisco Caamaño también renunció a competir para apoyar al presidente de la Diputación de Lugo y secretario provincial del PSOE. En principio, mañana viernes anunciará sus intenciones Pachi Vázquez, el líder del PSdeG. 

Durante su comparecencia ante los medios en el Congreso, Blanco recordó que ya en noviembre de 2011, pasadas las elecciones generales y cuando ya le acechaba el caso Campeón, señaló que no iba a estar "en primera línea política". "Reitero lo que dije. Hoy lo ratifico". Añadió, eso sí, que para él, tras ser archivada la causa por el Supremo, "empieza un tiempo nuevo" para él. 

"Han sido casi dos años duros, difíciles"

El exministro y hoy diputado por Lugo mostró su "satisfacción" por el sobreseimiento de la causa, lo que deja claro que fue "injustamente acusado" y "víctima de un infundio político que ha fracasado". "Esto ha concluido, a Dios gracias. La verdad se ha abierto camino", subrayó, recalcando que él siempre defendió que las acusaciones que se vertieron sobre él eran "absolutamente falsas" y que colaboró con la Justicia desde el primer minuto. "Siempre he tenido total confianza en el Estado de derecho [...]. Esto debería servir para que el infundio deje de ser un instrumento político".  El "infundio" al que Blanco se refería eran las acusaciones que le dirigió en 2011 el empresario gallego Jorge Dorribo, principal imputado en el caso Campeón. Dorribo dijo que el exportavoz del último Gobierno socialista había cobrado 200.000 euros por haber hecho gestiones a su favor ante los ministerios de Sanidad y Hacienda, hechos que se probaron falsos. Fue El Mundo quien sacó el asunto a la luz, pero Blanco evitó entrar al ataque. Mostró su "profundo" respeto a los medios: "Creo en la libertad de prensa y cada uno es responsable de su línea editorial". 

"Han sido casi dos años duros, difíciles, muy difíciles", reflexionó, especialmente para su familia, sus amigos, sus compañeros, su partido y para él mismo, pero en todo este tiempo ha recibido "muestras de confianza y de apoyo", incluso de dirigentes del PP, aunque no dio nombres de nadie, ni de los que confiaron en él ni de los que le pagaron con el desafecto. A todos les agradeció su respaldo. "Me han servido para mucho, y también a mi familia". Eso sí, "nada puede reparar el daño causado". 

Pese a los sinsabores, el diputado confesó haber sacado algunas conclusiones, como reflexionar sobre la importancia de la presunción de inocencia. Ahí aprovechó para pedir disculpas si alguna vez se entendió que él no la había respetado con sus contrarios. 

Blanco, visiblemente eufórico y relajado durante su comparecencia, aprovechó para mostrar la "gratitud" hacia el PSOE, cuya dirección siempre avaló todos y cada uno de sus pasos. "Siempre estaré para ayudar a mi partido. Pero mi tiempo de estar en primera línea ha concluido. Lo que voy a hacer a partir de mañana mismo es irme de vacaciones a Galicia", que hacía "años" que no podía disfrutarlas "intensamente", por sus obligaciones en el partido y en el Gobierno y, en 2012, por el agobio del caso Campeón. 

Fin del caso Campeón para José Blanco. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estimó el recurso de la defensa del exministro socialista de Fomento y, en un auto firmado y conocido este jueves, acordó archivar las actuaciones que se tramitaban contra él por un delito de tráfico de influencias.

El juez instructor de la causa en el Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, había propuesto el pasado 7 de junio a la Sala de lo Penal del alto tribunal que tramitara el suplicatorio al Congreso de los Diputados para juzgar a Blanco por un delito de tráfico de influencias, dado que el extitular de Fomento es diputado por Lugo y, como tal, aforado. El ex vicesecretario general del PSOE presentó entonces un recurso de apelación y ahora el TS le da la razón, más de un año y medio después de que la causa llegara al Alto Tribunal y después de que se desmontaran por el camino las acusaciones de prevaricación y cohecho. Blanco siempre defendió que sólo dejaría su escaño en caso de que el TS abriera juicio oral, situación que finalmente no se ha producido. Alfredo Pérez Rubalcaba, actual líder del PSOE, ha apoyado esa postura en todos estos meses, igual que su número dos, Elena Valenciano. Blanco, por su parte, se consideró "injustamente acusado" y "víctima de un infundio político que ha fracasado".  

Los tres magistrados que firman el auto, Carlos Granados, Joaquín Giménez y Andrés Martínez, se quejan de la "larga instrucción" y explican por qué corrigen a Soriano y disponen el archivo de la causa por tráfico de influencias, el único delito que sería perseguible y que quedaba en pie a estas alturas. Las indagaciones se refieren a la supuesta presión que Blanco ejerció sobre el alcalde de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), del PSC, para que otorgase al empresario José Antonio Orozco, amigo del exministro y vicepresidente de Azkar, la licencia ambiental necesaria para construir una nave industrial cerca del aeropuerto de El Prat. Una presión que el instructor consideró "determinante", porque ya había habido dos informes anteriores negativos firmados por el técnico responsable. Los jueces del Supremo, en cambio, sostienen que mediar simplemente para gestionar una entrevista no es delictivo.

Soriano se apoyaba en las conversaciones telefónicas entre Blanco y Orozco y a las de este último y un empleado suyo y terceras personas, en las que "alardea" de sus contactos con el entonces ministro. Sin embargo, la Sala del TS se centra en los testimonios del alcalde de Sant Boi y el técnico. Este dijo que en efecto había informado desfavorablemente en dos ocasiones, pero que en su tercer dictamen la nave "ya cumplía los requisitos que se habían exigido", y que de hecho había hecho una "visita sorpresa" en la que constató un "error" sobre la ubicación de la nave y del parking. "Su declaración es extensa y de la misma no resulta irregularidad alguna", alegan los magistrados. El regidor, por su parte, negó en su declaración del 26 de marzo de 2012 que hubiera participado en la concesión de licencias. "Ambos han testificado sobre su respectiva actuación en el expediente y declaran que ninguno de ellos fue influenciado, sugerido o forzado en su respectiva actuación administrativa". La Sala incide en que esos dos testigos niegan las "afirmaciones nucleares" del auto de Soriano. 

Hechos "no subsumibles" bajo el tráfico de influencias

Los magistrados recuerdan en su escrito que el técnico emitió el tercer informe cuando había comprobado que se habían resuelto las deficiencias y que no recibió "instrucción alguna" del primer edil de Sant Boi o de otra persona para que relajasen los requisitos al empresario. 

Después, analizan las conversaciones telefónicas. En unas, Orozco se dirige a Blanco para que intermedie y contacte con el alcalde, y le hace llegar las "discrepancias existentes entre las peticiones de licencia y los informes municipales". En otras, las mentenidas por el empresario y un empleado sobre "los errores del Ayuntamiento" y la "necesidad" de corregirlo. Y las últimas, entre desconocidos y amigos de empresario en las que jacta de "relaciones personales" con Blanco. Los magistrados señalan que esas conversaciones "no acreditan" que hubo tráfico de influencias. Más aún, que lo que afirmó el instructor de que el cambio de posición del técnico es "injustificado y sorprendente" "carece de base probatoria alguna", pues los testimonios fueron expresivos de la "regularidad" con la que se tramitó el expediente. 

Blanco solicitó, a través de su secretario de Estado Isaías Táboas, que un alcalde, "que no tiene competencia directa para la concesión de licencias de funcionamiento industrial de naves", recibiera a Orozco, que pedía la entrevista para manifestar el "retraso" en la tramitación. "Estos hechos –dice la Sala– no son subsumibles en el tipo penal del tráfico de influencias". 

"La motivación de la resolución fue técnica"

El TS recuerda que la jurisprudencia reclama que para que se hable de tráfico de influencias se necesita que la presión sobre un funcionario busque "alterar" el proceso, lo que excluye las meras solicitudes de información o gestiones amparadas en su adecuación social". Añade que el tipo penal exige que no valga cualquier gestión hecha por un superior, sino sólo aquella en la que la posición de superioridad "se utiliza de modo desviado, ejerciendo una presión impropia del cargo". Y, por último, "late siempre un interés espurio por ejercer la influencia sobre función o autoridad". 

En la causa "se constata que la motivación de la resolución fue técnica, y así lo expresa tanto el alcalde como el técnico responsable del informe, y además, que el contenido del contacto telefónico es el de procurar una visita de un empresario al alcalde para poner en conocimiento unos hechos que entendía el empresario estaban erróneamente valorados por el Ayuntamiento, lo que el propio técnico constata y pone de manifiesto en su declaración". Por tanto, la "causalidad" entre la gestión de la entrevista que promovió Blanco y el informe valorable "carece de soporte probatorio en la indagación judicial". 

"El actuar que se incrimina, mediar para convenir una entrevista entre un alcalde y un particular que actúa en interés propio de una empresa, sin sugerir, ni ofrecer una alteración de la resolución en los términos que se señalan en la jurisprudencia, no cubre la tipicidad del delito objeto de la instrucción judicial, por lo que procede estimar la apelación respecto al delito de tráfico de influencias" y archivar la causa definitivamente, concluye el auto. 

Se cierra así un caso que saltó a las puertas de las elecciones generales de noviembre de 2011, cuando el empresario gallego Jorge Dorribo, presunto cerebro de la trama Campeón, de fraude de subvenciones, declaró ante el juez que había sobornado a Blanco para que le hiciera favores ante los ministerios de Sanidad y Economía y Hacienda. Acusaciones que nunca se corroboraron en la investigación. 

"Convencido" de su inocencia

A Rubalcaba le pilló la noticia hoy en Santa Cruz de Tenerife, apenas pocos minutos antes de que diera comienzo su rueda de prensa con el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero. El secretario general, preguntado por los periodistas, se alegró primero por Blanco y por "su familia".

Luego recordó que siempre puso "la mano en el fuego" por el exministro, desde que estallara el caso en 2011, porque estaba "convencido" de que era "inocente". "Ahora el Tribunal Supremo me ha dado la razón", subrayó, satisfecho. La número dos, Elena Valenciano, escribió en su página de Facebook: "Siempre creí en él". Otra prueba del apoyo firme de Ferraz. 

Sobran ejemplos, pero podemos centrar el foco en los últimos días y en estas mismas páginas. infoLibre y su mensual tintaLibre han venido publicando la investigación realizada por Alexánder Sequén-Mónchez sobre el tamayazo diez años después de aquel golpe civil. Los documentos manuscritos por el tránsfuga Eduardo Tamayo y el testimonio de su excompañera en Renovadores por la Base, María Teresa Sáez, son elementos suficientes para que instancias judiciales y políticas (también los medios de información) actúen para esclarecer de una vez por todas la implicación en la trama de los empresarios y políticos señalados con nombres y apellidos.

Los sobresueldos de Génova

También hemos publicado la identidad de los cien dirigentes del PP que recibieron más de 28 millones de euros entre 2006 y 2011 en forma de retribuciones que en la mayoría de los casos son claramente incompatibles con la Ley Electoral. La explicación oficial, que pretende hacer pasar por dietas y gastos de representación unas cantidades fijas cada mes, insulta a la inteligencia. Entre los mejor pagados, además del propio presidente Mariano Rajoy y de algunas personas de su directa confianza, figuran cinco implicados en la trama Gürtel, que han seguido cobrando religiosamente del partidocinco implicados en la trama Gürtelreligiosamente mientras entraban y salían de los juzgados. A nadie sorprendería ya que continuaran haciéndolo.

Y faltaba una historia de espías, documentada en infoLibre por Alicia Gutiérrez. La contabilidad oficial del PP balear refleja pagos en 2010 a una agencia de detectives. En esa misma fecha, el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach, que acababan de destapar el caso Palma Arena que puso fin a la carrera del “ejemplar” Jaume Matas y del que luego se desgajaría la investigación a Iñaki Urdangarin, se sintieron espiados. Preguntado por tal coincidencia el que entonces era secretario general del partido en las islas y hoy es diputado en el Congreso, Miquel Ramis, reconoce que contrató a los espías, pero dice que no se trataba de espiar al juez y al fiscal sino vigilar los viajes de “dos o tres diputados socialistas”. ¡Sin complejos! Con tanta naturalidad que añade: “Pero si hubiéramos tenido que hacerlo [¡poner detectives a un juez y a un fiscal!] pues a lo mejor lo hubiésemos hecho”.

Investigación necesaria

Este reconocimiento oficial debe ser suficiente para abrir una investigación a fondo sobre lo ocurrido, y cabe esperar que se interponga la denuncia correspondiente. Resulta muy sospechoso el esfuerzo que en las últimas horas está haciendo el propio Ramis por matizar que no investigaron a “diputados” como había dicho sino a “altos cargos”. Lo cierto es que los indicios de seguimiento a Castro y a Horrach fueron tantos que ahora sabemos que la Policía les ofreció contravigilancia.

El mayor agujero que sufre la democracia es el de la credibilidad. Recuperarla obliga a drenar y limpiar a fondo la ciénaga. Si desde la política alguien cree que se puede tapar la Gürtel con los ERE (o viceversa) o los sobresueldos del PP con el caso Campeón, es que vive en otro planeta. El ventilador no funciona. Se atascó con tanta porquería. No todos son iguales, aunque muchos hagan enormes esfuerzos por parecerse. Como tampoco puede meterse en el mismo saco a los jueces que impulsan una investigación (caiga Matas o caiga Urdangarin) y a los que enterraron el tamayazo en el fondo de la ciénaga. Ni es justo igualar a los periodistas que compran la primera versión oficial del partido afín con quienes dudan acerca de todo e intentan cumplir su obligación desde la independencia (que no es neutralidad ni equidistancia). Lo peor que puede pasar es que, una vez más, no pase nada.

La duda tuitera:

Eso fue todo lo que este viernes dijo el líder de los socialistas a preguntas de los periodistas. La noticia de que el juez que instruye el caso Campeón en el Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, pedía a la Sala de lo Penal que trámite el suplicatorio al Congreso para poder investigar al exministro de Fomento y ex vicesecretario general del PSOE por tráfico de influencias llegaba en plena rueda de prensa de Rubalcaba con el presidente del SPD alemán, Sigmar Gabriel. El jefe de los socialistas fue prevenido y se esperaba que la prensa le inquiriese por este asunto. Lo que hizo simplemente fue ratificar su posición.

¿Y cuál era? Cuando la Fiscalía pidió a la Sala de lo Penal del Supremo que reclamara el suplicatorio, el propio Blanco hizo declaraciones públicas el pasado 12 de marzo. Y dijo que sólo renunciaría a su escaño como diputado si el TS cerrara la instrucción y decidiera abrir juicio oral contra él. Sostuvo que era lo normal, que "lo sorprendente" era que tras su declaración "voluntaria" ante el Supremo no se hubiera solicitado el trámite a la Cámara antes. Rubalcaba avaló en su día esa postura de Blanco y le dio toda la cobertura posible. El exministro siempre ha defendido su inocencia.

Intervención "determinante" en la concesión de la nave

El magistrado instructor estima parcialmente el escrito de defensa del ex número dos del PSOE y retira la inclusión en el suplicatorio del delito de prevaricación, que sí veía la Fiscalía, aunque dice que dependerá del "mejor parecer de la Sala", informa Europa Press. El tráfico de influencias, por el que sí pide investigar, lleva consigo penas de seis meses a dos años de prisión.

En su auto, hecho público este viernes, José Ramón Soriano aduce que la intervención de Blanco fue "determinante" para que el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) cambiase de posición y decidiera otorgar al empresario José Antonio Orozco, amigo del exministro, la licencia ambiental necesaria para construir una nave industrial cerca del aeropuerto de El Prat.

"No es preciso que se especifique en sus detalles la capacidad de influir del ministro y alto cargo del Partido Socialista en una autoridad que pertenece a un partido hermano, habiendo encomendado la realización de los contactos a un secretario de Estado de su departamento, Isaías Táboas, que sí pertenecía al mismo partido que el alcalde de Sant Boi, el PSC", alega Soriano, informa EP. El magistrado alude a las conversaciones recogidas en el caso en las que Orozco hace mención a la ayuda de Blanco para la instalación de la nave. "Su significado gramatical y contextual es bastante claro", asegura.

Recurso ante la Sala

El juez también recuerda que la jurisprudencia ya ha establecido en ocasiones anteriores que la afinidad política y el ejercicio de ciertos cargos públicos puede constituir una forma de presión o de influencia en la persona que finalmente tiene que tomar la decisión. Soriano, en cambio, a diferencia de la Fiscalía, entiende que el exministro no cometió prevaricación y señala que esta, en todo caso, sería imputable al alcalde de Sant Boi, a la Junta de Gobierno.

En un auto separado, Soriano rechaza hacer varias diligencias requeridas por la Fiscalía. Entre ellas, la petición de información a los bancos para justificar ingresos que después fueron empleados por Blanco en la compra de una vivienda.

En el PSOE no sorprendió la noticia. En la cúpula se adelantó tras la comparecencia de Rubalcaba y Gabriel que muy probablemente el exministro recurriría. Y así será. Fuentes jurídidas informaron a Efe de que impugnará la decisión de Soriano ante la Sala de lo Penal, que es la competente para ratificar o no la petición del instructor. 

El magistrado ha estimado parcialmente un escrito de la defensa del exministro y retira la inclusión en el suplicatorio de delito de tráfico de influencias, aunque concreta que este punto dependerá del "mejor parecer de la Sala".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la validez de las transcripciones de las grabaciones realizadas al exvicepresidente del PSOE José Blanco, que está siendo investigado en el marco del caso Campeón. El que fuera también vicesecretario general del PSOE había recurrido la decisión del juez que le investiga de transcribir unas grabaciones, con la intención de que las mismas fueran invalidadas. Pero esta pretensión ha sido denegada ahora porque "tales actuaciones practicadas en esta instrucción tienen soporte judicial".

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que instruye la causa contra Blanco, que es diputado en el Congreso por el PSOE, explica que la Policía Judicial que se encarga del caso tuvo acceso a todo el material: "Como no puede ser de otra manera, en tanto en cuanto debía proceder al análisis del mismo para concluir sus informes. Y es precisamente en ese análisis cuando procediendo a auditar las conversaciones intervenidas descubren que existen pasajes no transcritos y de interés indudable en esta causa, procediendo de inmediato con rigor profesional a dar cuenta a este instructor" transcribiendo la conversación telefónica.

Por eso, el juez José Ramón Soriano Soriano considera que tanto las transcripciones como el cotejo de las mismas "son diligencias válidas amparadas por las resoluciones citadas de este Instructor y no vulneran derecho fundamental alguno".

El juez relata, también, que la Policía no accedió irregularmente y sin permiso al contenido de las comunicaciones intervenidas, tal y como asegura la representación legal de José Blanco: "Sino todo lo contrario, que siendo su deber analizar todo el material fruto de esta instrucción, lo llevó a efecto minuciosamente, pudiendo con ello concluir sus informes".

El exvicepresidente del Gobierno José Blanco ha detectado que el informe realizado por la Policía Judicial, que ha servido de base para que la Fiscalía tramitar un suplicatorio ante el Tribunal Supremo, para imputar al exsecretario de Organización del PSOE los delitos de tráfico de influencias y, en su caso, otro de prevaricación tiene graves irregularidades. "Formalmente, el informe es una desobediencia; en lo material, es una grosería. Sabiendo que el Instructor había denegado por impertinente la prueba pericial sobre el expediente administrativo, la policía lo ha hecho igual, desobedeciendo al Tribunal Supremo".

Esta conclusión forma parte del conjunto de alegaciones presentadas por el representante legal de Blanco, que vuelve a solicitar el archivo de la causa. Para el abogado de Blanco, las irregularidades detectadas en el trabajo policial: “Condenan de nulidad la mayor parte de las diligencias practicadas”, al mismo tiempo que considera que los hechos que se narran en el informe “no constituyen delito alguno”.

Entre estas presuntas irregularidades de lo que califican como "pseudoinforme" destaca, según la defensa de Blanco, "la falacia" de que un empresario había pagado al exvicepresidente una cantidad de dinero. Tampoco es cierto, según esta versión, que Blanco influyera ante el alcalde de Sant Boi de Llobregat para obtener una licencia ambiental favorable a un empresario. "No podemos entender cómo el Fiscal puede sostener tal conclusión, si no es movido por presunciones ajenas a razonamientos jurídicos imparciales".

El letrado de José Blanco argumenta, además, que el exministro socialista no conoce al alcalde Sant Boi ni le ha visto nunca en su vida: "Advertir aquí un tráfico de influencias es una completa fantasía".

El abogado también considera en sus alegaciones que la policía, "en franca desobediencia", llevó a cabo unas pruebas que el el propio juez había prohibido: "Y por medio de un dictamen nulo y cuando la instrucción ya estaba concluida, planteó la tesis de que la licencia era ilegal, algo que ahora, 'in extremis', asume el fiscal".

Pero al margen de la legalidad o no de la actuación policial, la representación legal de Blanco sostiene que no existe ni un solo indicio de que éste influyera ante funcionarios del Ayuntamiento de Sant Boi para alterar el resultado de una licencia, por lo que reitera el archivo de la decisión de la Fiscalía de solicitar que sea imputado y juzgado por el Tribunal Supremo.

Como él mismo decía esta mañana, llevaba sin comparecer en rueda de prensa desde finales de 2011. Hoy José Blanco volvió a responder en rueda de prensa, pero no para anunciar su salida del Congreso. Lo hizo para asegurar que sólo renunciará a su escaño y dimitirá si el Tribunal Supremo, que estudia el caso Campeón, cierra la instrucción y decide abrir juicio oral. caso CampeónHasta entonces, seguirá sentándose en la Cámara baja.

El PSOE comunicó al mediodía que Blanco iba a comparecer en el Parlamento para responder a la petición de la Fiscalía a la Sala de lo Penal del TS de que pida el suplicatorio al Congreso para proceder contra el exministro de Fomento por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, por los que está imputado. La solicitud se conoció este martes. Se preguntó a la portavoz parlamentaria socialista qué iba a pasar, pero Soraya Rodríguez derivó todas las explicaciones a su compañero de filas.

Blanco compareció puntual, a las 13.30 horas. Traía por escrito su intervención. Primero subrayó que si el juez instructor decidía hacer caso a la Fiscalía y pedir el suplicatorio, él requeriría al Congreso que diese su visto bueno. Insistió en que era una decisión esperada. Es más, "lo sorprendente", dijo, es que tras su "declaración voluntaria" ante el Supremo y habiéndose sucedido las investigaciones durante más de un año –el caso estalló en la prensa poco antes de las generales de 2011–, no se hubiera solicitado el suplicatorio con anterioridad.

El otrora todopoderoso número dos del PSOE recalcó que "desde el primer momento" en que tuvo conocimiento de las acusaciones del empresario Jorge Dorribo contra él, centró "todos" sus esfuerzos en "colaborar con la Justicia y esclarecer las falsedades". Así, resumió, se dirigió primero al Juzgado de Lugo, que entonces estaba tramitando la causa, y después al Supremo, que la retomó al ser Blanco aforado.

Sólo reclamó "información"

La Fiscalía, en su auto de 28 folios, descartó la existencia de indicios de cohecho del que le acusó Dorribo, en relación con un presunto pago de 200.000 euros al exministro en una gasolinera de Luigo a cambio de mediar ante el Ministerio de Sanidad.

Pero el Ministerio público sí ve indicios de tráfico de influencias y de prevaricación. El fiscal Manuel Jesús Dolz alude a la relación de amistad de Blanco con el vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco. La investigación se centró en saber si intercedió en la concesión de autorizaciones para la instalación de una nave industrial de Transportes Azkar en unos terrenos cercanos al aeropuerto de El Prat (Barcelona), en Sant Boi de Llobregat.

El exministro recordó que siempre dijo que era amigo de Orozco. Y que sólo solicitó "información" acerca del expediente "atrasado" de la nave industrial, del que dependían "400 puestos de trabajo". "No influí, ni condicioné ni presioné" a "nadie", alegó. En su rueda de prensa, sostuvo que no habló con el regidor de Sant Boi, ni sabía "quién era", pese a que consideraba en todo caso "normal" que como ministro de Fomento se "interesara" por una licencia, más aún cuando el Ayuntamiento de El Prat sí la había concedido. Para apuntalar su argumento, Blanco reseñó que el Consistorio de Sant Boi trasladó al Supremo que se han practicado sucesivas inspecciones a la nave –la última en mayo de 2012–, y se ajustaban a la ley.

El exvicesecretario general del PSOE denunció el procedimiento judicial abierto contra él, pues se han realizado informes "al margen de la autorización del juez instructor", José Ramón Soriano, que "retuercen la verdad para generar dudas y sospechas" sobre su conducta. Su defensa, de hecho, ha recurrido varios pasos, que aún están pendientes de resolución por el instructor o por la Sala de lo Penal.

"No hay auto que dé por concluida la instrucción y no hay comunicación del juez aceptando la petición del fiscal [de pedir el suplicatorio del Congreso]. Y sigue habiendo recursos que hemos planteado y lo lógico es que se resuelvan. Si concluida la instrucción –declaró solemne–, el juez decide la apertura de juicio oral, haré lo que debo hacer: presentaría mi dimisión, mi renuncia como diputado".

Como colofón, reiteró su "confianza" en la Justicia y en que esta dejará "meridianamente claro" que las acusaciones de Dorribo son "total y rotundamente falsas". De hecho, se congratuló de que la Fiscalía no aprecie indicios de cohecho por el episodio de la gasolinera.

Reflexión sobre la presunción de inocencia

Rodríguez sí había anticipado que Blanco había conversado con el presidente del Grupo Socialista y líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. El exministro lo reafirmó. Pero habló con él, dijo, no para preguntarle qué hacer, sino para trasladarle su "decisión" de no dimitir por ahora y pedir el suplicatorio. Decisión que también comunicó a la dirección del partido en Galicia, ya que él es diputado por Lugo desde 1996.

Añadió Blanco que en estos meses en los que ha estado en segunda línea y en el punto de mira por el caso Campeón ha podido "reflexionar" acerca de la presunción de inocencia y de los "excesos" que pudo cometer cuando era número dos del PSOE, cuando pedía la asunción inmediata de responsabilidades políticas a cargos del PP en cuanto se producía una imputación judicial. "Lo he reflexionado bastante y algún día lo haré por escrito en un libro en el que estoy trabajando", concluyó.

La defensa del exministro José Blanco, imputado por el Tribunal Supremo en el caso Campeón, ha entregado diversa documentación en el Tribunal Supremo en la que reconoce que en 2007 el PSOE pagó 101.395 euros para mejorar la seguridad de su vivienda. Los datos aparecen en el recurso presentado por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda contra la decisión del magistrado José Ramón Soriano de dar el visto bueno a la investigación policial de las cuentas del mandatario socialista y de su esposa Isabel Mourenza entre 2006 y 2011, en relación con un desfase en el proceso de compra de su chalé en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Según señala el abogado en su informe, las obras fueron realizadas por la sociedad Trepia 06 Inversiones, SL. La casa fue adquirida en 2006, según el recurso, tres años antes de que Blanco fuera ministro y cinco antes de los hechos investigados en esta causa, en todo caso antes de que el mandatario ejerciera ningún cargo público. Más tarde, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana elaboró un Plan de Seguridad Integral para la vivienda y de las obras efectuadas para poder aplicarlo, que ascendieron a un total de 169.835,60 euros, el PSOE pagó un total de 101.395 euros procedentes de una partida del Ministerio del Interior destinada a tales fines.

A lo largo de su escrito, la defensa insiste en que Blanco tuvo especial cuidado en distinguir las obras relativas a aumentar la seguridad de su vivienda de otras que tenían otro objetivo, y que fueron abonadas por el matrimonio con un coste de 68.440 euros, informa Europa Press. "En consecuencia, ni las obras de la vivienda se hicieron gratis, ni se hicieron sin facturas, ni costaron más de lo facturado, ni hubo pagos no declarados o en B, ni las facturas las pagó un tercero con un supuesto interés espurio", asegura la defensa de Blanco.

Añade que tampoco se detecta ningún motivo para poner en cuestión el coste, pago, contabilización y tratamiento fiscal de estas obras, que además se realizaron años antes de los supuestos hechos objeto de esta causa, en la que se investiga la implicación del ex ministro en una trama de obtención fraudulenta de ayudas públicas.

Griñán "imagina" que es una "práctica habitual" de Interior

La defensa rechaza igualmente que pueda imputarse una conducta irregular por la subcontratación por Trepia de otra sociedad que ejecutó parte de las obras. Afirma que el supuesto dato de que el accionista mayoritario o director general de esta sociedad sea originario de la provincia de Lugo y a su vez accionista de Trepia "es utilizado sin rubor alguno por la Udef [Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal] como un indicio sospechoso". "No sabemos si la conducta exigida a mi mandante –que es natural de Lugo– sería la de haber contratado para la obra de su casa a una empresa, por ejemplo, de Quintanilla de Onésimo (Valladolid). Pero nos tememos que aún en ese caso la Udef habría encontrado algo raro", añade el letrado.

Desde Almería fue preguntado por la imputación de Blanco el presidente de la Junta y del PSOE. José Antonio Griñán aseguró este jueves que "imagina" que se trata de una "práctica habitual" que el Ministerio del Interior "abone gastos de seguridad de personas que puedan tener algún riesgo".