La factura de la sanidad privatizada en la Comunidad de Madrid alcanzó su techo histórico en el ejercicio 2024, según el último informe fiscalizador de la Cámara de Cuentas. Bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso, —desde el ejercicio 2019 y sin contar el 2020, del que no hay datos— la administración regional ha reconocido obligaciones de pago por un total acumulado de 6.048 millones de euros a las entidades concesionarias de los hospitales públicos de gestión privada mediante concesión administrativa, que incluyen a los grupos Quirón Salud y Ribera Salud. 

Este volumen de gasto ha registrado su mayor hito en el ejercicio 2024. El último informe de fiscalización revela que las obligaciones reconocidas en esta partida —que incluye, además del gasto de los hospitales, el del traslado de los pacientes y otras partidas como pruebas especializadas— sumaron 1.957,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 65,7% respecto al año anterior. 

Este salto no responde a un aumento proporcional de la actividad, sino al reconocimiento de 909,9 millones de euros correspondientes a las liquidaciones de ejercicios anteriores. Se trata de gastos ya devengados que la Comunidad mantenía como "obligaciones pendientes de reconocimiento" y que han pasado al presupuesto de gastos de forma conjunta en este ejercicio.

El grueso del gasto en gestión indirecta en 2024 se concentra en los centros operados por los grandes grupos privados, con Quirón Salud a la cabeza. El grupo, que gestiona cuatro hospitales en la red pública madrileña, ha recibido este año 1.611 millones de euros, que sumados a los 3.857 millones que ya habían recibido desde 2019, hacen un total de 5.649 millones sin contar 2020, año en el que la Cámara de Cuentas no detalla las cuantías en su informe de fiscalización.

A esta cifra se suman los 144,4 millones de euros destinados al Hospital Universitario de Torrejón (Ribera Salud). En total, la factura de estos cinco centros con concesión administrativa suma 1.755,4 millones de euros en 2024, una cifra que absorbe tanto el coste ordinario del servicio como el pago de los atrasos acumulados durante los cuatro años posteriores al inicio de la pandemia.

Estas cifras se refieren solo a los hospitales que tienen gestión privada a través de una concesión del servicio público, además de la Fundación Jiménez-Díaz, que cuenta con su propio concierto. Pero hay otros siete hospitales públicos —Suroeste, Tajo, Infanta Cristina, Henares, Infanta Leonor, Infanta Sofía y Majadahonda— que funcionan bajo gestión privada a través de concesión de obra, en los que la Comunidad paga a las entidades concesionarias un canon mensual que no se detalla en el informe de la Cámara de Cuentas. 

El informe también señala deficiencias en la vigilancia que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) ejerce sobre estas concesiones. El ente fiscalizador describe una administración que, a pesar de abonar miles de millones de euros, no supervisa aspectos fundamentales del contrato como las explotaciones comerciales privadas de los hospitales, sobre las que se denuncia una “carencia de control suficiente”. Denuncia también una falta de supervisión de los contratos y pólizas que las empresas concesionarias están obligadas a mantener, así como  “deficiencias en el seguimiento contable de los activos de concesión” y “falta de tramitación previa de modificaciones contractuales y reequilibrios económicos”. 

La regularización de los 910 millones de deuda antigua mencionados anteriormente no ha cerrado el saldo de pagos pendientes. Mientras la Comunidad de Madrid liquidaba las deudas de las cuentas de ejercicios anteriores, la fiscalización de 2024 ha detectado que ya se ha vuelto a generar una nueva partida de 458,7 millones de euros en obligaciones "pendientes de reconocimiento". 

De esta nueva deuda, 241,1 millones corresponden de nuevo a la Fundación Jiménez Díaz, es decir al grupo Quirón Salud. Se trata de facturas que ya han sido devengadas por la prestación del servicio pero que todavía no han pasado por el presupuesto de gastos, asegurando que la factura real de la sanidad indirecta siga siendo, un año más, superior a la inicialmente presupuestada. El modelo, según el auditor, mantiene un desfase estructural entre el gasto real y el reconocimiento administrativo del mismo. 

A Robe Iniesta. In memoriam.

Robe fue uno de los mejores letristas de este país. Como letrista, no me quedaba otra.

Al fascismo no se le combate con argumentos y con políticas sociales que fomenten la cohesión intergeneracional. La chavalería lo tiene claro: está de moda ser fascista. Hay toda una industria bregándoselo, creándonos complejos sobre nuestras alicatadas cabezas en las redes, mientras la derecha, extrema o no, mueve la caja registradora y roba a los más vulnerables. Ya me tienen "hasta los huevos" con tanta sinvergüencería. No, así no se les combate. Al fascismo se le combate en las urnas, a carita de perro, y en segunda ronda en el parlamento. A esta peña cutre, nacionalcatólica y celtibérica no se le puede permitir que acaben con los servicios públicos, los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de las minorías. Este retroceso que pensábamos que no volveríamos a ver se está produciendo de un modo descarnado.

Mientras acontece, la fascista Lady Ayuso aprueba un gasto extra de 106 millones de euros para reequilibrar económicamente tres hospitales gestionados por Quirón: el Hospital General de Villalba, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el Infanta Elena de Valdemoro. En el reequilibrio económico del hospital de Villalba, Quirón recibirá 21,4 millones de euros extra (obviamente estamos en Navidad), aparte de los 37,9 millones que se le abonará por su actividad el pasado año. Y no me da la gana, francamente, a la par que me pone de muy mala hostia, desarrollar los business de Valdemoro y Móstoles. Al fin y al cabo, uno no es más que un paleto, al que Madrid le viene de paso un par de meses al año, pero créanme los foráneos: lo tienen crudito. Lo del reequilibrio económico por la prestación asistencial, con pocas camas y menos médicos, en mi pueblo lo llaman robar.

Llegados a este punto y frente a la mirada del gato del vecino que me escruta como si me hubiera fumado cuatro “porros” seguidos, decanto el vaso con hielo para intentar adivinar su contenido y la verdad: no me gusta un pelo.

De Purísima y oro.

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Pako Martí es socio de infoLibre.

No sé cuál puede ser la palabra más indicada para calificar la cara de espanto que se nos queda a los españoles cuando oímos la barbaridad de las concesiones sanitarias a empresas privadas. Se privatiza la sanidad pública a costa de nosotros mismos, de los españoles, que somos quienes la financiamos con nuestros impuestos.

Tanta desvergüenza me deja sin aliento.

¿Dónde va a parar el dinero de nuestros impuestos? Pues, en gran parte, se lo embolsan nada más y nada menos que las empresas sanitarias privadas que, sobornando a los políticos responsables, consiguen que se les conceda la gestión de los hospitales públicos. Pero las empresas solo piensan en enriquecerse y no cumplen los objetivos que –se supone– han pactado. En consecuencia, la precariedad de la asistencia sanitaria aumenta vergonzosamente y el desmantelamiento progresivo de lo público es un hecho constatado.

Una empresa, según la RAE, es una unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.

¿Y cómo se lucran estas empresas que se encargan de gestionar los hospitales públicos? Pues se lucran desatendiendo a los pacientes, que no se curan y mueren sin haber recibido los cuidados necesarios. Está claro que el dinero, que reciben de los diferentes gobiernos de las Comunidades Autónomas, no lo emplean en que la población goce de una sanidad adecuada y digna, sino que se lo apropian de forma fraudulenta y lo convierten en beneficios crematísticos (efectivo contante y sonante).

Pero no solo se lucran las empresas, pues al haber sido seleccionadas por las Comunidades Autónomas para la privatización pagan un canon sustancioso a los políticos que las han elegido (o a su pareja) que, sin duda, será proporcional a los beneficios que ellas mismas obtienen.

Y todos contentos.

Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, que estas empresas que se enriquecen a costa del abandono y muerte de los españoles son asesinas. Y, en consecuencia, los políticos que se lucran a costa de ese abandono y muerte de los enfermos, que esas empresas privadas no han atendido, son también cómplices de esas muertes.

Así las cosas, tras el escándalo del grupo Ribera Salud en Torrejón de Ardoz y el de la empresa Quirón, en la Comunidad de Madrid, ya nos estamos acostumbrando a que la señora presidenta, cuando se pone nerviosa y carece de argumentos, enarbole la bandera de la ETA que, según dice ella, se está preparando para cometer muchos desmanes en Euskadi y en Navarra. Lo hace para meter miedo al personal y desviar la atención; y porque, al parecer, no se ha enterado de que ETA ya no existe desde el 20 de octubre de 2011. Aun así, yo en su lugar tendría la boca cerrada y me plantaría ante el señor MAR para decirle que, si quiere mentir, sea él quién lance esos bulos al aire, porque afortunadamente llevamos década y media sin muertes.

Tanta desvergüenza me deja sin aliento.

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Nieves Sevilla Nohales es maestra y escritora.

Hay que volver una y otra vez al origen porque la estrategia, descrita en los manuales de la ultraderecha, es confundir con gilipolleces, generar el caos, desviar una y otra vez la deficitaria atención del público como con esos ratoncitos de laboratorio a los que se desquicia ofreciéndoles alternativa y aleatoriamente comida o descargas eléctricas.

No nos distraigamos, pues: la presidenta de la Comunidad de Madrid, que lidera la extrema derecha española con Santiago Abascal (observen los últimos datos de encuesta), vive en un dúplex con ático que acaba de comprar su pareja, un “paisano” que, suponemos, tomó la decisión de compra tras descartar la fuga, el exilio a un país que no sea una dictadura como este, o el suicidio, según confesó en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que el PP dijo que controlaría por la puerta de atrás.

Perdón, que pierdo la atención… Decía que ese “técnico sanitario” al que conocimos gracias a la revista Semana cuando surgió su amor por la presidenta (no hubo problemas de revelación de datos privados entonces), se ha comprado un dúplex luminoso y exterior. Lo ha hecho gracias a lo bien que le va en los negocios como comisionista, suponemos. Porque que sepamos se embolsó dos millones en comisiones por la compraventa de mascarillas para el grupo Quirón, el mastodonte de la sanidad privada para la que trabaja. Hizo lo mismo que antes había hecho su cuñado, el hermano de la presidenta: hacer negocio con mascarillas en lo peor de la pandemia. En su caso con el principal cliente/proveedor/socio de su novia. Entonces pagó por denunciar el chanchullo el mismísimo Pablo Casado, al que sus compañeros echaron a la calle como se expulsa de un bar a un borracho molesto.

¿Ven como no hay manera? Me enredan de nuevo los detalles… En el momento en que Alberto “Quirón”, como constaba en el teléfono móvil del jefe de Gabinete de Ayuso, el genial Miguel Ángel Rodríguez —MAR— trata de defraudar con facturas falsas 350.000 euros y Hacienda le pilla y el fraude se publica, el propio MAR tira de nuevo de manual del superhumano de Nietzsche: jamás pedir perdón, nunca retractarse, hacia atrás ni para coger impulso, culpar al adversario… Escapar de la moral convencional para crear un sistema propio de valores. Y así se monta el bulo que hoy cree la mitad de la población española: que la pobre Ayuso y su novio defraudador confeso son víctimas de la insidia del sanchismo. Por si había alguna duda, lo acaban de sentenciar cinco magistrados (contra dos) del Tribunal Supremo, tirando de un sonrojante manojo de vaguedades tomadas como indicios. No fue mala pieza de caza la de Pablo Casado, pero es mejor aún esta que se han cobrado los tortolitos del dúplex: el mismísimo fiscal general del Estado, cuyo único “delito” constatado es que trató de desmontar el grandísimo bulo del jefe de gabinete, funcionario que no es notario pero peina canas y lleva mucho en esto…

Carajo, qué fácil es distraerse… Vuelvo. ¿A quién tenemos de consejera de Sanidad en la Comunidad de Madrid? ¿A quién nombró la novia de Alberto “Quirón” hace dos años como responsable de los servicios sanitarios de los madrileños? A Fátima Matute. La declaración responsable de la consejera solo hace referencia a sus orígenes en el hospital público San Carlos. No dice que trabajó 17 años para el Grupo Quirón. Mira tú por dónde. Esa señora es la responsable ahora de dirimir si el otro grupo sanitario privado (La Ribera, en realidad un competidor menor) hizo algo ilegal al recomendar extender las listas de espera y derivar clientes/pacientes menos rentables, para mejorar el beneficio en unos tres o cuatro millones en el hospital de Torrejón.

Y llegamos a lo esencial: en algún lugar de Frankfurt, de París o de Nueva York, unos anónimos señores se están haciendo de oro con la salud de usted y con la mía. Son los fondos propietarios de esos hospitales y pagadores últimos de nuestras doctoras y nuestros enfermeros. Que cada día encuentran mejores condiciones en la privada, porque la pública se está deteriorando a pasos agigantados y silenciosos. Nada dice que no podemos terminar en España teniendo la misma basura de sanidad que en Estados Unidos, en la que solo los ricos pueden tener una atención digna.

Alberto Burnet González, o Alberto Quirón, es solo un peón de ese entramado. MAR es un personaje secundario bufonesco en la trama. Y la consejera y Ayuso son meros instrumentos. Les regalan a todos algo, antes o después: coche y dúplex, buenas mordidas, quizá mañana un consejo de administración bien pagado… Migajas al lado del negocio inmenso que se está haciendo detrayendo dinero de la ciudadanía para trasvasarlo a las corporaciones de sanidad privada.

Al final, la tragedia esencial es la de siempre. Que no nos confundan. Los muchos contra los pocos. La mayoría frente a la élite codiciosa. Hay que parar a esa gente mala que malbaratando la palabra "libertad" se vende por un puñetero dúplex para hacerle el servicio a los señoritos de siempre.   

A menos de un mes para las elecciones autonómicas, Extremadura hace un guiño a la sanidad privada. La Junta ha dado luz verde a que los jefes de servicio de los hospitales públicos puedan ejercer también en clínicas de pago. El Consejo de Gobierno ha aprobado recientemente la reforma de la normativa existente para eliminar la dedicación exclusiva de estos cargos intermedios.

¿Cuáles son los argumentos? Fidelizar a los profesionales del Servicio Extremeño de Salud (SES) para que no se marchen a otras regiones con mejores condiciones, atraer a nuevos talentos y fomentar la libertad profesional. Además, subrayan que era “una reivindicación histórica del sector”.

Lo cierto es que Extremadura –junto a Navarra– era la única comunidad del país que mantenía esta medida. La misma existía desde 2006 y se puso en marcha siendo el recientemente fallecido expresidente Guillermo Fernández Vara (PSOE) consejero de Sanidad.

Lo que hace ahora el Gobierno de María Guardiola (PP) es modificar ese decreto 152/2006, de 31 de julio en cuyo artículo 6 se recoge: “El desempeño de un puesto de jefe de servicio o sección se realizará en régimen de dedicación exclusiva, no pudiéndose renunciar al complemento específico que el puesto tenga asignado”.

Fue Vox quien abrió la veda. El pasado mes de mayo registró una propuesta en la Asamblea para que se permitiera a estos profesionales (son 220 jefaturas) ejercer tanto en la pública como en la privada. Semanas después el asunto se llevó a la Mesa Sectorial de Sanidad por parte de la consejera del ramo, Sara García Espada, y es ahora cuando se le da el visto bueno final.  

Habría que recordar que cuando el popular José Antonio Monago estuvo al mando de la Junta (entre los años 2011 y 2015, gracias a la abstención de IU) no planteó ningún cambio al respecto.

Con la reforma aprobada y ya publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), ¿qué supondrá el cambio? En el análisis de las consecuencias aparecen las voces críticas. Entre ellas, la de Remigio Cordero, portavoz de la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública y que ha ejercido durante 42 años de médico internista en hospitales de Badajoz. Su resumen es que habrá un evidente conflicto de intereses. Lo explica así: “Son los jefes de servicio y sección los que tienen capacidad de reducir la oferta o aumentar la demanda, como en las peticiones de consulta, de pruebas diagnósticas o de intervenciones quirúrgicas. Si se produce un exceso de demanda, sale beneficiada la oferta subsidiaria de la sanidad privada”.

Del mismo modo, añade: “La diferencia en las retribuciones médicas entre el sistema público y el privado es que en el primero se cobra por salario y en el segundo por acto médico. Ese excedente de demanda podría producir un aumento de actos médicos, lo que significaría un incremento de retribuciones”.

Cordero, que también fue docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura (UEx), pone el foco en la diferencia entre complementariedad y competencia. “La complementariedad entre dos sistemas exige que no existan elementos comunes. Cuando la alternativa a la sanidad pública es la privada para asumir la demanda excedente, la colaboración se convierte en competencia. Sus beneficios aumentarán cuando disminuya la eficiencia de la competidora”.

Y asegura que esa realidad que describe se podría dar con más frecuencia en especialidades como traumatología o xirugía maxilofacial, donde las listas de espera son más largas.

¿Qué responde al argumento de la Junta de la fuga de especialistas o la dificultad para nombrar a responsables por esta ‘limitación’? “Si bien amenazan con irse, después no lo hacen, porque el prestigio como profesional te lo da ser jefe de servicio en la pública”, afirma quien también ocupó ese cargo. 

En este contexto, asegura que en Extremadura la sanidad privada no tiene, de momento, gran calado y destaca de manera muy positiva la inversión presupuestaria que se hace con respecto a otras regiones (influyen el envejecimiento de la población y la dispersión rural). “El modelo somos nosotros, no Madrid”, apunta.

Como comparativa, mientras Extremadura gasta en torno al 9% de su PIB (Producto Interior Bruto) en Sanidad, la Comunidad de Madrid se queda en el 4%. Y si las derivaciones de la pública a la privada para poder hacer frente a la actividad hospitalaria suponen el 4,7% en Extremadura, en Madrid llegan casi al 11% y en Cataluña al 22%.

No obstante, añade un matiz: el nuevo hospital privado que Quirón está construyendo en Badajoz. “Entre otras cosas, hará falta que más profesionales de la pública se pasen allí para ponerlo en marcha”.

Otra voz de denuncia contra la recién aprobada reforma es la de Juan Luis Domínguez Carlos, de la Federación de Sanidad de CCOO de Extremadura. “Esto es muy sencillo: los jefes de servicio son los que gestionan las listas de espera de cada especialidad. Y lo que no podemos permitir es que esas listas de espera bajen, para cumplir con la ley de plazos, a costa de derivar a la privada”, expresa. Y añade: “Yo puedo pensar que todo el mundo es bueno, pero sobre todo lo que quiero es que haya controles para que las cosas se hagan bien. Y no puede ocurrir que dejemos que se deteriore lo público para justificar que es mejor la privada”.

En este sentido pone el foco en las llamadas peonadas, las horas extra que los profesionales sanitarios hacen –y cobran– fuera de su horario habitual. “Esto también lo controlan los jefes de servicio”, apunta.

De este modo, en el primer semestre de este 2025, las consultas de tarde han aumentado en los hospitales extremeños un 50% y, además, la mitad de las pruebas de diagnóstico se han hecho o bien en esas horas o bien en la privada.

“Nos hemos gastado más de 22 millones en peonadas extraordinarias sin control. Esto no es sostenible, nos tememos un intento deliberado de deterioro de la sanidad pública para engorde de la privada”, denunciaban este verano, al respecto, desde Unidas por Extremadura.

Pero para la Junta el balance es positivo porque, efectivamente, se han reducido las listas de espera. Remarcan, sobre todo, las quirúrgicas: se ha rebajado en un mes el tiempo de espera para ser intervenido, llegando a los 134 días de media (con datos de junio).

De este modo, se cumple con la ley de plazos, que establece un máximo de 180 días naturales en el caso de las operaciones.

Frente a esta gestión, la oposición es muy crítica. Así, considera la eliminación de la dedicación exclusiva para los jefes de servicio otro paso más hacia la privatización. “No tiene nada que ver con la libertad individual de los médicos, que respetamos, sino con el blindaje del sistema público. La sanidad no se puede ver como una mercancía o un bien de mercado”, expresaba la socialista Isabel Gil Rosiña tras el anuncio de la reforma del decreto.

“¿Se imaginan a un directivo de Coca-Cola trabajando por las tardes para Pepsi? Entonces, ¿por qué lo permitimos con la sanidad pública? Algunos solo piensan en hacer negocio con ella”, manifestaba, por su parte, Irene de Miguel, líder de Unidas.

Cuando la consejera de Salud y Servicios Sociales anunció esta modificación, a finales de mayo, ya desde CCOO mostraron su oposición al considerarla "oportunista y muy cuestionable" tras 19 años en vigor. El sindicato acusaba a la Junta de querer influir en las negociaciones a nivel estatal con el Ministerio de Sanidad para el nuevo Estatuto Marco que, precisamente, contempla la exigencia de dedicación exclusiva para puestos directivos y jefes de servicio, prohibiendo que trabajen en la privada. El objetivo: evitar conflictos de intereses y asegurar que los gestores se dediquen por completo al sistema público.

Domínguez Carlos subraya al respecto: “Es que la política tiene que salir de este tipo de negociaciones. Lo que no puede ser es que, según el color de la autonomía, me levanto o me quedo en la mesa de negociaciones. La protección de la sanidad pública debe estar por encima de eso”. “Porque, al final, se convierte en una batalla más”, añade en relación a que los intereses son más partidistas que sanitarios. De hecho, la dedicación exclusiva será un elemento más de confrontación del PP contra el PSOE que saltará a la hora de negociar el citado Estatuto Marco desde el Gobierno con las autonomías.

Dos delitos contra la Hacienda Pública, un delito contable y otro de pertenencia a grupo criminal. Son las tres infracciones penales de las que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, tendrá que defenderse cuando el Juzgado de lo Penal de Madrid al que corresponda el caso decida la fecha en la que lo sentará en el banquillo de los acusados. Las penas que solicita el Ministerio Fiscal para el comisionista sanitario son de tres años y nueve meses –cinco años y tres meses si se cuentan las peticiones del PSOE y Más Madrid– con lo que, en principio, una eventual condena comportaría su ingreso en prisión al superarse los dos años, el límite habitual para suspender las penas de cárcel. En el juicio también estarán sus cómplices, los que le ayudaron a crear facturas supuestamente falsas para ocultar el fraude fiscal y otro empresario mexicano también implicado en la trama.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado (que actúa en representación de la Agencia Tributaria) solicitan idénticas penas de un año y nueve meses para el primer delito fiscal cometido conjuntamente con el de falsedad en documento mercantil y de dos años y un día para el segundo. A esa nómina de delitos, la acusación popular ejercida por el PSOE y Más Madrid suma los de delito continuado contable y el de pertenencia a grupo criminal para los que solicita sendas penas de seis meses y un año y medio más. En total, la pareja de la presidenta madrileña se arriesga a una condena de cinco años y tres meses de prisión.

Fuentes judiciales explican que el hecho de que se haya acordado la apertura de juicio no cierra la puerta a que González Amador busque un pacto con el Ministerio Público para reconocer –esta vez sí– sus presuntos delitos, pagar la multa, la sanción y los intereses correspondientes para tratar de evitar la foto de su entrada en un centro penitenciario. El auto de apertura de juicio oral conocido este lunes afecta únicamente a parte de los delitos que se imputan al empresario. La anterior instructora, Inmaculada Iglesias, que se jubiló el pasado agosto, abrió una pieza separada por otros dos presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal que todavía se encuentra en fase de instrucción.

Esta segunda investigación indaga una supuesta comisión de la pareja de la presidenta madrileña a un directivo del gigante sanitario Quirón, uno de los principales contratistas hospitalarios de la Comunidad de Madrid. González Amador compró a la esposa de este directivo una sociedad por casi medio millón de euros, pero la firma adquirida no tenía empleados ni equipamiento de ningún tipo y carecía de actividad, por lo que los investigadores sospechan que se trata de una operación simulada con la única finalidad de camuflar el pago de una mordida.

La resolución de este lunes, firmada por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, sustituta de Iglesias a la espera de que tome posesión del juzgado su nuevo titular, Antonio Viejo, cita como única resolución de referencia el auto de apertura del juicio oral dictado por el instructor del Supremo Ángel Hurtado contra el fiscal general del Estado el pasado 9 de septiembre, de la cual recoge seis párrafos. La pareja de Ayuso, aquí procesada, actúa en ese otro caso como acusación particular contra el máximo responsable de la Fiscalía en el proceso que se sigue contra él en el Supremo por un delito de revelación de secretos del que el instructor no ha conseguido acumular una sola prueba.

Tanto el fiscal como el abogado del Estado solicitan que a González Amador se le aplique la atenuante de reparación del daño causado al haber ingresado el 17 de mayo de 2024 el importe presuntamente defraudado más los intereses. El novio de Isabel Díaz Ayuso también ha hecho efectivas las cantidades que pudiera corresponderle abonar en concepto de responsabilidad civil derivada de sus delitos. El juicio se celebrará ante el Juzgado de lo Penal de Madrid que corresponda. Junto a González Amador se sentarán en el banquillo su socio y presunto testaferro mexicano Maximiliano Niederer. También otros tres acusados –David Herrera, Agustín Carrillo y José Miguel Carrillo– propietarios de sociedades andaluzas que redactaron parte de las facturas falsas que la pareja de Ayuso presentó a Hacienda.

Fue en Guildhall, la sede histórica del Ayuntamiento de Londres, donde la reina Isabel II de Inglaterra, ya fallecida, pronunció su famoso discurso el 24 de noviembre de 1992, en el marco de los actos por el 40 aniversario de su coronación. Pero la reina no tenía nada que celebrar ese año, que calificó en latín como "annus horribilis". Cuatro días antes un incendio había destruido parte del castillo de Windsor y dos de sus hijos, el príncipe Andrés y la princesa Ana, se divorciaron de sus cónyuges. El entonces heredero, Carlos, ya vivía separado de su esposa Diana, Lady Di, que había colaborado en la publicación de una biografía autorizada en la que daba cientos de detalles morbosos de la familia real y de sus problemas de pareja y las infidelidades del actual rey con la que hoy es su esposa, la reina Camila.

No ha sido un periodo tan prolongado y las malas noticias no afectan al ámbito social o familiar. Solo al judicial. Pero la semana que está a punto de concluir ha estado trufada de decepciones en los tribunales para Alberto González Amador. El novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) ha comprobado cómo su propio abogado fiscalista desmentía en el Tribunal Supremo la versión sobre su confesión de los dos delitos contra la Hacienda Pública que le achaca la Agencia Tributaria y la Fiscalía que él había dado días antes ante el Alto Tribunal.

El comisionista sanitario, además, ha sido procesado por esos delitos fiscales y el de falsedad en documento mercantil en el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, lo que le acerca peligrosamente al banquillo de los acusados. Por último, la Sala de lo Civil del Supremo ha archivado la demanda que presentó contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por llamarlo "defraudador confeso", por lo que no obtendrá la indemnización que reclamaba. El mismo camino seguirán, previsiblemente las reclamaciones presentadas contra Pedro Sánchez, el ministro Félix Bolaños o el periodista Xabier Fortes por usar ese mismo calificativo.

El pasado 23 de mayo, a petición del fiscal general del Estado, González Amador tuvo que declarar como testigo en la causa que se sigue contra Álvaro García Ortiz por revelación de secretos de la que el instructor, el magistrado Ángel Hurtado, no ha encontrado hasta el momento una sola prueba. Ante Hurtado, las acusaciones y las defensas, el novio de Ayuso dijo algo sorprendente: que en la causa que se sigue contra él en los juzgados de Madrid, el correo electrónico con la confesión de dos delitos fiscales para evitar posibles penas de cárcel, lo redactó y envió su abogado sin su consentimiento. "Jamás tuve conocimiento de ese correo, jamás, pero es que es peor, jamás participé en ese correo, jamás me preguntó el señor Neira si el contenido del correo me parecía bien o mal. No me consultaron, o sea, no he tenido copia de ese correo", dijo dejando a su defensor a los pies de los caballos.

De ser cierto lo declarado por su cliente, Carlos Neira hubiera demostrado una falta de profesionalidad inaudita: abrir la posibilidad de que su cliente fuera condenado por dos delitos y a pagar una cantidad superior al medio millón de euros. Actuar sin permiso del cliente o en contra de su voluntad es una falta grave recogida en el Estatuto General de la Abogacía que puede comportar la suspensión del ejercicio profesional por un período de hasta un año. Pero durante la declaración de González Amador ya hubo indicios de que, en realidad, no estaba diciendo la verdad. El instructor, Ángel Hurtado, le preguntó si después de que hubiera actuado a sus espaldas, seguía confiando en Neira. El novio de Ayuso respondió que sí. En dos ocasiones.

El martes fue Neira el que tuvo que declarar como testigo dejando en muy mala posición a su cliente. Ante Hurtado, desmintió al comisionista, al asegurar que, dos días antes de enviar el escrito con la confesión de su representado a la Fiscalía, el 30 de enero de 2024, le explicó pormenorizadamente a González Amador lo que implicaba el pacto: el reconocimiento de los delitos y una condena que no supusiera el ingreso en prisión. El novio de Ayuso, según Neira, entendió lo que se le estaba transmitiendo y lo aceptó. En el correo que redactó dos días después aseguraba que actuaba "de común acuerdo" con su cliente. Eso sí, también aseguró que no reenvió el mail al propio González Amador. Pese a las contradicciones, hasta el momento ninguna de las partes ha solicitado que se actúe contra él por falso testimonio.

Dos días después de la declaración de Neira, las malas noticias no llegaron desde la plaza Villa de París, sede del Supremo, sino de la plaza de Castilla, donde se encuentra la sede de los juzgados de Madrid. La titular del Juzgado de Instrucción 19, Inmaculada Iglesias, colocó a González Amador al borde del banquillo por los dos delitos fiscales sobre los que hasta ahora se ha negado a pactar con el Ministerio Público y uno de falsedad en documento mercantil por las facturas falsas que supuestamente trató de colar con su defraudación tributaria, que ascendió en los ejercicios de 2020 y 2021 a 350.951 euros.

En otra pieza separada, cuya instrucción va más retrasada, la magistrada investiga la compra a la esposa de un directivo del gigante sanitario Quirón de una sociedad sin apenas valor por casi medio millón de euros, lo que podría suponer una comisión encubierta. Los delitos que se le imputan en esta segunda pieza son los de corrupción en los negocios y administración desleal. El pacto con la Fiscalía para reconocer —esta vez sí— los delitos y evitar así la cárcel, según expertos penalistas consultados por infoLibre, todavía es posible. Es, además, el escenario que aparece como el más favorable para el acusado, dado el rigor del expediente elaborado por Hacienda sobre el caso.

En el auto, la magistrada apuntaba que con "la finalidad" de reducir la tributación por el Impuesto de Sociedades, el empresario "se dedujo indebidamente gastos" en virtud de una serie de facturas giradas "que no se corresponden con los servicios prestados". "De los citados informes se deduce que Maxwell Cremona –la sociedad de González Amador– se desgravó gastos ficticios al amparo de facturas que se reputan falsas puesto que, en esencia, no se han producido las operaciones comerciales referidas en los conceptos facturados". El auto es recurrible ante la Audiencia de Madrid, pero no suspende el proceso. Ahora la Fiscalía y las acusaciones tienen 10 días para presentar su escrito de acusación y solicitar la apertura de juicio.

El correo enviado por el abogado Neira a la Fiscalía para tratar de alcanzar un acuerdo y que su cliente evitara la cárcel se mandó el 2 de febrero de 2024. Su texto decía: "Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Albert González (sic), les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública), así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la Agencia Tributaria". Es decir, que en su contenido, se confesaban dos delitos, aunque fuera informalmente.

Desde que esa oferta de pacto saltó a los medios, políticos y periodistas no han dejado de referirse al novio de Ayuso como "defraudador confeso", tal y como indicaba ese correo. Pero, a finales del año pasado, González Amador comenzó a presentar demandas de protección del derecho al honor contra todo aquel que se refiriera a él con esa expresión y reclamándoles indemnizaciones. Periodistas como Xabier Fortes o Enric Juliana, el asesor político Luis Arroyo o el politólogo Pablo Simón han sido objeto de estas reclamaciones. También políticos, como el presidente del Gobierno, la vicepresidenta María Jesús Montero y las ministras Isabel Rodríguez, Diana Morant y Félix Bolaños.

“Evidentemente me reafirmo, por si había alguna duda, en la expresión utilizada, por cuanto es obvio que el mismo querellante ha reconocido el fraude cometido en el referido documento remitido a la fiscalía que han difundido los medios de comunicación y que no solo no ha negado sino que ha venido a validar al denunciar la filtración del mismo. No encuentro otra forma más breve y ajustada al diccionario que definir como defraudador confeso a alguien que confiesa ser un defraudador”, afirmó Xabier Fortes, director de La noche en 24 horas, tras conocer su demanda.

Todas esas reclamaciones perdieron gran parte de su sentido el pasado martes, cuando la Sala de lo Civil del Supremo desestimó la demanda contra la vicepresidenta Montero al considerar que la utilización de esa expresión forma parte de "la crítica política". "Concurren los elementos legitimadores de la libertad de expresión pues las manifestaciones versan sobre una cuestión de interés general y afectan a una persona de relevancia social, sostuvo la Sala. Además "no se utilizan insultos o expresiones injuriosas, las manifestaciones tienen una base fáctica razonable (que no quiere decir que sea exacta) y han sido realizadas de una manera no muy diferente a lo que viene siendo usual en el debate político o más bien partidista", recalca el tribunal, que avanza una cascada de futuros archivos.

13 de marzo de 2019. El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y del juicio del procés, Manuel Marchena, irrumpe desde el estrado en el interrogatorio del exresponsable de Difusión de la Generalitat de Cataluña durante la presidencia de Carles Puigdemont, Jaume Mestre, harto de sus evasivas y faltas de memoria ante las preguntas del Ministerio Fiscal. "Mire, señor Mestre", le lanza Marchena al testigo, "le recuerdo que en el Código Penal, el delito de falso testimonio no consiste en no decir la verdad. Cuando el testigo, sin faltar sustancialmente a la verdad, la altere con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, incurrirá en responsabilidad penal".

Han pasado seis años largos desde entonces. Esta vez es Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), el que declara como testigo en la causa abierta por el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos. Se investiga la supuesta filtración a los medios de un correo enviado por el abogado del propio Amador a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid el 2 de febrero de 2024 en el que se ofrecía a confesar dos delitos fiscales —"ciertamente se han cometido", se decía en él— y a pagar la cuota defraudada y sus intereses, así como la multa correspondiente. En total 520.000 euros a cambio de evitar la cárcel. Antes de iniciar su testimonio, el instructor del caso, el magistrado del Supremo Ángel Hurtado, le informa de su obligación de decir la verdad. En caso de no hacerlo, podría cometer un delito de falso testimonio.

Es el propio juez Hurtado el que empieza a preguntar. Las respuestas causan sorpresa entre los letrados de las acusaciones y las defensas y la teniente fiscal del Supremo, según varias fuentes presentes en el acto. El novio de Ayuso sostiene ante todos ellos que su abogado, Carlos Neira, no le informó de la confesión de esos dos delitos. Que fue una idea del letrado que se fraguó sin su consentimiento, por su cuenta. Tras negar los hechos que se le imputan —no hubo fraude ni facturas falsas ni sociedad interpuesta, dijo, según fuentes presentes en el interrogatorio— González Amador sostuvo que no tuvo noticia de su propia confesión hasta que los medios empezaron a publicar noticias sobre ella los días 12 y 13 de marzo de 2024. El correo concreto que proponía el pacto, cuya supuesta filtración se imputa al fiscal general hasta el momento sin pruebas, afirma que solo lo conoció al día siguiente, el 14 de marzo.

Varios de los presentes consideran que lo que dijo es inverosímil. En primer lugar porque lo que González Amador estaba haciendo era desautorizar a su propio defensor. "Es difícil creer que alguien desconozca que una conformidad penal supone admitir la comisión de los delitos, sobre todo cuando el acuerdo te obliga además a pagar 520.000", explica un jurista conocedor del caso. Se trata de una acusación que, además, comporta una infracción grave recogida en el artículo 125 del Estatuto General de la Abogacía —la de "falsa atribución de un encargo profesional" o "negativa o retraso injustificado a rendir cuentas" de ese encargo— que puede ser sancionada con la suspensión del ejercicio de la abogacía de hasta un año o una multa de entre 1.001 y 10.000 euros. Fuentes de la investigación aseguran que, pese a ese supuesto incidente relatado por Amador, Neira ha seguido trabajando en el equipo de letrados. El propio instructor pareció no creer lo que estaba escuchando al preguntar al novio de Ayuso si, pese a todo, Neira sigue contando con su confianza. Amador contestó que sí. Que era "correcto".

La aseveración de la pareja de la presidenta madrileña casa mal, además, con algunos de los documentos que ya obraban en la causa contra el fiscal general. Como la copia del mensaje que aportó el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tras su declaración como testigo el pasado 8 de enero. En él, "Alberto QUIRÓN", como aparece González Amador en el teléfono del asesor de la presidenta, le reenviaba el 12 de marzo de 2024 otro mensaje remitido por Neira en el que decía de manera textual: "Buenos días Alberto. He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que al final solo haya un condenado. Y multa mínima". Lo que seguía "en pie" era la propuesta de acuerdo enviada al Ministerio Público para evitar la cárcel enviada por Neira al fiscal el 2 de febrero de 2024. El resto son los términos del pacto a discutir entre ambas partes. ¿Es posible que Amador desconociera la confesión de sus delitos si su abogado le estaba informando de que la negociación seguía adelante y de la estrategia que iba a desplegar?

Este martes fue Carlos Neira quien tuvo que declarar como testigo a propuesta del fiscal general. Y contó ante Hurtado, desmintiendo al novio de Ayuso, que dos días antes de enviar el escrito con la confesión de su cliente a la Fiscalía, el 30 de enero de 2024, le explicó pormenorizádamente a González Amador lo que implicaba el pacto: el reconocimiento de los delitos y una condena que no supusiera el ingreso en prisión. El comisionista sanitario, según Neira, entendió lo que se le estaba transmitiendo y lo aceptó. En el correo que redactó dos días después aseguraba que actuaba "de común acuerdo" con su cliente. Eso sí, también aseguró que no reenvió el mail al propio González Amador. El abogado relató que había enviado su propuesta a un correo genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos, a la fiscal jefa de esa fiscalía, Virginia Alonso, y a un abogado del Estado, lo que indica que la filtración no tuvo que proceder necesariamente del fiscal general del Estado, como sostiene el juez aún sin pruebas.

El artículo 458 del Código Penal castiga con penas de hasta tres años y medio de cárcel y multa al "testigo que faltare ala verdad en su testimonio en causa judicial". Tal y como recordaba Marchena en el juicio del procés, el código también castiga con multa al testigo que "sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos" (artículo 460). La norma también contempla la posibilidad de que el testigo que haya "prestado falso testimonio en causa criminal", se retracte y diga la verdad antes de que se dicte sentencia en el proceso de que se trate. En ese caso "quedará exento de pena", según el artículo 462. Así que, Amador aún está a tiempo.

Vuelta al juicio del procés. Tras la confusa declaración del responsable de Difusión Institucional de la Generalitat, el fiscal Jaime Moreno reclamó al tribunal que lo denunciara en el juzgado de guardia (que dedujera testimonio, en jerga judicial) por falso testimonio. El presidente Marchena explicó el mecanismo: "La decisión sobre la veracidad o no de su testimonio tiene que tomarse en sentencia a la vista del contraste entre otras declaraciones, de otros documentos, de todo lo que son otras fuentes de prueba. Si se concluye entonces que el testigo ha dicho algo que es contrario a su deber de decir verdad, se podrá deducir testimonio ante el juzgado de guardia". En la causa contra el fiscal general nadie ha pedido todavía que se actúe contra el novio de Ayuso por mentir. Pero en caso de alguien lo hiciera, la decisión solo llegaría al final del proceso.

Javier Gómez Fidalgo, el fiscalista de Alberto González Amador, ha acudido este jueves a los juzgados de Plaza de Castilla para dar explicaciones sobre el papel que desempeñó en relación con las empresas del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Durante su comparecencia, según fuentes jurídicas, el abogado ha negado categóricamente haber cooperado en el fraude fiscal y en la falsedad documental. Unas dos horas de declaración en las que el fiscalista ha respondido a todas las partes y en las que prácticamente no se ha indagado en el uso por parte de Ayuso y González Amador de un ático a nombre de la sociedad administrada por el fiscalista. La jueza ha impedido preguntar al respecto al entender que no forma parte de esta pieza.

El fiscalista, cuya declaración tuvo que aplazarse en un primer momento por problemas a la hora de dar traslado del contenido de la causa, se encuentra investigado como “cooperador necesario” del fraude fiscal en concurso con falsedad en documento mercantil que aún hoy persigue a González Amador. La Fiscalía, en concreto, solicitó su imputación por el papel jugado por el abogado ante la inspección fiscal en relación con las empresas de la pareja de Ayuso, en la que se situó la cuota defraudada en los 350.000 euros.

Él es quien consta como "representante" de la firma Maxwell Cremona, la sociedad principal de González Amador, "para atender las actuaciones inspectoras". Un procedimiento en el que realizó en "numerosas alegaciones que luego se demostraron falsas". Para el Ministerio Público, el examen de los escritos presentados por el fiscalista "evidencia que las alegaciones que hace no son las de un asesor contratado" con ocasión de la inspección, sino la "defensa" ante "autoliquidaciones mendaces" de los ejercicios de 2020 y 2021 "en cuya confección había tenido parte".

El abogado también es "autor y presentador" de las autoliquidaciones del impuesto de sociedades de Masterman&Whitaker. Se trata de la sociedad a la que Maxwell Cremona, también controlada por González Amador, cedió a finales de 2021 parte de los servicios que había acordado prestar a Quirón Prevención SL, filial del gigante sanitario. Una maniobra que, a ojos de la Agencia Tributaria, no era más que una "simulación" para generar en la primera "bases imponibles negativas" para compensar "en el futuro". Al fin y al cabo, Masterman carecía "de medios personales y materiales necesarios" para realizar dichos servicios, que habrían sido presentados "realmente" por Maxwell.

Gómez Fidalgo, sin embargo, ha negado que él cooperara en la comisión del fraude fiscal o la falsedad documental. En su declaración, según fuentes jurídicas, el abogado ha explicado que él conoció al empresario en mayo de 2022, una vez que Hacienda había iniciado la inspección fiscal en su contra. Ha explicado que a él le contrataron para representar a Maxwell ante la Agencia Tributaria. Y que así lo hizo, alegando en base a lo que le decía la empresa y con las facturas que la misma le entregaba. En definitiva, ha defendido que él ni elaboró la contabilidad de la firma ni fabricó ninguna factura.

En cuanto a Masterman, ha explicado que su empresa venía haciendo la contabilidad de Círculo de Belleza, algo que continuó tras el cambio de dueños. Ahora bien, también se ha desvinculado, según las fuentes judiciales consultadas, de la autoliquidaciones presentadas por parte de esta compañía.

La relación del abogado con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid va mucho más allá de la actividad inspectora. Gómez Fidalgo figura como administrador único de Babia Capital SL, que es precisamente la sociedad propietaria del ático en el centro de Madrid del que disfrutan Díaz Ayuso y González Amador. La compra del inmueble, de más de 150 metros cuadrados, fue formalizada en escritura pública el 21 de julio de 2023. Cuarenta y ocho horas después de que quedase inscrito en el Registro de la Propiedad el piso justamente inferior al ático, este sí adquirido por la pareja de la presidenta madrileña unos meses antes. Para ello, desembolsó 350.000 euros, lo mismo que defraudó al fisco. Y suscribió una hipoteca de 500.000.

Babia Capital SL, cuyo principal accionista es un empresario de León, desembolsó por el ático 950.000 euros, según desveló en su día elDiario.es. Justo ese año, las cuentas de dicha sociedad reflejan un préstamo de 955.000 euros en su epígrafe "otras deudas a largo plazo", si bien se desconoce quién se encuentra detrás del mismo. En su declaración en el Juzgado de Instrucción número 19, alguna de las partes ha tratado de poner sobre la mesa el inmueble. Pero la instructora, Inmaculada Iglesias, ha impedido indagar sobre el mismo al entender que no formaba parte de la pieza principal.

Un ático, por el que González Amador aseguró que pagaba 5.000 euros mensuales, sobre el que sí ha querido pronunciarse el fiscalista fuera de sede judicial. Así, ha asegurado que el alquiler de dicho inmueble es un negocio “como otro cualquiera”.

Desde hace años están pagando por consulta generalista entre 7 y 9 € en vez de entre 25 a 30 € según baremo médico. Del mismo modo abonan entre 15 a 20 € a los especialistas que deberían cobrar entre 35 y 45 €. Con una particularidad muy curiosa: cuando el paciente acude a consulta por segunda vez (dentro del mismo mes) la aseguradora paga un 26% menos y si repite una tercera vez: 0€ (cero euros). Muchos de estos facultativos y clínicas pequeñas se han visto abocados a abandonar a sus pacientes por la dificultad económica que este abuso provoca. Así eliminamos competencia y centralizamos y concentramos a los pacientes en grandes corporaciones que compraron la mayoría de hospitales privados. Se me ocurre: Quirón y Vithas.

Pero también podríamos definir este abuso por posición de dominio como:

Una situación de poder que permite a una aseguradora barra entidad bancaria, como Segur-Caixa Adeslas, influir en las decisiones de todo un gobierno, jugando con la salud (de sus pacientes –de paciencia–) de sus clientes, con el único fin de prevalecer su estrategia empresarial y mantener la dinámica de beneficios. Bajar en beneficios se considera "pérdidas", recuerden.

La prueba la tenemos en el resultado de la "negociación" entre ellas y el ministerio de Óscar López para prestar servicio a los más de 1 millón de mutualistas y beneficiarios. La reivindicación de las aseguradoras (capitaneada por Adeslas) arrancó con un incremento de un 40% y terminaron firmando, 6 meses después, un 41,2% y 4.808,5 millones de euros para los tres años de vigencia de un acuerdo que ya de antemano sabemos que la aseguradoras no va a cumplir, para eso tienen esa posición de dominio, para ejercerla so pena de echarle encima al gobierno a todo un colectivo de mutualistas, con su sindicato corporativista afín mayoritario incluido, amenazando con paros por no ceder.

Pero no nos olvidemos de los mutualistas y beneficiarios enfermos, muchos jubilados con enfermedades crónicas que además de seguir pagando parte de los medicamentos se encuentran en una tesitura que pone en riesgo su salud: tener que cambiar de médico o especialista que controla su patología, algunas veces, graves y que firman sus recetas en papel aún. Es necesario recordar que en este sistema de salud no existe el historial clínico informatizado y centralizado que pueda ser estudiado por otro especialista. Por tanto me arrogo la capacidad de interpretar otra definición de este abuso al que estamos sometidos nosotros también. Diría que este abuso de posición de dominio es: una situación de poder que permite a una aseguradora barra entidad bancaria secuestrar a unos pacientes, con el único fin de prevalecer su estrategia empresarial y mantener la dinámica de beneficios. Una situación de poder que les permite:

1) Incumplir con total impunidad los conciertos firmados o 

2) Saltarse a la torera las Leyes nacionales e internacionales sobre protección de datos, incluso. 

Me explico:

1) Esa política de pagar muy por debajo de lo establecido provoca, como dije, la falta de médicos, y esto, a su vez, hace que las aseguradoras no puedan cumplir con el número de facultativos exigibles en el concierto con MUFACE por razón de habitantes donde resida el mutualista. Pero eso les importa un comino y juegan como los trileros, escondiendo la bolita o escondiendo, en este caso, al facultativo. Si para una ciudad como Málaga tienen que ofrecer equis especialistas, te ofrecen en el cuadro médico ese número de especialistas repetidos, ejemplo: el reumatólogo Felipe aparece en: su despacho, en una clínica, en un hospital y ya son tres. Cuando preguntas por el nombre del facultativo en esa clínica u hospital la respuesta es: Felipe. Finalmente el enfermo que intenta acudir a una consulta se encuentra que de 10 facultativos sólo son 5 o 6 reales. Todo un privilegio (después de cómo está el sistema nacional de salud) si no fuera porque en ese intento de pillar cita nos encontramos o que la agenda del médico está cerrada y no admite más pacientes o no se ha publicado esa agenda. Puede que de los 10 consigas que 1 te dé cita para 4 meses vista o que la cita sea por consulta telefónica.

2) La relación del mutualista con la aseguradora es a través de MUFACE. No tenemos una relación contractual directa con ellos. No es obligatorio por Adeslas, por tanto, avisar de que la póliza no será renovada como hicieron a finales de 2024. Todos los años se producen cambios y nunca se recibe un correo avisando del fin de la presentación por la aseguradora. Para ello utilizaron, en plenas negociaciones con el gobierno, un dato de carácter personal como es el correo electrónico para un fin distinto por el que fue recabado: para ejercer presión al Gobierno y provocar un estado de inseguridad en los enfermos crónicos y aumentar, de paso, aún más esa posición de dominio. Prueba de que el objetivo del correo electrónico era presionar es que la póliza sí fue renovada sin ceder un ápice, como demuestra la firma final.

Así, con total impunidad, como hacen con los métodos bancarios a los que están acostumbrados aprovechándose de que el Banco de España los protegen y, en este caso del uso de los datos, aprovechándose del nivel de deterioro que tiene la Agencia Española de Protección de Datos.

¡El fin económico justifica los medios, amigo Sancho!

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Joaquín Navas Cabezas es socio de infoLibre.

Un mes después de que se acogiera a su derecho a no declarar por el fraude fiscal que le persigue, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha regresado este jueves a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. Pero en esta ocasión, para declarar como investigado por los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Bajo la lupa, la compra que hizo por medio millón de una empresa que “carecía de valor” a la mujer del director general de Quirón Prevención, Fernando Camino. Una operación en la que la Fiscalía ve una posible "comisión encubierta". Algo que él, sin embargo, ha negado. Durante su comparecencia, ha tratado de justificar el precio pagado por dicha sociedad. Y ha hablado por vez primera sobre la segunda vivienda de la que disfruta junto a Ayuso, un ático que se ubica sobre el inmueble que él mismo compró tras el supuesto fraude fiscal que le persigue.

González Amador ha respondido durante más de dos horas a las preguntas de la jueza, el Ministerio Público y su defensa. Una declaración en la que ha asegurado, según fuentes jurídicas, que la red de distribución que tenía la sociedad adquirida justificaba el pago que se hizo por la misma. Además, ha asegurado que Inspección Fiscal no puso en cuestión en su día aquella adquisición. Y ha documentado sus ingresos procedentes de Quirón Prevención, empresa encargada de los chequeos médicos a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. En cuanto al ático, ha asegurado que tiene un contrato de alquiler con opción a compra y que paga 5.000 euros mensuales.

Está pieza, separada del fraude fiscal y cuya apertura ha avalado la Audiencia de Madrid, va a lo más profundo de los negocios del empresario con la filial de uno de los gigantes de la salud más beneficiados por la privatización sanitaria en la región. Y se centra, al menos por ahora, en Masterman & Whitaker. Se trata de la sociedad a la que Maxwell Cremona, también controlada por González Amador, cedió a finales de 2021 parte de los servicios que había acordado prestar a Quirón Prevención. Una operación “simulada” a ojos de la Agencia Tributaria, dado que los trabajos se habrían realizado realmente con medios de Maxwell, con la que González Amador habría buscado un beneficio fiscal.

Masterman no siempre estuvo en manos de la pareja de Ayuso. La sociedad se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros bajo el nombre Círculo de Belleza. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Gloria Carrasco, a la que se designó como administradora única, se quedó con el 60%. Y su esposo, Fernando Camino, actual director general de Quirón Prevención, con el 20% –el mismo porcentaje que adquirió su cuñado–. Sin embargo, con el paso de los años Carrasco acabó convirtiéndose en la accionista única de dicha sociedad.

Es a ella a quien González Amador compró la sociedad a finales de 2020. El 4 de diciembre, se transmitieron a Maxwell las acciones de Círculo de Belleza, que luego cambiaría de nombre, por 499.836 euros. Un precio que llama la atención a la Fiscalía. Al Ministerio Público le sorprende que se pagara casi medio millón de euros por una empresa que “carecía de valor”. No tenía inmuebles a su nombre. Tampoco trabajadores. Y su activo material estaba compuesto por un portátil y tres aparatos de depilación. De ahí que sospeche del pago de una posible “comisión encubierta”.

Esto es algo en lo que también se centra la acción popular, que ve en la operación una posible retribución a Camino por su posible intervención a favor de las empresas de González Amador como director general de Quirón Prevención. O una contraprestación por la compraventa de material sanitario en la que participó la pareja de Ayuso en lo peor de la pandemia, negocio que le reportó 1,97 millones de euros. En concreto, González Amador medió para la venta de mascarillas entre dos empresas. Una de ellas era Mape Asesores, firma gallega de la que, de nuevo, era consejero el propio Camino.

Ya durante la fase de inspección, González Amador trató de justificar su interés por Círculo de Belleza. Y lo hizo con una argumentación similar a la desplegada este mismo jueves en el Juzgado de Instrucción nº19 y recogida por las acusaciones populares en el escrito con el que forzaron la apertura de esta pieza separada. "Es una apuesta de Maxwell Cremona SL por esta empresa y es quien nos hacía de enlace con las farmacias para implantar el Covid Seguro. Además, esta empresa tiene un contrato con Mape. Se pagó este importe por los acuerdos que tenía Círculo de Belleza SL con estas empresas, dado que en ese momento resultaban muy atractivos", respondió a la inspectora.

Ahora, la jueza tendrá que decidir si sigue tirando del hilo y llama a declarar al directivo de Quirón. Mientras, la pata principal del caso, en la que se investiga a González Amador por un supuesto fraude a Hacienda por 350.910 euros, continúa su curso. La instructora ya ha citado como investigado al abogado fiscalista que representó al empresario ante la Agencia Tributaria, Javier Gómez Fidalgo. Una pieza en la que la pareja de Ayuso ya tenía prácticamente cerrado un acuerdo con Fiscalía para pagar una multa y no entrar en prisión, pacto que ha quedado, por el momento, congelado a la espera de ver cómo se resuelve esta segunda investigación.

En julio de 2022, dos meses después de que Hacienda iniciara sus investigaciones sobre el fraude fiscal, González Amador adquirió un lujoso inmueble en el centro de Madrid, que con más de 183 metros cuadrados y un precio de mercado que superaría el millón de euros. Esa parecía ser, en un principio, la vivienda que compartía la pareja. Sin embargo, poco después de conocerse su existencia elDiario.es desveló que González Amador y Díaz Ayuso estaban disfrutando de un segundo inmueble situado justo encima del anterior. Un ático que, en este caso, figuraba a nombre de la sociedad Babia Capital, cuyo administrador único era Gómez Fidalgo, su fiscalista.

Durante la declaración de este jueves, el empresario también ha sido preguntado por este ático. Sobre el mismo, ha asegurado que está pagando 5.000 euros al mes y que tiene un contrato de alquiler con opción a compra, según informan fuentes jurídicas conocedoras del contenido de la comparecencia.

La jueza que investiga al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha citado a declarar como investigado el próximo 10 de abril en la pieza separada en la que trata de dilucidar si incurrió en posibles delitos como corrupción en los negocios, según recoge EFE.

La titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, le emplaza ese día en calidad de investigado, después de que la Audiencia de Madrid avalase la apertura de esta pieza separada a instancias de las acusaciones populares, Más Madrid y PSOE, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman a EFE fuentes jurídicas.

Dice la jueza en su resolución que los hechos podrían constituir un delito de corrupción en los negocios y administración desleal, dado que la sociedad Quirón Prevención "puede ser perjudicada" por los hechos presuntamente cometidos por el empresario y su sociedad, Maxwell Cremona, "en connivencia con los responsables de Quirón Prevención".

Alberto González Amador ha sido citado en varias ocasiones en el marco de la investigación principal, recientemente prorrogada durante seis meses más, que se centra en presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. En la última ocasión, el 24 de febrero, se acogió a su derecho a no declarar.

Hace unas semanas, la Audiencia Provincial respaldó la necesidad de investigar en una pieza separada la posible utilización de una sociedad pantalla para "ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados" por Maxwell Cremona —administrada por González Amador—y en el presunto pago de 499.836,92 euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención por la adquisición de una empresa en 2020, una operación en la que la Fiscalía ve una posible "comisión encubierta". Unos hechos por los que el empresario tendrá la oportunidad de declarar el próximo 10 de abril.

La Fiscalía ya manifestó en un escrito que es necesario investigar un posible delito de corrupción en los negocios en relación a estos hechos, al que las acusaciones suman otro de administración desleal.

Aparte de esta pieza separada, la rama principal del procedimiento se centra en un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y falsedad documental y en ella también se investiga a cuatro empresarios por intervenir, presuntamente, en un entramado de facturas falsas con el objetivo de aminorar la cuota a tributar.

Esta bella historia de amor entre el comisionista –obtuvo dos millones de euros por la venta de mascarillas en pandemia– y la presidenta de la comunidad autónoma es como un cuento de hadas. Todo comenzó, según la versión oficial, cuando el hermano –también comisionista– de la presidenta, les presentó y saltó la chispa. Sin embargo, Miguel Ángel Rodríguez puede que fuese en realidad quien lanzó las flechas de Cupido sin ser consciente. Eso es lo que se rumorea en algunos círculos populares desde que se conoció que el jefe de gabinete de Ayuso guarda en su móvil el número de Alberto González como Alberto Quirón. La historia tiene su propio spin off. Y ahora cada día da un pasito pa’lante, María, un pasito pa’trás. 

Es fascinante la trama que se ha abierto paso esta semana, dando un giro de guión a esta romántica serie por episodios. El ‘Alberto Quirón’ se ha vuelto más expresivo que nunca porque han entrado en escena las actividades profesionales de González, y la jueza Iglesias, que lleva el caso, ha abierto pieza separada para investigar un posible delito de corrupción en los negocios que no solo apunta al novio de Ayuso, sino también al director general de Quirón Prevención. 

Lo que lleva a preguntarse cuándo nació la relación de MAR con Alberto. ¿Se conocían los dos caballeros previamente a que surgiera el amor con la presidenta? ¿La empresa de salud que tiene contratos millonarios con el gobierno madrileño respaldaba las actividades que unen a su directivo y González Amador? ¿Por qué la Comunidad de Madrid se ha embarrado en una defensa de la pareja de la presidenta que ni tan siquiera la Casa Real empleó con Urdangarin? ¿Cuántos actores hay implicados?

“Nunca hubiéramos descubierto nada de esto si Amador no hubiese sido tan ambicioso y hubiera pagado los impuestos que le correspondían. Si la Comunidad de Madrid hubiera construido un muro alrededor de la Presidenta y circunscrito los problemas con Hacienda del novio al ámbito privado en vez de lanzarse a degüello, ahora no tendría dos causas abiertas y se enfrentaría a dos posibles condenas”, tal y como explica un diputado de Más Madrid, partido que ejerce la acusación popular junto con el PSOE.  

Esta nueva pieza en la que se investiga la corrupción en los negocios supone que Amador ya no está solo, porque es un delito que implica tener cómplices para poder realizarse. Lo más sorprendente es que la defensa del novio de Ayuso pide que se cierre la causa por fraude fiscal, ya que si se demuestra que ha habido corrupción no tendría que pagar impuestos. Se los ahorraría, claro, pero si prospera la causa en la que se analizan las sociedades pantalla y los pagos por trabajos inexistentes pueden caer todos los implicados como piezas de un dominó. 

Ni la aguerrida novia ni su jefe de gabinete están acostumbrados a que la justicia no caiga de su lado. Las presiones sobre la jueza Iglesias han comenzado. La quieren etiquetar porque es la misma jueza que investiga a Nacho Cano. Los protagonistas creen merecer un final feliz y poder comer perdices en el ático añadido a su vivienda que les presta una empresa que lo adquirió con todo cariño para que disfrutaran de su pasión en libertad ¿Podrá el amor vencer todos los obstáculos? Ahí está el ejemplo de Bárcenas y su señora, a los que su paso por la cárcel no ha hecho mella en su unión. Lo importante es ser fuertes, que diría Mariano. Un lema grabado a fuego en el PP.

Un tipo tan peligroso para la seguridad vial como para la libertad de prensa guarda como “Alberto Quirón” a un contacto de su teléfono y la consecuencia es que tu hija no tiene pediatra. No hay que recurrir a mariposas batiendo alas ni a teorías matemáticas complejísimas, la relación entre ambos hechos es mucho más sencilla: el Madrid de Ayuso. 

Para ser exactos no es tu hija la que se ha quedado sin pediatra, son ella y otros 280 mil niños más. La Comunidad de Madrid reconoce que le faltan 350 pediatras y que el pasado año no consiguió retener para atención primaria a ni uno solo de los 90 especialistas recién formados.

No es solo que los pediatras huyan de primaria. Es que en Madrid se ha creado una primaria de dos velocidades, en la que los barrios nobles tienen cita con su médica de toda la vida a los pocos días de pedirla mientras Carabanchel, Pinto o Navalcarnero han de conformarse con que un sustituto efímero al que no volverán a ver nunca les atienda dentro de quince días. Es también que en uno de los hospitales públicos más importantes de toda España, de referencia nacional para múltiples patologías, el material quirúrgico llegue a quirófano sucio, roto o en malas condiciones porque se ha privatizado el servicio de esterilización, la empresa no cumple lo acordado y la Comunidad de Madrid se encoge de hombros. 

Es también que por enésimo año consecutivo las urgencias de los hospitales públicos se hayan visto colapsadas por algo tan exótico e imprevisible como la epidemia de gripe que experimentamos cada invierno. O que haya más de un millón de personas en lista de espera, 740.000 de ellas esperando una primera consulta de especialista, de las cuales más de 450.000 lo hacen desde hace más de 3 meses. 

¿Y qué tiene que ver un nombre en la agenda de contactos del móvil de un tipo de voz aguardentosa con la carcoma que corroe la sanidad pública madrileña? Pues todo. El dueño del móvil, además de parecer un mafioso guionizado por una inteligencia artificial entrenada viendo películas de tarde, es Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso. Es decir, su mano derecha. 

Nada en el ayusismo sucede sin beneplácito de este personaje, condenado por llamar nazi al doctor Montes, que ha amenazado con cerrar medios y triturar a periodistas y que tiene una llamativa afición a tuitear exabruptos de madrugada. “Alberto Quirón” es, a su vez, el alias que Miguel Ángel Rodriguez otorga a Alberto González Amador, la actual pareja de Ayuso. Por lo que sea, para Miguel Ángel, Alberto y Quirón son una misma cosa. 

Alberto González Amador ha pasado de ser “un ciudadano particular” a ser alguien a quien su propio abogado califica de delincuente, que huye disfrazado con peluca por los juzgados y que enfrenta por ahora dos causas, una por defraudar 350.000€ a Hacienda después de cobrar 2 millones de euros en comisiones por mascarillas en lo peor de la pandemia; la otra por utilizar una empresa pantalla para ocultar pagos del grupo Quirón. 

Ese nuevo apellido con el que Miguel Ángel Rodríguez bautiza al novio de Ayuso, Quirón, termina de confirmar lo que todos sabíamos: que tras el ático de lujo que ooootra empresa pantalla le “regala” a la pareja está exactamente el mismo actor que tras la falta de pediatras, la saturación de urgencias o la extenuación de los profesionales sanitarios. Tras un entramado –dificilísimo de seguir– de empresas pantalla que huele a la más pura corrupción dosmilera, venimos a encontrar lo que los defensores de la sanidad pública llevamos diciendo años: la principal prioridad sanitaria para la Comunidad de Madrid es el beneficio económico del grupo Quirón. A costa de lo que sea. 

Ese beneficio venía consiguiéndose a base de mantener la sanidad pública ahogada (con el menor presupuesto per cápita de toda España) y saturada, para que los pacientes rentables, ante unas esperas inasumibles, escojan “libremente” ir a un hospital gestionado por Quirón y que este facture muy jugosamente su atención. Mientras, los pacientes menos rentables y quienes no viven en zonas nobles pagan en salud y deterioro de su atención los lujos de Ayuso y su novio. Pero con Ayuso hemos cambiado de pantalla. 

Lo cierto es que el idilio del Partido Popular y el grupo Quirón comienza mucho antes de que Ayuso y “Alberto Quirón” se conozcan. La parasitación de la sanidad madrileña hunde sus raíces en el aguirrismo, cuando Quirón aún se llamaba Capio. El Partido Popular y Quirón han casado a sus herederos, como hacen las dinastías feudales que ambas corporaciones aspiran a ser. Simplemente, tras celebrar el matrimonio, parece que han dejado de disimular y han vuelto a las viejas costumbres de millón en el ático y ático del millón. 

Mientras, tu hija sigue sin pediatra. 

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Marta Carmona es diputada de la Asamblea de la Comunidad de Madrid por Más Madrid.

La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha llamado a declarar en calidad de investigado a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el próximo día 7 de febrero en la causa que se sigue contra él por la presunta comisión de dos delitos fiscales.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha informado de la decisión de la jueza, que no afecta a la petición de las acusaciones y de la Fiscalía de que se le investigue por un delito de corrupción por el presunto pago de un comisión de medio millón de euros a la esposa del presidente del Grupo Quirón. Asunto este último que está pendiente de que la sección tercera de la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso que interpuso el novio de Ayuso en contra de la apertura de esa nueva parte de la investigación, según las fuentes consultadas por EFE.

Fuentes de la defensa de González Amador han avanzado que van a solicitar la suspensión de la citación por razones que no han explicado.

La Fiscalía de Madrid pidió este mismo martes a la jueza que citase a declarar a González Amador y a los otros cuatro investigados en esta causa —cuyas comparecencias se han suspendido ya hasta en tres ocasiones— para evitar que corran los plazos de instrucción, ya que en marzo se cumple un año desde que se abrió el caso.

González Amador está siendo investigado por un presunto fraude a Hacienda de 350.961 euros entre 2020 y 2021 y por falsedad documental, aunque recientemente la jueza amplió su investigación a otros delitos por la presunta utilización de una sociedad pantalla en el marco de sus negocios con la empresa Quirón Prevención.

Ni el empresario, pareja de la presidenta madrileña, ni los otros cuatro investigados han dado aún explicaciones ante la jueza, que suspendió el pasado noviembre la última citación en atención a una petición de González Amador, que pidió la suspensión hasta que la Audiencia de Madrid resuelva su recurso contra esa ampliación de la investigación.

Ahora la magistrada ha reconsiderado su decisión y ha accedido a la petición de la Fiscalía de citar sin más trámite a los investigados, solo en lo que se refiere a los dos presuntos delitos fiscales. En su petición, la Fiscalía recordaba que la ley impone un plazo de un año a la instrucción, que vencerá este mes de marzo, y aunque admite que es prorrogable, indica que no se puede valorar la necesidad de prórroga si no se toma declaración a los investigados y se estudia si son necesarias más diligencias.

El Ministerio Público daba así la razón a las acusaciones populares y explicaba a que la suspensión acordada por la jueza no solo supuso la paralización de esa pieza separada en la que se investigan los negocios del empresario con Quirón Prevención, sino también la principal, centrada en los delitos fiscales. Dos delitos que la defensa del empresario reconoció por escrito en un correo en el que ofrecía un pacto al fiscal que le investiga y cuya filtración protagoniza la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, citado a declarar el próximo 29 de enero.

La causa contra González Amador se abrió por presuntos delitos fiscales y falsedad documental, si bien hace unos meses, en atención a un recurso de las acusaciones que representan Más Madrid y del PSOE, la jueza acordó abrir una pieza separada para investigar si pudo incurrir en "otros delitos distintos".

A la espera de saber si la Audiencia de Madrid avala o anula esta ampliación de la investigación, la jueza aceptó indagar si este empresario utilizó una sociedad pantalla en 2021 para "ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados" por Maxwell Cremona, de la que es administrador, por un contrato entre esta empresa y Quirón Prevención SL. 

El aplauso es un gesto cultural que tributamos para mostrar agradecimiento o rendir homenaje en público. Cuando posee una duración e intensidad especiales, el aplauso se transforma en ovación. Justo esto, ovacionar, es lo que el PP hizo con Carlos Mazón el pasado domingo.

Creo que hay cosas que conviene no dejar pasar y esta ovación es una de ellas. ¿Qué pretendía premiar el PP? Sabemos que Mazón y su equipo actuaron de la peor manera posible al gestionar la dana del 29 de octubre: con irresponsabilidad, opacidad y mentiras. Pero a pesar de las pruebas, a pesar de las masivas manifestaciones pidiendo su dimisión, siguen en el cargo como si nada. Por eso el PP tributó un homenaje a Mazón.

En la derecha no se valora el buen gobierno, la transparencia y la verdad, sino que, pase lo que pase, seas capaz de negarlo para salir indemne con descaro. Todo sienta precedentes. Que Ayuso ganara las autonómicas tras aprobar un protocolo que condenó a la muerte a más de siete mil ancianos en plena pandemia marcó el camino. También que despeñara de un quinto al líder de su partido, Pablo Casado, después de que este desvelara los negocios de su hermano en el tráfico de mascarillas.

Ayuso es la líder indiscutible de la derecha, por encima de Feijóo o Moreno Bonilla, porque tiene un sistema de medios que dependen de ella. Líder de la derecha hasta sus confines porque supera a Abascal en el manejo de un argumento populista tan extremo como desee. Administra una comunidad postrada al servicio de poderosos intereses empresariales. Además sirve de referencia al pujante movimiento reaccionario.

Pero, además de todo esto, Ayuso concita la admiración de la masa social de derecha, una que en Madrid empieza a confundirse con el sentido común, porque es capaz de eclipsar con su arrogancia a la realidad más cruda. De ahí que la respuesta de Nacho Cano —amigo, protegido, momia cultural con un singular manejo de lo hortera— responda amenazando al presidente del Gobierno ante el quebranto de la ley laboral por el que es investigado.

No es una anécdota, es el modelo. El modelo Ayuso marca que una minoría está exenta de cumplir las más elementales normas comunes. Si a nivel social esta minoría puede ser identificada como el conglomerado económico que la sustenta, a nivel individual es todo aquel que pueda esgrimir con éxito algún grado de cercanía con la presidenta madrileña. Mientras, el resto aplaude y baila el burrito sabanero.

Todo el mundo, incluso los damnificados, sabe cómo funciona esta aristocracia con olor a entresijos. El sistema clientelar, al menos, repartía dádivas, mientras que al modelo Ayuso le sobra con repartir ilusiones. Casi todos consienten porque aspiran a ser como ellos. A más desigualdad, más ganas de trepar a costa del de al lado. La celebrada emancipación de los sinvergüenzas.

Por todo esto, el mandarín de la corte de Sol, Miguel Ángel Rodríguez, se permite adelantar, desde hace meses, las decisiones judiciales sin que nadie parezca muy preocupado. Entre sus atribuciones está la de amenazar a periodistas, mentir en el Tribunal Supremo y fabricar bulos con los que proteger a su jefa y allegados. De momento, declarará antes el Fiscal General que el comisionista que vive con Ayuso en dos pisos de lujo pagados de manera opaca. 

Con lo de García Ortiz podemos perder el tiempo que quieran. Explicar que el juez Hurtado no ha tenido en cuenta el testimonio de dos periodistas de la SER y elDiario, que explicaron en sede judicial cómo consiguieron el correo sobre el que se centra la investigación por revelación de secretos horas antes de que lo pidiera por vía interna el fiscal general. O decir, simplemente, que ya sabemos lo que hay.

Ayuso ha anunciado una comparecencia, el miércoles 15, para deleitarnos con sus opiniones al respecto de que, para salvar a su pareja y por tanto a ella misma, su aparato de las tormentas haya puesto en funcionamiento una “auténtica caza de brujas” que está poniendo en “verdadero peligro” la “autonomía del Ministerio Fiscal, pieza fundamental de la justicia democrática”, según la Unión Progresista de Fiscales.

La investigación contra García Ortiz, una que como tantos otros casos últimamente se sustenta más en la zarzuela que en lo procesal, le valió a Ayuso para adelantar este martes, ante la corona de micrófonos que siempre la rodea, que todo se trata de una operación que “ha urdido el presidente del Gobierno” en su contra al estilo del "Watergate", “dinamitando el Estado de derecho”.

Y no, hay cosas que no deberíamos dejar pasar. A Alberto González Amador, que el mandarín de Miguel Ángel Rodríguez calificó de hombre honorable y brillante, se le está investigando no por orden de Pedro Sánchez, sino en dos piezas abiertas por la justicia, después de una investigación de la Agencia Tributaria, por fraude contra Hacienda, falsedad documental y corrupción en los negocios.

Fraude fiscal, facturas adulteradas y negocios turbios que no se dieron en el sector de la automoción o la remolacha azucarera, sino en el sector sanitario, en el que la pareja de Ayuso operaba como comisionista. Ese fraude tuvo lugar sobre unas ganancias de dos millones de euros, por una operación en la que estuvo implicado Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, compañía clave para entender el negocio de la privatización sanitaria en Madrid.

González Amador no sólo multiplicó por cuatro su facturación con Quirón desde que empezó a ser pareja de Ayuso, sino que, unos meses después de cerrar aquel fabuloso trato, compró una sociedad a la mujer de Camino por medio millón cuando su valor no llegaba a los tres mil euros. Esta manera de proceder se asemeja a la que repitieron en otros cambalaches, según la investigación de Hacienda, tomando como base acuerdos entre Quirón y las empresas de González Amador para la realización de análisis a plantillas, como ya les contamos con detalle en infoLibre.

La cuestión, y aquí viene lo esencial de todo este caso, no es sólo que la pareja de Ayuso esté investigado por estafar a Hacienda, sino que en esa estafa, tanto como en el resto de confusas relaciones societarias y movimientos de capitales, estaba presente, de una u otra forma, el presidente de Quirón Prevención, compañía que obtiene unos cuantiosos beneficios del modelo de privatización sanitaria bajo el mando de Isabel Díaz Ayuso.

En otro tiempo, en otro lugar, los protagonistas de este esperpento primero lo hubieran negado todo. Después, tras conocerse las pruebas, hubieran fingido que ellos tan sólo pasaban por allí. Aquí y ahora, sin embargo, el modelo Ayuso logra no sólo que este caso no les afecte, sino que además les faculta para convertirlo en un arma arrojadiza contra Moncloa. Y lo más importante, les permite indignarse y manejar el agravio cuando alguien intenta someterlos a las reglas comunes. Esto, y no otra cosa, es lo que votan, es lo que aplauden, es lo que consienten.

En plenas fiestas navideñas. En concreto, el 26 de diciembre. El Consejo de Gobierno que el equipo de Isabel Díaz Ayuso celebró ese día, el último del año, terminó con un importante montante de dinero para un destinatario habitual: el grupo Quirón. Los cuatro hospitales adscritos a la red pública que gestiona el gigante sanitario —la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, el Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro y el Hospital General de Villalba— recibieron, en total, 166,9 millones de euros. Todo decidido, debatido y aprobado en un único día. Y todo, según la Comunidad, en concepto de pagos atrasados correspondientes a 2021 y 2023.

No tiene competidores. Quirón, el principal beneficiario de la privatización sanitaria madrileña que inició el Gobierno conservador de Esperanza Aguirre y también la principal fuente de ingresos del novio de la presidenta, Alberto González Amador, facturó en 2022 4.770 millones de euros, según el último Observatorio del sector sanitario privado publicado por la Fundación IDIS. La segunda empresa hospitalaria que más ingresó entonces fue Vithas, pero con una cifra muy lejana: 749 millones. Por detrás, HM Hospitales (655 millones), Ribera (625) y HLA (600). No hay comparación posible. Tiene en su poder el 10,3% de los hospitales y el 12,1% de las camas privadas de todo el país. Y pertenece, a su vez, a otro gigante: al alemán Fresenius, que adquirió el grupo en 2017 y desde entonces no ha parado de crecer. Sólo entre julio y septiembre del año pasado ganó 5.303 millones, un 7% más que un año antes.

Buena parte de la responsabilidad de esos números negros está en esos cuatro hospitales de Madrid. Y en lo que la Comunidad les destina. Es complicado conocerlo a ciencia cierta, puesto a que las cifras presupuestadas en las cuentas presentadas cada año se suman en varias ocasiones otras cantidades acordadas en los consejos de Gobierno que se van celebrando periódicamente. Es lo que pasó este 26 de diciembre.

Sin embargo, Fresenius sí lleva una cuenta. En su último informe anual, correspondiente a 2023, cifró en 998 la deuda que el Ejecutivo de Ayuso todavía tiene que devolver, un número que sitúa a la región como su principal deudora. ¿Y de dónde viene todo eso? De la propia actividad. Los hospitales privados cobran por lo que se conoce como "acto médico". Es decir, por cada prueba o por cada consulta, por ejemplo. Si realizan más de las que inicialmente estaban presupuestadas, lo anotan en una cuenta. Y luego eso es lo que reclaman.

Y lo que el Gobierno va devolviendo, aunque fuentes de su Consejería de Sanidad no aclaran las cifras. Ni cuánto se debía antes del 26 de diciembre ni cuánto a partir de entonces. Ni cuánto por asistencia de la pandemia ni cuánto por la correspondiente a 2023. Lo único que se conoce es que en virtud de segundo concepto se abonaron en el último Consejo 132,1 millones; en virtud del primero, 34,8. Y se ha abonado años después porque "la fiscalización que se lleva a cabo en la comunidad de Madrid es absolutamente exhaustiva, lo cual muchas veces dilata plazos", señalan desde el departamento de Fátima Matute.

Pero no dan más detalles. Y por eso desde el PSOE insisten en la necesidad de que exista un representante de la Administración en cada hospital. "Para auditar en directo y no en diferido la liquidación", señala el diputado regional Carlos Moreno, que avanza también que registrarán nuevas preguntas y comparecencias en la Comisión de Sanidad con el objetivo de intentar aclarar la opacidad que denuncian. "Estamos muy preocupados por el crecimiento exponencial de la desviación de fondos de la Comunidad de Madrid hacia los hospitales de gestión privada. Siempre se presupuesta una cantidad muy inferior a la que finalmente se ejecuta", critica.

"Es muy difícil tener claro cuánto dinero nos está costando ese modelo de gestión privada. Tras las liquidaciones de deuda atrasada que emerge periódicamente, los acuerdos de Consejo de Gobierno donde sueltan más de 160 millones de golpe en un solo día, los gastos prospectivos a cambio de no se sabe muy bien qué, solo hay una cosa meridianamente clara: al grupo Quirón le vamos a dar siempre tanto dinero de los madrileños como al PP le sea posible", añade por su parte la diputada de Más Madrid Marta Carmona.

El premio gordo que le tocó a Quirón el pasado 26 de diciembre cayó, no obstante, muy repartido. Por pagos atrasados de 2023 IDCSalud Móstoles, la empresa tras el Hospital Universitario Rey Juan Carlos del municipio, recibió 69,9 millones, una cifra que en el caso de las compañías con el mismo nombre de Villalba y Valdemoro se redujo hasta los 33,5 y 28,7 millones, respectivamente.

En cuanto a lo correspondiente por la crisis sanitaria, Ayuso pagó al hospital de Móstoles 7,5 millones, al de Villalba 5,3 y al de Valdemoro 4. En este caso, fue la Fundación Jiménez Díaz la gran beneficiada: recibió 17,8 millones de euros.

A eso se pueden sumar otras muchas cantidades. 85 millones más pagados cediendo ante los tribunales u otros 707 millones gracias a la fórmula "excepcional" de las "convalidaciones de gasto" utilizadas en hasta 31 ocasiones entre 2020 y 2023 con la Fundación Jiménez Díaz. Ese año, según la Cámara de Cuentas de la Comunidad, la región cerró con más de 1.200 millones de euros previstos para hacer frente a más pagos atrasados y a procesos judiciales que todavía están en marcha no sólo con estos cuatro hospitales de Quirón, sino también con el de Torrejón de Ribera Salud y el militar Gómez Ulla del Ministerio de Defensa.

No tiran la toalla. Después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) negase tener las competencias para investigar el caso, la privatización del que fuera el Hospital del Generalísimo Franco ha llegado ya a los tribunales. Lo ha hecho de la mano de las mismas organizaciones que ya lo denunciaron en su día —la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad y la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid—, que piden ahora a los tribunales que se investigue lo que ellos mismos consideran que podría suponer un delito de malversación, uno de administración desleal y otro de prevaricación. "Ahora debe recaer en un Juzgado de Instrucción en concreto y será éste el que decida. Previsiblemente, tendrá que abrir diligencias de investigación, pero hasta principios de 2025 no habrá noticias", explica Carlos Castillo, jurista del Centro de Asesoría y Estudios Sociales. "Si no ocurre así, en cualquier caso tampoco pararemos ahí", advierte por su parte Vicente Losada, de Audita Sanidad, en conversación con infoLibre.

Todo comenzó en enero. Fue entonces cuando terminó el proceso de licitación de un edificio construido en 1950 bajo el nombre de Hospital del Generalísimo Franco y con uso militar hasta 2001, cuando se cerró y quedó en desuso. Se trata de un complejo hospitalario en manos del Ministerio de Defensa de más de 24.000 metros cuadrados por los que la Fundación Jiménez Díaz abonará 170 millones de euros de forma periódica. Y gracias a los cuales tendrá derecho a gestionarlo durante 75 años.

Hagamos el cálculo: la cuota se quedará en apenas 8 euros por metro cuadrado, una cifra hasta tres veces menor a la que se paga en la zona, en pleno barrio madrileño de Chamberí. Hay más: esa cifra supone tan sólo el 3,5% de los ingresos del grupo Quirónsalud, el gigante tras la Fundación, que en 2023 ganó 4.770 millones. Y una última cuestión: serán 170 millones al año, pase lo que pase. Es decir, independientemente de la inflación. "Es escandoloso", critica Losada. Ahí está la primera cuestión sobre la que piden poner la lupa: la "posibilidad de lucro bastante inusual" que el departamento de Margarita Robles ofrecerá a una empresa privada. Pero la cosa no termina ahí.

Otra de las cuestiones que los denunciantes critican es que entorno a la decisión de ceder el espacio hay demasiados porqués no resueltos. Por un lado, se desconocen los motivos que han conducido a la mera decisión de conceder el espacio. Según explican en su denuncia, consultada por infoLibre, "el manejo del patrimonio público debe adecuarse a las necesidades concretas que se identifiquen para el conjunto de la acción pública sirviendo a los intereses generales". ¿Ocurre en este caso? Pues, al menos que se conozca, no ha habido "estudio de necesidades ni consulta previa con otras administraciones que pudieran aportar sus demandar y evaluar la mejor opción entre ellas".

Pero es que tampoco se sabe por qué se hace ahora. Ni por qué a una entidad privada. Ni por qué durante 75 años. Ni por qué por la vía de concesión demanial, fuera del ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público. "La falta de justificación, más allá de las generalidades vacuas referidas en el objeto del pliego, y la ausencia de un estudio de necesidades y posibles usos del edificio, convierten esta concesión en un acto presuntamente arbitrario", valoran en la denuncia.

Tampoco se detalla el uso que tendrá el edificio en manos de Quirón. Y eso genera, "cuanto menos, sospechas". Según se recoge en la denuncia, la concesión sólo se remite a la norma que regula el uso dotacional de los servicios colectivos, pero nada más. "Puede considerarse que es una afirmación genérica [...]. Parece que no se justifica la necesidad del destino", lamentan.

Por otro lado, los denunciantes apuntan a la falta de transparencia. Porque sólo se presentó un licitador, la UTE [Unión Temporal de Empresas] Jiménez Díaz, de la cual no se han hecho públicas las empresas que la forman. Y en todo caso aquí hay otro detalle, y es que las UTE sólo pueden, en el mejor de los casos, tener concesiones por periodos de 50 años. ¿Por qué entonces en este caso son 75?

"Las entidades sociales deben supervisar el uso de los presupuestos y de los bienes públicos. Esta denuncia es una manera de intentar tener voz y de evitar que los bienes públicos acaben siendo canalizados por la empresa privada", remata Mayte Cases, de la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid. El Ministerio de Defensa, preguntado por infoLibre, ha preferido no hacer comentarios a la denuncia.

De todos los miedos que, hoy en día, le quitan el sueño a los españoles, como son la vivienda, la cesta de la compra o un posible empeoramiento de la situación económica y social a causa de las guerras, el que parece más grave es el que se refiere a la decadencia imparable de la sanidad pública que, habiendo sido excepcional, los gobiernos de las comunidades autónomas la están ofreciendo a empresas extranjeras, cuyo único objetivo es lucrarse. España entera asiste perpleja e impotente a este viraje de la sanidad que, con la privatización, ha perdido calidad, eficacia y prestigio. Los políticos se comportan como si fueran sus propietarios, haciendo y deshaciendo a su antojo, con el afán de enriquecerse también ellos mismos, además de sus familias, sus novios, sus amigos. Y yo me pregunto, ¿eso se puede hacer?, ¿se puede negociar con la sanidad pública?, ¿de verdad eso se puede hacer?, ¿cualquier presidente de una Comunidad Autónoma, inexperto, torpe, desaprensivo y sin escrúpulos, puede despojar a los ciudadanos de este bien público, contraviniendo un derecho constitucional?

La Constitución Española de 1978 establece, en su artículo 43, el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de todos los ciudadanos. Los principios y criterios que permiten este derecho se regulan en la Ley 14/1986, General de Sanidad por la que se transfiere la Sanidad a las comunidades autónomas, las cuales asumen la financiación pública, la universalidad y la gratuidad de los servicios sanitarios; así como la prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados.

Pues bien, esto no se está cumpliendo en absoluto. Lo cierto es que las comunidades autónomas han dejado la sanidad pública en manos de empresas privadas que desmantelan hospitales y centros de salud, que suprimen plazas hospitalarias, que no cubren las bajas... Así que la sanidad está en la cuerda floja y, si nadie lo remedia, la cuerda se romperá y caerá al vacío. La falta de asistencia y el deterioro de la sanidad perjudica a millones de personas que, con las larguísimas listas de espera, pueden morir o empeorar sus dolencias antes de ser atendidas por un profesional.

Además, al adjudicar la sanidad, con todas sus infraestructuras, a una empresa extranjera se está enajenando el patrimonio del país, aquello que es de todos, ¿cómo se atreven?, y un delito tan grave como este se ejecuta con total impunidad. ¡Qué despropósito que un político goce de un privilegio, que lo exime de rendir cuentas de sus actos! ¿Para eso sirven las comunidades autónomas, para el enriquecimiento, personal e ilícito, del ejército de políticos que las gobiernan, cobijado bajo el tupido manto de la impunidad?

El Gobierno Central debería tener poder de veto para que estas atrocidades no pudieran cometerse y debería disponer de recursos legales para revertir la sanidad de la privada a la pública y obligar a que se cumplan los principios fundamentales previstos en la ley. Y si el Gobierno Central no puede evitar esta debacle, ¿para qué sirve?

Es necesario emprender acciones legales por parte de particulares, asociaciones, periódicos y todos los medios posibles, denunciando de forma explícita a los presidentes de las comunidades autónomas y, desde luego, es preciso que surja un movimiento ciudadano que exija abolir la impunidad, que va contra natura, ¿o acaso son ángeles?

Quirónsalud, el grupo hospitalario líder en la privatización de hospitales, clínicas y residencias de toda España, pertenece a la empresa alemana Fresenius. Pues bien, Fresenius, el gran grupo financiero, ha puesto a la venta ocho hospitales de Quirónsalud en Colombia y Perú porque ya no le resultan rentables. Fresenius ha contratado a Goldman Sachs (líder a escala global en banca e inversión y operativa de valores y gestión de inversiones, que provocó la crisis financiera de 2008) para la gestión de la venta. Al parecer, alguna gran empresa del sector ha intentado comprar el negocio alemán de Fresenius en España.

En eso se ha convertido la sanidad pública en un montón de acciones para el mejor postor. España ha vendido sus hospitales. Ya no son nuestros. Estamos perdidos. ¿Y dónde han ido a parar los miles de millones que han recibido las comunidades autónomas?

De muestra un botón: es de todos conocido que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, está imputado por delitos de fraude fiscal y falsedad de documento, relacionados con la Empresa Quirón, por los que deberá ir a la cárcel y ella, la presidenta, tendrá que dimitir como mínimo, pues parece una pieza clave en la relación de este individuo con la empresa hospitalaria.

Tal vez convenga recordar que en 1997 el señor Aznar, en connivencia con Rodrigo Rato y Miguel Ángel Rodríguez, sin consultar con el Congreso, privatizó de forma total la Telefónica haciendo una oferta pública. ¿Acaso era suya? Y por si fuera poco, nombró presidente a su compañero de pupitre, del colegio del Pilar, Juan Villalonga. Afortunadamente, con Sánchez en la presidencia, España ha recuperado el 10 % de las acciones convirtiéndose en el socio mayoritario. De no haber sido por esta sabia decisión, la Telefónica sería 100% capital extranjero y el socio mayoritario nada menos que Arabia Saudí.

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 Nieves Sevilla Nohales es maestra y escritora.

El último caso de privatización sanitaria en Madrid ya está sobre la mesa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad y la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid han presentado este viernes ante el organismo una denuncia por la cesión por parte del Ministerio de Defensa de un edificio público a la Fundación Jiménez Díaz, perteneciente al Grupo Quirónsalud. El proceso, a juicio de los denunciantes, no fue debidamente justificado. Ni tampoco cumple con los requisitos de transparencia. Por eso quieren que la CNMC dirima si se "ha cumplido con todas las exigencias legales" y si se han respetado "los principios de la contratación pública y el interés general".

La historia se remonta al pasado mes de enero. Fue entonces cuando terminó el proceso de licitación de un edificio contruido en 1950 bajo el nombre de Hospital del Generalísimo Franco y con uso militar hasta 2001, cuando se cerró y quedó en desuso. Se trata de un complejo hospitalario de más de 24.000 metros cuadrados por los que la Fundación Jiménez Díaz abonará 170 millones de euros de forma periódica. Y podrá gestionarlo, así, durante 75 años.

En estas cifras están los argumentos de la denuncia presentada este viernes. Empecemos por la primera. Según las organizaciones en defensa de la sanidad pública denunciantes, el importe pactado es una "contraprestación inusualmente baja", puesto que supone una cuota mensual de 8 euros por metro cuadrado, una cifra que no se corresponde de ningún modo a la zona en la ciudad de Madrid en la que se levanta el complejo —se encuentra en pleno barrio de Chamberí—. Según Vicente Losada, de Audita Sanidad, ese precio "está entre tres y cuatro veces por debajo" del habitual allí.

Pero es que además ni siquiera se contempla su actualización correspondiente a la posible inflación. "170 millones ahora no serán 170 millones dentro de 70 años", lamenta Losada. Esta circunstancia, calculan los denunciantes, "podría representar una pérdida para el erario público del 80,1% en los próximos 25 años sobre el precio anual, y sucesivamente mayores pérdidas aún durante los restantes 50 años del contrato".

En cualquier caso, y más allá de ello, las organizaciones en defensa de la sanidad pública lamentan que la justificación por la que se ha hecho el concurso es "vaga y genérica". Únicamente, señalan, se recoge "la necesidad de dar uso al inmueble vacío". "En esta concesión demanial no existe estudio de necesidades ni consulta previa con otras administraciones que pudieran aportar sus demandas y evaluar la mejor opción entre ellas", recoge la denuncia, consultada por infoLibre. No se especifica por qué ahora, ni por qué a una fundación privada, ni por qué a 75 años, ni por qué con esos criterios, ahondan. "¿No habría sido más lógico mantenerlo como infraestructura para el saturado sistema público de salud madrileño, por ejemplo?", se preguntan.

Por otro lado, apuntan a la falta de transparencia. Porque sólo se presentó un licitador, la UTE [Unión Temporal de Empresas] Jiménez Díaz, de la cual no se han hecho públicas las empresas que la forman. "Por otra parte, el máximo legal de duración de una UTE es de 25 años, lo cual choca con el hecho de que a ésta se le ha concedido la concesión por 75 años".

Por último, "no se establecen los servicios que la concesionaria podrá subcontratar ni los términos en los que deberá hacerlo". "Se establece una disposición 'en blanco' que deja manos libres para realizar y disponer del edificio con plena libertad y sin sujeción real a ningún control durante 75 años", completan en la denuncia.

Por todo ello solicitan que se investigue para saber si la concesión "ha cumplido con todas las exigencias legales y se han respetado los principios de la contratación pública y el interés general". infoLibre se puso en contacto con el Ministerio de Defensa y Quirón para conocer su reacción a la noticia, pero todavía no ha recibido respuesta.

El grupo Quirón es el gran líder del negocio sanitario de nuestro país. Sobre todo después de la pandemia, cuando su facturación creció un 22%.