La pareja de Ayuso niega el soborno a un directivo de Quirón y dice que paga por su ático 5.000 euros al mes

Un mes después de que se acogiera a su derecho a no declarar por el fraude fiscal que le persigue, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha regresado este jueves a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. Pero en esta ocasión, para declarar como investigado por los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Bajo la lupa, la compra que hizo por medio millón de una empresa que “carecía de valor” a la mujer del director general de Quirón Prevención, Fernando Camino. Una operación en la que la Fiscalía ve una posible "comisión encubierta". Algo que él, sin embargo, ha negado. Durante su comparecencia, ha tratado de justificar el precio pagado por dicha sociedad. Y ha hablado por vez primera sobre la segunda vivienda de la que disfruta junto a Ayuso, un ático que se ubica sobre el inmueble que él mismo compró tras el supuesto fraude fiscal que le persigue.

González Amador ha respondido durante más de dos horas a las preguntas de la jueza, el Ministerio Público y su defensa. Una declaración en la que ha asegurado, según fuentes jurídicas, que la red de distribución que tenía la sociedad adquirida justificaba el pago que se hizo por la misma. Además, ha asegurado que Inspección Fiscal no puso en cuestión en su día aquella adquisición. Y ha documentado sus ingresos procedentes de Quirón Prevención, empresa encargada de los chequeos médicos a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. En cuanto al ático, ha asegurado que tiene un contrato de alquiler con opción a compra y que paga 5.000 euros mensuales.

Está pieza, separada del fraude fiscal y cuya apertura ha avalado la Audiencia de Madrid, va a lo más profundo de los negocios del empresario con la filial de uno de los gigantes de la salud más beneficiados por la privatización sanitaria en la región. Y se centra, al menos por ahora, en Masterman & Whitaker. Se trata de la sociedad a la que Maxwell Cremona, también controlada por González Amador, cedió a finales de 2021 parte de los servicios que había acordado prestar a Quirón Prevención. Una operación “simulada” a ojos de la Agencia Tributaria, dado que los trabajos se habrían realizado realmente con medios de Maxwell, con la que González Amador habría buscado un beneficio fiscal.

Masterman no siempre estuvo en manos de la pareja de Ayuso. La sociedad se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros bajo el nombre Círculo de Belleza. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Gloria Carrasco, a la que se designó como administradora única, se quedó con el 60%. Y su esposo, Fernando Camino, actual director general de Quirón Prevención, con el 20% –el mismo porcentaje que adquirió su cuñado–. Sin embargo, con el paso de los años Carrasco acabó convirtiéndose en la accionista única de dicha sociedad.

Es a ella a quien González Amador compró la sociedad a finales de 2020. El 4 de diciembre, se transmitieron a Maxwell las acciones de Círculo de Belleza, que luego cambiaría de nombre, por 499.836 euros. Un precio que llama la atención a la Fiscalía. Al Ministerio Público le sorprende que se pagara casi medio millón de euros por una empresa que “carecía de valor”. No tenía inmuebles a su nombre. Tampoco trabajadores. Y su activo material estaba compuesto por un portátil y tres aparatos de depilación. De ahí que sospeche del pago de una posible “comisión encubierta”.

Avanza la pieza principal

Esto es algo en lo que también se centra la acción popular, que ve en la operación una posible retribución a Camino por su posible intervención a favor de las empresas de González Amador como director general de Quirón Prevención. O una contraprestación por la compraventa de material sanitario en la que participó la pareja de Ayuso en lo peor de la pandemia, negocio que le reportó 1,97 millones de euros. En concreto, González Amador medió para la venta de mascarillas entre dos empresas. Una de ellas era Mape Asesores, firma gallega de la que, de nuevo, era consejero el propio Camino.

Ya durante la fase de inspección, González Amador trató de justificar su interés por Círculo de Belleza. Y lo hizo con una argumentación similar a la desplegada este mismo jueves en el Juzgado de Instrucción nº19 y recogida por las acusaciones populares en el escrito con el que forzaron la apertura de esta pieza separada. "Es una apuesta de Maxwell Cremona SL por esta empresa y es quien nos hacía de enlace con las farmacias para implantar el Covid Seguro. Además, esta empresa tiene un contrato con Mape. Se pagó este importe por los acuerdos que tenía Círculo de Belleza SL con estas empresas, dado que en ese momento resultaban muy atractivos", respondió a la inspectora.

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Ahora, la jueza tendrá que decidir si sigue tirando del hilo y llama a declarar al directivo de Quirón. Mientras, la pata principal del caso, en la que se investiga a González Amador por un supuesto fraude a Hacienda por 350.910 euros, continúa su curso. La instructora ya ha citado como investigado al abogado fiscalista que representó al empresario ante la Agencia Tributaria, Javier Gómez Fidalgo. Una pieza en la que la pareja de Ayuso ya tenía prácticamente cerrado un acuerdo con Fiscalía para pagar una multa y no entrar en prisión, pacto que ha quedado, por el momento, congelado a la espera de ver cómo se resuelve esta segunda investigación.

Pago de 5.000 euros por el ático

En julio de 2022, dos meses después de que Hacienda iniciara sus investigaciones sobre el fraude fiscal, González Amador adquirió un lujoso inmueble en el centro de Madrid, que con más de 183 metros cuadrados y un precio de mercado que superaría el millón de euros. Esa parecía ser, en un principio, la vivienda que compartía la pareja. Sin embargo, poco después de conocerse su existencia elDiario.es desveló que González Amador y Díaz Ayuso estaban disfrutando de un segundo inmueble situado justo encima del anterior. Un ático que, en este caso, figuraba a nombre de la sociedad Babia Capital, cuyo administrador único era Gómez Fidalgo, su fiscalista.

Durante la declaración de este jueves, el empresario también ha sido preguntado por este ático. Sobre el mismo, ha asegurado que está pagando 5.000 euros al mes y que tiene un contrato de alquiler con opción a compra, según informan fuentes jurídicas conocedoras del contenido de la comparecencia.