El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Antonio del Moral ha dictado este viernes auto de apertura de juicio oral contra el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez por presuntos delitos de atentado a agentes de la autoridad y leve de lesiones a un policía, al que supuestamente pateó durante una protesta en La Laguna (Tenerife) en 2014. Ahora se abre un plazo de diez días para que presente su escrito de defensa, según informa Europa Press.

El auto, último trámite legal antes de fijar la fecha para sentarle en el banquillo, recuerda que la Fiscalía presentó el pasado 7 de mayo escrito de acusación interesando una pena de 6 meses de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo por el tiempo de condena y multa de 180 euros.

Los hechos que se le se habrían producido en La Laguna (Tenerife) el 25 de enero de 2014 con motivo de un acto al que estaba prevista la asistencia del entonces ministro de Educación José Ignacio Wert, y en el que se produjo un enfrentamiento entre manifestantes y agentes de Policía que se encargaban de la protección de autoridades.

Según la Fiscalía, en el curso de ese incidente Alberto Rodríguez propinó una patada a un policía ocasionándole una contusión en la rodilla izquierda. El instructor señala en su auto que esos hechos, "en una valoración provisional", pudieran ser constitutivos de los delitos de atentado a agentes de la autoridad y lesiones leves, existiendo indicios contra el acusado que excluyen la procedencia de un sobreseimiento en este momento, debiéndose acordar la apertura de juicio oral para su enjuiciamiento.

Fianza de 350 euros

Asimismo, fija una fianza de 350 euros para asegurar la responsabilidad civil solicitada por la Fiscalía sin que proceda adoptar ninguna otra medida cautelar. Contra el auto de apertura de juicio oral, según indica el instructor, no cabe recurso alguno.

Según el relato del Ministerio Público, unas 500 personas se reunieron tras el vallado trenzado próximo a la Catedral y protegido por efectivos policiales y comenzaron a gritar: "perros, hijos de puta", "quitaos de en medio, dejad a Wert en nuestras manos".

En un momento dado una mujer, auxiliada por otras personas, comenzó a cortar los lazos que aseguraban la valla, llegando a dejarla pasar por su edad, pero al negarse los Agentes a que accediera al interior del templo, volvió al otro lado del vallado, momento en el que el grupo, que había aumentado en unas doscientas personas, comenzó a lanzar a los policías diversos objetos, como piedras, botellas de agua y tomates.

En este contexto sitúa el fiscal a Rodríguez, a quien se acusa de propinar una patada a un policía que a consecuencia de la misma, sufrió una contusión en la rodilla izquierda, requiriendo asistencia y cinco días de recuperación.

Se le atribuye por lo tanto un delito previsto y penado en los artículos 550. 1 y 2 del Código Penal en la regulación dada tal precepto por el Código de 2015, por ser más favorable, y un delito leve de lesiones recogido en el artículo 147.2 del Código Penal, y se pide también que asuma las costas procesales.

La defensa del diputado, que aportó un soporte digital con la grabación de algunos momentos seleccionados de la manifestación en que se sitúan los hechos, solicita que se decretase el archivo de la causa acordándose el sobreseimiento libre por no haber quedado suficientemente acreditada la comisión de infracción penal alguna.

Echenique defiende que "no hay ni una sola prueba material" para abrir juicio oral contra Rodríguez

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado este viernes que no hay "ni una sola prueba material" para la apertura de juicio oral contra el diputado y ha sostenido que la causa se basa en una "acusación falsa".

Así lo ha trasladado en las redes sociales tras conocer la decisión del magistrado del Tribunal Supremo. "No tienen ni una sola prueba material. Como es normal, porque los hechos nunca ocurrieron. Es una acusación falsa", ha sostenido Echenique para reprochar que el "Poder Judicial secuestrado por el PP" lance "un comunicado público" sobre la resolución "antes de notificar al afectado". "Lo llaman estado de derecho y normalidad democrática", ha zanjado.

Recientemente, Rodríguez anunció que dejará su cargo de secretario de Organización tras dos años ostentando esa responsabilidad orgánica y continuaba con su escaño en el Congreso. En un vídeo difundido en redes, el diputado remarcó que su decisión "no tiene nada que ver con la injusta persecución policial y judicial" que sufre, como mucho de sus compañeros", en alusión a esta causa.

El Pleno del Congreso ha sufrido este jueves un parón de casi tres minutos durante el cual los diputados del PP y Vox daban golpes en sus escaños y gritaban 'libertad' y los del PSOE y Unidas Podemos aplaudían la nueva Ley de Educación, que sustituirá a la conocida como Ley Wert, en referencia al ministro, José Ignacio Wert, que la aprobó cuando el PP tenía mayoría absoluta.

La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha dejado que cada bancada se expresara a su manera, al término del debate del dictamen de la Comisión de Educación sobre la nueva norma. Batet sólo ha pedido silencio al finalizar la intervención de la portavoz socialista, Mari Luz Martínez Seijo, quien ya había caldeado a la bancada conservadora con sus últimas afirmaciones.

La dirigente socialista ha puesto fin a su discurso agradeciendo su actitud a las formaciones que como ERC, PNV y Más País han apoyado la reforma y, a su juicio, "creen en la educación española y en su avance", unas palabras que han soliviantado a los diputados del PP que han empezado a hacer gestos de desaprobación desde sus escaños, ha informado Europa Press.

Con la educación se progresa 

"Con la educación se progresa", ha sentenciado Martínez Seijo antes de volver a su escaño entre los aplausos de los suyos y de sus socios de Gobierno de Unidas Podemos. También aplaudían la ministra de Educación, Isabel Celaá; el titular de Cultura, José Manuel Uribes, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, presente en el hemiciclo porque tenía que presentar un decreto-ley justo después del debate educativo. "Lo hemos vivido con mucha emoción", ha dicho luego la ministra.

En el lado derecho del hemiciclo y en la parte del sector central que ocupa Vox, respondían al júbilo de socialistas y morados puestos en pie y dando gritos de "libertad, libertad". La mayoría de estos diputados, especialmente los del PP, acompañaban sus gritos de golpes en los escaños.

En ese momento no estaba en el Salón de Plenos el presidente del PP, Pablo Casado, que había salido a la Plaza de las Cortes a plasmar su firma contra la Ley Celaá.

Batet ha optado por permitir durante casi tres minutos que PSOE, Unidas Podemos, PP y Vox, expresaran con estos gestos y gritos su parecer ante el avance de la nueva Ley de Educación y no ha hecho comentario alguno ante lo que se estaba viviendo en el hemiciclo.

Y cuando los gritos y aplausos han cesado, después de los tres minutos de escenificación, se ha limitado a decir: "Continuamos con el punto correspondiente".

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Antonio del Moral ha citado para el próximo 20 de octubre a las 11.00 horas al diputado de Unidas Podemos y secretario de organización de la formación morada, Alberto Rodríguez, en calidad de investigado para que preste declaración voluntaria en relación con la causa en la que investiga un presunto delito de atentado contra agentes de autoridad.

La Sala de lo Penal del Supremo acordó abrir causa al diputado de Unidas Podemos después de que el juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de la Laguna enviase testimonio de un procedimiento abreviado seguido contra él, entre otros, en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones, según recoge Europa Press.

Sobre estos hechos el Ministerio fiscal había presentado escrito de acusación contra Alberto Rodríguez al considerarlo autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, y había solicitado la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta.

El juzgado de instrucción había acordado la apertura del juicio oral contra él por hechos presuntamente constitutivos del citado delito, pero al acreditar su condición de diputado, acordó la nulidad parcial de dicho auto en la parte que se refería al aforado.

Protesta por la Ley Wert

Lo hechos a investigar, según la Fiscalía, se remontan a 2014, cuando Rodríguez participaba en una protesta contra la LOMCE organizada coincidiendo con la visita a La Laguna (Tenerife) del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert, que iba a participar en la inauguración de la catedral.

Según los atestados la manifestación derivó en insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, por lo que algunos agentes resultaron agredidos. Rodríguez se encontraría en un grupo de personas que habrían participado en agresiones, como pancartazos y puñetazos, y su participación exacta en estos delitos deberá ser aclarada ahora por el Supremo.

Respecto a este mismo diputado, el Tribunal Supremo abrió una causa en 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre de 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.

Iglesias muestra su apoyo: "Ni un paso atrás hermano"

El líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha lanzado un mensaje de apoyo en redes a Alberto Rodríguez. "Ni un paso atrás hermano", ha señalado Iglesias en Twitter con un comentario en el que adjunta una foto del propio Alberto Rodríguez y también una cita del personaje de ficción Jimmy McNulty de la serie The Wire: "Pueden masticarte, pero tendrán que escupirte".

Recientemente, el propio Rodríguez se mostró convencido en que esta causa abierta en el Supremo "quedará en nada" y aseguró que si su delito fue acudir a una manifestación para "luchar por la educación pública", lo "repetirá todas las veces que haga falta".

"Si somos capaces de superar el ruido, podremos llegar a acuerdos". Lo decía la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, hace poco más de tres meses. Justo después de que el Consejo de Ministros diera luz verde –por segunda vez– a la norma que lleva su apellido, la octava ley educativa. "Nosotros ponemos un texto encima de la mesa para poder llegar a un pacto de estado, para poder llegar a un acuerdo. Y esto lo digo genuinamente. Es mucho más fácil trabajar con un texto escrito que no sobre una lámina en blanco. Hemos tenido año y medio de una subcomisión del pacto que ha trabajado con 83 o más ponencias y de ella no salió nada. La lámina en blanco no es lo más interesante para llegar a acuerdos", añadía la ministra en conversación con Àngels Barceló, en la Cadena Ser. Este miércoles, el texto llega al Congreso sin que las pretensiones de la ministra se hayan podido hacer realidad. Lo hace lastrado por tres enmiendas a la totalidad, presentadas por Ciudadanos, Partido Popular y Vox. El rechazo frontal de la derecha impide que la ley alcance un consenso hasta ahora inédito en cuanto a leyes educativas.

La Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe) propone cambios de peso en el sistema, como que la asignatura de Religión sea de oferta obligatoria pero voluntaria y sin materia alternativa; la inclusión de medidas específicas para limitar la repetición y la recuperación de una asignatura que verse en torno a valores éticos. La norma velará asimismo para "evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza", un fenómeno vinculado a las prácticas selectivas de la escuela concertada, asentada en la "demanda social" como criterio rector de la planificación educativa. Unidas Podemos prepara enmiendas para evitar sostener con fondos públicos a los centros que segreguen por razón de sexo, un extremo contenido en el acuerdo de coalición. Por otro lado, la distribución de competencias será de entre el 55% y el 65% al Estado en todas las etapas, mientras que el uso de las lenguas cooficiales será potestad de las comunidades. En cuanto a financiación, la norma propone un pacto para blindar un suelo de inversión educativa del 5% del PIB.

María Luz Martínez Seijo, diputada y portavoz de Educación del PSOE, lamenta que "a la vista de las enmiendas hay tres grupos que no han visto la ley como principio de consenso". El documento, defiende, "parte de una realidad, de un diagnóstico muy claro y de una demanda de la comunidad educativa hacia un nuevo modelo". Por tanto, abunda, "sería deseable y obligado llegar a un acuerdo y alcanzar un consenso". El fondo de la ley, esgrime, "no debería presentar ningún problema para ningún grupo parlamentario" porque responde a "los retos que se plantean también por parte de otros países europeos". Pero además recoge el guante de la subcomisión que terminó fracasando en mayo de 2018: el texto tiene en cuenta "el diagnóstico de los expertos", expresado en las 83 comparecencias que se celebraron entonces.

"Se trata de partir de un documento, que los demás grupos ven con buenos ojos", continúa la parlamentaria, quien rechaza disputas en torno a la religión o a la educación concertada. Quienes se parapetan en tales elementos, subraya, "miran más hacia el pasado que hacia el futuro" porque no existen "criterios educativos ni pedagógicos sólidos para fundamentar un rechazo".

Este lunes, la ministra se refirió a la enmienda del partido naranja. En declaraciones a Radio Nacional de España (RNE), sostuvo que "sería un buen gesto" por su parte retirar la enmienda e insistió en que "siempre hay posibilidades de seguir trabajando". Fuentes de la formación manifiestan a preguntas de este medio que la crisis sanitaria debería ser motivo para prorrogar la tramitación de la ley. "Creemos que, ni por fondo ni por forma, es conveniente que salga adelante". Los de Inés Arrimadas apelan además a la vuelta a las aulas como prioridad en materia educativa, mientras que en relación al texto normativo censuran que "relega a la escuela concertada a un papel de mera subsidiaria" o que no blinda "el derecho a recibir educación en español". Sí creen importante, no obstante, dar pasos hacia un pacto por la educación, "dialogado y consensuado entre todas las fuerzas políticas y profesionales de la sociedad civil". Las mismas fuentes aseveran que "no podemos tener una ley educativa pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones", algo que al margen de la crisis sanitaria "todo el mundo debería tener claro".

Enmiendas parciales y búsqueda de consenso

Este miércoles, los grupos parlamentarios debatirán las enmiendas a la totalidad y parece que la posición generalizada no comulga con la de los grupos conservadores.

Fuentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) confirman su voto en contra a las enmiendas y señalan su voluntad por seguir conversando con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para "garantizar que no se invadirán competencias". En ese sentido, los catalanes defienden las ventajas de un pacto educativo, al que no se oponen "siempre que se haga desde el respeto al marco competencial catalán y al modelo de escuela catalana". Los pactos educativos, subrayan, "se deben abordar desde las instituciones que gestionan la educación", pero lo cierto es que, a día de hoy, no ven "viable un pacto de estas características".

También el Partido Nacionalista Vasco (PNV) recalca su voto en contra, en lo relativo a las enmiendas. "Históricamente, en relación a las leyes educativas o los intentos de pactos de estado, nuestra posición ha sido siempre la de defender la competencia exclusiva en materia educativa que ostenta la comunidad autónoma vasca, y por tanto no permitiremos ninguna injerencia en lo que es un ámbito de actuación de la comunidad", recalcan fuentes del grupo parlamentario.

Otras fuerzas políticas, como EH Bildu o Más País, confirman igualmente su oposición a las enmiendas de la derecha. Lo que no significa que ellos no vayan a realizar sus propias sugerencias. "Enmienden ustedes y mejoren el texto", animaba la propia ministra en la entrevista de marzo.

Bel Pozueta, diputada navarra de EH Bildu, explica a infoLibre que los ánimos por parte de su formación están encaminados a "llegar a consensos", precisamente para ser capaces de construir una ley que "dure décadas". Aunque votará en contra de las enmiendas a la totalidad, su partido sí ha preparado un centenar de correcciones para rectificar "el planteamiento totalmente recentralizador" de la norma. Es necesario, a su juicio, que "cada comunidad pueda desarrollar sus competencias en educación" y no permitir que las comunidades "tengan que gestionar lo que desde Madrid se decide". Además, Pozueta defiende una escuela "feminista, laica y pública", donde sí percibe más posibilidades de consenso con los socialistas.

Para la diputada navarra, la "dificultad de base es que no se ha dado posibilidad de participación a la comunidad educativa", de manera que el diálogo "empieza cojo". "Para llegar a consensos hay que saber escuchar, que tanto los grupos como la comunidad educativa hablen", subraya la parlamentaria.

Sobre enmiendas parciales al articulado trabaja también el grupo de Inés Sabanés, Más País-Equo. "Vamos a votar en contra de todas las enmiendas a la totalidad, porque entendemos que efectivamente todos los intentos de alcanzar grandes consensos han sido fallidos", explica la diputada a este diario. "Después de muchísimos años y mucha leyes, se mantiene un elemento que define para mal nuestro sistema educativo: la desigualdad de oportunidades". La crisis del covid-19 lo ha evidenciado de manera contundente, por lo que se impone la responsabilidad compartida de alcanzar acuerdos.

Sabanés fija la mirada en la tasa de abandono, "que además se ceba con el alumnado con menos recursos económicos". Sólo por corregir esta situación, argumenta, "hay que darle una oportunidad a la ley de educación". Su grupo enmendará la norma para "pactar y resolver lo que puede ser mejorable de la ley".

La parlamentaria explica la imposibilidad, hasta ahora, de alcanzar consensos apelando a que "el papel de la educación en la construcción de país y en la conformación de una ciudadanía crítica" no ha sido lo suficientemente valorado. En consecuencia, "siempre que ha habido recortes ha estado muy afectada la educación". En añadido, reprocha la diputada, "hay posiciones inmensamente encontradas, conflictos de interés y criterios bastante cerrados". En ese contexto, reitera, la confrontación "viene porque muchos grupos no miran tanto al interés general, la igualdad y la importancia de la educación para hacernos mejores ciudadanos". "Ha llegado un punto en el que deberíamos saber que el interés de país pasa por la educación", sentencia y recuerda que "el diagnóstico está hecho, ahora deberíamos tener los elementos para alcanzar un gran acuerdo, especialmente para salir de esta terrible crisis".

Por el lado de Unidas Podemos reconocen su escepticismo. El diputado Joan Mena (En Comú) sostiene que "cuanto más avanzamos en derechos para la mayoría social, más se incrementa el ruido de la derecha". Para Mena, el "primer gran acuerdo por la educación tendría que ser no politizarla, que es lo que ha hecho la derecha en los últimos años" al referirse a cuestiones como el veto parental o la supuesta imposición de las lenguas cooficiales. "Han usado sus mantras ideológicos, que no tienen ningún fundamento, en el terreno educativo", lamenta el parlamentario.

Unidas Podemos ha acordado con el PSOE mantener la ley –cuyos orígenes se asientan exclusivamente en los socialistas– para no ralentizar el trámite parlamentario, a cambio de "presentar enmiendas conjuntas" sobre las que ya se está trabajando y que se encuentran "muy debatidas".

Mena entiende que el problema no está estrictamente en las múltiples leyes educativas – "las leyes tienen que estar al servicio de la sociedad y las necesidades evolucionan"–, sino en que "ninguna de esas leyes se ha hecho con el aval de la comunidad educativa". A partir de ahí, comenta, se hace necesario un "gran acuerdo de financiación", que fue precisamente el motivo por el que los socialistas se levantaron, hace dos años, de la subcomisión que trataba de alcanzar un pacto educativo. Martínez Seijo lo recuerda bien. De aquella subcomisión, relata, apostaría por evitar "el modelo de llegar a acuerdos: o el PP decía que sí o no se acordaba nada".

Tiempo de consensos

"Nosotros llevamos defendiendo la necesidad de un pacto por la educación desde 1995". La rotundidad de la afirmación viene de Maribel Loranca, responsable de Enseñanza de FeSP-UGT. En conversación con infoLibre recuerda con detalle todos los obstáculos que han impedido alcanzar ese gran pacto. "La vez que más cerca se estuvo fue en el año 2010", con el socialista Ángel Gabilondo al frente del Ministerio de Educación. Entonces había acuerdo en una importante cantidad de asuntos sustanciales que llegaron a quedar plasmados por escrito, pero el Partido Popular dio marcha atrás. "Nunca han querido dar explicaciones sobre los motivos, pero había un acuerdo importante de la comunidad educativa, de todos los colores, el acuerdo estaba avanzado", rememora Loranca. Aunque no lo han reconocido en público, los conservadores "ya percibían la situación crítica por motivos de la crisis" y el consiguiente "cambio de gobierno", así que a última hora decidieron no firmar el acuerdo.

La experiencia demuestra que "un pacto global sin el acuerdo de los dos grupos mayoritarios se antoja poco más o menos que imposible", expone la sindicalista. Actualmente, su organización sindical apuesta "firmemente por la tramitación de la ley", porque no sólo es un "compromiso de la coalición de gobierno, sino también de los partidos de la oposición". La Lomce, recuerda, se aprobó en solitario por el PP y "ha sido la ley más contestada por la comunidad educativa en democracia", señala al tiempo que confiesa haber perdido la cuenta de las manifestaciones y huelgas convocadas como respuesta.

Albert Sangrà, catedrático de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), coincide en que la educación es "un elemento fundamental para la transformación de la sociedad y el desarrollo económico de un país". Sin embargo, reprocha, "en lugar de utilizarla con esa misión, se acostumbra a usar como arma arrojadiza entre los distintos grupos políticos". A su entender, el consenso debe orbitar en torno a la idea de que "un sistema educativo estable es bueno para todos". Ahora bien, advierte, "un pacto no tiene que dejar a nadie fuera, porque si no, no será un buen pacto". Debe ser "inclusivo, flexible y con capacidad para la interpretación y la mejora".

La educación debería erguirse como epicentro fundamental del gran consenso político al que ha obligado la crisis del coronavirus, precisamente porque, junto a la sanidad, "son los pilares sobre los que debe construirse el bienestar y el futuro de cualquier sociedad". El covid-19, detalla el catedrático, "ha puesto de manifiesto muchas carencias del sistema sanitario y educativo". En este último, las consecuencias se expresarán "al cabo de unos años, pues la mayoría de efectos de la educación no son de percepción inmediata". Existe el riesgo, por tanto, de que la esfera educativa se quede ahora al margen de los grandes consensos con el riesgo de "estar hipotecando el futuro de nuestras próximas generaciones" y de generar un "ecosistema educativo inestable, donde nadie se siente seguro: ni los docentes, ni las familias, ni la confianza del tejido productivo, ni lo que es peor, los propios alumnos".

A juicio de Loranca, la norma tejida por Isabel Celaá debe ser "el primer paso para abordar una ley básica de educación que sea más ambiciosa" y en ese sentido "un pacto sería deseable", aunque la situación actual y la existencia de tres enmiendas a la totalidad "no presagia que sea posible". Al menos, considera, "sí sería positivo que en determinados puntos sustanciales hubiera acuerdo", tarea para la que se requiere de elementos clave, como una financiación garantista, pero también de la voluntad de todas las partes.

Empieza el nuevo curso académico y seguimos instalados en un interminable limbo. Funcionando en las enseñanzas no universitarias con un marco legal –la Lomce, también conocida como ley Wert–que está como en suspenso, pero medio en vigor, entre contradicciones (el currículum que se lee en el BOE para la asignatura de historia de la filosofía de segundo de bachillerato no se puede impartir con la recortada asignación horaria que se le otorga) y despropósitos (hay asignaturas optativas la mar de interesantes que no se imparten por no alcanzar el mínimo de alumnado estipulado, pero la religión católica hay que impartirla cueste lo que cueste). En este contexto, cada autoridad educativa de cada una de las autonomías que en este reino nuestro son, hace de su capa un sayo y dicta instrucciones a mansalva y de lo más variado para mejorar lo que no tiene mejora posible y sólo consigue incrementar la confusión.

René Descartes dejó escrito hace casi cuatro siglos en la segunda parte de su Discurso del método que «la multiplicidad de leyes frecuentemente sirve para los vicios de tal forma que un Estado está mejor regido cuando no existen más que unas pocas leyes que son minuciosamente observadas». Más razón que un santo. Si no, que se lo digan a los editores de libros de texto, quienes reunidos hace unos días con la ministra de Educación, Isabel Celaá, se quejaban amargamente de las diferencias tan abismales que existen en los contenidos que los alumnos tienen que estudiar dependiendo de su comunidad autónoma. En un informe reciente de la Asociación Nacional de Libros de Enseñanza (Anele) se denunciaba los mecanismos, cada vez más políticos, para que los libros de texto recojan «lo que quieren (los políticos) y no lo que dice la ciencia». Ahí queda eso.

Con la educación de este país habría que hacer lo que Descartes se propuso con el edificio entero del conocimiento: echarlo abajo por completo y construirlo de nuevas empezando por sus cimientos. Lo mismo cabe aplicar a la institución de la educación en España, llena de remiendos y sufridora de mil y una chapuzas que no hacen sino acrecentar sus achaques. ¿Será esta una manifestación más de esa mediocracia que rige los designios del mundo según el filósofo canadiense Alain Deneault, y que –a su parecer–fomenta al profesor que, independientemente de su valía, no critica el programa educativo? El compañero Andreu Navarra respondería afirmativamente a tenor de la tesis que desarrolla en su libro elocuentemente titulado Devaluación continua y que, en sus propias palabras, se resume así: «La educación actual ha convertido al docente en un monitor de tiempo libre». Como titular de impacto no está nada mal. Habría que leer el libro.

Lo cierto y verdad es que el asunto de la educación –pilar fundamental de toda sociedad que quiera considerarse civilizada–viene siendo tratado desde hace ya demasiado tiempo como la pobre bestia de La vaquilla, la vitriólica y esperpéntica película del genial José Luis García Berlanga. En ella, una enclenque res acaba muriendo víctima de las irracionales porfías entre soldados enfrentados en la Guerra Civil que la quieren por motivos distintos, siendo finalmente devorada por las moscas y gusanos sin poder ser aprovechada ni por unos ni por otros. Enésima prueba irrefutable de que existe esta refriega, más o menos activa pero siempre latente, por el control ideológico de la educación es la orden dada por la Consejería de Educación de Murcia estableciendo la obligatoriedad de pedir permisos expresos a los padres o tutores para actividades de sus hijos en las clases. Sobre lo que pienso a este respecto, léase mi artículo Equidad, meritocracia y educación pública; quede dicho, no obstante, que se trata de una burda tutela de la labor del profesorado, el cual requiere de la confianza de los padres en la institución educativa para desarrollar su trabajo.

Como en Murcia, también en Andalucía tenemos nuestra autonómica panoplia de incontables órdenes, directrices e instrucciones de la más variopinta laya. Quiero detenerme en estas líneas en una de fecha de 27 de junio pasado en la que nos recuerda la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la obligación de ofrecer por parte de los institutos un cierto número de asignaturas en los tres primeros cursos de la educación secundaria obligatoria (ESO). Pongo mi atención en la asignatura de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, asignatura de libre configuración autonómica dotada de dos horas semanales (como la historia de la filosofía, que sólo aparece en segundo de bachillerato). Al recordársenos en la referida instrucción que se trata de una materia «de oferta obligatoria para los centros» se destaca en las observaciones respectivas lo siguiente: «La materia Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial debe ocupar un lugar preponderante porque contribuye a educar ciudadanos emprendedores, capacitados para ser innovadores, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico, asumir riesgos, etc. Las cuales son capacidades muy demandadas en la sociedad actual». Tienen que ser muy demandadas ciertamente y lo consideran de importancia nuestras autoridades educativas («debe ocupar un lugar preponderante») pues en el currículum de la filosofía de 1º de bachillerato se le ha hecho un huequito al emprendimiento y la empresa mediante su inclusión de un bloque de filosofía y economía, en el que la filosofía y la empresa quedan identificadas «como proyecto racional» (orden de 14 de julio de 2016 de la CEJA). Más o menos una década antes, siendo presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la misma asignatura dejó de llamarse por un tiempo «Filosofía» para denominarse «Filosofía y Ciudadanía». Otros tiempos, otro Gobierno, otro sesgo ideológico sobre los planes de estudios.

Debo confesar que mis tres décadas largas en este oficio de la enseñanza me colocan del lado de las tesis de la psicóloga Judith R. Harris, quien en su libro El mito de la educación aplica de forma admirable el escepticismo científico para someter a una muy necesaria cura de humildad a la institución social de la educación, tanto escolar como familiar. Ojalá todos los problemas y necesidades de una sociedad se resolviesen poniendo una asignatura ad hocen todas las escuelas e institutos (ya puestos, ¿por qué no una asignatura llamada «iniciación a la actividad agrícola y de protección del territorio rural» que nos resuelva el grave problema de la así llamada «España vaciada»?). Los que trabajamos en esto –y entiendo que todos los padres y madres realistas y sensatos– sabemos que los jóvenes no son pizarras en blanco sobre las que los educadores imprimimos caracteres indelebles moldeando a placer sus mentes. De lo contrario, debido a mi intensiva y prolongada educación católica, recibida por todos los de mi generación en este país, yo debería ser el más conspicuo devoto parroquiano de comunión diaria. Y les aseguro que no es el caso.

Bertrand Russell iba más lejos en esta visión escéptica sobre la educación –sobre todo, cuando se pone al servicio de ciertos fines políticos–en su magníficos ensayo Las funciones de un maestro, escrito hace más o menos un siglo, pero de una vigencia pasmosa. En él se refiere el filósofo inglés a una asignatura por entonces existente en los Estados Unidos de Norteamérica de nombre «Instrucción cívica» (si es que no hay nada nuevo bajo el sol) de la que habla en los siguientes términos: «Se enseña a los jóvenes una especie de relato modelo sobre cómo se supone que deben conducirse los asuntos públicos, y se les aleja cuidadosamente de todo conocimiento acerca de cómo se conducen en realidad. Cuando los jóvenes crecen y descubren la verdad, el resultado es con frecuencia un completo cinismo en el que se pierden todos los ideales públicos, en cambio, si se les hubiese enseñado la verdad con cuidado y con comentarios adecuados, en una edad más temprana, podrían haberse convertido en hombres capaces de combatir males que, de este modo, aceptan con un encogimiento de hombros».

Una cuestión de fondo nada baladí que subyace a esta necesidad de organizar el conjunto de asignaturas que el alumnado ha de estudiar es la que cabe formular mediante la pregunta ¿qué merece la pena saber?, pregunta que da título a uno de los capítulos del libro Escuelas creativas de Ken Robinson, heterodoxo pedagogo británico que lleva años abogando por un cambio de paradigma en la educación. En efecto, como él lo define en el citado libro, «el plan de estudios es un esquema estructurado de todo aquello que los alumnos deben saber, entender y poder hacer». Es un asunto enormemente controvertido en el ámbito de la política educativa y sujeto a criterios de índole diversa y muy discutible, sujeto siempre a las circunstancias históricas (piénsese solamente en lo que se enseñaba en las scolae medievales y lo que se enseña ahora en nuestras escuelas). Considero, además, que un plan de estudios dice mucho de cuáles son los valores verdaderamente apreciados en una sociedad y momento determinados, qué fines persigue y qué medios son los considerados adecuados para alcanzarlos.

¿Qué nos revela la presencia de la asignatura Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial? Según se infiere de los documentos, incluidas las programaciones didácticas elaboradas por los departamentos de economía de los institutos, cultivar ese espíritu emprendedor que nos lleve a tener más empresarios y empresas que nos permitan ser más competitivos a nivel nacional e internacional, como viene a decirse en una de las programaciones que he consultado. Porque, claro, ¿quién crea empleo? El empresario, esa persona que, contra viento y marea, tiene un sueño preñado de prosperidad para todos y que, a pesar de los riesgos que ha de asumir en solitario, lo realiza para beneficio de la sociedad en su conjunto. El opuesto de esta figura es el funcionario, elemento gregario, anónimo y gris, que no crea riqueza ninguna limitándose a cumplir con una función que le asigna el Estado, el cual aparece en gran número de ocasiones como el leviatán que, lejos de alentar la iniciativa empresarial, la castiga con burocracia desalentadora y cargas fiscales que acaban por ahogarla.

En 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, el economista Ha-Joon Chang nos muestra de forma didáctica que hay ciertas creencias asumidas como verdades sobre la economía de libre mercado por la opinión pública que conviene someter a examen crítico. Entre ellas está el axioma según el cual el espíritu empresarial es el que da aliento al dinamismo económico. Así lo enuncia el profesor Chang: «Si no hay empresarios que busquen nuevas oportunidades de ganar dinero generando nuevos productos y respondiendo a una demanda insatisfecha, no se puede desarrollar la economía. De hecho, uno de los motivos que explican la falta de dinamismo económico en una serie de países que van desde Francia hasta todos los estados del mundo en desarrollo es la falta de iniciativa empresarial».

Si los Estados Unidos de Norteamérica es la gran potencia económica que es, ello se debe a las altas dosis de espíritu emprendedor que bulle en el pecho de sus ciudadanos. En Europa se ve que andamos escasos de eso y así nos va, que no prosperamos. Pero el caso es que, según datos de la OCDE, en los países en vías de desarrollo hay emprendimiento e iniciativa empresarial a espuertas; de hecho, una persona de un país en vías de desarrollo tiene más del doble de posibilidades de ser empresaria que el habitante de un país desarrollado (el 30 por ciento frente al 12,8). Los emprendedores de los países ricos no alcanzan el punto de heroísmo de los de los pobres dado que éstos se enfrentan a problemas constantes derivados de infraestructuras defectuosas, corrupción política crónica, inseguridad galopante, escasez de mano de obra convenientemente formada, etc. El mundo en desarrollo cuenta comparativamente con más espíritu de emprendimiento en cantidad y en calidad, pero no por ello consiguen sus gentes salir de su estado de pobreza. «La iniciativa empresarial se ha convertido –nos explica el profesor Chang–en una actividad colectiva, sobre todo, en el último siglo; por eso la pobreza en organizaciones colectivas se ha erigido en un obstáculo aún mayor al desarrollo económico, y no las deficiencias individuales en cuanto a espíritu emprendedor». No basta con la iniciativa individual y heroica para que un país prospere. Tal visión individualista de la empresa se ha vuelto obsoleta con la evolución del capitalismo. Ahora, un emprendedor tocado por los dioses de la iniciativa empresarial requiere de toda una infraestructura institucional, producto de un esfuerzo colectivo, que sólo puede proporcionar un Estado que funcione para alcanzar ese éxito soñado; instituciones educativas, científicas, tecnológicas, de seguridad, legislativas, etc. Por eso concluye Chang: «Hoy en día, la capacidad colectiva de crear y gestionar organizaciones e instituciones eficaces es mucho más determinante para la prosperidad de un país que el empuje, y aún que el talento, de los individuos que la integran».

Me opongo por completo a cualquier forma de adoctrinamiento en el aula. Por eso considero necesario el máximo escrúpulo a la hora de establecer las asignaturas que conforman la estructura de los planes de estudios de nuestros jóvenes, no sea que a través de ella se nos cuele algún sesgo ideológico. No se trata de compensar adoctrinamientos justificando, por ejemplo, la presencia en las escuelas de la religión ofreciendo como alternativa «valores éticos» (¿para cuándo una escuela pública laica?). La actividad medular en las aulas debiera ser siempre el cultivo del conocimiento (científico o basado en las ciencias) y el librepensamiento. Recelo de esta clase de asignaturas, supuestamente bien intencionadas, a las que pertenecen la educación para la ciudadanía y la iniciativa al emprendimiento por el pecado original que tienen de haber pensado por los alumnos lo que les conviene. Por supuesto que deben conocer los rudimentos de la política que permiten a un ciudadano ejercer su papel de tal responsablemente y claro que deben saber de economía y cómo funcionan las empresas, pero sin abandonar jamás la perspectiva crítica; son ellos y sólo ellos los que por sí mismos han de escoger sus valores, decidir cómo priorizarlos, establecer sus fines vitales y juzgar qué medios son los más apropiados para alcanzarlos.

A todo esto, y dado que se trata de fomentar el espíritu emprendedor de nuestra patria para «dinamizarla», que empiecen nuestros políticos dando ejemplo (no hay mejor recurso educativo que la ejemplaridad) mostrando esas mismas virtudes que quieren para nuestros jóvenes según reza en los objetivos de la susodicha asignatura de la ESO, demostrando su capacidad para ser innovadores, sus competencias de negociación y de pensamiento estratégico, sacándonos a todos de una vez para siempre de este limbo en el que se halla encallada la Educación de nuestro país; ¡sean emprendedores! De lo contrario, –Russell sabiamente advierte–crecerán el cinismo y la merma de los ideales políticos en la ciudadanía. Letal para la democracia de un país (además de para su economía, por supuesto). _____________

José María Agüera Lorente es socio de infoLibre

El exministro José Ignacio Wert asegura que no tuvo "más remedio" que aplicar recortes durante los cuatro años que asumió la cartera de Educación durante el primer gobierno de Mariano Rajoy, entre 2011 y 2015. "No es de buen gusto para nadie", afirma Wert, que atribuye las medidas de contención del gasto a la situación económica que atravesaba España durante aquellos años.

Wert presenta este jueves en Madrid su libro La educación en España. Asignatura pendiente. Un ensayo en el que repasa sus cuatro años al frente del Ministerio de Educación, durante los que impulsó la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), todavía conocida como Ley Wert. Una reforma que, a pesar de contar con el rechazo de toda la oposición en el momento de su aprobación, en 2013, sigue en vigor.

En el libro, Wert ofrece detalles sobre la elaboración de aquella ley y el contexto social y educativo que le acompañó en el Ministerio entre 2011 y 2015. "Es una forma de rendición de cuentas, que es la obligación del cargo público", explica en una entrevista a Europa Press el exministro, que ha trabajado dos años en la preparación de un libro.

Para Wert, en la motivación del libro está "no tanto la vindicación personal como la vindicación del equipo que ha pagado injustamente le clima hostil que se creó entorno a aquella gestión" porque defiende que, a pesar de los errores que admite en las páginas de La educación en España. Asignatura pendiente, su etapa en el Ministerio ha tenido resultados positivos para el sistema educativo.

El exministro reivindica que la reducción del abandono educativo temprano o el aumento del alumnado en la Formación Profesional son consecuencias de la LOMCE,LOMCE una ley que el propio Partido Popular impidió que llegara a aplicarse por completo. Por ejemplo, cuando su sucesor en el Ministerio, Íñigo Méndez de Vigo, suspendió las denominadas reválidas que contemplaba la LOMCE.

"Es lo que me ha provocado más amargura", lamenta Wert, que asegura no ser vengativo. "Tengo por costumbre decretar amnistía general a los que en algún momento me han hecho alguna", añade. Sin embargo, cree que la decisión de Méndez de Vigo "ha tenido efectos realmente muy negativos". "Y me ha dejado un sentimiento personal no grato", apostilla.

'Ley Wert' como "etiqueta denigratoria"

A Wert le molesta que la LOMCE se recuerde como Ley Wert como "etiqueta denigratoria". "No tanto por mi como por la gente que tiene el mismo apellido y no tiene ninguna culpa", asegura. Y lamenta que la reforma educativa quedara asociada, por coincidencia temporal, con los recortes en educación decretados por el gobierno de Rajoy.

"Las medidas de control de gasto que se adoptaron en 2012, que fueron muy contestadas y nadie se esperaba otra cosa, se confundieron con la reforma, se asimilaron al contenido de la reforma de la LOMCE", afirma Wert aludiendo al Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público, que entre otras medidas, impuso el aumento del número de alumnos por aula o la jornada lectiva de los docentes.

Wert asegura que aplicar aquellos recortes fue un mal trago. "Algunas de las cosas que provocaban mayor malestar social son aquellas que tocaban los servicios públicos esenciales. No tengo problema en reconocer que algunas cosas fueron decisiones que no había más remedio que adoptar por el cuadro en el nos encontrábamos y a nadie le gusta adoptarlas", justifica.

El exministro reconoce el mérito de "los operadores del sistema" que "arrimaron el hombro" y "supieron hacer más con menos" para evitar que los recortes, que "fueron importantes en restricción de gasto", tuvieran una repercusión en los resultados de los indicadores educativos internacionales. "Todo mejoró, y en algunos casos mejoró bastante", destaca.

De Celaá no aplaude "ninguna" medida

Por ello, José Ignacio Wert se muestra muy crítico con la reforma educativa que promueve la actual ministra de Educación, Isabel Celaá, que fue consejera de Educación del País Vasco mientras él ostentaba la cartera ministerial, y que ahora pretende derogar la LOMCE por completo.

De hecho, Wert dice no compartir "ninguna" de las medidas planteadas por Celaá. "Es una contrarreforma", proclama, cuestionando propuestas como permitir la titulación de Bachillerato con una asignatura suspensa: "Me parece un oxímoron. Si se da el título al que ha alcanzado los objetivos y también a quien no ha alcanzado los objetivos, entiendo que es devaluar el título".

El exministro del PP asegura que habría admitido una reforma educativa que eliminara aspectos de la LOMCE con "carga ideológica" como la asignatura de Religión o los criterios de la educación concertada. "Lo que no entiendo es la congelación de una norma simplemente por quién la ha hecho", sentencia. Sin embargo, no ahonda en las críticas a Celaá porque "el ramo de ministro de Educación lleva consigo tanto sufrimiento aparejado que debería existir un mínimo de solidaridad de cuerpo", sentencia.

El porcentaje de alumnos españoles que abandona los estudios tras la etapa obligatoria, es decir, la tasa de abandono educativo temprano, se ha consolidado tradicionalmente como uno de los problemas que más miradas acaparan dentro la esfera educativa. Si bien la tasa de abandono escolar ha ido experimentando un descenso progresivo en la última década –hasta alcanzar una caída del 43,5% entre 2008 y 2018–, lo cierto es que España se mantiene como el segundo país de la UE con peores cifras.

En una entrevista concedida al diario El País, la actual ministra de Educación, Isabel Celaá, afirmó que la Lomce "agravó el índice de abandono escolar temprano. Implantó los itinerarios para los alumnos de la ESO, lo que supuso dividir a los alumnos en función de sus resultados académicos a los 13 o los 14 años, una discriminación a una edad temprana en la que todavía no saben a qué se quieren dedicar. Para los repetidores sin visos de aprobar, crearon el programa de Formación Profesional Básica, que directamente los situaba en tierra de nadie. Buena parte de esa formación se convertía en abandono escolar". El exministro de Educación José Ignacio Wert enseguida respondió y tachó la afirmación de "absoluta y radicalmente contraria a la verdad". El índice de abandono escolar temprano, añadió, "era en 2011 del 26,3% y en 2015 se había reducido al 20,0%, es decir, disminuyó en términos relativos un 24%", de manera que "jamás se ha producido en nuestra historia una mejora de esa magnitud en ese indicador y por tanto una reducción tan importante de la mayor inequidad de nuestro sistema educativo".

Lo cierto es que el descenso que aprecia el exministro se corresponde con la realidad que reflejan los datos oficiales. Pero la bajada no es exclusiva del gobierno de los conservadores. Según la Encuesta de la Población Activa (EPA), el descenso es progresivo desde el año 2008, cuando la tasa de abandono educativo temprano alcanzaba el 31,7%. Desde entonces, el porcentaje ha experimentado una caída continuada hasta situarse en el 17,9% registrado en 2018.

Saturnino Martínez es profesor de Equidad y Educación en la Universidad de La Laguna y especialista en materia educativa. En conversación con infoLibre, explica que la ley impulsada por Ignacio Wert "comienza a tener efectos en el curso 2014 y la bajada de abandono se produce ya en 2008", de manera que "intentar atribuirse el mérito de una inercia histórica que venía de años antes" resulta "poco serio". Y sin embargo, la evidente bajada tampoco invita a celebraciones. "Hay que aclarar que somos uno de los países con mayor tasa de abandono", recuerda Martínez, lo que "no quita que seamos también el país que más rápido está bajando". Si bien las cifras continúan cada año marcando valores mínimos en la serie histórica –aunque el descenso es cada vez menos acusado–, los resultados todavía se alejan de la media europea. Al menos así ha sido año a año hasta 2017, con un 18,3% de abandono escolar entre el alumnado español, frente al 10,6% europeo. En 2017 España fue el segundo país con mayor tasa de abandono escolar, sólo por detrás de Malta.

Para el experto, aquello que fundamentalmente "ha llevado a la gente a las aulas es la cuestión del paro juvenil", de modo que el argumento "no es educativo, sino laboral". Es ése "el principal factor que explica la reducción desde 2008, no es una cuestión legislativa". Con él coincide Maribel Loranca, responsable de Enseñanza en UGT, quien entiende que, teniendo en cuenta el modelo productivo español, los jóvenes sin formación han tenido tradicionalmente facilidad para encontrar "trabajo no muy bien pagado". Pero con la llegada de la crisis económica "el acceso no era tan sencillo", lo que provocó "la vuelta de las personas que habían abandonado el sistema" y entendían que incorporarse al mercado laboral pasaba por reforzar su base formativa.

Francisco García, secretario general de Enseñanza en CCOO, opina igualmente que la reducción del abandono educativo temprano, "como no está anclada en políticas activas que retengan a los alumnos en el sistema educativo, está más bien vinculada a la evolución del ciclo económico". De esta manera, cuando es recesivo y los alumnos "no encuentran trabajo fácilmente, tienden a permanecer más tiempo en el sistema educativo que cuando llega una situación de bonanza económica", momento en el que "el mercado laboral atrae a jóvenes con poca formación que abandonan los estudios".

Además del ciclo económico y el escenario laboral, Saturnino Martínez observa también que "desde 2010 hasta el año pasado el descenso de inversión por estudiante ha sido cerca de un 25%". La conclusión es que "a más paro juvenil, menos abandono; y a más reducción de la inversión por estudiante, más abandono". Analíticamente, agrega, "uno puede separar los dos fenómenos", pero lo cierto es que "si no hubiese habido recortes, la reducción del abandono todavía hubiera sido más intensa".

El efecto de las leyes

Pero la caída del abandono escolar no es ajena a las políticas públicas. "Ha habido una reducción del abandono educativo temprano fruto de un artificio contable, que es que los egresados de la Formación Profesional Básica después de la Lomce pasaron a tener un título equiparable al nivel de Educación Secundaria Postobligatoria", recuerda García. Eso supuso, en consecuencia, "una reducción un tanto artificial porque se empezó a contar una cosa que antes no se contaba".

También Martínez menciona la FP Básica y recalca asimismo que "el sistema educativo está mal diseñado porque expulsa a la gente". No obstante, recuerda que la Lomce sí puso algunos parches. "Con la Loe y la Logse si los alumnos no tenían el título de ESO no podían seguir estudiando" y además, otro de los problemas que "quedó resuelto con la Lomce es que hasta ese momento de la FP de grado medio no se podía pasar a la FP de grado superior, lo que la hacía poco atractiva porque era un callejón sin salida". Son, reconoce Martínez, "algunos elementos positivos que había aportado la Lomce".

El anteproyecto de ley sobre el que el Gobierno y la comunidad educativa llevan trabajando meses, conocido también como Ley Celaá, fue aprobado en el Consejo de Ministros el pasado viernes 15 de febrero. Sin embargo, la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril ha truncado la que fue la principal apuesta en materia educativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los sindicalistas consultados, que han sido partícipes del proceso de elaboración de la nueva norma, creen que carece de sentido discutir las aristas de un proyecto cuyas posibilidades de salir adelante se han esfumado. Pese a ello, sí recuerdan la importancia de desarrollar "políticas educativas que tiendan a anclar a los jóvenes en el sistema durante más tiempo", mejorando de esta manera las medidas de apoyo, limitando las repeticiones o reforzando "la Formación Profesional, un instrumento de primera magnitud para que los jóvenes se inserten en el mercado laboral".

Género y nacionalidad

La tasa de abandono escolar muestra además importantes diferencias entre el alumnado. En el año 2018 se registró un abismo entre el dato relativo a los hombres y el de las mujeres: ellos abandonaron los estudios en un 21,7% de los casos y ellas en un 14%. El motivo es el práctico estancamiento masculino, que tan sólo disminuyó 0,1 puntos respecto al año anterior, frente a la disminución de 0,5 puntos que experimentaron ellas. Por contra, una perspectiva general revela que desde 2008 el abandono masculino es mayor, 16,3 puntos, que el femenino, 11,1 puntos.

Para Martínez, una posible explicación tendría que ver con que "las decisiones a las que se enfrentan chicos y chicas no son las mismas". Por un lado, expone, los varones sin estudios "tienen más posibilidades de encontrar empleo con una remuneración mayor que las chicas sin estudios". Por otro lado, "a nivel intuitivo, un chico que deja de estudiar normalmente no tiene presión para hacerse cargo de responsabilidades familiares, mientras que una chica sí". Por ello, advierte el experto, lo que las mujeres consiguen entrando en el sistema educativo son dos cuestiones: "Mejorar sus perspectivas de empleo porque sin estudios no tienen acceso al mercado de trabajo, y la otra es que mientras estudian se protegen de hacer trabajo de cuidados y doméstico no remunerado".

Por nacionalidad, el porcentaje de abandono entre la población extranjera supera con creces al de la población española. Era así en 2008 –28,7% de abandono entre españoles, 47,6% entre extranjeros– y continúa siendo así en 2018: los españoles abandonan los estudios en un 15,3% de los casos, mientras que los alumnos extranjeros lo hacen en un 35,1%. La población extranjera, de hecho, rompió con la tendencia a la baja en el año 2016, ya que el abandono alcanzó un 37,6% frente al 36,9% del año 2015. Previamente también había experimentado un leve ascenso entre los años 2013 y 2014, pasando del 41,3% al 41,6%.

En este sentido tanto Maribel Loranca como Francisco García entienden que el contexto socioeconómico y cultural en que se mueve el alumno, unido a los recortes en la educación compensatoria, explican la alta tasa de abandono escolar del estudiantado extranjero.

Martínez, no obstante, advierte que "en términos educativos no existen los extranjeros", porque los países de los que provienen son diversos y sus características bien distintas. "A efectos educativos lo importante es el nivel cultural del país del que vienen", explica, pero también afecta el tiempo que lleven esos alumnos en el sistema educativo español. "El abandono se mide entre los 18 y 24 años, si el alumnos lleva a los 19, ese abandono no es responsabilidad de nuestro sistema educativo", ilustra. Finalmente, es importante en este escenario examinar el origen socioeconómico, además de la "intención del proyecto migratorio" del estudiante, factores que tienen a juicio del experto mayor poder explicativo.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha comprometido, este martes, a garantizar que el castellano sea lengua vehicular de todos los colegios públicos y concertados del país si su partido llega al Gobierno tras las elecciones del 28 de abril, informa Europa Press.

"Si nosotros gobernamos, el español va a ser la lengua vehicular en todos los colegios de España y a quien no le guste, que se aguante, porque es lo que dice la ConstituciónConstitución", ha declarado Rivera en el Congreso, durante la reunión del grupo parlamentario de Ciudadanos.

Pese a que la educación está transferida a las comunidades autónomas, Rivera ha insistido en que su apuesta por el castellano se extenderá en "todas las escuelas públicas y concertadas. "Mi compromiso, y nuestro programa electoral lo dirá bien claro", ha proclamado ante sus diputados.

En su intervención, el líder 'naranja' ha explicado que España tiene "la suerte" de tener lenguas cooficiales, pero, a su juicio, las familias no deberían escoger entre éstas y "la lengua común". En este sentido, ha destacado el derecho de los ciudadanos "a utilizar esa lengua" o derecho de los padres "a que sus hijos se eduquen en esas lenguas".

PP y PSOE, culpables de la situación actual

Rivera ha defendido "la trayectoria y autoridad moral" del partido que preside para defender esta posición, una idea que, a su juicio, PP y PSOE "no pueden hacer" porque son las formaciones que han provocado la situación actual en Cataluña.

Así, ha aclarado que Ciudadanos "no hará como Rajoy", al que ha acusado de enviar, con la conocida como ley Wert, a los alumnos que querían estudiar en español a colegios privados, "con vergüenza y escondiéndose por detrás".

También se ha referido al exministro de Educación del PP, Iñigo Méndez de Vigo, y a su sucesora socialista, Isabel Celaá, para acusarles de guardar el informe sobre adoctrinamiento en Cataluña que realizó la Alta Inspección Educativa, en el que se trataba este tema.

Para el líder de Cs, los españoles "no se merecen gobiernos que no tengan el coraje de defender el uso del español en todas las escuelas del país" y que, por el contrario, "tapen el adoctrinamiento de sus socios nacionalistas".

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha afirmado este miércoles que el Ejecutivo se limitará a "modificar los aspectos más controvertidos" de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en 2013 por el Partido Popular, sin derogarla por completo, a pesar de que el borrador de la reforma que prepara su Ministerio contiene una disposición donde se señala la derogación de la también conocida como Ley Wert.

"Nos limitamos a modificar los aspectos más controvertidos que la LOMCE introdujo en la LOE (la anterior ley educativa) sin perjuicio de que se hable, desde una perspectiva jurídica, de la derogación completa de la LOMCE", ha explicado Celaá en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso. La comparecencia de Celaá fue solicitada por el Partido Popular, Unidos Podemos y Ciudadanos para que la ministra explicara su anteproyecto para modificar la LOMCE, un articulado elaborado "en tiempo récord", según Celaá, impulsado por la "urgencia" de llevar a cabo una reforma en el sistema educativo, ha añadido.

Según Celaá, la derogación completa de la LOMCE "no resolvería los problemas" porque fue una ley que no sustituyó a la LOE, sino que aplicó cambios en su texto que "habrían permanecido" provocando "una situación jurídica nada deseable", por lo que su Ministerio plantea una "nueva redacción de la LOE" . "Abrimos ahora un tiempo para la aportación y el diálogo", ha dicho Celaá a los representantes de los grupos parlamentarios.

"Aunque la Lomce generó una gran controversia en toda la comunidad educativa y social y lo deseable sería derogarla, esta ley, desde el punto de vista de técnica jurídica, no puede derogarse en su totalidad en este momento". Con estas palabras el Ministerio de Educación y Formación Profesional justifica la reforma educativa como único paso posible para revertir los aspectos más controvertidos de la también conocida como Ley Wert y caminar hacia una nueva norma. El Gobierno, que desde el 26 de octubre abrió a consulta pública la futura modificación, remitió este jueves a las organizaciones especializadas un documento detallado sobre los principales aspectos de dicha reforma, al que infoLibre ha tenido acceso. La pretensión del Ejecutivo de Pedro Sánchez consiste en desarrollar un artículo único que modificará el texto consolidado de la LOE y las disposiciones de la Lomce que afectan a otras leyes educativas. "Esta ley será una reformulación de las previsiones de la Lomce que va más allá de la revisión de la LOE", afirma el texto.

En su articulado, la propuesta del Gobierno plantea un total de siete grandes bloques en los que incluye medidas específicas que tratan de solventar los aspectos más polémicos de la Lomce. Algunas de las cuestiones que desarrolla el Ministerio dirigido por Isabel Celaá, de hecho, abordan cuestiones –como la eliminación de los itinerarios o de las reválidas– que los sindicatos extrañaban en el primer texto publicado.

Una vez examinado el nuevo documento, la reacción de los grandes sindicatos representativos en el ámbito educativo no se ha hecho esperar. ANPE considera que la propuesta no responde a la reforma que necesita el sistema educativo y exige que se debata en la Mesa de Negociación del personal docente. La organización reitera, como ya hizo hace días en conversación con infoLibre, que la solución no pasa por una vuelta a la LOE y recuerda que todavía existen temas por abordar, como la vertebración del sistema educativo o la situación del profesorado.

CCOO, por su parte, entiende que la reforma caerá en saco roto "si no hay una consulta y un trabajo organizado y compartido con las organizaciones sindicales y a través de la Mesa Sectorial de Educación". También añade matices a lo propuesto por el Gobierno, esencialmente en los aspectos que tienen que ver con el profesorado. "No se trata de afrontar una tarea tan compleja de manera fragmentada, tratando cada pieza del puzzle por separado, sino desde una visión integral para construir un modelo sistémico, no fragmentario, que contemple desde la formación inicial, hasta el acceso y un estatuto docente que dé cuerpo a un modelo de carrera profesional definido", asevera.

En cuanto al alumnado, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) cree positiva la modificación anunciada, pero solicita "valentía para ir más lejos y no sólo resolver los problemas urgentes del sistema educativo, sino sentar las bases de un sistema más estable".

Fuentes del Ministerio de Educación y FP explican a infoLibre que "la previsión es llevar la reforma de la ley al Consejo de Ministros antes de Navidad" y posteriormente "dependerá de la tramitación parlamentaria".

1. Equidad e inclusión educativa

El primero de los problemas que detecta el Ministerio de Educación respecto a la Lomce tiene que ver con la fractura de la equidad y la inclusión educativa. Es prioritario, por ello, "diseñar un sistema que atienda los diferentes intereses, aptitudes y capacidades del alumnado, garantizando la equidad". ¿De qué manera? Entre las medidas que diseña el Ejecutivo, se encuentra la citada eliminación de los itinerarios, de manera que se evite la doble vía en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Otro de los aspectos que propone el equipo de Isabel Celaá tiene que ver con reformular el programa curricular de atención a la diversidad, desplazándolo a tercero y cuarto de la ESO. También promete fortalecer y fomentar "la coeducación, la cooperación entre iguales y la educación emocional". Propone, además, reforzar la "especial atención que requiere la escuela rural". También habla de flexibilizar el número de años en los que el alumnado con necesidades especiales puede cursar la Formación Profesional y el Bachillerato, "en aquellos casos en los que la prolongación del tiempo facilite la finalización de estas enseñanzas".

Asimismo, llama a organizar y adoptar medidas educativas ordinarias previas a la repetición y establecer un plan de repetición individualizado.

2. Suprimir las reválidas

Regular la estructura del currículo "al servicio de una educación inclusiva" es otro de los objetivos que menciona el Gobierno en su propuesta. Para ello, cree necesario eliminar "la jerarquía de materias en Primaria y Secundaria" y sus efectos en la ordenación y evaluación. En este sentido, habla de organizar la Educación Primaria en tres ciclos de dos años cada uno y apuesta por suprimir las polémicas reválidas en las tres etapas –Primaria, Secundaria y Bachillerato–, pruebas que actualmente están suspendidas.

En cuanto al acceso a la Universidad, habla de recuperar las pruebas "desvinculadas y posteriores a la obtención del título de Bachiller".

Cree importante, asimismo, garantizar el acceso a una educación en valores cívicos y éticos, anunciando una materia específica.

3. La Religión pierde peso pero no desaparece

No obvia, el Gobierno de Sánchez, la polémica que ha ido siempre de la mano de la asignatura de Religión. Tras la entrada en vigor de la Lomce, dice, se produjo una "imposición de una obligación académica a una parte del alumnado sólo por el hecho de que otros opten por el estudio de religión confesional" y además se contrapuso al estudio de valores éticos, "cuando esta última debiera ser para todos y no una alternativa".

La receta para solventar estos problemas, estima el Ministerio de Educación, para por organizar la enseñanza de la religión confesional "de modo que no exista la obligación de cursar una materia alternativa", que deje de ser materia específica en Bachillerato y que no se tenga en cuenta en el cálculo de la media en los procesos de acceso universitario o becas.

4. Evaluaciones muestrales

Aunque la reforma plantea eliminar las reválidas, no abandona la idea de realizar "evaluaciones muestrales y plurianuales" tras finalizar sexto de Primaria y cuarto de la ESO. También habla de impulsar "evaluaciones de diagnóstico, censales, situándolas en momentos de la escolarización que permitan adoptar medidas para la mejora", como son tercero o cuarto de Primaria y segundo de la ESO. Los resultados de estas evaluaciones, no obstante, no podrán ser usados para realizar valoraciones de los alumnos o para la clasificación de los centros. Las evaluaciones con efectos diagnósticos es una de las peticiones del sindicato de profesores ANPE. "Aun predominando la continua, al finalizar cada tramo educativo hay que hacer evaluaciones, no necesariamente reválidas, no tienen que tener efectos académicos pero sí diagnósticos", decía su presidente en declaraciones a este periódico.

En la misma línea, la reforma prevé "fortalecer el papel formativo y diagnóstico de la evaluación de aprendizaje", de manera que quede reforzada su colegialidad y su carácter integrador. Para ello, "se asigna un mayor papel al equipo docente en la toma de decisiones sobre promoción". También se realizará, a través de un plan individualizado, la orientación académico-profesional al alumnado que abandone el sistema educativo sin título de la ESO. El abandono escolar es una de las principales preocupaciones de los sindicatos.

5. Participación de la comunidad educativa

Si en algo coinciden las organizaciones de profesores, padres y alumnos, es en la necesidad de otorgar mayor protagonismo a los agentes sociales. La demanda, escuchada por el Gobierno, cristalizará en una serie de medidas que tendrán como objetivo "aumentar la autonomía de los centros para mejorar sus resultados, haciendo real y efectiva la participación de la comunidad educativa en el gobierno de los mismos".

Habla, en este contexto, de un reequilibrio de las competencias del Consejo Escolar y de los directores de los centros públicos y concertados, pero también de modificar la composición de los consejos escolares de los centros concertados, reincorporando al representante del ayuntamiento. Otra de las novedades tiene que ver con "mejorar el procedimiento de selección de los directores", a través de una mayor participación de la comunidad educativa.

También apuesta por facilitar la autonomía de los centros pero matiza que esta independencia no puede dar lugar a la selección de su alumnado "de espaldas a la comunidad educativa en la que está inserto".

6. Evitar la segregación

La Lomce trajo consigo un "desequilibrio entre las dos redes financiadas con fondos públicos", dice el Ministerio de Isabel Celaá. Pero además derivó en la financiación "con fondos públicos a centros que segregan a su alumnado en función del género".

El Gobierno, a través de la reforma que comienza ya a articular, prevé reforzar el principio de no discriminación por género e impulsar políticas que trabajen la igualdad. También hace un guiño a las familias monoparentales y a las víctimas de violencia de género y terrorismo: prevé modificar los criterios de baremación reconociendo su situación. Por otro lado, el Gobierno apuesta por evitar "cualquier efecto segregador derivado de la aplicación de programas de enseñanzas plurilingües”.

Cree necesario, asimismo, "recuperar una formulación no restrictiva del papel de los poderes públicos en la programación general de la enseñanza y eliminar las referencias a una demanda social".

En cuanto a los centros concertados, recuperará el papel del Consejo Escolar y la administración educativa en los procedimientos de selección y despido del profesorado.

7. Modelo territorial y lenguas cooficiales

El Gobierno también ha dibujado las primeras líneas respecto a la regulación de las competencias educativas del Estado y las comunidades autónomas. Para ello, retomará la distribución de competencias, asignando el 55% o el 65% al Estado en todas las etapas.

Además, suprimirá la regulación del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, de manera que sea potestad de las comunidades. El Gobierno de Sánchez recupera –para llevar a cabo una regulación acorde– la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional el pasado mes de febrero, por la que el tribunal anula varios preceptos de la Lomce al considerar que el sistema diseñado por la ley para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos no respeta el reparto de competencias.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha abierto el plazo de consulta pública para concretar la modificación de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce) que prepara el Gobierno. El ministerio liderado por Isabel Celaá detalla en nueve puntos los objetivos de la norma, que prevé "eliminar los aspectos más cuestionados" de la ley vigente, pero no derogarla. Sindicatos de profesores, estudiantes y profesores, sin embargo, consideran que la reforma, aunque positiva, olvida cuestiones clave.

El Ministerio de Educación entiende que la corrección de los problemas detectados "podría llevarse a cabo realizando una nueva ley completa, pero la necesidad de dar seguridad jurídica a los centros y al alumnado y posibilitar una efectiva ordenación educativa con una cierta rapidez obliga a la modificación de la norma actual vigente". En dicha reforma, el ministerio propone nueve líneas generales, entre las que se encuentra el apoyo a la coeducación, la regulación de una estructura del currículo "al servicio de una educación inclusiva" o el establecimiento de la asignatura de Religión sin que obligue a una asignatura alternativa ni interfiera en la nota media.

También apuesta por diseñar un sistema que "atienda a los diferentes intereses, aptitudes y capacidades del alumnado, garantizando la equidad y la calidad educativa", así como recuperar el carácter formativo continuo, colegiado e integrador de la evaluación o "llevar a cabo una regulación de las competencias educativas del Estado y las comunidades autónomas respetuosa con el marco constitucional".

Respecto a los centros, el documento habla de vincular su autonomía al fomento de planes estratégicos y prevé, asimismo, de mejorar el sistema de admisión con políticas activas, "con el fin de que diversos colectivos se vean reflejados en los criterios de baremación y eliminar los elementos discriminatorios derivados de la especialización de centros". Finalmente, el ministerio promete hacer real y efectiva la participación de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos.

Reforma de mínimos

Los sindicatos especializados creen que la propuesta confeccionada por el Gobierno peca de ambigua. Maribel Loranca, responsable de Servicios Públicos en UGT, comienza por criticar el escaso peso de los representantes de los trabajadores en el proceso de gestación de la futura reforma. La sindicalista reclama una negociación sólida con los sindicatos. "No estamos dispuestos a que nuestra aportación sea mandar folios de propuestas por correo electrónico", asevera. "Quiero pensar que el ministerio está hablando con distintas organizaciones y espero que más pronto que tarde se reúna con los sindicatos", reitera.

También Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) coincide en afear los cauces seguidos por el Ministerio de Educación. "Si tanto creen en la participación y es uno de sus objetivos, la consulta pública no es la mejor vía para organizaciones como Ceapa", denuncia. Por el momento, la confederación ha pedido una reunión urgente al secretario de Estado y a la ministra "para que expliquen cómo va a ser el proceso".

Respecto al contenido que se somete ahora a consulta pública, Loranca reconoce que "el documento es tan general" que una valoración resultaría precipitada, pero admite que algunas de las medidas anunciadas coinciden con las exigencias de UGT. El problema, añade, es la falta de concreción. "Algunas parecen querer recuperar lo dictado por la LOE", como ocurre con la medida relativa a la asignatura de Religión o, aunque "no lo citen muy claramente", todo lo relacionado con "las redes de la concertada y la pública, cuando habla del papel de los poderes públicos para programar la oferta".

Leticia Cardenal coincide en que se trata de los ejes básicos que como confederación venían reivindicando. "Es importantísimo devolver participación a las familias, potestad a los consejos escolares, que realmente tengan peso", dice. En cuanto a la asignatura de Religión, también apuesta por eliminarla del horario lectivo, que no evalúe y que la contrapartida "sea algo potente". Entiende, no obstante, que lo sugerido por el Gobierno es positivo como punto de partida. Sí faltaría, añade, cuestiones importantes como "el tema de las reválidas o un desarrollo de la participación mucho más amplio".

Medidas ausentes

Loranca repara en medidas ausentes que cree clave y cita "cuestiones como los itinerarios, la recuperación de la plantilla o atender a la diversidad", asuntos de "imprescindible acometido". Respecto a la Religión, aunque la sindicalista no lo sitúa como prioridad, también matiza que el objetivo de UGT es dejarla fuera del currículo. Sigue siendo "una preocupación el abandono escolar temprano", para lo que es necesario "un conjunto de medidas" que pasen por la "mayor inversión educativa o el apoyo a la educación compensatoria". También, agrega, es importante atender a la "muy amplia tasa de precariedad en el empleo", por lo que sería necesario "repensar el modelo".

En esta última cuestión se detiene también Francisco García, responsable de Enseñanza de CCOO. El sindicalista lamenta que la propuesta del Gobierno no incluya al profesorado. Se hace necesario, dice, un estatuto del profesorado que contemple "la formación inicial, el sistema de ingreso en la función docente y el modelo de desarrollo de la carrera profesional". Este matiz resulta, a juicio del sindicalista, clave: "Cualquier reforma educativa estará abocada al fracaso si no se tiene en cuenta al profesorado, que también ha sido golpeado con los recortes". Isabel Celaá anunció el martes una reforma integral de la profesión docente a través de un paquete de medidas que incluye asuntos como la evaluación voluntaria.

El sindicato de profesores ANPE, por su parte, cree necesaria una "reforma profunda del sistema educativo". Así lo señala Nicolás Fernández, presidente de la organización, en declaraciones a este diario. La que propone el PSOE, dice, "es una reforma muy parcial, tibia, insuficiente". Si bien Fernández reconoce estar de acuerdo en la mayoría de los puntos, también advierte matices. "Estamos a favor de la coeducación, aunque el Tribunal Constitucional ha dicho que la educación segregada no es discriminatoria", recuerda el presidente de la organización, quien también defiende "una asignatura de Religión de oferta obligatoria y de elección voluntaria para las familias", y apuesta "por la educación pública, pero sin confrontar con otras".

No obstante, también relata alguno de los cambios a su juicio urgentes, como la cuestión de los itinerarios, "que se han ido abordando en los últimos años pero sin cambiar el modelo estructural". Exige, asimismo, abordar la "vertebración del sistema educativo" y aunque dice estar de acuerdo con mantener el sistema de competencias, exige "fijar objetivos básicos y un diseño curricular estatal". También sugiere revisar las evaluaciones. "Aun predominando la continua, al finalizar cada tramo educativo hay que hacer evaluaciones, no necesariamente reválidas, no tienen que tener efectos académicos pero sí diagnósticos", juzga.

Fernández menciona, además, el modelo de dirección y la situación del profesorado. En primer lugar recuerda que "se le quitaron competencias al consejo escolar para dárselas a la administración y volver al criterio de la LOE no resuelve el problema de fondo". En cuanto a los docentes, el presidente de ANPE estima que "de poco vale cualquier reforma si no se aborda la situación del profesorado, que está regulada con criterios del siglo pasado". Urge, continúa, "ir a un sistema de diseño de una ley de la profesión docente que cambie la formación inicial, los requisitos del acceso, el diseño de la profesión y determine una carrera profesional". Lo demás, añade, "son debates distractores".

Para CCOO, "lo que hace falta es pasar de las musas al teatro" y determinar "qué procedimiento se va a seguir para que esté en vigor el 1 de septiembre de 2019 con la entrada del nuevo curso". En ese sentido, García afirma que "podría ser razonable si el Ejecutivo garantizara" su puesta en marcha. De lo contrario, lamenta, "tendremos un Gobierno del PSOE con una reforma educativa del PP". Fuentes del Ministerio de Educación y FP explican a infoLibre que "la previsión es llevar la reforma de la ley al Consejo de Ministros antes de Navidad" y posteriormente "dependerá de la tramitación parlamentaria".

Primer paso hacia una nueva ley

La propuesta desarrollada por el Ministerio del Gobierno, ¿es suficiente como primer paso o la situación requiere de una nueva norma? Las opiniones están divididas. Loranca aprecia que los pasos avanzados por el Gobierno socialista están dados "con buena intención" y admite que "siendo realistas, es lo más que puede hacer". También Cardenal se muestra más laxa, y aunque admite que "un pacto general por la educación de todos los partidos políticos con la ciudadanía sería lo ideal", también sostiene que "por algo hay que empezar". "Con el tiempo que le queda al Gobierno mejor dejar cerradas algunas cosas", opina.

García, por su parte, reconoce que "si de lo que se trata es de acudir urgentemente a tapar hemorragias" la reforma es correcta. "Entiendo que estas medidas se hacen con carácter de urgencia para revertir los aspectos de la Lomce que más habían atacado a la equidad e igualdad de oportunidades", reflexiona en conversación con este diario, pero "lo que necesitamos es una nueva ley educativa", matiza.

Fernández sí apuesta firmemente por un nuevo escenario. La educación "requiere un cambio profundo y precedido de un pacto para darle estabilidad", porque "volver otra vez a los postulados de la LOE sólo servirá para derogar los aspectos más controvertidos" pero no para propiciar un cambio.

En cuanto al alumnado, es probablemente el actor que de forma más rotunda llama a la derogación de la Lomce y la articulación de una norma nueva. Ana García, portavoz del Sindicato de Estudiantes, valora positivamente los cambios que prevé realizar el Gobierno, pero coincide en juzgarlos "totalmente insuficientes". Es necesaria la derogación de la Lomce y la reversión de los recortes, compromisos, dice la activista, que los socialistas reiteraron antes de su entrada en el Gobierno.

"Nos preocupa el cambio completo en el lenguaje del Gobierno respecto a cuando estaba en la oposición", confiesa García, quien tacha de "excusas formales" los argumentos del Ejecutivo para no derogar la ley educativa. Las cuestiones que plantea, añade, no sólo son mínimas, sino que parten de la movilización ciudadana. "Son cuestiones que nos las hemos ganado a pulso a través de la movilización de la marea verde y responden a la presión general que hemos generado", insiste.

La situación de la educación, añade, "sigue siendo de emergencia absoluta" y el Gobierno "supuestamente iba a cambiar esto, pero seguimos con los mismos problemas", por lo que la activista pide "hechos concretos, ya que hoy por hoy no ha habido ningún cambio fundamental" que haya transformado la situación material de "tantísimas familias". García está convencida de que "si hay voluntad política, por su puesto que se pueden hacer cambios y contarían con el apoyo social masivo".

García subraya su apoyo a "todas las medidas progresistas" pero rechaza dar "un cheque en blanco" al equipo de Pedro Sánchez. Por ello cree necesaria, como paso definitivo, la derogación de la Lomce "sin volver a la anterior y quedarnos ahí". El recorrido a seguir consiste, a juicio del Sindicato de Estudiantes, en la elaboración de un plan de emergencia que disponga recursos económicos, materiales y humanos "para invertir todos esos recursos que se han robado a la educación pública". La activista puntualiza que "no da igual el Gobierno que haya" pero añade que "si no se cumple con lo que han sido las demandas del movimiento estudiantil y educativo, se tendrá que volver a tomar el camino de la movilización".

Es una buena noticia por dos razones: por la unanimidad en la votación —rara avis en estos tiempos de incertidumbres y codazos electorales— y por el beneficio en la formación del alumnado.

Sin duda, todas las materias son importantes y todas contribuyen a la formación personal y académica de nuestros estudiantes y de su espíritu crítico —el pleno desarrollo de la personalidad humana, como dice la Constitución—, pero de entre todas solo la Filosofía tiene como objeto específico contribuir en la construcción de un criterio propio, eso es el espíritu crítico.

Y es que lo más importante que van a aprender a través de la Filosofía no es quién tiene razón, qué filósofo, qué escuela, sino qué razones tienen para fundamentar lo que proponen, su rigor lógico, su capacidad para detectar y problematizar lo que se asume porque no parece problemático.

Cuando el acceso a la información indiscriminada está a la mano de todos en cualquier momento a golpe de un clic y las noticias falsas —las fake news— la contaminan, parece más que necesario que quienes se están educando sepan construir su propio criterio racional y emocional para entender adecuadamente el mundo que viven. Estamos académicamente de enhorabuena.

Jesús Pichel Martín es socio de infoLibre

Cinco años después de que el PP eliminara Filosofía como materia obligatoria en los institutos tras aprobar la Lomce, el Congreso –esta vez con el apoyo de los conservadores– ha decidido recuperarla. Este miércoles la Comisión de Educación de la Cámara Baja votó por unanimidad una proposición no de ley que blinda la presencia de la materia en los centros educativos. De esta manera, Ética volverá a impartirse en Secundaria con carácter obligatorio y Filosofía, junto a Historia de la Filosofía, lo hará en Bachillerato.

La iniciativa parte de Unidos Podemos. El grupo confederal, que la ha transaccionado con PSOE, PP y Ciudadanos, llama a un nuevo currículum académico "que sea al mismo tiempo estable y flexible en los contenidos", y que incluya "un ciclo formativo" en materia de Filosofía secuenciado durante los tres últimos cursos de la Enseñanza Secundaria. El objetivo es que esta formación se produzca, según explica el texto ratificado, de forma análoga a lo que sucede en otras materias como Lengua, Matemáticas o Historia.

Si bien las proposiciones no de ley carecen de efecto vinculante, la unanimidad parece garantizar su cumplimiento. Los pasos ahora se basan en incluir el mandato en el anteproyecto de ley que está elaborando el Gobierno para modificar la Lomce y a partir de ahí, hacer que la petición cristalice en resultados prácticos. Así lo confirmó este jueves el propio Gobierno, que mediante un comunicado aseguró la incorporación de Filosofía como obligatoria en los dos cursos de Bachillerato. "Esta modificación se incorporará a la reforma de la Lomce que está elaborando actualmente el Ministerio de Educación y FP" y que se presentará "al Consejo de Ministros en los próximos meses para su aprobación y posterior tramitación parlamentaria". Respecto a Ética, el Ejecutivo de Pedro Sánchez dice que sus contenidos se "estudiarán también de forma obligatoria en el curso de Educación Secundaria más conveniente".

Pensamiento crítico y autónomo

Hace tres años la Red Española de Filosofía lanzaba una campaña en Change.org para exigir al Ministerio de Educación salvar la Filosofía manteniéndola en las aulas. Más de 211.000 firmas después, la plataforma celebra el triunfo de la iniciativa. Enrique P. Mesa, presidente de la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid (APFM) y profesor de instituto, reconoce que Unidos Podemos "ha recogido muy bien" la petición gestada en 2015 por la organización.

Alicia García, profesora de Filosofía en la Universidad Carlos III de Madrid y miembro de la Red Española de Filosofía, comparte la celebración. "Es una noticia fantástica, la esperábamos desde hace tiempo", admite al otro lado del teléfono. La situación hasta el momento, dice, dibujaba un escenario donde "el pensamiento estaba mutilado". García cree oportuno, desde una perspectiva política, recordar que se ha llegado a un pacto desde "puntos de partida diferentes". Es decir, resume, "unos reculan y otros han empujado".

Pese a los matices, el consenso ha sido recibido como una gran noticia entre los filósofos. "Hay que saludar el hecho de la unanimidad", afirma Juan Mayorga, dramaturgo y licenciado en Filosofía. "Es muy alentador", confiesa en conversación con este diario, y "hace pensar que se trata de una decisión que no será corregida si hay un cambio de gobierno".

En cuanto a los beneficios de blindar la asignatura, los docentes lo tienen claro. Existen, a juicio de Mesa, tres factores fundamentales. El primero atañe a una cuestión cultural. "La filosofía ha sido esencial en la historia cultural de Occidente, de ella surge la idea de libertad y de ciencia, fundamentales en el campo político y en el campo del conocimiento", razona. Negar la filosofía, por tanto, "es perder ese patrimonio histórico y cultural". La educación, recuerda el docente, "debe generar personas cultas, no solamente profesionales".

Precisamente con esta reflexión tiene que ver el segundo pilar sobre el que basa el profesor sus argumentos. "Los adolescentes suelen identificarse muy rápido, suelen tener poco pensamiento crítico", de manera que "buscan una respuesta siempre, y cuando la encuentran se sienten satisfechos". La Historia de la Filosofía, continúa, "es un continuo encontrar respuestas y que el siguiente autor las rebata", de forma que "lo que ellos aprenden es que las respuestas se pueden volver a plantear: desarrolla el pensamiento crítico".

El tercer punto es político y tiene que ver con el desarrollo del pensamiento autónomo. La lección aquí es que "tienen que pensar por sí mismos y no en base a un criterio de autoridad", comenta el profesor. Este último asunto tiene especial sentido con el "resurgir de los movimientos autoritarios y la posverdad", pues invita a "pensar por uno mismo y con rigor".

Mayorga reflexiona: "No hay asignatura más útil que ésa". Y es que la materia tiene "una utilidad inmediata y extraordinaria". El dramaturgo y filósofo coincide en que, "si bien es muy importante que en nuestros colegios se forme a gente que tenga capacidad para el empleo, antes que la formación de sujetos empleables hay una anterior, que es la formación de personas que sean capaces de tener una mirada crítica hacia lo que nos rodea". Capaces también, agrega, "de analizar discursos en su vida cotidiana".

La asignatura de Filosofía, precisamente, "nace de la reflexión sobre el uso de las palabras y cómo somos nosotros mismos usados por las palabras". Es una materia "que lleva a la reflexión y que una y otra vez plantea las viejas y al mismo tiempo absolutamente contemporáneas reflexiones, siempre irresueltas pero siempre candentes, sobre qué es la justicia, qué es la vida, qué es la amistad o qué es la belleza".

Por ello, entiende Mayorga, era "absolutamente urgente" que estuviera no sólo en el currículum, sino "en el centro mismo". La Filosofía "es un plan de vida, no una asignatura entre otras, sirve para hacer preguntas a todas las demás, tiene un valor que nutre a cualquier otra".

Coincide con él Alicia García, en parte por su experiencia como profesora en la universidad. Su función como docente, explica, se ha basado en diversas ocasiones en impartir contenidos filosóficos a periodistas, juristas o economistas. "Te das cuenta de que estos saberes están ayudando a la gente para aclarar cuestiones, plantear marcos en los que dar sentido a lo que ellos están intentando hacer desde sus disciplinas", estima. Ver parte de esos contenidos en la etapa educativa anterior, sostiene García, "sirve para que puedan entender contenidos posteriores y llegar a niveles superiores de análisis, rebatir los marcos mismos en los que se producen sus disciplinas".

Dicho razonamiento, prosigue Mayorga, "está muy cargado de sentido". Él mismo dirige un máster en Creación Teatral en la Universidad Carlos III y dentro del programa "es muy importante el pensamiento contemporáneo". En su profesión, dice, resulta fundamental "que haya filósofos que se pregunten por el estado del teatro y lleven reflexiones sobre, por ejemplo, cómo representar la violencia, en qué medida la representación de la violencia no es en ocasiones sino una reproducción de su propia lógica o sobre cómo representar a la víctima sin usurpar su lugar".

Alicia García hace una última llamada: incluir a más mujeres. Modificar los propios modelos educativos es un "movimiento natural dentro del desarrollo hacia la perspectiva de género" y eso pasa por "incluir a mujeres de la historia de la tradición filosófica". Se trata, añade, de "decir que aquí están mujeres que en su día también estaban pensando" y que, además de realizar aportaciones sustantivas, pueden servir de ejemplo sobre "las cosas que pueden pasar si no se incluyen a determinadas figuras dentro del pensamiento". Es, concluye, "una cuestión de justicia histórica".

El precedente de las comunidades

Pese al dictado de la Lomce, varias comunidades autónomas decidieron en su momento mantener la Filosofía como materia troncal en sus aulas, a través de diversas fórmulas. Así lo hicieron Cataluña, Asturias, Andalucía y Extremadura. Allí todos los alumnos continúan accediendo de forma obligatoria a Historia de la Filosofía en Bachillerato, al contrario de lo establecido por la conocida como Ley Wert.

Otros territorios han escogido modelos en los que la obligatoriedad de la materia es parcial y depende de la modalidad cursada. En Cantabria, se oferta como obligatoria para los alumnos de Ciencias y los que se han inclinado por Humanidades y Sociales, pero no en la rama artística, donde es optativa. El mismo patrón es por el que ha optado más recientemente la Comunitat Valenciana. En Aragón ocurre lo mismo para los alumnos de Humanidades y Ciencias Sociales y este año ha hecho lo propio Galicia. Por su parte, Castilla y León prepara una fórmula idéntica –obligatoria en Ciencias Sociales y Humanidades– para el curso que viene. El Parlamento de Castilla-La Mancha también acordó en septiembre instar al Gobierno de Emiliano García-Page a instaurarla para el próximo curso en todas las modalidades de Bachillerato y en Educación Secundaria, del mismo modo que ocurrió este verano en la Región de Murcia.

Las comunidades han sentado un precedente que salta ahora a la Cámara Baja y aspira, si todo discurre según la hoja de ruta prevista, a convertirse en la foto fija de todo el territorio estatal.

La Comisión de Educación y FP del Congreso ha apoyado este miércoles, por unanimidad, una proposición no de ley por la que se pide al Gobierno la reorganización del currículo de Bachillerato para establecer la Filosofía y la Historia de la Filosofía como materias comunes y obligatorias de 1º y 2º de Bachillerato.

Se trata de una iniciativa de Unidos Podemos, que el grupo confederal ha transaccionado con PSOE, PP y Ciudadanos, que llama a un nuevo currículum académico "que sea al mismo tiempo estable y flexible en los contenidos", y que incluya "un ciclo formativo" en materia de Filosofía secuenciado durante los tres últimos cursos de la enseñanza secundaria, es decir, 4º de la ESO y los dos años de Bachillerato.

El objetivo es que esta formación se produzca, según explica el texto votado, de forma análoga a lo que sucede en otras materias como Lengua, Matemáticas o Historia.

De esta forma, la Filosofía y la Historia de la Filosofía se convertirán en materias comunes y obligatorias del 1º y 2º de Bachillerato. Además, este nuevo currículo supondría que, en 4º de la ESO se incorpore la asignatura de Ética como materia común y obligatoria.

Según explica Unidos Podemos, es una iniciativa que busca reparar "el error" del exministro de Educación José Ignacio Wert, quien "apartó" a la Filosofía de la lista de materias obligatorias con la LOMCE. Del mismo modo, han señalado que esta propuesta se ha consensuado tanto con el PSOE como con el Ministerio de Educación y FP del Gobierno socialista, por lo que confían que el Ejecutivo traslade esta petición de la Cámara al proyecto de ley de modificación de la LOMCE en el que actualmente trabaja.

En abril del año 2012, en Gobierno de Mariano Rajoy aprobaba un real decreto ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. El texto fijó una serie de medidas que abrieron la puerta a importantes recortes en la esfera de la enseñanza. Con el objetivo de revertir parte de esos recortes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha elaborado un anteproyecto de ley que será aprobado este viernes en Consejo de Ministros y que, pese a contar con el visto bueno de los sindicatos, deja todavía algunos flecos sueltos relativos a sus efectos inmediatos.

La reversión de los recortes educativos vigentes es fruto de la reunión mantenida el pasado jueves 6 de septiembre entre Pedro Sánchez y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Al día siguiente, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ya confirmó que el Ejecutivo comenzaría a tramitar el anteproyecto de ley lo más pronto posible. El mismo texto que aterriza ahora en el Consejo de Ministros fue presentado por la líder de la cartera educativa ante los consejeros autonómicos de Educación a finales de julio.

Tal y como confirman fuentes del Ministerio de Educación, este anteproyecto se aprobará el viernes en el Consejo Ministros en primera lectura. A continuación, el Consejo Escolar del Estado elaborará un informe y el anteproyecto volverá nuevamente al Consejo de Ministros para, una vez se ratifique, asumir una votación en el Congreso como proyecto de ley.

Las tres medidas del anteproyecto

El Gobierno socialista prevé derogar tres artículos del citado decreto. El primero de ellos es aquel que regula las ratios de alumnos por aula en la educación no universitaria, que permite a las administraciones educativas ampliar hasta un 20% el número máximo de alumnos en las aulas. "Este porcentaje de ampliación resultará asimismo aplicable a los límites máximos de número de alumnos fijados mediante norma reglamentaria para las restantes enseñanzas", continúa el artículo, que resulta de aplicación a los centros públicos y concertados.

Al respecto, la ministra Celaá aseguró que "nadie sostiene que ratios elevadas ayuden a la mejora de la calidad del sistema educativo". La supresión de esta medida, añadió, y "la consiguiente recuperación de las ratios en los términos que establece la ley no tiene impacto en el gasto público".

El aumento de las ratios ha sido una de las principales quejas del sector educativo durante la etapa de los recortes. Desde el año 2009, el aumento ha sido del 6,7% e incluso el número medio de alumnos por profesor llegó a ser de 11,6 en el curso 2012-2013. En la actualidad, aunque la media es de once, prácticamente roza los trece en la Comunidad de Madrid y también en Ceuta y Melilla –las ciudades autónomas son los únicos dos territorios gestionados por el ministerio–.

La segunda medida busca derogar el artículo tres del decreto ley, relativo a la jornada lectiva. Tal y como indica el precepto, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente en centros públicos y concertados será "como mínimo, de 25 horas en educación infantil y primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas, sin perjuicio de las situaciones de reducción de jornada contempladas en la normativa vigente".

Celaá afirmó que terminar con el incremento de la jornada lectiva de los docentes no es una medida obligatoria, sino que "cada administración educativa va a poder adoptar la decisión que considere más adecuada de acuerdo con su autonomía y autogobierno".

El tercer artículo que revertirá el anteproyecto de ley es aquel que atañe a la sustitución de profesores, según el cual en los centros docentes públicos "el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares se producirá únicamente cuando hayan transcurridos diez días lectivos desde la situación que da origen a dicho nombramiento". Esta última medida, señaló la ministra, "ha resultado especialmente gravosa y rígida para la organización de la actividad ordinaria de los centros educativos".

Flecos sueltos

La petición de terminar con los recortes impuestos en 2012 mediante decreto ley viene de lejos. "Es una aspiración largamente demandada por sindicatos y comunidad educativa", relata Francisco García, responsable de Enseñanza de CCOO. Si bien los sindicatos celebran la decisión tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez, observan flecos sueltos en dos esferas.

En primer lugar, el curso que acaba de comenzar dará cobertura a los cambios respecto a las sustituciones, pero no en las otras dos áreas. "Nos sabe mal y nos parece insuficiente", admite García, quien cree que el Ejecutivo "podría haber hecho un esfuerzo para que este curso pudiera beneficiarse de la reversión de los recortes del PP".

Otra laguna detectada por sindicatos y comunidad educativa, añade el sindicalista, es dejar que las comunidades decidan si aplicar los cambios o no. Con el decreto ley de 2012, las comunidades no tuvieron otra elección que acatar los recortes impuestos, es decir, se planteó el decreto ley como normativa básica. Sin embargo, "a la hora de liberarlo se deja como opción para las comunidades", señala García, en lugar de "devolverlo también con carácter básico y no dejarlo a disposición de las comunidades, porque puede haber alguna que no lo aplique".

Maribel Loranca, responsable de Servicios Públicos en UGT, coincide en que ambas cuestiones, desoídas a su entender por el Gobierno, son de vital importancia para los sindicatos. "La primera medida que solicitó UGT al presidente, cuando ni siquiera había conformado Gobierno, fue la derogación del real decreto ley de 2012", comenta. Desde el Ejecutivo se explicó que existía una dificultad para que sus efectos fueran inmediatos: "Había una complicación técnica jurídica, y es que el decreto ley sólo es viable para temas urgentes y esto, teóricamente, no reviste carácter de urgencia", relata Loranca. La otra opción, por tanto, era tramitarlo como una ley ordinaria, pese a que el procedimiento es mucho más largo y debe contar con mayoría parlamentaria.

En cuanto al asunto de la normativa básica, Loranca señala que el Gobierno se inclina por "respetar el estado competencial de las comunidades, y la gestión de docentes es su competencia". Si bien UGT no se manifiesta especialmente crítica con esta decisión, sí reconoce no estar "del todo de acuerdo". Por ello, aspira a que el trámite que seguirá a partir de este viernes sirva para cambiar esta última cuestión y se considere de carácter básico y obligatorio para todo el Estado.

Más de ocho millones de alumnos de enseñanzas no universitarias se incorporan en los próximos días a las aulas en un curso en el que la polémica reforma educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert y aprobada en solitario por el rodillo parlamentario del PP en 2013 seguirá marcando la pauta en los centros educativos. La nueva ministra de Educación, Isabel Celaá, se comprometió el pasado 11 de julio en una comparecencia en el Congreso a derogar algunos de los artículos más cuestionados de esa norma. Pero no será para este curso, pues su modificación requiere de la aprobación en sede parlamentaria de iniciativas que estarán sujetas a futuros consensos.

Así, seguirán vigentes cuestiones tan controvertidas como el estatus de la asignatura de Religión, que con el PP volvió a contar para la media y para acceder a becas; los conciertos con los colegios que separan en clase a niños y niñas, que en su mayoría están adscritos al Opus Dei y tienen un coste para la Administración pública de 110 millones de euros anuales; o la pérdida de poder de los consejos escolares, que pasaron a ser meramente "consultivos" con la reforma de 2013. 

Tampoco se pondrá en marcha este curso una asignatura centrada en los valores cívicos y éticos, heredera de la desaparecida Educación para la Ciudadanía que el PP fulminó en la Lomce. Y seguirá en vigor el concepto de "demanda social" a la hora de planificar la oferta de plazas, lo que se ha interpretado como una vía para favorecer la creación de nuevos conciertos o la obligación para las administraciones educativas de garantizar "la existencia de plazas suficientes", sin especificar –como se había hecho desde 1985– que debe utilizarse para ello la red pública de forma preferente.

También seguirán en suspenso algunas de las medidas de la Lomce que el anterior Gobierno del PP se vio obligado a paralizar por la presión de la comunidad educativa y de los gobiernos autonómicos. Entre ellas, la suspensión del carácter académico de las pruebas externas de ESO y Bachillerato que el Ejecutivo conservador anunció en octubre de 2016 hasta que se pudiera acordar un nuevo pacto educativo que está paralizado en el Congreso después de que el PSOE y Podemos lo abandonaran el pasado marzo.

En los últimos dos cursos, la polémica reválida prevista al finalizar 4º de ESO se ha realizado, pero con carácter muestral, no obligatoria para todos los alumnos; y sin ser necesaria para obtener el título y poder seguir estudiando. En el caso de la de Bachillerato, la prueba que se sigue haciendo es muy similar a la antigua selectividad porque no sirve para titularse, pero sí para acceder a la Universidad. Además, el Ejecutivo conservador también accedió a reducir el impacto de las pruebas de diagnóstico previstas en Primaria, permitiendo a las comunidades escoger si las hacen todos los alumnos o sólo una selección de ellos.

Por otro lado, el Ejecutivo del PP también accedió en otoño de 2016 a eliminar los itinerarios previstos ya en 4º de ESO y que suponían distintas vías de salida en función de si los alumnos pretendían estudiar el Bachillerato de Letras, el de Ciencias o FP. Asimismo, el Gobierno de Rajoy aceptó que los alumnos puedan obtener el título de la ESO con menos de un 5 de nota media y con dos asignaturas suspensas que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Matemáticas, tal y como ocurría antes de la Lomce.

A todas las medidas citadas se refirió Celaá en su comparecencia en el Congreso, donde se comprometió a derogarlas definitivamente, si bien ya advirtió de que todos esos cambios se llevarían a cabo "de acuerdo con el rango legal de los aspectos que se vayan a cambiar". Y aunque admitió las "dificultades" para llegar a acuerdos, se mostró dispuesta a recuperar los acuerdos logrados en la subcomisión del pacto educativo, que tras casi un año de trabajos fueron más bien escasos. 

Limitar el impacto de la Lomce  

En todo caso, en los últimos cursos principalmente comunidades que no están en manos del PP sí han intentado minimizar el impacto de la Lomce en el ámbito de sus competencias. Y es que aunque se trata de una ley de ámbito estatal, las autonomías tienen cierto margen de maniobra en cuanto a su aplicación curricular: pueden definir los horarios lectivos máximos, complementar los contenidos de algunas materias o determinar cuáles serán las asignaturas de libre configuración autonómica.

Andalucía y Extremadura (PSOE), por ejemplo, han mantenido la asignatura de Educación para la Ciudadanía en Primaria en el bloque de libre configuración autonómica, que incluye a la Lengua Cooficial (en el caso de que se tenga) y otras a determinar por la autonomía. Además, la Junta andaluza tampoco adaptó el proceso selectivo de los directores de colegios e institutos a la Lomce, que prevé dar más poder a la administración en su designación porque recorta el número de representantes de la comunidad educativa en las comisiones de selección.

En relación a materias concretas, Cataluña (Junts per Catalunya y ERC) y Andalucía, Extremadura y Asturias (PSOE) han blindado Historia de la Filosofía en 2º de Bachillerato en contra del espíritu de la Lomce, con la que perdió su carácter obligatorio. Este curso también se sumarán a este blindaje Galicia (PP) y la Comunitat Valenciana (PSOE-Compromís). En mayo del año pasado, la portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, reconoció ante los periodistas que su partido se había equivocado eliminando esta materia y afirmó que su voluntad era reintroducirla también en Secundaria.   

Por otro lado, Andalucía, Aragón, Baleares y Extremadura, todas ellas en manos de los socialistas, han intentado limitar el impacto de la asignatura de Religión reduciendo su horario, si bien se han encontrado con la oposición de los tribunales tras los recursos presentados por los obispos y los profesores de esta materia confesional. La Justicia también está poniendo límites a la pretensión de los gobiernos autonómicos de la Comunitat Valenciana (PSPV-Compromís) y Aragón de reducir progresivamente la red educativa concertada, privada subvencionada con fondos públicos y mayoritariamente religiosa. 

Alejandro Tiana (Madrid, 1951) será secretario de Estado de Educación, según han confirmado infoLibre fuentes de su entorno. Doctor en Filosofía y Letras en la rama de Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, Tiana ya ocupó responsabilidades en este departamento en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando fue secretario general de Educación. 

Durante ese tiempo, fue impulsor de la LOE, la reforma educativa promovida por los socialistas en 2006, y de los programas de cooperación territorial ideados para trasladar fondos a las comunidades con el objetivo de que llevaran a cabo iniciativas específicas en materia de innovación o igualdad de oportunidades. Entre ellos, el programa para alumnos rezagados PROA, que incluía clases de refuerzo por la tarde en los centros; o Educa3, que promovía la construcción escuelas infantiles. La mayoría de estos programas fueron prácticamente sentenciados cuando el PP llegó al Gobierno al reducir drásticamente sus presupuestos. 

Antes, en la década de los noventa, Tiana había dirigido el Centro de Investigación, Documentación y Evaluación (CIDE) del Ministerio de Educación y Ciencia y el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE). Ahora trabajará con la ministra Isabel Celaá, también de gran trayectoria en el ámbito educativo, y que ha planteado el impulso de la Formación Profesional como uno de los principales resto de su mandato. 

Actualmente es rector de la UNED, cargo al que accedió en 2013 y que revalidó en abril de 2017 con el 52,28% de los votos. En esta universidad, en la que es catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Facultad de Educación, ya había ocupado otras responsabilidades como vicerrector antes de ser nombrado alto cargo del Ministerio de Educación en 2004. 

Alrededor de 300.000 jóvenes se están enfrentando esta semana a las pruebas de la antigua selectividad –Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) o Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), según la denominación que han elegido las diferentes comunidades tras los cambios que se introdujeron con la reforma educativa del PP–, unos exámenes que determinan el 40% de la nota que les permitirá matricularse en un grado universitario el curso que viene. El otro 60% proviene de su calificación media en los dos cursos de Bachillerato. El resultado de esa ponderación debe ser de al menos un cinco. 

Cualquier estudiante puede acceder a cualquier universidad de España, pero lo hará teniendo en cuenta la media de las calificaciones incluidas tanto en el Bachillerato como en los exámenes de acceso, que son diferentes en las 17 comunidades. En la mayoría de ellas, estas pruebas se realizan en comisiones mixtas por cada asignatura integradas por representantes de los campus, de los institutos y de la Administración autonómica en cuestión. Todos se basan en estándares fijados por el Ministerio de Educación, aunque no todos incluyen el mismo número.

Precisamente la importancia que tienen estos exámenes para determinar el acceso a la carrera y a la universidad deseada ha llevado a estudiantes de algunas comunidades autónomas a reclamar en los últimos meses un sistema "homogéneo" y que garantice "la igualdad tanto en los contenidos como en los criterios de evaluación". Bachilleres de Castilla y León, Asturias y La Rioja han llegado incluso a convocar manifestaciones y a poner en marcha recogidas de firmas. Se quejan de que en unas comunidades entra más temario que en otras y que eso propicia que el acceso a la universidad no se produzca en condiciones de igualdad. 

Ciudadanos recogió el guante de estas reivindicaciones presentando el pasado 10 de abril una proposición no de ley ante la Comisión de Educación del Congreso, si bien esta propuesta todavía no ha sido debatida. La formación naranja defiende que se inicie un proceso de negociación en el marco de la conferencia sectorial, en la que están presentes representantes de todas las comunidades autónomas, "para desarrollar un sistema homogéneo que garantice la igualdad tanto en los contenidos como en los criterios de evaluación y corrija los actuales desajustes territoriales tanto en los resultados como en el consecuente acceso a la universidad". 

Las quejas de los bachilleres se basan en estudios como el de la catedrática de Bioestadística de la Universidad de Valladolid Cristina Rueda [consultar, aquí], que analizó las notas obtenidas en las materias fundamentales en cada comunidad autónoma en la selectividad de 2015. Detectó, por ejemplo, que el porcentaje medio de sobresalientes en Navarra fue del 6,17% o en Castilla y León del 8,74%, unas cifras muy alejadas del 23,02% de Canarias, el 18,93% de Extremadura o el 16,95% de Murcia.

Estos y otros datos le sirvieron para concluir que la probabilidad de entrar en Medicina para los estudiantes que se presentaron a la selectividad en 2015 en estas tres comunidades fue el doble que para los que lo hicieron Castilla y León. La catedrática inició esta investigación tras constatar un incremento del porcentaje de estudiantes de otras comunidades y que además tenían bajo rendimiento académico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, en la que imparte clases de Bioestadística Sanitaria. 

A su juicio, esta "desigualdad" perjudica tanto a los estudiantes como a las facultades porque el hecho de tener alumnos con un nivel más bajo incide, por ejemplo, en los ránquines de resultados del examen MIR. También apunta a argumentos económicos pues comunidades como Castilla y León estarían asumiendo el coste de la formación de médicos que probablemente no se quedarán en la comunidad. "La probabilidad de que un estudiante acceda a una determinada facultad o grado en el territorio español debe ser la misma independientemente de la comunidad autónoma donde se haya realizado la prueba de acceso", concluye en su trabajo. 

Por otro lado, los estudiantes movilizados también esgrimen los datos del informe PISA, que cada tres años mide los conocimientos y destrezas de los alumnos de 15 años y que en su última edición, de 2015, volvió a mostrar grandes diferencias por comunidades autónomas. Los estudiantes de Castilla y León aparecieron como los más aventajados y los de Canarias, como los que menos. Las diferencias máximas entre comunidades se produjeron en matemáticas, donde los jóvenes navarros obtuvieron 66 puntos más que los canarios. En lectura, la diferencia es de 47 puntos entre Castilla y León y Extremadura; y en ciencias, de 46 puntos entre Castilla y León y Andalucía.

Sin consenso 

Pero entre las principales organizaciones de la comunidad educativa no existe consenso sobre si se deberían reformar estas pruebas. Los rectores abogan por mantener el modelo actual. "El pasado año se alcanzó un consenso con el Gobierno sobre la EvAU que costó mucho cerrar y que fue el mejor posible para el conjunto de la comunidad educativa. Por ese motivo, mantenemos nuestro apoyo institucional al acuerdo logrado", asegura a infoLibre un portavoz de la CRUE, la organización en la que se agrupan los responsables de los campus públicos y privados. 

Sin embargo, algunos rectores han expresado opiniones divergentes. Es el caso de Antonio Largo, de la Universidad de Valladolid, que aseguró recientemente que la implantación de una prueba "única" sería una decisión "lógica". También el responsable de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz, ha pedido de las pruebas sean "homogéneas" y "equiparables" en todas las comunidades. En un acto el pasado mayo abogó por unos exámenes "equiparables" y por un proceso "transparente" para evitar "disensiones que no llevan a ningún puerto". 0.

Tampoco tienen una posición clara en la Comisión Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), con incidencia en enseñanzas medias. Su presidente, Carles López, asegura que la organización tiene previsto debatir esta cuestión en los próximos meses. La posición de partida es que el modelo actual necesita cambios que podrían venir por un papel más activo de la inspección educativa para "apuntalar la igualdad de oportunidades", aunque no necesariamente por una prueba única. 

Por su parte, la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), mayoritaria en la escuela pública, apuesta directamente por eliminar las pruebas. "No es positivo que haya alumnos que se queden sin estudiar lo que quieren por unas décimas en unos exámenes en los que se la juegan todo a una carta. El Bachillerato debería estar más centrado en la adquisición de competencias y no únicamente en cómo superar en las pruebas. Nosotros apostamos por una evaluación continua real", sentencia Leticia Cardenal, presidenta de este colectivo. 

Han pasado 50 años desde que la utopía tomó las calles de París en mayo de 1968. Los estudiantes lograron, junto al movimiento obrero, parar la ciudad entera. Lo que comenzó en las facultades de Nanterre y la Sorbona terminó sacando a unos nueve millones de personas a la calle, llenando la luminosa capital de barricadas y siendo objeto de una dura represión. En las elecciones legislativas posteriores ganó la gaullista Unión de Demócratas por la República. Se acabó el sueño. O no. Medio siglo después, Mayo del 68 ha sido calificado con todo tipo de epítetos, glorificado o demonizado, pero ha dejado rastro. La generación española que impulsó las modestas manifestaciones en Madrid es hoy la misma que sale a la calle reclamando su pensión. A los más jóvenes, les quedan los libros, los relatos orales y la canción de Ismael Serrano Papá cuéntame otra vez, que algunos canturrean: “Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba, se pudrió en los rincones, se cubrió de telaraña”. Todo ha cambiado desde entonces. Hoy, el mítico estudiante Daniel Cohn-Bendit, Dani, el Rojo, símbolo de la revuelta, mira con buenos ojos al presidente Emmanuel Macron.

Cincuenta años dan para mucho. Permiten que el relato pase de la prensa a los libros de Historia. El propio Macron nació en 1977, casi 10 años después del mítico episodio parisino, pero en Francia sigue siendo una etapa controvertida y llena de aristas. Hace años, el expresidente Nicolás Sarkozy prometió “liquidar la herencia del Mayo del 68”. La proliferación de artículos, libros y referencias sugieren que no lo ha conseguido, al menos, en el imaginario colectivo.

Si se cambian las coordenadas y se centran en 2018 y en España, el movimiento estudiantil sigue siendo combativo y se moviliza ante escándalos como el máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Para la generación actual, Mayo del 68 es una “referencia”. “Nosotros no lo hemos vivido, pero sí lo conocemos, aunque sea grosso modo. Creo que sí compartimos ese espíritu de protesta. Las injusticias de Mayo del 68 hoy se siguen dando, incluso a un nivel superior”, argumenta Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes y una de las caras más conocidas del movimiento estudiantil actual.

Aunque en España no tuvo tanta efervescencia como en Francia o Italia, los jóvenes también valoran a la generación que se comenzó a movilizar bajo el yugo del franquismo: “En España se vivió de una manera muy diferente al resto de países. Marcó un antes y un después en la dictadura y se volcó luego en los años setenta ”, asegura Alejandro Delgado, presidente de la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (FAEST). Los españoles podían entonces leer lo que ocurría en Francia en la prensa, que aún así estaba vigilada permanentemente por el poder y no podía traspasar la línea. El 30 de mayo, un artículo del diario Madrid titulado Retirarse a tiempo. No al general De Gaulle le costó al periódico dos meses de suspensión de publicación. El régimen vio cierto paralelismo entre ese viejo De Gaulle, que pintaba el editorialista Rafael Calvo Serer, y el dictador Francisco Franco.

Los estudiantes actuales conocen Mayo del 68 por los libros, documentales o los propios testimonios de la generación anterior, aunque García reconoce que en los últimos años “hay una sed de conocer la historia de las luchas estudiantiles y sociales”. A pesar de la admiración, los paralelismos entre el movimiento estudiantil francés de los años sesenta y el movimiento estudiantil actual son pocos. El 68 se caracterizó por estar muy escorado a la izquierda, mientras el 15M estaba ideológicamente más repartido y levantaba las simpatías de todo tipo de jóvenes. La conciencia de clase también está más diluida y el contexto histórico es totalmente distinto. Los jóvenes que gritaban el eslogan “prohibido prohibir” escudriñaban en las páginas del periódico los últimos avances de la Revolución cubana, las manifestaciones estadounidenses contra la guerra de Vietnam o los primeros pasos de la Revolución Cultural china, que emergía con una nueva idea comunista frente a la vieja URSS. Hoy no existe un modelo alternativo capaz de hacer frente de igual a igual al capitalismo y Estados Unidos vuelve al proteccionismo con Donald Trump en la presidencia.

La crítica al sistema

No es la única diferencia. El sociólogo Javier Noya hace un análisis pormenorizado en su libro Mayo del 68 (Catarata, 2018), donde apunta también a la diferencia de las reivindicaciones. En el caso de los jóvenes de los sesenta, surgió una nueva izquierda posmaterialista con nuevos valores como la libertad sexual, que aún siguen siendo hoy banderas del progreso. Sin embargo, los jóvenes de hoy han incorporado demandas puramente materiales. Desde la subida de las tasas al paro juvenil o la precariedad. Los jóvenes estudiantes del Mayo francés habían crecido en un ciclo económico expansivo, mientras los actuales han pasado su adolescencia en la crisis. De hecho, el director de cine Pier Paolo Pasolini llegó a describir a los primeros como “miedosos, ambiguos, desesperados” en uno de sus escritos. “Cuando ayer en Valle Giulia pelearon con los policías, ¡yo simpatizaba con los policías! Porque los policías son hijos de pobres”, continuaba, ganándose unas cuantas enemistades.

Noya cree que el carácter materialista de las demandas de los jóvenes actuales pueden suponer un desafío mayor para los poderes que las de los estudiantes anteriores, cuyas reivindicaciones fueron rápidamente asumidas por el sistema.

Ramón Adell, profesor de Sociología de la UNED y experto en cambio social contemporáneo, apunta irónicamente a otro dato que suele pasar desapercibido: “Mayo del 68 coincide con un boom generacional, igual que la Transición española. Hoy en día hay pocos jóvenes y muchos se han tenido que ir fuera. Ahora hay menos masa crítica”. Sin embargo, sí quedan algunos posos críticos de ese mes que cambió el mundo en 1968. Adell advierte de que “el movimiento estudiantil aparece en la sociedad de forma volcánica, pero antes hay un magma activo” y que “estalla cuando no hay un relevo generacional”.

Al igual que en Mayo del 68, tras el 15M la izquierda tradicional, encarnada en este caso por el PSOE, también fue criticada, junto a los sindicatos mayoritarios. El 15M no tuvo consecuencias políticas inmediatas, pero sí a medio y largo plazo. Aunque el presidente del PP, Mariano Rajoy, ganó la presidencia del Gobierno en 2011, en 2015 se rompió el bipartidismo y dos nuevos partidos, a la izquierda Podemos y por la derecha Ciudadanos, irrumpieron en el Congreso como tercera y cuarta fuerza. Ante la esperanza de cambio, las movilizaciones sociales comenzaron una retirada que ahora parece estar comenzando a remontar.

Sin la alternativa comunista real y con el neoliberalismo campando a sus anchas por las economías europeas, hay una crítica al sistema que ha permanecido y se ha reavivado entre los jóvenes: el anticapitalismo. “Es cierto que ahora hay una sensación de que es imposible derrotar al capitalismo, pero eso no impide la lógica crítica”, explica Joseba Fernández, investigador de movimientos sociales, que observó muy de cerca el 15M y ha escrito varios trabajos sobre él.

Implicados en otras movilizaciones

Los jóvenes siguen siendo la punta de lanza de algunos movimientos sociales. Tienen tiempo, ganas y, además, no poseen un sueldo que perder si van a la huelga. La implicación de los chavales que comenzaron las movilizaciones el 15 de mayo de 2011 no se ha diluido, sino que se ha diseminado por los barrios, grupos de trabajo y otros movimientos sociales que siguen vivos. Algunos están en las instituciones. “Los debates que se crearon han actuado como semillas y se han mantenido en los movimientos antidesahucios, el feminismo, etc.”, explica Adell.

“El movimiento estudiantil se ha implicado mucho en la marea verde. Empezó con la rebelión de los profesores, y después de esa primera fase, se incorporaron los estudiantes”, recuerda la secretaria general del Sindicato de Estudiantes sobre este movimiento que nació con la oleada de recortes que aplicaban los gobiernos en la educación pública. García se arroga algunas victorias en los últimos años “como que el Gobierno tuviera que retirar las reválidas franquistas” o que el exministro de Educación, Cultura y Deporte José Ignacio Wert fuera conocido “como el ministro franquista”. Este antiguo miembro del Ejecutivo tuvo la capacidad de poner a toda la comunidad educativa en su contra, diseñando la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que junto a los recortes, provocó una oleada de protestas que dura hasta hoy.

García reconoce que a la hora de organizar las convocatorias del Sindicato de Estudiantes aplica valiosas lecciones aprendidas en el 15M. Al menos dos: “Salir un día no sirve de nada, hay que hacerlo de forma planificada y en ascenso” y “no podemos esperar a que nadie salga por nosotros. Las marchas de la dignidad nacieron porque los sindicatos no hacían nada”.

El último gran hito del movimiento estudiantil español fueron las manifestaciones anti-Bolonia, que tuvieron su auge en 2008 y 2009 y que supusieron huelgas, manifestaciones y encierros de varios días. El objetivo del Gobierno con el conocido como Plan Bolonia era adaptar el sistema universitario español para homologarlo al Espacio Europeo de Educación Superior. Sin embargo, sus críticos sospechaban que serviría más que para mejorar la calidad educativa, para encarecer la educación superior. Lo que vino en los años posteriores fueron recortes en profesores y becas y una importante subida de las tasas de matriculación.

Después, según comentan las fuentes consultadas, las protestas han sido irregulares con picos y valles, aunque señalan que en 2015 y 2016 las movilizaciones comenzaron a estancarse. Ahora la tendencia parece encaminada hacia un nuevo repunte.

Especulando sobre qué habría podido ocurrir en los últimos años para que no haya tenido lugar una movilización semejante, Joseba Fernández da la primera respuesta lógica: no ha habido un elemento reactivo tan fuerte como el Plan Bolonia, que además de movilizar, unificara todas las protestas en un objetivo común. También apunta a que las propias reformas “de carácter neoliberal” que ha sufrido la Universidad en los últimos años, como la obligatoriedad de asistencia a clase o los propios currículos, pueden haber hecho que los jóvenes se organicen fuera del movimiento estudiantil. Siguen activos en organizaciones y colectivos feministas, en defensa de los derechos de los migrantes, etc. También las medidas punitivas a la protesta han podido hacer que el suflé baje.

Desde esa última gran movilización universitaria contra Bolonia, las organizaciones han tenido tiempo de reflexionar sobre lo pedido y lo logrado. También para intentar hallar fórmulas que hicieran las protestas más efectivas. “Con la etapa de Bolonia se organizó la lucha mediante un movimiento asambleario que dificultó la organización. Eso llevó a que no se pudiera parar Bolonia y que las asambleas resultantes fueran muriendo años después”, explica Adrià Junyent, secretario general del Frente de Estudiantes, aunque también advierte que “en los últimos meses está más unida la comunidad educativa”.

Volver a ocupar las calles

“Queremos estabilidad. Llevamos años en una incertidumbre constante”, sostiene Alejandro Delgado, de la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (FAEST), sobre los constantes cambios de los últimos años, que han creado cierta inseguridad entre el alumnado. La mayoría de fuentes consultadas creen que el movimiento estudiantil va a resurgir en los próximos meses. Nada mejor que un enemigo común que una a todas las asociaciones contra la misma causa: la lucha contra la LOMCE. “Nosotros creemos que hay motivos para salir a la calle de nuevo. Tenemos que conseguir una ley de Educación que se debata con la comunidad educativa, hay que aumentar el presupuesto y disminuir los ratios”, explica Adrià Junyent. La charla se produce unos días después de que PSOE y Podemos decidieran levantarse de la negociación del pacto educativo, una mesa en la que pocos confiaban.

Las organizaciones consultadas sí creen que hay caldo de cultivo para que el movimiento estudiantil se vuelva a movilizar en los próximos meses. Por ello, Junyent cree que ahora “toca empezar a movilizar a los estudiantes y organizarlos para dar el año que viene un golpe sobre la mesa”. Opina que las organizaciones tienen que hacer un esfuerzo por reforzar los vínculos con los estudiantes en el día a día, un objetivo que Alejandro Delgado también cree que hay que pulir: “Observamos que ahora hay poca participación activa en organizaciones”. Aún así, los alumnos las perciben como útiles. “Es cierto que hay que implicarles más, pero también acuden a nosotros si tienen algún problema”, explica el representante.

En esta llamada a salir a la calle, los jóvenes cuentan con una potente herramienta que no tenían en Mayo del 68: las redes sociales, que les sirven hoy para dar a conocer sus actividades o convocar protestas que engordan gracias a la rapidez del móvil. No les preocupa que la falsa sensación de protesta que se pueda crear en Twitter o Facebook desaliente la calle.

De hecho, Ana García va más allá: “Nos sirven para contrastar información. Ahora es más fácil tener acceso a una visión crítica de determinados temas. Las redes sociales ayudan a popularizar algunas ideas”, explica sobre el fenómeno.

Que el movimiento estudiantil no abra hoy los informativos no quiere decir que los jóvenes no protesten. Es más, la juventud se integra en movimientos transversales. Han estado presentes en algunas de las movilizaciones más importantes de los últimos meses y las han hecho triunfar. El mejor ejemplo es la huelga feminista del pasado 8 de marzo, donde uno de los cuatro pilares era el estudiantil, junto al laboral, el de los cuidados y el del consumo. De hecho, en las mismas manifestaciones convocadas se ponía de manifiesto un gran éxito intergeneracional.

Los jóvenes también han tenido un papel relevante en las protestas derivadas de la situación en Cataluña, especialmente tras las detenciones de una parte del Govern. El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans se ha encargado de movilizar a los jóvenes para protestar contra la actuación del Ejecutivo central. Mientras, la organización juvenil vinculada a la CUP, Arran, también ha protagonizado más de un titular, una atención mediática que ha compartido con los polémicos Comités de Defensa de la República (CDR), donde también hay un buen número de estudiantes.

Tras el feminismo y los pensionistas, muchos creen que los jóvenes serán el siguiente grupo en protagonizar movilizaciones masivas. Los políticos, conscientes de que son más abstencionistas que los veteranos, ya apelan a ellos con las elecciones de fondo en 2019. Mientras el PSOE ha propuesto un “rescate de los jóvenes” con más de 60 medidas, Podemos ya ha anunciado su intención de convertirse en un “instrumento político” para la juventud, apelando al movimiento estudiantil, a la autorganización juvenil y a la lucha contra la precariedad, entre otros muchos objetivos.

*Este reportaje está publicado en el número de mayo de tintaLibre, a la venta en quioscos. Puedes consultar todos los contenidos de la revista haciendo clic aquí. aquí

La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, integrada por organizaciones de madres y padres, estudiantes y sindicatos de enseñanza, ha anunciado manifestaciones en todas las comunidades autónomas para el próximo 8 de mayo con las que volverán a reclamar la derogación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y la "reversión de los recortes" en educación, que cifran en 9.000 millones de euros desde el inicio de la crisis.

"Volvemos a la calle y la movilización irá a más", ha explicado Francisco García, portavoz de la Plataforma y responsable de enseñanza de CCOO, ante la sede del Ministerio de Educación en Madrid, donde han convocado a los medios para presentar la "jornada estatal de lucha por la escuela pública" del 8 de mayo, "pistoletazo de salida de una campaña de movilizaciones" que estas organizaciones detallarán en las próximas semanas.

Según el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, la marea verde vuelve a las calles después de que la "voluntad" del Gobierno de Mariano Rajoy de "no derogar la LOMCE ni revertir los recortes" haya "dinamitado" el Pacto Educativo.

Estas organizaciones también han criticado la inversión educativa que figura en el proyecto de Presupuestos Generales de Estado para 2018, que consideran "más de lo mismo" porque se sitúa en el 3% del PIB y no recupera los niveles anteriores a la crisis a pesar del crecimiento de la economía española.

En este sentido, la Plataforma ha señalado que el Gobierno lanza "mensajes claramente negativos" y ha cuestionado la promesa del ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, de aumentar la inversión educativa hasta el 5% en los próximos años, como reclamaba el PSOE para continuar en la mesa del Pacto Educativo, que abandonó, al igual que todos los grupos de la oposición a excepción de Ciudadanos, el pasado mes de marzo.

"El ministro dice una cosa en Sevilla y otra en Bruselas. Porque en Sevilla ofrece volver al 5% durante una convención del Partido Popular, pero a Bruselas manda un memorándum donde se compromete a reducir la inversión educativa. ¿Dónde miente el ministro? Pues seguramente en Sevilla", ha denunciado Francisco García.

¿Huelga en octubre?

El portavoz de la Plataforma también ha anunciado que las organizaciones que convocan las manifestaciones del próximo 8 de mayo buscarán el "apoyo de las fuerzas políticas" para que se sumen a esta movilización contra la LOMCE, que fue aprobada por el Partido Popular y también es conocida como ley Wert, y los recortes de los últimos años.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha adelantado que su organización pretende que el nuevo calendario de movilizaciones culmine con una convocatoria de huelga general en educación el próximo mes de octubre, aunque esa pretensión no se ha acordado todavía en la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública.

"Si el Gobierno pensaba que la marea verde había muerto, que lo tenga claro, nada de eso: saldremos con todas nuestras fuerzas hasta que se cumplan todas nuestras reivindicaciones y no vamos a aceptar ningún tipo de triquiñuela o engañifa como la que han intentado lleva a cabo con el Pacto Educativo, que ha sido un auténtico teatro, un insulto a la inteligencia de toda la comunidad educativa", ha sentenciado la portavoz del Sindicato de Estudiantes.