Lo último que he hecho antes de enviar a publicar esta tribuna ha sido poner los signos de interrogación. Así, este texto queda más personalizado. Yo doy muchas indicaciones disfrazadas de preguntas. Todo el rato. Mis hijos pueden dar fe. 

También he pensado que siempre es mejor abrir un debate antes de emitir tan rotunda afirmación a pesar de estar muy sustentada en la evidencia.

Lo penúltimo que he hecho es dividir la tribuna en dos, porque estaba quedando muy extensa y densa para leerla de una sentada. Hoy publico la Parte I y cuando el equipo editor lo considere oportuno, se publicará la Parte II, ya escrita.

Bien. Mi método de investigación de andar por casa ha sido empezar por donde lo dejé en mi anterior tribuna sobre mis pensamientos intrusivos (ver aquí). De lo que allí manifiesto como opinión, personal, de lo que es realmente importante, recopilo algunos datos. Allí declaraba que, llegados a este punto de desorden y desasosiego internacional, lo apostaría todo a dos asuntos: autonomía y cuidados. 

Por autonomía me refiero a minimizar la dependencia que hoy tenemos como país y peor aún, como Unión Europea, en sectores superestratégicos como la energía, las comunicaciones, la soberanía alimentaria y el agua, por concretar algunos. Solo el asunto de las comunicaciones engloba gestos tan cotidianos como pagar con tarjeta en comercios, consultar y hacer trámites bancarios, todo lo que enviamos en chats que compartimos, todo lo que publicamos en redes sociales, todos los recuerdos y documentos importantes que archivamos o, cuanto menos, almacenamos, eminentemente en formato digital. 

Todos esos sectores estratégicos están demasiado interrelacionados, son excesivamente interdependientes, ya que todo —diseño, funcionalidades, requisitos de acceso, pago por servicios— pasa en definitiva por el switch de grandes corporaciones, todas ellas privadas y todas ellas norteamericanas, salvo —imagino— alguna excepción que confirme la regla y en la que ahora mismo no caigo. Son dueñas de las infraestructuras, porque son privadas, y establecen las reglas de acceso y uso. 

No nos engañemos. Pensábamos que todos nuestros huevos los teníamos distribuidos en varias cestas. Cambiado el orden internacional, resulta que nos caemos del guindo de que en realidad es una única cesta que, además, lleva ahora agarrada por las garras un águila imperial demente que vuela dando tumbos. 

En este ámbito, las comunidades autónomas españolas, que es el ámbito territorial que yo querría comparar para responder a la pregunta del título, poco pueden hacer por sí solas, más que aceptar o negar la mayor y la evidencia, y censurar o alabar el caos que está trayendo consigo, una vez más, el fascismo, la autocracia y los ultrarricos. Dicho esto, hay al menos un asunto de esos sistémicos, como es el de la autonomía energética, en el que las comunidades autónomas sí tienen algo que decir, y que, de hecho, dicen. 

Pues en este asunto la Comunidad de Madrid destaca por ser la menos autónoma en generación renovable (el parque generador madrileño es el de menor potencia total del país, y contribuye con apenas un 0,4% de lo generado en España (ver aquí), más aún comparado con su consumo energético, que satisface con producción propia apenas un 4% del total, exigiendo un mayor esfuerzo de solidaridad a otros territorios, incluidos los cuatro (Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura y Comunitat Valenciana) que albergan siete reactores nucleares activos. Que no se apueste por un despliegue masivo de energías eólicas y fotovoltaicas per tot arreu, principales aliadas de nuestras aspiraciones de autonomía energética para España —por ser el nuestro un país privilegiado en términos de territorio, orografía y sol— es una decisión política consciente y errada si se ha de contribuir al interés general y no a intereses particulares. 

Cuidados son los cinco pilares de los Estados de Bienestar avanzados como los que conformamos la UE, en los que las soluciones que debe consolidar son, qué duda cabe, la salud, la educación, las pensiones, la atención a la dependencia y que las viviendas sean, lo primero de todo y luego ya hablaremos, casas para vivir. Todas las soluciones a la vez, para todas, en todas partes. Y prácticamente todas ellas, esta vez sí, en manos de las comunidades autónomas, que por algo tienen delegadas las correspondientes competencias a petición propia, para ejercer su autonomía.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

“El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos”, suelen decir derechas y ultraderechas. Lógico, la política fiscal es uno de los campos de batalla que los conservadores españoles eligieron hace ya años para ganar apoyos. 

Corría el año 2006 cuando Esperanza Aguirre propuso un sistema de “cheque escolar” que consistía en devolverles a las familias que llevaban a sus hijos a la privada el importe de sus impuestos que se hubieran destinado a la escuela pública. Así, se suponía que se les devolvía lo que habían abonado dado que no hacían uso de ese “servicio”, y de esa manera podían pagar con lo recibido la cuota de su centro elegido, o parte de ella. Era un planteamiento descabellado, mucho más si se extendía al conjunto de los servicios públicos ¿Quien no usa la sanidad pública por tener un seguro privado debe recibir también la correspondiente devolución? ¿Y quien no discurre por las carreteras porque nunca sale de su ciudad? ¿Y quien jamás ha pisado ni pisará un parque ni paseará por un sendero en la montaña? La propuesta se descalifica por sí sola, pero sirve para entender a la perfección lo que significa, en el fondo, la política fiscal: decidir qué es lo que queremos garantizar para el conjunto de la sociedad y lo que queremos dejar a la suerte de cada cual.

El último ejemplo de esta pugna lo estamos viendo en la reacción de la derecha contra la propuesta (quizá globo sonda) del Gobierno de subir las cotizaciones a los autónomos. Es, sin duda, una idea para pensar despacio, darle cuatro vueltas y diferenciar entre distintos colectivos y situaciones. Lo que no tiene sentido –o sí– es proponer que, si los conservadores gobernasen, esas cotizaciones no se tocarían, o incluso se bajarían, y además los autónomos que facturasen menos de 85.000 euros no tendrían que pagar IVA. ¿Qué tiene que ver la cotización de los autónomos, destinada a sufragar asistencia sanitaria, prestación por incapacidad temporal, baja por maternidad o paternidad –entre otros servicios y ayudas– con un impuesto sobre el consumo como es el IVA? Es como esa publicidad de los grandes almacenes que periódicamente anuncia descuentos de “días sin IVA”, mintiendo descaradamente. Una cosa es un descuento del 21% y otra muy distinta que no se pague IVA, lo que es claramente ilegal. Cuesta entender cómo esas campañas no son prohibidas por el efecto perverso que tienen sobre una cuestión tan delicada.

En el fondo, los conservadores hacen un totum revolutum con todo lo que suene a “pagar a Hacienda” para construir una enmienda a la totalidad a las bases del Estado del bienestar. Sin unos ingresos adecuados, los servicios públicos, las prestaciones sociales y los mecanismos de redistribución no son viables. El Estado se convertiría así en algo mínimo ocupado de gestionar policía, ejército y poco más. Una idea, por otro lado, que cuando la derecha gobierna tampoco aplica, pero eso no les impide mantener el mantra. 

Aquí no acaba el problema. El pensamiento mágico aparece por la derecha cuando al mismo tiempo que proclaman la bajada o desaparición de impuestos, reclaman al gobierno de España que incremente el gasto en defensa hasta el llegar al 5%, como pide Donald Trump. La pregunta que hay que plantearse es obvia: Si el Estado recorta impuestos y recauda menos, ¿de dónde obtendrían los fondos para ese incremento del gasto militar? Si, lo han adivinado: de los servicios públicos.

Este pensamiento, por muy mágico –y antisocial– que sea, tiene buena acogida por parte de la población, entre otras cosas porque tampoco la izquierda ha conseguido dar con la forma de explicar que no se “paga a Hacienda”, sino que con los impuestos se financia lo que es de todos y con las cotizaciones –de autónomos o de trabajadores por cuenta ajena– las prestaciones que llevan aparejadas. 

La primera incapacidad de la izquierda para hacer pedagogía en política fiscal la muestra el mismo lenguaje. No se “paga a Hacienda”, ni “al Gobierno”, ni mucho menos a Sánchez, sino que los ingresos van a unas cuentas comunes para sufragar los gastos comunes, tanto por parte de municipios como de Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado. Por si fuera poco, se sigue hablando del gasto en educación en vez de inversión en educación, del gasto sanitario en lugar de la inversión en sanidad, del gasto público en lugar de la inversión en servicios públicos. ¿O acaso no es una inversión tener un sistema educativo público de calidad que facilite el ascensor social, una sanidad pública de calidad que garantice la igualdad de oportunidades en el derecho a la vida, o una administración pública con recursos suficientes para garantizar la eficacia de los sistemas democráticos? En aquellos casos donde esto no existe, se comprueba el coste de no tenerlo. El 42% de los enfermos de cáncer en EEUU pierden en su tratamiento todos sus ahorros (ver aquí), los jóvenes japoneses se hipotecan de por vida para financiar sus estudios (ver aquí), ancianos en Líbano que no pueden dejar de trabajar porque no existe una pensión pública ni nada que se le parezca… Sí, eso ocurre hoy en no pocos países del mundo.

En España empezamos a tener ejemplos. ¿O acaso el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía no es el producto de años de recortes de inversiones en el sistema público, derivación de recursos a la sanidad privada, externalizaciones mal hechas y falta de medios? Si el dinero destinado a sanidad, como a educación o a tantas otras cosas no es una inversión, basta con probar a dejar de invertir y comprobar cuánto nos cuesta. El coste de no invertir.

El debate sobre la fiscalidad debe alejarse de las campañas electorales. Necesita rigor, mucha pedagogía y altas dosis de corresponsabilidad. Los expertos en políticas económicas del bienestar insisten en la importancia de completar la redistribución –las medidas que se aplican para distribuir la riqueza y hacer una sociedad más igualitaria– con medidas de predistribución, las orientadas a prevenir las desigualdades desde el origen, asegurando que existen suficientes guarderías públicas gratuitas, el acceso universal a educación y sanidad de calidad, etc. Máxime, en un momento donde desafíos como la crisis climática, la revolución digital o el incremento de movimientos migratorios nos exigen buenas dosis de inversión pública para garantizar la cohesión social y, en última instancia, la propia democracia.

Debatamos sobre el incremento de cotizaciones, sobre su progresividad o su forma de enfocarlo, pero no olvidemos que en el fondo de la política fiscal reside el modelo de sociedad en que queremos vivir.

En cuanto a la primera, sólo destacar que, aunque sigue habiendo ciudadanos que aún dudan de lo que los científicos vienen pronosticando hace tiempo, unos lo hacen por ignorancia, y otros –y esto es peor– lo hacen por intereses espurios. Lo cierto es que objetivamente los resultados son los mismos.

En cuanto a una mayor valoración de lo público, me atrevería a decir que nos encontramos ante el comienzo de la caída del sistema capitalista, esto es: estamos al principio de una “revolución”. Muchos capitalistas seguirán optando por el beneficio a corto plazo, e incluso verán en los incendios un nicho para hacer negocios y obtener beneficios. Pero, a la larga, todo lo finito se acaba, y la naturaleza, si no se le da un tiempo de recuperación, también terminará agotándose. De ahí el título de este artículo.

Es un tópico decir que “vivimos por encima de nuestras posibilidades”, pero la gente –se nota a raíz de la pandemia– parece tener prisa por vivir a tope el presente, sin ser conscientes de que pueden estar consumiendo el “último huevo de la gallina”. Los medios de transporte y las playas y restaurantes se han visto abarrotados, sin importar mucho la incomodidad que ello supone. A pesar de la crisis de la vivienda las hipotecas aumentan y se sigue construyendo en donde se sabe que, más temprano que tarde, las “Danas” u otros meteoros acabarán destruyendo. Claro que ese tremendo “dispendio” se produce por los que pueden financiarlo,  ocultando otras realidades más míseras, como pueda ser la migración, etc.

No sé qué pasará el año próximo, cuando los que optan por unas vacaciones en un pueblecito serrano, lejos del mundanal ruido, se encuentren un paisaje ennegrecido por el fuego.

He recurrido a las vacaciones como símbolo de algo más profundo que caracteriza lo que se ha venido llamando “Estado del bienestar”: sanidad, educación, vivienda, etc..., que no es más que un eufemismo de la “odiada” palabra comunismo. Porque, si las necesidades básicas del ser humano están cubiertas por un sistema público y estatal, ¿qué es si no? Otra cuestión será cómo establecer ese sistema público. Y aquí entraríamos en un intenso y extenso debate, que no viene al caso.

No obstante, conviene no olvidar que el susodicho Estado del bienestar tiene su origen, a raíz de la segunda guerra mundial, en que los países occidentales europeos se ven obligados a ayudar a sus ciudadanos, en confrontación con la URSS y otros Estados orientales.

Actualmente, los modernos medios de comunicación nos permiten entablar un debate que, como dije, no es el momento, pero que, en definitiva, nos llevaría a unas muy parecidas conclusiones, sin tener que renunciar al mundillo –lo digo sin desprecio– de las iniciativas privadas.  

Las religiones, los mitos o el “pensamiento mágico” nos han llevado a creer que el universo era infinito y eterno; que el planeta que habitamos era el centro de nuestro sistema solar. Pero la ciencia actual encargada de estudiar el universo tiene otro sentido de la infinitud. La ciencia moderna nos enseña que el universo está en continua expansión, y que nuestro sistema solar no es sino uno más de los cientos de millones de sistemas que componen ese universo expansivo, con fecha de caducidad. También es cierto que la ciencia nos enseña que esos sistemas, por causas propias y prefijadas, algún día desaparecerán. Pero es cierto también que la acción humana puede adelantar su desaparición, por muy lejana que ésta nos parezca. Justo es eso lo que los humanos estamos haciendo cuando “consumimos” –el vocablo consumir está tomado en un sentido general– desordenadamente, instigados por un sistema capitalista que sólo busca el beneficio a corto plazo.

El párrafo precedente parece una elucubración filosófica. Pero en absoluto lo es; y cuando decimos que hay que “reciclar” y dejar a nuestros nietos un Planeta Tierra limpio, no hacemos más que confirmar lo que nos parece una mera divagación filosófica. 

Quemar bosques, abarrotar playas, y, en definitiva, consumir ansiosamente, etc..., es lo que pretendo decir de manera sintética con el título que encabeza este artículo.

Aquí lo dejo...

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Manuel Vega Marín es socio de infoLibre.

Los grandes medios han lanzado en las últimas semanas multitud de noticias y titulares, y las que más interés han despertado podrían resumirse así: "Soplan vientos imperiales a la manera clásica, con sus respectivas esferas de influencia y con una importante aceleración de los conflictos y de la carrera de armamentos. Se trata de vientos en los que los regímenes autoritarios nos quieren llevar hacia un mundo sin más reglas que la ley del más fuerte, un mundo más autoritario y violento", que pretende hacer retroceder la política internacional desde el precario multilateralismo de las Naciones Unidas a la ley de la selva y la teoría de juegos.

En efecto, podríamos completar nosotros: vienen tiempos de imperialismos que, sin más reglas que el poder y el interés, sin atender al derecho internacional, buscan reconstruir un reparto del mundo en áreas globales y regionales de influencia de las grandes y medianas potencias, para así reconquistar viejos espacios y conquistar, por todos los medios, otros nuevos.

Unas esferas o áreas de influencia que no son una cosa de ahora, sino que vienen de principios del siglo XIX, de cuando Francia expandía su influencia durante las guerras napoleónicas. Cada época ha tenido sus propias esferas, que luego prescriben con ella. Pero lo cierto es que, desde el periodo de entreguerras en Europa y el final de la Guerra Fría en 1991, no se hablaba tanto de ellas. Hoy, las grandes potencias, China, Rusia y USA, y también otras con aspiraciones como Turquía o Israel, vuelven a mirar a su alrededor con ansias imperiales.

Vuelve también, como metáfora, la conquista del Oeste. Hay una cosa que no se puede aclarar por ahora: si Trump, que está mirando con ojos golosos hacia Canadá como nuevo Estado de la Unión, también está decidido a pasar a la acción con la conquista de Groenlandia (Dinamarca). Pero una cosa es cierta: Groenlandia tiene un gran valor geoestratégico y es rica en minerales muy codiciados por los nuevos piratas tecnológicos. En la actitud de Trump da la impresión de que la guerra "comercial" va solo de aranceles, cuando en realidad va de explotar y expoliar los recursos de medio mundo, incluyendo la guerra de conquista si es necesario.

Paralelamente, la peculiar democracia de los Estados Unidos está en un riesgo serio después de legitimar el asalto al Capitolio, y parece que, de momento, los únicos que están poniendo problemas a Trump en su propio país son los jueces y, aunque en un diluido segundo plano, la izquierda demócrata de Sanders y Ocasio-Cortez. Por eso, no podemos ser optimistas: la democracia y la autonomía de muchos países, con mayor motivo, van a ser amenazadas.

Que la irrupción en la política internacional de un botarate fascistoide como Trump, siempre con ademán impasible e impostada actuación, y con un lenguaje que por momentos nos recuerda a las peores dictaduras, con la gravedad de los hechos que la rodean, no se haya convertido aún en una ocasión para que la derecha se haya separado de la ultraderecha, es la palmaria evidencia de que es la democracia la que está amenazada y no sólo en Estados Unidos. Tanto por los autoritarismos que vienen del exterior como también por las fuerzas ultras del interior en la Unión Europea; y de manera fundamental porque las derechas y la ultraderecha antidemocrática están dispuestas a entenderse, como ya se ha demostrado en varias comunidades autónomas en nuestro país y en algunas regiones y Estados europeos.

Todo apunta a que estamos asistiendo al fin de una era que se inició tras el final de la Segunda Guerra Mundial, que venía definida por los acuerdos de Yalta: en que, por un lado, estaba la Alianza Atlántica, y por el otro lado, el Pacto de Varsovia. Luego vino la disolución del Pacto de Varsovia, que fue aprovechada para la extensión de la OTAN, y de aquellos polvos estos lodos. Hoy todo ha cambiado, los americanos tratan a los europeos con desprecio, como antes trataron a muchos otros países (y lo hicieron delante de nuestras narices, por cierto). Evidentemente, no son unos aliados en los que podamos confiar. Desde su toma de posesión, son muchas las medidas perversas de Trump, algunas muy importantes y de gran trascendencia, a las que se está prestando menos atención, entre las que destacan la salida de la OMS y del acuerdo de París contra el cambio climático, de los acuerdos de control de armamentos, el cierre de la agencia de ayuda al desarrollo y, por encima de todas, el apoyo sin fisuras a la legitimación del genocidio de Gaza y a la limpieza étnica de los palestinos.

Hay menos claridad, sin embargo, sobre cómo afrontar la nueva situación de defensa en Europa. Desde nuestro punto de vista, esto no debería consistir en volver a la lógica de la guerra fría y armarnos hasta los dientes, ni en que cada uno de los países de la UE por separado aumente sus gastos militares y sus presupuestos de defensa de manera independiente. El paso previo ineludible debería ser el desarrollo federal de un pilar europeo de seguridad y defensa y de la autonomía europea frente a la OTAN.

Ya se sabe que el nuevo inquilino de la Casa Blanca, proclamado como el nuevo sheriff, después de sus últimas bravuconadas vociferando frívolamente sobre la tercera guerra mundial, nos exige un aumento considerable de nuestros gastos militares y con ello vendernos todo el armamento que produce su propia industria. ¿A costa del Estado social? No: no se nos debería pasar por la cabeza. Es evidente que esa no debe ser la vía. Atención a un dato en relación con esto: más de la mitad de la importación de armas de los países europeos durante los últimos años viene de Estados Unidos. Europa no debería jugar a ganarse inútilmente los favores de Trump, no puede comprar las armas a la industria militar estadounidense para luego volver al “austericidio” social como en la crisis financiera de 2008. Nuestro Estado Social no admite recortes.

La UE tiene que desarrollar de manera autónoma una industria propia para una defensa disuasoria, con un mercado integrado de defensa que garantice una cadena de suministros segura, que prime lo comunitario sobre lo local y se financie con presupuesto comunitario. Cuando en nuestro país se ha barruntado que algo así iba a pasar, y que iba a dividir al Gobierno en plena crisis, se ha comenzado a hablar de una subida de los gastos militares a costa del medioestar, acompañado de un importante revuelo mediático. La trayectoria de las izquierdas debería permitir posicionarse sin mayores problemas: una defensa europea con capacidad disuasoria sin que se vea afectada nuestra identidad como democracia social, sino al contrario, ni nuestro Estado del bienestar, ni la garantía de los derechos humanos de la migración, ni la ayuda al desarrollo. O hacemos eso o los problemas se irán agravando a medida que transcurran los años. Aunque de proponerlo a que se consiga haya un gran trecho.

Convoquemos ya una manifestación a la italiana por Europa y la democracia.

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Miguel Souto Bayarri y Gaspar Llamazares son médicos.

Últimamente, debe de ser que me estoy haciendo mayor, me apetece observar con cierta admiración lo más prosaico que me rodea. La semana pasada, por ejemplo, me tomé un par de días libres para visitar algunas ciudades del norte. Por un precio bastante módico, crucé media península en tres horas a bordo de un tren público.

Lo mismo conviene que me explique. Ese mismo viaje me hubiera tomado unas diez horas hace cincuenta años. Hace cien, al menos, un par de días. No son la velocidad, la técnica y la ingeniería lo que más me soprende, sino que cualquiera, independientemente de quién sea, de lo que tenga, pueda hacer ese viaje.

No es sólo lo del tren. Hace unos meses fui a dar una conferencia a un pequeño pueblo extremeño en la Sierra de Gredos. De camino al local municipal donde tendría lugar el acto, me crucé con un centro de día autonómico donde un par de auxiliares bajaban de una furgoneta a un abuelo en silla de ruedas. Encontré en la escena más civilización que en el Partenón de Atenas.

Cada jornada, casi siete millones de alumnos acuden a centros de enseñanza públicos. Diez millones de personas reciben prestaciones del sistema público de pensiones. Solamente los hospitales públicos atendieron 82 millones de consultas en 2023, tuvieron cuatro millones de pacientes ingresados y realizaron en torno a tres millones y medio de operaciones quirúrgicas.

Si se paran a pensarlo, que todo esto suceda cada día en un país como España me resulta algo asombroso. Por un lado por el complicado sistema de financiación que se requiere para sufragar estos servicios, una arquitectura tributaria que transforma aportaciones individuales de empresas y trabajadores en el combustible para un motor común.

Por el otro, porque en términos históricos, en muy poco tiempo hemos conseguido ser una excepción. Nunca, a lo largo de todo el devenir de la humanidad, se había conseguido articular un sistema que buscara, en algunos aspectos esenciales, la idea de igualdad. En Europa todo esto se empezó a poner en marcha a finales de los años 40 del siglo XX. 

En España partimos con algo de desventaja en esto del Estado del bienestar. Entre otras cosas porque, en esa misma época, el franquismo estaba ocupado ejecutando a 15000 españoles que se negaron a la imposición por las armas de una dictadura asesina, ladrona e ignorante.

Más allá de la excepción ibérica, no hablo de la electricidad, sino de cómo los aliados permitieron que el fascismo siguiera vivo por estas tierras tras el fin de la guerra, cuando nos pusimos a ello a finales de los setenta, a edificar un país civilizado, la cosa nos quedó razonablemente bien.

Sí, razonablemente bien. Esto no significa que todo haya sido un camino de rosas, tampoco que el resultado nos tenga que convencer por completo o que en la actualidad no existan flagrantes desigualdades que van a más. Significa que, teniendo en cuenta de dónde veníamos, conseguimos un punto de partida digno. Nicolás Sartorius lo resume en una frase: Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle.

Ahora, por lo visto, está mal recordar esto. El otro día leí a unos gilipollas, probablemente personas de clase media a medio hacer, que decían que El Corte Inglés era el último reducto de la España feliz. Que allí todo iba como tenía que ir, pero que fuera este país se consumía en una orgía de moros navajeros, homosexuales viciosos y rojos abyectos.

Personitas de esas que se ganan la vida escribiendo, sin duda mejor que yo, afirmaron hace poco, tras la riada de Valencia, que España era un Estado fallido. Después de mandar el artículo, supongo que saldrían a la calle, ese Mad Max castizo, para ir a tomar tortitas con nata a la cafetería que dicho centro comercial suele ubicar en su última planta. Y el resto a callar.

Supongo que con el progreso pasa lo mismo que con la aviación. Cuando los niños ven un cacharro volando se sorprenden y señalan con el dedo. Cómo no hacerlo. Luego nos acostumbramos y ya apenas levantamos la cabeza cuando vemos a un avión surcar los cielos. Pero, hostias, es que nos tiramos siete mil años soñando con ello.

Que suframos algo tan desmesurado como una pandemia y que lo primero que se nos ocurra —a los rojos— sea nacionalizar cuatro millones de sueldos para evitar que la paralización de la economía, un pausa literalmente a vida o muerte, arrase nuestro sistema productivo, a mí me parece, al menos, tan sorprendente como lo de volar.

Vivimos cada día algo sumamente excepcional en la historia, algo que por desgracia sólo ocurre en nuestro continente y en cuatro puntos más de este planeta, algo que es producto del esfuerzo organizado de la clase trabajadora en sus partidos y sindicatos para culminar la modernidad y darle a la ilustración un sentido plenamente social.

Algo que puede ser un paréntesis, un apunte a pie de página, un suspiro breve frente a la dilatada y terrible marca que han dejado la codicia, el egoísmo y la violencia en la piel de la humanidad. Hay gente muy poderosa que conspira a cada momento para borrar nuestras conquistas gloriosas, esas que no llevan nombre porque las conseguimos entre todos.

Si ustedes tienen hijos o nietos hagan el favor de contarles estas cosas. No hace tanto, cuando alguien de clase trabajadora se partía una pierna, solía acabar con el apelativo de inútil para el resto de su vida. Hoy le curamos entre todos, le pagamos su salario mientras se recupera para que, en cuatro meses, pueda seguir su camino. Es la medicina, pero sobre todo son las ideas.

Si ustedes tienen hijas o nietas hagan el favor de contarles de dónde venimos, lo que nos costó llegar hasta aquí. No contarlo como quien cuenta monedas sobre un mostrador, sino narrarlo con la emoción de las grandes gestas, de los episodios heroicos, de aquellas tradiciones que merece la pena recordar. Eso es todo lo que les pido para 2025.

Joaquim Bosch (Cullera, 1965) no esconde su preocupación por la deriva autoritaria que recorre medio mundo y que ya ha provocado una involución en algunos países del entorno europeo. De ahí que su último libro, Jaque a la democracia (Ariel, 2024), sea un análisis en profundidad de la crisis de la democracia liberal y del avance de una extrema derecha que se ha hecho fuerte en las redes sociales, con unos algoritmos que priman y viralizan el odio y la desinformación. Y a la que algunos medios tradicionales están haciendo el trabajo: "Hay medios que apoyan estrategias antidemocráticas e iliberales".

El juez de Moncada atiende a infoLibre por teléfono. Durante la entrevista, habla del riesgo de que la derecha convencional acabe mutando al calor de los ultras, de la necesidad de poner freno a los bulos, de los problemas de "credibilidad judicial" o de la importancia de reforzar nuestro sistema de contrapesos hacer frente a cualquier intento de involución autoritaria: "Es conocido que los espacios de contrapeso están colonizados por el poder político". Y también de la importancia del Estado social como vacuna frente a los retrocesos: "Menos Estado social suele implicar menos democracia y más conflictos internos".

Numerosos estudios están arrojando datos preocupantes sobre los niveles de rechazo a la democracia en nuestro país. ¿Hace agua nuestro sistema democrático?

No son cifras mayoritarias, pero sí peligrosas por su entidad y, sobre todo, porque están aumentando entre la gente más joven. Esto es un indicador de riesgo, como también que en nuestro país existan ya discursos de extrema derecha que niegan la legitimidad del Gobierno y del Parlamento o afirmen que hay que ilegalizar partidos, si bien por el momento no están usando estructuralmente la violencia ni forzando el Estado de Derecho cuando ocupan cargos institucionales. Por tanto, hay que ser cuidadosos en torno a este discurso para no ir en la misma dirección que Hungría.

Menciona un par de banderas rojas ante un comportamiento político autoritario. Dos de estas alertas, la deslegitimación del adversario y la petición de ilegalización de partidos, ya han sonado en los últimos años. ¿Es España terreno abonado para una involución autoritaria como la húngara?

En la medida en que la extrema derecha española intentara seguir la estela de lo que ha ocurrido en Hungría con Viktor Orbán, donde se ha implantado una democracia autoritaria que ha anulado la supervisión de los mecanismos electorales, ha controlado el Poder Judicial y ha adoptado medidas de discriminación de todo tipo, nuestro sistema democrático entraría en espacios de riesgo.

¿Qué responsabilidad tiene la derecha convencional en el auge de la ultraderecha?

El riesgo de que pueda haber una involución autoritaria no solo procede de los partidos de extrema derecha. Las situaciones más peligrosas, de hecho, no han venido de un ascenso directo de la misma, sino de una mutación, un cambio súbito, de la derecha convencional. Ha pasado con el Partido Repúblicano de Estados Unidos, con el Fidesz en Hungría o con el Likud en Israel, que era un partido homologable a los convencionales de derecha.

Esto también podría ocurrir en España. Puede parecer que ahora no hay signos en esa dirección, sería suficiente con un cambio en el liderazgo de la derecha, un hundimiento de la izquierda y una ultraderecha necesaria para gobernar para avanzar hacia una mutación como la de EEUU, Hungría o Israel.

¿Y qué responsabilidad tenemos los medios de comunicación del auge de este tipo de discursos?

La mayor responsabilidad de los medios, que están viviendo un contexto de transformación importante, es apoyar las estrategias de la nueva extrema derecha. Aquellos que crean en los valores democráticos deben reflejar, obviamente, la argumentación de todos los partidos, pero no pueden dar cobertura y difusión a mentiras tóxicas o facilitar discursos de odio. Sin embargo, en nuestro país hay medios de comunicación tradicionales que, desgraciadamente, apoyan estrategias antidemocráticas e iliberales.

Uno de los elementos clave de esta nueva ola reaccionaria son las redes sociales, que se han convertido, gracias a los algoritmos utilizados, en terreno fértil para la mentira. ¿Cómo atajamos esto?

En este ámbito, yo creo que hay reformas que son perfectamente posibles. Se puede articular, por ejemplo, un procedimiento judicial para declarar que determinadas informaciones difundidas por medios de comunicación o grandes influencers se han realizado con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad. Y, a partir de esas declaraciones judiciales, tener un catálogo de sanciones de tipo económico y prohibición de recibir ayudas públicas, porque no es aceptable que haya medios que con el dinero de la ciudadanía estén dedicándose a propagar mentiras y a vulnerar el derecho a recibir información veraz.

Eso sí, todo esto tendría que hacerse a través de tribunales completamente independientes, porque si esas sanciones pudieran ser aplicadas por un Gobierno o el poder político se correría el riesgo de que se convirtiesen en un instrumento para atacar o reprimir a los disidentes, la oposición o los periodistas incómodos.

Cuando se habla de combatir la desinformación, muchos sospechosos habituales hacen una torticera equiparación de la libertad de expresión e información.

Hay una confusión absolutamente interesada. Una cosa es opinar subjetivamente sobre cualquier tema, y eso evidentemente no se puede tocar porque es una de las bases del sistema democrático, y otra es difundir hechos objetivos que son o no ciertos. Decir que el alcalde de una ciudad ha cobrado un maletín con 200 millones de euros cuando se encontraba Tarragona y se demuestra que ese día estaba en Nueva York, es evidente que nos encontramos ante la difusión de un hecho malicioso, no de una opinión sobre si el regidor realiza una gestión correcta o incorrecta.

A partir de ahí, con medidas como la que planteo no se limita lo más mínimo la libertad de información. La Constitución no proclama un derecho a mentir, sino todo lo contrario, a recibir información veraz.

Hablando de tribunales, el sistema judicial en nuestro país tiene una imagen pésima. Más de la mitad de la población cree que la independencia de los jueces es mala o muy mala. ¿Qué autocrítica cabe desde la carrera? ¿Cómo puede la ciudadanía generar confianza en el sistema si ve que la elección de la cúpula del mismo es discrecional?

En España tenemos unos problemas de credibilidad judicial que no existen en otros países europeos por las excesivas injerencias partidistas en la cúpula. Y esto no cambiará mientras las fuerzas políticas no cometan una reforma muy profunda. Es fundamental que el Consejo General del Poder Judicial sea configurado sin una intervención tan notoria y poco disimulada. Y los altos tribunales en base a criterios de mérito y capacidad, con un baremo específico que garantice que llegan los mejores. La mejor garantía de que no haya lawfare es un sistema de controles objetivo en el conjunto del sistema judicial.

¿La manera de actuar de algunos jueces contribuye también a esa pérdida de credibilidad del sistema judicial? ¿Se debería ser más riguroso a la hora de admitir determinadas querellas?

A menudo, los partidos acuden a los tribunales para trasladar sus batallas y, sobre todo, amplificarlas, porque no es lo mismo presentar propuestas en el Parlamento que querellas en la Audiencia Nacional con posibilidad de fuerte impacto mediático. En ocasiones, aunque se perciba esa intencionalidad política, las causas tienen que incoarse porque lo marca el ordenamiento. Pero en un contexto tan polarizado sería recomendable que los jueces de instrucción fueran muy exigentes a la hora de admitir a trámite acciones judiciales que se basan en hechos que no son constitutivos de infracción penal y que buscan instrumentalizar la justicia.

Un elemento clave para impedir una involución autoritaria es un potente sistema de contrapesos. ¿Lo tenemos en España?

Los organismos europeos y otras entidades internacionales indican que el de España es bastante débil. Es conocido que los espacios de contrapeso están colonizados por el poder político. Y no solo el Consejo General del Poder Judicial. También hay fuertes injerencias partidistas en el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. Tener unos instrumentos jurídicos que permiten copar estos espacios es peligroso. Hay que despolitizarlos al máximo y marcar criterios de imparcialidad. Es clave para prevenir involuciones autoritarias.

En el fascismo, la deshumanización racista era elemento nuclear. Como lo es ahora en la derecha radical. ¿Tenemos buenas herramientas para luchar contra la xenofobia? ¿Está bien articulado el delito de odio?

Yo creo que la respuesta penal es suficiente. El problema, más bien, está en la insuficiencia de medidas de integración social. Si no se practica una gestión adecuada de la misma, es mucho más sencillo que se propaguen los mensajes de la ultraderecha. Si tenemos a personas extranjeras trabajando en situaciones de explotación laboral, sin papeles suficientes a pesar de que tienen derecho a ello o en situaciones de clara discriminación, se extenderán más los discursos de odio y la xenofobia.

En la obra deja caer que en ocasiones se respaldan involuciones dictatoriales cuando se percibe que el sistema democrático no soluciona las necesidades de la población. ¿Un Estado social fuerte es la mejor vacuna contra el retroceso autoritario?

La democracia no ha tenido siempre un amor incondicional: ha sido muy bien valorada cuando ha solucionado los problemas de las personas y, cuando no, ha perdido el favor ciudadano y posibilitado que movimientos totalitarios o dictatoriales la hayan podido derribar. Por lo tanto, en la medida en que garantice las necesidades básicas de toda la ciudadanía, la democracia será fuerte.

Dinamarca, donde incluso los socialdemócratas han empezado a asumir los planteamientos xenófobos de la ultraderecha, era hasta hace unos años uno de los países más avanzados en materia de acogida e integración. Pero con la Gran Recesión llegaron importantes recortes del Estado social que provocaron una reducción de las prestaciones también para los daneses. Esto derivó en una embestida contra los extranjeros espoleada por el crecimiento de la extrema derecha que generó conflictos sociales crecientes y unos problemas para la democracia que hasta entonces no existían. Esto demuestra, por tanto, que menos Estado social suele implicar menos democracia y más conflictos internos.

¿Puede ser el problema de la vivienda, si no se soluciona, la brecha perfecta a través de la cual puedan potenciarse este tipo de discursos ultras?

El grave problema de la vivienda, si no se soluciona, puede ser un caballo de batalla que erosione nuestras instituciones democráticas. Si las personas tienen que aportar un porcentaje altísimo de sus ingresos para poder residir en una vivienda, muchas de sus necesidades esenciales quedan desatendidas. Es, por tanto, un espacio muy peligroso para estallidos sociales que pueda usar la ultraderecha para favorecer involuciones de tipo autoritario.

Una encuesta reciente interpeló a los ciudadanos de toda Europa sobre la inmigración y arrojó un dato que explica en en buena parte el eco que la extrema derecha está teniendo y que, casi con seguridad, va a entregar a sus líderes la llave del futuro de la Unión el próximo 9J: siete de cada diez europeos creen que el país en el que viven acoge a demasiados inmigrantes. Los más descontentos, los griegos (90%), los chipriotas (84%), los irlandeses (78%), los austríacos (77%) y los búlgaros (76%). En el otro extremo, daneses y portugueses con un 57%.

La mayoría de los europeos (53%) cree además que la inmigración es aun problema y apenas un 22% la percibe como una oportunidad. Un porcentaje que oscila entre el 74% de Bulgaria y el 33% de Luxemburgo. En este ranking, España destaca entre quienes menos atribuyen a la inmigración la condición de problema (39%), a pesar de ser uno de los cuatro países de la Unión, junto a Alemania, Francia e Italia, que acoge a más ciudadanos extranjeros.

La paradoja es que todos los estudios demográficos predicen que Europa en general, y España en particular, no tiene futuro a menos que se abra a recibir inmigrantes. En el caso español, con un envejecimiento que alcanzará a Japón dentro de 16 años, algunos ya se atreven a ponerle fecha: el año 2050. Si seguimos como hasta ahora, a partir de entonces la economía y el Estado del bienestar serán insostenibles.

El país nipón ya se ha puesto manos a la obra. Ejecutivo japonés aprobó en marzo nuevas medidas inéditas en el país para contrarrestar su crisis demográfica ampliando el estatus de “trabajador cualificado específico” a otras cuatro zonas del mundo, lo que permitirá que 820.000 trabajadores extranjeros participen en el programa de colocación hasta el año fiscal 2028.

Pero casi nadie habla de ello en Europa. Y tampoco en España. El prisma mediático, que presta más atención a la llegada de migrantes, en pateras en el caso de España, oscurece el anverso positivo de la migración: su capacidad de generar crecimiento económico en los países de acogida y, a través de las remesas que envían a caso los migrantes, en sus lugares de origen. “El tema se aborda principalmente como un problema y no como una oportunidad“, explica Ola Henrikson, director regional de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). “Hay más clics cuando se habla de personas que mueren en el Mediterráneo que sobre los georgianos que vienen a trabajar en la construcción en Alemania”.

Los flujos migratorios producen un cierto rejuvenecimiento de la población trabajadora, pero no cabe esperar que la inmigración solucione completamente el problema del relevo generacional de los trabajadores en nuestro país, según el Banco de España. “Para ello serían necesarios unos flujos migratorios mucho más intensos que los contemplados incluso en las proyecciones demográficas más optimistas. Sería deseable que las políticas migratorias anticiparan proactivamente las necesidades de contratación que se generarán en el mercado laboral español como consecuencia de las futuras jubilaciones y que favorecieran la llegada de inmigrantes que puedan satisfacer las demandas de trabajo”.

El mismo informe alerta sobre el reto de las pensiones, que considera de “extraordinaria envergadura” y “uno de los mayores desafíos a los que se enfrentarán las principales economías en los próximos años”. Y dice que, para que en 2053 se mantenga la relación actual entre el número de personas en edad de trabajar y el de pensionistas, sería necesario triplicar las previsiones del Instituto Nacional de Estadística sobre los extranjeros residentes: la población inmigrante trabajadora tendría que aumentar en más de 24 millones a lo largo de las próximas décadas.

Las evidencias se acumulan. Lo dice el Banco de España, pero también otras instituciones públicas y privadas y las alertas que genera la investigación académica son recurrentes. “Es evidente que el progresivo envejecimiento se traduce en un descenso de la población activa, aquella en edad de trabajar, y por tanto de pagar impuestos. Si en España o en cualquier país del mundo no se asegura el reemplazo de la población activa, esto repercute sobre la factura social y por tanto sobre el mantenimiento de los servicios sociales y sanitarios sobre todo”, confirma Carlos Ferrás Sexto, catedrático de Geografía Humana de la Universidade de Santiago (USC).

El horizonte del envejecimiento demográfico alcanza a todo el planeta. Si no hay cambios, a finales de este siglo la población mundial entrará en una fase recesiva por culpa del envejecimiento y la incapacidad de asegurar que el relevo generacional compense la mortalidad. “En España ya tenemos problemas con el envejecimiento, la baja natalidad y alta mortalidad, y esto puede ir a más de forma creciente. De cara al 2050”, advierte, “si el envejecimiento no se frena con políticas demográficas que incentiven el crecimiento natural y migratorio, el mercado laboral y la sostenibilidad de los servicios públicos, del sistema de pensiones y del estado del bienestar en España tendrá serios problemas”.

Ahora mismo ya existen muchos sectores económicos que son dependientes de la mano de obra extranjera. Los datos del Servicio Público de Empleo son elocuentes: el 45,25% de los trabajadores de la agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas ya no son españoles, así como el 54,18% de los que desempeñan actividades en los hogares como personal doméstico. Destacan también el comercio, la construcción, el transporte y la confección de prendas de vestir. Cualquiera qwe se haya asomado en los últimos años a la economía de los cuidados sabe también de la importancia de los trabajadores extranjeros en España.

Hay “profesionales cualificados en sectores industriales y de la construcción; desde albañiles, fontaneros, electricistas a mecánicos, destaca el catedrático de la USC. Los hay “vinculados al sector de la pesca y de la construcción naval, también en hostelería, servicios de cuidados a personas mayores o en el sector agroindustrial tanto para manejo de máquinas, la recolección o el procesado de alimentos”. Y hay una demanda importante en “el sector de las tecnologías de la información, profesionales del marketing y de la comercialización, entre otros”.

Son cifras que crecen año a año. En sectores que sólo están dispuestos a cubrir los extranjeros, ya sea por ofrecer condiciones poco apetecibles o porque la juventud es un factor esencial para su desempeño.

¿Qué debe hacer entonces España para evitar el desastre que se avecina si no corrige el inevitable camino hacia el invierno demográfico? “Se deben combinar medidas de natalidad y conciliación con medidas migratorias”, afirma sin dudarlo Carlos Ferrás. “En los países del norte de Europa han logrado estabilizar la fecundidad (el número de hijos por mujer en edad fértil) protegiendo y acompañando la crianza, con subsidios directos por hijo menor de edad a las familias que llegan a superar los 200 euros mensuales, así como con la racionalización de los horarios laborales o la creación de servicios de atención y apoyo a la infancia accesibles y gratuitos en los centros de trabajo”.

Pero no basta, añade. Estas medidas deben combinarse con otras “orientadas a la migración, que van desde los contratos en países de origen, el fomento de la interculturalidad en los sistemas educativos o el incentivo a la emigración de retorno, sin olvidar que es preciso afrontar el desafío de la inclusión social de las personas inmigrantes en los lugares de destino”.

Hay que combinar, insiste, la inmigración y las medidas destinadas a incentivar el crecimiento natural. “Es una balanza entre los saldos migratorios y los naturales. Son medidas tanto de apoyo a la natalidad como de apoyo a la inmigración. No se deben desvincular”.

Desde la política, apunta, “debería abrirse un debate claro y transparente sobre el futuro demográfico de España y sus retos a medio y largo plazo. Países como Alemania, Francia o China son muy conscientes de las consecuencias del envejecimiento”. Y de la necesidad de desarrollar “políticas amables y facilitadoras del desarrollo personal y profesional de los jóvenes”. Y eso implica atacar, cuanto antes, problemas como el precio del acceso a la vivienda o los salarios dignos.

 “Lo único que salva la demografía española es la inmigración, porque la fecundidad ni está ni se le espera”, sentencia Joaquín Recaño Valverde, experto en demografía de la Universidad Autónoma de Barcelona. La inmigración, subraya este experto, permite revitalizar la demografía de ciertas áreas rurales, como el valle del Ebro, donde hay mucha movilidad de mano de obra inmigrante extranjera. Sin embargo, trata de una inmigración muy dinámica: no se crean estructuras de arraigo. Los inmigrantes se acaban yendo y llegan otros nuevos.

Recaño no tiene ninguna duda: la inmigración es la solución demográfica para toda Europa Occidental. “Nosotros nos hemos incorporado tarde a la inmigración, pero va a ser un tema importante en las próximas décadas”, afirma.

El problema es global, así que la capacidad de atraer inmigrantes se convertirá en poco tiempo en un asunto crucial. El debate pasará del levantamiento de muros al diseño de incentivos para seducir a los jóvenes de otros países. De momento, las tasas de fertilidad comparativamente altas en muchos países de rentas bajas (sobre todo en países orientales y occidentales del África subsahariana) seguirán impulsando el aumento de la población en estas ubicaciones durante el siglo, pero hacia el año 2100 más del 97% de países y territorios tendrá tasas de fertilidad por debajo de lo necesario para mantener su población, según un estudio publicado por The Lancet. Sólo seis países tendrán a finales de siglo crecimiento demográfico: Samoa, Somalia, Tonga, Níger, Chad y Tayikistán.

“Nos enfrentamos a un cambio social abrumador a lo largo del siglo XXI”, según el catedrático Stein Emil Vollset del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), el autor principal a la cabeza del estudio. “El mundo va a experimentar de forma simultánea una ‘explosión demográfica’ en algunos países y un ‘colapso demográfico’ en otros”.

“Las implicaciones son colosales”, explica la doctora Natalia V. Bhattacharjee, coautora principal del estudio y líder de investigación científica del IHME. “Estas tendencias futuras en las tasas de fertilidad y nacimientos vivos reconfigurarán por completo la economía global y el equilibrio internacional de poder, y obligarán a la reorganización de las sociedades”.

“El reconocimiento global de los desafíos en torno a la inmigración y las redes de asistencia mundial serán incluso más cruciales cuando exista una competencia feroz para que los inmigrantes sostengan el crecimiento económico y a medida que la explosión demográfica del África subsahariana sigue aumentando”, advierte Bhattacharjee.

Ante los cambios de época y los nuevos retos en la sociedad de las catástrofes y las emergencias hay quien recurre a la reforma constitucional como bálsamo de Fierabrás, paradójicamente cuando es mayor la polarización y menor la posibilidad de acuerdo, y además en el actual periodo político populista presidido por la polarización amigo-enemigo y por la simplificación de los problemas complejos.

En su defecto aparece también el recurso de los manidos Pactos de Estado, rememorando el carácter fundacional en la Transición democrática de los Pactos de la Moncloa, últimamente para blindar materias propias del Estado del bienestar, en la línea del Pacto de Toledo.

Porque lo que está en cuestión es el propio modelo de Estado del bienestar, los derechos sociales y sus servicios públicos universales, sustituido por la más etérea e individualista sociedad del bienestar y la consiguiente privatización o por el eufemismo de la colaboración publico-privada.

Sin embargo, el único pacto de Estado que hoy se puede considerar como tal, el Pacto de Toledo, tampoco goza del consenso político precisamente en uno de sus pilares, como es la revalorización de las pensiones, lo que cuestiona más allá incluso su carácter contributivo y solidario y remite de nuevo a la alternativa de un sistema mixto.

La salida de la pandemia, con sus luces y sombras, con el surgimiento de nuevas catástrofes como la guerra y las consecuencias de la emergencia climática, han acentuado la sensación de miedo e incertidumbre. Hoy vivimos entre el miedo de los más vulnerables y el sálvese quien pueda prácticamente del resto que se sienten inseguros, y como consecuencia en una crisis existencial de los servicios públicos y en particular en la sanidad pública.

Con motivo de las recientes movilizaciones de los profesionales en defensa de las urgencias extrahospitalarias y de la atención primaria, además de las distintas negociaciones en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de algunas medidas de choque del gobierno central, muchos analistas parecen coincidir de nuevo –además de en el trazo grueso del diagnóstico sobre la crisis– en un lugar común: la necesidad de un Pacto de Estado por la Sanidad en la línea del Pacto de Toledo, cuando no en la necesidad de una nueva ley general de sanidad después de más de tres décadas de vigencia.

No es la primera vez que se reconocen las carencias de nuestro sistema sanitario y la necesidad de un acuerdo que lo actualice, entre otras razones como consecuencia del envejecimiento de la población, de la evolución de las tecnologías sanitarias, del individualismo de la sociedad de consumo y de la revolución digital. Lo que es preocupante es que se pongan en cuestión no solo aspectos puntuales relativos a la necesaria actualización de la gestión, la planificación, la formación o del estatuto del personal sanitario, sino las propias bases del sistema público: como son su carácter universal, la equidad y su accesibilidad.

Porque en relación a la sanidad pública las discrepancias también son mucho mayores que sobre el sistema de pensiones, hasta el punto de que tan solo se mantiene el acuerdo en su financiación pública, ya que por parte de sectores de la derecha se cuestiona su carácter descentralizado e incluso ni siquiera se respeta la universalidad de la atención a los inmigrantes, ni la garantía de la accesibilidad para todos. Para muestra, lo ocurrido en la tragedia de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. En realidad se trata de la alternativa a la sanidad pública de un sistema de colaboración público privada.

El pacto sanitario es además más complejo porque es obligado que participen, dentro de un sistema sanitario descentralizado, al menos el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas, sino también los grupos parlamentarios de la Cortes Generales e incluso las organizaciones profesionales, sindicales y de pacientes relacionadas con el sector salud.

Sin embargo, también es necesario recordar que el mencionado pacto de Estado se ha explorado y no solo en el pasado sino más recientemente. Al menos, en mi experiencia como presidente de la comisión de sanidad del Congreso de los Diputados y miembro de la subcomisión para el estudio de los problemas del sistema sanitario, resultó entonces poco menos que inviable, sobre todo por el carácter antagónico del modelo sanitario propugnado en los últimos tiempos por la derecha y las desconfianzas de los partidos nacionalistas a la injerencia en sus competencias.

Un pacto que fue bloqueado finalmente por la derecha con los argumentos ya conocidos: de una parte con la impugnación del actual modelo de atención primaria y por otra la defensa cerrada de las concesiones y del modelo desarrollado por sus gobiernos autonómicos, con un modelo de gestión privada alternativo al que contempla la ley general de sanidad de mediados de los ochenta del siglo pasado y que se ha ido consolidando, tanto ideológicamente como con un no menos potente entramado de relaciones e intereses, en particular durante el periodo de hegemonía neoliberal. Asimismo, por la desconfianza de los gobiernos nacionalistas a que el mencionado pacto de Estado se pudiera utilizar para una nueva armonización autonómica y con ello para una injerencia en la competencia sanitaria que no solo consideran exclusiva sino incluso excluyente con respecto a las bases y coordinación del Ministerio de Sanidad. Una desconfianza confirmada posteriormente como consecuencia de la polarización política y territorial de la actual década populista.

La división más que el acuerdo en torno al modelo sanitario ha sido particularmente visible en las resistencias a lo largo de las sucesivas olas de la pandemia, primero ante las prórrogas del Estado de Alarma y luego frente a los acuerdos de coordinación del Consejo interterritorial en el marco de la ley de cohesión promovida en su momento por el Partido Popular.

En definitiva, si a pesar de la gravedad de la pandemia no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en aspectos básicos de su gestión, ni en el Congreso de los Diputados y ni siquiera entre los juristas ni en el Tribunal Constitucional, aunque con un grado satisfactorio de cooperación solo lastrado por la estrategia de deslegitimación entre las CCAA y el Gobierno central, y finalmente en la aprobación de una catarata de conclusiones y recomendaciones precipitadas para salvar la cara en el Congreso de los Diputados. Por todo ello, difícilmente se puede pensar que se den hoy las condiciones para un diálogo y mucho menos para un acuerdo, sobre todo en el actual clima de obstrucción y deslegitimación sistemática del Gobierno central, utilizando para ello no solo a los grupos parlamentarios, sino además los gobiernos autonómicos e incluso a instituciones teóricamente neutrales como la propia cúpula de la justicia.

En todo caso, de lo que no cabe ninguna duda es de la extraordinaria respuesta, tanto de los profesionales sanitarios como del sistema sanitario público, muy por encima de sus recursos y de sus posibilidades, a los duros retos de la pandemia, en comparación con otros modelos sanitarios, bien sean privados o mixtos. Una experiencia de resiliencia e innovación y en condiciones de emergencia que debería servir de base para cualquier acuerdo así como para la necesaria reforma del sistema sanitario. Un sistema tocado pero no hundido, algo que justifica su modernización, pero en ningún caso permite su desmantelamiento.

No cabe duda de la crisis y de las dificultades del sistema sanitario público en su conjunto como consecuencia del test de estrés de la pandemia en España y a nivel global, y que se hoy refleja en nuestro país especialmente en la debilidad de la salud pública y en la crisis de la atención primaria y de la salud mental, con consecuencias también en el agravamiento en el conjunto del sistema de la situación previa del sistema de urgencias y de unas listas de espera insostenibles, pero asimismo con carencias –que aunque menos visibles no son menos importantes– como son la orientación reparadora, farmacológica y tecnológica del sistema y su carácter hospitalocéntrico, y en materias tan centrales como la planificación sanitaria, la gestión pública, la promoción de salud, la prevención o la vigilancia epidemiológica.

En definitiva, entre los ciudadanos con malestar y divididos entre los vulnerables y los del sálvese quien pueda, los sanitarios quemados y en la dinámica del agravio de las administraciones y las fuerzas políticas polarizadas, el caldo de cultivo tampoco favorece el acuerdo.

La crisis de la sanidad pública se remonta a la última década del siglo veinte y la primera del actual con la pérdida del impulso integral y comunitario inicial del modelo público, y más tarde con la distorsión provocada por los vientos neoliberales de la estabilización presupuestaria y las primeras experiencias de nuevos modelos de gestión, la mayoría de ellos importados y de orientación privada, plasmados finalmente en la ley 15/97, desde la que hemos ido al rebufo de las sucesivas reformas liberalizadoras del Sistema Nacional de Salud Británico, que por otra parte y con el colapso que sufre en la actualidad, tampoco se han demostrado precisamente exitosas.

Por tanto, la pregunta fundamental es si la necesidad acuciante de reformas que fortalezcan el sistema público es una prioridad también para el conjunto de las administraciones y fuerzas políticas y sociales, además de para los ciudadanos y los expertos, o si por el contrario se trata para una parte relevante de ellos de una oportunidad para profundizar en su reorientación hacia un modelo mixto, no solo de gestión sino también de subordinación al sector privado, denominado eufemísticamente de colaboración público-privada, pero que trata la salud como una oportunidad de negocio, más que como un derecho universal. Algo que se ha visto de forma plástica a la par que dramática a lo largo de la pandemia, con el desbordamiento de la sanidad pública, aprovechado para el incremento de las pólizas de la sanidad privada y trágicamente en los protocolos para la no derivación de ancianos a la sanidad pública.

Es por todo esto que en el actual contexto quizá cabría plantearse, no tanto el objetivo del manido Pacto de Estado sobre el conjunto del Sistema Nacional de Salud, hoy por hoy inviable, sino la posibilidad de algunas reformas concretas pactadas.

Algo similar al llamado pacto de rentas en materia sociolaboral que a diferencia de los pactos de la Moncloa se ha establecido bien mediante mesas de concertación como la reforma laboral, parcialmente la reforma de las pensiones y más recientemente el acuerdo marco para el incremento salarial.

En el ámbito de la sanidad pública mutatis mutandis podría desarrollarse mediante algunas reformas parciales que fortalezcan y modernicen los pilares del sistema sanitario público en la línea de la ley general de sanidad, bien en una comisión del congreso y luego en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, para su posterior desarrollo desde el Gobierno central y en colaboración con las CCAA gobernadas por formaciones políticas que comparten estos presupuestos.

Entre estas reformas, hasta ahora incomprensiblemente aplazadas, está la puesta en marcha definitiva de la Agencia de Salud Pública, aparte de otras medidas urgentes de relanzamiento tanto de la atención primaria como de la salud mental, así como el avance en algunas de prioridades como son la planificación sanitaria, los modelos de gestión pública, de formación y especialización y de consolidación del empleo sanitario, junto a la de coordinación de las agencias de evaluación de la calidad del sistema en el sentido del modelo NICE y la garantía efectiva del acceso y la cobertura universal. Para todo ello es imprescindible dotarse de un presupuesto digno para su desarrollo.

Estas medidas seguramente no tendrán tanto predicamento como el Pacto de Estado, pero sí serían alcanzables con la voluntad política de la mayoría y podrían crear las condiciones necesarias para un futuro pacto de Estado.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa

I.- En un reciente seminario, organizado por la Asociación por una España Federal (AEF), celebrado en el Senado, tuve ocasión de reflexionar sobre las cuestiones que plantea el título de este artículo. En realidad, sobre el asunto esencial de la relación entre cohesión territorial y cohesión social. Creo que, para llegar a alguna conclusión, hay que partir del sentido del artículo 1 de la Constitución cuando define nuestro Estado “social y democrático de derecho”. Y social, en mi opinión, quiere decir Estado de bienestar, un auténtico salto civilizatorio respecto del Estado liberal de los siglos XIX y mitad del XX, cuando sólo existían —donde existían— libertades individuales, pero no derechos colectivos. En nuestro caso, ni lo uno ni lo otro hasta finales del XX. Actualmente somos, por lo tanto, las naciones que componemos la UE, democracias sociales que unimos ambos aspectos señalados, lo que se compadece con ese modelo social europeo, único en el mundo, que se construyó a partir de la Segunda Guerra Mundial, gracias al notable protagonismo de los movimientos sociales, en especial el sindical. Se trata, en realidad, de la identidad de nuestros estados y, en nuestro caso, de la democracia española. Por eso, adelanto que en mi concepción las agresiones al Estado de bienestar o social, en forma de recortes, privatizaciones, etc., son atentados a la democracia.

II.- Al mismo tiempo, también somos un Estado compuesto, con elementos federalistas, inacabado, pero con amplia descentralización. Hasta el punto de que el contenido social de dicho Estado —educación, sanidad, servicios sociales, etc.— y la financiación que les afecta, está transferido a las comunidades autónomas. Ahora bien, no conviene olvidar que, como señalan los artículos 14 y 139.1 de la Constitución española, se debe garantizar la igualdad de todos y todas, vivan donde vivan. Me temo que esto último no se respeta en nuestra experiencia, pues somos un país francamente desigual, territorial y personalmente, a pesar de algunas mejoras recientes. Una indeseable situación que un modelo más federal podría contribuir a corregir. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, en la República Federal de Alemania con ocasión de la unificación del país. Las diferencias de renta entre los lander del oeste y del este eran vastas o exageradas y, sin embargo, en el transcurso de unos años se fue produciendo una notable convergencia entre ellos. Me temo que no ha sido así en nuestro caso. Las diferencias de renta per cápita entre Comunidades Autónomas sigue siendo abultada, lo mismo que el gasto/inversión por persona en sanidad o educación, que se ha ampliado, después de cierto periodo de acercamiento. Las causas de este desequilibrio pueden ser varias: diferentes tejidos productivos; mayor o menor industrialización; insuficiente solidaridad interterritorial; ideología del gobierno de cada comunidad autónoma; pulsiones privatizadoras; tendencias “confederales” o bilaterales, etc.

III.- Una primera constatación a la que nos debería conducir esta realidad es a la de que la transferencia de los servicios esenciales a las comunidades autónomas no debería significar, en ningún caso, que el Estado —la “federación”— deba desentenderse de los asuntos sociales transferidos. No es ese, desde luego, ni el espíritu ni la letra de la Constitución española. Así, en la sanidad, el artículo 149.16 afirma que el Estado “tiene competencia sobre las bases y coordinación general” de la misma. Tarea difícil de cumplir si el ministerio de Sanidad se encontraba medio desmantelado cuando estalló el covid-19. En educación, el artículo 149.30 de la Constitución española habla de competencia “sobre normas básicas del desarrollo del artículo 27”. Por ello entiendo que, en los Estados de naturaleza federal, cada comunidad autónoma no puede hacer lo que quiera con los servicios sociales esenciales y el poder “federal” debe poder intervenir y corregir las tendencias indeseables. La identidad social de nuestra democracia debe estar garantizada para todas, todos y en todas partes. Que no quiere decir, para nada, regresar a posturas centralizadoras. Lo que significaría dar pasos hacia atrás inaceptables. De lo que se trata es de evitar que pudiera darse el caso de que un gobierno autonómico decidiera, por ejemplo, ir privatizando la sanidad o la educación, a través del expediente de deteriorar estos servicios públicos. En nuestro modelo, por el contrario, la descentralización es inseparable de la cohesión, pues ambas deben ir unidas, para ser fieles al sentido de la Constitución.

IV.- De ahí que un sistema más federal puede corregir mejor las tendencias que debilitan, ya sea la cohesión territorial o la cohesión social. El peligro para nuestra nación y Estado no viene sólo de los que quieren separarse de España, sino también de los “privatizadores”, de los que quieren “independizarse” del Estado social y democrático de derecho. Porque seamos claros, no hay Estado social sin solidaridad interterritorial y no lo hay, tampoco, sobre bases privadas.

V.- Desde su fundación, la AEF ha apostado por una España federal en una Europa federal. Conviene no olvidar que la Unión Europea es, también, el ámbito de realización de nuestra democracia. Por eso mismo sostengo, de cara al próximo futuro, que el Estado social necesita, para robustecerse e incluso mantenerse, que imbrique sus contenidos en el espacio europeo, lográndose así una Europa social y no solamente económica y monetaria. Porque, de alguna manera, ya somos “euroestados” o “euronaciones”, y estas quedarían deformes o incompletas sin una dimensión social complementaria. 

De otra parte, han transcurrido 45 años desde la aprobación de la Constitución, y muchas cosas han cambiado desde entonces: nuestra pertenencia a la UE; el despliegue de la globalización; la revolución digital; la aceleración del cambio climático; el impulso feminista; de nuevo la guerra en Europa. De otro lado, España ha logrado una profunda transformación, somos bastante más ricos que entonces, desde luego unos más que otros. El PIB de 1978/80 se situaba en 160 mil millones equivalentes de euros, y hoy estamos en 1,4 billones de euros; por su parte, la renta por cabeza era de 4.200€ y hoy ha subido a 27.000€; la misma población de España ha aumentado en un 26%, es decir, somos más, más ricos y más viejos. En cualquier caso, estaríamos en condiciones de enriquecer nuestro Estado de bienestar, lo hemos hecho en el pasado con las pensiones, la sanidad o el Ingreso Mínimo Vital, pero hoy afrontamos nuevos retos a los que tenemos que hacer frente —el medioambiente, la vivienda, la brecha digital— ampliando derechos.

VI.- Ante las elecciones autonómicas y municipales de este domingo, 28 de mayo, es buen momento para llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer en competencias y medios el espacio municipal, un tanto preterido en el momento del reparto de los poderes. Conviene apostar, en este sentido, por un federalismo municipal. Hay que ser conscientes de que ir transitando hacia formas más federales exige ir creando una cultura federal, en valores compartidos, democráticos, europeístas, de igualdad, solidaridad, tolerancia, empatía y lealtad institucional. Frente a actitudes de agravios comparativos, insolidaridad, competencias desleales que, desgraciadamente, abundan. Una mejor clarificación de las competencias y un robusto modelo de financiación completarían el cuadro de necesidades comunes. En el terreno de las instituciones, quizá la reforma que podría alcanzar el imprescindible consenso sería la transformación del Senado en una auténtica Cámara territorial, como existen en los Estados federales. No fue otra la intención del ar.69.1 de la Constitución cuando dice: “El Senado es la cámara de representación territorial”.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas y de la Asociación por una España Federal.

Por fin estamos en una campaña electoral donde hay más conversación sobre políticas que refriegas. Unas elecciones donde al debate autonómico se ha sumado una agenda que llegaba tarde en un contexto inflacionista con dinámicas arrastradas de antes. La Ley de Vivienda ha supuesto un cambio radical en la conversación. Pudo haber no salido, costó mucho hablar de las dificultades para acceder, virar el marco de la vivienda-negocio a la vivienda-derecho, ese otro cable del ascensor social cada vez más pelado. Hace nada Isabel Díaz Ayuso llamaba comunistas a modo de insulto a quienes pretendían regular un mercado roto. Ahora, el mayor ataque pasa por la portavoz del PP, Cuca Gamarra, calificando de tómbola las promesas de las viviendas que el ejecutivo ha anunciado ceder y construir. Escuchar al PP querer adelantar al PSOE en el número de pisos sociales es un éxito de la ley. El señalamiento al acuerdo de avales del ICO, porque ya lo hace el PP de Madrid o Murcia, también lo es. 

Los créditos del 20% a jóvenes son una medida más en una amplia batería que aborda ese pilar del Estado de bienestar que es la vivienda. Los sueldos también eran otro pilar pendiente, otro cable cada vez más pelado. Según la OCDE, solo en 2022 la caída fue del 5,3% en los salarios reales. Un sueldo no es lo que cobras, es lo que puedes hacer con él. Cuántas cestas de la compra puedes llenar, cuánto alquiler puedes pagar, cuánta hipoteca, cuántas veces puedes llenar el depósito o cuántas clases extraescolares y de cuántos hijos. El salario también es inserción social, es pertenencia, es una retribución por unos esfuerzos que contribuyen al bienestar colectivo del Estado social. 

El Estado de bienestar es una red y son muchos frentes. Es el coste de la vivienda, el de la vida, el de los suministros. Son las pensiones, el precio de la electricidad y los transportes. Es no arruinarse con un seguro privado de salud si un familiar cae enfermo. O no acabar la universidad con una deuda aplastante. 

El acuerdo salarial de sindicatos y patronal para garantizar subidas en los próximos tres años era importante para cerrar la legislatura. Antonio Garamendi ha intentado expulsar de la foto a Yolanda Díaz con malos modos. Pero la reforma laboral impulsa el acuerdo y lo acompaña. La subida no es obligatoria para las empresas, pero es un compromiso que cala y arrastra a unas y otras. El ingreso mínimo vital empujó la subida del salario mínimo y así, en cadena, hasta este último acuerdo. 

En un contexto de más polarización que nunca, es todo un logro que funcione el diálogo social. Dirimir los conflictos a través de las instituciones es salud democrática. Que los sindicatos hayan recuperado su sitio tras el ninguneo de la legislatura del PP también lo es. Ángela Merkel gobernó durante 16 años respetando a los sindicatos como actor fundamental en la gobernanza de sus grandes industrias. Mariano Rajoy, en la crisis más profunda de las últimas décadas, les expulsó de la mesa. De momento, Alberto Núñez Feijóo ha preferido a las Fuerzas de Seguridad o los fiscales conservadores a los representantes de los trabajadores. Son elecciones. 

Volviendo al acuerdo, los damnificados de estos años han sido los salarios. Y los trabajadores han aguantado estoicamente el tirón de la inflación. Un gran esfuerzo de contención que se compensa con un acuerdo sin actualizar desde 2019. En un contexto donde contamos el carrusel de ingresos disparados de sectores financieros –la banca, las eléctricas, las grandes superficies alimentarias–, donde los beneficios crecen más que los salarios, sería razonable exigir ahora otras contrapartidas a cambio de la paz social: más derechos laborales, más flexibilidad y tiempo para conciliar.

Es usual, al buscar las raíces del actual mercado de vivienda en España, acudir a la frase de aquel ministro, el falangista José Luis Arrese (1957-1960): "Quiero un país de propietarios, no de proletarios". Y, aunque ya algo manida, es una referencia valiosa. Aquella apuesta por la propiedad que nutrió el proyecto franquista –"Dios, Patria y Hogar"– sigue siendo hoy pieza clave del modelo de vivienda español. No obstante, para buscar el origen podríamos ir incluso más atrás. A principios del siglo XX ya podemos encontrar la forja de unas políticas que ahora el Gobierno se propone cambiar. Al menos, matizar. No será fácil.

Al menos cinco factores de peso, cebados por inercias de larga trayectoria, actuarán a favor del mantenimiento del modelo mercantilizado: 1) El turismo masivo, metido en una espiral de récords, ignorado por la norma y que se erige en una posible salida para la propiedad. 2) El posible dumping entre comunidades en disputa por los capitales perjudicados. 3) El fuerte peso de la vivienda en el menú de la riqueza de los hogares españoles, con casi un 53%, lo que genera una alianza de las clases medias y altas con la gran propiedad. 4) La informalidad e irregularidad del mercado del alquiler. 5) La falta de continuidad en las políticas de vivienda, caras y con resultados a largo plazo, y la propensión a los anuncios impactantes, todo ello en un escenario volátil que dificulta el consenso en torno a la necesidad básica: incrementar el parque público de vivienda, un empeño que exige décadas de compromiso y dinero.

La Ley de Casas Baratas de 1911 ya inauguró una política basada en la financiación pública de construcción de vivienda, con préstamos baratos a los compradores, que al final el propio Estado subsidiaba. Se trata de un modelo que el franquismo adoptaría y que desde 1963 se conoce como VPO: viviendas de protección oficial. Estas viviendas suelen confundirse con las públicas. No son lo mismo. Aunque las VPO pueden ser públicas, también pueden ser privadas. En España la principal apuesta ha sido por las privadas, tanto construidas ya privadas como privatizadas con posterioridad. Un dato: entre 1952 y 2016 se construyeron cerca de 7 millones de viviendas protegidas, lo que supone que en torno a un 26,6% del total llevan apoyo público. La gran mayoría hoy son privadas, bien porque ya eran privadas inicialmente, bien porque fue ejecutada la "opción de compra".

Así ha sido como España ha ido fomentando, a base de dinero público, la extensión del parque en propiedad, en un modelo que ha provocado al menos tres consecuencias. 1) Un suculento negocio para bancos y promotoras/constructoras. 2) Que España tenga más de un 75% de vivienda en propiedad. 3) Que el país tenga sólo un 1,6% de vivienda pública en alquiler. Ese ha sido el abecé del modelo: para el que pudiera pagarla, vivienda en propiedad con la doble finalidad de residir en ella y destinar el ahorro; para el que no pudiera, una ayuda del Estado para que sí pueda, con el incentivo de la "desclasificación" de la vivienda pasados unos años.

Este modelo tocó techo en el llamado "boom inmobiliario". España pasó de 293.000 licencias en 1997 a 735.000 en 2006. Entre 1997 y 2006, el precio subió un 157%. A la inercia histórica se sumaba la ley del suelo de 1996. Luego llegó el crash. Ni las viviendas valían lo que se había pagado por ellas, ni millones de familias tenían ya el trabajo con el que poder seguir pagándolas, lo que desencadenó cientos de miles de desahucios y la absorción por parte de la banca de una gigantesca cantidad de ladrillo tóxico. El Gobierno y las instituciones financieras crearon un banco malo, que ha supuesto más de 35.000 millones de deuda pública. La caída de los viejos señores del ladrillo –si en Estados Unidos el símbolo del derrumbe es Lehman Brothers, en España fue Martinsa-Fadesa– incrementó el protagonismo de plataformas, fondos y socimis, con Airbnb, Blackstone y Merlin como mascarones de proa.

La apuesta de estos nuevos amos es el alquiler, dada la contracción del crédito hipotecario tras el empobrecimiento general por la crisis. Entre 2011 y 2021 el porcentaje de alquiler ha pasado del 78,9% al 75,1%. No obstante, este avance no se produce, como pedían los críticos con el "modelo Arrese", acompañado por una reducción de la especulación ni por un incremento del parque social. "Desde la anterior crisis, se ha cocinado políticamente el mercado para centrar la rentabilidad en el alquiler", explica el sociólogo Daniel Sorando, profesor de la Universidad de Zaragoza, para quien no se ha producido un replanteamiento del sistema, sino que ha desplazado su lógica al alquiler, lo que ha generado un alza de los precios de un 20% entre 2016 y 2021, con subidas más marcadas en los centros de las grandes ciudades.

Este es el mercantilizado sistema de vivienda en el que aterriza la ley pactada por el Gobierno (PSOE-UP) con ERC y Bildu, que supone –al menos sobre el papel– una ruptura, sobre todo por la limitación a la rentabilidad que suponen los topes y zonas tensionadas. "Estamos ante un cambio de paradigma histórico. [La ley] es el sello definitivo de defunción de una política fracasada que ha durado demasiado tiempo", señala en un artículo en El Periódico de Catalunya Eduardo González de Molina, investigador en la University College of London, que, enfriando las expectativas, advierte: "La ley de vivienda es solo un punto de partida. El sistema de vivienda no se cambia solo a través del BOE".

Hablamos de un sistema acostumbrado a décadas y décadas de mecantilización, con múltiples actores involucrados en defensa de sus intereses, atrapados por dinámicas generales difíciles de cambiar. infoLibre analiza cinco fuerzas que pueden limitar su alcance.

El mismo gobierno de la ley de "función social" de la vivienda trabaja para que el país bata todos sus récords turísticos en 2023, año en que está previsto que se superen los 83 millones de visitantes de 2019. A juicio de Sorando, que ve al Gobierno en "contradicción", aquí hay una "vía de agua" de la ley, sobre todo si se mantienen las políticas de atracción de la demanda. "Al poner controles al alquiler [convencional], habrá por lógica una salida hacia el alquiler turístico, donde no hay una regulación tan clara y se generan importantes beneficios", afirma José María Raya, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra. "Puede pasar, es una hipótesis razonable, como también que las viviendas se vayan al alquiler de temporada [cuya regulación queda pendiente]", señala González de Molina, que añade que en estos "puntos de fuga" la ley deja la pelota en el tejado de autonomías y municipios, por lo que a su juicio allí donde la regulación es más estricta, como Cataluña, País Vasco o Baleares, la norma tendrá mayor impacto.

El sector inmobiliario batió en 2022 su récord histórico anual en inversión directa, al superar los 15.200 millones, un 27% más que en 21%, según datos de la consultora Savills. Los fondos de inversión copan un 67% de este montante. Las implicaciones de estos datos crecen si precisamos cómo funciona un fondo de inversión. En palabras de Ernest Cañada, director del centro de investigación Albasud: "Funcionan bajo la lógica cortoplacista. Necesitan indicadores rápidos para vender lo comprado". La pregunta es: ¿qué harán fondos como Blackstone, Cerberus y Lone Star si entienden que la ley lesiona el valor de sus activos? Tanto José María Raya como Daniel Sorando consideran posible un traslado de activos al alquiler turístico allí donde sea posible, reduciendo la oferta de alquiler convencional. Otro escenario en el que coinciden es el posible "dumping" entre comunidades, con las contrarias a la norma tratando de atraer capitales que se consideren perjudicados, dado el carácter autonómico de medidas clave del texto. "Es un resultado bastante previsible", señala González de Molina.

Sorando, para quien una desinversión de los fondos sería positiva para el derecho a la vivienda, sí señala al que al principio encontraría rechazo popular. El motivo es que el miedo en el mercado podría depreciar el ladrillo en un país en el que la vivienda es el activo más importante de las familias, con 52,9%, según datos del Banco de España. No es sólo que más del 75% de hogares tienen vivienda en propiedad, sino que hay una asentada tendencia a llevar el ahorro al ladrillo: más del 15% tienen segunda residencia, según el INE. Sorando señala que el "gran éxito de Arrese" es que las clases medias y altas perciben que sus intereses están alineados con los del sector inmobiliario, una alianza que sólo puede romperse –afirma– si se ofrece una alternativa creíble de obtención de rentas a través del trabajo. González de Molina afirma que "cultura del propietarismo", según la cual "cualquier ahorro debe ir destinado a una primera y luego segunda vivienda", es hoy en día "sentido común" para la mayoría. A su juicio, esta ley contribuye a combatirla, porque ataca sus "fundamentos legales". "El cambio cultural vendrá después", pronostica.

Según el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, un 40,8% de los alquileres en España no se declaran, es decir, hay 1,28 millones de alquileres sumergidos. El informe Los efectos de la limitación de precios de los alquileres en Cataluña, publicado por Esade Ecpol con la firma del catedrático de Economía Aplicada de la Pompeu Fabra José García Montalvo, observa que la medida "fue eficaz para reducir el precio medio del alquiler, aunque hubo un alto grado de incumplimiento", hallazgo "consistente con la evidencia en otras ciudades de creación de mercados paralelos negros". Antonio Ibáñez, consultor de viviendas en Espacio en Común; advierte: "Una ley no cambia la situación porque sí. Todo requiere control, inspección... Si no es así, los propietarios la podrán sortear". Coincide Sorando: "Habrá intentos de burlar las limitaciones. Será básica la concreción y la vigilancia". González de Molina advierte que la norma no tiene suficientes mecanismos de sanción y control, si bien recalca que hay margen para añadirlos con posterioridad o para que las comunidades se apliquen en la tarea. "Allí donde no se establezcan regulaciones la norma puede quedar en papel mojado. Mi hipótesis es que vamos a tener dos Españas en cuanto a vivienda, una pro-inquilinos y otra pro-propietarios", expone.

2009. La crisis ha enseñado los dientes y el problema de la vivienda asciende. El entonces consejero del Gobierno andaluz Juan Espadas, hoy líder del PSOE, anunciaba el envío al Parlamento de una nueva ley: “Los ciudadanos andaluces podrán exigir ante los tribunales su derecho a una vivienda digna”. No fue la única ley en esa línea. ¿En qué quedaron? En poco. Como escribe Julio Vinuesa en El festín de la vivienda, “queda aún mucho camino para que los jueces puedan ordenar a las administraciones competentes facilitar una vivienda a aquellos hogares que lo reclamen”.

El episodio de la ley andaluza ilustra un mal en el que coinciden todos los expertos consultados: la falta de "continuidad" de las políticas, haz de una moneda que tiene un envés: la inclinación por los anuncios estelares. "Las políticas deben ser estables", expone José María Raya, que recuerda que Austria, citado como país ejemplar, lleva desde la salida de la Segunda Guerra Mundial invirtiendo en parque público. "No podemos ir a golpe de eslogan", añade. "El mercado de la vivienda no es un monstruo ingobernable. Ahora bien, el error es pensar que en una legislatura, o con un solo acto legislativo, vamos a cambiar el sistema. Para eso hace falta consenso en los elementos centrales", apunta Jordi Bosch, politólogo especializado en vivienda de la Universidad Politécnica de Cataluña. Así lo escribe también González de Molina: "Aumentar el parque social es la gran clave para moderar los precios y ofrecer alternativas asequibles a toda la población, pero para ello se requiere de décadas, mucha inversión y consensos amplios", escribe.

En España no hay práctica asentada de inversión para engordar el parque público. Al contrario. Las transferencias a las autonomías en los 80 no se ciñeron sólo a las competencias, sino también a todo el patrimonio edificado del antiguo Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda. ¿Y qué han hecho las comunidades y ayuntamientos? En buena medida, venderlo a los inquilinos, cuando no, como en el caso de Madrid, a fondos buitre. Esta práctica, que con la ley quedará prohibida, es una de las causas del escaso parque público en alquiler. El Gobierno se ha propuesto corregir este déficit. Ahí hay que enmarcar dos anuncios del presidente del Gobierno: la "movilización" de 50.000 viviendas de la Sareb y la financiación pública de 43.000 viviendas.

Son anuncios con letra pequeña. De las viviendas del banco malo, sólo el 5% están en las ciudades con más problemas de precio. En cuanto a las 43.000, Sorando cree que abundan en un práctica "equivocada", la de financiar con fondos públicos al sector de la construcción. El sociólogo propone que sea el Estado el que produzca directamente vivienda pública con fondos públicos, sacando los beneficios de la ecuación, o que lo hagan entidades sin ánimo de lucro, como las existentes en Austria y Reino Unido. Ninguna de las dos posibilidades es fácil. La primera implica un impacto a corto plazo en las arcas de un Estado con más de un 110% de deuda sobre el PIB. En cuanto a la segunda, "no hay tradición, no hay estructuras, todo hay que aprenderlo", dice Sorando.

En 2018, aún con el PSOE en solitario, el ministerio entonces de José Luis Ábalos anunció un plan de 20.000 viviendas, que más tarde fue reconvertido en el Plan de Vivienda para Alquiler Asequible, con un objetivo de al menos 100.000. "Ya tenemos en desarrollo el 60%", señala un portavoz del ministerio que hoy dirige Raquel Sánchez. infoLibre trató de precisar qué se entendía por "movilizadas" y cuántas habían sido "construidas" o y "entregadas", pero no hubo detalle. Hay avances que el Ejecutivo sí puede anotarse. Las partidas presupuestarias para vivienda se han disparado. La media de la cantidad consignada entre en ciclo 2021-2023, 3.012,33 millones, es 5 veces superior a la media de la etapa del PP (603,71), un ascenso vinculado a una fuerte financiación europea que no durará siempre.

Cuando Daniel Sorando (Zaragoza, 1984) habla de vivienda, la conversación tan pronto gira en torno a la ideología, la sociología y hasta la psicología colectiva como deriva hacia cemento, compraventas y plusvalías. De Blackstone a la PAH, de las políticas desarrollistas a las posibilidades de reforma, todo queda integrado en un mismo análisis, según el cual el derecho a la vivienda en España ha estado históricamente subordinado –y no será fácil que deje de estarlo– a las rentabilidades proporcionadas por un mercado a la medida de la clase rentista que está en la raíz de la avería de nuestro ascensor social.

Las asentadas inercias y los desequilibrios de poder en el mercado sólo pueden cambiarse con políticas decididas, continuadas y costosas, expone Sorando, autor de First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades, un ensayo sobre la gentrificación, así como de artículos sobre la burbuja del alquiler, sobre los ganadores y perdedores del crash de 2008 o sobre la incapacidad de la lógica capitalista para integrar el derecho a la vivienda. Profesor de la Universidad de Zaragoza, Sorando sigue con máximo interés las últimas medidas anunciadas por el Gobierno, tanto la ley pactada con ERC y Bildu como la movilización de inmuebles de la Sareb y la financiación milmillonaria de nueva vivienda para alquiler. Su balance se mueve en una gama de grises.

Tormenta de valoraciones tras la anunciada ley. ¿Es un "cambio de paradigma histórico" o un "ardid electoralista"?

La ley es resultado de la tensión entre dos fuerzas. Por un lado, los movimientos sociales, como la PAH y los sindicatos de inquilinas, que han encontrado eco en Unidas Podemos, ERC y Bildu. Inspirándose en la experiencia catalana, han empujado al acuerdo la segunda fuerza, el PSOE, reticente porque representa una idea de estabilidad sostenida sobre la condición sagrada de la propiedad inmobiliaria. El PSOE nunca ha querido cambiar el modelo Arrese [por el falangista José Luis Arrese, ministro de Vivienda de 1957 y 1960, que dijo la famosa frase “queremos un país de propietarios, no de proletarios”]. Además de defender las subvenciones fiscales a los propietarios, ahora Pedro Sánchez hace anuncios ambivalentes, como esas 43.000 viviendas financiadas por el Estado pero de promoción privada. Eso es algo con lo que hay que cortar.

¿Pero ve una avance en esta ley?

La ley sale de una relación de fuerzas característica de los avances del Estado del bienestar español, producto del empuje de una fuerza universalizadora, democratizadora, que parte en los 70 de las fábricas y del movimiento vecinal y que siempre choca con otra fuerza, en este caso defensora del vaciamiento del Estado del bienestar a beneficio de clases medias y altas. Si hasta ahora los logros universalistas se habían producido en la educación, la sanidad y las pensiones, ahora llegan a la vivienda. El movimiento en defensa del derecho la vivienda logra por primera vez introducir ideas en la ley.

¿Usted sitúa al PSOE dentro de esa corriente que inicialmente se opone a la universalización? ¿También en temas como la sanidad y la educación?

Es verdad que el desarrollo del Estado del bienestar en los 80 se produce con su protagonismo, pero no veo esos avances como algo salido del PSOE, sino de la calle. Y dentro de los avances, siempre han quedado salvaguardas para beneficiar a las clases medias, como colegios concertados, deducciones para fondos de pensiones, ayudas a los seguros de salud... Siempre existe esa tensión. ¿Qué pasaba con la vivienda? Que ni siquiera había existido tensión. La arquitectura legal, con alguna excepción, la consideraba un bien de inversión, no un derecho. Ahora se ha dado un paso para cambiarlo. ¿Se van a resolver todos los problemas? Claro que no. Queda mucho.

La PAH y los sindicatos de inquilinos critican la norma por quedarse corta.

Estos movimientos presentaron su propia ley, que el PSOE rechazó y Unidas Podemos asumió primero y luego abandonó para llegar a este acuerdo. La crítica es lógica. La ley deja vías de escape y coladeros. Se ha eliminado uno: antes las subidas de la renta del alquiler podían superar lo establecido en caso de acuerdo entre las partes. En una relación de poder tan favorable al casero, esto provocaba una competición entre inquilinos. Ahora bien, quedan otras vías de escape. La ley no regula los alquileres de temporada, otro posible coladero para la búsqueda de rentabilidad de los propietarios. Hay que tener en cuenta que, desde la anterior crisis, se ha cocinado políticamente el mercado para centrar la rentabilidad en el alquiler. Ahora esa rentabilidad va a encontrar algunos límites. Lógicamente, se buscarán formas de evitarlos. No es ninguna anomalía. El mercado funciona así. Si se cierra una vía, se intenta abrir otra.

¿Y la norma deja mucho espacio para eso?

Habrá que ver cómo se persigue el fraude, el incumplimiento de la norma. Pero, incluso en el supuesto de que hubiera inspecciones y control, ahí está el alquiler de temporada como un riesgo. Y no es el único elefante en la habitación.

¿Qué otro elefante hay?

Uno de tamaño considerable: las viviendas de uso turístico. Otra vía de agua.

¿La ley puede incentivar paradójicamente el paso de vivienda a alquiler turístico?

Sin duda. Esto no tiene truco. Si los beneficios se reducen en el alquiler residencial, ahí habrá otro mercado, el turístico, con mayor rentabilidad. Es cierto que eso no va a ocurrir en todas partes, sólo en grandes ciudades, algunos barrios, el litoral, las islas... Pero también es cierto que ahí se concentran los principales problemas.

¿El turismo es intocable?

El turismo es intocable, eso seguro, pero también la actividad inmobiliaria. Se llevan un porcentaje elevado del PIB. Hay miedo a tocar el turismo y la construcción porque no hay una apuesta decidida por otro modelo.

¿Es coherente que un mismo gobierno se proclame defensor de la función social de la vivienda y mantenga la búsqueda de récords turísticos?

No es coherente, no. Es jugar a dos barajas contradictorias. Buena parte de la recuperación del negocio inmobiliario desde 2013-2014 se basa en el turismo, no sólo el alquiler sino la compra de segundas residencias por ciudadanos británicos, franceses, alemanes... Pero el turismo genera rentas del trabajo bajas. Las sociedades que hacen reposar una mayor parte de su economía en el turismo son aquellas en las que menos familias pueden irse una semana de vacaciones al año. Si juntamos sus dos efectos, bajos salarios y presión sobre el mercado inmobiliario, el turismo es justo lo contrario de lo que necesita el derecho a la vivienda, que son rentas del trabajo fuertes y desmercantilización.

En el terreno laboral el Gobierno ha hecho un trabajo con la subida del salario mínimo y la reforma laboral. ¿Suficiente para compensar la subida de la vivienda?

Los salarios, en términos reales, apenas han crecido. Mientras tanto, la vivienda ha seguido empobreciendo a los más débiles y enriqueciendo a los que se han hecho con propiedades a precio de saldo después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Es verdad que con los ERTE y el salario mínimo el mundo del trabajo se está sosteniendo mejor que en la anterior crisis, pero sigue sin dar garantías a la mayoría de inquilinos o hipotecados.

¿Qué medidas de la ley tienen mayor potencial transformador?

La ley acierta al combinar dos líneas de actuación: construir vivienda social y controlar los alquileres. No hay que elegir. Debe avanzarse en los dos terrenos y la ley lo recoge. La vivienda social es básica para que no haya que condicionar toda la vida por la vivienda, porque llegado el caso el Estado está ahí y puede proporcionar una. Hay que cambiar el modelo para desplazar las estrategias de aseguramiento social y los horizontes de progreso de la vivienda al trabajo, para que el futuro dependa más del trabajo y menos de la vivienda, para que la vivienda deje de condicionarnos y organizarnos toda la vida. Pero, claro, hemos perdido casi 7 millones de viviendas públicas en 70 años. No podemos esperar ahora otros 70 años para recuperarlas. Mientras tanto, hay que atender situaciones urgentes con el control del alquiler, que ha probado capacidad para reducir la desigualdad y la transferencia de rentas de inquilinos a propietarios. Vamos a ver la concreción. Va a ser un interesante experimento natural.

¿Por qué?

Al haber distinta aplicación en cada comunidad, veremos qué modelo es mejor. Yo no tengo dudas: en comunidades como la madrileña, opuestas a la ley, los inquilinos van a salir peor parados.

¿Más medidas destacables de la ley?

Es básico impedir que una vivienda promovida como pública pierda esa condición pública. Hay un dato escalofriante, que comentaba antes: desde 1952 se han construido en España unos 7 millones de viviendas con fondos públicos, pero se han perdido casi todas. Se han privatizado. Si no, habría un 25% de viviendas públicas. Estaríamos en la liga de Austria, Dinamarca, Países Bajos. Es obvio que llegamos tarde, pero por lo menos se empieza a revertir, en línea con lo que ya se hace en Euskadi. También es importante subir del 30% al 40% las reservas de suelo para vivienda pública.

¿La política de vivienda está demasiado determinada por los fondos de inversión?

Los fondos tienen mucho poder e influencia. No tanto por tener muchas viviendas, que las tienen, sino por su peso en todos los sectores, incluido el accionariado del IBEX.

Piensa en Blackstone, por ejemplo.

Sí. Y es cierto que hay fondos que amenazan con marcharse si la regulación no les gusta.

¿Qué pasaría?

Si vendieran sus viviendas, sería una señal de que algo pasa en el mercado. Hay que tener en cuenta que la mayoría del patrimonio de los hogares españoles es vivienda. En otros países está más diversificado, aquí no. Una pérdida de valor de este patrimonio atacaría el tuétano, el corazón del sistema de aseguramiento social, que fía la estrategia de reproducción de su posición en la sociedad a que la vivienda no pierda valor. ¿Todo esto sería lesivo para el derecho a la vivienda? No, al contrario. Lo facilitaría. Pero encontraría enorme resistencia social. Y es lógico. No debemos moralizar la cuestión, sino politizarla.

¿A qué se refiere?

Lo fácil es concluir que los propietarios son avariciosos, que lesionan el derecho a la vivienda... Lo que ocurre es simplemente que la vivienda se utiliza como medio de aseguramiento de las clases medias y altas en un contexto que no ofrece garantías por medio del trabajo. Si los hogares de clase media y alta se aferran al alquiler es porque no ven que el trabajo dé garantías para sus hijos e hijas. Sin un modelo alternativo de obtención de rentas por la vía del trabajo, es difícil seducir a esas clases medias y altas convencidas de que sus intereses están alineados con el de los grandes propietarios. El problema es que el trabajo está como está, con salarios congelados y pérdida de poder adquisitivo.

En contra de lo concluido en algún análisis, según usted Arrese no ha muerto

No, Arrese sigue vivo... Pensemos que casi el 80% de los hogares tienen vivienda en propiedad. Mucha población piensa que sus intereses están alineados con la gran propiedad inmobiliaria. Ese es el gran éxito de Arrese. Pero hay alternativas. Cuando hablamos de vivienda, hablamos de la posible transformación de toda la sociedad. Podemos pensar en un modelo en el que el aseguramiento social no dependa de la vivienda dentro de la familia, como ocurre en los Estados familistas del sur de Europa, donde la herencia y el reparto de las rentas son clave en las estrategias... Podemos pensar en un modelo en que el aseguramiento tenga al Estado como garantía, de forma que la familia y el origen pierdan peso a la hora de determinar tus posibilidades. Ahora, a la espera de la concreción y la aplicación de las medidas, damos un paso en la dirección igualitaria. Ahora bien, si los movimientos por la vivienda no siguen la lucha, corremos el riesgo de volver atrás.

Otro interés que puede salir tocado es el de las socimis.

Es posible, sí. Las socimis son instrumentos financieros para que los fondos de inversión obtengan beneficios altísimos en torno al alquiler. Si las rentabilidades no les convencen, algunas podrían optar por el mercado turístico, otras por llevarse el dinero otra parte, lo que desde la perspectiva del derecho a la vivienda sería una buena noticia.

¿Es previsible un incremento de la informalidad y la irregularidad?

Sí. Partimos ya de una base potente. Según Gestha, el 40% de los alquileres no se declaran en el IRPF. Vuelvo a lo mismo: si metemos limitaciones a la rentabilidad, habrá búsqueda de alternativas. Lo que dudo es que la oferta se reduzca. Se ha visto en Cataluña, donde los propietarios no dejan de tener beneficio. Lo que sí habrá son intentos de burlar las limitaciones. Será básica la concreción y la vigilancia de las zonas tensionadas y de los límites al alquiler.

¿Hay poca inspección?

Poca. Ha costado muchísimo en los ayuntamientos, por ejemplo Madrid y Barcelona, investigar las viviendas de uso turístico. Para esta ley hay que formar profesionales y darles medios. Por otro lado, hacen faltas estadísticas fiables sobre el mercado para los índices anunciados. Sin estadísticas, son imposibles.

¿En las comunidades del PP la ley puede quedar en papel mojado?

Veremos. A corto plazo creo que buena parte de la ley no se va a aplicar. Pero en la medida en que las medidas de la ley sean eficaces, podrían suponer una presión insoportable. Eso sí, si gobiernan PP y Vox en diciembre, se cortaría todo de raíz. Si sigue el gobierno de coalición, la posibilidad de que la ley se aplique en todo el territorio dependerá de la movilización social. Si en Cataluña, País Vasco e Islas Baleares los problemas de los inquilinos se reducen, sería costoso no aplicarla.

¿Ve un riesgo de dumping entre comunidades? Es decir, que ante la entrada en vigor de la ley, comunidades del PP se ofrezcan como refugio para los capitales.

Es posible, sí. Puede ocurrir. Pero, ojo, también es posible que haya promotoras a las que les sea rentable construir en las comunidades en las que funcione la ley si se subvenciona su actividad, lo cual sería volver financiar al complejo financiero-inmobiliario, al que llamo así en una analogía con el complejo industrial-militar del que hablaba [el presidente de Estados Unidos Dwight] Eisenhower. Sería volver a lo mismo.

¿Alcanza las 50.000 viviendas de la Sareb y las 43.000 más anunciadas para paliar el déficit de alquiler social?

España ha perdido unas 7 millones de viviendas promovidas con fondos públicos. Ahora hablamos de 90.000. Está bien, por algo se empieza. Pero las de la Sareb, cuando empiezas a mirar, son menos. Además, hay que tener en cuenta que el objetivo de la Sareb era vender todo el parque indigerible de los bancos, porque lo digerible ya lo compraron los fondos y los hogares de clase media y alta. Queda lo indigerible, que lo pagamos todos con un préstamo que supone 35.000 millones de deuda pública. Y está en las periferias, en las ciudades fantasmas de la burbuja inmobiliaria. Es de justicia que la Sareb cumpla una función social, pero los efectos son limitados. Seguiremos lejos de un parque en alquiler social con buenas condiciones de calidad, cantidad y localización. La solución requiere de promoción de vivienda con fondos públicos, producida por el Estado. Claro, eso supone gasto público, pero es que España gasta apenas un 0,1% del PIB en vivienda, frente a un 0,5% en otros países europeos. Tenemos margen para avanzar ahí y no con más subvenciones a unas entidades privadas que han sido parte del problema. Las 43.000 viviendas siguen en esa línea equivocada de facilitar el negocio a los promotores. Hay que dejar de hacerlo y apostar por la promoción pública.

Una vivienda tarda en construirse.

Pero hay que empezar. Y, mientras tanto, hacer camino con otras medidas. Por ejemplo, adquirir viviendas privadas, como se hace en Barcelona o en París. Así se combate la segregación urbana.

¿Por qué rechaza la colaboración público privada en la producción de vivienda?

La rechazo si trata de garantizar el negocio a unas promotoras con la actividad limitada por la insolvencia de buena parte de la población. En lugar de financiar entidades que buscan beneficio, hay que sacar el beneficio de la ecuación de la vivienda mediante la promoción pública o con entidades sin ánimo de lucro. Y dejar de una vez por todas atrás el modelo Arrese. Hay que superar esa sociedad conservadora que gira en torno a la propiedad inmobiliaria y desmontar poco a poco el complejo financiero-inmobiliario, que condiciona toda la política de vivienda. Avanzar hacia el derecho a la vivienda requiere avanzar en el desmontaje de este complejo. Por eso debe dejar de recibir apoyo público. No podemos perder el dinero para garantizar el derecho a la vivienda en los beneficios privados de ese complejo. Y el Estado no es la única alternativa. También se puede hacer con las asociaciones de vivienda, como las que hay en Reino Unido y Austria, que producen vivienda sin ánimo de lucro.

¿Ve posible extender ese modelo da España?

Va a costar mucho. No hay tradición, no hay estructuras, todo hay que aprenderlo. Pero es una vía a explorar. En España hay iniciativas de cesión de uso, de cooperativas... Son gérmenes que se deben fomentar. Nuestro sistema mercantilizado no está en nuestro ADN. Nuestra cultura y tradición son resultado de decisiones económicas y políticas. Si tomamos otras decisiones, produciremos otras tradiciones.

La alternativa de Alberto Núñez Feijóo es más suelo, más construcción, más oferta.

Me parece pornográfico. Cualquiera que viera lo que pasó desde la ley del suelo de Aznar hasta el pinchazo de la burbuja sabe que así cebamos la mayor crisis económica, política y social de la democracia. Ese modelo funciona como una estafa piramidal, en la que todos los que van comprando confían en que habrá una revalorización, hasta que explota la burbuja y el último que ha llegado paga. Y el último, claro, suele ser el más vulnerable.

Lo mismo sucede con los partidos políticos. Sus políticas dependen de qué intereses promueven. Hay partidos que se alinean con los intereses de las grandes corporaciones y de las élites económicas, otros que tratan de defender los intereses de la clase media y otros que velan sobre todo por la situación de las clases populares y trabajadoras. Cada cual puede deducir dónde se sitúan los distintos partidos en nuestro panorama político.

No obstante, en una democracia son los votos de los ciudadanos los que otorgan el poder. Quien obtiene la mayoría es quien gobierna y quien puede, por tanto, implantar las políticas que van a favorecer a los suyos. Esto obliga a algunos partidos a mentir a los ciudadanos. Nadie puede proclamar públicamente que si gana va a defender los intereses de una élite necesariamente minoritaria, porque perdería siempre las elecciones. No es que las capas más favorecidas no tengan partidos que las representan, es que dichos partidos han de aparentar defender los intereses de todos, aunque defiendan los de los que más tienen. Para que estos partidos ganen elecciones muchos ciudadanos tienen que votarles, aunque lo hagan en contra de sus propios intereses, seducidos por sus mensajes, sus medios de comunicación y su formidable máquina de propaganda.

Desde el triunfo del neoliberalismo impulsado por Reagan y Thatcher, a finales de los 80 del pasado siglo, la redistribución de la riqueza ha ido de las clases populares y medias hacia las élites, de manera que la desigualdad alcanza en Occidente proporciones nunca vistas. En España, el uno por ciento de los más ricos, aproximadamente 460.000 españoles, acumula tanta riqueza como el 60% de la población, unos 28 millones. La pregunta, entonces, sería: ¿a quién hay que bajarle y a quién subirle los impuestos?

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Juan Pedro de Basterrechea es socio de infoLibre

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado finalmente este jueves el proyecto de ley de bienestar animal, que excluye de su aplicación a los perros de caza y otros animales de trabajo, como defiende el PSOE y también la reforma del Código Penal para modificar las penas por delito de maltrato animal por 178 a favor, 165 en contra y 5 abstenciones, según ha informado Europa Press.

La norma de bienestar animal ha obtenido los 174 votos a favor de PSOE, UP, ERC, EH-Bildu y CUP; la abstención de BNG, Teruel Existe y Compromís y 172 votos en contra del PP, Vox, Cs —que inicialmente había anunciado su abstención—, PNV, PdeCat, Junts per Cat, Más País-Verdes Equo, UPN, Foro Asturias y PRC.

El texto de la ley ha sido aprobado con varias enmiendas pactadas. En concreto, han sido respaldadas dos enmiendas presentadas por EH-Bildu: una que impide derogar el régimen jurídico de tenencia de animales potencialmente peligrosos, y otra, para mejorar la coordinación de los registros autonómicos de animales de compañía, pero de acuerdo con el ejercicio de las competencias de estas.

Además, se ha incluido en el texto legislativo una enmienda de ERC para el tratamiento de los gatos y las colonias felinas, de modo que quedan al margen de ser reubicados o desplazamiento de los gatos, los que viven en libertad y supongan un impacto negativo a los espacios naturales protegidos y Red Natura 2000 o un impacto negativo a la fauna protegida o un riesgo para salud y la seguridad públicas o que sea incompatible con la propia preservación de la calidad de vida de los propios mininos.

Asimismo, otra enmienda transaccional de ERC elimina ciertos requisitos para el transporte de animales de compañía destinados a actividades deportivas o lúdicas, incluidas las cinegéticas, que se efectúe mediante remolques, carros o jaulas. Otra enmienda más de ERC, que cuenta con el apoyo de PSOE, modifica los artículos relativos al artículo competencial de la norma y establece la parte de la ley que será de aplicación en el conjunto del Estado.

Finalmente, el pleno ha aprobado una enmienda transaccional planteada por Unidas Podemos y que cuenta con el apoyo del PSOE por la que se elimina la disposición adicional séptima relativa a las condiciones del mantenimiento de los cetáceos en cautividad.

En el debate, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido que por primera vez España tendrá una ley que sirva "de paraguas de protección" en todo el país, que da un paso adelante para estar a la altura de la sensibilidad de los ciudadanos y que "empezará a terminar con la impunidad de la que han gozado los maltratadores".

"Es un orgullo para mi ser ministra de un país que ama a los animales y los cuida y es mi voluntad, hoy y mañana, trabajar por su protección y bienestar", ha manifestado Belarra que ha destacado respecto a la modificación del Código Penal propuesta que permitirá que los "desalmados" que utilizan la violencia contra los animales como instrumento para contra las mujeres vean agravado este comportamiento.

La ministra ha agradecido el apoyo de los grupos ERC, EH-Bildu y PdCAT, pero ha lamentado que se haya roto en el Parlamento el consenso que construyó el Gobierno para proteger a todos los animales y, en especial a los de caza.

Belarra ha subrayado que la norma previene y lucha contra el maltrato y el abandono de los animales, que cifra en 700 al día, y evita el sacrificio de los perros y gatos que son abandonados o no adoptados en las protectoras y que no se deba a motivos eutanásicos.

La ministra ha añadido que para evitar el abandono se establecen medidas para garantizar la identificación de los animales en todo el territorio, crea un registro de criadores y fomentará la tenencia responsable. Por ello, ha advertido a quienes han votado en contra de que tendrán que reconocer que se equivocaron.

En ese contexto, ha admitido que la tramitación de la norma ha sido "enormemente difícil" y ha agradecido a los diputados que han trabajado en la norma, a las entidades de protección animal bajo el lema Mismos Perros, Misma ley para que la legislación fuera "lo más ambiciosa posible".

"Hemos llegado tan lejos como hemos podido con las fuerzas que tenemos. Más lejos de lo que había llegado nunca antes España en la defensa de los derechos, pero no tan lejos como querríamos pero más lejos de lo que nunca imaginamos que íbamos a poder llegar", ha apostillado.

"¡Lo gané todo con el sudor de mi frente!". "¡Nadie me ha regalado nada!". Todos hemos oído estas frases (o incluso las hemos dicho). Son expresiones comunes, en realidad. Pero, ¿se sostienen? Sin negar que haya casos en que sean ciertas, los datos desaconsejan tomarlas como regla general. Además, es conveniente pasarles dos filtros: uno territorial y otro de género.

¿De qué datos hablamos? De los recogidos y analizados para el informe El ascensor social en España. Un análisis sobre la movilidad intergeneracional de la renta, que el think tank Esade Ecpol publicará este martes dentro de su línea de investigación Desigualdad y fiscalidad. El trabajo es una síntesis detallada de un trabajo académico más amplio que realiza Javier Soria, investigador doctoral en la París School of Economics y profesor en el Instituto de Estudios Políticos de París (Science Po). Su estudio, centrado en los niños españoles que alcanzaron la edad adulta (30-36 años) en 2016, se basa en el análisis de una base de datos de declaraciones fiscales que ligan a millones de padres e hijos. Dicho conjunto de datos, con 2,7 millones de observaciones, sale del proyecto Atlas de Oportunidades de las fundaciones Cotec y Felipe González.

El informe no sólo acredita que el ascensor social está averiado, sino que demuestra cómo dicha avería castiga especialmente a la España pobre –o menos rica– y a las mujeres.

El informe se centra en la movilidad intergeneracional de la renta, que mide hasta qué nivel de ingresos llegan los hijos en función de los ingresos de sus padres. Es un indicador clave para saber si funciona el llamado "ascensor social", cuyo correcto engranaje es "un desafío central para la sociedad española", señala el informe. Y no sólo por "equidad", sino por eficiencia económica y estabilidad política, dado que "una sociedad en la que los hijos de las familias más pobres tienen menos oportunidades tiende a unos mayores niveles de segregación y polarización, lo cual está relacionado con una mayor inestabilidad política".

La avería del ascensor social es un hecho asumido por el propio Gobierno, que en su plan España 2050 recoge la necesidad de "reactivar" su funcionamiento: "En el pasado, España logró poner en marcha un potente ascensor social que permitió que muchas personas progresasen y lograsen una posición social mejor que la que habían tenido sus padres. A partir de mediados de los 90, sin embargo, fue oxidándose". De modo que España está lejos de ser una sociedad óptima en cuanto a movilidad intergeneracional, que sería aquella en la que la profesión y el sueldo de papá y mamá no influirían nada a la hora de colocarse en la vida. ¿Creíble? Seamos francos: no. La completa neutralización del origen en el logro económico es una hipótesis lejana. Siempre hay una desviación, por más igualitarista que sea una sociedad. Lo que hace este informe de profundidad inédita de Esade Ecpol es medir la magnitud de esa desviación en España, cuyo Estado del bienestar ha acreditado una insuficiente capacidad de corrección de las desigualdades de origen.

El estudio concluye que la renta de los padres influye "en gran medida". Y aquí hay que hacer una precisión: no se está hablando del patrimonio, que también será más voluminoso en los hijos de las familias más ricas, sino de los ingresos. Renta y riqueza están conectadas, pero no son lo mismo. Este estudio es sobre movilidad intergeneracional de la renta. Y deja datos como estos:

– Hay diferencias de hasta 23.000 euros entre el ingreso medio alcanzado por los hijos de las familias más ricas y las más pobres.

– Los hijos del 1% con mayores ingresos (top 1) acaban con una renta media más de 20.000 euros superior que los hijos de una familia media (percentil 50).

– Menos de 4 de cada 100 miembros del top 1 de ingresos viene de familias que empezaron en el 10% más pobre.

Los que mejor se lo montan son los ricos entre los ricos. Este gráfico muestra cómo la relación entre los percentiles de los padres y de los hijos es casi lineal excepto en los más altos –los de familias más ricas–, donde aumenta más rápido, lo que indica "un mayor persistencia intergeneracional de los ingresos en la cúspide de la distribución de la renta".

Los hijos de familias en el top 10 de ingresos acaban de media en el percentil 62, equivalente a un ingreso de 29.590 euros, mientras que los hijos del 10% más bajo acaban en el percentil 43 (16.775 euros). Los hijos del top 1% acaban en el percentil 69 (cerca de 40.000 euros), marcando una diferencia de 20.000 euros respecto a una familia media y de unos 23.000 en comparación al percentil más pobre.

También es elocuente el porcentaje de niños que acaban en el top 1 de ingresos. Los que vienen de familias de los percentiles más elevados, sobre todo del top 1, tienen una "enorme facilidad relativa" para llegar a la posición más alta. En una sociedad igualitaria, el porcentaje de hijos de familia del top 1 que son ellos mismos top 1 sería del 1%. En la realidad, es de más del 9%. Los hijos del top 10 que acaban en el top 1 deberían ser –de nuevo en esta hipotética sociedad totalmente igualitaria– del 10%, pero son casi del 39%. En el envés de la moneda, el porcentaje de hijos de hogares del 10% más bajo que acaban en el top 1 es de un 3,77%, cuando debería ser de un 10%.

Analizando la "ventaja extra" del top 1 se llega a esta conclusión: es 24 veces más fácil acabar en el top 1 de ingresos viniendo del percentil más alto que saliendo del decil más bajo. Por eso conviene arquear la ceja cuando alguien dice: "Llegué solo a lo más alto".

Este otro gráfico muestra el quintil de ingresos de los hijos en función del quintil de ingresos de los padres. Es decir, a qué salario llegas en función del que tuvieron tus padres.

Si ponemos el foco en los porcentajes en gris, se ve que de los niños crecidos en familias del quintil más rico, el 33% siguen ahí cuando son adultos. En cambio, sólo un 12% de los que nacen en el quintil más pobre alcanzan el más rico de mayores. Si miramos el naranja, concluimos que es mucho más probable nacer en el quintil más pobre y permanecer en él (25%) que acabar siendo pobre naciendo rico (15%).

España no está sola en este problema. El informe sitúa a nuestro ascensor social "en un punto intermedio entre los países de alta movilidad intergeneracional, como Australia o Suiza, y los de baja movilidad, como Estados Unidos o Italia".

Donde el informe lanza la alerta no es pues en las diferencias entre España y otros países, sino en las diferencias dentro de la propia España. ¿En qué sentido? Hay dos Españas en lo referente al ascensor social.

La primera, la más móvil, estaría representada por Cataluña, que es la comunidad con mayor nivel de movilidad en sus dos tipos: 1) movilidad absoluta, que grosso modo mide hasta qué punto los niños de un entorno social específico están mejor que sus padres cuando son adultos; 2) movilidad relativa, que sirve para calcular la diferencia de ingresos de los hijos de familias ricas y pobres cuando son adultos. Los índices de movilidad en Cataluña son similares a los de los países escandinavos, señala el informe. En el otro lado de la balanza están Andalucía y Canarias, con números de movilidad absoluta –entre hijos y padres– y relativa –entre pobres y ricos– "cercanas a los estados sureños de Estados Unidos", escribe Soria.

Esta gráfica muestra el percentil medio alcanzado por los hijos de familias del cuartil más pobre.

¿Qué se ve? Las zonas que consideramos más móviles, es decir, con mayor movilidad intergeneracional de ingresos, se sitúan en el norte/noreste del país, mientras que las menos móviles están en el sur/suroeste. Las dos provincias más destacadas son Barcelona y Lleida. Sólo un tono menos de azul presentan Tarragona, Madrid, Zaragoza, La Rioja, Guadalajara, Soria y Palencia. Ojo, como aclara Javier Soria, no hay que interpretar de la misma manera los azules de provincias como Barcelona y Palencia, ya que en el segundo caso la mayor movilidad intergeneracional se debe a la mayor emigración desde la provincia de origen a otras más dinámicas económicamente, como la propia Barcelona o Madrid. "Ni Soria ni Guadalajara son paraísos de la movilidad social. Lo que ocurre es que hay mucha emigración", explica a infoLibre el investigador.

En cuanto a las provincias con menor movilidad, las cuatro más rojas son de Andalucía occidental –Huelva, Cádiz, Málaga y Sevilla– y Canarias. El resto son naranjas: Andalucía oriental, las dos provincias extremeñas y Pontevedra (Galicia).

Vayamos a los dos casos extremos. La provincia en la que los hijos de familias pobres consiguen ascender más alto es Barcelona, donde llegan de media al percentil 53, equivalente a una renta media de 20.556 euros. Esto supone una diferencia de casi 6.000 euros con Cádiz.

El siguiente gráfico muestra la llamada "elasticidad intergeneracional" del percentil de ingresos en cada provincia, lo que nos permite ver cómo de fuerte es la influencia del ingreso familiar en el ingreso futuro. En la provincia de Soria, es sólo del 0,12, lo que indica una baja influencia del entorno económico, aunque en este caso debido a la emigración. En el extremo contrario nos encontramos con Cádiz, con una elasticidad de 0,21. Este 0,21 significa que hay una diferencia de hasta 21 percentiles entre los hijos de las familias con mayor y menor renta.

Las provincias que muestran altos niveles de movilidad absoluta (las que ofrecen más oportunidades a los niños que provienen de familias pobres) tienden a mostrar también altas tasas de movilidad relativa (es decir, la diferencia de ingresos entre los niños nacidos en familias pobres y en familias ricas es menor). Provincias como Barcelona, Lleida o Soria ofrecen grandes oportunidades de ascenso y al mismo tiempo consiguen diferencias entre hijos de familias ricas y pobres relativamente bajas. De nuevo, Cádiz sobresale en el otro extremo. Pero se trata, señala el informe, de "un fenómeno bastante común en todas las provincias de Andalucía". De nuevo, las dos Españas.

El autor detecta una relación entre movilidad intergeneracional y desigualdad de ingreso a nivel territorial. Es lo que se llama curva del Gran Gatsby. ¿Qué significa? Que cuanta más desigualdad hay en una zona –más diferencia entre ricos y pobres–, menos movilidad intergeneracional absoluta hay –menos consiguen los hijos superar a sus padres–.

No es sólo que la disfunción del ascensor social incube desigualdad, es que la desigualdad provoca disfunciones en el ascensor social. Lo expresa así el autor del informe: "Las desigualdades estructurales son una barrera para un ascensor social funcional". Este gráfico acredita una clara asociación negativa entre el percentil medio alcanzado en una determinada provincia por hijos pobres (movilidad absoluta) y el nivel de desigualdad de la renta, medido con el conocido como "índice Gini".

Es un círculo vicioso, descrito así por Soria: "Una mayor desigualdad magnifica las consecuencias de las diferencias materiales innatas [...], cambia los incentivos y las instituciones que forman, desarrollan y transmiten las características y las habilidades valoradas en el mercado laboral; y cambia el equilibrio de poder para que algunos grupos estén en posición de estructurar políticas o de apoyar a sus hijos, independientemente del talento de estos". El resultado global es que a priori "la generación de niños nacidos" en los 80, que alcanza su edad laboral teóricamente más estable en la presente década, "experimentará un grado menor de movilidad intergeneracional de los ingresos que el de las generaciones anteriores, que se criaron en una época con menor desigualdad".

El informe se hace una pregunta: si la movilidad intergeneracional está marcada por la provincia de origen, ¿cambiarse a otra sirve para prosperar? Los datos, a partir de las declaraciones de ese 13% de individuos en la base de datos que viven fuera de su provincia de origen, apuntan a una respuesta afirmativa.

Hay un "patrón inequívoco": los hijos que se mudan acaban, de media, en un percentil más alto en comparación que los que se quedan en su provincia.

Se conforma así una España con “áreas de oportunidades”, es decir, zonas que promueven la ascensión social de los más pobres, y "áreas de desigualdad persistente", donde el origen familiar influye sustancialmente en los resultados económicos de los hijos.

Veamos estos tres mapas de calor. En el primero, se ve a qué percentil de ingresos llegan los hijos de familias pobres. Cuanto más azul, más alto llegan. Cuanto más rojo, menos. Abajo a la izquierda, se muestra esta misma medida sólo para los hijos que nacen en una provincia y siguen viviendo ahí cuando son adultos. Como se ve, hay poco azul y mucho rojo y naranja. Abajo a la derecha, en cambio, se muestra la misma medida pero sólo para los hijos que nacen en esa provincia y viven en otra distinta cuando son adultos. Mucho azul. Las excepciones son los que se van de Barcelona y Madrid, tractores económicos.

"Los datos muestran un claro abandono del sur y de lo que podríamos llamar la España vaciada", explica Soria, que alerta de la consolidación de un fenómeno: "El principal mecanismo para subir en la escalera social es irte de la provincia". Ante esto, cree que la vía correcta de actuación política es "invertir en factores que aumenten las oportunidades en terrenos de baja movilidad intergeneracional", en vez de generar las condiciones para incentivar una emigración masiva a los grandes polos económicos.

Ellas sufren una movilidad intergeneracional "sistemáticamente más baja" que ellos, señala el informe. Y lo precisa con un dato: las niñas que crecieron en hogares con ingresos en la media nacional terminan, en promedio, en el percentil 46, mientras que los hijos de esas mismas familias alcanzan el percentil 52. Esto se corresponde con una brecha de ingresos media de 2.796 euros, un 13% de la renta media nacional, según el informe.

Hay más datos que acreditan un peor funcionamiento del ascensor social para las mujeres. De los hijos que nacen en el quintil más pobre, un 15% llega al más rico frente a un 10% de las hijas. El porcentaje de hijos que nacen en el quintil más rico y que acaban siendo ricos es mayor para los hombres (36%) que para las mujeres (30%).

La brecha de género se agrava con la territorial. Las diferencias entre hombre y mujer "tienden a ser mayores en las provincias que presentan una baja movilidad relativa".

En el siguiente gráfico, en el bloque de la izquierda vemos a los hombres. En el de la izquierda, a las mujeres. En gris se ve el porcentaje que llega al quintil más rico según el quintil de ingresos de los padres. El porcentaje siempre es mayor para ellos que para ellas, en todos los tramos de renta familiar (15-10; 17-11; 21-14; 26-19; 36-30).

El autor del informe señala que "la movilidad ocupacional ascendente, especialmente hacia las categorías más altas (puestos profesionales, directivos y ejecutivos) es mucho más común para los hombres que para las mujeres, aunque la brecha se ha reducido para la generación más joven". ¿Por qué existe esta brecha de género en la movilidad intergeneracional, a pesar de que las mujeres tienen un mejor comportamiento en el sistema educativo, tanto en repetición y abandono como en resultados en PISA y notas universitarias? "La rigidez del mercado laboral español (donde conceptos como el trabajo desde casa, la conciliación de la vida laboral y familiar, la igualdad de derechos en los permisos de maternidad y el cuidado de los hijos son todavía poco frecuentes) podría explicar por qué el gran avance educativo en términos de paridad no se ha traducido en resultados ocupacionales", responde el autor.

Estamos en unos momentos especialmente graves desde el inicio de la democracia en España, desde la creación de la Unión Europea.

Hemos sufrido una crisis enorme, consecuencia de una pandemia que se inició hace dos años, con toda la población española y la europea recluidas durante meses, sin poder tener una actividad económica normal, no habiéndose todavía alcanzado el PIB per cápita de 2018.

Esta situación tan grave obligó a los países europeos a crear ayudas económicas a los sectores más perjudicados en 2020 y 2021, a muchísimas personas y empresas, hasta llegar a poner en marcha, por primera vez, unos fondos para la recuperación económica que han provocado en Europa un enorme endeudamiento, que habrá que empezar a devolver dentro de 6 años.

Se demandaba más apoyo a la sanidad, más servicios para acabar pronto con la pandemia. Estas ayudas y apoyo económico se podían financiar gracias a los impuestos, si bien España tiene un déficit tributario crónico por una presión fiscal alejada de la media europea (en concreto, en 2019 era un 6,9% del PIB inferior a la media ponderada de la Unión Europea de los 27).

A partir del verano de 2021 se produjeron una serie de subidas del precio de la energía que tuvieron su origen en distintos factores:

- Estructurales, por la absurda forma marginalista de fijar los precios de la energía.

- Fortuitos, por la falta de viento en Europa durante muchas semanas o la parada de la tercera parte de los reactores nucleares en Francia.

- Coyunturales, por la reactivación postpandemia y por la subida de los precios del gas y el carbón que todavía no se relacionaban con la estrategia rusa de invadir Ucrania y obtener una baza importante con el precio del gas.

Y ahora, con la guerra en Ucrania, el inmenso problema económico que teníamos y que empezaba a disiparse por la reactivación económica, el resurgir se vino abajo.

Y, a partir de aquí, se entró en barrena con el nivel de insensateces fiscales que empezaron reclamar algunos partidos: se empezó a hablar de dar más apoyo a las empresas, a las familias, a la energía, al transporte, aumentar el presupuesto de defensa... y al tiempo ¡que había que bajar impuestos!

¡Pero si todas las ayudas, a ERTES, a sanidad, a vacunas, ayudas en el consumo de energía, subvenciones a los carburantes, etc… solo salen de los impuestos!

Las bajadas de impuestos que prometía Rajoy en su campaña, antes de entrar en el Gobierno, se convirtieron en más de 40 subidas de impuestos en el IVA, IRPF, Sociedades, Impuesto especiales, etc.

La cacareada bajada de impuestos de la Comunidad de Madrid ha supuesto un beneficioso ahorro para las grandes fortunas, al tiempo que se endeudaba la Comunidad. Se han perdonado a los más ricos 53.000 millones de euros, mientras se ha creado una deuda pública de casi 35.000 millones de euros. O sea, se perdonó impuestos a los ricos y ahora lo debemos todos los madrileños.

La razón es muy fácil de entender: con la actual presión fiscal no se pueden bajar los impuestos si queremos tener un Estado de bienestar. Y sí se puede pedir a los más ricos un mayor esfuerzo fiscal: una subida a las grandes fortunas.

Para bajar impuestos, antes hay que reducir el fraude fiscal, el fraude laboral, revisar los beneficios fiscales, etc. Y para ello es imprescindible que el Ministerio de Hacienda ponga en marcha la contratación de personal para acercarnos a los niveles europeos, tal y como se ordenó en la Ley contra el Fraude Fiscal y que se está incumpliendo, que prometía contar con una inspección laboral similar a la europea y reducir los beneficios fiscales estériles.

Cuando tengamos una presión fiscal similar a la europea, nuestro paro bajará y al aumentar el empleo y los demás parámetros, entonces se podrán poner en marcha bajadas de impuestos.

Es una gran trampa hablar de bajar impuestos cuando la realidad es que hasta que no tengamos unos ingresos fiscales similares a los de la media europea, es decir con un incremento cercano al 7% de PIB, no será posible hablar de bajar impuestos. Y menos ahora con los gastos sobrevenidos de la pandemia, la energía, la guerra, etc.

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Miguel Gorospe es coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal.

La disrupción en la salud y en la continuidad de la vida provocada por covid, la injusticia percibida por los ataques a Ucrania, la subida de precios de la energía, la polarización de las ideologías y separación entre buenos y malos, guapos y feos, listos y tontos, ricos y pobres no son más que la consecuencia de tres desconexiones que sufre hoy la humanidad. Explorémoslas. 

He pasado muchos años en el ámbito empresarial y he trabajado con muchos líderes. Algunos eran visionarios inspiradores, y otros eran increíblemente tóxicos. Cuando me enteré de que más del 80% de las personas no son felices en su trabajo, me sorprendió, y decidí profundizar en la comprensión del porqué. ¿Sabes cuál es la primera razón por la que la gente deja su trabajo? Es por su jefe directo. ¿Sabes por qué? Porque esos jefes han perdido la conexión con ellos mismos: 

Este viaje de descubrimiento y conexión me ha permitido trabajar con personas y comunidades increíbles. Una de ellas es Erik Weihenmayer. Erik es la primera persona ciega en alcanzar la cima del Monte Everest. Le costó más de dos años de entrenamiento, planificación y determinación, pero lo más importante es que necesitó un equipo para lograr lo imposible. 

En nuestra sociedad, normalmente nos gusta destacar a los individuos y llamarlos héroes, pero si nos fijamos en la realidad del progreso humano, todo tiene que ver con la construcción de comunidades y la colaboración. El equipo estaba allí para ayudar a Erik, y también se convirtió en el mayor equipo de la historia en coronar el Everest. Fueron capaces de crear relaciones profundas y se convirtieron en un símbolo de humanidad compartida que trascendió al individuo.

Estamos en medio de la mayor pandemia de soledad de la historia de la humanidad. La soledad es el cáncer de nuestras relaciones, es tan mala como fumar 15 cigarrillos al día. Sólo en Estados Unidos, una de cada cuatro personas afirma no tener ni un solo amigo en su vida.

¿Cuál es la medicina para estos hechos devastadores? La pertenencia y la construcción de relaciones significativas. Cuando ayudamos a los demás, multiplicamos las posibilidades de obtener resultados positivos. Nos convertimos en lo que a mí me gusta llamar: «Happytalistas».

La humanidad pasó al sistema agrícola actual y se desconectó de la naturaleza. Nos centramos en extraer recursos y utilizar la naturaleza en lugar de formar parte de ella de forma interdependiente. Hemos llevado a la naturaleza a sus límites y ahora todos sufrimos. Sólo hay que ver las señales: desde el covid-19 hasta los tsunamis, todo apunta a la falta de consciencia hacia el funcionamiento del sistema de vida. 

Cada vez que hablo con Vandana Shiva, activista medioambiental y miembro de la junta de la Fundación Mundial de la Felicidad, me recuerda de la importancia de (re)conectar con nuestra comida, la naturaleza y ser conscientes de la esencia de la vida. 

Tenemos que reconocer a nivel global que gracias a la naturaleza podemos vivir en abundancia. Sólo cuando la apreciamos y la tratamos como nuestra amiga más valiosa podemos llegar a ser abundantes tanto personal como globalmente.

El trauma nos rodea. No podemos dejar de preguntarnos si es posible hablar de felicidad cuando hay tanto sufrimiento sin sentido. 

Sí, ¡y debemos hablar de ello todo lo que podamos! La felicidad sólo está presente cuando la compartimos y ayudamos a los demás a sanar, y cuando hay un trauma colectivo, necesitamos una curación colectiva. Las investigaciones demuestran que hay tanto estrés como crecimiento después de un trauma. La clave está en nuestra mentalidad. 

La educación en felicidad es una mentalidad. Se basa en la libertad, la consciencia y la felicidad para todos. Es una mentalidad sin límites que puede cambiar el funcionamiento del mundo para mejor. Sólo tenemos que seguir los tres puntos de separación y reconexión: 

Celebremos el derecho a ser feliz, la primavera y el día Internacional de la Felicidad para hacer realidad un mundo con libertad, conciencia y felicidad para todos. Juntos.

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Luis Gallardo es presidente de la World Happiness Foundation

Albino Prada, doctor en Ciencias Económicas por la USC, firma Riqueza nacional y bienestar social: Más desarrollo con menos crecimiento, un ensayo que busca esbozar una hoja de ruta válida a escala mundial sobre qué nivel de crecimiento económico es compatible con la sostenibilidad global. Al mismo tiempo, quiere ser útil para ciudadanos de países hiper consumistas e hiper capitalistas, como aquellos otros que estando aún lejos de aquellos, envidian y persiguen el alcanzarlos cuanto antes. 

infoLibre adelanta un extracto de este nuevo ensayo de Albino Prada (Miscelánea). 

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Más desarrollo con menos crecimiento

El desajuste entre un vigoroso ritmo de crecimiento económico y de producción de riqueza en un país (que en general evaluamos por el PIB) y sus logros en desarrollo o bienestar social es el asunto central que nos ocupa en este ensayo.

Entendiendo aquí por un alto desarrollo o bienestar social aquella situación en la que, generalizando el criterio de justicia de Rawls, la calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos del mundo no dependa del país, la generación, la región, la familia o la herencia genética que a uno le haya otorgado el azar.

Alcanzar tal nivel de desarrollo sería un logro civilizatorio de primer orden, para el que, en estos comienzos del siglo XXI, nos queda mucho trecho que andar. Como se verá en este ensayo no serán la tecnología o el consumismo las herramientas decisivas para conseguirlo, sino más bien la inteligencia e instituciones colectivas de las que seamos capaces de dotarnos.

Portada del libro de Prada

En esa misma publicación se puede comprobar como España, en el quinquenio 2012-2017, sería, de entre las economías ricas del mundo, una en la que más crecimiento económico se anotó pero también, sin embargo, fue -después de Grecia- el país que más habría deteriorado su bienestar o inclusividad social.Cuando ya finaliza la segunda década del siglo XXI se comprueba que vivimos y sufrimos aquel desajuste. Así, por ejemplo, en una reciente publicación del Foro Económico Mundial los Estados Unidos de situarse en el grupo de cabeza, entre los países más ricos del mundo en cuanto a nivel de crecimiento (novena posición), descendían al grupo de cola (posición veintitrés de treinta países) cuando se evalúa su nivel de inclusividad o bienestar social. Puede decirse que estarían transformando crecimiento en subdesarrollo.

Quizás ese sea el motivo por el que en un reciente documento de nuestro Ministerio de Economía se reconoce paladinamente que “el dinamismo económico es condición necesaria pero no suficiente para garantizar el bienestar”. España sería un ejemplo paradigmático, entre muchas otras economías, de cómo en la salida de la Gran Recesión del año 2008 el logro de un importante crecimiento económico asociado a la digitalización y automatización, lejos de mejorar, estaría empeorando su nivel de bienestar e inclusividad social. Crecimiento sin desarrollo.

Las principales conclusiones de este ensayo en relación a esa disyuntiva, y a escala mundial, son las que anotamos a continuación.

Los despilfarros de riquezas y seres humanos son habituales en nuestra actual forma de producción y distribución de riquezas. Tales despilfarros son compatibles con una economía en la que crece el PIB, pero en la que al mismo tiempo se erosiona el bienestar social y ambiental.

Los actuales impactos ambientales inducidos por un tal crecimiento ya superan en más de un treinta por ciento los límites de carga del planeta (en 2050 necesitaríamos dos planetas). Para evitarlo se hace necesario realizar un gran viraje en la producción y población mundiales: permutando cantidad por calidad. Ya que menores niveles de producción e ingresos se asocian a menores huellas ecológicas y pueden asociarse a mayores niveles de bienestar social.

El desarrollo social, a diferencia del crecimiento económico, no debe identificarse con el incremento del PIB. Sería positiva, y sostenible, a escala global una convergencia en niveles de riqueza y bienestar social con los países de renta media europeos. No se trata de emular a los más ricos, sino a algunos menos ricos que alcanzaron logros de desarrollo semejantes. Una tal convergencia no permitiría soslayar los problemas distributivos apelando al crecimiento.

Dimensiones del desarrollo y bienestar social.

Para evitar la duplicación de la población en los países del Sur es imprescindible ampliar (en años y cobertura) la escolarización femenina. En general una educación y sanidad -universales y públicas- son clave para el bienestar y estabilidad de la población a escala mundial.

Por debajo de la frontera de los quince mil dólares de ingresos es posible igualar el desarrollo social de países más ricos. Es posible acercarse al nivel de bienestar de algunos de los países más ricos del mundo sin igualar su nivel de producción y consumo.

A un mismo nivel de ingresos medios por habitante de dos países se pueden asociar diferencias de treinta años de esperanza de vida. Es por ello que existe un amplio margen de actuación para mejorar la transformación de un menor crecimiento económico en un mayor bienestar social o crecimiento inclusivo.

Enumeramos propuestas de actuación para lograr mayores niveles de desarrollo sin mayor PIB, y éste con menos salariado, pero con mucho más tiempo disponible para aquellos usos virtuosos de la riqueza social que generan desarrollo y en los que nunca el exceso es despilfarro. Esas reformas sociales y económicas (sociedad decente) nos permitirían evitar tres colapsos: ecológico, institucional y moral.

Es necesario democratizar y reforzar las instituciones globales, singularmente una UE con autonomía fiscal, y, al tiempo, renacionalizar los suministros y las finanzas. Solo así la ampliación y la liberación de los mercados de capitales no entrará en conflicto con otros objetivos humanos.

También necesitamos una fiscalidad mundial sobre el creciente capital, de entrada, en la UE, y un tramo del impuesto de sociedades en Europa para evitar la secesión de los ricos. Y poder financiar una renta mínima universal, asociada a políticas activas de formación, a una menor jornada laboral y a un creciente pro-común.

A escala estatal las rentas salariales (y su consumo) han de dejar de ser los costaleros del Estado de Bienestar. Se deben recuperar los tipos máximos del pasado y evitar el gorroneo de otras partes del valor añadido, y, de paso, no penalizar las actividades más intensivas en empleo digno.

La llamada economía 4.0 provoca una polarización del empleo y de la riqueza, también debilita el Estado Social, lo que refuerza la conveniencia de acometer las redistribuciones planteadas en estas conclusiones, y salvaguardar la provisión personal (salarial-pública o vía renta mínima y pro-común) en las que el dinero no debe ser el fin primario.

La economía de mercado no debe mutar en sociedad de mercado. En una sociedad decente coexistirán áreas de mercados competitivos, regulaciones y provisiones públicas para bienes preferentes y un creciente pro-común colaborativo.

El total de personas inscritas en el Padrón Continuo en España a 1 de enero de 2021 es de 47.344.649 habitantes, según el Avance de la Estadística del Padrón Continuo. Esta cifra supone una disminución de 106.146 personas (un -0,2%) respecto a los datos a 1 de enero de 2020, su mayor descenso desde 2015 y coincide con la irrupción de la pandemia, según los datos provisionales dados a conocer este 20 de abril por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

De este total, 41.936.827 tienen nacionalidad española (el 88,6%) y 5.407.822 extranjera (el 11,4%). Esta última cifra es una décima menos que en el año anterior y representa el primer retroceso después de tres años al alza.

Las cifras que se publican este martes son un avance provisional. Las definitivas, una vez finalice el procedimiento para su obtención, y tras el informe favorable del Consejo de Empadronamiento, se elevarán al Gobierno antes de fin de año, para su aprobación mediante Real Decreto, que será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así, durante el año 2020 el número neto de españoles se ha reducido en 79.815 personas (un -0,2%) y el de extranjeros ha disminuido en 26.331 (un -0,5%). Entre estos últimos, los pertenecientes a la Unión Europea (UE-27) bajan en 37.870 (un -2,3%), mientras que los no comunitarios crecen en 11.539 personas (un 0,3%).

Este es el primer año en que la población total de España, inscrita en el Padrón Continuo, disminuye después de cuatro años consecutivos aumentando. La cifra de españoles baja de los 42 millones que se habían alcanzado por primera vez el año pasado. En cuanto a los extranjeros, aunque el número decrece, se mantiene por encima de los 5,4 millones.

Por sexos, el 49,0% del total de inscritos en el Padrón son hombres y el 51,0% mujeres. Entre los españoles hay más mujeres (51,1%), mientras que entre los extranjeros hay más hombres (50,1%). Por lugar de nacimiento, el 84,6% de la población ha nacido en España y el 15,4% en el extranjero. Por nacionalidad, el 94,3% de los españoles ha nacido en España, frente al 9,7% de los extranjeros.

Por edades, el 15,1% de la población tiene menos de 16 años, el 35,5% entre 16 y 44 años, el 29,7% tiene entre 45 y 64, y el 19,7% 65 o más años. Por nacionalidad, las diferencias más acusadas en el porcentaje de edad entre españoles y extranjeros se dan en el grupo de 16 a 44 años. Así, el 33,1% de los españoles se encuentra en este grupo de edad, frente al 53,9% de los extranjeros.

La edad media crece 4 años este siglo

La edad media de la población inscrita en el Padrón es de 43,8 años. En lo que va de siglo XXI, la edad media ha aumentado 4 años. La de los españoles es de 44,7 años y la de los extranjeros de 36,6 años (la de los ciudadanos de países pertenecientes a la Unión Europea es de 38,9 años). Las edades medias más altas entre las nacionalidades predominantes se dan en los ciudadanos británicos (53,6 años), alemanes (49,4) y franceses (42,8). Por el contrario, las más bajas corresponden a los ciudadanos hondureños (30,3 años), pakistaníes (31,2) y marroquíes (31,7).

Las comunidades autónomas más pobladas a 1 de enero de 2021 son Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid. Por su parte, las que tienen menos población son La Rioja, Cantabria y Comunidad Foral de Navarra.

En el último año, la población empadronada ha disminuido en la mayoría de comunidades autónomas y solo ha aumentado en cinco de ellas. Comunidad de Madrid (34.297 personas menos), Cataluña (23.551 menos) y Castilla y León (13.637 menos) experimentan los mayores descensos de población en términos absolutos entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de enero de 2021, mientras que los mayores aumentos de población se producen en Región de Murcia (6.687 personas más), Castilla-La Mancha (2.571 más) y Cantabria (1.403 más).

En términos relativos, los mayores descensos de población se registran, junto con las ciudades autónomas de Melilla (-1,0%) y Ceuta (-0,8%), en Principado de Asturias (-0,7%), Castilla y León (-0,6%), Comunidad de Madrid y Extremadura (ambas con un -0,5%). Por el contrario, Región de Murcia (0,4%) y Cantabria (0,2%) presentan los mayores aumentos.

Británicos y colombianos, los ciudadanos extranjeros que más crecen

Los extranjeros inscritos en el Padrón Continuo pertenecientes a la UE-27 suman 1.580.066. Dentro de éstos, los más numerosos son los rumanos (639.261), los italianos (256.115) y los búlgaros (117.267).

Entre los extranjeros no comunitarios, destacan los ciudadanos marroquíes (869.661), los colombianos (290.053) y los británicos (280.022).

Entre las principales nacionalidades, los mayores aumentos durante 2020 se dan entre los ciudadanos de Reino Unido (17.137 más), Colombia (17.003 más) y Venezuela (8.505 más) y los mayores descensos, entre los de Rumanía (-28.117), Bolivia (-7.944) y Ecuador (-7.771).

En términos relativos, y entre las nacionalidades con mayor número de extranjeros, los mayores incrementos de población se registran entre los ciudadanos de Reino Unido (6,5%), Colombia (6,2%) y Honduras (5,7%).

Por su parte, Bolivia (-8,6%), Ecuador (-5,9%) y Rumanía (-4,2%) presentan los mayores descensos.

Por grupos de países, los más numerosos son los ciudadanos de la UE-27, que representan el 29,2% del total de extranjeros. Le siguen los de África (22,1%).

Las elecciones autonómicas en Madrid, al igual que las recientes en Cataluña, interpelan a toda España. No es un problema de peso cuantitativo en lo demográfico o en lo económico, que también. Es porque en ambos casos las posiciones hasta ahora dominantes en cada comunidad implican una alteración profunda de los equilibrios que con tanta dificultad habían sido establecidos en los albures de la democracia española.

Isabel la catódica tiene un proyecto para Madrid, indistinguible del que vocea Vox. Que implica una visión de la organización territorial de España, comporta una política de la excepcionalidad madrileña y encierra un acento neo-liberal mucho más marcado de lo que es común en la derecha española.

Una parte notable de la ciudadanía madrileña desconfía del Estado de las autonomías. Con datos de 2019, aproximadamente un 45% prefería o bien reducir su nivel actual o simplemente pasar a un estado con un único gobierno central. Por utilizar una referencia comparativa, el porcentaje de similares preferencias en Galicia se reducía al 16%. Esta visión neo-imperial sin duda se ha visto reforzada por el desafío de los nacionalistas catalanes, que ha quebrado un consenso básico de nuestro modelo político.

A primera vista esta posición podría parecer irracional. A la Comunidad de Madrid no le ha ido nada mal: ha ganado peso económico en estas cuatro últimas décadas, ha crecido su papel como centro decisorio en finanzas o servicios a empresas y mantiene una notable distancia con la media en renta por habitante. La dinámica del mercado ha sido ferozmente centrípeta, con la acumulación de sedes empresariales, la captación de inversiones foráneas o las migraciones internas de capital humano desde otras áreas españolas. Los servicios de mercado tendieron a la concentración, reforzando el motor madrileño.

La acción del Estado ha sido en cambio equilibradora, impulsando la producción descentralizada de los servicios básicos a la población y las transferencias de renta que reducen las diferencias entre territorios. Con dificultades, ha servido para evitar una polarización regional más marcada.

El proyecto neo-imperial supone la ambición de concentrar aún más todo en Madrid, recortando los poderes distribuidos, con un contenido profundamente social, que hacen que en España estado autonómico y estado del bienestar se confundan. Permitiendo que el mercado opere con plenitud, sin obstáculos.

El excepcionalismo madrileño ha encontrado en el enfrentamiento con el gobierno progresista español el mecanismo táctico perfecto, sobre todo en las condiciones de incertidumbre de la pandemia; y en las prerrogativas e imperfecciones de la fiscalidad autonómica un instrumento para apuntalar su proyecto social y corroer las bases del equilibrio territorial. Un ejemplo muy destacado de ellas es la posibilidad de eliminar la imposición sobre el patrimonio, que permite atraer bases tributarias suculentas, haciendo caso omiso, por insolidaridad, de los efectos sobre el resto de los territorios de un competencia fiscal a la baja. El votante “normal” en Madrid quiere menos impuestos y demanda menos servicios públicos que en el conjunto español. Por razones sociológicas y políticas que convendría explorar. Con sus secuelas de incremento de la desigualdad y erosión de los elementos protectores que también caracterizan el modelo madrileño. Así se configura un modelo que reduce la libertad únicamente a lo que afecta a la cuenta de resultados. Pero que es políticamente competitivo.

Frente a este proyecto insolidario y que es imposible reproducir en toda España existen modelos alternativos. Madrid tiene la oportunidad de encabezar y dirigir la modernización de las Españas, si reconoce la diversidad que atesoran y hace del necesario equilibrio territorial un requisito para el desarrollo. Y si, hacia dentro de la Comunidad, utiliza la ingente capacidad de generación de rentas y captación de patrimonios para sustentar un modelo social que favorezca la inclusión y el crecimiento sobre fundamentos sólidos y sustentables. Por su potencial, está llamada a ser una de las grandes beneficiarias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la palanca básica del progreso en los próximos años. Su ciudadanía tendrá que decidir si prefiere la confrontación estéril o alinearse con las políticas europeas y españolas que estos fondos encarnan.

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Xaquín Fernández Leiceaga es senador por Galicia.