El Pleno del Ayuntamiento de Rascafría aprobó este lunes la moción de censura contra la alcaldesa localidad, Beatriz Aguirre, y designó como nuevo regidor al edil de Como Quieres Rascafría (CQR), Sergio Cañil, con los votos de su grupo y los ediles de PP y PSOE.

Las tres formaciones reunían la mayoría absoluta (con cinco concejales) para desalojar a la ya exalcaldesa, del partido Candidatura Vecinal Rascafría-Oteruelo (CVRO), al entender que el camino del municipio era "insostenible" con el actual equipo de Gobierno.

Estos cinco concejales decidieron proponer esta moción, ya que, a su juicio, "durante más de dos años el actual equipo de Gobierno se ha negado a cumplir las mociones aprobadas por la mayoría del pleno municipal, destacando que el Pleno municipal es el órgano de máxima representación vecinal".

"Por la gravedad de la situación y porque entendemos que es necesario cambiar de inmediato el rumbo que está tomando nuestro municipio y poder revertir la situación de abandono general hemos decidido presentar una moción de censura con el objetivo de reorganizar las concejalías, dotándolas de una mayor responsabilidad y poniendo en marcha una nueva forma de gestionar el Ayuntamiento con el objetivo de cambiar el estado del municipio", exponían los concejales en su moción.

El nuevo alcalde, Sergio Cañil, explicó a los medios de comunicación que los votos de Como Quieres Rascafría (CQR), PSOE y PP suman el 58% e indicó que el equipo de Gobierno saliente "no tenía proyecto serio" para el municipio.

El edil reprochó que el tema de la gestión del agua es "su monotema" y existen asuntos "más importantes" como la situación de desempleo y elaborar planes de turismo para que el pueblo siga creciendo.

"Esto había que llevarlo a cabo porque la situación era insostenible", apostilló el nuevo alcalde para subrayar que Rascafría que una de las prioridades ahora es "adecentar" la localidad porque ahora la limpieza "está dejada de la mano de dios". También enfatizó que la localidad tiene que "seguir creciendo".

Por su parte, la exalcaldesa dijo tras el Pleno que espera que el nuevo equipo de Gobierno local no vuelva a los convenios de gestión del agua "leoninos" con el Canal de Isabel II.

A su vez, el portavoz del PSOE, Ángel García, aseguró que la agrupación local decidió respaldar la moción de censura por un 90% y asumirá las consecuencias que se deriven, pues desde el partido a nivel regional trasladaron que no estaban de acuerdo con esta moción.

Se trata de la segunda moción que prospera en pocos días en un municipio de la localidad, tras la que tuvo lugar el pasado viernes en Pedrezuela. El viernes, está previsto que se aborde otra moción de censura en el Ayuntamiento de Chinchón.

Rascafría, un municipio de la sierra de Madrid, situado al noroeste de la comunidad y con alrededor de 1.700 habitantes, atraviesa unos días convulsos en su Ayuntamiento. En mayo de 2015, después de cuatro años de Gobierno del PSOE, la Candidatura Vecinal Rascafría-Oteruelo (CVRO) lograba la Alcaldía tras conseguir 4 de los 9 concejales. El próximo lunes, la alcaldesa, Beatriz Aguirre, se enfrentará a una moción de censura presentada de forma conjunta por el PSOE (con dos concejales), el PP (con un edil) y Como Quieras Rascafría (con dos concejales). Si la moción sale adelante, el alcalde será uno de los ediles de este partido, Sergio Cañil.

¿Cuáles son los motivos para que el PP y el PSOE pacten una moción de censura? La versión oficial de los impulsores de la censura es que "durante más de dos años el actual equipo de gobierno se ha negado a cumplir las mociones aprobadas por la mayoría del pleno municipal" y "es necesario cambiar de inmediato el rumbo que está tomando" el municipio "y poder revertir la situación de abandono en general", según reza el documento de la moción de censura. Pero el equipo de Gobierno cree que detrás hay intereses ocultos y que, en realidad, el motivo de la moción es "entregar el servicio del agua de Rascafría de nuevo a la sociedad anónima Canal de Isabel II".

La gestión del agua en el municipio madrileño no ha estado exenta de polémica. En el mes de mayo de 2014, durante el gobierno del PSOE, que tenía como alcaldesa a Ana García Masedo, el Ayuntamiento acordó rescindir el convenio que tenía suscrito con el Canal de Isabel II desde 2013 y recuperar, de esta forma, la gestión del servicio. Esta decisión se alcanzaba después de una consulta ciudadana celebrada un mes antes en la que el 72% de los vecinos votó a favor de la municipalización del agua. 

Sin embargo, esta reivindicación no comenzó en aquel momento, sino en agosto de 2013. En esa fecha se constituía una plataforma vecinal cuyo objetivo era exigir la revocación del convenio con el Canal. En pocos días, las 1.200 firmas que consiguieron como aval legitimaron su petición, hecha realidad en menos de un año. Tras esta movilización de los ciudadanos, nació la Candidatura Vecinal Rascafría-Oteruelo, que obtuvo la mayoría de los votos y cuatro ediles. Al no producirse ningún pacto y ser la lista más votada, la cabeza de lista de la plataforma, Beatriz Aguirre, se convirtió en la alcaldesa. 

"Parece que quieren entregar el servicio del agua al Canal"

"Inquieta desconocer el motivo de la moción", sostiene la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, de la que surgió la actual candidatura en el Gobierno. "Todo ello hace pensar que la moción de censura que se debatirá el próximo lunes 20 de noviembre, nada tiene que ver con la acertada y responsable gestión del actual equipo municipal", continúa, "más bien parece que su finalidad no es otra que entregar el servicio del agua de Rascafría de nuevo a la sociedad anónima".

En esta misma línea se pronunciaba la alcaldesa, Beatriz Aguirre, en una conversación con infoLibre. "La moción tendría que estar justificada y lo único que hay son juicios de valor", afirma. "Es solo una forma de paralizarlo todo. No nos van a dejar terminar y, en un año y medio, al que llegue no le va a dar tiempo a hacer nada", opina.

Según explica, las acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento distan mucho de la radiografía presentada por los grupos de la oposición, a los que afirma "no entender", especialmente en el caso del PSOE. "Muchos de nuestros votos vienen de ahí", afirma. Aguirre, por tanto, no descarta, aunque tampoco afirma categóricamente, "que detrás de la moción esté el Canal de Isabel II".

El argumento de que el Ayuntamiento no cumple con sus compromisos, para Aguirre, no es una sorpresa. "Está claro que es lo que van a decir", aunque ella lo desmiente. "Hemos hecho reuniones a las que los partidos de la oposición ni siquiera han acudido", critica. "No tienen motivos para presentarnos una moción", concluye.

"Es una situación insostenible"

En la oposición lo ven de forma diferente. Los motivos que justifican la moción, según el concejal del PP, Enrique Pérez Baos, están claros: el municipio está pasando por una "situación insostenible", además de "antidemocrática", en la que el equipo de gobierno está demostrando "un desprecio continuo al Pleno". Además, denuncia que el equipo de gobierno "ha incumplido sus compromisos electorales" y pone el siguiente ejemplo: "Prometieron una mayor participación de los ciudadanos. El Pleno aprobó dos mesas de participación para que pudiera llevarse a cabo. Y en estos dos años sólo se han convocados dos", critica. 

Por ello, argumenta Pérez Baos, los partidos de la oposición han "apartado sus diferencias ideológicas mediante diálogo y consenso", y han pactado la moción de censura.

El concejal del PP también niega que el verdadero objetivo de la censura esté relacionado con el Canal de Isabel II: "La gestión del agua está judicializada. Hay tres denuncias presentadas, así que con el cambio de Gobierno se quedará todo igual. Cuando haya una resolución de este proceso, se podría realizar un nuevo referéndum para saber qué gestión prefieren los vecinos". 

"Los que votamos 'no' al canal sabíamos que nos iban a demandar", responde Aguirre, para quien judicializar la gestión del agua es "la excusa para paralizar cualquier acción" relacionada con este servicio público. "Fueron ambiguos en su programa respecto al agua, dando a entender que eran favorables a la gestión municipal porque sabían que era la única forma de obtener votos", critica. 

Por su parte, el concejal del PSOE Ángel García Merino, insiste en que los motivos que han llevado a la oposición a presentar la moción son "el bloqueo que sufre Rascafría y el estado de deterioro en general del municipio". "Rascafría es un pueblo turístico y actualmente se están perdiendo numerosos eventos por la falta de dedicación y gestión del actual Gobierno municipal", declara.

Por ello, según explica a este diario, "el único objetivo que se marca el nuevo gobierno es la puesta en marcha de un proyecto ambicioso de reformas, mejoras y embellecimiento de manera urgente y recuperar los eventos que se han perdido". 

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles el Presupuesto para 2017, después de finalizar el plazo previsto en la cuestión de confianza planteada por la alcaldesa, Ada Colau, sin que la oposición haya planteado una alternativa, informó el consistorio en un comunicado que recogió Europa Press.

El Presupuesto está cifrado en 2.736,2 millones de euros –con 2.580 de gasto no financiero–, e incrementa un 8% el volumen de inversión, que alcanza 429,1 millones, 141,6 millones de los cuales se destinarán a mejorar y construir equipamientos en los barrios, y 117 millones a mejoras en el espacio público para lograr una ciudad más sostenible.

El gasto corriente aumenta un 4% y llega a los 2.151,4 millones, un campo en el que el Gobierno municipal ha asegurado que "priorizará" la política de servicios sociales y promoción social –321 millones–, con un incremento de recursos del 10% respecto el 2016.

El desglose del gasto corriente por políticas muestra que se destinarán 153,5 millones a transporte público; 144 a Cultura; 121,8 a Educación; 119,4 millones a vivienda, y 71,5 a políticas de empleo y promoción económica de la ciudad.

Se invertirán 5,7 millones para construir seis nuevas guarderías en los distritos de Ciutat Vella, Eixample, Sant Andreu y Sant Martí, y 27,6 millones en la rehabilitación y puesta en marcha de los mercados de Vall d'Hebrón, Bon Pastor, Sant Andreu, Boqueria y Sant Antoni.

Además, se destinarán 3,4 millones a bibliotecas; 5,7 a casales de barrio; 2,9 a mejoras en la red de bus y en la reactivación de buses de barrio y 2,8 millones a la implantación de más carriles bici.

Otras actuaciones

El Ayuntamiento también invertirá 17 millones a desplegar el Plan de Barrios, que promueve la dinamización económica y la cohesión social de las zonas que registran mayores desigualdades sociales, y 12 millones para el Plan de Recursos Humanos municipal, que prevé incorporar más de 400 trabajadores.

En Salud, con un presupuesto de 22,3 millones, se implantarán 50 acciones para el primer Plan de Salud Mental de la ciudad, además de atender la salud comunitaria en los barrios e impulsar actuaciones de prevención de consumo de drogas y obesidad infantil.

El gasto corriente en políticas sociales (321 millones) contempla dotar de más recursos la lucha contra la pobreza energética, más rentas contra la pobreza infantil y más becas comedor para niños, así como dotar de más cobertura el servicio de atención domiciliaria y la teleasistencia.

El Presupuesto prevé un déficit cero, con un equilibrio entre ingresos y gastos; la deuda financiera se sitúa en el 33% sobre los ingresos corrientes; un ahorro bruto de 16% del Presupuesto –implica poder destinar a la inversión 429 millones–, y mantener la cifra de endeudamiento de 834 millones alcanzada en 2016.

Sin alternativa a Colau

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, defendió que son unos buenos Presupuestos para la ciudad, ya que son sociales, redistributivos y "sin recortes", algo importante especialmente después de la crisis económica, destacó en declaraciones a los medios.

Pisarello sostuvo que el hecho de que la oposición no haya articulado una alternativa al Gobierno de Ada Colau demuestra que "no existe una alternativa consistente", por lo que asegura que se abre una nueva etapa en el Ayuntamiento en la que habrán acabado los debates puramente partidistas.

"La oposición cambia de actitud, porque no hay alternativa y se han sumado a intereses de ciudad", como el Plan de Vivienda –con el apoyo de CiU– y el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) –de ERC–, recordó Pisarello, que ha pedido a los grupos llegar a acuerdos sobre cuestiones de ciudad aunque no compartan todo el modelo.

La nueva alcaldesa de Parla (Madrid), Beatriz Arceredillo, anunció en rueda de prensa este viernes que no ha conseguido formar equipo de gobierno después de que haya transcurrido una semana desde su proclamación en el pleno municipal como regidora.

Esto se produce después de que todos los concejales del Grupo Socialista, diez ediles salvo la propia Arceredillo, enviasen ayer un comunicado en el que expresaban su intención de no apoyar a la alcaldesa en sus "proyectos personalistas" debido a que en su opinión son "independientes del PSOE".

Arceredillo señaló que había citado a sus compañeros para conformar la Junta de Gobierno Local pero que ninguno de ellos se ha presentado, por lo que no ha conseguido todavía formar un equipo de gobierno. La alcaldesa aseguró que de cara a la semana que viene habrá una nueva convocatoria para comunicar si ha conseguido formar gobierno, aunque de lo contrario ha explicado que existe un plazo de un mes para constituir una Junta de Gobierno Local y si tampoco se puede se debería disolver la alcaldía y reiniciar el proceso.

En cualquier caso señaló que esto no lo ha vivido "nunca", por lo que no puede avanzar cuáles serían los pasos concretos que habría que dar, aunque indicó que "por supuesto que sí" se ve capaz de gobernar el Ayuntamiento.

Participación en Ganemos

Sobre su posible participación en otros movimientos políticos como Ganemos, como le acusaron sus compañeros del Grupo Socialista, Arceredillo explicó que además de socialista es republicana y por ello forma parte de la Junta Local Republicana de Parla, y como tal fue invitada a un acto de Ganemos Madrid. "En ese ámbito de contacto con los ciudadanos siento la responsabilidad de ir como ciudadana", señaló Arceredillo, que explicó que "era un acto no de un partido, sino de Ganemos Madrid, de un ámbito distinto al del municipio, y no le veo ningún inconveniente".

Y sobre la posibilidad de que se repitan las primarias en la agrupación socialista de Parla, Arceredillo dijo que ella no ha defendido esa postura, sino que en su perfil de Twitter sólo escribió que "las primarias se celebraron antes de conocer la operación Púnica" para dar a entender que el candidato elegido, Pablo Sánchez, no tenía por qué ser elegido alcalde ahora como le solicitó su partido. "También digo que no me presentaría a unas primarias del PSOE", añadió Arceredillo, ya que en el proceso que ya se abrió no pudo siquiera presentarse al no contar con el número de avales necesario para ello.

Sobre la trama Púnica, que ha supuesto la imputación y posterior dimisión del exalcalde José María Fraile y la actual situación política del Ayuntamiento de Parla, Arceredillo sostuvo que le "consta" que entre Fraile y Tomás Gómez, líder del PSM, "ha habido una constante comunicación" en los últimos años, por lo que se mostró "segura" de que Gómez "quizás no al detalle, pero sabía de la situación".

Sin apoyo de los ediles del PSOE

Por su parte, los diez concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Parla, todos los de este partido salvo la alcaldesa, aseguraron tras la llegada de Arceredillo a la Alcaldía que no apoyarían los "proyectos personalistas" de la regidora debido a que en su opinión son "independientes del PSOE".

Entre los diez ediles están tanto el próximo candidato en las elecciones de 2015 Pablo Sánchez como María José López Bandera, la concejala que renunció a la posibilidad de asumir la alcaldía tras la dimisión de José María Fraile, imputado en la trama Púnica. Todos consideran que Arceredillo podría pretender con su Gobierno convertir el Ayuntamiento en "una plataforma publicitaria" para "promover su candidatura en otra formación", en relación con la participación de la actual alcaldesa en movimientos como Ganemos en Parla.

De igual manera, el Grupo Socialista considera "imprescindible llegar a acuerdos con la regidora", perteneciente a su propio partido, para trazar "un proyecto socialista hasta el final de la legislatura" y no aceptar "imposiciones personalistas".

Un concejal niega haber firmado la carta

En este sentido uno de los concejales cuyo nombre aparece en dicho comunicado, Ángel Sánchez Porcel, dijo en la rueda de prensa de Arceredillo que ha expresado ya su "rechazo al comunicado", ya que ha sido el único que sí ha acudido a las reuniones convocadas por la actual alcaldesa para formar gobierno.

Sánchez Porcel señaló, tras leer una carta dirigida a la propia regidora, que el apoyo que le dio en el pleno municipal para que fuera alcaldesa "está plenamente vigente", y opinió que su grupo no puede "permitir que las diferencias de criterio perjudiquen la marcha de los servicios públicos".

Por último, el concejal indicó que no estuvo presente en la reunión en la que se tomó la decisión de enviar el documento y que en el pleno de elección de Arceredillo "varios compañeros" afirmaron que darían su apoyo a la ahora alcaldesa y gobernarían con ella.

911 ayuntamientos, el 96,2% de los 947 ayuntamientos catalanes ha aprobado mociones de apoyo a la consulta soberanista del 9 de noviembre, lo que representa el 88% de la población de Cataluña, mientras que 10 han votado en contra y otros 10 más no se han pronunciado. 931 ayuntamientos (el 98% del total) han celebrado plenos extraordinarios para aprobar la moción que propone apoyar a la convocatoria del 9-N en virtud de la Ley de Consultas, aprobada el 19 de septiembre por el Parlament.

Lo revelaron este miércoles en rueda de prensa el presidente de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Vila d'Abadal, y el de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, que celebraron la "revolución" que han protagonizado los ayuntamientos. Los dos coincidieron en que estos datos demuestran "la gran unanimidad que hay en Cataluña para poder votar, sea sí o no", y han destacado que hay 22 comarcas en las que el cien por cien de los municipios han aprobado mociones a favor de que se pregunte sobre el futuro de Cataluña el 9 de noviembre.

También avanzaron que el 86% de los municipios de Barcelona y su Área Metropolitana han apoyado la consulta, aunque se trata de la zona en la que más ayuntamientos han rechazado mociones de apoyo. Han concretado que se han mostrado favorables a la consulta el 80% de ayuntamientos del área del Baix Llobregat, tradicionalmente gobernada por el PSC, aunque estos consistorios representan el 49% de la población; el resto se ha mostrado en contra o bien no ha debatido el asunto.

Los alcaldes de los 911 municipios que han aprobado la moción a favor del derecho a decidir que proponía la AMI y la ACM entregarán las actas municipales al presidente de la Generalitat, Artur Mas, este sábado en el Palau de la Generalitat, en un acto que será "la mayor concentración de alcaldes catalanes de la democracia", dijo Vila d'Abadal.

Suspensión de la campaña

Buch y Vila d'Abadal mostraron su apoyo a la paralización por parte del Govern de la campaña institucional para celebrar la consulta el 9 de noviembre, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya suspendido cautelarmente la Ley de consultas y la convocatoria. "Trabajaremos para que todos vayamos de la mano en defensa de la democracia, debemos ir todos a una, sin fisuras", dijo Buch, que destacó que ahora es momento de tener paciencia y esperar que el TC se pronuncie en base a las alegaciones del Govern.

Resaltó que hay "muchos trabajadores públicos que tienen cierto miedo de sufrir represalias" si colaboran en la organización de la consulta, por lo que defendió la paralización del proceso, y subrayó la necesidad de tomar decisiones en base a la unidad de partidos y sociedad civil.

Vila d'Abadal admitió que la estrategia del Govern "puede dificultar muchos de los procesos que deben permitir que se desarrolle el propio proceso", pero destacó la necesidad de que la votación se celebre con total garantía democrática.

Preguntado por la posibilidad de que los municipios no acaten la decisión del TC y sigan con los trabajos para la consulta, dijo que "a nadie le toca hacer un paso adelante hasta que no haya un acuerdo unitario", aunque ha considerado que la única solución al debate soberanista es poder votar.

No habían pasado más que unas cuantas horas. Roberto Jiménez, el líder del Partido Socialista de Navarra (PSN), amenazaba con presentar una moción de censura en 15 días contra la presidenta foral, Yolanda Barcina, si se verificaban las acusaciones de corrupción contra su Gobierno. Eso sucedía a las seis de la tarde. A la mañana siguiente, jueves, a Barcina le faltó tiempo para agitar un fantasma recurrente: "Si quieren esa moción de censura con Bildu, que lo hagan directamente". A su vez, el dirigente del PP Esteban González Pons, impartía la misma doctrina en la Cope: "Elena Valenciano [la candidata del PSOE a las europeas] se va a ver forzada a hacer campaña acompañada de Bildu". El viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sacudía el señuelo de la relación PSOE-Bildu desde la Moncloa: la posible moción en Navarra "no es un pacto cualquiera", sino que el apoyo de los socialistas en Bildu "tiene connotaciones" que Ferraz debería explicar a los ciudadanos. Lo cierto es que PP y UPN, los dos, ya hacen aquello que afean a los socialistas: votar igual que la izquierda abertzale en diferentes instituciones de Euskadi y Navarra.

La derecha echa mano así de un viejo conocido. Un argumento simple pero efectivo para su parroquia: los socialistas "pactan" con la izquierda abertzale –los "amigos de ETA", según afianzó ayer el PP en un argumentario– para llegar al poder. Lo cierto es que esa estrategia ha sido replicada por distintos medios y ha oscurecido la razón última por la que el PSN está dispuesto a defender una moción de censura contra Barcina (con el consenso, por cierto, de Ferraz). Y no es otra que un presunto caso de turbia corrupción y mercadeo de favores que tienen como epicentro y principal acusada a la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea. Hacia ella señaló la dimitida directora gerente de la Hacienda foral, Idoia Nieves. Goicoechea, según su relato en el Parlamento navarro, interfirió de forma "persistente" en su trabajo, intentando conseguir información concreta de algunos contribuyentes e impedir la inspección previstas sobre estos. No sobra recordar que Navarra, como las diputaciones vascas, dispone de autonomía fiscal y caja propia. 

El caso Goicoechea había mutado en pocas horas en el caso PSOEcaso Goicoecheacaso PSOE. Un giro peligroso para los intereses de Ferraz a las puertas de unas elecciones europeas en las que tenían puestas todas sus esperanzas de recuperación. Los socialistas vienen insistiendo en que no pactarán ni gobernarán con Bildu en ningún caso. Jiménez presentará una moción de censura en 15 días si Barcina no se ha ido para entonces por su propio pie. Y sólo podría prosperar si la apoyasen en el pleno si, además de los 9 diputados del PSN, votasen a favor los 7 parlamentarios de Bildu, los 7 de Aralar-Nafarroa Bai, los 2 de Geroa Bai y los 3 de Izquierda-Ezkerra (coalición de IU y Batzarre). Barcina gobierna en una fragilísima minoría desde junio de 2012 sustentada en sus 19 escaños. El PP, en la oposición, es residual: 4 actas. 

Rajoy y Barcina "se tapan las corrupciones mutuas"

Los socialistas enfatizan que no firmarán ni pactarán nada con Bildu. Ni se sentarán con ellos a la mesa. El registro de la moción requiere de 10 rúbricas, así que la que le falta Jiménez se la podría proporcionar Izquierda-Ezkerra. De modo que PSN y Bildu –y en eso inciden en Ferraz y en Navarra– simplemente coincidirían en el voto. Algo que ya ocurre, de hecho, en varios municipios de Navarra y Euskadi o en el mismo Parlamento vasco. Un ejemplo bien reciente: el jueves, la Cámara navarra aprobó la constitución de la comisión de investigación encargada de revisar las cuentas de la Comunidad foral y probar las acusaciones de Idoia Nieves. Salió adelante por unanimidad. Votaron juntos desde UPN y PP hasta Bildu y Aralar-NaBai. De cualquier modo, el líder del PSN quiere que se centre el foco en la comisión, que se abrirá el martes próximo, sin "adelantar acontecimientos" sobre la censura. 

Ayer viernes, Barcina ratificó su decisión de "no dimitir" y retó a Jiménez a que presente ya su moción de censura. "Para qué hacer este paripé de esperar 15 días. Que la presente con Bildu en el momento que quiera", subrayó, siguiendo su argumentario. La presidenta foral reveló que Mariano Rajoy la llamó para preguntarle qué estaba pasando y le trasladó "fortaleza" para defender la Comunidad. A lo que Óscar López, secretario de Organización federal del PSOE, respondió acusándoles, a Rajoy y a Barcina, de "taparse las corrupciones mutuas". 

01. APOYOS EN TAFALLA, OLITE, LEITZA Y BERA

Tafalla, una localidad navarra mediana, de 11.000 habitantes, tiene en 2014 unos presupuestos nuevos después de dos años con las cuentas prorrogadas. Algo que el equipo de gobierno municipal, liderado en minoría por Cristina Sota, de UPN, logró gracias a la abstención de Bildu y de Iniciativa por Tafalla (IT, una escisión de Izquierda Unida). Los tres ediles del PSN fueron los únicos que rechazaron las cuentas, que ascienden a 11,6 millones de euros. 

Sota, al igual que Sergio Sayas, secretario de Organización y Comunización de UPN, señalan que la situación con la eventual moción del PSN "no es comparable". Por varias razones. Primero, por cómo se produjo la votación. "En comisión, los tres grupos de la oposición se abstuvieron, y en pleno el PSN sorprendió y cambió su voto, pasando a votar en contra", explica Sota. "Es una estrategia de los socialistas para hacer aparecer como que UPN pacta con Bildu, cuando no es verdad", añade Sayas. 

La regidora insiste en que quienes "pactan y escenifican su pacto" con Bildu son los socialistas, y desde el comienzo de la legislatura. Porque ella ofreció a PSN e IT entrar en su Junta de Gobierno Local y ambos lo rechazaron porque se oponía a integrar a Bildu. Pero Sota reconoce al tiempo que muchas cuestiones de intendencia del municipio "se aprueban por unanimidad", o con alianzas con parte de la oposición. No podría gobernar de otro modo, al estar en minoría. "Es que si no no funcionaría nada nunca. Yo he tenido dos años los presupuestos prorrogados, y la oposición me ha tumbado iniciativas. Pero, para las cuentas de 2014, había otra disposición de los grupos y salieron adelante en beneficio de los vecinos de Tafalla, no por otra cosa. Esto es una ciudad pequeña, y no hay tantas implicaciones políticas como en el Parlamento foral". 

En Olite, un pueblo de menos de 3.000 habitantes, UPN gobierna con el PP. Pero los presupuestos de 2014 salieron adelante con los votos a favor de los ediles regionalistas y del concejal de Bildu. PP y PSN se abstuvieron. Este diario intentó contactar, sin éxito, con el regidor de la localidad, Francisco Javier Legaz. 

La dirección de UPN aseguró desconocer lo que había sucedido en Olite. Como tampoco supo hasta esta semana, cuando se recordó en prensa, que en Leitza (2.500 habitantes) y Bera (3.000), ayuntamientos gobernados por Bildu y Aralar, respectivamente, los dos ediles foralistas apoyaron los presupuestos locales de este año, y eso que su voto no hacía falta para que fueran aprobados. José Miguel Goicoechea, único edil de UPN en Leitza, ha apoyado todas cuentas del municipio desde que tiene acta, desde 2007. "Siempre que los números estén bien hechos y dentro de las normas, apoyaré los presupuestos, sean de Bildu o de otro grupo. Yo tengo que trabajar para el pueblo. No podemos ir en contra de todo. ¿Qué hago si no?". Goicoechea defiende que no respalda "iniciativas políticas" de los abertzales, pese a que los presupuestos son, de suyo, el principal instrumento político de cualquier Gobierno. También cree que no hay que "condenar" al PSN por aceptar los votos de Bildu, si llega el caso, en el Parlamento foral. "De él depende. Lícito es". 

Juan Losa, concejal foralista en Bera, justifica su sí a las cuentas de 2014 por la necesidad de pagar a las empresas por los trabajos de rehabilitación de la Casa Consistorial y por afrontar las deudas de la Corporación. "Era lo correcto. Pero soy miembro de la Comisión de Hacienda y me he visto hasta el último céntimo, hasta la última factura. Me he visto los presupuestos con lupa. Pero no trato absolutamente nada con la izquierda radical, nada de nada. ¡Si Roberto Jiménez busca carnaza, que se vaya a los ayuntamientos donde el PSN sí pacta con los radicales, en Legarda y Alsasua, o que vaya contra quienes piden la excarcelación de etarras [por Arnaldo Otegi], como Jesús Eguiguren". Losa ha sustentado las cuentas en otras ocasiones: "Yo apoyo los presupuestos que son lógicos. Pero que no me use el PSN como cabeza de turco". 

Los ediles de Leitza y Bera no pidieron autorización a la cúpula de UPN para avalar los presupuestos. Sayas, a su vez, repite que esa actitud "no cuenta con el apoyo" del equipo regional, porque UPN "ni negocia, ni pacta, ni se apoya, ni acepta los votos de Bildu". "Nosotros no tuvimos conocimiento ni permitimos nada en Leitza y Bera". ¿Va a expedientar a los dos concejales, por tanto? "Rotundamente, no. Yo no sería partidario. Es muy difícil ser edil en ambos sitios. Se juegan la vida. Bastante complicado es ya como para sancionarles. No son políticos, son vecinos de sus pueblos. No podemos pedir lo mismo a quienes están en pequeñas localidades que a quienes están en la dirección del partido o en el Parlamento o en los ayuntamientos de Pamplona o Tudela". Sayas asegura que aunque "UPN y Bildu han podido coincidir" en votaciones en la Cámara navarra –se discuten "centenares de mociones" durante la legislatura–, no hay "ni una ley que haya salido con el respaldo sólo de UPN y Bildu, ninguna". "No hay un doble rasero –remacha el dirigente–. Me parece una ignominia que se intente justiricar una moción contra la presidenta apoyándose en la izquierda abertzale con la actitud de algunos concejales de UPN en lugares como Leitza y Bera". 

02. PP Y BILDU, JUNTOS EN EL 25% DE LAS MOCIONES DEL PARLAMENTO VASCO

Son 152 las mociones en pleno que se han registrado en el Parlamento vasco en esta legislatura, la que arrancó tras las elecciones de octubre de 2012, las primeras en las que concurrió EH Bildu. En 2013 se debatieron 146 iniciativas, de las cuales PP y Bildu votaron lo mismo en 37. En un 25% de las ocasiones. A 2014 se adscriben otras seis mociones, pero sólo una se ha discutido y votado, la que aborda la situación en la central nuclear de Garoña, y en esta conservadores e izquierda abertzale no coincidieron. 

De los 146 casos de 2013, el PP respaldó una iniciativa de Bildu en tres ocasiones: para "ratificar el carácter prioritario y estratégico del proyecto Capital Europea de la Cultura Donostia-San Sebastián 2016", para rechazar los recortes en cooperación internacional y destinar un 0,7% del presupuesto anual a ayuda al desarrollo y para "ampliar la dotación presupuestaria destinada a financiar las Ayudas de Emergencia Social". Bildu, a la contra, avaló mociones del PP en 14 ocasiones. 

03. MÁS OCASIONES DE COINCIDENCIA

Múltiples son los casos de convergencia entre la derecha y la izquierda abertzale, en el País Vasco y Navarra. Estos son algunos llamativos:

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* Con información de Ibon Uría y Daniel RíosCon informaciónIbon UríaDaniel Ríos

Alberto Fabra, president de la Generalitat Valenciana, promete "defender" la moción de censura impulsada por el PP, en Orihuela (Alicante) incluso "en los tribunales", para que "se pueda dejar al partido que ha sido respaldado mayoritariamente por los ciudadanos que gobierne". Estas declaraciones del jefe del Consell, ayer jueves en Castellón, podrían pasar desapercibidas. Pero no. Era la primera vez que se pronunciaba abiertamente sobre la moción fallida de Orihuela. Moción que además está manchada de origen: la suscribieron cuatro imputados, un condenado en firme y dos considerados tránsfugas. Y eso que Fabra predica la doctrina anticorrupción, pese a tener una decena de acusados en Les Corts. El golpe del PP, sin embargo, no ha funcionado, porque la solicitud no cumplía los requisitos previstos en la Ley Electoral, que se blindó frente a casos de transfuguismo. 

Orihuela (90.087 habitantes en 2012), sexta ciudad más grande de toda la comunidad y epicentro de la corrupción en la región, cambió de color con las municipales de 2011. Tras 25 años de gobiernos ininterrumpidos del PP, el bastón de mando pasó al verde Montserrate Guillén, en virtud de una inicial alianza de Los Verdes (tres ediles), PSPV-PSOE (seis concejales) y la coalición Centro Liberal Renovador-Claro (cuatro). Los 12 ediles conservadores, entre ellos la exalcaldesa Mónica Lorente, imputada por el caso Brugal y por las obras de una plaza que se adjudicaron después de su inauguración, pasaron a la oposición.

Pero fueron las tensiones en CLR-Claro las que hicieron ambicionar al PP la vuelta al Gobierno local. En noviembre de 2011, el grupo municipal, encabezado por Pedro Mancebo, expulsó a uno de sus concejales, Bob Houliston, presidente de Claro (Partido para Orihuela Costa, integrado por residentes extranjeros). Lo hizo ante las sospechas de que estaba "fraguando" una posible moción de censura con el PP. Houliston dijo entonces que aceptaba la decisión, aunque no la creía "justificada". Poco después, en febrero de 2012, dimitió como responsable de Costa, Playas y Residentes Internacionales, dejando en minoría al tripartito. Poco después, en julio Guillén retiró a Asunción Mayoral sus competencias por decisión del CLR. El pasado septiembre, Mancebo comunicó la expulsión de Mayoral del grupo municipal. A diferencia de Houliston, la edil rechazó la defenestración y la recurrió judicialmente. El pasado 31 de enero, Guillén comunicaba la decisión de Los Verdes y del PSPV de destituir al portavoz de CLR, lo que desencadenó la salida del grupo del Ejecutivo local. El tripartito se disolvía: se convertía en una alianza de socialistas y ecologistas (nueve actas) frente a una oposición de 16 ediles. En marzo, el partido CLR comunicó que echaba a Mayoral de sus filas. 

Necesarias, 16 firmas, no 14 

Con el verano, el PP oriolano calentó motores para una moción de censura. Primero, machacó con que la candidata a la Alcaldía tenía que ser Lorente, una opción a la que se oponía la dirección provincial y regional del PP, con el argumento de que quien encabezase la lista debía ser un edil no imputado. Los conservadores de la localidad, presididos por la también concejal Pepa Ferrando, se negaban a asumir esa directriz. "No tenemos candidatos de quita y pon", dijo a finales de julio. La moción nació muerta, porque uno de los ediles del PP, Antonio Rodríguez Barberá, se negó a firmarla por contravenir las condiciones establecidas por Fabra. "Estoy convencido de que ni encabezará la lista del Partido Popular, ni será propuesta. Ella es consciente de su situación", señaló el president el 29 de julio.

La situación interna se desencasquilló cuando el PP local cedió la cabeza de Lorente y bendijo que liderase la candidatura Ferrando. Así, el martes 6 de agosto, firmaron la moción de censura contra Guillén los 12 concejales del PP y los dos no adscritos, Houliston y Mayoral, expulsados del grupo CLR-Claro. Pero con eso no se abrillantaba del todo la operación. Porque, como recuerda el PSPV, la exregidora sigue imputada por la Brugal y por la adjudicación de las obras de la plaza de El Escorratell, pero también están imputados por varios delitos de corrupción los ediles David Costa, Araceli Vilella y José Manuel Cutillas. Otro más, Roberto López, fue condenado en firme por la Audiencia Provincial de Alicante el pasado febrero por una falta de lesiones y otra de amenazas a una mujer. Los jueces consideraron probado que la cogió por el cuello y le ocasionó varios moratones en una refriega en la que participaron varias personas, entre ellas su esposa, en medio de las fiestas de una pedanía de Orihuela. Los cinco ediles siguen ocupando sus actas. 

El mismo 6 de agosto, el secretario general del Ayuntamiento, Virgilio Estremera, firma un informe en el que deja claro que la moción "no reúne los requisitos exigidos" en el artículo 197. 1 a) de la Ley Electoral. O sea, que no eran suficientes los 14 ediles firmantes. Y es que en la pasada legislatura los dos grandes partidos impulsaron la reforma de la norma para impedir más casos de transfuguismo, y para ello modificaron el citado artículo 197. ¿Cómo? Desde 2011, no basta con que suscriban la operación la mayoría absoluta de ediles –fijada, en el caso de Orihuela, en 13 concejales–. La ley dice ahora que si alguno de los proponentes de la moción ha formado parte del grupo municipal al que pertenece el alcalde o pertenece a un grupo distinto al que estaba adscrito al comienzo del mandato, entonces la mayoría absoluta exigida se verá "incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias". El secretario municipal, el facultado para acreditar que se cumplen todos los requisitos, consideró que tanto Houliston como Mayoral habían sido expulsados de CLR-Claro, por lo que se necesitaban no 14 rúbricas, sino 16. 

El jefe del Consell censura la "ingobernabilidad" de la ciudad

Estremera, sin embargo, entendía que podían existir "incorrecciones procedimentales" en la expulsión de Mayoral puesto que el pleno del Ayuntamiento no pudo tomar en consideración su condición de edil no adscrita mediante un "acuerdo reglado". Esa fisura abierta que dejaba la diligencia del secretario hizo que el PP formalizase la presentación de la moción y la petición de un pleno para derrocar a Guillén el miércoles por la mañana. Y ahí el funcionario emitió una resolución más contundente: recordó que no se cumplen los requisitos legales, por lo que la Secretaría General "no va a proceder a la notificación de la convocatoria plenaria solicitada". Estremera tumbaba así la operación. 

"En estos momentos hay una situación de ingobernabilidad en el Ayuntamiento de Orihuela y los partidos que componen el Gobierno tenían que ver que no vale quedarse en el gobierno a toda costa, porque los perjudicados son los ciudadanos de Orihuela", aseguró ayer Fabra en Castellón. "Lo que vamos a hacer es defender" la moción "en los tribunales", amplió, dando así cobertura clara a la opa de sus compañeros de partido. Estos, por su parte, no han desistido, y amenazan con retomar su propuesta a la vuelta del verano. Pero sólo podría triunfar si arrimasen a su ascua a los dos ediles que sí siguen en CLR-Claro: Pedro Mancebo y Juan Ignacio López-Bas. ¿Qué va a alegar el PP? ¿Considera ético hacerse con una alcaldía con el voto de cuatro imputados, un condenado y dos tránsfugas? No hubo forma de responder a estas cuestiones. "Nos remitimos a las palabras de Fabra", apuntaron lacónicas fuentes oficiales del partido en la Comunitat. 

El PSOE, mientras, amenazó también con acudir a la Justicia si el PP –y singularmente su vicesecretario general de Política Autonómica y Local, Javier Arenas– no impide la moción. Los socialistas irán a los tribunales "para desplegar todos los argumentos jurídicos necesarios de forma que se mantenga la legalidad establecida", señaló Gaspar Zarrías, secretario federal de Ciudades y Política Municipal. "Esto es una auténtica fechoría. Jurídicamente, la moción, con los dos tránsfugas de CLR, es ilegal, pero políticamente es impresentable. Hay varias sentencias claras en ese sentido que impiden mociones con el voto sólo de los tránsfugas", ampliaba, en declaraciones a infoLibre. El secretario municipal hacía de hecho referencia a la sentencia 90015/2013 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que consideraba suficiente para paralizar una moción que alguno de los firmantes haya sido suspendido cautelarmente de militancia de su partido. 

José Manuel Orengo, vicesecretario de Relaciones Institucionales del PSPV, calificó de "pataleta ridícula" el anuncio de Fabra. Orengo, que ha seguido muy de cerca los movimientos en Orihuela, insistía en que es "irrefutable" que Mayoral y Houliston son tránsfugas. Estremera señala en su diligencia que "no es posible decidir [...] si el complejo proceso de expulsión de Mayoral fue correcto", pero también advierte de que la concejala, aunque nunca reconoció que fuera no adscrita, "terminó usando las atribuciones" que el reglamento le confería: participó en comisiones, presentó iniciativas, intervino de forma separada a CLR-Claro, realizó preguntas... Asimismo, el recurso contencioso-administrativo presentado por Mayoral fracasó, y se le dijo que en todo caso debería emprender un procedimiento civil.

"Una sinvergonzonada y un fracaso"

Por medio se cruzó un dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat requerido por el alcalde, Guillén, y emitido el pasado 13 de junio, al que Mayoral se agarró para afirmar que no había sido "expulsada" de su partido, CLR, ni de la coalición CLR-Claro. Ese hecho suponía abrir la posibilidad de negociar una moción con el PP. Ese informe requería que el pleno municipal tomase en consideración la expulsión de un edil mediante un acuerdo reglado y precisaba que cuando un concejal ya está como no adscrito por una circunstancia (salida decretada por su grupo, lo primero que le pasó a Mayoral) no es posible que sea de nuevo no adscrito por otra circunstancia (la marcha fulminante de Mayoral dictada por su formación, CLR). 

"Las palabras de Fabra son una sinvergonzonada y un fracaso. La única opción que tiene es que los dos ediles de CLR le apoyen. Todo lo demás es hacer el imbécil y el ridículo. Y además, esa moción es inmoral porque está apoyado por menuda tropa. Lo que molesta al PP es un Gobierno como el de Orihuela que limpia. El presidente debe preocuparse por pagar lo que debe y no por meterse en fregados que huelen mal, y el de Orihuela huele muy mal", sentenciaba Orengo. La ciudad, capital de la comarca de la Vega Baja, ha visto cómo cuatro de sus siete alcaldes han sido imputados por corrupción, y dos de ellos (Luis Fernando Cartagena y José Manuel Medina), condenados. Guillén es el único regidor no salpicado desde 1986, cuando los conservadores se hicieron con el poder. 

El cargo regional del PSOE y la primera teniente de alcalde de la ciudad, la socialista Antonia Moreno, denuncian la "hipocresía ya no creíble" del jefe del Consell, que habla de "limpieza" y luego mantiene "imputados", como los que se sientan en Les Corts, la exalcaldesa Mónica Lorente (diputada provincial de Ciclo Hídrico) o la regidora de Alicante, Sonia Castedo. Pero Moreno no tiene tan claro que el Ejecutivo local se vaya a mantener hasta 2015. "En Orihuela, todo es posible por dinero. Si el CLR apoya finalmente una moción con el PP, es que habrá negocio, porque el odio entre ellos es terrible. La pregunta sería cuál es la cifra". La concejala se remite a un dato demoledor: según un estudio reciente, el coste de la corrupción en la ciudad alcanza "los 500 millones de euros". "El saqueo a las arcas públicas ha sido mayor que en Marbella en estos 20 años".  

Óscar López abandonó la reunión de la Comisión Permanente Federal del PSOE este lunes con el respaldo generalizado de sus compañeros. "Todos" ellos le apoyaron y rechazaron su dimisión por el caso Ponferrada. Pero ayer no salió tan airoso de la cita con el Grupo Parlamentario Socialista, a la que acudió sin previo anuncio y para explicar la calamitosa gestión de la moción de censura en la ciudad leonesa. Oyó reproches, muchos reproches, y no de una sola persona. Varios diputados intervinieron para mostrar su profundísimo enfado por un "desastre total" y para que se pongan todos los medios posibles para impedir que vuelva a ocurrir un caso así.

Nadie pidió directamente la dimisión del secretario de Organización, porque todos entendieron que no era el foro adecuado. "Esas cosas se sustancian en el partido, no en el grupo del Congreso", justificaron varias fuentes. Tampoco pidieron detalles del proceso No obstante, algunos de los presentes sí interpretaron que tras varias críticas subyacía la petición de una asunción mayor de responsabilidades. Enfrente sólo tenían a López como máximo responsable orgánico, ya que ni Alfredo Pérez Rubalcaba ni Elena Valenciano asistieron. 

López, que no es diputado en la Cámara baja, enhebró un relato semejante al expuesto el lunes en la Comisión Permanente. Un mea culpa en toda regla, atribuyéndose todo el "error" del fiasco de Ponferrada y blindando de nuevo al secretario general y a su número dos, Valenciano. Insistió, por tanto, en que le "cegó" la posibilidad de sacar al acosador Ismael Álvarez de la política, además de conferir estabilidad a Ponferrada, arrebatando para ello la alcaldía al PP. 

Sus compañeros de partido agradecieron al número tres su presencia en la reunión del grupo y que se hubiera atrevido a "dar la cara". De hecho, le reconocieron apesadumbrado. Pero a partir de ese punto no hubo lugar a mucha complacencia. Según la narración de una decena de diputados consultados por infoLibre, la mayoría de las intervenciones fueron "en general muy duras" contra López, "no tanto en lo personal, pero sí en lo político". Entre los que tomaron la palabra, la madrileña Delia Blanco, la extremeña Leire Iglesias, la andaluza Consuelo Rumí, la gallega Laura Seara –última secretaria de Estado de Igualdad de José Luis Rodríguez Zapatero–, el expresidente manchego José Maria Barreda, la exministra Rosa Aguilar y la valenciana Carmen Montón, portavoz de Igualdad en la Cámara.

El expresidente del PSOE y de la Junta andaluza Manuel Chaves se apegó más a la línea oficial, mientras que el secretario general de Castilla y León, Julio Villarrubia, terció para defender su posición en todo este embrollo, claramente distante a la versión ofrecida por el jefe del aparato. En la cita no se encontraba Carme Chacón. Ella y otros diputados atendían las labores de varias comisiones del Congreso, en marcha a esas horas. 

"Desastre total, peor imposible"

El hilo conductor de la mayoría de discursos de los diputados fue la constatación de que lo acaecido en Ponferrada –una moción de censura ganada por el PSOE con el apoyo del acosador Álvarez– es un error "muy grave". "Desastre total, peor imposible", reproducía un indignado Barreda, que antes y después de la reunión trasladó el sentir de otros compañeros. Un fallo garrafal porque "pone en entredicho los valores del PSOE", su política de defensa de los "derechos de las mujeres", con lo que ello puede acarrear de "falta de credibilidad" del discurso de cara a los ciudadanos. Algunos asistentes adujeron que no era creíble la "peregrina excusa" de que el objetivo era "sacar a un acosador de la política". "No se puede pasar por encima de los principios del partido bajo ningún concepto, y menos por una alcaldía", reiteraban varios asistentes a la salida. 

La crítica generalizada no contuvo explícitamente la palabra "dimisión", que sí han pedido otros cuadros del partido, caso de Tomás Gómez. Pero algunos diputados sí se llevaron la impresión de que el caso Ponferrada no puede zanjarse sin asumir "más consecuencias". "La dirección puede creer que es suficiente con que Óscar pida disculpas y diga que se ha corregido el error, pero no es así a ojos de los ciudadanos", traducía un parlamentario. En esa línea ahondó Iglesias, que advirtió, según apuntaron fuentes socialistas, de que está bien asumir el error y dar explicaciones, pero que "en algún momento" la sociedad "exigirá más". 

"Máxima tensión" con Villarrubia

Los diputados apreciaron "máxima tensión" entre López y Villarrubia. El lunes, el número tres subrayó que antes de llegar la moción a Ferraz había sido vista por "muchos órganos de distintos niveles". Ataque indirecto al secretario general castellanoleonés, a quien precisamente López cedió el cargo tras su encumbramiento a la Secretaría de Organización federal en el congreso de Sevilla, en febrero de 2012. Ayer martes, Villarrubia se revolvió. Como contaron los presentes en la reunión, el líder regional rubricó que él se había opuesto a la operación en Ponferrada desde el primer minuto y que lo hizo saber. Algunos vieron en sus palabras una crítica a los intentos de "tutela" de López sobre su heredero. "¡Si uno se va, se va del todo!", exclamada con marcada rabia un parlamentario. Otros eran menos duros: "Para él Castilla y León es como su casa, y uno en su casa se pone las zapatillas y se relaja". 

La llamada de atención de Villarrubia goza de relevancia por otra razón. Fueron varios los dirigentes que rechazaron con rotundidad a una moción pactada con un acosador. López citó el lunes singularmente a dos, a Valenciano –que ayer no se encontraba en la reunión del grupo–, y a Purificación Causapié, la responsable de Igualdad. Ayer se confirmó otro nombre en el bloque de opositores, y que ya adelantó infoLibre el domingo: Soraya Rodríguez, portavoz en el Congreso y diputada por Valladolid. Ella misma lo dijo en rueda de prensa. Señaló que cuando supo la operación, trasladó a "quien tenía la competencia orgánica", a López y a Villarrubia, que era "claramente contraria" a ella, y se lo dijo "en varias ocasiones". "Ellos me escucharon", remachó. El número tres oyó esas opiniones pero decidió él solo, según la versión oficial. 

Ahora habrá más controles, ya que las decisiones se adoptarán de forma más colegiada, como anunció el número tres. En el Grupo Socialista, algunos parlamentarios entendían que ese cambio ya en sí escondía una "desautorización" más de la cúpula a la gestión de López. "Este tipo de errores claro que pesan en el expediente", reflexionaba uno de ellos. 

"Demasiado enfadado" para opinar

Durante el día se recogieron más reacciones sobre el caso Ponferrada. Para todo gusto. El más claro, como en los últimos días, Gómez, líder del PSM, "En política no hay perdón, hay dimisión", denunció, disparando al secretario de Organización. a ese flanco crítico se sumaron los secretarios generales de las agrupaciones municipales socialistas de Burgos, Luis Escribano –pidió a Ferraz que acepte la dimisión de López–, y de León, José Antonio Díez, que reclamó un congreso federal extraordinario para que de él emerja un líder más fortalecido, informa Europa Press. 

Los barones de Castilla-La Mancha y La Rioja, Emiliano García-Page y César Luena, se alinearon con Ferraz al señalar que nada se solucionaría con la salida del número tres. Este recabó el "pleno apoyo y pleno respaldo" del secretario provincial del PSOE de León, Tino Rodríguez, muy enfrentado a los socialistas de León capital. Chacón, por su parte, se remitió a su tuit del viernes, cuando alertó de lo "insoportable" de la moción de Ponferrada. Y el histórico Alfonso Guerra respondió a lo Guerra, a su más puro estilo: estaba "demasiado enfadado" como para responder a los periodistas del Congreso. "Sería muy largo, no tengo ganas", huyó. 

Cayo Lara siempre se muestra en extremo cauteloso con los problemas estrictamente internos de otros partidos. Este lunes se atuvo a esa regla, aunque a la vez intentó colocar la propuesta de su federación.

El tema que había recorrido el fin de semana había sido, por descontado, el caso Ponferrada. La tortuosa moción de censura que acabó primero tumbando al alcalde del PP con la ayuda del acosador sexual Ismael Álvarez y generando un tremendo descosido en las ya maltrechas costuras socialistas. "No nos gusta entrar en los problemas de otros partidos –comenzó el coordinador federal de Izquierda Unida, preguntado en rueda de prensa en la sede de Madrid–. Pero tal vez este señor [Álvarez] debería haber dimitido antes, haber ido en todo caso a la moción de censura posteriormente y no haberse encontrado con un problema que además ha coincidido con el 8 de marzo, que es un día muy simbólico en nuestro país. Me parece que no han medido bien los tiempos. Los problemas que tiene el PSOE, que los resuelvan ellos, que no tienen pocos en este momento", terminó, con un cierto aguijonazo a sus contrarios.

A su lado estaba Manuel Fuentes, flamante secretario de Política Municipal de IU y exalcalde de Seseña (Toledo). Él fue el que recordó que la federación rubricó un código ético antes de las últimas elecciones municipales y autonómicas de 2011, en el que su formación ya hizo primar el "interés general" sobre el "interés partidista", en explícita crítica al PSOE por haberse dejado llevar por la ambición de conquistar la alcaldía de la ciudad leonesa.

Algo "está fallando" en el PSOE

Señaló que "sólo por el mero hecho de que el apoyo sea con un cargo público condenado precisamente por su gestión en el Ayuntamiento [Álvarez era regidor de Ponferrada cuando su edil de Hacienda, Nevenka Fernández, le denunció por acoso en 2001, y cuando le condenó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en 2002], sólo por ese detalle ya cuestionaría el que se hubiera llegado a esta moción de censura". El responsable municipal de IU destacó, además, que "algo está fallando" en el PSOE, y no sólo en el ámbito federal.

Lara intercaló entonces la propuesta de la federación, y que llevará al Congreso para "prevenir la situación": "Tal vez deberán ser más largos los periodos de inhabilitación para ostentar un cargo público". No dio más detalles.

¿La moción de censura en la localidad berciana desacredita la política, contribuye al desapego que tanto han calentado los casos de corrupción? "Los que tienen la última palabra son los ciudadanos de Ponferrada –remachó el coordinador–. No sé si esto deteriora la democracia. Creo que hay cosas que deterioran mucho más la democracia, como los escándalos de supuesta corrupción".

El "error", el "grave error" de Ponferrada "se ha corregido". Óscar López, cuando compareció ayer en la sede federal del PSOE con gesto contrito, en una de las ruedas de prensa quizá más difíciles de su carrera política, ante una sala ávida de información y de explicaciones, se aplicó en subrayar que lo peor había pasado, que esos "señores" se habían dado de baja del partido y que el partido, por tanto, ya no gobernaba la ciudad leonesa. En efecto, los socialistas han sufrido la amputación de su grupo municipal, han perdido la alcaldía, han perdido a su alcalde, Samuel Folgueral, y de camino se ha zambullido en una sonora crisis interna y en un nuevo cuestionamiento de la autoridad del líder. 

Pero la historia no ha concluido todavía. Porque el relato oficial se pierde y se hace oscuro en los días previos a la moción de censura pactada con Independientes Agrupados de Ponferrada (IAP), la formación con la que el acosador sexual Ismael Álvarez retornó a la política en 2011. Y más difuso queda todavía el cronograma del viernes negro, el 8 de marzo, Día de la Mujerviernes negro, cuando el PSOE pasó de justificar el acuerdo en la localidad a reprobarlo, en cuanto Alfredo Pérez Rubalcaba fue "consciente" de los "pormenores" del asunto. Un elemento clave en la riada de hechos que atropelladamente se sucedieron ese día fue la intervención y presión de la federación andaluza, la más poderosa del PSOE, y singularmente de su líder, José Antonio Griñán. 

La mañana amanecía con la previsión en todos los medios. Ya se conocía qué iba a pasar: que Folgueral asumiría el poder gracias al apoyo imprescindible de Álvarez en una moción de censura que iba a discutirse en el pleno del Ayuntamiento a partir de las 12 horas, bajo la condición "inexcusable" de que el propio Álvarez dejara el Consistorio en cuanto se consumara el cambio de color del Gobierno local. Un grupo de militantes de León había advertido su rechazo en las jornadas anteriores, recordando que no se podía violar la máxima de "tolerancia cero" con la violencia de género. A las 11.13 horas del viernes, la diputada Carme Chacón lanzaba un tuit (en castellano y en catalán). Fue este: 

La voz de alarma de la ministra de Defensa de las 11.13 –Twitter refleja en la reproducción una hora menos, la hora GMT– fue replicada por las agencias y las webs. Al poco comenzó el pleno en Ponferrada en medio de una gran expectación mediática. Pasada las 13 horas, Folgueral ya era alcalde. Con el voto de Álvarez, claro, quien prometió que al día siguiente, sábado, renunciaría a su acta de concejal. A las 15.53, en los correos de los periodistas que cubren la información del PSOE, entró una nota de prensa: "Desde hoy hay un alcalde socialista en Ponferrada y un acosador menos en política". Ferraz bendecía así oficialmente la moción de censura. 

Tuits de Rubiales, Díaz y Caravaca

El revuelo en las redes sociales ya era patente. A las 13.17, Amparo Rubiales, presidenta de los socialistas andaluces, mujer de la máxima confianza de Griñán e ilustre feminista, comenzaba a "impugnar" la operación de Ponferrada, primero retuiteando un mensaje genérico a favor de la igualdad de Griñán y después resaltando su condena sin ambages: 

Los mensajes no podían pasar sin pena ni gloria. Procedían de la histórica Rubiales. En esas primeras horas de la tarde, López telefonea a Mario Jiménez, vicesecretario general del PSOE de Andalucía (PSOE-A), según confirmó a infoLibre un alto responsable de la federación. El secretario federal de Organización explica lo sucedido en Ponferrada y Jiménez responde que "no era compartido por Andalucía" y le avisa de que el PSOE-A "seguirá defendiendo su posición" en todos los foros, "donde hiciera falta". El número dos de Griñán le traslada que el PSOE-A estaba "impugnando" la moción que "nunca tenía que haberse producido" y que lo que opinaba Rubiales "lo opinaba igual hasta el último militante de Andalucía". Queda claro, como no podía ser de otra manera, que el partido apoya a Rubiales o, mejor dicho, que sus mensajes gozan del pleno visto bueno del jefe de la Junta. 

A las 18.36, Susana Díaz, consejera de Presidencia de la Junta, secretaria provincial de los socialistas sevillanos y mano derecha de Griñán, escribe en Twitter: 

19.16. María Teresa Caravaca, mujer de Griñán, avisa: 

Rubiales le contesta: "¡Di que sí! Eso es". Como ayer dijo Griñán, la presidenta de los socialistas andaluces había estado movilizando el partido y expresando desde el primer minuto su discrepancia.

Jiménez participa en la tarde del viernes en un acto de partido en Huelva. Mismo mensaje, como martillo pilón: el Gobierno de Ponferrada, sostiene, no va a "merecer la pena" porque está "manchado" por la sombra de "una persona que ha sido capaz de ejercer el acoso contra otra". 

Los máximos escuderos del partido en Andalucía han dictado sentencia. Griñán también lo hace. Llama a Rubalcaba, según ratificaron a infoLibre fuentes próximas al presidente de la Junta. Le dice lo mismo, que Andalucía no tolerará esa moción y que debe dar marcha atrás.

A las 19.50, comunicado de Rubalcaba. Exige "rectificar" la decisión de la moción de censura y declara que "no comparte cómo se han hecho las cosas". Según el relato de López, es en torno a esa hora cuando el secretario general fue "consciente" de todos los "pormenores" y determinó cortar de raíz la polémica.

¿Fue la intervención del jefe del Ejecutivo andaluz absolutamente determinante? Un alto cargo del PSOE-A cree que Rubalcaba "ya iba a ordenar la rectificación en cualquier caso", después de escuchar y conversar con muchos otros cuadros, pero sí había recibido de forma nítida "la posición de Andalucía", el territorio de más peso en todo el partido. También Elena Valenciano y Purificación Causapié, dos mujeres en el máximo nivel de dirección, habían trasladado su disgusto con la moción desde días atrás. 

López no se quiso pronunciar ayer en rueda de prensa en Ferraz sobre esa llamada de Griñán. Posteriormente, su entorno no quiso ni confirmar ni desmentir la conversación con Jiménez. 

Comparecencia "honesta y valiente" de López

El secretario de Organización, que ha asumido en primera persona todos los costes de la desastrosa gestión de lo ocurrido en Ponferrada y ayer dio "la cara", como subrayó, apuntó que había puesto su cargo a disposición de la dirección, y esta le había arropado y rechazado su dimisión. "Ha recibido un apoyo unánime –sostenía horas después de la comparecencia un miembro de la cúpula–. Ha sido un error grave y se ha rectificado, y eso es lo importante. Debemos sacar una lectura en positivo de este desastre, que ha sido muy doloroso, y es que todos asumimos que la igualdad importa y mucho, que a la gente le duele lo mismo que a la corrupción, y eso hace 20 años no ocurría". Otra dirigente lo ratificaba: "Respaldamos la labor de Óscar. Él ha dado la cara y no es fácil. Errores los cometemos todos, y todos somos responsables de lo que ha pasado por no haber estado más encima". 

Los integrantes del aparato calificaban de "honesta y valiente" la intervención de López, y rechazaban la tesis de que a la larga el batacazo de Ponferrada le mermaría poder. Ni siquiera porque, según anunció el secretario de Organización, se revisará el protocolo de toma de decisiones, para que en los temas delicados se consensúe la salida de forma colectiva. "Habrá más cooperación, más coordinación, más colaboración. Pero no se plantea si pierde o gana. En el equipo hay buena relación, buen ambiente". 

Andalucía, mientras, dice "respaldar" las decisiones de este fin de semana de Rubalcaba y las disculpas dadas por López. Sin embargo, Griñán advertía esta mañana de que quería una explicación de lo ocurrido en los órganos del partido. Tomás Gómez, el barón madrileño, insistía en su idea del domingo, que el "grave error" de Ponferrada debía acarrear "dimisiones" en la cúpula. 

"El PSOE ya no gobierna en Ponferrada", constataba López ayer. Distinto es que el caso no tenga mayores secuelas. 

La polémica no remitió durante el fin de semana. El sábado, Alfredo Pérez Rubalcaba lanzó en Telecinco ultimátum fresco a Samuel Folgueral, el hombre que conquistó la alcaldía de Ponferrada el viernes gracias al voto imprescindible de Ismael Álvarez, condenado por acoso sexual en 2002. "O deja la alcaldía o deja el PSOE", decía el secretario general en El gran debate. Horas antes, había asegurado ante los periodistas que Folgueral acabaría dimitiendo, tiempo al tiempo".

El regidor asistía desde primera hora al congreso comarcal socialista de El Bierzo. Y desde entonces sus colaboradores fueron avanzando que Folgueral no iba a dimitir. Ni ayer, ni hoy ni en esta semana. Que se mantenía en sus trece. Así fue. Pasadas las cuatro de la tarde, el alcalde ofreció una rueda de prensa, en la que anunció que se marchaba del PSOE para no ceder su bastón de mando. Y con él, "por solidaridad", se marchaban en bloque los otros siete ediles socialistas, para "anteponer" las necesidades de la ciudad a los intereses orgánicos.

Folgueral rompía su carné de militante presumiendo de un apoyo "unánime, caluroso y directo" de sus compañeros de León. "Ya me gustaría haber tenido ese respaldo en las últimas horas desde otras instancias superiores", aseguró, mirando con rabia a Ferraz, a la dirección federal, quien estaba informada desde el primer minuto, recalcó, y no paralizó la operación. El regidor desveló en El País qué "ingeniería" se había propuesto para salir del atolladero: que presentara su renuncia y dejara el Gobierno en manos de un teniente de alcalde, para que luego este convocara un nuevo pleno municipal que lo reeligiera. Hipótesis que este diario había avanzado el sábado por la tarde.

Crispación en El Bierzo

Conclusión: el PSOE ya no se puede apuntar el tanto de gobernar la sexta ciudad castellanoleonesa, y ni siquiera tiene ya concejales en la Corporación. Ferraz deberá reconstruir la agrupación y retomar el diálogo con la federación leonesa y con su secretario provincial, Tino Rodríguez, que en todo este proceso ha apoyado férreamente a Folgueral. Ayer se comprobó que el manotazo de Ferraz no había sentado bien en León. Cuando Julio Villarrubia, el líder del PSOE de Castilla y León, acabó de hablar ante la prensa en el congreso comarcal de El Bierzo, se oyeron gritos de militantes: "¡El que tiene que dimitir es Rubalcaba!", "¡Sinvergüenzas!" y "¡Conocíais la moción desde el principio!".

La posición de López, mientras, se ha agrietado sobremanera en las últimas horas. El viernes, cuando la polémica estaba ya muy caliente, demostró su pleno aval a la moción de censura de sus compañeros ponferradinos con una sentencia categórica: "Hay un acosador menos en política". Unas horas después, Ferraz lanzaba un comunicado de Rubalcaba, donde ordenaba "rectificar" la decisión. Primera bofetada en la cara de su número tres.

Es en esas críticas horas del viernes en las que el PSOE pasó de aplaudir a reprobar la alianza donde el relato oficial reviste varias goteras. Rubalcaba recibió varias presiones. De las bases y de dirigentes, especialmente de las mujeres de más peso del aparato. También atendió una llamada significativa: la de José Antonio Griñán, presidente del PSOE y líder del partido en Andalucía, según pudo confirmar infoLibre de fuentes de la federación. El presidente de la Junta trasladó a Rubalcaba que no se podía aceptar la moción de censura de ningún modo. Que Andalucía no lo iba a admitir. Para entonces, tanto Amparo Rubiales y Mario Jiménez, presidenta y vicesecretario general del PSOE andaluz, como Susana Díaz, consejera de Presidencia, expresaron públicamente su rotundo rechazo a lo ocurrido en Ponferrada. 

Desautorización del líder en televisión

Luego, López admitió por duplicado –en la Ser y en Onda Cero– que el "error" era enteramente suyo, que su jefe no sabía nada de cómo iba a desarrollarse la moción y que él, como secretario de Organización, no exigió que la dimisión de Álvarez se produjera antes del pleno. La tercera desautorización se produjo en Telecinco: allí Rubalcaba reconoció que se había equivocado al haber dejado en manos de su número tres la gestión exclusiva del asunto y que tenía que haber estado más "encima".

En privado, varios miembros del aparato y barones territoriales reconocían que el episodio había situado en el disparadero a López por haber "calculado mal" las consecuencias de una moción de censura que indudablemente tenía un alcance que superaba lo local y por haber consentido un pacto con un acosador. Acuerdo, que para más inri, se iba a materializar un 8 de marzo, Día de la Mujer.

López, pero no sólo López. Varios cuadros entendían que el secretario de Organización se llevaba la peor parte, pero el huracán daba también de lleno a Gaspar Zarrías, secretario de Política Municipal, y a Purificación Causapié, la responsable federal de Igualdad, que defendió públicamente la moción de censura en Ponferrada hasta que su jefe ordenó la marcha atrás. Ayer domingo, Tomás Gómez, el líder socialista madrileño, el barón más abiertamente enfrentado a Rubalcaba, se adelantó a todos y pidió que rodaran cabezas: es un "grave error" que tiene "responsables" y estos deben "dimitir", sostuvo. Al añadir que vio al secretario general "expuesto" estos días, incidía en la misma idea: que los lugartenientes del líder debían marcharse. 

Reunión de la Permanente

Ferraz, entretanto, buscó acotar los daños del incendio y pasar página. Fuentes oficiales subrayaron que la decisión de Folgueral y los otros siete ediles de pedir la baja en el partido "se ajusta a lo dicho" por Rubalcaba, que mandó optar entre PSOE o poder. El secretario "había dejado claro que no habría un alcalde socialista que hubiera sido elegido con el voto de un condenado por acoso sexual, y así ha sido". Sin embargo, no era esta la alternativa preferida por las cúpulas federal y regional. Hasta el último minuto persiguieron la renuncia. En vano.

Este lunes se reúne la Comisión Permanente Federal, el círculo más cercano a Rubalcaba. El análisis de los restos del naufragio de Ponferrada dolerá más que nunca.

El desasosiego en el PSOE a cuenta de la crisis en Ponferrada (León) empieza a estallar. Este domingo, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, el barón más enfrentado a Alfredo Pérez Rubalcaba, exigió ya que se depuren responsabilidades. Que rueden cabezas.

Para Gómez, la gestión de la moción de censura en la ciudad berciana, que ganó el PSOE con la ayuda de Ismael Álvarez, condenado en 2002 por acoso sexual a Nevenka Fernández, y que fue avalada primero y rechazada después por la cúpula federal, ha sido "un grave error, que tendrá sus responsables" y estos, dijo, "deberían dimitir", informa Europa Press. 

Ese era el golpe del líder madrileño, porque en estos días Ferraz ni ha querido hablar públicamente de deserciones. Ni ha querido castigar a Óscar López, el secretario de Organización que asumió como "error" personal haber dado vía libre a la moción en Ponferrada sin exigir la marcha previa de Álvarez del Ayuntamiento.

Gómez, sin embargo, intentó exculpar a Rubalcaba: "Me he sentido mal estos días y he sufrido viendo tan expuesto al secretario general del PSOE". Un rodeo para decir que quienes han fallado han sido sus lugartenientes. No precisó, eso sí, si el secretario general debería haber actuado de otra manera.

Folgueral se acogió finalmente a la segunda opción. Este domingo comunicó su decisión por la tarde, en una rueda de prensa durante el congreso socialista de El Bierzo, al que asistía. "Con una enorme tristeza voy a transmitir que de las opciones que ha barajado el secretario general, con el que no he podido hablar estos días, voy a decir que voy a solicitar la baja del PSOE y conmigo los otros siete compañeros y compañeras del Ayuntamiento", anunció. 

"Tenemos que trabajar por los ciudadanos, es nuestra misión, es nuestro trabajo y es lo que queremos hacer", sostuvo Folgueral, rodeado de varios miembros del PSOE de la comarca. El primer edil subrayó que había recibido el apoyo "unánime, caluroso y directo" de "todos" los compañeros de Ponferrada, de El Bierzo y de la provincia de León. "Me siento muy respaldado. Ya me gustaría haber tenido ese respaldo en las últimas horas desde otras instancias superiores", añadió. Un clarísimo dardo dirigido contra Rubalcaba y la dirección federal, que tras avalar y celebrar la moción de censura, exigieron la marcha atrás una vez depuesto el conservador Carlos López Riesco y a la vista de la intensidad de la polémica. 

"Nosotros hicimos el trabajo bien desde el primer momento, nos dirigimos a los órganos del partido, tomamos una decisión consensuada bien y por lo tanto ahora, a toro pasado, no podemos dar marcha atrás", adujo. Explicó que no había podido relatar sus motivos a Rubalcaba porque se había negado escucharlo. Folgueral llegó incluso a denunciar que la ciudad ha sido estos días rehén de una lucha intestina del PSOE "donde se están disputando otras partidas". "Lo que puedo pensar es que se están debatiendo otras cuestiones de carácter interno, que de alguna manera han coincidido con esta situación, que se ha sacado de contexto y se ha frivolizado", remachó.

La justificación del pacto

En cualquier caso, el regidor, como ya venía sosteniendo en los últimos días, no concedía tanta gravedad al hecho de pactar con Álvarez: "No hay una cuestión de carácter legal que impida presentarse a la función pública" al edil condenado por acoso. 

Folgueral se mantiene por tanto en su puesto contra viento y marea. Una de las soluciones, en efecto, que planteaba la cúpula en Madrid, pero la que menos gustaba a Rubalcaba. Sí convencía a los socialistas leoneses. Esta misma tarde, el recién elegido líder de El Bierdo, Gerardo Álvarez Courel, respaldó al regidor, como ya lo había hecho el secretario provincial, Tino Rodríguez.

Por la mañana, desde el entorno de Folgueral se decía que se barajaba la opción de que dejara el carné él solo, no sus siete compañeros. Pero ello seguiría siendo una alternativa difícil de digerir para el PSOE, ya que en la práctica esos siete concejales, de haber sido miembros del partido, habrían tenido que dar cobertura a todas las decisiones de Folgueral. 

La secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, ha anunciado este domingo que presentará ante la ejecutiva federal de su partido una propuesta para que "nunca una persona que ha sido condenada por cualquier tipo de violencia de género pueda formar parte de una lista electoral a cualquier nivel territorial".

Además propondrá que "nunca pueda hacerse una moción, ni ningún acuerdo de Gobierno con el voto de una persona condenada por ningún tipo de violencia de género, como es el acoso".

Causapié ha apuntado que se trata de una propuesta personal como secretaria de igualdad "y en nombre de muchas mujeres socialistas que repudian" la moción de censura que ha dado la alcaldía de Ponferrada (León) al PSOE gracias al apoyo de Ismael Álvarez, condenado por acoso sexual en el caso Nevenka.

"Las mujeres del PSOE no comparten cómo se ha hecho"

Aunque se trata de una iniciativa personal, la dirigente socialista ha dicho estar "segura" de que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, "la apoyará". Causapié ha apuntado que "las mujeres del PSOE" no comparten esa moción de censura en Ponferrada, ni comparten "cómo se ha hecho". "Las mujeres socialistas hemos luchado durante muchos años por la defensa de la igualdad, hemos apoyado a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, hemos denunciado la violencia de género más que nadie junto a las organizaciones de mujeres", ha insistido.

Del mismo modo, ha indicado que Rubalcaba ha sido contundente en sus declaraciones sobre este caso y aunque ha reconocido que no tiene "notificación de la situación" de Folgueral, ha indicado que "lo que el partido quiere que quede claro es que o deja la alcaldía o deja el partido socialista. Si no será expulsado", ha subrayado.

El PSOE ha vuelto a vivir otra semana convulsa, enormemente complicada. La china en el zapato de Alfredo Pérez Rubalcaba se ha llamado Ponferrada. Una localidad de 68.000 habitantes, sexta ciudad de Castilla y León, que en 2002 y ahora en 2013 ha copado la atención por un mismo nombre, Nevenka Fernández. 

Hace once años, el alcalde de la población, Ismael Álvarez, parecía defenestrado de la política. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León consideró probado que había acosado sexualmente a la que había sido su edil de Hacienda, Nevenka Fernández. Condena que luego ratificó el Tribunal Supremo. El caso originó un tremendo impacto en la opinión pública, pero no lo liquidó definitivamente. En 2011, Álvarez volvió al frente de Independientes Agrupados de Ponferrada (IAP), y logró cinco de los 25 ediles de la Corporación. 

El pasado 25 de febrero, Álvarez y el portavoz municipal socialista, Samuel Folgueral, anunciaron un pacto para derribar al alcalde, el conservador Carlos López Riesco. Este viernes, 8 de marzo, Día de la Mujer, se solemnizaba el acuerdo. Folgueral alcanzaba el poder aupado por su otrora enemigo. El acuerdo pasaba, eso sí, por que el líder de IAP saliese del Ayuntamiento. Dimisión que se produjo ayer, casi 24 horas después del pleno en el que prosperó la moción de censura. 

La conquista de Ponferrada generó una formidable tormenta en la casa socialista. La dirección federal primero la respaldó y luego la celebró. Pero ante la creciente contestación –de dirigentes, de militantes–, Rubalcaba ordenó la "renuncia" de Folgueral. Óscar López, el secretario federal de Organización, el número tres, asumió la "muy mala decisión" en la capital de El Bierzo como un "error" solamente suyo, del que no tenían conocimiento ni su jefe, Rubalcaba, ni la vicesecretaria general, Elena Valenciano, ni el resto de la ejecutiva. Sin embargo, la alianza de Folgueral y Álvarez se anunció públicamente el 25 de febrero, 11 días antes de la moción, y desde entonces los medios informaron ampliamente de ella. López reconoció que tenía que haber exigido la dimisión de Álvarez antes de la votación, no dejar que fuera después, y alegó que le "cegó" el hecho de que el acosador condenado abandonara la vida pública. 

Presión de las bases y de dirigentes

Diversos dirigentes del aparato confirmaron a infoLibre que el asunto lo gestionó "desde el principio Óscar" en su calidad de secretario de Organización. Las mujeres responsables de la maquinaria socialista –entre ellas, la propia Valenciano; la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, y la secretaria de Igualdad, Purificación Causapié– mostraron su rechazo a la moción y estaban convencidas de que Álvarez dimitiría antes del pleno. En cualquier caso, entendían que el asunto quedaba en manos del número tres y que lo resolvería, siempre según fuentes oficiales.

Pero el viernes se cumplieron los pronósticos. El PSOE no pudo escapar de un titular negro: un socialista, Folgueral, arrebata una alcaldía al PP tras pactar con un acosador sexual. Encima, un 8 de marzo, un día cargado de especial simbolismo para las mujeres y para los socialistas. Por la tarde, vista la enorme dimensión de la polémica, se sucedieron las conversaciones con Rubalcaba, cuentan dirigentes del máximo nivel. Y fue entonces cuando se tomó una decisión tajante: lanzar un comunicado, al filo de las ocho de la tarde, donde el secretario general desautorizaba la operación y ordenaba "rectificar" la decisión, con la exigencia de marcha de Folgueral incluida. 

El puñetazo en la mesa del líder llegó una vez ocurrida la moción. Pero el viernes a última hora eldiario.es informaba de que un pacto similar entre el PSOE ponferradino e IAP se intentó forjar en 2011, cuando todavía López era el secretario general castellanoleonés, pero José Luis Rodríguez Zapatero lo paralizó. Fuentes de la dirección federal no negaron ese hecho en declaraciones este sábado a este periódico. Quien sí lo confirmó fue el entorno del expresidente del Gobierno en León. Un portavoz de Folgueral lo desmintió tajantemente. "Es una burda mentira". 

El malestar y la pesadumbre era patente incluso entre los cuadros próximos a Rubalcaba. Cercanos y lejanos, públicamente (Trinidad Jiménez, Ramón Jáuregui, José Antonio Griñán) y en privado, reconocían ayer el "error grave" de gestión de la crisis de Ponferrada. "Es un fallo de coordinación. Se pensó que tendría una lectura local. Se calculó mal y Óscar estaba confiado. Mala suerte", sostenía uno de los miembros del aparato. "Mal, claro que nos sentimos mal. Esta decisión no es que sea difícil de explicar, es que no se puede explicar, y hace daño al partido", apuntaba un influyente barón regional. Otro secretario general consultado por este diario se mostraba menos complaciente: "Esto evidencia cierta debilidad de la dirección. Pero debe ser Rubalcaba y la dirección los que hagan el análisis de lo que está pasando. Debe hacer un análisis serio para fortalecerse". 

"Ponferrada no merece este espectáculo"

El problema, admiten varios dirigentes entrevistados por infoLibre, es que el caso Ponferrada no es un hecho aislado. Llueve sobre mojado, inciden. Ahí están las tensiones aún no resueltas con el PSC, el mal cariz que está tomando el caso Campeón y que afecta al exministro José Blanco o la rebeldía de la federación gallega, que ha decidido organizar unas primarias consultivas para designar a su nuevo líder. 

Ahora López se halla en la picota. El propio Rubalcaba reconocía anoche en El gran debate de Telecinco, en horario de máxima audiencia, que se "equivocó" al dejar a su número tres la responsabilidad exclusiva de la "muy delicada" moción en Ponferrada. Tenía que haber estado "encima", confesó. De puertas para adentro, no se pide abiertamente su dimisión, pero sí se cuestiona su papel y el del responsable de Política Municipal, Gaspar Zarrías, que en las últimas horas ni ha hecho declaraciones públicas. Otros cuadros hacen un diagnóstico más severo: "No hay autoridad ni liderazgo. Una moción de censura no puede ser a costa de todo. No se puede perder la coherencia", avisaba un cargo de la crítica federación madrileña. 

Más allá de la desazón interna, que anoche en Telecinco Rubalcaba no negó ("cisma no, malestar sí"), está sobre la mesa la cuestión más inmediata: ¿cómo hacer que Folgueral obedezca? El líder socialista intentó mostrar firmeza en televisión: "Le voy a dar un tiempo prudencial. Si no se va, se irá. Si no se va, no será alcalde del PSOE. No va a haber un alcalde del PSOE que lo sea por el voto de una persona condenada por acoso sexual, no lo va a haber". ¿Cuánto es "un tiempo prudencial"? El secretario general no precisó mucho más: "Pocos días. Esta semana, sin duda. Mi decisión es irrevocable. O deja la alcaldía, o deja el PSOE".

Sin embargo, no son esos los planes del círculo del nuevo alcalde, que se resiste como gato panza arriba a marcharse. Rubalcaba sí apoyó a López y al regidor en un aspecto: que López Riesco tenía "dividida" y sometida a una "tensión social fortísima" a la ciudad, que planeaban sombras de "nepotismo y corrupción". "Pero Ponferrada no merece este espectáculo. El PSOE es el que más ha trabajado en España por la igualdad de las mujeres y hay muchas que hoy se sienten dolidas. Fue horrible que coincidiera con el Día Internacional de la Mujer y fue error sobre error", concluyó. 

Pero la crisis aún no ha terminado. Quedan cabos todavía por atar y una dimisión, la de Folgueral, por materializarse. 

El recién elegido alcalde de Ponferrada (León), el socialista Samuel Folgueral, abandonó este sábado la sede del PSOE de Castilla y León, en Valladolid, donde mantuvo un encuentro con el líder socialista en la comunidad, Julio Villarrubia, sin hacer declaraciones ni pronunciarse sobre la dimisión que le exige la ejecutiva federal, informa Europa Press.

A pesar de que Folgueral se encontraba en la sede socialista, no compareció en la rueda de prensa en la que Villarrubia ha respaldado la postura de la ejecutiva federal del PSOE, que pide la renuncia del regidor ponferradino por haber sido elegido con el voto del ya ex concejal de Independientes Agrupados de Ponferrada (IAP) Ismael Álvarez, condenado en 2002 por acoso sexual a Nevenka Fernández. Villarrubia había reconocido en la rueda de prensa haber "conversado" con Folgueral, pero no quiso aclarar en qué términos ni que en ese momento el primer edil de Ponferrada esperaba a escasos metros de la sala de conferencias.

Al término de la rueda de prensa, después de que los medios de comunicación se hubieran percatado de que el alcalde de la localidad leonesa se encontraba en la sede, se esperó durante más de media hora –sin saber si se celebraba una reunión entre Folgueral y miembros de la Ejecutiva del PSOE castellanoleonés– a que el edil saliera a responder a las preguntas de los periodistas. Sin embargo, Folgueral abandonó la sede y se fue a un bar cercano sin pronunciarse sobre si dimitirá o no como le solicita la ejecutiva federal y el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, ya que ha declinado hacer cualquier tipo de declaración.

A pesar de la insistencia de los medios, Folgueral ha subrayado que no quería hablar y se ha remitido a las palabras del secretario autonómico, Julio Villarrubia.

"Ayer lo dije en un comunicado y hoy se lo digo a ustedes. Hemos cometido un error, y cuando se comete un error en política lo que hay que hacer es rectificar y es lo que vamos a hacer, rectificar", aseguró Rubalcaba ante los periodistas, informa Europa Press. El líder aludía así a la nota emitida por su partido ayer viernes poco antes de las ocho de la tarde. Esto es, apenas seis horas después de que el socialista Samuel Folgueral se convirtiese en nuevo regidor de la ciudad leonesa gracias al apoyo de Ismael Álvarez, condenado por acoso sexual a la edil Nevenka Fernández en 2002. Rubalcaba, a la vista de la enorme polémica, ordenó "rectificar", que dimitiera Folgueral hasta que Álvarez formalizara su abandono de la política y su baja como concejal. Pero anoche Folgueral ya sugirió que no iba a dimitir porque el PSOE gobernará hasta final de legislatura con el sustituto de Álvarez. 

Este sábado Rubalcaba insistió en que el nuevo regidor "renunciará", y si no, "tiempo al tiempo". El "orden" de las dimisiones tenía que haber sido otro, alegó. O sea, que primero se marchara Álvarez antes del pleno y después el alcalde. Lo que no especificó es qué pasará si Folgueral se sigue resistiendo. La contestación a esa pregunta la dio, desde Valladolid, el líder del PSOE de Castilla y León. Julio Villarrubia apuntó que Folgueral es un candidado "adecuado" para asumir el Gobierno de Ponferrada, pero avisó de que si se niega a irse, "se pondrá en marcha el correspondiente régimen disciplinario". 

La prensa inquirió a Rubalcaba en Valencia si en política todo vale a cambio de gobernar. "Al revés", respondió. "Es un ejemplo de que cuando uno se equivoca en política, lo que uno tiene que hacer es rectificar. Nos hemos equivocado, rectificamos y punto", zanjó. 

Y dado que anoche a última hora su número tres, Óscar López, sostuvo en la Ser y en Onda Cero que Rubalcaba y la ejecutiva federal del PSOE no sabían nada de cómo iba a desarrollarse la moción de censura en Ponferrada, se le inquirió al secretario general cómo era posible que no estuviera al tanto. "Cada uno en el partido tiene sus obligaciones –replicó–. Había una moción en Ponferrada y me dijeron que iba a entrar el alcalde socialista y que iba a haber una dimisión del alcalde actual y del concejal acusado. Eso sí lo sabía, pero no sabía nada más". Sin embargo, la alianza de Folgueral con el partido de Álvarez, Independientes Agrupados de Ponferrada (IAP) se anunció el 25 de febrero y desde entonces la noticia dio vueltas en los medios. 

Igualdad "por encima de cualquier interés orgánico"

Mientras, en la ciudad berciana, se oficializaba este sábado la salida de Álvarez del Consistorio. El edil presentó su dimisión en el registro del Ayuntamiento a las 10.30 horas –hora y media antes de lo previsto–, tras lo que advirtió de presuntas irregularidades "a dedo" y "sin guardar la normativa" hechas por el Gobierno saliente, el de Carlos López Riesco (PP). Álvarez, regidor de la localidad cuando estalló el caso Nevenka, señaló que su salida era "necesaria" para dar un "impulso" a Ponferrada. 

Este sábado también se han ido produciendo más reacciones. El más duro, José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE. La igualdad, subrayó desde Sevilla, "ha de estar por encima de cualquier interés orgánico o partidario", ya que es un derecho "fundamental, no disponible ni negociable". Griñán, además, entregaba uno de los Premios Clara Campoamor 2013 por la Igualdad al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Trinidad Jiménez, secretaria federal de Política Social y una de las mujeres de confianza de Rubalcaba, reconoció la equivocación pero añadió que su partido ha "rectificado" de forma "honesta". Y el exministro Ramón Jáuregui tachó de "injustificable" lo ocurrido, porque "personas así no pueden acompañar una moción de censura", informa EP. 

Esteban González Pons se encargó de encabezar la crítica desde el PP. Para el vicesecretario general de Estudios y Programas, lo acaecido en Ponferrada, "presentar una moción de censura con el apoyo de un maltratador en el Día de la Mujer", es un ejemplo "de no enterarse de lo que pasa en la calle". 

La indignación chorreaba dentro y fuera del PSOE en los últimos días. Concretamente, desde el 25 de febrero, cuando los socialistas de la localidad leonesa, encabezados por Samuel Folgueral, anunciaron una alianza con Ismael Álvarez, líder de Independientes Agrupados de Ponferrada (IAP), para tumbar al alcalde, Carlos López Riesco, del PP. La polémica no podía ser gratuita, ya que Álvarez fue condenado por acoso sexual en 2002 por el caso Nevenka cuando era regidor de la ciudad. 

La entente provocó un profundo resquemor interno. Pero Ferraz, la dirección federal del partido comandada por Rubalcaba, no intentó romperla, ni paralizar la moción de censura. Es más, este viernes, 8 de marzo, Día de la Mujer –fecha simbólica donde las haya–, y una vez consumada la caída de López Riesco, el número tres celebró la noticia. "Hoy hay un acosador menos en política", dijo Óscar López. La secretaria federal de Igualdad, Purificación Causapié, se agarraba mientras a que el PP había estado gobernando siete años con el aval de Álvarez y que en todo caso su formación había puesto por delante su dimisión. La única pega que veía era que habría sido "preferible" haber forzado la salida del acosador antes de la votación en el pleno municipal. En suma, la dirección federal mostraba a las claras que ofrecía todo cobijo a la maniobra de los suyos en la ciudad berciana.

Pero cuando López habló ya sabía de la marejada interior en el PSOE. Ya sabía que militantes de León habían firmado un manifiesto para protestar contra la moción. Además, públicamente había expresado su disconformidad en Twitter la exministra Carme Chacón. Por si fuera poco, Amparo Rubiales, presidenta de la poderosa federación andaluza, y Susana Díaz, consejera de Presidencia de la Junta y mano derecha de José Antonio Griñán, subrayaron su mayúsculo enfado en la misma red social. Por su parte, el vicesecretario general del PSOE andaluz  El vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez, incidía en que el Gobierno de Ponferrada "no va a merecer la pena" por estar "manchado" por la sombra del acoso sexual. 

A las 19.50 horas, seis horas y media después del derrocamiento de López Riesco y del ascenso de Folgueral, el PSOE emitía un escueto comunicado con el que pretendía frenar la controversia. El secretario general, decía la nota, "ha ordenado rectificar la decisión de la moción de censura de Ponferrada". Y añadía: "El secretario general no comparte cómo se han hecho las cosas y ha ordenado que el alcalde elegido hoy renuncie para que sólo una vez que Ismael Álvarez haya presentado su dimisión y haya abandonado la política se pueda volver a retomar la elección de alcalde". 

El PP denuncia "falta de autoridad" de Rubalcaba

El problema es que Álvarez era líder de IAP y concejal cuando los socialistas ponferradinos pactaron derrocar a López Riesco y cuando se consumó su destronamiento. Y Ferraz no detuvo el movimiento. El exregidor condenado por el caso Nevenka prometió dejar su acta de edil una vez Folgueral ganase la alcaldía. Este viernes precisó que lo haría mañana mismo. 

La exigencia de Rubalcaba no es tal, sin embargo, ya que como líder del PSOE no tiene potestad para obligar a un cargo público del partido a presentar su renuncia. Poco tiempo después, se comprobó: la federación leonesa emitió un comunicado en el que no pronunció la palabra "renuncia" ni "dimisión" de Folgueral, informa EP. Simplemente aseguró que el partido gobernará de aquí al final de legislatura con el voto del nuevo concejal sustituto de Álvarez –el exatleta Sergio Gallardo–, dado que este presentará su baja mañana en el Ayuntamiento berciano. Así, será este nuevo edil y los cuatro de IAP los que se sumarán a los ocho del PSOE. Una decisión, remachaba la nocha, que cumple con las directrices de Ferraz.

El rizo se rizó aún más a última hora de la noche de este viernes. En una entrevista en la cadena Ser, López afirmó que "sólo lo conocía" él dentro de la dirección del partido cómo iba a desarrollarse la moción, en calidad de secretario de Organización, y asumió como "muy mala decisión" y un "error personal" suyo no haber exigido la renuncia de Álvarez a su acta de concejal antes del pleno. Según relató, la agrupación local se puso en contacto con él para informarle de la situación y que entonces indicó, como única condición, que el exregidor dimitiera. No dijo cuándo. "El orden de los factores sí que importa", admitió. Cuando creció la polémica, Rubalcaba le llamó para trasladarle que era "un grave error que había que resolver". "Pido disculpas a quien se haya sentido ofendido", acabó, para finalmente comprometerse a buscar "una solución" a partir de este sábado. 

El PP condenó enseguida la marcha atrás de los socialistas. El secretario general de los conservadores castellanoleoneses, Alfonso Fernández Mañueco, achacó el anuncio a una "falta de autoridad clamorosa" de Rubalcaba e incluso la "falta de sensibilidad" del partido al proceder al destronamiento de López Riesco el Día de la Mujer, informa Europa Press. 

La decisión causó estupor en parte del PSOE y la lógica irritación en el Gobierno central, el PP y en Izquierda Unida. De todos, la vicepresidenta del Ejecutivo fue la que se pronunció con más cautelas. Soraya Sáenz de Santamaría recordó que hay delitos "de naturaleza intolerable", como el del acoso sexual, a los que se debe dar "el trato adecuado", por lo que "todos" los partidos deben tenerlo presente. No opinó en concreto sobre la moción de censura en el municipio leonés: "Cada uno tendrá que dar cuenta y explicaciones de por qué toma determinadas decisiones", informa Europa Press. 

Más sangre hizo Rafael Hernando. Para hilar su crítica se agarró primero a las declaraciones que, horas antes de la moción, hiciera la número dos de Alfredo Pérez Rubalcaba. "La derecha española nunca ha movido un dedo por el conjunto de las mujeres, nunca. La derecha española, eterna aliada de la Iglesia católica más conservadora, es una losa que pesa sobre los hombros de las mujeres y sobre la desigualdad que sufren", subrayó Elena Valenciano en un acto en Ferraz con motivo del Día de la Mujer. 

Hernando, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, dio la vuelta a esas palabras: "A Valenciano –denunció– lo que le molan son los dedos de los condenados por acoso sexual, si le sirven para conseguir el poder como en Ponferrada". 

De "ejemplo denigrante para la democracia" lo calificó José María González, coordinador de IU en Castilla y León. Y rotuló así el pacto porque en él participó el "único exalcalde condenado por una situación de acoso sexual y de violencia de género". A su juicio, el horizonte que se dibuja con el nuevo Gobierno no será mejor, ya que la ciudadanía tomará la moción "como ejemplo del desprestigio en el que cae habitualmente la clase política debido a la corrupción".

El líder regional de la federación se detuvo en el hecho de que se haya producido la caída del alcalde conservador justo en el Día de la Mujer y que justo protagonice el acuerdo el PSOE, "un partido que se tilda de progresista y que es socioliberal" y que "teoriza sobre el derecho de la mujer". González dudó asimismo de que se vaya a hacer políticas de izquierdas con IAP –Independientes Agrupados de Ponferrada, el partido de Álvarez–, porque "sólo las hace donde está condicionado por IU", caso de Segovia, Miranda de Ebro (Burgos) y Medina del Campo (Valladolid), informa EP. 

Pero la polémica reside en la identidad de los protagonistas, ya que el líder de IAP es Ismael Álvarez, el exalcalde ponferradino del PP que en 2002 tuvo que dimitir de su cargo tras ser condenado por acoso sexual a la concejala Nevenka Fernández. Folgueral y su hoy aliado político han venido subrayando la dejadez de López Riesco.

El caso Nevenka saltó en 2001 cuando el entonces alcalde del PP fue denunciado por su concejal. Un año después, tras meses cosechando críticas del PSOE y apoyos desde el PP, el regidor fue condenado y dimitió pero, cumplida la pena, volvió a la política en 2011 al frente de IAP. Álvarez anunció que renunciaría a su acta de edil en cuanto se produjera el relevo en la alcaldía, lo que llevaría aparejado su cese como consejero del Consejo Comarcal del Bierzo. "Que nadie tenga la menor duda de que yo he venido aquí para 'quítate tú que me pongo yo' o con ambiciones políticas de tipo personal", había justificado el exregidor. El PP ha insistido en que aunque Álvarez se vaya, será él quien controle el Ayuntamiento desde la sombra.

Carme Chacón: "Es insoportable"

La alianza del PSOE con Álvarez ha provocado un profundo malestar en el PSOE que ha llegado incluso a las alturas del partido. Este viernes mismo la exministra Carme Chacón escribía en su cuenta de Twitter: "Es insoportable como socialista que cualquier día, pero sobre todo hoy, vayamos a gobernar Ponferrada por el voto de un acosador sexual. Yo, contraria".

También la diputada socialista por Madrid Ángeles Álvarez, una de las portavoces del grupo en la Comisión de Igualdad, dejó claro en Twitter que el regidor del caso Nevenka le "repele". "Políticamente mujeres del PSOE hemos dicho NO a un gobierno con este señor en el Ayuntamiento", subrayó la parlamentaria. Ahora bien, añadió que una de las consecuencias de la votación de este viernes puede ser que Álvarez deje su escaño. "Si se consigue que un tipo de anda por allí deje el Ayuntamiento, yo quizás lo célebre. Esperaré a ver que pasa", escribió.

Más de 350 militantes del PSOE de la provincia de León han suscrito un manifiesto en contra de la moción de censura. Los firmantes han recordado que los principios fundamentales, base de la ideología del partido, sobre los que debe erigirse toda la acción política han sido, a lo largo de su historia, la igualdad entre géneros y la defensa por la dignidad de las víctimas, "fuera cual fuera el delito". "La lucha contra la violencia de género, en todas sus formas, ha de entenderse como una batalla más en el compromiso con las víctimas y los colectivos más vulnerables", ha concretado los firmantes socialistas en un comunicado de prensa remitido a Europa Press.

Por ello, desde el compromiso ideológico y desde la coherencia y lucha por los principios del PSOE, han confirmado que no pueden "ni compartir ni tolerar impasibles comportamientos como los desarrollados en las últimas jornadas por algunos representantes públicos" y han hecho referencia a la colaboración de los concejales socialistas de Ponferrada con condenados de delitos "que menoscaban la dignidad de las personas".