Lo advirtieron hace meses: Ciudad Real tendrá, el curso que viene, 25 aulas menos. ¿El motivo? No hay niños suficientes a los que dar clase, así que no queda más remedio que agruparles en las pocas que sí pueden seguir funcionando. No pasa sólo allí, en cualquier caso. La caída demográfica ha empezado ya a dar sus frutos y están siendo los colegios y los institutos los termómetros perfectos para comprobarlo. Ahora bien, como ocurre siempre, no está pasando igual en todas partes. Lo sufre más la España vaciada, claro, pero también la escuela pública. De hecho, es, sin duda alguna, la principal damnificada.

Lo han señalado los expertos en varias ocasiones y las estadísticas les dan la razón. Las últimas cifras sobre unidades escolares publicadas por el Ministerio de Educación revelan que en la última década —desde el curso 2013-2014 al 2023-2024— las aulas de Educación Infantil públicas han caído un 2%, pero las privadas han crecido un 1,6%. Pasa igual en Primaria, aunque es cierto que en menor medida: en esa etapa las públicas han caído un 0,5%, pero las privadas han crecido un 2,3%. En números absolutos, los datos hablan de 1.744 aulas públicas cerradas y de 1.410 privadas abiertas. En prácticamente el mismo periodo —el último disponible en el INE, entre 2012 y 2022—, la media de edad de los españoles y las españolas ha subido tres años: de los 41,6 a los 44,08.

Han sido todos estos los años clave. Un estudio publicado por EsadeEcPol ya cifró en 450.000 el número de niños y niñas menores de 16 años que España había perdido precisamente entre 2013 y 2023. Bajo el título Las escuelas se están quedando sin niños: una oportunidad para transformar el sistema educativo, el think tank auguraba además que, para 2037, esa cifra habría alcanzado el millón. "El pico demográfico de esta edad tuvo lugar en 2013, ahora estamos en ese proceso de pérdida de población menor de 16 años. El problema está en marcha", diagnosticó uno de los autores del estudio, el sociólogo Jorge Galindo. Así se explica, precisamente, que las mayores caídas se hayan producido en la etapa Infantil: el proceso acaba de empezar.

Daniel Turienzo, maestro y doctor en Educación, pide expresamente fijarse en esa etapa para comprender la dimensión del problema. "Mirar lo que ocurre en Infantil es lo más interesante, porque es donde más se comprueba cómo la caída demográfica se está cebando con el sistema público", explica, desde el otro lado del teléfono.

Volvamos a la estadística oficial, como plantea. Si se acerca la lupa, se comprueba que en la última década se han cerrado 1.312 aulas públicas y se han abierto, por su parte, 559 privadas. En Primaria, sin embargo, los números no distan tanto: mientras se han clausurado 432 de la primera red, se han inaugurado 851 de la segunda. Ahora bien, el esquema es el mismo. Y además lleva años ocurriendo.

Un informe de CCOO que analizó esta variable entre los cursos 2017-2018 y 2022-2023 concretó que, a nivel estatal, las unidades de las escuelas públicas de Infantil y Primaria habían descendido un 2,51%, un porcentaje mucho más elevado que el de las privadas, que fue del 0,13%. El alumnado, no obstante, había caído en casi idénticas proporciones en ambas: un 7,06% en las primeras y un 7,45% en las segundas.

Ahora bien, la pregunta que surge es obvia: ¿por qué ocurre?

Turienzo cree que la explicación tiene dos vertientes. La primera tiene que ver con una cuestión de territorio, y se fundamenta en que "las aulas que cierran lo hacen sobre todo en zonas rurales, donde la única escuela que existe es pública" y donde, básicamente, nacen menos niños. Según los datos del INE, comunidades como Cantabria, Asturias o La Rioja son las que mayores descensos en cuanto al número de nacimientos han experimentado en la última década. En concreto, y respectivamente, su natalidad ha caído un 38,4%, un 31,8% y un 31,1%. Estas tres comunidades, además, superan la media nacional de caída de la población matriculada en el segundo ciclo de Infantil —el que más alumnado tiene—, según las cifras recogidas por el departamento de Pilar Alegría: los descensos han sido del 29,8%, 29,6% y 27% respectivamente.

¿Y la segunda vertiente? Según Turienzo, esta respondería más a una cuestión política. "Lo que está influyendo sobre todo en estas estadísticas es el sistema de conciertos", advierte.

Es ideológico. El 13 de enero de 2021, el Gobierno de la Comunidad de Madrid respondía a la aprobación de la ley educativa de la entonces ministra Isabel Celaá con la extensión de la duración de los conciertos educativos a un plazo de diez años. Es decir, que las escuelas privadas que consiguieran un contrato con la administración para recibir fondos públicos lo harían, como mínimo, durante una década. Y antes no se podría tocar ese acuerdo. Podrían seguir funcionando exactamente igual. Pasase lo que pasase en ese periodo de tiempo. Y si el número de alumnos cae en picado, se mantienen las mismas unidades.

La explicación oficial pasaba por el deseo de garantizar "la libertad de elección de más de 360.000 alumnos madrileños". Pero los principales beneficiados por esta decisión fueron los colegios católicos, puesto que son estos los que principalmente integran la red privada financiada con fondos públicos. A nivel nacional, y según los últimos datos de Escuelas Católicas, suponen en concreto el 57% de toda la red. "Si se cierran unidades públicas porque no se pueden cerrar concertadas y la oferta se reduce a esta última, realmente lo que se está haciendo es todo lo contrario a garantizar la libertad de elección", lamenta Turienzo.

Para Cynthia Martínez-Garrido, profesora de Métodos de Investigación en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, la conclusión está clara: "Buena parte de la última década ha gobernado un partido político que decía respetar la gratuidad de la enseñanza. A las pruebas me remito que esta promesa electoral no se está cumpliendo". Héctor Adsuar, secretario de Pública no Universitaria de CCOO, hace el mismo diagnóstico. "En cualquier variable, siempre que hay que recortar en educación se hace por la pública. La privada está protegida", lamenta. El informe que presentó su sindicato también lo aseguraba. "Se está privatizando progresivamente el sistema y los datos son especialmente impactantes en algunos territorios", recogía.

Clara Fontdevila, investigadora postdoctoral de la Universidad de Glasgow, se centra sobre todo en eso: en la variabilidad territorial. Por eso ella prefiere no ser tan contundente. Según destaca de la estadística, no en todas las autonomías y regiones ha ocurrido así, puesto que algunas pierden unidades de todas las redes y en otras, en cambio, las ganan. "Es muy complejo y complicado dar una explicación general, no hay que olvidar que en España hay muchas dinámicas y, en muchas ocasiones, muy específicas de cada comunidad autónoma", destaca.

Sea como sea, la caída demográfica está ahí. Y como vaticinan todos los expertos, y confirman las proyecciones como la realizada por EsadeEcPol, irá a más. Ahora bien, lo que determine el futuro del sistema será cómo se lo enfrente. Todos los expertos coinciden en cuál sería la manera más adecuada: la bajada de alumnado debe tomarse como una oportunidad para mejorar todo el sistema público, no para cercenarlo. "La pérdida de población no es una buena noticia como sociedad, pero si la enfrentamos con planificación puede convertirse en una buena oportunidad educativa", señala Turienzo.

¿Cómo puede hacerse? Según el experto, manteniendo en primer lugar la inversión actual y consiguiendo, de ese modo, que los fondos por alumno se vean necesariamente incrementados. En segundo lugar, aprovechando las unidades que en principio se cerrarían para, por ejemplo, ampliar la oferta o modificarla y orientarla a etapas con más necesidad de plazas como la Formación Profesional. Y por último, decidiendo, en los casos más extremos, qué cerrar y dónde. "Sería esta una buena oportunidad para consolidar el sistema público si conseguimos que las aulas que se clausuren sean las que no tienen una clara vocación de servicio público como, por ejemplo, las concertadas que cobran cuotas ilegales a su alumnado", añade.

Adsuar, por su parte, asegura que desde CCOO están completamente de acuerdo en esas medidas. Y es más, explica que su propuesta, planteada explícitamente al Ministerio de Educación, pasa también por la mejora general de las ratios, apuntando a una bajada directamente proporcional al número de alumnado con necesidades educativas especiales.

La macroeconomía sigue alimentando el optimismo en el caso de España. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Producto Interior Bruto (PIB) nacional se acrecentará este año y el siguiente por encima de la media de la eurozona, en concreto cuatro veces más en 2024 y nueve décimas más en 2025, de acuerdo a lo reflejado en el informe Perspectivas Económicas.

La OCDE ha revisado al alza su pronóstico de expansión del PIB estatal hasta el 2,8% para este ejercicio y el 2,2% en 2025, como ya hicieran otros organismos como el Banco de España, que prevé un crecimiento del 2,8% este año y del 2,2% para el siguiente, en línea con las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que espera una elevación del PIB hasta el 2,8% en 2024 y el 2,3% en 2025. El Gobierno también ha movido estos días sus augurios para el PIB, que ha colocado en el 2,7% en 2024 y en el 2,4% en 2025.                          

Para la eurozona, la OCDE vaticina una expansión del 0,7% en 2024 y del 1,3% en 2025. Si se enfoca en algunas de las economías avanzadas como Alemania, que tradicionalmente operaba como potencia motora, sus números son del 0,1% en 2024 y del 1% en 2025; Francia se anotará un 1,1% en 2024 y un 1,2% en 2025; e Italia avanzará un 0,8% este año y un 1,1% el siguiente.

¿Por qué la economía española tira más que la del conjunto de la zona euro? infoLibre ha hablado con varios expertos para responder a esa pregunta y apuntan a un racimo de motivos.

Santiago Carbó, catedrático de Economía en la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de Funcas, considera que el PIB español se está comportando mejor gracias a contar con “una especialización productiva en el sector servicios”, en el que se es “muy competitivo” y “no sólo, aunque principalmente, en turismo”. Junto a ello: “Hemos tenido además una demanda interna y un consumo fuertes, que se han debilitado un poco conforme se ha ido notando la pérdida de poder adquisitivo y la inflación. Y la inversión se ha comportado aquí mejor, pero hay alguna duda sobre lo que pasará en el futuro”, complementa.

Insiste en que “se ha crecido más por esa especialización productiva” y “porque España ha tenido un mix energético más barato y se va a beneficiar en los próximos años de tener más renovables que otros países”, asevera. En ese punto añade que, por el contrario, Alemania “está sufriendo porque su vocación industrial es mucho más grande y porque tiene que hacer una reconversión en el tema energético”, dado que “tenía una excesiva dependencia del gas ruso, con lo que su modelo industrial y energético se ha visto en crisis y aún está en el proceso de adaptación, por lo que llega un poco tarde a cuestiones como la electrificación, al coche eléctrico”. Y hay otro elemento que, en opinión de Carbó, ha contribuido a que España marque la diferencia: el incremento de la población. “Si somos más trabajando aquí y se está creando empleo, eso favorece al PIB, sin que necesariamente aumente la productividad, que no lo está haciendo”, afirma, para enlazar luego que “los fondos Next Generation están ayudando” a que, en conjunto, España tenga “un crecimiento más saneado que se va a mantener en el tiempo”.

Si bien, hace notar que la “sensación” es distinta “en términos per cápita” porque “los salarios no están aumentando ni la productividad y la percepción de muchas familias medias es que están perdiendo poder adquisitivo con la inflación, cuando los impuestos recaen sobre ellas”. “Hay esa dicotomía –agrega–, pero en todo caso, España es una economía atractiva, vienen inmigrantes, sobre todo de Hispanoamérica y con cierta formación, lo que está ayudando al crecimiento como, por supuesto, la especialización productiva y la alta demanda que tenemos, no sólo de servicios turísticos porque contamos con bancos y empresas internacionales por ejemplo, aunque también. Somos un destino seguro, con una grandísima oferta cada vez más competitiva”, cierra.

Para Miguel Artola, profesor de Historia económica de la Universidad Carlos III, si la economía española se agranda desde 2022 en adelante es, en primer lugar, “por el factor demográfico”. “Seguimos pensando que somos un país de 47 millones de personas y estamos ya casi en 49”, señala, para subrayar a continuación que existe “bastante flujo migratorio de diversa procedencia”. “Sospecho que hay uno no desdeñable de trabajadores freelances o nómadas digitales que antes podían trabajar en Londres o Nueva York y han elegido establecerse en España”, engarza. Ahonda en esa idea: “Aunque a grandes rasgos la emigración siga siendo de países en origen con menos rentas, hay algo más y eso refleja que España es un país atractivo para trabajar o montar un negocio, lo que no es baladí porque permite que ciertos sectores no tengan problemas de mano de obra y por el efecto de que repercute en el consumo y en la inversión”, defiende.

Artola aporta otros dos ingredientes que, a su entender, han abonado la buena cosecha de números económicos en el caso español: “El tirón de los servicios de mayor valor añadido y del turismo”. En relación al primero, manifiesta que “la revisión del PIB de la semana pasada del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha mostrado que en 2022 y en 2023, la rama de servicios profesionales, a las empresas, consultorías… a la que no se le solía prestar atención porque no era un sector puntero en comparación con los países de la eurozona, se está desarrollando”. Y por lo que respecta al turismo, indica que “está en máximo de visitantes. Se prevén 90 millones este año, con los precios de la hostelería como están, subiendo mucho”. “Este es el motor tradicional, pero si hasta hace poco el debate era si íbamos a poder recuperar los niveles de 2019, está superado. Estamos por encima e incluso ajustando por la inflación”, asegura.

Para rematar su análisis, explica que “la industria manufacturera va mejor que en otras zonas de Europa, pero no está tirando del carro; la inversión tampoco es un sector muy puntero; el consumo público ha acompañado el ciclo y el privado se ha mantenido”. Por último, pone la lupa en que, en un marco donde “los servicios de más valor añadido” se han espigado, esto “debería ir acompañado de mayor inversión en I+D y en servicios digitales”, lo que "se está viendo un poco menos”, pese a los fondos europeos.

Mirando al conjunto de la eurozona, resalta que mientras estados “como Alemania y Francia no despegan”, a los países “más damnificados por la crisis del euro, como España, Italia, Portugal o Grecia les está yendo mejor, pero por distintas razones”, avisa. A su juicio, es reduccionista intentar achacarlo a que “son las economías mediterráneas y es el turismo”, concluye.

¿Cuál es para Judith Arnal, investigadora senior de Real Instituto Elcano y CEPS, el elemento diferencial de la economía española? Sobre todo "la demanda externa". Lo argumenta: "Si observamos los datos de crecimiento del segundo trimestre de 2024, vemos que creció un 0,8%, del que 0,5 puntos porcentuales vienen atribuidos a la demanda externa y dentro de ella, lo que está siendo más dinámico son las exportaciones de servicios tanto turísticos como no turísticos. Estos últimos son los de alto valor añadido de ingeniería, de consultoría, arquitectura, TIC…, lo que es un cambio muy positivo en el patrón del sector exterior de la economía española, que se basaba fundamentalmente en el turismo".

No obstante, lo expuesto no es óbice para que, a su vez, los servicios turísticos sigan trepando gracias a "la diversificación geográfica y la estacional". De un lado, “los turistas no sólo van a las típicas zonas de sol y playa, sino a otros del norte y del interior, y se han multiplicado los provenientes de América y en particular de EEUU”. De otro, los visitantes “se reparten a lo largo de todo el año y no se concentran en verano”. 

En ese marco, a Arnal le preocupa a futuro un componente del PIB: la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión. Y lo hace porque "en el segundo trimestre se ha ralentizado y es donde vamos más retrasados en la recuperación respecto a los niveles previos a la pandemia". "La inversión –hilvana– es lo que realmente te permite el crecimiento potencial, el futuro, y estamos recibiendo muchos fondos Next Generation que deberían tener un potencial transformador para la economía y verse ahí, pero de momento no está pasando", dice.

Con todo, en un contexto en el que a otros países les va peor, cree que habrá una ralentización del crecimiento, pero confía en que los fondos europeos comiencen a reflejarse en las cifras del PIB y en que la economía pueda apoyarse más "en la demanda interna" y, en detalle, "en la formación bruta de capital fijo".  

Javier Ferri, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia e investigador de Fedea, enumera una triada de causas que soportan el mejor comportamiento de la economía española: población, energía y turismo. “En España la población está creciendo mucho más que en el resto de Europa, debido a la entrada de inmigrantes en situación regular que están siendo absorbidos por el mercado de trabajo”, declara. Pero apostilla: “La implicación negativa de esto es que, si se corrige por la población, el PIB per cápita ha crecido y crecerá menos que el PIB agregado”, advierte.

Sobre la energía, destaca “la menor dependencia energética de España con respecto a otros países en los que el precio de las materias primas se ha encarecido, lo que hace que las importaciones sean menos”. “En otros ciclos económicos pasados –recuerda– hemos visto que cuando la economía se recuperaba, parte de esa recuperación hacía que aumentaran las importaciones y eso detraía PIB, al desviarse renta al extranjero para comprar energía”. En cambio, en la actualidad, “la transición energética está muy avanzada” y el país “ha sido capaz de sustituir fuentes exteriores por otras más verdes y que se producen dentro, lo que hace que no se envíen recursos fuera y se eleve el PIB”.

¿Y qué ha pasado con el turismo? Se ha sacudido “algunas previsiones que decían que había alcanzado un tope”, dado que éstas “no tenían en cuenta que los turistas se distribuyen a lo largo del año y geográficamente”. Lo abrocha: “Antes se agolpaban en la costa mediterránea, en el sur… y ahora viajan a otras zonas del interior o el norte. Ha habido un cambio en las pautas del turismo temporal y geográfico, lo que hace que el impacto potencial del turismo se haya ensanchado”, despojándose de clichés.

El titular no dejó indiferente a nadie. Por dos cosas, una buena y una mala. La primera, que por primera vez en cinco años los suicidos han descendido en España. La segunda, que las caídas accidentales han crecido tanto en los últimos años que ya se sitúan como la primera causa de muerte no natural en nuestro país. Así lo certifica la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte publicada por el INE este miércoles.

Vayamos al detalle. Si en 2022 hubo 4.227 muertes por suicidio, en 2023 ese número se situó en 3.952, un 6,5% menos. Es el primer descenso desde antes de la pandemia. En paralelo, las caídas se incrementaron prácticamente en la misma proporción (6,1%). Pasaron de suponer 3.788 causas de muerte no natural en 2022 a 4.018 en 2023. Desde 2019 su ascenso es continuo. No frena.

La pregunta que surge a continuación es obvia: ¿por qué? La respuesta es multifactorial. Y de hecho lleva años estudiándose. El equipo de investigación dirigido por María Victoria Zunzunegui, por ejemplo, publicó ya un estudio al respecto en 1997. Estaba enmarcado en el municipio madrileño de Leganés, pero ya tenía datos reveladores: caerse era más probable para las mujeres mayores de 65 años, viudas, con más de seis enfermedades crónicas, con limitaciones funcionales, incontinencia y problemas de sueño

Más tarde hubo otras investigaciones que vinieron a confirmar, en síntesis, las mismas ideas. Uno realizado en Córdoba y publicado en 2006 concluyó que "los factores que se relacionaron con mayor riesgo de presentar caídas fueron: tener mayor edad, ser mujer, estar viuda, sin estudios, presentar dificultad para mover ambas extremidades superiores y orientarse en el espacio, consumir un mayor número de fármacos, y un peor estado de salud percibido". En 2014, otro informe publicado tras analizar este fenómeno en Lleida reveló por su parte que son "el miedo a caer, los síntomas depresivos y la discapacidad básica" los tres factores más influyentes. Pero en resumen, sintetizó otra investigación en 2008: "La incidencia de caídas en España es elevada".

Zunzunegui ha buceado en los datos del INE para afinar un poco más. Y ha comprobado que efectivamente son los más mayores y ellas quienes más muertes por caídas sufren. En números absolutos, analizando los datos para los mayores de 70 años, ha habido 1.717 muertes de mujeres y 1.527 de hombres por esta causa. Ahora bien, si se pone en relación el número por cada 100.000 habitantes, la cosa cambia. Ahí son ellos los que tienen una mayor mortalidad. Ocurre en todos los tramos de edad, aunque con más diferencia entre unos y otras en el de mayores de 90. La respuesta es simple: ellas viven más. Pero eso sí, "lo hacen con peor estado de salud", confirma Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Eso da un indicio de cómo se pueden explicar todos estos números.

Volvamos a los datos totales, sin diferenciar entre hombres y mujeres. La primera que se extrae del INE es que hay más muertes no naturales por caídas accidentales en los grupos de población de mayor edad. Por eso tiene sentido, en una población cada vez más envejecida, que estas cifras sean cada vez más altas. Lo señala así el vocal clínico de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), Paco Tarazona. "Hay un envejecimiento poblacional que hace que aumente la población mayor de 65 años", explica. Actualmente suponen el 20,2% del total de la población; hace una década, el 17,5%

¿Qué ocurre? Que son estas las personas, señala Armenteros, las que tienen más "patología osteomuscular y ósea", lo que provoca que "las caídas tengan más gravedad". Es decir, no es necesariamente que las personas mayores se caigan más, sino que, si lo hacen, las consecuencias son peores.

Pero en cualquier caso: sí, tienen más riesgo de caerse. Y aquí entra en juego el segundo factor que, a juicio de las fuentes consultadas, explican los números. Y también las diferencias entre ellas y ellos.

"Los mayores de 65 años asocian una alta prevalencia de comorbilidades" que van más allá de las cuestiones meramente óseas y musculoesqueléticas, explica Tarazona. "Sufren más enfermedades crónicas y alteraciones funcionales", ahonda. Y eso les lleva a un mayor consumo de fármacos, lo que tanto Tarazona como Armenteros denominan "polifarmacia". Hay algunos además que influyen bastante en el riesgo de sufrir una caída accidental: son, según la SEGG, las benzodiacepinas, los hipnóticos, diuréticos, hipotensores, neurolépticos y aquellos que pueden tener impacto sobre la salud muscular.

Detengámonos en los primeros. España es líder en el consumo de benzodiacepinas, un fármaco que suele recetarse para dormir mejor por su efecto ansiolítico, hipnótico y relajante muscular. Según los datos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes difundidos por la Sociedad Española de Patología Dual el año pasado, nuestro país toma 110 dosis diarias de este tipo de medicamentos, una cifra que 2.750 veces mayor que la de Alemania, con 0,04 dosis diarias. Sólo se nos acercan Bélgica y Portugal, con 85 y 80 pastillas diarias, respectivamente.

Son las mujeres quienes más las toman, además. Lo confirman los expertos y hasta un informe del Ministerio de Sanidad, que señala que el consumo de dosis diarias por cada 1.000 habitantes de ansiolíticos de ellas es un 83% más elevado que el de ellos. Y el doble en el caso de los hipnosedantes.

Pero aquí también entran en juego los opioides tan utilizados en los tratamientos del dolor crónico, una enfermedad con un importante sesgo de género. "Todos estos medicamentos contribuyen a elevar el riesgo de caídas. Si a eso le sumamos que sus consecuencias son graves, ya tenemos el resultado", sentencia Armenteros, que añade a todos estos fármacos uno más: el que se usa como tratamiento de la cada vez más frecuente enfermedad cardiaca de la fibrilación auricular. Es, explica, un anticoagulante que evita trombos. Pero que hace la sangre "más fluida", lo que "incrementa la posibilidad de sangrado" tras una caída. Es decir, que también aumenta la gravedad.

En cualquier caso, y aunque no son tan frecuentes, también hay muertes de jóvenes por caídas accidentales. Según se extrae del INE, en 2023 hubo 25 entre quienes tenían de 25 a 29 años y 54 entre la horquilla de 40 a 44. En este caso, ¿cómo se explica?

El profesor del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Europea Rubén Rodríguez Elizalde lo tiene claro: por los accidentes laborales. Las últimas cifras de siniestralidad laboral —publicadas por el Ministerio de Trabajo y referentes al primer cuatrimestre de 2024— reflejan que desde el año pasado ha habido un incremento en la misma. Por ejemplo, ha habido un 3% más de accidentes graves y un 2,5% más de los mortales. Dentro de estos últimos, señala el profesor, "las caídas ocupan un lugar muy prominente y preocupante". Sobre todo en dos sectores, según se extrae de los datos oficiales: el del transporte y el de la construcción.

Y en este caso, ¿cómo puede explicarse? Según concreta Rodríguez Elizalde, es una cuestión que tiene más que ver con la prevención de riesgos. Y con las altas temperaturas.

De cualquier modo, todas las fuentes consultadas auguran que, si no se actúa, estas cifras se verán incrementadas. Y cada vez más rápido. A no ser, claro, que se pongan soluciones.

En este sentido, Tarazona apunta por "una atención geriátrica adecuada, en la cual se debe realizar, fundamentalmente en los pacientes frágiles, una valoración geriátrica integral que permita la detección de factores extrínsecos y también intrínsecos de caídas, la identificación de los mismos y la puesta en marcha de medidas para atenuar ese riesgo". "Lo que nos ha dado el INE es un toque de atención para actuar, porque se puede", sentencia por su parte Armenteros.

Son proyecciones, no “predicciones”, advierte el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una “simulación estadística” de lo que va a pasar en los próximos en nuestro país a 50 años —y en las comunidades autónomas a 15— a partir de una encuesta sobre los principales indicadores de referencia (índice coyuntural de fecundidad, edad media a la maternidad, esperanza de vida al nacer y niveles de saldo migratorio) en la que han participado demógrafos de toda España.

De ahí que los cálculos incluyan escenarios diferentes: en el peor de los casos, el INE cree que la población española estará en 44,8, y que esa cifra, en la hipótesis más favorable, llegará a los 65 millones. Todo ello en función de cómo evolucionen las diferentes variables. 

En todo caso, la España que viene no es, con seguridad, la que le gustaría a Vox. El futuro depende cada vez más de la inmigración. Vamos hacia un país de 54,6 millones de habitantes en el año 2074, dentro de medio siglo. Para entonces, la población nacida en España habrá pasado del actual 81,9% del total, al 61,0%. 

¿Y qué pasaría si la inmigración no compensase el volumen de habitantes que se marchan de España? El INE también lo ha calculado: para 2074 seríamos solamente 32 millones. Serían 16,6 millones menos que en la actualidad (un retroceso de un 34,6%), lo que nos situaría en cifras de los años sesenta del siglo pasado.

Nada indica que eso vaya a pasar. Más bien todo lo contrario. Y eso que, a lo largo de todo el período de cálculo, el INE cree que seguirá habiendo más defunciones que nacimientos —crecimiento vegetativo negativo—, lo que significa que el aumento de la población depende de que sigan llegando a nuestro país más personas que las que se van de él —saldo migratorio positivo—. En 2022, subraya la proyección hecha pública este lunes, esa cifra fue la mayor de la última década: 727.005 personas. Es un dato muy relevante: casi duplica las previsiones de hace dos años y quintuplica el listón alcanzado el año precedente.

España registró 1.258.894 inmigraciones en 2022, mientras que 531.889 personas abandonaron nuestro país para residir en el extranjero. El saldo migratorio, según el INE, será similar en 2024 y “decreciente” a partir del año que viene, “con más intensidad en los primeros años, aunque siempre positivo”. El resultado global será “una ganancia neta de población debida a migraciones” de 3,5 millones de personas en los cinco primeros años proyectados y de 7,0 millones hasta 2038. En todo el periodo proyectivo, hasta 2073, sería de 17,1 millones de personas.

Las grandes cifras no son muy diferentes de las que el INE publicó hace dos años (la actualización de estas proyecciones tiene carácter bienal). No obstante, la comparación entre los cálculos de 2022 y los de este año muestran una corrección hacia arriba de la población estimada para dentro de medio siglo.

La proyección anterior imaginaba una España de 52,9 millones de habitantes (1,7 menos que ahora). Lo mismo sucede con el cálculo para los próximos 15 años (51 millones era lo que pensaba el INE en 2022; 53,7 es la proyección actual). Eso significa que la estimación se está acelerando: los modelos basados en datos más recientes apuntan a una población mayor en los próximos años de lo que pensábamos hace apenas 24 meses. 

El progresivo aumento de las defunciones, superior al número de nacimientos, daría lugar a un saldo vegetativo negativo durante todo el periodo proyectado. Este saldo vegetativo negativo sería superado por el saldo migratorio positivo en la mayor parte de los años del periodo, lo que provocaría, en balance, un aumento de población. Este aumento se debería, por tanto, exclusivamente, a la migración internacional, subraya el instituto.

Aunque el número de nacimientos comenzaría a aumentar levemente en 2024 y seguiría creciendo hasta 2042, entre 2024 y 2038 nacerían en torno a 5,5 millones de niños, un 8,7% menos que en los 15 años precedentes. Y aunque los modelos del INE concluyen que este indicador puede volver a aumentar a partir de 2058, debido a la llegada a las edades de mayor fecundidad de generaciones cada vez más numerosas, los nacimientos siempre seguirían estando por debajo de las defunciones.

Lo que no ha cambiado de la proyección de 2022 a la actual es la esperanza de vida. En 2073 alcanzaría, al nacimiento, los 86 años en los hombres y los 90 en las mujeres, con una ganancia de 5,6 y de 4,3 años, respectivamente, respecto a los valores actuales. Por su parte, la esperanza de vida para las personas con 65 años en 2073 sería de 22,7 años para los hombres (3,6 más que actualmente) y de 26,3 para las mujeres (3,3 años más).

La población entre 20 y 64 años, que actualmente supone el 60,9% del total, se reducirá a un 53,7% en 2051, aunque el INE calcula que para 2074 se hará recuperado parcialmente hasta un 54,2%.

El porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 20,4% del total, alcanzaría un máximo del 30,5% en torno a 2055. En 2074 este porcentaje se situaría en el 30,3%.

Por su parte, y de mantenerse las tendencias actuales, la tasa de dependencia (cociente, en tanto por ciento, entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años) también alcanzaría un máximo en torno a 2052 (del 75,3%), para ir bajando paulatinamente a partir de entonces, hasta el 73,9% en 2074.

Por lo que se refiere a las proyecciones a 15 años por comunidades autónomas, de mantenerse las tendencias demográficas actuales, se observaría una evolución dispar. Trece de ellas aumentaría población y cuatro la perderían. Los mayores incrementos relativos se registrarían en Illes Balears (19,0%), Comunitat Valenciana (19,0%) y Región de Murcia (17,2%). Por el contrario, los descensos más acusados se darían en Principado de Asturias (-4,1%), Extremadura (-3,4%) y Castilla y León (-0,7%).

De acuerdo con las proyecciones del INE, para 2039 Cataluña estará muy cerca de alcanzar a Andalucía como la comunidad autónoma más poblada de España. En la actualidad, en la comunidad andaluza viven aproximadamente 8,5 millones de habitantes, 700.000 más que en la catalana. Pero, según el INE, para dentro de 15 años esa diferencia se habrá reducido a apenas 67.000 personas, a pesar de que Andalucía tendrá entonces 9,3 millones de habitantes. Y será gracias a la atracción que tiene Cataluña para inmigración.

Otro dato revelador: en 2039, el peso poblacional combinado de Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunitat Valenciana habrá aumentado 2,1 puntos porcentuales y habrá pasado del 59,1% de 2021 a un 61,3%. De seguir así, en un plazo relativamente breve de tiempo dos de cada tres españoles serán andaluces, catalanes, madrileños o valencianos.

Los cálculos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) son esenciales para la planificación de servicios públicos como educación, salud, transporte y vivienda, pero también para que las empresas y las organizaciones privadas realicen estudios de mercado, planifiquen la ubicación de nuevos negocios y comprendan mejor a su base de clientes. 

La despoblación es el principal desafío territorial al que se enfrenta España, pero el debate sobre este problema no sólo ha desaparecido de la legislatura sino que ni siquiera forma parte de la discusión pública en plena campaña electoral para renovar el Parlamento Europeo. Y eso que el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ordena, expresamente, reforzar su cohesión económica, social y territorial prestando especial atención a “las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes”.

En lo que se refiere a la distribución de zonas rurales y urbanas en la UE, con los datos de Eurostat se puede afirmar que resulta evidente que el problema de la baja densidad de población se concentra en cuatro comunidades autónomas españolas: Aragón (27,7), Castilla y León (25,7), Castilla-La Mancha (25,7) y Extremadura (26,1), y en algunas otras regiones de Francia (Limousin: 43, Auvergne: 52,5, Borgoña, 51,5 y Champagne-Ardenne, 51,7), Italia (Basilicata: 56,4 y Valle de Aosta: 38,8), Portugal (Alentejo: 22,8), Rumanía (Vest: 55,9) e Irlanda (Southern: 54,9, Northern y Western: 34,5) —excluidas las regiones de Suecia e Islandia por sus especiales circunstancias climatológicas—. Son datos recogidos por Santiago A. Bello Paredes, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos, en un estudio publicado el año pasado.

Según el mapa elaborado por la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) y el Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio (GEOT) de la Universidad de Zaragoza, el 21,9% de los municipios españoles sufren una situación demográfica “muy grave”. En Soria, Cuenca y Teruel ese porcentaje supera el 58%. Si se suman aquellos que se encuentran en situación “grave”, el porcentaje asciende al 49%.

Los análisis constatan un problema que afecta a toda Europa. El pasado mes de noviembre, el Consejo de la UE avanzó en el establecimiento de una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE con el fin de proporcionar orientación política a la Comisión y a los Estados miembros. En ella quedó constancia de lo imperativo que resulta atraer a la gente joven, incluidos los jóvenes agricultores, a las zonas rurales.

Hasta 82 regiones de 16 estados miembros (que representan casi el 30% de la población de la UE) se están viendo gravemente afectadas por una disminución de la población en edad de trabajar. La Comisión ha identificado 46 regiones que actualmente se encuentran en lo que se ha dado en llamar una “trampa para el desarrollo del talento”. Un fenómeno que combina éxodo de capacitación joven, una reducción de la población activa, desincentivos para la inversión, declive económico y erosión de servicios públicos. Este grupo de regiones representa el 16% de la población de la UE, pero hay otro, un grupo de 36, que ha sido identificado en riesgo de caer también en una trampa para el desarrollo del talento en el futuro, ya que se están viendo muy afectadas por la salida de su población de 15 a 39 años. Este grupo representa el 13% de la población de la UE, lo que eleva el porcentaje al 29%.

Estar en “una trampa para el desarrollo del talento”, según la plataforma creada por Bruselas para abordar el fenómeno, es un desafío multidimensional y plantea un riesgo significativo para la prosperidad a largo plazo de las regiones identificadas. Son regiones que se enfrentan a desafíos estructurales específicos, como ineficiencias en el mercado laboral, la educación, la formación y los sistemas de aprendizaje de adultos, así como un bajo rendimiento en las áreas de innovación, gobernanza pública o desarrollo empresarial.

Tomás Guitarte, exdiputado de Teruel Existe en el Congreso de los Diputados y candidato al Parlamento Europeo de la candidatura Existe, tiene pocas dudas acerca de que la pérdida del escaño, en las elecciones del 23J, ha borrado el problema de la agenda política. “La llegada de Teruel Existe al Congreso puso la España vaciada y el problema de la despoblación en la agenda política y mediática”.

“La experiencia nos confirmó una intuición”, explica en declaraciones a infoLibre entre mitin y mitin de campaña: “Para enfrentar un problema tan amplio y complejo como la despoblación y para corregir la brecha rural/urbana que provoca y que divide a España en un país de dos velocidades, es necesario el trabajo intenso, concienzudo y determinado para influir en muchas de las decisiones que se toman”.

“La importancia de tu posición”, admite, “depende del peso relativo de tus votos. Pero también de la calidad de tus propuestas, del afán por construir puentes de consenso, de la voluntad por traer a través de cuestiones muy concretas los problemas de la España despoblada. Problemas que llevaban décadas olvidados. Y esto es lo que sucedía en la legislatura anterior con Teruel Existe”.

Ahora “no disponemos del foco del Congreso y del Senado, pero el trabajo en las Cortes de Aragón y en las Cortes de Castilla y León continúa. Y ese trabajo nos permite influir en problemas muy concretos y muy pegados al territorio”, reivindica. Otros partidos incorporaron propuestas a sus programas, “pero la realidad es que sin los partidos de la Coalición Existe en los parlamentos no se mueve nada a favor de los territorios olvidados. La lucha por los recursos económicos es enorme”.

No obstante, Guitarte reivindica el acuerdo de investidura con el PSOE como “un trabajo político importantísimo” que consiguió elevar el rango del Reto Demográfico a la categoría de ministerio. “Ahora no está Teruel Existe, pero la línea política continúa”.

La presencia de Teruel Existe en el Congreso “fue un éxito enorme. Empezando por la propia autoestima de los turolenses, que lleva a una mayor confianza en el trabajo por su territorio y sus proyectos. Lo fue también para poner a la sociedad española y a la clase política ante el espejo de un hecho innegable: la España vaciada, un país que se ha quedado atrás víctima de las políticas extractivistas”.

“Fue un avance innegable para Teruel, para Aragón, para la España despoblada que se reconoció y también para el propio gobierno que encontró un camino que ignoraba”, explica el candidato.

Pendientes quedan muchas cosas, sostiene. “No nos escucharon en la necesidad de completar la cobertura de la telefonía móvil en el medio rural, o la instalación de banda ancha en todos los polígonos industriales y núcleos rurales. No escucharon ni nuestra insistente petición de la ordenación del despliegue de las energías renovables y sobre la urgencia de priorizar el autoconsumo y las comunidades energéticas. Y ahí hay un problema gravísimo para España que va a lastrar el medio rural”.

Tampoco en la aplicación de las “Ayudas al funcionamiento” en el 20% de los costes laborales que permite la Unión Europea. “Y eso también fue un error enorme porque esa ayuda regional que permite la UE para tres provincias, Cuenca, Soria y Teruel, y para las comarcas limítrofes con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, sería una palanca muy potente para lograr avanzar en la cohesión territorial”.

Guitarte lamenta que en el último año no se haya escuchado la voz de Teruel Existe en las Cortes Generales. “No era una voz baladí. Hemos estado demasiado tiempo paralizados por los equilibrios parlamentarios y la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos generales de 2024 y lograr más acuerdos por parte del Gobierno”, lamenta.

Porque pendientes hay muchas cosas. “Sería muy importante lograr avances en políticas de Estado sobre atención primaria en Sanidad, sobre despoblación, sobre ayudas al funcionamiento, sobre industrialización de la España interior, con el método que Teruel Existe planteaba, el consenso. Y una de las herramientas para la industrialización del medio rural sería la transición energética si se aplica mediante el autoconsumo de domicilios, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y mediante comunidades energéticas. Pero hay que enfocarla en esa dirección que fijan las directivas europeas y no con el modelo que se mantiene de macro-parques, grandes empresas y fondos de inversión”.

El secretario general de Reto Demográfico del Gobierno, Francisco Boya, admite que quizá el problema ya no esté tan presente en la agenda pública, pero sí sigue muy presente, asegura, en la agenda política del Gobierno. En los últimos años, explica, ha culminado el plan de 130 medidas diseñado a partir de la estrategia nacional sobre este asunto. A partir de él se han movilizado 13.000 millones de euros, a través del ministerio y de las comunidades autónomas, con cargo a los fondos de recuperación.

Con este dinero, explica Boya, se ha resuelto, por ejemplo, el problema de la conectividad por banda ancha, la principal demanda de los alcaldes de la España vaciada. “Ya nadie habla de eso porque se han invertido cerca de 1.000 millones de euros en conexión digital y prácticamente el 95% del país tiene acceso a banda ancha”.

Durante estos años el ministerio ha ido construyendo herramientas de trabajo. Como el Fondo de Cohesión y Transformación Territorial, en colaboración con las comunidades autónomas, a través del cual se han financiado proyectos de bioeconomía o de capacitación digital.

Algunos “muy interesantes”, destaca el secretario general de Reto Demográfico, como el proyecto EREA, que ya ha permitido crear 196 empresas en zonas rurales de Aragón con un emprendimiento muy alto de mujeres y una inversión de unos cuatro millones de euros. Pero también otros destinados al cuidado de personas mayores o a mantener cajeros automáticos y oficinas bancarias móviles.

El siguiente paso fue trabajar también con los ayuntamientos más pequeños, los de menos de 5,000 habitantes, que tienen muy pocas palancas para resolver problemas por sus propios medios, a través de ayudas para la innovación territorial. Mediante este mecanismo se han impulsado del orden de 600 proyectos de innovación en distintos municipios del Estado, algunos vehiculizados a través de la cooperación entre varias poblaciones, como el que se está llevando a cabo en la Sierra de Codés, en Navarra, para resolver diferentes problemas.

“Son unas líneas de trabajo todavía modestas”, reconoce Boya, “pero que han tenido ya su impacto, y ahora lo que estamos haciendo es intentar abordar el problema de una forma más estructural”. El ministerio está trabajando con un enfoque demográfico que, después de examinar cómo funciona la red de servicios, las dinámicas de creación de empleo o los problemas de la vivienda, una vez descontadas las áreas urbanas o metropolitanas les ha permitido identificar “del orden de 600 áreas funcionales” divididas en tres grupos: las zonas próximas a las áreas urbanas, que son las que están mejor abastecidas y que tienen una funcionalidad más óptima; las áreas intermedias, que son rurales, pero que no tienen distancias muy importantes a las zonas urbanas; y finalmente las zonas remotas, que son las que tienen más problemas.

“Lo que pretendemos es ahora hacer un salto cualitativo para empezar a construir lo que denominamos el país de los 30 minutos”. O, lo que es lo mismo, que todos los servicios y necesidades diarias de los ciudadanos se encuentren a no más de 30 minutos de distancia a pie, en bicicleta o mediante transporte público.

Será a partir de las áreas funcionales en las que está trabajando el ministerio desde donde planean “generar políticas más quirúrgicas que nos permitan poner el énfasis allí donde está el problema que lastra la dinámica o el crecimiento” en un determinado entorno. Desde el acceso a servicios básicos a la vivienda, pasando por el acceso a puestos de trabajo de calidad. “Hay que hacer un análisis de todos esos elementos que inciden en la vida de las personas y que pueden ser determinantes para la decisión de si quiero quedarme a vivir aquí o no”.

Un trabajo de cohesión, que haga más tupido el tejido social y que afronte también el problema de las ciudades medias, que están sufriendo las consecuencias del poder de atracción de las urbes más grandes, que están absrobiendo todo el talento, el capital y las inversiones.

“Ahora nuestro objetivo es construir este país en los 30 minutos, trabajando una serie de parámetros, una serie de medidores que también nos tienen que ayudar a hacer esta radiografía territorial”. “Queremos poner en marcha algunos proyectos pilotos este año donde ensayar y empezar a ver qué cosas y qué políticas nos ayudan a resolver el problema”.

Reto Demográfico ha puesto además en marcha una red de Centros de Innovación Territorial con participación de administraciones y empresas “para generar dinámicas de desarrollo y para resolver también problemas que pueden tener un carácter más social”. Se trata de “generar una inteligencia propia, una inteligencia de territorio que fuera escalable”. Una inciativa, sostiene su titular, que “está funcionando”.

La despoblación “en estos años se ha frenado, al menos en las áreas más próximas a las zonas urbanas. Un fenómeno que Boya atribuye “al repunte de la población inmigrante, que ha regresado otra vez al entorno rural, porque hay oportunidades y hay trabajo”. Sin inmigración, feconoce, no hay nada que hacer. De ahí que ahora la reivindicación más importante tenga que ver con la vivienda. Y si hay demanda de vivienda, es porque hay gente que se quiere ir a vivir al medio rural. Y ese es un desafío importantísimo”.Inlcuso “las [provimcias] más castigadas, Soria, Teruel, Cuenca, todas han ganado población, o al menos se han estabilizado”.

España ha registrado 211.077 nacimientos en los ocho primeros meses de 2023, entre enero y mayo, 6.862 menos que en el mismo periodo de 2022 y la cifra más baja de los ocho primeros meses de año en los últimos siete años, según las estimaciones de nacimientos mensuales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los datos del INE, recogidos por Europa Press, durante los ocho primeros meses de 2023 se estima que han nacido en España 211.077 niños; frente a los 217.939 en 2022; 219.635 en 2021; 229.904 en 2020; 236.965 en 2019; 245.696 en 2018; y 257.779 en 2017. Continúa así la tendencia a la baja desde que se contabilizan estos datos mensuales.

Por otro lado, en las 39 primeras semanas de 2023, es decir, hasta el 1 de octubre fallecieron en España un total de 324.446 personas, lo que representa 25.747 menos que en el mismo periodo de 2022 y la cifra más baja en esas semanas desde 2019, según la estimación de defunciones semanales del INE.

Finalmente, por cada año, las defunciones en España en este periodo de tiempo han sido 324.446 estimadas en 2023; un total de 350.193 en 2022; 335.029 en 2021; 367.939 en 2020; 312.724 en 2019; y 321.564 en 2018.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de nacimientos en España del primer semestre de este año supuso un descenso del 2,5% con respecto a los de 2022 y de un 10,8% con respecto a los de 2019. También según el organismo, en 2020 hubo 11 ciudades españolas en las que las mujeres no tuvieron ni un hijo. Además, el último Focus on Spanish Society de Funcas situó a nuestro país como el europeo en el que más nacimientos hay entre las mujeres mayores de 40. Y así se suceden distintas cifras que llevan a la misma conclusión: cada vez nacen menos niños en España y la población, por tanto, envejece. Con esta premisa, ¿habrá suficiente alumnado para las escuelas del futuro?

Es la cuestión que ha planteado el informe publicado este jueves por EsadeEcPol bajo el título Las escuelas se están quedando sin niños: una oportunidad para transformar el sistema educativo, en el que se cifra en 450.000 el número de niños y niñas menores de 16 años que España ha perdido entre 2013 y 2023. Y el camino todavía no ha terminado. Jorge Galindo, sociólogo y autor del informe junto a Lucas Gortazar, explica que, hasta 2037, esa cifra habrá sobrepasado el millón. "El pico demográfico de esta edad tuvo lugar en 2013, ahora estamos en ese proceso de pérdida de población menor de 16 años. El problema está en marcha", diagnostica.

No ocurrirá de la misma manera en todas las etapas. Según se especifica en el estudio, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) perderá un 25% de su alumnado potencial en 2037, pasando de los casi 2,1 millones de niños y niñas entre 12 y 15 años de hoy a 1,6 entonces. Primaria, por su parte, se vaciará antes: si en 2017 tenía 3 millones de alumnos, en 2032 se quedará por debajo de los 2,4.

Pero tampoco será igual en toda España. Como explica Galindo, y siempre tomando como referencia las proyecciones provinciales del INE, serán Zamora, León, Palencia, Albacete o Jaén las más perjudicadas por la pérdida de alumnado menor de 16 años de aquí a una década. La caída de la primera será del 44% y las del resto, de alrededor de un tercio. "Estas cifras coinciden con aquellos lugares en los que hay mayor despoblación. Al final, el desequilibrio territorial de España es algo que se ha gestado durante muchísimas décadas", recuerda el sociólogo. Así, en el otro lado de la moneda se encuentran otros lugares como Madrid (que sólo perderá un 10%), Barcelona (un 7%), Murcia (1%) o Navarra (0%).

Por eso hay que actuar. "La situación abre el debate sobre cómo podemos preservar la universalidad de la educación a largo plazo, porque esto sólo abrirá las diferencias entre territorios", explica Galindo, que rechaza la posibilidad de aplazar el "plan" que ya es necesario idear y poner en marcha. "Dejar todo como está no hace que la demografía no vaya a cambiar. Lo único que supondría sería aplazar la decisión y los conflictos, lo que acabaría provocando que los recursos acabasen destinados de manera poco eficiente con los alumnos futuros", detalla.

"Es mejor salir de la inacción y aprovechar la oportunidad ahora en vez de reaccionar tarde. La caída demográfica es un fenómeno imparable que comenzó hace más de un lustro y tiene todavía una década por delante. Las autoridades educativas [...] se enfrentan a un marco de decisión complejo que les va a obligar a reestructurar, ya sea ahora o más adelante, el mapa escolar", detalla el informe.

El objetivo, insiste Galindo, es que el principio de la universalidad de la educación se mantenga. Afirma que hay que asumir que habrá cierre de escuelas, pero habrá que idear bien de qué manera hacerlo. Por ejemplo: no es lo mismo cerrar un colegio que está en un municipio pequeño a kilómetros de los demás centros que agrupar al alumnado de tres que son muy cercanos. En Polonia, según explicó Gortazar en un artículo de El País, se tomó la "dolorosa decisión de cerrar las escuelas más pequeñas de las zonas más alejadas" y de reinvertir esos recursos "en escuelas medianas o grandes en municipios cercanos (a no más de 5 ó 10 kilómetros) para ampliar las infraestructuras y mantener una ratio razonable, a la vez que poner en marcha sistemas de transporte público que lleguen a cada pueblo, por muy remoto que sea".

Porque esa es la otra "pata" de la cuestión, según explica Galindo. Si hay menos alumnado y encima se cierran escuelas, habrá más recursos por alumno. "Si los recursos públicos educativos se mantienen o bajan a un ritmo más lento que la caída demográfica, el gasto público por alumno va a crecer considerablemente gracias a la caída de alumnos. La caída demográfica supone la principal oportunidad real de nuevos recursos públicos para el sector educativo", señala el estudio de EsadeEcPol publicado este jueves, que detalla que, por niño o niña, el gasto aumentará entre un 5% y un 25%.

A priori, el dato es positivo, pero sólo si se reparten de manera adecuada garantizando, una vez más, la universalidad de la educación. "Uno de los principios del buen uso de los recursos públicos es usarlos de tal manera que amplíen derechos y oportunidades de un mayor número de alumnos, y en el caso de la educación, que permitan una mejor educación y un mayore aprendizaje para el mayor número posible de alumnos", detalla el informe. "Hay que empezar a decidir a qué vamos a dedicar el excedente, porque hay niños y niñas que no están en zonas de riesgo de cierre de escuelas pero sí tienen dificultades de acceso efectivo a la educación", amplía Galindo.

Por eso los expertos apuestan por seis medidas específicas. La primera consiste en reducir la ratio y el tamaño de las aulas más tensionadas invirtiendo en infraestructuras y personal allí donde sea más efectivo. Tras ello, habría que ampliar el tiempo en la escuela, el refuerzo escolar y el cuidado, apostando por la jornada partida. "En España, la jornada continua avanza de manera imparable en educación Infantil y Primaria y es una realidad asentada en los centros públicos" que "puede perjudicar el aprendizaje de los alumnos, pero también la igualdad de género en el empleo", apunta el informe.

Precisamente hace unos meses, la OCDE instó a España a acabar con la jornada continua porque, a su juicio, la partida responde mejor a las necesidades de los alumnos, especialmente de los más desfavorecidos, para los que los expertos de EsadeEcPol proponen un mayor refuerzo. En otras palabras: existe ahora la oportunidad de dar recursos "de manera quirúrgica en cada centro educativo con programas y estrategias que son eficaces, especialmente con el alumnado más vulnerable y rezagado". Se reforzaría, así, el papel corregidor de desigualdades de la educación.

En paralelo, el informe apunta a la necesidad de reformar las políticas docentes y mejorar las condiciones laborales del profesorado para acabar con la interinidad que perjudica la continuidad del aprendizaje de los alumnos y alumnas y agudiza el burnout pospandémico que sufre la profesión. Además, es necesario promover una mayor colaboración docente para implementar nuevos modelos educativos y seguir expandiendo las etapas de educación infantil de 0 a 3 años y Formación Profesional, algo que favorece "el desarrollo temprano de los alumnos y la conciliación de las familias además de la inserción laboral de los jóvenes", explica el estudio, que finaliza con la recomendación de aplicar políticas "eficaces" contra la segregación.

España ha registrado 26.513 nacimientos el pasado mes de junio por lo que el número de nacimientos en el primer semestre del año asciende a 155.629, un 2,51% menos en comparación con el mismo periodo de 2022, según las estimaciones de nacimientos mensuales del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a junio de 2023, ha recogido Europa Press.

La cifra de este pasado mes de junio continúa la senda ascendente registrada a lo largo del año, con 26.216 nacimientos en mayo, 25.031 en abril, 26.412 en marzo, 24.471 en febrero y 26.986 en enero, mes que por ahora ostenta el mayor número de nacimientos.

El dato de este semestre de 2023 es además un 10,82% inferior con respecto al mismo periodo del año 2019.

Por otro lado, en las 30 primeras semanas de 2023 fallecieron en España 255.641 personas, al fallecer 7.328 en la última semana, lo que supone un 7,77% menos que en el mismo periodo de 2022 y un 2,48% más que en las mismas semanas de 2019, según la estimación de defunciones semanales del INE.

Las mujeres no tuvieron ni un hijo de media en 11 ciudades españoles durante 2020, año en el que el número medio de hijos por mujer se situó en 1,19. No obstante, ninguna gran ciudad de España tuvo un número medio de hijos por mujer superior a 1,8 en 2020 según se desprende de los datos procedentes de los Indicadores Urbanos, correspondientes a 2023, publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Así, las ciudades con mayor número medio de hijos por mujer son Melilla (1,77), Lorca (1,65), La Línea (1,49), Cartagena (1,45), Manresa (1,45), Almería (1,43) y Ceuta (1,43) mientras que las ciudades con menor número medio de hijos por mujer son los municipios canarios de San Cristóbal de la Laguna (0,81), Santa Cruz de Tenerife (0,87) y Las Palmas de Gran Canaria (0,88), seguidos de Gijón (0,89), Telde (0,90), Fuengirola (0,91) y Cádiz (0,96).

El indicador del número medio de hijos por mujer se define como el número medio de hijos que tendría a lo largo de su vida fértil una mujer residente en caso de mantener la misma intensidad fecunda por edad que la observada en un año concreto. Los indicadores urbanos ofrecen información de 39 indicadores para una selección de 126 ciudades españolas, nueve conurbaciones y 70 áreas funcionales en torno a las principales ciudades.

Precisamente, la semana pasada se dio a conocer que en marzo de 2023 nacieron 26.677 niños en España, según la estimación mensual de nacimientos del INE, 600 menos que en marzo de 2022 y 6.000 menos que en marzo de 2017. Además, en el primer trimestre de 2023 nacieron 78.534 niños en España, según las estimaciones del INE, 1.363 nacimientos menos que en el mismo periodo de 2022 y 1.291 más que en el de 2021.

Por otro lado, en las 17 primeras semanas de 2023 fallecieron en España 156.742 personas, 2.234 menos que en el mismo periodo de 2022, según la estimación de defunciones semanales del INE y la cifra más baja en esas mismas semanas desde 2019.

Otro de los indicadores alude a la esperanza de vida al nacimiento, en representación del número medio de años que se espera que una persona viva desde el momento de su nacimiento, se ha calculado como media de tres años, siendo 2020 el año central de referencia.

En este sentido, tres municipios, todos ellos de Comunidad de Madrid, superaron los 85 años: Majadahonda, Las Rozas de Madrid y Pozuelo de Alarcón, mientras que en el extremo opuesto, tres de las 126 ciudades estudiadas presentaron una esperanza de vida al nacimiento inferior a 80 años: Ceuta, La Línea de la Concepción y Melilla. Además, tres de las 126 mayores ciudades de España superaron los 85 años de esperanza de vida en 2020.

En cuanto a la edad mediana de la población (indicador que muestra la edad exacta que divide a la distribución por edades de la población residente dejando el mismo número de personas por debajo y por encima de ella), la edad mediana a nivel nacional fue de 45,1 años a 1 de enero de 2022, con dos municipios que superaron los 51 años: Ferrol (51,6) y Avilés (51,1), y León, Zamora, Salamanca, Gijón y Valladolid (todas con más de 50 años).

Por el contrario, tres municipios registraron una edad mediana inferior a 40 años. Así, la ciudad con la edad mediana más joven en 2022 fue Melilla, con 35,6 años, seguida de Ceuta (38,1) y Rivas (39,7) fue menor de 40 años.

Respecto a la población extranjera (indicador que relaciona la población residente con nacionalidad extranjera con el total de la población residente), el porcentaje de extranjeros en España a 1 de enero de 2022 fue del 11,7%.

Por ciudades, las que presentaron mayores porcentajes de extranjeros fueron Torrevieja (40,7%), Fuengirola (37,6%) y Benidorm (29,6%). En el extremo opuesto, los porcentajes más bajos se dieron en San Fernando (1,6%), Sanlúcar de Barrameda (1,9%) y Cádiz (2,2%), todas de la provincia de Cádiz.

La publicación Indicadores Urbanos se deriva del Proyecto Europeo Urban Audit, que recoge información sobre las condiciones de vida en las ciudades de la Unión Europea y los países candidatos. Se trata de un proyecto puesto en marcha a finales de los años 90 por la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO), coordinado por Eurostat y desarrollado por las Oficinas de Estadística de los Estados participantes.

Como recuerda el INE, su objetivo es la recopilación, estimación y publicación de datos estadísticos comparables de contenido socioeconómico para conocer y medir la calidad de vida en un determinado número de áreas territoriales relacionadas con el ámbito urbano.

El 17,5% de la población adulta a nivel mundial, aproximadamente 1 de cada 6 personas, sufre infertilidad, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado este martes y recogido por Europa Press. El estudio ha analizado un total de 133 estudios entre 1990 y 2021.

Según el documento, que recoge las primeras estimaciones de prevalencia de la infertilidad realizadas por la OMS en más de una década, hay una "urgente necesidad de aumentar el acceso a una atención de la fertilidad asequible y de alta calidad para quienes la necesitan".

En cualquier caso, el informe no ha aclarado si la infertilidad está en aumento o no. "Las estimaciones anteriores realizadas por la OMS en 2012 no mostraron ninguna tendencia hacia un aumento de las tasas de infertilidad. Así que no encontramos esa evidencia en nuestro informe y no podemos, basándonos en los datos que tenemos, decir que la infertilidad está aumentando o es constante", ha detallado en rueda de prensa desde Ginebra (Suiza) el jefe de Anticoncepción y Fertilidad de la OMS, James Kiarie.

Ante esta "persistente falta de datos en muchos países y algunas regiones" sobre la infertilidad, los expertos de la OMS han reclamado "una mayor disponibilidad de datos nacionales desglosados por edad y por causa para ayudar a cuantificar la infertilidad, así como para saber quién necesita atención en materia de fertilidad y cómo se pueden reducir los riesgos".

El estudio tampoco ha dividido los datos sobre infertilidad entre hombres y mujeres debido a esa falta de cifras, pero el doctor Gitau Mburu ha instado a no discriminar a ningún sexo. "No es una cuestión de mujeres. Es posible y muy común que ambos sexos, hombres y mujeres, contribuyan al problema de la infertilidad. Y también sabemos que en general se culpa a las mujeres. De hecho, yo diría que se culpa desproporcionadamente a las mujeres de no concebir en las parejas", ha afeado.

La infertilidad, definida por la imposibilidad de lograr un embarazo tras 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección, se distribuye de manera homogénea en todo el mundo.

Además, las tasas son comparables en los países de ingresos altos, medios y bajos, lo que indica que se trata de "un importante reto sanitario" a escala mundial. En concreto, la prevalencia es del 17,8% en los países de ingresos altos y del 16,5% en los de ingresos bajos y medios.

"El informe revela una verdad importante: la infertilidad no discrimina. La enorme proporción de afectados pone de manifiesto la necesidad de ampliar el acceso a la atención de la fertilidad y de garantizar que esta cuestión deje de quedar al margen de la investigación y las políticas sanitarias, de modo que quienes lo deseen dispongan de medios seguros, eficaces y asequibles para alcanzar la paternidad", ha comentado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El informe alerta de que, a pesar de la magnitud del problema, las soluciones para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la infertilidad, incluida la tecnología de reproducción asistida, como la fecundación in vitro (FIV), "siguen estando infrafinanciadas y son inaccesibles para muchos debido a los elevados costes, el estigma social y la limitada disponibilidad".

De hecho, la OMS apunta que en la mayoría de los países los tratamientos de fertilidad se financian en gran medida con fondos propios, lo que "a menudo se traduce en costes financieros devastadores".

"Los habitantes de los países más pobres gastan una mayor proporción de sus ingresos en tratamientos de fertilidad que los de los países más ricos. Con frecuencia, los elevados costes impiden a las personas acceder a tratamientos de infertilidad o, por el contrario, pueden catapultarlas a la pobreza", han lamentado los expertos de la OMS.

En su intervención en la rueda de prensa, la directora de Salud Sexual y Reproductiva e Investigación de la OMS, Pascale Allotey, ha avisado de que "millones de personas se enfrentan a costes sanitarios catastróficos después de buscar tratamiento para la infertilidad, lo que hace que esto sea un problema de equidad importante y, con demasiada frecuencia, una trampa de pobreza médica para los afectados".

Por ello, ha reclamado "mejores políticas y financiación pública" para "mejorar significativamente el acceso al tratamiento y proteger a los hogares más pobres de caer en la pobreza como consecuencia de ello".

Al hilo, un estudio financiado por la OMS y el Programa Especial de las Naciones Unidas de Investigación, Desarrollo y Formación de Investigadores en Reproducción Humana (HRP, por sus siglas en inglés) ha evaluado los costes asociados a los tratamientos de infertilidad en países de ingresos bajos y medios.

Según esta investigación, publicada en la revista científica Human Reproduction, los costes médicos directos pagados por los pacientes por una sola ronda de FIV "son a menudo superiores a los ingresos medios anuales, lo que indica unos costes prohibitivos para la mayoría de las personas en estas partes del mundo".

En concreto, el doctor Mburu ha detallado que, según los resultados de la investigación, en algunos países "la gente gasta más que sus ingresos medios anuales en un ciclo de FIV". "Y descubrimos que en algunos países se gastaban hasta el 200% del PIB en un ciclo de FIV. Creemos que es necesario reducir este gasto para garantizar el acceso universal a los servicios de fertilidad", ha remachado.

El pasado mes de agosto saltaba la alerta a los titulares. "El exceso de mortalidad en España casi triplica la media europea", publicaron algunos medios. Nuestro país, según revelaban los datos de Eurostat, registraba una media de fallecimientos en el mes de junio un 16,7% superior a la registrada durante los años 2016 y 2019. En Europa, en cambio, el porcentaje bajaba al 6%. Las cifras mostraban que la vuelta a la normalidad tras la pandemia todavía no había llegado, algo que se confirmó cuando el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, indicó que el exceso de mortalidad durante todo 2022 había superado la de todo 2021. Y, con mucho, la de los años prepandémicos. Hubo, según consta en su web, 34.773 excesos de fallecimientos, un 18,6% más que un año antes, cuando se registraron 29.310. ¿A qué se deben estos números?

Para responder a la pregunta, es necesario echar la mirada hacia atrás. Y, más concretamente, hacia los años donde el covid no existía. En 2016, por ejemplo, las muertes de más registradas en el MoMo fueron 8.270; en 2017, 13.476; y en 2018, 11.349. En la serie observada, además, destacan los años 2019 y 2015, el primero porque ni siquiera hubo exceso de mortalidad (se registraron 2.862 muertes menos de las esperadas) y el segundo porque terminó con una cifra muy elevada, 38.523, que podría atribuirse, explica el epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la OMS Daniel López Acuña, a los datos de gripe estacional que se observaron entonces.

Pero, ¿cómo funciona el sistema? Lo que mide es la cantidad de muertes que se han producido en un año comparadas con las que se esperaba que iba a haber. Por ejemplo: se esperaba que en 2018 fallecieran 421.228 personas, pero se notificaron 432.578. ¿Y cómo se obtienen los datos? El propio sistema lo explica así: El MoMo "utiliza la información de mortalidad por todas las causas que se obtiene diariamente de 3.929 registros civiles informatizados del Ministerio de Justicia, correspondientes al 93% de la población española y que incluye todas las provincias".

"Este indicador lo que nos mide es si el número de muertes está por encima de los promedios observados habitualmente en los años anteriores. Es un sistema de vigilancia rápida de mortalidad", explica Acuña, que indica que los datos correspondientes a 2021 y 2022 se han elaborado utilizando las medias de muerte de los años prepandemia. "Los datos de 2020 [cuando el exceso fue de 73.222] no se han tenido mucho en cuenta porque lo que ocurrió fue excepcional. Si nos dejáramos influir por un año con pico de mortalidad, no estaríamos observando la realidad", indica.

El sistema, por otro lado, nunca establece la causa de muerte. Así lo explican las fuentes del Instituto Carlos III a infoLibre: "MoMo no calcula ni determina muertes reales y no es un registro de defunciones. Es un sistema inespecífico que no permite identificar la causa concreta que está produciendo un exceso de mortalidad, más allá de la atribuible a las variaciones de temperatura", la única causa de fallecimiento que el sistema sí contempla, puesto que se puso en marcha, recuerda Acuña, "después de que en se produjeran muchas muertes por olas de calor en Francia".

Precisamente esto, el aumento de las muertes estimadas debidas al calor y al frío (que en 2022 fue de 5.876, la cifra más alta en toda la serie observada, desde el año 2015), podría explicar el dato de exceso de mortalidad que ocupó tantos titulares en el mes de agosto del año pasado. Sin embargo, lo que no podría hacer es aclarar el hecho de que en 2021 y 2022 haya unos datos de muertes excesivas muy superiores a los de los años anteriores a la crisis sanitaria. "Las muertes atribuibles a las olas de calor de los últimos años no pueden explicar toda la sobremortalidad, solo una parte", asegura López Acuña. ¿Y la otra parte, entonces, cómo puede explicarse? Según el Instituto de Salud Carlos III, podría ser "un conjunto de muchos factores". "Entre ellos pueden estar, por supuesto, el propio covid, la mortalidad indirecta relacionada con la pandemia, el aislamiento social, la posible mayor dificultad de acceso a la atención médica, los cambios en la estructura social, la actividad del sistema sanitario, las modificaciones en los comportamientos sociales e individuales..."

A cierre de 2022, y ya con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en la mano, la Sociedad Española de Epidemiología analizó los datos de mortalidad de todo el año. Y las causas. La respuesta que obtuvieron quizá no era la esperable en un momento en el que la tasa de vacunación con la dosis completa superaba el 85% de la población: el covid-19 "ha sido la causa específica de muerte más frecuente durante el último año y medio", algo que sucedió a pesar de que se registró "una disminución en número de personas por esta causa en 2021 con respecto a 2020, y en los primeros seis meses de 2022 con respecto al mismo periodo de 2021".

Concretamente, en 2021 fallecieron 39.444 personas por covid —que no es lo mismo que con covid—, un 34,6% menos que en 2020. En el primer semestre de 2022 lo hicieron, en cambio, 20.915, un 28,6% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Pero ahora bien, después del covid, ¿cuáles fueron las causas de muerte más frecuentes? Según el análisis de la Sociedad Española de Epidemiología, los tumores, las enfermedades del sistema circulatorio y las del sistema respiratorio ocuparon los grandes grupos de causas de muerte tanto en 2021 como en el primer semestre de 2022. Los datos del INE especifican que los tumores que acabaron en fallecimiento, de hecho, aumentaron un 0,8% en 2021 y un 1,7% en 2022, un año en el que también aumentaron las muertes por enfermedades respiratorias (un 24,3% más que en el mismo periodo de 2021), por enfermedades del sistema nervioso (un 7,9% más) y por enfermedades del sistema circulatorio (un 1,6% más que en los seis primeros meses de 2021, cuando esta causa de fallecimiento disminuyó con respecto a 2020).

Aunque a priori no lo parezca, según explica Acuña y coincide Óscar Zurriaga, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, algunos de estos fallecimientos también se podrían atribuir al covid. "En algunos casos por falta de diagnóstico precoz que nos ha llevado a que nos encontremos las enfermedades en estadios más graves y de más difícil resolución, y en otros por retrasos en tratamientos de otras patologías que se han visto inevitablemente agravadas. Indirecta y directamente, el covid sigue explicando bastante la mortalidad de los últimos dos años", explica Zurriaga.

Se avisó de que esto podría ocurrir en plena crisis sanitaria. La concentración de los esfuerzos en el tratamiento de los casos más graves de contagio por coronavirus impidieron que los enfermos crónicos fuesen atendidos y que las enfermedades nuevas fueran diagnosticadas. Por ejemplo, según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en 2020 se detectaron entre un 15 y un 20% menos de cánceres. Otro ejemplo: según la Sociedad Española de Cardiología (SEC), el tratamiento del infarto se redujo un 40% durante la primera semana del estado de alarma, lo que provocó que la mortalidad del mismo se duplicara durante la primera ola de coronavirus. 

Pero hay más datos. Según el último Informe anual del Sistema Nacional de Salud correspondiente a los años 2020 y 2021 publicado por el Ministerio de Sanidad, "las listas de espera, tanto para intervenciones quirúrgicas como para consultas y pruebas diagnósticas, se han visto claramente afectadas desde que se decretó el primer estado de alarma". En concreto, en atención primaria, el año previo a la pandemia, el 42% de las personas que pidieron cita con su médico de familia la obtuvo para el mismo día o para el siguiente, mientras que el resto la obtuvo en una media de 5,9 días. En 2021, la cita en el día o para el día siguiente solo la obtuvo el 26% y el resto debió esperar de media 10,8 días.

Según el barómetro sanitario del CIS, que cuenta con datos más recientes, en noviembre de 2022 ocho de cada diez pacientes tuvieron que esperar más de un día para ser atendidos por su médico de familia, frente al 55,1% de antes del covid, según sus datos. En el caso de los médicos especialistas, el número de pacientes que tuvieron que esperar más de tres meses pasó del 25,8% previo a la pandemia, al 37,9% casi al cierre del año 2022.

Por su parte, en cuanto a las listas de espera quirúrgica, el número de pacientes en espera estructural aumentó en los dos últimos años, según los últimos datos disponibles, correspondientes a junio de 2022. Ese mes la cifra era de 742.518; en junio de un año antes, en cambio, era de 661.162. Sin embargo, el porcentaje de pacientes con más de seis meses de espera disminuyó (pasó de un 18,9% en junio de 2021 a un 17,6% en el mismo mes de 2022), al igual que el tiempo medio de espera (de 121 a 113 días).

"En el año 2022, la saturación asistencial, los retrasos en la atención y en las listas de espera, al igual que en pruebas diagnósticas, ha generado que personas con enfermedades crónicas que normalmente podrían ser resueltas vieran sus patologías intensificadas al no ser atendidas oportunamente", explica Acuña, que coincide con Zurriaga y con el diagnóstico de la Sociedad Española de Epidemiología en que el covid, de manera directa, también influyó en la mortalidad de 2022. "La variante ómicron generó episodios severos y reinfecciones y, además, a finales de año tuvimos una tripledemia, con casos de covid, gripe y enfermedades respiratorias en niños", añade.

¿Y qué pasará en 2023? Los últimos datos disponibles en el MoMo, que actualizó su estadística el pasado 15 de marzo, cifran en 795 las muertes de más en lo que llevamos de año. "Los primeros meses parecen haber reducido los niveles de sobremortalidad, pero habrá que estar atentos, sobre todo al verano, cuando se espera que las muertes atribuibles a la temperatura aumenten y el covid siga teniendo una fuerte implicación, directa e indirecta", sentencia el epidemiólogo.

La población de China ha caído por primera vez en seis décadas durante el año 2022, por lo que la tasa de natalidad ha bajado a un mínimo histórico, remarcando la profundización de la crisis demográfica que registra el país.

El gigante asiático registraba a finales de año, en 2022, 1.410 millones de habitantes, desplomándose en 850.000 personas en comparación con los datos del último mes de 2021, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística recogidos por Europa Press.

En 2022 nacieron aproximadamente 9,56 millones de bebés, el nivel más bajo desde 1950, cuando comenzaron los registros, con 6,77 nacimientos por cada 1.000 personas, a pesar de las políticas de natalidad del Gobierno chino, según informa el periódico South Chin Morning Post.

Por otro lado, según los datos oficiales, han muerto 10,41 millones de personas, marcando un ligero aumento respecto a los casi 10 millones de muertes notificadas los años anteriores.

No obstante, durante este año la cifra de fallecimientos relacionadas con el covid-19 podría aumentar considerablemente estos registros, ya que el Ejecutivo chino retiró las medidas antiCovid en el mes de diciembre por las protestas sociales.

Desde entonces, el país ha registrado un brote que ha provocado un aumento de casos que preocupa a la comunidad internacional por la falta de transparencia en la magnitud de la situación.

Naciones Unidas certificó la semana pasada que el planeta tiene por primera vez más de 8.000 millones de habitantes. Todos los continentes aumentan su población excepto la vieja Europa. La población mundial tiene una media de edad de poco más de 30 años mientras los europeos rondan los 44. Europa es más vieja, envejece dos veces más rápido y es el único continente que depende de la inmigración para no perder población. El viejo continente se convirtió en el continente viejo sin que las políticas de fomento de natalidad cambiaran la tendencia.

Mientras la población mundial era en 1990 un 66% de la actual (de 5.280 a 8.000 millones) la europea era un 85% (de 382 millones a 446 millones). La población europea de los países que hoy forman la Unión Europea era en 1990 el 7,23% de la población mundial y hoy es el 5,5%.

La tasa de fertilidad cae en países con muchas ayudas a la infancia o con casi ninguna, en países muy liberales con el aborto o muy restrictivos. En países en que los jóvenes dejan el hogar familiar a los 25 o a los 35. Nada parece afectar a un fenómeno al que las políticas no consiguen embridar.

En una entrevista al canal francés LCI, el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, decía que “el invierno demográfico de Europa solo se cubre por los aportes del resto del mundo”. “Nos guste o no”, decía Borrell, “es un hecho”. Borrell decía en esa entrevista que hay sociedades “que prefieren el envejecimiento a la mezcla, como Japón y algunos países europeos” y que otras prefieren un cierto nivel de inmigración.

El occidente europeo va aumentando muy ligeramente su población gracias a la inmigración porque el crecimiento natural (balance positivo o negativo de restar las defunciones a los nacimientos) es negativo. Pero el centro y el Este de la Unión Europea pierden población. Los 27 países de la Unión Europea están en los primeros 43 puestos del mundo por edad media de su población. Sin contar el Principado de Mónaco, Japón es el país más viejo del mundo con 48,6 años de media y Alemania es el segundo con 47,8. España está en decimotercera posición con 43,9 años de edad media.

España envejece ligeramente más que su entorno. El envejecimiento de la población española se disparó cuando el nivel de vida empezó a crecer y a acercarse a los estándares europeos. En 1950 la edad media de los españoles era de 27,5 años y en 1980 de 30,4 años. Apenas envejecieron 2,9 años en 30 años. En la década de los 80 fue tanto como en las tres anteriores, 2,9 años para alcanzar los 33,4. En los años 90 se produjo un salto aún mayor, de 4,2 años para llegar a los 37,6.

En la primera década de este siglo XXI el envejecimiento fue de 2,4 años y en la segunda década se dio otro salto, esta vez de 4,5 años. Solo la llegada de un importante flujo migratorio en los primeros años 2000 frenó ese envejecimiento, que se disparó de nuevo cuando la inmigración se estancó tras la explosión de la burbuja inmobiliaria y de la crisis financiera entre 2008 y 2012. De creer al INE en esta década, los españoles envejecerán 4,7 años y en la próxima otros tres años hasta alcanzar los 52,6.

El envejecimiento europeo es prácticamente igual de espectacular. Los datos de Eurostat, la Oficina de Estadísticas de la Comisión Europea, hablan de una Europa a la que se le ven cada vez más las arrugas y las canas. En los últimos 20 años la población de la Unión Europea envejeció 5,5 años para llegar a los 43,9. En el mismo período la población española envejeció 6,9 años.

La región más vieja de Europa es la alemana de Chemnitz, que ya superó los 52 años de media. En la Liguria italiana se acercan a los 51,5 años y en la también alemana de Sachsen-Anhalt pasaron de 51,2 años. Todas por encima de la región española más vieja, Castilla y León, que va por los 49,2 años. Las tres regiones europeas más jóvenes están situadas fuera del continente europeo. Las francesas Mayotte (17,7 años) y Guyana (26,1 años) y la ciudad autónoma española de Melilla (34,4 años).

La tasa de fertilidad de las mujeres europeas está estancada desde hace décadas. De los 1,43 nacimientos por mujer de 2001 fue subiendo ligeramente hasta alcanzar 1,57 nacimientos en 2008, cuando empezó de nuevo a caer hasta los 1,51 en 2013. Desde entonces sube y baja unas décimas y sigue apenas por encima de 1,50. Los expertos aseguran que para mantener el mismo número de habitantes sin inmigración ni emigración hace falta una tasa de fertilidad de 2,1. Ninguno de los 27 Estados miembro de la Unión Europea llega a 1,90. Algunos no llegan ni a 1,50. España e Italia no alcanzan el 1,30.

La esperanza de vida de los europeos en 1960 era de 67,3 años para los hombres y de 73,0 años para las mujeres. Hoy es de 77,5 años para los hombres y de 83,2 años para las mujeres. En 60 años se ha ganado una década.

El porcentaje de población por grupos de edad muestra un envejecimiento acelerado en los últimos 10 años. Si en 2011 el 17,8% de los europeos tenía más de 65 años, en 2021 ya era el 20,8%. En esa década se reducía de 15,4% a 15,1% el porcentaje de población hasta 14 años y de 66,9% a 64,1% el de la población entre 15 y 64 años.

La inmigración es ya lo único que sostiene a un continente cada vez más viejo y que tiene cada vez menos niños. En 2010 nacieron en los 27 países que hoy forman la UE 4,6 millones de niños. En 2021 fueron 4,06 millones, casi un 12% menos.

Mientras la llegada de inmigrantes iba dando tumbos según la situación económica y las crisis (0,23% de aumento de población europea debido a la inmigración en 1992, 0,07% en 2001, 0,34% en 2013), el crecimiento natural bajó en los primeros años 90. En 1990 el balance neto entre nacimientos y defunciones todavía hizo aumentar la población un 0,18%, pero en 1995 fue apenas un 0,02%. Durante dos décadas se estancó y en la mitad de la década pasada volvió a bajar con fuerza. En 2021 el balance entre nacimientos y defunciones hubiera dejado una pérdida de población del 0,28%. La inmigración hizo que esa pérdida se redujera hasta el 0,04%.

El Este de Europa es la prueba de la necesidad de la inmigración si se quiere al menos mantener el número de habitantes. Con tasas de fertilidad similares al Occidente (superiores a España o Italia), las pérdidas de población son masivas porque no tienen apenas inmigrantes mientras sí generan emigración al Oeste. Si rumanos, polacos, búlgaros o bálticos no hubieran emigrado al Oeste sus países perderían menos población, pero perderían.

Los datos son abrumadores. La población rumana en 1990 era de 23,2 millones de habitantes y hoy es de 19,1 millones. La húngara era de 10,3 millones y hoy es de 9,7. La búlgara pasó de 8,7 a 6,8 millones, una pérdida superior al 25% en poco más de 30 años.

Los datos de las tres repúblicas bálticas son aún peores. Lituania pasó de los 3,7 millones de 1990 a 2,7 millones (-27%) a principios de este año. Letonia de 2,6 a 1,8 millones (-30%) y Estonia de 1,5 a 1,3 millones. Estonia es el único país de la región que parece haber frenado ese éxodo.

Las bases de datos de Eurostat muestran que esa inmigración de Este a Oeste arrancó en 1990, a la caída de los regímenes comunistas y creció a partir de 2004 (cuando 10 países de la región ingresaron en la Unión Europea).

Esas poblaciones hacen que crezca la de los países de Europa occidental. La población irlandesa creció un 40% entre 1990 y 2019, la española un 19,6%, la sueca un 17,9%, la austriaca un 16,6%, la belga un 15,8%, la francesa un 15,2%, la holandesa un 14,5%, la danesa un 12,7% y la finlandesa un 10,9%. Polacos, rumanos, búlgaros o bálticos son buena parte de esos inmigrantes.

Mientras el Este se vacía y el Oeste crece, el centro del continente se estanca. En 30 años Alemania e Italia aumentaron su población un 6%, Eslovenia y Chequia un 5,5%, Eslovaquia un 3,2% y Grecia un 1,9%. Todos gracias a los inmigrantes porque ninguno de los 27 Estados miembro de la Unión Europea consigue sostener su población en base al crecimiento natural.

Un total de 6,5 millones de personas vivirán solas en España en 2037, lo que representa el 29,8% de hogares, los que más crecen en los próximos 15 años. De este modo, el porcentaje de personas que viven solas en España crecerán casi dos puntos en este periodo de tiempo pasando de representar el 10,7% de la población al 12,5%, según ha informado EuropaPress.

Estas son algunas de las conclusiones de la Proyección de Hogares 2022-2037 dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que refleja el resultado que tendría la prolongación de las actuales tendencias demográficas sobre el número de hogares. Por su forma de construcción, sus resultados son coherentes con los de las proyecciones de población difundidas este jueves por el INE.

Según esta proyección, el número de hogares residentes en España se incrementaría en 2.735.555 (un 14,5%) entre 2022 y 2037, alcanzando la cifra de 21.651.673. Durante el mismo periodo la población residente en España aumentaría en 4.236.335 personas (un 8,9%), lo que implicaría la reducción del número de personas que viven en cada hogar. Así, el tamaño medio del hogar pasaría de los 2,48 actuales a 2,36 personas en 2037.

Entre 2022 y 2037 crecerán los hogares más pequeños (de una o dos personas) y en menor medida lo harán los de tres personas, mientras que los de cuatro personas experimentarían una reducción. Por su parte, los de cinco o más personas también continuarían la tendencia creciente de los últimos años.

Así, los hogares en los que vive una sola persona mostrarían el mayor incremento en los próximos 15 años, tanto en valores absolutos como relativos: en 2037 se llegaría a 6,5 millones de hogares unipersonales (el 29,8% del total), con un incremento del 27,3% respecto a principios de 2022.

Los hogares formados por dos personas seguirían siendo el tipo más frecuente en 2037. Casi alcanzarían los 7 millones (el 32,3% del total), con un aumento del 22% desde 2022. Por su parte, los hogares con cuatro personas mantendrían tasas de crecimiento negativas a lo largo del periodo 2022-2037, mientras que los de tres personas cambiarían el signo de su crecimiento pasando a tener tasas positivas.

Los hogares de tres personas crecerían un 4,3% y los de cuatro se reducirían un 4,1%. Los hogares de cinco y más miembros crecerían un 5,0%, al pasar de 1,1 millones en 2022 a 1,2 millones en 2037.

El número medio de personas por hogar ha mantenido una tendencia a la baja desde los últimos censos. Se ha reducido de casi cuatro personas en 1970, hasta 2,9 en 2001 y desde entonces ha continuado descendiendo, salvo por un pequeño repunte en 2020. Esta tendencia a la baja se mantendría durante todo el periodo proyectado, en el que se pasaría de un tamaño medio de 2,48 personas por hogar en 2022 a 2,36 en 2037.

El número de hogares aumentaría en todas las comunidades autónomas a lo largo del periodo 2022-2037, salvo en Principado de Asturias (-0,8%). Los mayores crecimientos en el número de hogares en términos relativos se darían en Illes Balears (27,0%), Región de Murcia (22,6%) y Comunidad de Madrid (21,8%).

El tamaño medio del hogar disminuiría en todas las comunidades. Los mayores descensos se registrarían en Extremadura, Andalucía y Castilla y León. Por su parte, los descensos más moderados se darían en Illes Balears, Cataluña y La Rioja.

En cuanto al porcentaje de hogares unipersonales, Principado de Asturias se situaría en cabeza (con un 36,2% del total en el año 2037), seguido de Castilla y León (35,5%) y Extremadura (33,4%). Región de Murcia sería la comunidad con menor porcentaje de hogares de una persona (24,8%), seguida de Illes Balears (26,0%) y Canarias (27,3%).

La Proyección de Hogares proporciona una simulación estadística del número de hogares futuros de España, de cada comunidad autónoma y de cada provincia en caso de que se prolonguen las tendencias demográficas actualmente observadas, así como de su distribución por tamaños. Los resultados son coherentes con los de las Proyecciones de Población, según el INE.

Esta operación proporciona resultados relativos a los 15 años siguientes, tomando como punto de partida el número de hogares a 1 de enero de 2022.

El 2008 está marcado a fuego en el imaginario colectivo como un punto de inflexión. Fue el año de la segunda victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, de la explosión de Lehman Brothers y del comienzo de un maremoto económico que durante años pondría en serios aprietos a una Unión Europea que veía en la feroz austeridad la única vía de escape ante la que se le venía encima. Pero también el del boom de la natalidad. Nacieron, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), poco más de medio millón de bebés –519.779 alumbramientos–. Es cierto que nada tiene que ver con las cifras registradas durante el llamado baby boom. Pero es el récord registrado en lo que va de siglo XXI. Desde entonces, los nacimientos no han parado de caer progresivamente. El 2021 se cerró con 336.811 nuevos niños y niñas. Y las estimaciones a futuro tampoco son esperanzadoras.

España afronta desde hace años un invierno demográfico. Desde 2016, no se experimenta un crecimiento vegetativo en positivo –diferencia entre nacimientos de madre residente en España y defunciones de residentes en el país–. Y las primeras cifras sobre natalidad de 2022 tampoco anticipan cambio alguno de tendencia: solo en los seis primeros meses, se ha registrado el nivel más bajo de alumbramientos desde 1941, en plena posguerra. Eso no significa, ni mucho menos, que los jóvenes españoles no quieran tener hijos. De hecho, el último informe del Instituto de la Juventud (Injuve) pone de relieve que más del 60% de hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 29 años los incluyen en sus planes de futuro. Sin embargo, son muchos los frenos con los que se encuentran a la hora de dar el paso. Pero, ¿cómo ha cambiado, en este sentido, el país desde el boom de 2008?

Criar a un niño o niña resultaba, hace tres lustros, más barato que en la actualidad. Tomemos como referencia el amplio estudio que en 2006 elaboró la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu). Y pongamos el foco en las horquillas de gasto más bajas, las que no incluyen, por ejemplo, educación o sanidad privada. La crianza desde el nacimiento hasta la mayoría de edad suponía en el momento de la elaboración del informe un desembolso de al menos 98.205 euros, lo que equivalía a 454,6 euros mensuales –si bien en algunas etapas los costes son mayores que en otras, para la elaboración de este reportaje se ha calculado el gasto medio mensual de los primeros 18 años–. Las cifras puestas sobre la mesa por la organización son el resultado de entrevistar a casi medio centenar de familias españolas sobre los desembolsos en alimentación, higiene, ropa, educación, ocio, sanidad, juguetes y otros complementos.

Aunque la Ceaccu se disolvió en 2017, otros colectivos han continuado realizando análisis similares. Uno de ellos es Save the Children. En su último informe, cifraba en 672 euros mensuales el gasto medio. Es decir, un 47,8% más que en la época del boom de nacimientos. Es cierto, no obstante, que en estos cálculos se incluyen dos derivadas que no se tenían en cuenta en el otro estudio: vivienda y gastos corrientes de vivienda. Si extraemos ambas, a fin de ajustar al máximo la comparación, el coste mensual se quedaría en 562 euros, lo que equivale a un incremento del 23,6% respecto a los cálculos de la primera década de siglo. Madrid y Barcelona son, de lejos, las regiones donde es más elevado: 814 y 819 euros, respectivamente. Y, al mismo tiempo, los territorios donde están asentados tres de cada diez jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 34 años.

A pesar de la subida de precios, la juventud continúa hundida en el pozo de la precariedad. A cierre de 2008, la tasa de paro entre los jóvenes menores de 25 años era, según los datos del INE, del 29%. Trece años después, a cierre de 2021 y tras el crecimiento exponencial experimentado durante la Gran Recesión, esa cifra se situaba en casi el 30,7%, casi dos puntos por encima. Y los que podían trabajar, lo hacían, en algunos casos, por salarios inferiores. En 2020, último ejercicio sobre el que versa la Encuesta Anual de Estructura Salarial, los empleados menores de 20 años cobraban unos 566 euros anuales menos que en 2008, mientras que aquellos con edades entre los 20 y los 24 años la diferencia era de 368 euros. En el caso de las horquillas comprendidas entre los 25 y los 34 años, el salario en 2020 era algo más elevado que en el año del estallido de Lehman Brothers.

La juventud empleada tampoco ha disfrutado de una mejora de sus condiciones de trabajo. Los chavales, a pesar del paso de los años, han seguido encadenados a una precariedad insoportable. Solo hay que ver, por ejemplo, la calidad de los empleos. En 2008, el año del boom de los nacimientos, la tasa de temporalidad de los jóvenes de entre 16 y 24 años se situaba en el entorno del 60%, según las cifras recopiladas por el INE. Varios puntos por debajo de la que se registraba en el primer trimestre de 2021, cuando se movía en el 64,9%, tal y como recoge la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social en su informe Jóvenes y mercado de trabajo. Un problema que el Ejecutivo quiere atajar a través de la nueva reforma laboral. De hecho, según afirmó recientemente el ministro de Seguridad Social, la creación de empleo indefinido se está concentrando en los sectores más jóvenes.

Todas estas barreras económicas suponen un freno importante a la hora de empezar a construir una vida adulta independiente. Los jóvenes españoles cada vez tardan más en salir de sus casas. En 2021, la edad media para abandonar el nido era de 29,8 años, cuando la media comunitaria se sitúa en los 26,5 años. De ahí que las tasas de emancipación sean cada vez más bajas. El año de menor natalidad de siglo, solo un 4% de los chicos y chicas de entre 16 y 24 años vivían fuera del núcleo familiar, frente al 35,8% de los de entre 25 y 29 años. Quince años antes, en 2008, esas mismas cifras eran superiores: un 12,9% en el caso de la primera horquilla de edad y un 47,7% en el de la segunda, casi doce puntos superior a la actual.

La evolución de los precios tiene mucho que ver en que la juventud continúe encadenada a sus padres. Entre los dos años mencionados anteriormente, la renta media de vivienda libre para alquilar subió un 24,3%, pasando de los 682 a los 848 euros, datos del Consejo de la Juventud de España (CJE). Cantidades prohibitivas en la actualidad para la mayor parte de los jóvenes. Pongamos el foco, por ejemplo, en un muchacho que tenga pensado irse a vivir solo a un inmueble alquilado. Si tuviera entre 16 y 29 años, el alquiler se comería en la actualidad de media un 79,2% de su salario, según las cifras del Observatorio de Emancipación del organismo. Entre los 30 y los 34 años, esa cifra se situaría en el 59,9%, casi diez puntos más que durante 2008.

Lo que sí se ha suavizado ha sido el coste de la venta. Los estudios del CJE señalan que hace catorce años el precio medio de la vivienda se situaba en los 207.107 euros, un 22,25% más cara que en la actualidad –169.410 euros–. Y, a pesar de esta bajada, cada vez hay menos jóvenes propietarios. Son, en definitiva, una rara avis. En 2008, la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España señalaba que un 65,8% de los hogares con un cabeza de familia menor de 35 años tenía una vivienda en propiedad, una cifra que en 2020 –último estudio disponible– era del 36,1%, casi la mitad.

La dificultad de la juventud a la hora de hacer frente a la entrada es uno de los principales motivos que les impiden embarcarse en la compra de un inmueble. Por lo general, es necesario adelantar un 20% –dejando de lado otros gastos asociados–, lo que, tomando como referencia el precio medio que fijaba el Consejo de la Juventud en el segundo trimestre de 2021, equivaldría a 33.882 euros. Sin embargo, a finales de 2020, los jóvenes españoles tenían unos ahorros medios de 12.758 euros, un 37,6% de lo necesario, según se recoge en el Estudio Jóvenes y Vivienda 2020, elaborado por la promotora inmobiliaria Aedas Homes.

El predominio del voto conservador en el ámbito rural es un fenómeno de época, con relieve político mundial, sobre todo por su peso en recientes elecciones clave, como la victoria de Donald Trump o el Brexit, en ambos casos en 2016. Más recientemente, a principios de abril de este año, el dominio de las zonas rurales ha sido determinante para la holgada victoria de Viktor Orbán en Hungría frente a una oposición unida que sólo puede anotarse como consuelo ser más votada en Budapest. Otra vez, el eje urbano progresista/rural conservador.

En Francia Marine Le Pen fue la más votada en las localidades de menos de 10.000 habitantes. "Está pasando en todo el mundo. En París gana Macron de calle y el segundo es Melénchon. Allí Le Pen estuvo muy floja", explica el sociólogo Narciso Michavila, presidente de GAD3.

¿Está ocurriendo en España? Es decir, ¿se está deslizando el ámbito rural, en su doble vertiente de poblaciones comparativamente pequeñas y de provincias menos pobladas, hacia la derecha? Más concretamente, ¿está Vox, como suele repetirse, penetrando fuertemente en estos ámbitos?

Hay algunos indicios que apuntan al sí.

En primer lugar, hay una pista que no es electoral ni demoscópica. Las protestas contra la inflación del mes de marzo de los sectores agrícola, cazador y transportista, con fuerte presencia del mundo rural, pusieron a la izquierda en el centro de la diana y mostraron sintonía con posiciones de PP y Vox. En el caso del campo, resulta evidente el deslizamiento del discurso. A principios de 2020 las protestas giraban en torno al excesivo peso de los intermediadores, al aterrizaje de los fondos de inversión, al sandwich que sufre el agricultor entre la presión de los costes y los bajos precios y al ocaso de la explotación familiar. Ahora estas reivindicaciones se han desdibujado y el manifiesto de la gran manifestación del 20M llamaba en su primer párrafo a "conservar las tradiciones". Y Santiago Abascal, increpado en una manifestación agraria en 2020, recorría la protesta haciéndose foto tras foto entre gritos de "presidente".

Pero hay mucho más que una impresión de auge. A diferencia de lo que ocurrió –incluso en su mejor momento– con Podemos y Cs, en líneas generales Vox ha cimentado su avance electoral con un progreso homogéneo en pueblos y ciudades al margen del número de habitantes. Así fue entre los comicios de abril y noviembre de 2019. "Si sigue avanzando así, va a superar los mejores resultados de Podemos incluso sin tener su tirón en las grandes ciudades", señala una fuente socialista preocupada por Andalucía, a la que le llama la atención que lo consiga con un respaldo relativamente bajo entre los mayores de 65 años, todavía la asignatura pendiente de los de Abascal.

Un dato. En noviembre de 2019, cuando Vox logró 52 diputados, 14 de ellos salieron de las 28 circunscripciones con 5 escaños o menos, entre las que están todas las que podrían adscribirse a la llamada "España vaciada". Cs no logró ningún asiento en estas 28 plazas. UP, sólo tres, en provincias sin las características típicas de la España rural o interior: Navarra, Castellón y Álava. En 2015, cuando Podemos cosechó 69 diputados, 17 más que ahora Vox, sólo 12 fueron en estas 28 provincias.

El consultor político César Calderón, fundador de RedLines, cree que el fenómeno Vox desborda límites que no logró superar la llamada "nueva política" y ensancha el margen de mayoría derechista en el ámbito rural. "Tanto Podemos como Ciudadanos eran dos fenómenos fundamentalmente urbanos que no consiguieron, ninguno de ellos, impactar significativamente en el ámbito rural, algo que Vox sí que está consiguiendo a base de hablar a estos votantes usando consignas de carácter populista y ultranacionalista que han conseguido introducir en la agenda política temas tanto locales (caza, tauromaquia) como otros importados desde latitudes lejanas como el derecho a portar armas, toda una constelación de temas de nicho capaces cada uno de movilizar a segmentos sociales muy pequeños pero que agregados les están otorgando una intención de voto muy por encima de la esperable". Calderón ve a Vox alineado con Trump y Marine Le Pen, con tácticas consistentes en "agitar todos los miedos tribales a una sociedad cada vez más globalizada, compleja y diversa generando un voto de trinchera".

El consultor político Eduardo Bayón afirma que aún hay que ver si el avance de Vox en zonas rurales responde una ampliación de su base electoral, que se estaría haciendo más transversal, o se fundamenta en una mayor capacidad para captar en esas zonas votantes de derechas, ya fueran abstencionistas o del PP, como ocurre en los barrios obreros donde el partido de Abascal crece. Bayón se inclina por pensar que su auge se nutre sobre todo de votos salidos del PP, una fuga que será mayor en la medida en que Vox sea capaz de explotar el malestar social y sentimientos antipolíticos y nacionalistas. Como dice Calderón, "Vox demuestra que el miedo y el cabreo pueden ser dos importantes aceleradores de voto". Más aún ahora, completa Michavila, dado el mayor perjuicio de la guerra en Ucrania en la economía rural. El presidente de GAD3 cree que en el ámbito rural son especialmente eficientes los discursos "nacionales", de "identidad" y de "tradición". Y añade una clave: en los pueblos pequeños con inmigración, esta es muy visible y puede tener calado como reclamo electoral. "A ver qué pasa en Almería", dice con la vista en las elecciones andaluzas.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ofrece pistas de derechización rural. Entre marzo de 2020 y marzo de 2022, mes del último barómetro, el respaldo a las opciones de derechas tomadas como un conjunto (PP, Vox y Cs) ha subido en los municipios de menos de 50.000 habitantes (47,1% de la población), entre aquellos de entre 50.000 y 100.000 (13,3% de la población) y entre los de más de 100.000 (39,85%). En el caso de la izquierda estatal (PSOE, UP, Más País), ha caído en los tres segmentos.

El ascenso de PP y Vox se observa en intención de voto, voto+simpatía y cercanía ideológica en cada uno de los tramos de municipios según población. Es decir, ¿avanza la derecha en los municipios menos habitados? Sí. Pero en un contexto de auge general, que afecta también a las ciudades medias y a las grandes. Calderón, haciendo síntesis de las encuestas sobre la mesa, afina: "Es toda España la que está girando a la derecha. Pero ese giro es especialmente importante en las ciudades de menos de 50.000 habitantes y en el ámbito rural".

Michavila orienta la mirilla hacia Castilla y León, un testador interesante por el peso demográfico de los pueblos. Casi un tercio de la población vive en municipios de menos de 5.000 habitantes, cerca del triple que en el conjunto de España. Menos porcentaje de población, un 30,9%, vive en ciudades de más de 100.000 habitantes, y todo el debate político, incluso el que afecta a los municipios mayores, está ruralizado, como se vio en la campaña de las autonómicas. PP y Vox cuajaron en esas condiciones una cómoda mayoría absoluta. La derecha dura de Abascal, que explotó el repertorio nacionalista y el reclamo de la identidad rural amenazada, se disparó, pasando de 1 a 13 escaños. Se detecta una mayor intensidad del subidón de Vox en las localidades de entre 5.000 y 10.000 habitantes, donde el partido se ha disparado por encima del 20%, mientras que en las ciudades de menos de 50.000 no ha llegado al 17%. Atención a esto: en una comunidad con nueve provincias, PP y Vox sólo han superado en una y dos capitales, respectivamente, su resultado global. En el caso del PP, sólo pasó del 31,43% en Salamanca. En el caso de Vox, sólo superó su 17,64% en Valladolid y Zamora. Es decir, la regla es que PP y Vox funcionan peor en las capitales, al menos en el caso de Castilla y León. Esto puede ser lógico en el PP, con sólida implantación territorial. Pero podría sorprender con Vox: los partidos "nuevos" suelen tener más tirón en las grandes ciudades.

Vox ha desarrollado su propia estrategia para marcar perfil rural, con un discurso de agravio frente al progre urbanita que explota el malestar social y la incertidumbre de sectores económicos muy dependientes de la energía, como la agricultura, al tiempo que se erige en defensor tradicionalista de estilos de vida genuinos. Es significativo que el partido haya reclamado para sí la Consejería de Agricultura en el Gobierno de Castilla y León, el primero autonómico al que accede.

En Andalucía, en la antesala de la campaña electoral, está dando continuidad a esta línea de acción. La gran comunidad del sur será el escenario de la próxima cita electoral. Está por ver hasta qué punto Vox, que obtuvo 12 diputados en 2018, cumple los pronósticos de las encuestas y ronda incluso el doble. Lo seguro es que las elecciones se celebrarán con indicios encima de la mesa que apuntan que Vox ya no se beneficia sólo de votos salidos del PP, sino que también rasca electores progresistas, como ha puesto de relieve una reciente encuesta de 40dB para El País y la Ser con 2.000 entrevistas. En febrero, una encuesta de Deimos para Vox Pópuli con 1.500 entrevistas situaba a Vox como el más votado en los municipios andaluces de menos de 20.000 habitantes y el segundo por delante del PSOE en los de entre 20.000 y 50.000, es decir, en las ciudades medias, histórico punto fuerte de los socialistas durante sus décadas de hegemonía. Ahí ahora el que domina es el PP, que empezó su ascenso en Andalucía en los 90 en capitales de provincia, grandes ciudades y áreas metropolitanas pero poco a poco se ha convertido en un partido de fuerte implantación rural.

Como destaca Bayón, las "dos principales brechas" electorales son las que se abren entre campo y ciudad y entre jóvenes y mayores. En el caso español, estos últimos, que por regla general ocupan un porcentaje de población mayor en los pueblos y en las provincias más despobladas, han sido el electorado más fiel al PSOE y el PP. Si Vox lograra meter ahí la cuchara, sería una prueba más de su penetración en el ámbito rural. ¿Qué dice el CIS? Los mayores de 65 siguen siendo el tramo de edad en el que Vox tiene menos intención declarada de voto, un 5,1% en marzo de 2022. Pero, ojo, hace dos años era un 3,5. Y crece mientras el PP también lo hace, aunque levemente, en una franja en la que no obstante el PSOE sigue siendo el que más intención de voto concentra. Vox crece de forma similar en "voto+simpatía" entre mayores de 65 años, también mientras el PP crece. Michavila señala que el electorado de más edad presenta dificultades para Vox, porque es una etapa donde prende menos la indignación y el consumo de información se aleja de las redes sociales y se concentra en los medios tradicionales. "El tema de las personas mayores es diferente –señala Calderón–, mayoritariamente siguen confiando en PP y PSOE muy por encima de Vox". Eso es válido, al menos, para los mayores de hoy. Los de mañana –es decir, los adultos y jóvenes de hoy–, ya veremos.

"Es importante evidentemente para mí porque soy el próximo en examinarme. ¡Por dios, sacad un buen resultado y que tengamos una mayoría suficiente! ¡Una mayoría suficiente! ¡Que lleguemos a las elecciones andaluzas con una mayoría suficiente!" (15 de enero).

"Estas elecciones no son cualquier cosa. Tampoco para mí, que voy después. Cuando uno va a una prueba, y está nerviosito perdido, y dice 'pasa tú delante, que a mí me da la risa'. [...]. Pero bueno, ya que [Alfonso Fernández Mañueco] va primero, lo importante es que vaya bien. A ver si me voy a encontrar yo con un susto el 13 de febrero. Hombre, por dios, ¡por compañerismo!, ¡me tenéis que ayudar también a mí!" (28 de enero).

Las dos intervenciones, en el tono distendido que a veces se permiten los dirigentes políticos en sus actos con la militancia, pero cargadas de significado político, son de Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía (PP), durante la campaña de Castilla y León. Moreno, que se presenta como el barón moderado del PP, más en línea con Alberto Núñez Feijoó o con el propio Mañueco que con Isabel Díaz Ayuso, reclamaba con esa "mayoría suficiente" un resultado que no presentara al PP como rehén de Vox.

La razón es sencilla. El líder del PP andaluz, que ha sacado tres presupuestos gracias a Vox, trata de presentarse en este último tramo de la legislatura como víctima de una "pinza" entre el partido de Santiago Abascal y el PSOE, situándose él mismo en el centro del tablero. De ahí que sea inconveniente que se abra el melón de una posible incorporación de Vox a gobiernos con el PP, lo cual descentra a su partido.

Pues bien, ya pasó el 13F. Y los resultados no han atendido los ruegos del líder andaluz del PP. Si el PSOE –como anticipa que hará– no facilita la investidura de Mañueco, el PP queda a merced de Vox, que ya reclama entrar en el Gobierno autonómico. El 13F desbarata así su pretensión de acudir a las urnas sin que se viera al PP en manos de Vox.

Mientras PSOE y Unidas Podemos se abalanzan sobre el presidente, tratando de castigar su implicación en la campaña castellanoleonesa y presentándolo como el siguiente en pasar por el peaje de Vox, desde el entorno de Moreno el mensaje es de calma. Lo que ha ocurrido en Castilla y León, afirman desde su equipo, no influye en los planes del presidente, que serán convocar las elecciones en junio, "si nos hacen la vida parlamentariamente imposible", o en octubre. Más tarde no, porque afectaría a los presupuestos de 2023, añaden. Eso sería casi acabar la legislatura, ya que las elecciones fueron el 2 de diciembre de 2018.

El "mejor mensaje" que puede dar Moreno es que "Andalucía es de primera, hace su propio camino y no se deja llevar por nadie", explican desde su entorno. Eso sí, no descartan que sea el propio Pedro Sánchez el que quiera hacer coincidir las elecciones generales con las andaluzas, dejan caer. El entorno de Moreno recalca que el presidente ya tuvo su "momento de oro" para convocar elecciones, en otoño del año pasado, disparado en las encuestas, con Cs mejor que ahora, el PSOE sin haber celebrado su congreso y Génova apoyando ese adelanto. Si no lo hizo entonces, recalcan, fue por respeto a su propia hoja de ruta, que ahora mantendrá.

¿Teme el presidente que una negociación o un gobierno con Vox en Castilla y León castigue su intento de hacerse con una imagen centrista en Andalucía? Eso es "futurismo", señalan. Está por ver, añaden, a qué acuerdo se llega finalmente. Y en cualquier caso le quitan importancia. Si Moreno se muestra firme ante Vox en Andalucía –analizan– será capaz de conservar su imagen de "presidente de todos", lo cual consideran su principal activo.

La izquierda cree que esta imagen de calma presidencial es pose. De hecho, la resaca del 13F provocó este mismo lunes una paradoja. Dos partidos que han sufrido un retroceso en Castilla y León, PSOE y Unidas Podemos, salieron a la ofensiva contra Moreno, al que ven ahora retratado junto a Vox y con problemas para defender el guión de un PP moderado y centrista, más aún cuando Vox ya afirma que se ve en los sillones del Consejo de Gobierno.

Según el análisis de ambas formaciones de izquierdas, las elecciones en Castilla y León desvelan la realidad del PP, que una vez desmoronado Ciudadanos sólo puede contar con Vox, un partido de ultraderecha de la familia de Reagrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia o del Fidesz de Viktor Orbán en Hungría. La supuesta moderación de Moreno, coinciden en PSOE y UP, es hoy menos creíble que el sábado.

En el PSOE andaluz cunde el convencimiento de que Moreno está "en problemas" por haber "ligado su destino" al de Mañueco. Una diputada del PSOE se muestra convencida de que "ha arriesgado demasiado" y cree que ha sido "un error" situarse en la estela del presidente de Castilla y León, porque sociológicamente se trata de una comunidad diferente de la andaluza. "En Andalucía hay una parálisis política total, no se ejecutan fondos europeos, no hay presupuesto... Y Moreno Bonilla se ausenta de un pleno extraordinario para irse de campaña a Salamanca. Se ha implicado demasiado y va a pagar un precio muy alto", señala esta diputada, que cree que, si Vox presenta a Macarena Olona como candidata, el PP no tendrá un rival desconocido como en Castilla y León, sino una figura de gran tirón mediático que le puede hacer aún más daño.

El "pasa tú delante que a mí me da la risa" de Moreno puede ser, según esta diputada, una de esas frases que calan en la opinión pública y asientan una idea: "Si Vox llega al Gobierno de Castilla y León llegará después al Gobierno de Andalucía". Desde el entorno del presidente quitan hierro a esa expresión de Moreno, que atribuyen al tono simpático que tan propicio resulta para los mítines.

Juan Espadas, candidato del PSOE, afirmó este martes que el PP forma ya "una coalición con la extrema derecha", a la que ve "sentada en la vicepresidencia" del Gobierno de Castilla y León. A su juicio, se abre "un escenario completamente diferente al vivido hasta ahora", que demuestra que "ese centro político que quiere vender Moreno Bonilla está hipotecado".

"En las elecciones en Andalucía los ciudadanos reaccionarán claramente a favor de un partido que sí ha defendido siempre el centro político y la izquierda política", afirmó Espadas, que acusó al PP de haber "engordado" y "blanqueado" a Vox hasta "confundirse" con el partido de Abascal. Espadas trata de seducir al votante moderado, una de sus fijaciones, con el argumento de que el centrista que se decante por Moreno se puede encontrar con Vox en la vicepresidencia.

El PSOE y de UP coinciden en que el resultado de Castilla y León aleja la hipótesis de un adelanto electoral en Andalucía, aunque ni en público ni en privado dan nada por seguro. Tanto Toni Valero, líder de IU, como Martina Velarde, de Podemos, coincidieron este martes en señalar que el electorado había castigado al PP en Castilla y León por un adelanto electoral injustificado engordando a su principal adversario en el campo conservador, lo que desaconsejaría hacer lo mismo en Andalucía. Unidas Podemos aún no tiene candidato en Andalucía. Al menos sobre el papel, los resultados del domingo les dan algo de tiempo, porque hoy parece menos probable que el sábado que Moreno se apresure a convocar elecciones.

Alimentan la idea de un alargamiento de la legislatura el hecho de que los mensajes salidos del Gobierno andaluz en la resaca del 13F, tanto del PP como de Cs, enfrían la hipótesis electoral a corto plazo. Elías Bendodo, consejero de Presidencia (PP), señaló que su objetivo es que los comicios sean "a final de año". "Llevamos tres años rodando y lo vamos a seguir haciendo hasta que se agote la legislatura", afirmó. El mismo mensaje repiten desde el PP. El objetivo es "agotar la legislatura", afirma Loles López, secretaria general del partido. "Lo ideal", añadió Bendodo, sería repetir el gobierno con Ciudadanos.

El problema para esa reedición es que no hay garantía de que Cs aguante en pie tras unos comicios. Ahora el partido naranja tiene 21 diputados, pero, ¿cuántos tendrá tras las elecciones andaluzas? En Madrid no le quedó ni uno. En Castilla y León, uno. En ambos casos, no ha rentabilizado gobernar junto al PP.

Juan Marín, candidato de Cs y vicepresidente de la Junta, trató este lunes de trazar una línea entre el desmoronamiento de su partido en toda España y su realidad en Andalucía. "Nada tiene que ver el electorado de Andalucía con el de Madrid o el de Castilla y León", afirmó. Su valoración se centró en criticar a Pablo Casado y Mañueco haber "entregado a la ultraderecha el Gobierno de Castilla y León", una lectura que provocó críticas incluso en sus propias filas, como esta del parlamentario Javier Pareja.

Vox insiste en su petición de adelanto electoral. Nada nuevo. Ya lo hacía antes del 13F. Pero ahora lo hace reforzado por el resultado del domingo. Su argumento fundamental es que Cs "no ofrece estabilidad". Aunque aún no tiene confirmado su candidato o candidata, el partido de ultraderecha urge a Moreno a terminar con la legislatura. Las elecciones en Castilla y León han demostrado que el partido puede obtener un buen resultado sin un candidato conocido. No obstante, Macarena Olona, una de sus dirigentes más conocidas, sigue alimentando la expectación sobre su posible candidatura.

España Vaciada, que tenía como objetivo presentarse en las nueve provincias de Castilla y León en su estreno autonómico el 13 de febrero, rebaja expectativas. Superar la mitad ya sería un éxito. Las dificultades se amontonan. A la escasez de tiempo que les ha dejado el presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP) con su adelanto electoral al 13 de febrero, se suma la competencia de fuerzas provincialistas preexistentes o que anuncian candidaturas aprovechando las expectativas generadas por el nuevo movimiento. "A río revuelto, ganancia de pescadores", dice el refrán.

En tres provincias en las que, salvo sorpresa, no se presentará España Vaciada –Zamora, León y Ávila–, ya existen fuerzas políticas consolidadas de ámbito provincial que sí acudirán a las urnas. No son equivalentes. Por ejemplo, Por Ávila es una escisión del PP que difícilmente se ajusta a la filosofía de España Vaciada, pero que sí utiliza algunos de sus mensajes. Unión del Pueblo Leonés es un partido con 35 años de historia al que no es sencillo arrebatar la bandera del leonesismo. En cuanto a Ahora Decide (Zamora), sus mensajes son a primera vista difícilmente distinguibles de los de España Vaciada.

Distinto es el caso de Palencia, donde ha brotado una candidatura, Palencia Existe, cuyo "coordinador" comparte en sus redes sociales mensajes antiinmigración y hasta un discurso de Franco. Un "Segovia Existe" ha amagado con presentarse, pero finalmente no lo hará. Quien sí lo hará en Segovia, aprovechando que no habrá papeleta de España Vaciada, es Centrados Segovia, con un ex de UPyD y Cs al frente.

Todo apunta a que el panorama no será exclusivo de Castilla y León. Ante este caótico panorama, que amenaza con lastrar al nuevo movimiento político, España Vaciada anuncia que incrementará sus mensajes para dejar claro quién va y quién no va con ellos.

Como responsable organizativo, a Antonio Saz, coordinador general de España Vaciada, le toca oír las preocupaciones de los miembros de las plataformas provinciales, que en ocasiones le piden que actúe para dejar claro que tal o cual marca no forma parte de la organización. Saz señala que hay partidos intentando "aprovecharse de la ola". "Sin entrar en peleas, vamos a empezar a hacer aclaraciones por redes. Iremos desenmascarando a aquellos que quieran ocupar este espacio y realmente no lo sean", señala. La cuenta de Twitter de la coordinadora ya está afanada ello, desmarcándose de Segovia Existe o Palencia Existe.

Saz explica que en las provincias donde España Vaciada va a tener candidatura propia, de momento Soria, Burgos, Salamanca y Palencia, "va a estar todo muy claro". Todas las papeletas van a ir con la E del revés, símbolo ya registrado Interior, y con el nombre de la provincia y "España Vaciada". Además, el movimiento se implicará en la campaña, con la presencia –explica Saz– de su figura más reconocible, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, así como de sus dos senadores. "El problema –admite– puede estar donde no concurramos. Si ninguna de nuestras plataformas da un paso al frente, no podemos hacer nada, aparte de señalar si hay alguna candidatura que intenta parecer de la España Vaciada sin serlo".

El abanico de situaciones es amplio. El caso de Palencia es singular. Allí han anunciado candidatura tanto Palencia España Vaciada como Palencia Existe, una plataforma que prevé adoptar la forma de una agrupación de electores y que está lejos de ir en la misma línea que España Vaciada, aunque muchos medios la han presentado como parte de la misma.

Palencia España Vaciada, a través de colectivos como Meseta Limpia, se afana en dejar claro que Palencia Existe está fuera de la coordinadora. "Hemos intentado aclararlo en las redes sociales, en entrevistas. Más no podemos hacer", señala Nieves Trigueros, portavoz de Meseta Limpia.

Palencia Existe lanza mensajes que pueden inducir a equívoco.

En medio del clima algo confuso generado por la aparición de un nuevo movimiento, esta plataforma está cosechando una atención mediática con el anuncio de su candidatura que difícilmente obtendría si no existiera España Vaciada. De alguna manera puede decirse que va a su rebufo. Si el lector mete en Google "Palencia Existe" aparecen múltiples noticias, entre ellas de grandes medios. ¿Merece tanta atención? Un dato: Palencia Existe se presenta como una "plataforma", que en la tarde del 30 de diciembre tenía una cuenta de Twitter de 199 seguidores y un grupo de Telegram de 26 suscriptores.

Palencia Existe tiene poco que ver con el eclecticismo ideológico de España Vaciada. Como "coordinador" se presenta Eduardo Lera, que asegura que no quiere que parezca que está dentro de La España Vaciada y que de hecho no entraría porque entonces estaría "teledirigido". Lera no oculta que en su proyecto abunda "gente del PP, de Cs y de Vox", sobre todo de este último partido. "Hay gente de Vox que quiere ir en cabeza" de la candidatura, explica. Aunque su mensaje central puede recordar al de España Vaciada –"ser la voz de la Palencia Rural ante las instituciones"–, el sesgo de Lera es claramente derechista.

Tiene mensajes sobre inmigración así.

Aquí, en el último aniversario del 23F.

En Facebook Lera compartió el 25 de diciembre un discurso de Franco.

Preguntado al respecto por infoLibre, dice que su Facebook es "en plan coña", pero añade: "Lo que hay ahí no lo puedo negar". Tampoco lo ha borrado tras la llamada de este periódico.

En Zamora España Vaciada no tendrán papeleta. Chema Mezquita, portavoz del movimiento en la provincia, reclama "honradez" al resto de grupos, para que no generen confusión. Es más, España Vaciada ha emitido un comunicado remarcando esa idea. ¿A quién se dirigen? Mezquita rechaza citar nombres, para "no dar más publicidad", pero fuentes del movimiento señalan que se trata de Ahora Decide.

Este caso es distinto al de Palencia Existe. Ahora Decide es un partido fundado en marzo de 2015, que cuenta con 16 alcaldes y 96 concejales, según su portavoz, José Martín. De hecho, ya se presentó a las autonómicas de 2019, obteniendo 1.772 votos en Zamora (1,67%). Ahora Decide se presenta como una fuerza centrada en la defensa de Zamora. En sus mensajes centrales no hay nada incompatible con España Vaciada. Es más, Ahora Decide estuvo presente en la manifestación de marzo de 2109 que disparó el movimiento. "Hemos estado siempre con la España Vaciada. Nuestra política creo que es idéntica", explica Martín, que atribuye el rechazo de la coordinadora al hecho de que Ahora Decide es un partido político. Este es uno de los rasgos distintivos de España Vaciada: en su seno no hay partidos, sólo la propia España Vaciada, inscrito en septiembre de este año en Alcañiz (Teruel), con Antonio Saz como representante legal. Ahora Decide se presentará con la marca "Zamora Decide" como "única opción cien por cien zamorana".

Los partidos provincialistas ya existían antes de España Vaciada. Ahora Decide es sólo un ejemplo. En Castilla y León, plaza de estreno autonómico de España Vaciada, hay ya dos fuerzas con un escaño cada una, Unión del Pueblo Leonés, un partido de 1986 que aboga por una autonomía propia, y Por Ávila, una escisión del PP de 2019. Ambas vuelven a presentarse el 13F. En ninguna de las dos provincias –León y Ávila– está prevista candidatura de España Vaciada, igual que en Zamora. No parece casual que sea en tres provincias donde ya hay candidaturas de ámbito provincial previas. Tanto Unión del Pueblo Leonés como Por Ávila ocupan ya parte de ese espacio y utilizan un discurso que achica el margen de España Vaciada.

¿Cómo se ve esta realidad desde España Vaciada? Juan Carlos Soto, miembro de Ávila Rexiste –una mezcla de "existe" y "resiste"–, recalca que Por Ávila no deja de ser una escisión del PP, aunque admite que puede generar "confusión". Sergio Díez, portavoz de León Ruge, señala que las plataformas de España Vaciada en León, antes de decidir no presentarse, habían abordado la posibilidad de una coalición con Unión del Pueblo Leonés.

Fuera de Castilla y León, en Andalucía, donde habrá elecciones en 2022, también coinciden partidos preexistentes y España Vaciada. Un ejemplo: la asociación Juntos por Granada prevé presentarse a las autonómicas utilizando un partido fundado en 1989, Granadinos por Granada, al margen de La España Vaciada. El paso adelante de Juntos por Granada se produce mientras las plataformas de España Vaciada aún debaten si jugar o no la partida electoral. Si los partidos provincialistas cosechan buenos resultados en Castilla y León, no es difícil imaginar un crecimiento del interés por ocupar ese espacio en las provincias andaluzas, donde habrá elecciones en 2022.

Al igual que en León y en Ávila, España Vaciada no ha anunciado candidatura en Segovia. Carlos Merino, portavoz de Segovia Viva, prefiere esperar a próximas elecciones. Mientras tanto, mira de reojo a Segovia Existe, una marca de la que España Vaciada lleva desmarcándose desde noviembre. A menudo Segovia Existe, que afirma contar con dos años de antigüedad, aparece nombrada en artículos como "España Vaciada". Pero no lo es. ¿Qué es? No es fácil seguir el rastro de la asociación. No figura un partido registrado con ese nombre. Al cierre de este artículo, había descartado su candidatura. Aprovechando el vacío, ha anunciado su la suya Centrados Segovia, partido liderado por el exmiembro de UPyD y Cs Santiago Gancedo.

Carlos Merino, de Segovia Viva, confía en que la marca España Vaciada evite que el fenómeno se desvirtúe incluso aunque no haya candidatura en estas autonómicas, pero admite que es un escenario "problemático" que puede provocar un "descrédito". Antonio Saz, coordinador de España Vaciada, alerta sobre el uso del apellido "Existe", como hace Segovia Existe, ya que remite a Teruel Existe. Hay más casos. En agosto de este año se inscribió en Interior el partido El Bierzo Existe. En noviembre del año pasado, Lleida Existeix. Sus webs no funcionan y no responden a los mensajes enviados por infoLibre. Pero ahí están, registrados ya.

Con la salvedad de Palencia, donde además de España Vaciada se presentará Palencia Existe, el resto de provincias donde participa el movimiento organizado presentan un panorama más despejado. Soria ¡Ya! es un caso aparte, por su recorrido histórico. Con más dos décadas de actividad como movimiento social, se presentará como agrupación de electores y con su propia marca. Son pocos los colectivos para los que Saz prevé esta fórmula: Soria ¡Ya!, Teruel Existe, Cuenca Ahora y Jaén Merece Más.

El resto de candidaturas de España Vaciada se presentarán como partidos ad hoc. Así será en Palencia, Burgos y Salamanca. En esta última, Salamanca España Vaciada prevé ser la única candidatura significativa, explica Loreto Curto, una de sus portavoces. En Salamanca también se presentaron en 2019 Unión del Pueblo Leonés y el Partido Regionalista del País Leonés, pero sacan juntos poco más de mil votos. En Burgos la plataforma aglutinante es Burgos Enraíza, que coordina en torno a 45 organizaciones, y tampoco se le prevé rival. La candidatura se llamará Vía Burgalesa-España Vaciada.

En Valladolid no está prevista ninguna candidatura provincialista, ni de La España Vaciada ni ajena.

José Rama Caamaño, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, no prevé para España Vaciada unos resultados tan impactantes como pronostican algunas encuestas. "Se enfrentan a un escenario problemático. En primer lugar, porque es difícil huir de la ideología dentro de una política de bloques. También por las dificultades de coordinación entre provincias. Para que tenga éxito una opción así, tienen que haber unas condiciones de hartazgo con los partidos tradicionales que no siempre se dan", expone Rama, que añade que "desde el principio de la democracia no había un escenario tan dividido y volátil, con tanta incertidumbre sobre la traducción de tu voto en escaños por el sistema electoral". Ello penaliza las opciones de los partidos sin escaño asegurado. "Sin un comportamiento estratégico que reúna todo en una sola marca y una sola papeleta, las cosas se complican aún más", señala. Dicho de otro modo: si la gente percibe que eso de La España Vaciada es un lío, mal asunto para sus candidaturas.

A juicio del profesor de Derecho Constitucional en la UNED Carlos Fernández Esquer, es lógico que otras candidaturas independientes traten de aprovechar la veta provincialista, más aún cuando en algunos casos –como Por Ávila y Unión del Pueblo Leonés– estaban ya consolidadas. Esta división puede restar a España Vaciada "potencial de chantaje", señala Fernández Esquer, que no usa el término con ánimo "peyorativo" sino para referirse a un tipo de lógica política según la cual el voto a un partido sirve para arrancar cesiones. Al dividirse el voto provincialista, España Vaciada se expone a una pérdida de fuerza reivindicativa que puede erosionar el sentido mismo el movimiento.

Fernández Esquer, secretario del Centro de Estudios de Partidos de la UNED, cree que España Vaciada podría inscribirse en la tipología de "single-issue party", es decir, un partido con un solo tema. En este caso, el tema sería la despoblación/abandono. "Ese tema debe servir para aglutinar a todo el partido, al margen de sus diferencias ideológicas", señala. Sin esa fuerza aglutinante, los problemas a los que se enfrenta España Vaciada se agrandarán. ¿Qué problemas? Los mismos –dice– a los que se enfrenta cualquier partido nuevo, como le ocurrió a Cs y Podemos. El 13F tendremos más respuestas.

El coordinador de la España Vaciada Antonio Saz, destacado responsable de la iniciativa, asegura a infoLibre que el pujante movimiento político es favorable a presentarse a las próximas elecciones autonómicas andaluzas, previstas para 2022. Así lo confirma Saz, expresamente preguntado por este periódico. En Andalucía, que si no hay ningún adelanto tendrá lugar la próxima cita electoral como muy tarde a finales de 2022, Saz aún no pone nombre a ninguna organización provincial que pudiera representar al movimiento en las urnas. No obstante, y aunque la decisión no está cerada, la voluntad es clara y Saz no la oculta. "No podemos intentar solucionar la sanidad en Jaén desde Madrid", resume el coordinador, que asegura que hay "compañeros" que están "muy implicados" en la comunidad del sur y que "prácticamente todas" las provincias andaluzas son susceptibles de interés, con especial énfasis en Jaén.

Juan Afán, portavoz de Jaén Merece Más, que integra una docena de organizaciones, es claro a la hora de recoger el guante: "Vamos a ir a las andaluzas, por lo menos para que nos respeten. Es un tema de dignidad. Yo soy de familia de emigrantes, con familia emigrada a Valencia, País Vasco... Y de aquí sigue saliendo la gente". Afán, indignado por el trato que recibe Jaén en temas como los presupuestos y las infraestructuras, señala que dentro del movimiento en la provincia "hay gente que está dispuesta a dar ese paso y gente que prefiere no salir de plataformas reivindicativas". Pero ve la balanza inclinada hacia los primeros. 

"Hay mucha gente que quiere. Estamos en el proceso de búsqueda de las personas idóneas. Las probabilidades aumentan cada día conforme vemos el ninguneo", explica Afán. Aunque hay "voluntad", también afirma que unas autonómicas adelantadas que se celebrasen "dentro de cuatro meses" podrían hacer que "no diera tiempo". Ese, un posible adelanto electoral, es el principal obstáculo que puede plantearse, dice. Si las elecciones son cuando toca, a finales de 2022, "habrá gente que dentro de las plataformas decida dar un paso al ruedo político", asegúra el portavoz de Jaén Merece Más, una de las primeras organizaciones que se sumó a la revuelta impulsada desde Teruel y Soria.

Sanidad y educación

"Nosotros pensamos en problemas y en personas. Te puedo decir dos cuestiones que son muy básicas y que nos afectan todos los días: la educación y la sanidad. Si queremos actuar ahí y cambiar las dinámicas, ¿en qué tendremos que pensar? En las autonomías, que es donde están transferidas [las competencias]. El 60% o 70% de las decisiones que nos afectan todos los días son autonómicas. Tendremos que poner voz también ahí para que las cosas se diseñen y planteen de forma diferente", señala Saz, uno de los 20 miembros del grupo que constituye el núcleo fundacional y dirigente de la España Vaciada desde 2019, así como su responsable de Desarrollo. Se trata de una de las voces más habituales del movimiento que aspira a redefinir las coordenadas políticas en España. La participación en las elecciones generales está ya decidida desde la última Asamblea General de la España Vaciada, celebrada en septiembre. Fue una decisión de la que Saz ha sido impulsor, según explica él mismo.

Saz mira ahora a las autonomías. De hecho, resalta que Teruel Existe ya ha afirmado que se presentará a las elecciones aragonesas y que hay plataformas en Castilla y León que trabajan "en esa dirección", por lo que Andalucía no sería un caso único. "Queremos que los servicios sean los mismos independientemente de si vivimos en un sitio u otro, que la calidad de vida sea la misma, que las posibilidades de emprender sean las mismas... Y todo esto no depende sólo del Gobierno central. Evidentemente las directrices generales vienen del Gobierno central y hay que estar allí. Pero el 70% de las cosas que nos afectan vienen de la autonomía", insiste.

Una herramienta a disposición de las plataformas

¿Cómo se va a articular? "En Priego tomamos la decisión de crear una herramienta que nos permita ir a elecciones autonómicas, que nos permita a ir a eleciones nacionales". La idea no es que una plataforma se presente en tal o cual provincia, sino que utilice la herramienta que diseñe la España Vaciada, y que aún no está terminada, para presentarse, explica. 

Una de las posibilidades es que la marca "la España Vaciada" aparezca en las papeletas, junto con la provincia, pero son detalles que aún no están cerrados, señala Saz. Antes está lo más importante, según el coordinador: el contenido. "Los nombres son lo último para nosotros. Primero va el proyecto. En España ya tenemos 101 medidas por las que vamos a pelear, pero también a nivel autonómico habrá otras cosas por las que tendremos que pelear, y a nivel local también. Una vez confeccionados los objetivos, viene lo siguiente: identificar las personas más cualificadas y comprometidas", explica.

Saz afirma que "prácticamente todas" las provincias andaluzas están aquejadas por los males que denuncia la España Vaciada. Y asegura que hay "compañeros" en Andalucía "muy implicados" que tienen la voluntad de utilizar la herramienta que se cree y presentarse, aunque no da nombres. Sí aparece varias veces el nombre de una provincia, Jaén, que está "muy quemada" y "probablemente sea una de las que den el paso". Saz sí muestra claramente sus "dudas" de que la España Vaciada tenga "fortaleza" para presentarse en todas las provincias.

Hace sólo cinco años, en 2016, PSOE y Cs acordaron la supresión de las diputaciones. Hoy suena raro. Pero así lo recogía, tal cual, el acuerdo entre Albert Rivera y Pedro Sánchez para hacer presidente al candidato socialista. Aquello quedó en nada, no sólo porque la investidura no salió, sino porque un lustro después las provincias han alzado la voz y se han colocado en el centro de la escena con voluntad de permanecer ahí.

Cs ya no propone suprimir las diputaciones, aunque importa poco porque es el propio partido el que podría ser suprimido. Más nos indica la posición del PSOE, al que resulta difícil de imaginar firmando un compromiso así, que suponía cargarse la institución provincial por antonomasia, imprescindible sobre todo en lo que se ha dado en llamar "España vaciada". Y si hoy resulta impensable es porque la provincia –especialmente la pequeña, la despoblada, la envejecida, la marginada– ha salido del rincón, se ha subido a las barbas del sistema de partidos y marca el paso de la política nacional, consciente del poderío que le da el sistema electoral y obligando a todos los partidos a calibrar sus posiciones.

Eduardo Bayón, politólogo y consultor, va más al fondo con un análisis según el cual el "auge" de los partidos provincialistas, seguido de la reacción de las fuerzas establecidas, responde a un cambio estructural en la política española: "El problema de cohesión nacional, sobre todo por el procés en Cataluña, están dando paso a un problema de cohesión territorial". Apenas estaríamos viendo el inicio de la era provincial.

Nuevos equilibrios

Sin que el conflicto catalán esté resuelto, la cámara que lleva casi una década enfocando a la cuestión territorial hace ahora zoom en las provincias, donde una fuerza anticentralista con respecto a Madrid pero también con respecto a sus capitales autonómicas sacude el tablero y pide protagonismo. Hay más de una veintena que, tras el éxito de Teruel Existe, podrían contar con una papeleta de ámbito provincial en las generales, entre ellas Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria y Zamora (Castilla y León), Huesca y Teruel (Aragón), Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara (Castilla-La Mancha), Badajoz y Cáceres (Extremadura), Lugo y Ourense (Galicia), Córdoba y Jaén (Andalucía)... Se verá en qué queda. Qué se presenta y qué no. Qué logra escaño y qué no. Si logran formar grupo o no. Pero el desafío está ahí y ya ha conseguido agitar las aguas con un movimiento cuyo objetivo, como ha explicado a infoLibre Tomás Guitarte, es "reequilibrar" el país combinando "el espíritu de provincias de cada territorio” con una “actuación conjunta".

De modo que buscan equilibrar, pero ante su ofensiva hay quien ve su propio equilibrio en riesgo. Los más amenazados son PSOE y PP. ¿Por qué? Más de la mitad de las circunscripciones, 28 de 52 (50 provincias más Ceuta y Melilla), reparten cinco o menos escaños. Es ahí donde la irrupción provincialista –no confundir con provinciana o provincianista– concentra su energía. En total distribuyen 103 actas que en casi el 75% van a PSOE y PP. Es "la reserva india del bipartidismo", acuña el politólogo Pablo Simón. Es su bastión, allí donde más alto fue el muro para contener a Podemos y Cs.

¿Aguantará ahora esta embestida? Una irrupción fuerte afectaría sobre todo a esas provincias que salen poco en las noticias, donde ha ido gestándose un sentimiento de agravio que no se limita al Gobierno y la oposición, ni a Madrid, ni al eje Madrid-Barcelona, sino que se extiende a las capitales autonómicas, como recalca Carmen Lumbierres, autora de un artículo en El Periódico de Aragón titulado con concisión Vuelve la provincia. En áreas rurales de interior, explica Lumbierres a infoLibre, se detecta una "decepción" que a menudo no ve respuesta satisfactoria ni en la política nacional ni en la autonómica. Ahí es donde hay más margen para los sujetos políticos provinciales.

La reacción de los partidos

Los partidos establecidos se mueven para no perder pie. Presidentes autonómicos de PP y PSOE preparan una cumbre para el 2 de noviembre sobre financiación con aroma a respuesta de los dos grandes partidos desde la Transición al desafío lanzado desde la España vaciada. Aunque los roces por la mesa de Cataluña podrían hacer descarrilar la cita, en principio están convocados los presidentes de Galicia, Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria y Extremadura. El mapa se acopla en buena medida a las áreas en que han surgido expresiones provinciales de malestar.

Más síntomas de reacción. En la reciente convención del PP, Pablo Casado subrayó el valor histórico de su partido en las provincias. No sólo lo hizo en los discursos. También lo subrayó con una foto con sus líderes provinciales. Tomó la palabra Benito Serrano, presidente del PP en Soria, que pidió a Casado que tenga en cuenta que la provincia es “la zona cero de la España vaciada”. Casado cita una y otra vez en sus discursos a la España vaciada, a la que colma de promesas y a la que halaga diciendo que está "llena de vida". Tiene su lógica. En sus provincias, esas que ahora podrían tener nuevas papeletas, el voto vale más porque se obtiene escaño con menos.

En el PSOE, diversos referentes periféricos han abierto en el partido el debate sobre el exceso de centralismo y piden atención para las provincias descontentas. "Preocupa la amenaza del neocentralismo", dice la ponencia marco del próximo congreso. En un reciente acto en Ponferrada, Luis Tudanca, secretario general del PSOE de Castilla y León, se dirigió a Sánchez, allí presente, para poner encima de la mesa dos mensajes clave: "España es mucho más que Madrid" y "Castilla y León necesita equilibrio". Es decir, además del histórico recelo hacia la capital, Tudanca anotaba el surgimiento de desequilibrios entre provincias. Un ejemplo lo pone León, donde el descontento ante la despoblación y la falta de inversiones se ha traducido en un avance de la pretensión de separarse del conjunto de Castilla y León y formar autonomía propia. En la estela de las demandas que salen del propio PSOE se sitúa la intención del Gobierno de descentralizar instituciones, una idea que Pedro Sánchez ya trasladó como presidente en 2019 a los representantes de la España Vaciada. Intentaba con ello proteger una costura, básica para el traje político español, que ha terminado saltando a pesar de todo.

Vox también baila al son de la música provincial. En su reciente evento Viva 21, el partido de Santiago Abascal colocó como fondo del escenario para los mítines las banderas de todas las provincias. Además, montó 52 "carpas provinciales", en cada una de las cuales se destacaban tradiciones, lugares emblemáticos, platos típicos... ¿Ejemplos? La caseta de Álava presumía de las maravillas de las Fiestas de la Virgen Blanca, con su "comparsa de gigantes y cabezudos". La de Sevilla mostraba la Semana Santa y la Feria de Abril. La de Salamanca, la cascada del Pozo de los Humos. Badajoz: la Plaza Alta. Barcelona: los calçots. Y así una caseta tras otra. Abascal afirmaba que todo aquel despliegue demostraba que Vox no es "un partido uniformizador", sino el que "está más cerca de las tradiciones locales, de las peculiaridades de toda España". "No nos hacen falta 17 parlamentarios", afirmó tras su recorrido por las 52 "casetas". Abascal enlaza el auge político de la provincia con su proyecto antiautonomista.

Identidades

Carmen Lumbierres, profesora de Ciencias Políticas de la UNED, duda que el "paletofranquismo" de Vox sea una baza ganadora. A su juicio, el movimiento España Vaciada, responsable destacado del protagonismo de la provincia, es eminentemente "pragmático" y se centra en la persecución de logros como infraestructuras y fondos europeos. No obstante, no le niega al partido de Abascal olfato para haber identificado que en el auge de las provincias hay también "motivaciones identitarias".

Y las hay. Por una parte, está la tensión campo-ciudad, alimentada por el hartazgo por la pérdida de poder adquisitivo y el recelo hacia la centralización del poder y la mayor riqueza en las capitales. A esto se suma el apego a tradiciones y formas de vida que pueden ser vistas como amenazadas o en retroceso. La explotación de esta clase de emociones es una especialidad de Vox, que se dedica a exaltar tipismos como forma de conectar con electores a los que quizás no pueda llegar con su programa. Por otra parte, añade Lumbierres, Vox también tiene una veta de conexión con el mundo rural a través del rechazo al "discurso ecologista y cosmopolita", que es presentado como contrario a los intereses y preocupaciones de una España interior más auténtica, pura y profunda. Ahí inscribe la puesta en escena de Viva 21, un poco al estilo feria ganadera.

Mayor atención

A juicio del politólogo Pablo Simón, profesor en la Universidad Carlos III, la oferta de Vox trata de reafirmar sus lazos con la España rural para reducir el riesgo de que el PP le haga lo mismo que en el pasado le hizo a Cs, al que barrió de las provincias vaciadas con una llamada al voto útil y una "eficaz" campaña: "Mi pueblo no se cierra". "Ahora nos podríamos encontrar con que, si hay voto que le quedaba a Cs que va a Casado en las provincias poco pobladas, se dé la paradoja de que el PP no fuera el partido más votado pero sí el más que tenga más representación", explica el autor de El príncipe modernoEl príncipe moderno.

El motivo es el menor número de votos necesarios para obtener escaño en las provincias menos pobladas, que hacen de estas plazas las óptimas para "desequilibrar la balanza", señala Simón. Eso explica que la provincia esté tan de moda. Y que probablemente lo siga estando. Veamos un caso. Antes de la irrupción de los partidos provinciales, en Soria las campañas de las generales tenían escaso misterio. El pescado está casi vendido: un diputado para el PSOE y otro para el PP. Ahora, si Soria Ya se presenta, la cosa cambia.

Simón no se atreve a vaticinar a quién hará más daño, si a PP o PSOE, la irrupción de papeletas provinciales. "Habrá que ver en cada provincia quién y cómo se presenta. En Ávila cojea más a la derecha, en Teruel a la izquierda. Depende", señala. Lo que sí augura es una mayor atención de los dos partidos históricos a estas circunscripciones. Eduardo Bayón está de acuerdo. La mayor atención a las provincias ya es visible en PP y PSOE, pero también en Vox y Unidas Podemos, que pueden ver seriamente mermadas sus opciones de escaño en las circunscripciones pequeñas, a su juicio. "A Vox –afirma– le puede cortar el crecimiento y dejarlo en fuera de juego". ¿De ahí su apuesta por lo provincial en su Viva 21? "Al ser un partido que está contra el sistema autonómico pero no es municipalista, la identidad es el elemento que le queda. Está claro que sin la amenaza de las candidaturas provinciales, allí habría habido sólo una bandera de España".

Camino del congreso del PSOE, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, se muestra consciente del auge del nuevo movimiento provincialista, pero rechaza de plano la idea de que la España rural e interior haya sido olvidada por las administraciones. "Nos tenemos que sentir orgullosos de que nuestros pueblos, hoy, no se parezcan en nada a lo que nos encontramos en 1979", afirma, mientras señala que el fenómeno de la pirámide poblacional está castigando especialmente a un mundo rural que exige respuestas. ¿Cómo se ve desde hoy aquel acuerdo para suprimir las diputaciones de 2016? Reyes, que es a su vez presidente de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells de la FEMP, lo atribuye a una "obsesión de Cs" con el "concepto", pero asegura que su partido siempre ha sido "consciente del papel" de estas instituciones. "Muchas veces quien habla de las diputaciones lo hace de oídas", señala.

Arraigo histórico y constitucional

La provincia, recuerda Simón, está ahora en boga pero "nunca se fue". Porque su anclaje es fuerte. En primer lugar, por historia. Su origen se remonta a 1883, con un mapa de 49 provincias, un esquema que ha ido viviendo sucesivos cambios hasta imprimirse en la Constitución, que las incrusta en el corazón de la organización del Estado. Además, se reconoce la "administración autónoma" de las provincias a través de las diputaciones y les da la opción de erigirse en comunidades. Como colofón, el texto del 78 reconoce a la provincia como circunscripción electoral y asigna a cada una cuatro senadores, sea cual sea su población.

Al arraigo histórico y el reconocimiento constitucional se suman factores de idiosincrasia. A menudo los pueblos de las provincias tienen tradiciones y acentos parecidos, sus equipos deportivos compiten entre sí en las ligas menores, los municipios se completan unos a otros la oferta de servicios, hay diarios provinciales que dan cohesión... La provincia es unidad básica de medida del día a día del país. Y es usual que uno conozca mal que bien la provincia propia y sus problemas, sin excluir un sentimiento de pertenencia parejo al autonómico o el nacional. Dicho sentimiento, sobre todo cuando hay "descontento", se puede definir por "oposición" a la capital, sea "Zaragoza en Aragón, Sevilla en Andalucía o Toledo en Castilla La Mancha", explica Lumbierres. Todo ello son factores que pueden ser explotados políticamente. Esa es la marea que está creciendo.

Descentralización a medias

El movimiento político provincialista surge como reacción a un contraste entre el elevado rango que la provincia merecería por historia y estatus jurídico y la realidad, donde no ha sido tan importante, señala la politóloga Carmen Lumbierres. La dimensión provincial de la política se ha desdibujado por motivos entre los que no cabe desdeñar el progresivo acaparamiento de poder de las cúpulas de los partidos, con base en Madrid. Aunque la elección de parlamentarios es por provincias, la dinámica del Congreso no se centra en ellas y el Senado no se ha erigido en cámara territorial. Los problemas, por ejemplo, de ese cuadrante noroeste formado por Lugo, Ourense, Asturias, León, Zamora, Salamanca y Palencia, lo que Enric Juliana ha llamado en La Vanguardia "el nuevo sur de España", no han encontrado el eco que merecían en la sede de la soberanía nacional, a tenor de los análisis recabados para este artículo. ¿Qué ha pasado mientras tanto? Es sabido: envejecimiento, vaciamiento, falta de infraestructuras... 23 provincias han perdido en los últimos 70 años la mitad de su peso demográfico, económico y laboral, según un estudio de Funcas.

Las provincias de "Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, la Galicia interior, el Aragón periférico, el oriente andaluz (Almería, Granada y Jaén), Cantabria y La Rioja", escribe la politóloga, "buscan una representación institucional a sus demandas que no encuentran en las Cortes y lo que es más decisivo en sus gobiernos autonómicos". Y añade: "La descentralización política de la década de los ochenta que alcanzó a las regiones y no continúo hasta el municipalismo propició una doble concentración de poder estatal y de capitalidad autonómica que siguió ahondando en la brecha rural-urbano". A esa España nacional y esa España autonómica que han estado dominando la lógica política les ha levantado la voz ahora la España de las provincias.