El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha asegurado este sábado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no debe "pedir ayuda a los empresarios" para que Junts apoye una moción de censura contra Pedro Sánchez, sino que debe "pedir perdón" por su "boicot" a la oficialidad del catalán en Europa.

En su intervención en abierto ante el Consell Nacional de JxCat, Turull ha respondido al llamamiento que hizo Feijóo a los empresarios catalanes en un acto de la patronal Foment del Treball en Barcelona, en el que dijo que le faltaban "votos de los suyos" para que esta eventual moción de censura salga adelante.

El secretario general de JxCat, que ha tachado de "osadía" el llamamiento de Feijóo, ha sostenido que el dirigente popular debería disculparse ante la sociedad catalana "por pedir a tantos empresarios que se vayan de Cataluña y no pedir que vuelvan".

"También tiene que pedir perdón a los barceloneses y a los catalanes por la moción de censura preventiva que le hizo a Xavier Trias pactando con Jaume Collboni", ha recordado Turull en referencia al apoyo del PP al candidato socialista a la alcaldía de Barcelona en 2023.

Turull ha reiterado que Junts no es "la muleta de nadie" y que sólo se mueven en defensa de Cataluña, y que han sido "consecuentes" con sus planteamientos al romper sus acuerdos con el PSOE.

Por ello, ha emplazado al conjunto de militantes y cuadros de JxCat a "no dejarse impresionar" ni caer en la tentación de "dar volantazos" para dejar de ser "aquella formación serena, que trabaja incansablemente para ser una alternativa en Cataluña".

También ha hecho referencia al reciente informe del abogado general de la Unión Europea sobre la ley de amnistía, un "gran paso para visualizar el retorno" a Cataluña del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que marcará "un antes y un después en el tablero político actual".

Por otro lado, Turull se ha referido a la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, que proyecta un crecimiento de la formación xenófoba Aliança Catalana hasta los 19 escaños en el Parlament y un eventual empate con Junts, de la que ha criticado sus "sesgos".

Ante esta tesitura, Turull ha asegurado que Cataluña "no puede caer en la deriva" de un partido que "transforma el malestar en odio" y que el catalanismo "no puede caer en un proyecto excluyente que base su propuesta en el odio, el miedo y la división de la sociedad".

Por ello, ha dicho que JxCat afronta unos "meses decisivos" para ser "la única alternativa posible al Govern de Salvador Illa" ante un PSC que "ha renunciado a defender a los ciudadanos de las clases medias".

El PP, o lo que es lo mismo, Franco, fueron los primeros detractores de las lenguas cooficiales en España. Cuando venían por aquí, nos decían que los catalanes, más que hablar, ladrábamos.

El PP, repito, Franco, ha intentado empequeñecer nuestras lenguas, y así, al catalán que se habla en la Franja Aragonesa le han llamado PAO. Y al que se habla en Valencia, valenciano.

Mossèn Alcover y Francesc de Borja Moll, mallorquines ambos, después de visitar todos los lugares de habla catalana para recoger palabras a punto de extinción, crearon el diccionario Catalán - Valenciano - Balear, que es el equivalente al diccionario Panhispánico, definido por la RAE como el perteneciente o relativo al conjunto de los países de habla española.

En Valencia, y antes también en Cataluña, el idioma era un símbolo de clase social: los pobres hablaban catalán, los ricos, castellano.

Diana Morant i Ripoll, nacida en Gandía y descendiente, igual que yo, de catalanohablantes, declaró hace poco más de una semana que ellos (los valencianos) tenían una lengua propia. Me pareció muy grave. En primer lugar porque demuestra una incultura total. En segundo, y más importante, porque una persona que solo habla castellano es imposible que conecte con la gente más humilde de su comunidad.

Raimon lamenta lo que han hecho los madrileños con su tierra, convirtiéndola en la playa (y otros añadimos: en el prostíbulo) de Madrid. Y todo, dice el cantautor, porque se han empeñado en negar el catalán.

No puedo ver a Mazón i Guixot, y no quiero hablar del payaso. Pero también declaro alto y claro que Diana Morant puede ser ministra del Gobierno de España, pero jamás presidenta de la Generalitat.

El único que me parece válido para ocupar este cargo –y si lo pensáis lo es, en la práctica– es Joan Baldoví.

Baldoví, aparte de un político honrado, es el representante del pueblo valenciano. Lo hemos visto en la prensa, en la televisión y en la radio.

Mientras tanto, Abascal y el PP son el ejército franquista que ha ocupado unas tierras que siempre fueron fieles a la República.

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Mercè Carandell es socia de infoLibre.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de JxCat, Carles Puigdemont, prevé decidir en otoño sobre el apoyo de su partido al Gobierno de Pedro Sánchez, pues considera que se le ha dado "suficiente tiempo" para implementar las condiciones del pacto de investidura, según informa EFE.

Así lo ha dicho este martes en una conferencia sobre la lengua catalana y sobre el ingeniero y gramático Pompeu Fabra en la Universidad Catalana de Verano (UCE), celebrada en Prada de Conflent (Francia).

"Nosotros decidimos que no haríamos un acuerdo para dar estabilidad a la legislatura, que la estabilidad se tiene que ganar periódicamente. Por esto digo que en otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora, porque hemos dado suficiente tiempo, hay cosas que se tienen que producir", ha avisado el presidente de Junts.

"La reanudación del curso político en Cataluña y España se prevé intensa", ha pronosticado Puigdemont, que ha advertido de que "habrá cosas que ya no serán de la misma forma".

Puigdemont ha señalado que cualquier decisión que tome JxCat, "se comparta o no, se entienda bien a la primera, cueste más o no se entienda", seguirá la "conducta" de Fabra: "Si falla la lengua, falla todo y nosotros no le podemos fallar a la lengua".

Preguntado sobre si se ha marcado un plazo para lograr la oficialidad del catalán en las instituciones europeas y si esto marcará el futuro del apoyo de JxCat al Gobierno central, el expresident ha descartado "especular" y ha defendido "analizar el conjunto de la situación".

"Por lo tanto, como ya dijimos en su momento (...), nosotros deberíamos tomar decisiones este otoño", ha subrayado.

Puigdemont ha explicado que el distrito único universitario, "en algunos puntos", es "una catástrofe" para Cataluña y la lengua catalana, por lo que ha manifestado las "ganas" de Junts de "hacer propuestas en este sentido".

"Tenemos una lista enorme de cosas, algunas están en el horno, al margen de lo que son incumplimientos", ha radiografiado Puigdemont, que ha constatado que "ya llegamos a acuerdos" con el Gobierno central, "pero no los decimos porque hasta que no los veamos cumplidos no los queremos vender".

“Ella no hablaba dentro de la reunión. No dijo ni una palabra mientras se pronunciaba en gallego su compañero Alfonso Rueda. Luego se salió un rato. Montó el vodevil para los medios. Lo hizo pensando en los titulares”. Así explica un miembro del Gobierno central la actitud de Isabel Díaz Ayuso en la pasada reunión a puerta cerrada de la Conferencia de Presidentes, en la que la madrileña boicoteó a Salvador Illa y a Imanol Pradales por hablar en catalán y en euskera.

Esa actitud negativa ante las lenguas cooficiales ha propiciado lo contrario de lo que busca el Partido Popular: los diputados de formaciones nacionalistas e independentistas ven más reforzado el bloque de investidura, a pesar de las diferencias internas, frente al intento del PP de que estalle la aritmética parlamentaria y se convoquen elecciones generales anticipadas.

Fuentes de EH Bildu, PNV, ERC, Junts, Sumar y el PSOE subrayan al unísono que es un absoluto error el comportamiento tanto de Díaz Ayuso en la Conferencia de Presidentes como la estrategia del Partido Popular en las instituciones europeas durante estas semanas para frenar el intento del Gobierno español de lograr la cooficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea.

Un diputado vasco lo analiza de esta forma: “Al final Ayuso ha hecho más líder en Euskadi a Imanol Pradales. A ella a lo mejor le funciona muy bien en los medios y entre ciertos sectores de votantes en Madrid, pero ha sido un torpedo para el PP vasco. En Euskadi el PP trata de robarle electores al PNV. No me puedo imaginar cómo estará Javier de Andrés…”

“Al final lo que hacen es alinear a partidos que no estamos siempre tan alineados”, señala otro diputado soberanista catalán. De hecho, los miembros del bloque de investidura comparten que la actitud del Partido Popular dificulta todavía más una ecuación de posibles acuerdos con la España periférica, algo casi imposible en estos momentos ya por la presencia de la ultraderecha de Vox. Fuentes de EH Bildu lo resumen así: “A pesar de lo que diga Ayuso, Madrid no es España”.

Y, además, entre los partidos del bloque de investidura se comparte la idea de que la actitud de Ayuso en la Conferencia de Presidentes supone también una afrenta directa a Núñez Feijóo, ya que rompió absolutamente la estrategia ideada por Génova 13 y ejecutada por los presidentes autonómicos del Partido Popular de exigir la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Fuentes del Gobierno presentes en la reunión en el Palacio de Pedralbes en Barcelona describen la situación: “Lo que allí pasó fue un espectáculo. Cuando escuchas a Carlos Mazón pidiendo elecciones, ya ves que vale todo para el PP”.

En una entrevista con infoLibre publicada este miércoles, la coordinadora de Sumar, contestaba así a la actitud del Partido Popular sobre las lenguas cooficiales: "Por mucho que se ofendan y ladren Núñez Feijóo y Díaz Ayuso, vamos a seguir gobernando el país para el conjunto de la mayoría plurinacional. Es una realidad que forma parte de esta España diversa y plural, que es historia y presente. Estamos muy orgullosas de defender con todo nuestro tesón que la diversidad lingüística es riqueza cultural y que existen realidades territoriales plurinacionales".

El grupo que puede desestabilizar con más fuerza la legislatura es Junts, en quien paradójicamente el Partido Popular confía para poder tumbar a Pedro Sánchez. Los posconvergentes han criticado duramente la actitud de Ayuso durante la Conferencia de Presidentes estos días y han lamentado su “anticatalanismo”, a la vez que han pronosticado, en palabras de su ‘número dos’, Jordi Turull, que el “PP nunca será nada importante en Cataluña”.

Asimismo, diferentes parlamentarios pertenecientes al bloque de investidura reflexionan que la actitud de Ayuso la inhabilita de entrada para una Presidencia a nivel nacional porque representa un modelo que deja fuera a millones de habitantes y que sólo podría mirar a alianzas con Vox para poder llegar a La Moncloa, lo que puede suponer también una amplia movilización de la izquierda y de la España plurinacional.

Junts, el socio que acapara más miradas, y el Gobierno tienen en manos estos días también otra negociación clave: el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Se trata de la medida estrella impulsada por el ala de Sumar pilotada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Este martes se volvió a prorrogar el plazo de enmiendas. Fuentes del Ejecutivo trasladan que esto es una muestra de que la negociación va bien en estos momentos y que se puede lograr un acuerdo con los poscovergentes a pesar de la amenaza de presentar una enmienda a la totalidad que podría tumbar el texto con una pinza entre ellos, el PP y la ultraderecha. 

Desde que llegara al Palacio de La Moncloa, Pedro Sánchez ha tenido muy claro que había que tejer alianzas con la España periférica y dar cabida institucional a lo que es “normal” fuera de Madrid, como señalan fuentes socialistas. En este contexto, el jefe del Ejecutivo expresó durante la sesión de control de este miércoles, ante la pregunta de Maribel Vaquero, del PNV,  su deseo de "cogobernar y decidir" en materia de industria y energía con las autonomías que no solamente tienen la competencia sino el "interés de fortalecer su gobierno o su autogobierno".

El Gobierno español trata de lograr, después de que se retirara del orden del día en el último Consejo de Asuntos Generales de la UE, que haya unanimidad entre los países europeos para lograr la cooficialidad del catalán, euskera y gallego. Sigue de manera discreta las negociaciones con otras capitales, a pesar de los movimientos de los populares. Entre sus argumentos: que son lenguas reconocidas en la Constitución, que el plan se irá implementando de manera gradual y que los costes económicos correrán a cargo de España.

Los barones del PP siguieron este viernes la consigna del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y se desentendieron del orden del día que ellos mismos habían exigido ampliar para concentrarse en utilizar la Conferencia de Presidentes —cuya convocatoria han reclamado en múltiples ocasiones— con el único objetivo de exigir al presidente Pedro Sánchez que convoque elecciones anticipadas.

Todo al servicio de la estrategia con la que Feijóo quiere hacer ver que España vive una situación supuestamente insostenible por culpa de una corrupción que consideran generalizada y que, en su mayor parte, se apoya en bulos. Desde el falso enriquecimiento del hermano de Sánchez a las orgías del exministro José Luis Ábalos en el parador de Teruel de las que no hay pruebas, pasando porque el ministro de Política Territorial contrató a prostitutas en la capital justo un día en que estaba en Canarias o cualquier cosa sin fundamento que salga de los labios del conseguido imputado Víctor de Aldama.

La estrategia pactada se hizo evidente a medida que los barones del PP fueron tomando la palabra. Elecciones, elecciones y elecciones. Todo estaba perfectamente calculado para caldear el ambiente a pocas horas de que el PP reanude, el próximo domingo en Madrid, sus movilizaciones en la calle contra un presidente al que tachan de “jefe de la mafia”

No obstante, el mero hecho de reunirse con normalidad institucional, a pesar de la tensión política, desinfló ese intento de retratar a Sánchez como un capo criminal. La imagen de la mayoría de los presidentes del PP departiendo amigablemente con él y con los miembros de su Gobierno, particularmente evidente en el caso de Juanma Moreno, contradice mejor que cualquier discurso el objetivo de Feijóo de señalar al presidente como un felón.

En todo caso, la demanda de anticipo electoral de los barones fue inútil. El propio presidente les dejó claro que mantiene su intención de completar la legislatura, lo que significa que Feijóo, por muchas manifestaciones que convoque (para la de este domingo el PP ha movilizado cientos de autobuses con el objetivo de evitar que la ausencia de Vox reduzca la asistencia), no tendrá ocasión de disputarle la presidencia hasta 2027.

Eso sí, la estrategia de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de levantarse e irse momentáneamente de la reunión cuando el lehendakari, Imanol Pradales, inició su intervención en euskera (siguiendo así las reglas establecidas para la convocatoria), secundada por sus compañeros de partido, que se negaron a utilizar la traducción simultánea para entender lo que tenía que decir y tratar de forzarle a usar el castellano, sólo ha servido para distanciar aún más al PP del PNV, una formación a la que Feijóo todavía no ha renunciado a cortejar en el futuro para una hipotética investidura.

El lehendakari acabó confesando una sensación absoluta de “decepción y tristeza” por el “bochornoso e inadmisible espectáculo” vivido y ha dicho que, visto lo visto, no sabe “si merece la pena volver” a participar en una Conferencia de Presidentes.

Lo ocurrido ha sido “muy preocupante”, remarcó, porque revela una manera de entender la política que “dificulta los acuerdos, alimenta el clima de la confrontación” y es “perniciosa” para las instituciones, la democracia y la ciudadanía. “Puede que en el corto plazo alguien piense que le beneficia”, concluyó en referencia a Feijóo, “pero a la larga perdemos todos y sobre todo la ciudadanía”.

Ayuso quería protagonismo y lo consiguió, justo el día en que la justicia imputaba a la esposa del directivo de Quirón a la que su novio compró una empresa sin valor por el módico precio de 500.000 euros. Se salió de la reunión para protestar porque tanto Pradales como el anfitrión de la Conferencia, el president Salvador Illa, ejerciesen su derecho a hablar en las lenguas de sus respectivas comunidades (Alfonso Rueda y Marga Prohens, ambos del PP, saludaron en gallego y catalán, oficiales en sus territorios, sin provocar la misma reacción por parte de la presidenta madrileña). E incluso provocó un incidente en los prolegómenos de la reunión al negarse a ser saludada con dos besos por la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que acusó, falsamente, de haberla llamado “asesina” por la muerte de los ancianos a los que la Comunidad de Madrid negó la asistencia sanitaria durante los peores días de la pandemia de covid-19 de hace cinco años.

Los presidentes del PP, que representaban en la reunión a los ciudadanos de Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León, Comunitat Valenciana, La Rioja, Aragón, Illes Balears, Murcia, Cantabria, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, dejaron en un segundo plano las propuestas del Gobierno de Sánchez, en particular una inversión histórica para construir vivienda pública, e incluso su propia agenda de reclamaciones con tal de dar soporte al intento de Feijóo de hacer ver que España vive una situación insostenible.

Al final de la reunión, del frente común del PP solo Gonzalo Capellán, de La Rioja, defendió la importancia de mantener la institucionalidad y la necesidad de “contribuir a la tranquilidad y a la calma, que es como mejor se plantean las cuestiones y es lo que esperan los ciudadanos de nosotros”.

Otros bastante tuvieron con tener que dar explicaciones de lo suyo. Como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, justificando su abrazo al exconselleiro do Mar Alfonso Villares, dimitido tras una denuncia por agresión sexual. O el valenciano Carlos Mazón, en el ojo del huracán por su inacción durante la dana que costó la vida a 227 personas, pidiendo responsabilidad a Sánchez.

En medio de la refriega se quedó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, que fue uno de los primeros en intervenir y cuya comunidad sigue sumida en una grave crisis de acogida de migrantes menores de edad no acompañados por culpa de las comunidades del PP, que se niegan a compartir la tarea de cuidados a la que están obligadas. Clavijo agradeció a Euskadi (PNV) y a Cataluña (PSC) su disposición a colaborar. Y criticó el anuncio de algunos presidentes del PP de negarse a hacerlo.

La Conferencia de Presidentes, la número 28 que tiene lugar desde la puesta en marcha de lo que nació como un foro de diálogo entre autonomías, concluyó sin ningún acuerdo. De nada sirvieron los llamamientos de Sánchez a debatir con espíritu constructivo (sólo dos días antes el Ejecutivo había pedido un gran Acuerdo Estatal para atajar la crisis de la vivienda) y a “dejar la crispación en el perchero”. El propio Sánchez acabó asumiendo que era imposible pactar nada ante las posiciones expresadas por los dirigentes territoriales del PP, según fuentes del Ejecutivo.

El reciente fracaso del Gobierno español en Bruselas en conseguir la oficialidad del catalán, gallego y euskera en la UE vuelve a mostrar el diverso mapa lingüístico de Europa. Un continente cargado de riqueza y variedad, con más de 50 idiomas minoritarios, muchos de ellos no oficiales en sus Estados y donde el monolingüismo es rara avis, pero en el que las lenguas siguen condicionando la agenda de autoridades y las políticas estatales desde hace décadas, o siglos.

Las dificultades de España para lograr el uso oficial del gallego, euskera y catalán en las instituciones comunitarias muestran objeciones más profundas que los recelos de varios países ante el coste financiero de esa labor de interpretación y traducción de cientos de normas, documentación y bases de datos de la UE. Son los muros lingüísticos de una política nacional que entra en terreno pantanoso cuando salta a la escena europea. Francia es reacia a la regularización de las tres lenguas porque en su seno también se habla el euskera y el catalán, además del bretón, occitano, corso o normando pero su Constitución establece que el francés es el único idioma del país.

Igual de complicadas son las implicaciones políticas de la realidad lingüística en las repúblicas bálticas. Estonia fue otro de los países contrarios al reconocimiento solicitado por el Gobierno español. En su territorio el ruso es la lengua materna de una cuarta parte de la población, pero desde la invasión de Ucrania ha puesto en marcha una política de priorización absoluta del estonio como única lengua oficial. Una reforma educativa está eliminando gradualmente el ruso de la escuela y para 2030 dejará de ser lengua de enseñanza.

Dentro de la UE, el ruso no sólo tiene una fuerte presencia en Estonia. En la vecina Letonia es la lengua materna de un tercio de la población, la mayor proporción entre los 27, y hasta hace unos años contaba con su propio sistema educativo paralelo. Desde 2025, el letón es la única lengua enseñada desde preescolar y el ruso sólo una asignatura optativa. En Lituania o Finlandia, las minorías rusoparlantes son más pequeñas, del 8% y el 5% de la población respectivamente. Los gobiernos de Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia temen que un impulso a las lenguas minoritarias españolas siente un precedente para el ruso en la UE.

De momento, la UE seguirá contando sólo con 24 lenguas oficiales es sus instituciones. Cada una de ellas corresponde, principalmente, con la única oficial en uno de los 27 Estados Miembros, con excepciones. La salida del Reino Unido no supuso la eliminación del inglés, pues es también lengua oficial de Irlanda y Malta, mientras que el neerlandés lo es en Países Bajos y Bélgica, donde también lo son el alemán y el francés, igual que en Luxemburgo. El luxemburgués de este país no es oficial en la UE.

El maltés disfrutó de un periodo de transición en la UE de tres años tras la adhesión de ese país para la redacción de todos los actos comunitarios hasta la plena oficialidad en las instituciones, lograda en 2007. Mientras que el irlandés, o gaélico, no lo hizo hasta 2005 pese a que cuando la República de Irlanda se incorporó a la Comunidad Económica Europa en 1973 los tratados comunitarios sí se redactaron en esa lengua.

El alemán es la lengua materna más hablada en la UE, un 20% de la población, con casi 80 millones de personas, seguido del francés y el italiano, en torno al 15% y unos 55 millones de hablantes, y por el castellano con un 9%. Mientras, idiomas oficiales como el irlandés cuentan con 1,6 millones de hablantes de los que realmente sólo medio millón lo hace con cierta frecuencia, el estonio con apenas un millón y el maltés no llega a los 400.000 hablantes. Frente a ellas, el catalán roza los nueve millones de hablantes en España, el gallego tiene tres millones y el euskera cerca del millón.

En Europa, la realidad es aún más plurilingüe y diversa, con 60 lenguas minoritarias y regionales en 25 Estados, habladas por cerca de 50 millones de personas. Excepto Portugal o Hungría, el resto de países disfrutan de la diversidad lingüística. En Reino Unido se hablan lenguas célticas en Gales, Escocia y en Irlanda del Norte, el albanés está presente en Grecia y Macedonia, Rumanía cuenta con una región donde el magiar, la lengua de Hungría, tiene una fuerte presencia y es motivo de disputas políticas o en Italia hay siete idiomas regionales, considerados lenguas por los lingüistas y dialectos por sus instituciones, entre los que destaca el napolitano con once millones de hablantes. Las lenguas sami, o laponas, con apenas unos pocos miles de hablantes, están presentes en Noruega, Suecia y Finlandia.

Por eso, desde la Red Europea por la Igualdad de las Lenguas (ELEN, sus siglas en inglés), destacan que es “vital” que el catalán, gallego y euskera “alcancen el estatus oficial en la UE”. “No sólo porque atraerá inversiones financieras significativas a las industrias de la lengua en cada país o aumentará su prestigio”, explica su secretario general Davyth Hincks a infoLibre, sino porque “rompería muchas barreras a todas las lenguas y sus hablantes romperían un techo de cristal en los países plurilingües que sólo permiten a uno de sus idiomas ser oficial en la UE”.

En términos institucionales, la realidad gala es extrapolable al continente. Mientras el francés disfruta de una posición privilegiada y de autoridad, el estatus de las otras cinco lenguas de su territorio es diferente. El corso sí cuenta con protección como idioma en Córcega, al contrario que las otras, y es impartido en la Universidad de Corte y en escuelas. Sólo recientemente bajo la presidencia de Emmanuel Macron, pero sin su apoyo, la Asamblea Nacional aprobó una ley para reconocer a las otras lenguas, lo que les ofrecerá un estatus jurídico y su incorporación al sistema educativo.

Este tipo de trabas que erosionan la vida de las lenguas minoritas están presentes en la mayoría de Europa. Polonia no ofrece la enseñanza del lemko en primaria, secundaria o formación profesional; Reino Unido deja en manos de las autoridades locales y voluntariamente la enseñanza de las célticas gaélico o córnico y de la germánica scots; mientras que el frisio en Alemania es sólo una asignatura optativa de reciente creación. Los hablantes de estas lenguas disminuyen desde hace décadas.

El Consejo de Europa, la organización internacional con sede en Estraburgo para la promoción de la democracia y los Derechos Humanos cuenta con un capítulo especial sobre las lenguas minoritarias y regionales, “el único tratado en el mundo que busca proteger y promover” estos idiomas. España, junto a otros 24 países más, fue uno los firmantes en 1992 y lo ha ratificado, un proceso no culminado por Francia, Italia o Portugal.

Contactado por infoLibre, el Comité de Experto de Lenguas Minoritarias del Consejo de Europa “no tiene una posición” sobre el esfuerzo político y diplomático español ante la UE ya que “se trata de otra organización”, pero sí destaca que su último informe sobre el país muestra que “el sistema español de protección de las lenguas regionales y minoritarias está bien desarrollado” pese a la persistencia de algunas “lagunas” en los ámbitos judiciales, sanitarios o de la administración pública.

La valoración positiva del Consejo de Europa sobre la realidad lingüística española contrasta con su informe general sobre el continente, de abril, con la alerta de que “algunos Estados siguen teniendo dificultades sistémicas para aplicar” el capítulo sobre la protección y promoción de estas lenguas. Especialmente advierte “sobre la importancia de promover y enseñar lenguas minoritarias y regionales a todos los niveles educativos para garantizar efectivamente su protección y transmisión a las siguientes generaciones”. 

Es “uno de los muchos problemas que afectan a las lenguas minorizadas europeas” critica Davyth Hicks, secretario general de ELEN, quien advierte sobre la “erosión gradual en la transmisión idiomática intergeneracional, la erosión en el uso en algunas comunidades y el envejecimiento demográfico en algunos casos”.

Ante esta realidad, el documento del Consejo de Europa pide realizar “más esfuerzos” para “llegar a los jóvenes e involucrarlos activamente en la promoción y protección de las lenguas minoritarias y regionales, como una expresión de riqueza cultural”. Existen situaciones nacionales con lenguas minoritarias próximas a la extinción, como el árabe maronita en Chipre.

Los peores casos, sin embargo, explican desde la Red Europea por la Igualdad de las Lenguas, son “los Estados granuja, como los llamamos, de Francia y Grecia, ya que tienen políticas lingüísticas diseñadas para erradicar sus lenguas propias minoritarias”. Davyth Hicks, denuncia ante infoLibre que estos países “contravienen regularmente las leyes internacionales de derechos humanos en este área”.

En Italia, país que tampoco apoyó la iniciativa española sobre el reconocimiento del catalán, gallego y euskera, el sardo de Cerdeña disfruta de una protección como lengua minoritaria pero no se incentiva su reconocimiento por las instituciones regionales y sigue sin enseñarse en las escuelas. Según la Unesco, está en “grave peligro de extinción”, igual que el gaélico escocés, el normando de Francia o el casuvio, una lengua eslava de Polonia.

Ministros y portavoces del PSOE y Sumar han acusado este miércoles al PP de antipatriota por "boicotear" el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas cooficiales en la Unión Europea, pero recalcan que el Gobierno seguirá trabajando e insistiendo para lograr este objetivo. Un día después de que los países de la Unión Europea aplazaran la votación sobre la oficialidad de estas lenguas ante la falta de unanimidad por las dudas legales, financieras y políticas, el PSOE y Sumar ponen el foco en el PP, según informa EFE.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha calificado de "antipatriótica" la actitud del PP al pedir a otros países que votaran en contra, pero ha asegurado que el Gobierno va a seguir insistiendo con este asunto, que fue un compromiso adquirido con Junts en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. "Supongo que Junts, como todo el mundo, ha visto quién ha hecho todo lo posible, quién está poniendo toda la carne en el asador, toda su convicción diplomática para conseguir esa oficialidad (...) y quién está boicoteando e intentando impedir que suceda esto", ha declarado a su llegada a un desayuno informativo.

En la misma línea, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, del PSOE, ha recalcado que el Gobierno sigue trabajando para lograr que estas lenguas sean reconocidas como cooficiales en la Unión Europea y ha acusado también al PP de "boicotear" este objetivo. "(Alberto Núñez) Feijóo en su día era un gran defensor del gallego, pero se le ha olvidado todo aquello. Ya no defiende las lenguas oficiales de este país", ha asegurado en referencia al líder del PP en el mismo desayuno informativo al que ha asistido López.

Por su parte, en declaraciones a los medios en el Congreso, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se ha mostrado optimista al asegurar que "tarde o temprano las lenguas cooficiales españolas se harán oficiales en la Unión Europea" y ha lamentado la postura "profundamente antipatriota" del PP.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reprochado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que no lograra la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE: "¿Qué pinta usted, qué peso tiene usted en Europa?", ha preguntado al criticar también a Junts por incumplir igualmente su compromiso. Fuentes de Exteriores han señalado que les gustaría que hubiera más concreción sobre las dudas que han manifestado algunos socios sobre esta cuestión para poder intentar solventarlas.

Según Rufián, ha sido la derecha española la que "le ha hecho estallar" el acuerdo de las lenguas, y ha subrayado que el catalán se habla más que el maltés, el letón, el estonio, el danés o el sueco: "Si el catalán lo hablan diez millones de europeos, ¿por qué no se puede reconocer?".

Albares se ha defendido de las críticas de ERC, insistiendo en que el compromiso del Ejecutivo para que el catalán, el euskera y el gallego pasen a ser lenguas oficiales europeas "es irrenunciable e irreversible". Pero no ayuda, ha continuado, que "se siembren dudas" sobre este compromiso y ha recalcado que no se trata de algo coyuntural ni es un tema de partidos, sino de "de identidad nacional española". Y de la misma manera, ha añadido, que España "es solidaria con la identidad nacional del resto de los Estados miembros europeos, ellos tienen que ser también solidarios con nosotros".

"Hace 40 años que España es un Estado miembro de la Unión Europea y hace 20 que se presentó por primera vez la posibilidad de que esas lenguas fueran oficiales", ha recordado Albares, al mencionar directamente a Feijóo, para instarle a comprender que el gallego "también merece ser usado oficialmente en Europa, y no solo para ir por los pueblos de Galicia a pedir el voto". 

La oficialidad del catalán, gallego y euskera en la Unión Europea vuelve a quedar bloqueada en Bruselas. El Gobierno de Pedro Sánchez choca de nuevo con las reticencias de un importante grupo de Estados Miembros, principalmente del norte y este del continente, que muestran “dudas” y “preocupaciones” sobre las “cuestiones legales y financieras” de reconocer a estas tres lenguas el mismo estatus que al castellano, francés, alemán, pero también que al sueco o finés en las instituciones comunitarias. 

Tras la intervención inicial del secretario de Estado de Asuntos Europeos, Fernando Sampedro, varios países, según confirman varias fuentes diplomáticas, pidieron a España retirar su demanda de votación, como finalmente acabó ocurriendo. Las gestiones del Ejecutivo español para tratar de convencer al resto de los gobiernos comunitarios no sirvieron para lograr la unanimidad requerida, por lo que la presidencia de turno polaca decidió aplazar la votación. Una opción que el Gobierno de Sánchez aceptó para seguir negociando ante la alternativa de que se rechazara, lo que hubiera complicado, todavía más, su relación con Junts.

A estas reticencias se le sumaron las presiones del Partido Popular que habría pedido a gobiernos afines en otros Estados Miembros que no apoyaran la petición del español en Bruselas. Las fuentes consultadas por infoLibre, tanto Madrid como en Bruselas, no confirman los movimientos del PP español entre gobiernos afines como el alemán, el italiano o el portugués, pero desde la formación justificaron el lunes el uso de sus contactos diplomáticos ante la reunión del Consejo de Asuntos Generales de este martes en Bruselas.

El secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, fue quien reveló que en estos últimos días el partido de Alberto Núñez Feijóo contactó con sus homólogos europeos para que no apoyaran la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera. "Si ha habido llamadas, es porque también las hay en sentido contrario", justificó. También esgrimió que "quien actúa por un interés político tiene que asumir que los otros hagan lo mismo". Desde el PP nacional evitaron confirmar estos movimientos, pero Rodríguez es un hombre de partido afín a Feijóo. 

Desde Vox también confirmaron estas maniobras. Su portavoz, José Antonio Fúster, reveló el lunes que el PP español se había puesto en contacto con ellos para que "intercedieran" y trataran de convencer a países gobernados por la ultraderecha con los que mantienen buenas relaciones, como el del húngaro Viktor Orbán, para vetar la oficialidad de estas tres lenguas en la Unión Europea. Así, Fúster presumió de que Vox ya estaba "haciendo su parte del trabajo" y aseguró que los esfuerzos de la dirección de Feijóo habían sido “inútiles".

La posición del Partido Popular provocó el enfado de Junts per Cataluña y del PNV, dos formaciones que Feijóo no quiere tener lejos por lo que pueda deparar el futuro. El expresident Carles Puigdemont acusó al líder del PP de maniobrar para bloquear el reconocimiento del catalán a costa de vulnerar la ley, en alusión al estatut. "Señor Núñez Feijóo, ¿las leyes están para cumplirlas o eso sólo es para los catalanes?", señaló en redes.

El líder de Junts recurrió a la ironía para preguntarse, en su cuenta de X, si el PP hace "apología de la desobediencia, de la rebelión... o del delito de traición", delitos imputados a los líderes independentistas, entre ellos el propio Puigdemont, tras llevar a cabo el procés en el año 2017. "Conspirar con terceros países para ir contra los intereses oficiales del Reino de España debe ser de todo menos lealtad", añadió.

Desde el PNV también cargaron con dureza contra la formación conservadora. Su presidente, Aitor Esteban, atribuyó al PP "maniobras sucias" para evitar que este martes se aprobase la oficialidad del euskera. Y su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, también responsabilizó al PP de que Bruselas aplazara la votación. “Han puesto en marcha toda la maquinaria” para evitar esa aprobación, denunció Vaquero. “Las tres son lenguas europeas. Y el euskera además es la lengua más antigua de Europa". La portavoz jetzale evitó también culpar al Gobierno. "Si el PP no hubiese remado en contra, creo que la decisión habría sido otra”, aseguró.

Más allá de estos movimientos, ni siquiera el propio líder del PP dejó clara su postura. En una comparecencia desde la sede de Génova puso de manifiesto sus reservas, pero evitó posicionarse con claridad después de haber hecho gala durante su etapa en la Xunta del modelo bilingüe y de que el PP gallego apoyara hace solo tres semanas una moción para instar al Parlamento Europeo a permitir que se utilizara el gallego como lengua oficial. El líder del PP también evitó contestar a la pregunta de si ha mantenido contactos con otros países para tratar de vetar la iniciativa y desde su equipo inciden en que "no tienen por costumbre

Feijóo se hizo el gallego y mostró más dudas por el fondo de la iniciativa que por la forma. Puso el foco en un "informe técnico" de la UE que apunta a que es necesaria una reforma de los Tratados "para dar cabida a idiomas que no son oficiales en la totalidad de los Estados miembros" ya que, en el caso contrario, se estaría incurriendo en un "supuesto de ilegalidad", recalcó que "hay muchos países donde hay otras lenguas y que tienen precauciones de hacer oficial más de 40 lenguas que no lo son en la UE" y también planteó recelos sobre el coste económico, en línea con lo esgrimido por los Estados Miembros durante la reunión.

Minutos después de su comparecencia, fuentes del PP calificaron el aplazamiento de la votación como una "derrota sin paliativos" del presidente español y aseguraron que la Unión Europea ha lanzado el mensaje de que "no es moneda de cambio con el independentismo". Desde el PP también apuntaban a las supuestas "amenazas y presiones vergonzantes" del presidente del Gobierno y del ministro de Exteriores para que la iniciativa saliera adelante por unanimidad, pero obviaron las maniobras de su propia formación al respecto.  

Ningún Estado Miembro quiso concretar su voto antes del Consejo de Asuntos Generales, pero las dudas, reticencias y excusas que mostraban sus ministros o representantes eran elocuentes. Suecia, Finlandia, Croacia, Austria y hasta Francia objetaron públicamente la demanda española. El ministro finlandés de Asuntos Europeos fue el más claro. "Creo que la diversidad lingüística es importante y siempre hemos sido constructivos", aseguró Joakim Strand, pero "queremos continuar la discusión y espero no tener que votar porque no creo que el asunto esté maduro para ello". Otros países como Alemania o Italia también rechazaron dentro de la reunión la petición española, mientras Dinamarca o Chipre eran reticentes.

El Gobierno, por boca del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en España o de Sampedro en Bruselas, asegura que son siete los socios comunitarios que frenaron la propuesta para cambiar el Reglamento 1/1958 que fija el régimen lingüístico dentro de la UE, pero diversas fuentes diplomáticas elevan esa cifra al menos a diez. Además de los seis representantes nacionales que expresaron sus recelos al llegar al Consejo, las tres repúblicas bálticas y Alemania estarían también en el bloque opositor.

La ministra austríaca, Claudia Plakolm, del Partido Popular de su país, aseguró que para apoyar la demanda del Gobierno español todavía quedan "cuestiones legales y de costes que debemos analizar y decidiremos [nuestro voto] cuando haya respuestas encima de la mesa". En la misma línea, la liberal-conservadora sueca Jessica Rosencrantz, reconoció ser "plenamente consciente de la posición española en una cuestión importante" y pidió "escuchar lo que tengan que decir otros ministros". La representante croata, también conservadora, alertaba sobre las "implicaciones legales y de costes" de oficializar las tres lenguas y exigía “analizarlas al detalle”. El finlandés Strand, que fue el más vocal al llegar al Consejo, también pertenece al Partido Popular europeo, el mismo grupo en el que está Feijóo.

Las tres repúblicas bálticas, Finlandia o Suecia tienen en sus sociedades comunidades ruso parlantes. Temen que reconocer las tres lenguas españolas supusiese sentar un precedente que aprovechase Moscú a través de sus afiliados para presionar en favor del ruso como lengua ante las instituciones europeas. Al mismo tiempo, la Comisión cifra en 130 millones de euros el coste de implantar en la UE el catalán, el gallego y el euskera, según un informe interno solicitado por el Consejo. Y aunque España se comprometió a asumir el pago de estos intérpretes y servicios de traducción por una cifra que, desde el Ministerio de Exteriores, calculan más baja, capitales como Berlín o Viena tampoco quieren que pasados unos años este coste recaiga en las arcas comunitarias.

La realidad es que España sigue sin convencer al resto de Estados Miembros para modificar las normas sobre el régimen lingüístico dentro de la UE, y que la unanimidad necesaria está todavía lejos de alcanzarse por mucho que el Gobierno haya empujado diplomáticamente en los últimos meses, como confirmaron a su llegada a Bruselas varios ministros. Una decena de votos en contra se acerca casi a la mitad de los votos dentro del Consejo y la oficialidad para los tres idiomas vive un bloqueo de casi dos años.

Fue en agosto del 2023 cuando el ministro Albares formalizó la petición española a través de una carta. Concretamente, el Gobierno demanda que “las lenguas oficiales y las lenguas de trabajo de las instituciones de la Unión” pasen a ser “el alemán, el búlgaro, el castellano, el catalán, el checo, el danés, el eslovaco, el esloveno, el estonio, el euskera, el finés, el francés, el gallego, el griego, el húngaro, el inglés, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano y el sueco”.

Durante la Presidencia de turno española del Consejo en ese semestre, el Gobierno ya tuvo que frenar igual que este martes una votación entre los 27 sobre la oficialidad de las tres lenguas al constatar que no contaba con el apoyo. Entonces, al menos doce países mostraron sus dudas sobre el coste financiero de la medida, la burocracia aparejada o las dudas legales que podía implicar sentar precedentes para el ruso o el turco dentro de la UE. Esa gran minoría de bloqueo sigue siendo casi idéntica hoy en día. En marzo del 2024, la Presidencia belga del Consejo que tomaba el relevo de Madrid retiró de la agenda del Consejo la cuestión.

Pasó casi un año y en febrero de este 2025 el secretario de Estado para Asuntos Europeos adelantó la decisión del Gobierno de elevar de nuevo durante este primer semestre la oficialidad del gallego, euskera y catalán en la agenda del Consejo de Asuntos Generales. Vamos a "seguir defendiendo con mucha fuerza" la propuesta, aseguró Sampedro, con la esperanza de obtener "importantes avances durante la presidencia polaca". El empuje diplomático realizado durante esta primavera no ha sido suficiente y la oficialidad de las tres lenguas vuelve a fracasar en Bruselas. Queda por ver si antes del verano o ya en otoño el Gobierno vuelve a la carga para conseguirla o si considera amortizados por un tiempo ante Junts y Carles Puigdemont sus esfuerzos políticos.

Los países de la Unión Europea aplazaron este martes la votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea ante la falta de unanimidad entre los Veintisiete por las dudas legales, financieras y políticas, dijeron a EFE diversas fuentes diplomáticas.

Una decena de países pidieron expresamente que se retirase la votación del orden del día, tal como había pedido el Gobierno español; y Polonia, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE y le corresponde moderar los debates, decidió aplazar la cuestión para más adelante.

"Hoy espero que no tengamos que votar porque la cuestión no está madura", apuntó ya el ministro finlandés de Asuntos Europeos, Joakim Strand, a su llegada al Consejo de Asuntos Generales de la UE. En este sentido, apuntó que hay que tomarse "muy seriamente" las "dudas legales" que han expresado oralmente los servicios jurídicos del Consejo de la UE conforme a la adecuación de la cuestión con el artículo 55 del Tratado de Lisboa referente a las lenguas originarias en las que está redactado.

Entre los ministros que hablaron ante la prensa, solo Dinamarca y Eslovenia aseguraron que habrían votado a favor de la petición española, si se hubiese sometido a votación.

Tras conocerse la decisión, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha asegurado que el Ejecutivo seguirá "trabajando y dialogando" con los socios europeos para que se reconozcan en la UE las lenguas cooficiales españolas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y preguntada por la presión de Junts, Alegría ha asegurado que "el compromiso es claro" y el objetivo es trabajar "desde ya" para convencer "cuanto antes" a todos los países miembros.

Ha explicado que el Ejecutivo lleva años trabajando con los socios europeos para que se reconozca la "identidad plurilingüe" del país y en las últimas semanas se habían conseguido "grandes avances", con un "amplio" grupo de Estados dispuestos a apoyar esta medida.

Sin embargo, un grupo "menor", que no ha cuantificado, ha solicitado más tiempo e información y España ha decidido aceptar esa petición para seguir dialogando.

Ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, el que ha cifrado en "siete" los Estados miembros de la UE que tienen reticencias. No obstante, en declaraciones al canal 3/24 de la Televisió de Catalunya, ha asegurado que la oficialidad es ya "irreversible".

Albares ha recalcado que el reconocimiento de esta oficialidad es un compromiso "irrenunciable" del Gobierno español y ha avanzado que esta misma tarde contactará con los ministros de Asuntos Exteriores de estos siete países reticentes para intentar despejar sus dudas "financieras y jurídicas" a este respecto.

También ha aprovechado para hacer un llamamiento a "todos los partidos políticos españoles", especialmente al PP como principal partido de la oposición, a que "se sumen a este esfuerzo, que tiene que ser colectivo", para convencer a los gobiernos de los Estados miembros que "todavía" no avalan la propuesta de oficialidad que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez. 

En la misma línea se ha posicionado Alegría, que ha arremetido contra el PP por su "posición contraria" al reconocimiento de las lenguas cooficiales en la UE y en especial ha criticado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, del que ha dicho que "ya no le gusta el gallego" pese a que defendió su uso "normalizado" en las escuelas de Galicia cuando era presidente de la Xunta.

Entiende que ahora "ya no está de acuerdo" con el reconocimiento de la "realidad plurilingüe" de España y ha recordado que la utilización del catalán, el euskera y el gallego está reconocida en esta legislatura en el Congreso, de modo que todos los diputados pueden intervenir en sus propias lenguas en todas las actividades.

La portavoz ha revelado que al Gobierno le parecía que la próxima celebración de los 40 años la adhesión de España a la UE era una "fecha muy significativa" para lograr un reconocimiento para el que, ha reiterado en su comparecencia, el Ejecutivo seguirá trabajando. 

El Gobierno español intensificó sus contactos con las capitales europeas en las últimas semanas y realizó cambios a su propuesta inicial para tratar de vencer las reticencias existentes entre los Veintisiete. España se comprometió a que la traducción de la legislación de la UE a los tres idiomas se haga por fases, a partir de 2027, empezando primero por los reglamentos desde el año 2017 y dejando para más adelante el resto de decisiones, como las directivas comunitarias.

También insistió en que asumirá el coste que supondría traducir la legislación comunitaria al catalán, el euskera y el gallego, que según una estimación preliminar de la Comisión Europea, basada precisamente en la experiencia del gaélico, ascendería a los 132 millones de euros.

Bruselas, Madrid y Barcelona. En estas ciudades se juega a estas horas buena parte de la legislatura. El Gobierno mueve todos sus hilos en la UE para lograr la cooficialidad del catalán, gallego y euskera en las instituciones europeas, mientras el PP rema en sentido contrario para frustrar esta exigencia que hizo Junts al PSOE para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez.

El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea tiene en su orden del día este martes la votación planteada por España para elevar el estatus de estas tres lenguas dentro de la UE, donde hace falta que haya unanimidad y que ningún país presente un veto. El Ejecutivo español lleva meses hablando de manera discreta con los socios para explicar su propuesta, con una acción diplomática liderada por el titular de Exteriores, José Manuel Albares.

El Gobierno está argumentando al resto de socios que esas lenguas ya se pueden utilizar en el Parlamento español, que la implementación se haría de forma gradual y, además, que el coste lo asumiría España. Todo ello para convencer a algunos países reticentes a la iniciativa por temor a tener que extenderlo a lenguas minoritarias en sus territorios (por ejemplo, los bálticos no están por la labor) o los Ejecutivos que pueden poner pegas financieras.

España se está moviendo intensamente por la presión que también está ejerciendo Junts, que quiere ver resultados, según trasladan en sus reuniones con los socialistas. En este sentido, el Ejecutivo trata de atar el apoyo de los posconvergentes materializando pactos como fue el registro de la proposición de ley para el traspaso de materias migratorias a la Generalitat de Cataluña.

Pero los contactos también se suceden en sentido contrario, ya que el PP español se está moviendo con sus socios europeos para que algunos de los gobiernos conservadores tumben la iniciativa del Ejecutivo de coalición. Los populares están tratando de tejer alianzas de manera silenciosa, pero el Partido Popular de Cataluña ha revelado que están presionando. "El debate que tenemos no es porque haya un interés específico de que el catalán sea usado en las instituciones europeas, sino que este debate está ahí porque Pedro Sánchez necesita los siete votos de Junts para mantenerse en el Palacio de la Moncloa", señaló el secretario general del PPC, Santi Rodríguez.

Desde Génova 13, Borja Sémper evitó concretar la posición pero se lanzó a criticar al Gobierno por sus contactos: "Mañana ya veremos, y esta es nuestra posición. Lo que estamos viendo al final es todo deslavazado, es un intento absurdo y de la peor manera posible de presionar a países socios". "El mayor ataque que se le está haciendo al catalán es el que está haciendo Pedro Sánchez, generando una incertidumbre, un debate innecesario", apostilló el dirigente popular.

El PSOE replica que el 40% de la población española vive en territorios con lenguas cooficiales y que esta iniciativa supone “reforzar la identidad plurilingüe”. “El PP se dedica a poner piedras en el camino para la normalización”, lanzan desde Ferraz, donde piden a los populares “coherencia” y que no nieguen la diversidad lingüística en España.

Para Junts se trata de una cuestión prioritaria y ha sido uno de los asuntos que más ha reivindicado en los últimos años. De hecho, fue clave que se hiciera pública la petición ante la UE horas antes de que dieran su primer voto en agosto de 2023 para la formación de la Mesa del Congreso liderada por la socialista Francina Armengol. Asimismo, se implantó la utilización de las lenguas cooficiales en los debates en el Congreso de los Diputados.

Los de Carles Puigdemont necesitan que se materialicen las medidas para seguir apoyando a Sánchez en el Congreso. Además, esta votación llega en un momento en el que la aplicación de la ley de amnistía a Carles Puigdemont se encuentra paralizada (el Tribunal Constitucional prevé abordar el recurso del PP a finales de junio y el TJUE tiene que pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales). 

La relación entre los socialistas y Junts está en continuo examen y ha vivido momentos de casi ruptura durante estos meses como sucedió cuando los independentistas amagaron con obligar al Gobierno a presentar una cuestión de confianza. No obstante, en el Ejecutivo tratan de darle su espacio a este partido y que puedan vender su propio relato como sucedió con el acuerdo para el apoyo del decreto para hacer frente a los efectos económicos de los aranceles de Donald Trump (el partido catalán habló de porcentaje para empresas catalanas, cuando la medida no es por territorios sino a petición de las compañías y pymes afectadas). Aunque en Junts señalan que no les temblará el pulso si tienen que romper la estabilidad en el Congreso, los cargos socialistas creen que terminará siempre ganando la voluntad de acuerdo.

Era 2021. La Escuela Turó del Drac, ubicada en el municipio de Canet de Mar (Barcelona), saltó el debate público después de que la familia de una alumna de 5 años reclamara recibir un 25% de clases en castellano. Desde ese momento se convirtió en un símbolo, pero lo paradójico es que lo fue para los dos bandos enfrentados en esta polémica: para los que defendían a la niña y para los que criticaron la petición por suponer, entendían, un ataque a la inmersión lingüística en Cataluña. El caso llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que dio la razón a la familia demandante. A partir de ahí el Govern elaboró una ley para no tener que garantizar el 25% de castellano en las escuelas y PP y Ciudadanos llevaron esa norma al Tribunal Constitucional. Pero más allá de esos movimientos, el debate no va más allá. No existe en las aulas, aseguran los expertos. Allí, el foco se sitúa en otros problemas muy diferentes como, por ejemplo, el altísimo grado de segregación, la pobreza infantil o los pésimos resultados académicos.

"El tema de la lengua no es un problema a nivel social, sino creado específicamente por determinados colectivos para señalarlo como tal". Toma la palabra Xavier Bonal, director del Departamento de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que aclara que el catalán tiene un "uso político". "Este asunto no había generado polémica. De hecho, ni siquiera entraba en la campaña hasta que lo puso encima de la mesa Alhora, el partido de la exconsellera Clara Ponsatí", coincide Sheila González, investigadora en desigualdad educativa de la Universitat de Barcelona (UB). La propuesta se hizo pública el pasado mes de abril. Consiste, en síntesis, en "copiar", dice González, el modelo vasco de modelos lingüísticos a escoger por el alumnado. Su idea, en concreto, es crear una doble red: la castellana y la catalana. Pero eso supondría acabar con el modelo de inmersión lingüística.

¿En qué consiste? Se trata de un método de aprendizaje que consiste en exponer al alumnado total o parcialmente a la lengua de una comunidad. En Cataluña comenzó a aplicarse en el curso 1983-1984 en diecinueve escuelas públicas de Santa Coloma de Gramenet, donde la mayoría de la población de alumnos era mayoritariamente castellanohablante. A partir del curso 1992-1993, se convirtió en el modelo de enseñanza en toda la comunidad. "Esto responde a una voluntad: que al acabar las etapas obligatorias todos y todas seamos competentes tanto en castellano como en catalán", explica González. Como añade Bonal, se respondía así también a una "lógica de compensación" después de años de prohibición del uso del catalán en el espacio público.

"Han pasado ya 40 años de ese momento, y por eso sería positivo revisar algunos aspectos", apunta el doctor en Sociología. Ahora bien, una cosa es eso y otra "forzar y decir que la inmersión lastra el aprendizaje". "No se lo cree nadie porque no hay una evidencia empírica que lo demuestre", denuncia.

Esa relación fue uno de los argumentos que la derecha utilizó para explicar los malos resultados que Cataluña había obtenido en la última prueba PISA, publicada el pasado mes de diciembre. Lo hizo por ejemplo la portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, que aseguró tras conocer los resultados del examen que "la inmersión lingüística es un sistema fallido".

El retroceso de las calificaciones fue tal que equivale a situarse un curso por detrás. En concreto, si lo comparamos con el examen realizado en 2018 —el publicado en diciembre se llevó a cabo en 2022—, el alumnado catalán ha perdido 21 puntos en matemáticas y 12 en ciencias. Pero el modelo de inmersión, dijimos antes, está instaurado desde el curso 1992-1993. Además, esta teoría la rechazó el propio secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, cuando fue preguntado por esta cuestión durante la presentación del informe. Lo argumentó poniendo como ejemplo el caso de Galicia, que también tiene una lengua propia y supera a Cataluña en 17 puntos en matemáticas, 23 en lectura y 29 en ciencias.

Para Bar el diágnostico era otro. A su juicio, "parece claro" que la presencia de una tasa mayor de alumnado migrante o socioeconómicamente más desfavorecido es parte de la explicación. "Y no tanto el tema de la lengua", dijo. Los expertos consultados coinciden con él. Y de hecho señalan que son estos los verdaderos problemas en el sistema educativo de Cataluña, empañado, sobre todo fuera de sus fronteras, por una cuestión lingüística que no suscita ningún debate. Y si lo hace, es en el sentido contrario al que habitualmente surge, apunta Bonal.

González tampoco tiene dudas. "Si hay una lengua en peligro en Cataluña esa es el catalán, no el castellano", sostiene. Se basa en los datos. Por ejemplo, en los publicados por el Síndic de Greuges, que revelan que fuera del aula se habla mayoritariamente en esta segunda lengua. En concreto, según sus cifras, dentro de las aulas de Primaria el catalán está presente en un 70, 2% del horario lectivo; el castellano, en un 22,0%, y una lengua extranjera, en un 7,5%. En el patio, sin embargo, la lengua de uso mayoritario es el castellano, que parece en el 56,5% del alumnado de Primaria.

Por eso la investigadora de la Universidad de Barcelona señala que mantener el catalán en las aulas es una manera de hacer "que la lengua no muera". Pero también una herramienta de "justicia social", para evitar la segregación y la desigualdad que, insiste, sí son los problemas de la educación. "El catalán es la lengua del sistema. No garantizar el acceso de los más vulnerables que son los que no lo hablan en su familia es cerrarles puertas", lamenta. Se refiere, sobre todo, a la población migrante.

Es esta la que sufre en mayor medida la segregación escolar que en Cataluña es especialmente acuciante. Lo señala también el Síndic de Greuges, que en 2022 publicó un informe sobre el grado de implementación del Pacto contra la segregación escolar firmado en marzo de 2019. Entonces, según señaló el organismo, "había que cambiar de centro" al 43% del alumnado extranjero en Primaria y al 35% en Secundaria para garantizar una escolarización plenamente equilibrada de este alumnado. Ahora, las cifras han mejorado, pero es insuficiente, puesto que los porcentajes se han reducido, respectivamente, al 33% y al 28%.

En este sentido, un informe elaborado por Save The Children y EsadeEcPol a raíz precisamente de los datos de las últimas pruebas PISA reveló que Cataluña es la comunidad donde más creció la segregación escolar por origen migrante entre 2018 y 2022. Y esto limita sus oportunidades, señala González. "En primer lugar porque los profesores reducen sus expectativas en torno a los alumnos más pobres. En segundo, porque cuando no hay mezcla de alumnado, el más vulnerable no puede tener otros tipos de referentes. Y en tercero, porque las condiciones de educabilidad no son las mismas en colegios con alumnado rico que con alumnado pobre. El primero, a lo mejor, puede realizar viajes culturales que el segundo no", señala la experta. Garantizar la inmersión lingüística y no crear esa doble red que propone Ponsatí ayudaría a que no existiera esa separación del alumnado por su origen.

"Dar matemáticas en catalán no es un problema. Hacer separatismo lingüístico sí", reafirma Bonal, que también apunta a la pobreza infantil como otro de los "retos mayúsculos" del sistema. Y las cifras que maneja Unicef Cataluña le avalan, puesto que la organización presentó el pasado mes de septiembre un informe en el que apuntaba que este es un "problema crónico", puesto que el 27,5% de los niños y adolescentes de la comunidad —378.500 menores, en números brutos— está en riesgo de pobreza.

Pero si hay otro elemento que perjudica a la hora de acabar con la segregación es el peso de la educación concertada. Y en Cataluña es bastante elevado. Es, de hecho, y según los datos oficiales del Ministerio de Educación, la tercera comunidad que más invierte en estos centros, suponiendo las transferencias un 21% del total de su gasto público en educación. Sólo la superan País Vasco (28,6%) y Madrid (27,3%).

Pero estas escuelas, además, están también enormemente financiadas por las familias, puesto que es en Cataluña donde la educación concertada es más cara. Lo reveló un informe de EsadeEcPol publicado la semana pasada, que fijó en 1.696 euros al año lo que paga, de media, una familia que opta por este tipo de enseñanza. Lo hacen, además, a través de las cuotas prohibidas expresamente por la ley Celáa.

El Parlamento Europeo ha reclamado este martes a la Comisión Europea que actúe para cumplir los derechos de los alumnos de habla castellana en la escuela en Cataluña y garantizar que su enseñanza incluye un porcentaje mínimo de lengua castellana, según informa Europa Press. El informe, no vinculante, aprobado por la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, que dirige Dolors Montserrat, ha contado con 19 votos a favor y seis en contra, en una reunión en los que Socialistas y Verdes han participado de forma simbólica.

El documento pide al Ejecutivo europeo que "entable un diálogo con el Estado miembro y ofrezca asistencia técnica para abordar las cuestiones de derechos fundamentales, además de adoptar medidas para garantizar que España hace cumplir los derechos de los niños de habla castellana en las comunidades bilingües".

Entre las recomendaciones adoptadas, el informe "condena cualquier forma de discurso de odio" y "pide a las autoridades regionales que vigilen de cerca este comportamiento inaceptable y que sancionen a los autores".

También solicita establecer "un protocolo de defensa y protección para las personas en situación de riesgo, incluidas las familias que recurren al sistema judicial". Igualmente, el texto aprobado por Peticiones reclama al Gobierno y a la Generalitat que "ayuden a poner fin a la violación de los derechos fundamentales de los padres, los niños y las familias y a protegerlos".

El informe asegura que el sistema de inmersión lingüística limita en la práctica la libertad de circulación porque "impide a las familias que se trasladan a Cataluña estudiar en castellano, lengua oficial, lo que afecta a sus derechos y restringe sus opciones de búsqueda de empleo en su propio país y, por tanto, en la Unión".

Respecto a las horas lectivas en castellano, insiste en que en asignaturas como la educación física o las actividades extraescolares, no pueden equipararse ni computarse a la enseñanza de materias troncales, como las matemáticas o la historia. En este sentido, señala que los centros educativos de Cataluña deben ofrecer a los alumnos oportunidades adecuadas para que adquieran un buen dominio tanto del catalán como del castellano.

Por su parte, la Comisión Europea ha insistido en la importancia de que se cumplan las sentencias judiciales, aunque ha vuelto a advertir de que no tiene competencias para actuar en el ámbito de la educación, ya que se trata de un ámbito nacional.

Los eurodiputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya, Diana Riba y Toni Comín, respectivamente, han criticado este martes el "uso partidista" que se ha hecho del Parlamento Europeo en relación a la aprobación del informe sobre la enseñanza bilingüe en las escuelas de Cataluña.

"Desde el primer día, la Comisión ha dicho que se tiene que cerrar este informe porque no hay competencias", ha incidido la eurodiputada de ERC Diana Riba, quien ha tachado de "pantomima" el "mal uso" institucional que considera que han hecho "la derecha y la extrema derecha" por "utilizar recursos públicos". Además, ha insistido en que este informe "no tiene ninguna efectividad", razón por la que ha explicado que "socialistas, verdes e izquierda no han participado en ningún momento para no hacer un mal uso de los fondos públicos".

En la misma línea, el eurodiputado de Junts Toni Comín ha tachado de "despropósito" este informe porque se sabe "perfectamente" que la Comisión "no es competente en ningún sentido para tratar este tema", por lo que, a su juicio, la petición "no debería ni haber sido admitida a trámite".

Comín ha recordado que "una gran parte de diputados ha boicoteado la misión del informe" y que el parlamento catalán aprobó una moción reprobando este "uso partidista" de la comisión de Peticiones por parte de su presidenta. "Lo único que consigue Montserrat con esta españolización de la comisión de Peticiones es perjudicar el prestigio y la reputación del Parlamento Europeo y esto es lo que nos duele más. El catalán no se verá afectado por este informe, pero a la reputación del Parlamento le está haciendo mucho daño", ha lamentado el eurodiputado de Junts.

Asimismo, Comín ha destacado lo que considera un elemento "casi delirante", pues ha acusado a Montserrat de haber estado "propagando las fake news de la trama rusa del procés cuando resulta que quien tiene vínculos directos con el régimen de Putin es Jana Toom", vicepresidenta del comité de Peticiones, que, según Comín ha sido la "aliada" de Dolors Montserrat "para sacar adelante este informe y esta misión".

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentaron los diputados del PSOE y de Sumar contra el decreto-ley balear que elimina la exigencia de un determinado nivel de catalán como requisito para acceder al servicio de salud autonómico, según Europa Press.

Así lo ha informado este martes la corte de garantías en un comunicado en el que ha precisado que el recurso en cuestión se dirige contra la disposición final segunda y disposición derogatoria única del Decreto-Ley del Gobierno de las Illes Balears 5/2023, de 28 de agosto, de medidas urgentes en el ámbito educativo y en el sanitario.

Los diputados recurrentes alegaron que el texto vulnera los artículos 86 de la Constitución y del 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears (EAIB), por falta de presupuesto habilitante y afectación de un derecho estatutario.

Asimismo, los del PSOE y Sumar adujeron que podría suponer una vulneración del régimen de cooficialidad lingüística y del derecho de los ciudadanos a emplear la lengua catalana en sus relaciones con la Administración sanitaria.

La supresión del requisito de catalán en el acceso a la sanidad pública era uno de los puntos del acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre PP y Vox en Baleares. Iba incluida dentro de un plan de medidas urgentes para captar y fidelizar profesionales sanitarios en la Comunidad, y fue una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno entrante.

La petición del Gobierno español para reconocer el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea ha quedado aparcada en el orden del día de los ministros de los Veintisiete una vez que España ha perdido el control de la agenda de trabajo que cada semestre asume la presidencia rotatoria y que, desde el 1 de enero, pasó a manos de Bélgica.

Durante el semestre español, la oficialidad de las lenguas cooficiales –uno de los compromisos del PSOE con Junts de cara a la nueva legislatura– fue abordada en las reuniones de ministros europeos de Asuntos Generales hasta en cuatro ocasiones, a pesar de las reservas por distintas razones de un gran número de países para modificar un reglamento, el de las lenguas oficiales, para el que cualquier cambio requiere de la unanimidad de los 27.

Ya en diciembre, varias delegaciones lamentaron que el asunto siguiera en el orden del día a pesar de la falta de avances y de no contar con la información precisa sobre el impacto legal, práctico y financiero necesario, a su juicio, para abordar una reflexión de fondo.

Fuentes oficiales de distintos Estados miembro consultados por Europa Press recalcaron que "no se tienen los datos necesarios para tomar una decisión" y confiaron en que la cita de diciembre fuera la "última en una temporada" en la que se abordara este asunto, descrito por un alto diplomático como una iniciativa "mimada" por el Gobierno español.

En ese contexto, Bélgica, que el 1 de enero tomó el relevo de España como presidencia de turno del Consejo de la UE, dejó claro en diciembre su disposición a dar los "pasos adecuados" durante su semestre y prestar "especial atención a los distintos análisis requeridos" que, a día de hoy, siguen pendientes y sin un calendario claro para su desarrollo.

A ojos del equipo belga, una reunión de ministros no debe ser visto como "un grupo de trabajo" por lo que no prevén que la petición española vuelva al debate de alto nivel hasta que no se den pasos significativos a nivel técnico primero.

Esta dinámica se confirmó este viernes al publicarse la agenda formal del próximo Consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE que se celebrará el 29 de este mes y que no incluye en su orden del día ninguna referencia a la petición española de reconocer el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea.

Con todo, fuentes de la presidencia rotatoria afirman que no "aparcan nada" sino que consideran que el asunto "necesita avanzar primero al nivel adecuado", esto es en reuniones técnicas, y una vez que los informes reclamados por los socios comunitarios estén sobre la mesa se podrá "poner de nuevo" en la agenda.

Además, advierten de que debe ser España quien "empuje" el expediente, habida cuenta de que de la iniciativa es de este país y de que sus socios siguen esperando información detallada de las implicaciones y alcance de los cambios que plantea. El Consejo está "a la espera" de recibir propuestas alternativas "compatibles" con los Tratados y que se apoyen en evaluaciones de impacto administrativo, jurídico y financiero.

España defiende que las especificidades de las lenguas cooficiales, incluido su encaje en la Constitución y su uso en el Congreso de los Diputados y del Senado, hacen del expediente español un "caso único" que no sería extrapolable a otras regiones europeas; rebatiendo así las dudas de varios socios que temen un "efecto dominó" en sus territorios.

El Gobierno también ha asegurado que asumirá la factura de introducir el uso del catalán, euskera y gallego en las instituciones europeas, renunciando así a las disposiciones del propio reglamento de las lenguas de la UE que prevé que ese gasto corra a cargo de las arcas comunitarias. Además, planteó un despliegue gradual para introducir primero el catalán y dejar para más adelante, sin aclarar calendario, el desarrollo del euskera y del gallego.

En una evaluación preliminar, la Comisión Europea estimó en unos 44 millones anuales la introducción de una nueva lengua en el funcionamiento de la Unión Europea, lo que se traduciría en 132 millones de euros en este caso, pero no ofrecerá un análisis definitivo mientras el Consejo no tome posición formal sobre la petición española.

De hecho, el Ejecutivo comunitario ha dejado claro que su cálculo se basa únicamente en la experiencia de Irlanda con el gaélico, última incorporación al catálogo de lenguas oficiales de la UE en 2015, sin tener en cuenta otras variables como el número de traductores e interpretes disponibles, si existen bases de datos suficientes sobre terminología o los detalles del régimen de transición que propone España.

- Han pasado ya unos años, sí.

- Fue un verano de 2010.

- ¡Fueron la novedad del pueblo!

- Sí, sí, mamá y papá no daban crédito. 

- ¡Fueron arrasando en toda la comarca poco a poco!

- A ver, causaban curiosidad e interés, sobre todo el cómo habían podido llegar a un pequeño pueblo de la España rural de aquella manera.

- ¿De qué manera?

- Pues ya ves, ¿no te acuerdas del rollo ese de que habían tenido que planificar el viaje desde Bruselas pero habían partido desde Bolonia?

- Sí, sí… desde luego, sonaba un poco extraño todo aquello. Recuerdo cómo Michael y Rachel nos enseñaban enamorados su cultura y costumbres rememorando desde la mítica remontada del Liverpool de Steven Gerrard en la final de Champions de 2005 hasta los conciertos de Queen en el concierto por África de Wembley.

- Je je, me acuerdo, me acuerdo… Cuando cogía la pelota y lanzaba el penal de Xabi Alonso o con un palo simulaba los vibratos de Freddy en el micro.

- Lo que no entiendo es por qué hicimos tanto caso a Rachel y a Mi…

- Sh… que van por ahí.

- Bueno, tranquilo, aún podemos expresarnos libremente, i si no, parlem en català, que no ens entendran.

- Per on anava? Ah, sí, el que t'explicava, ens van menjar tant el pot, i vaja si ho van aconseguir, que vam acceptar que 4+1 no era el mateix que 3+2.

- Sí, sí, les dio fuerte por el 3 + 2. Y fue una jodienda. Nos impusieron a todos su idioma, hasta incluso a los barrenderos/as.

- Y no te olvides de Mario, que no pudo pagar sus estudios por esto, ni de Luisa, que se agarró por los cuernos del toro, ya con treinta años, a la carrera de enfermería y no se la querían dar solamente por no hablar inglés.

- Ya… la verdad que no todas las carteras de las familias podían asumir el nivel de vida de Rachel y Michael ni aprender su idioma, y se incrementaron las desigualdades.

- Sabes cal é o peor de todo? Que tomaron e colonizaron todo o parque. Quería aprender máis, de Oscar Wilde, de Virginia Woolf... pero a partir de aí non saudín polo paseo nin infravalorei a Antonio y Miguel...

- No sé, no sé, lo más injusto es que en ningún momento los vecinos eligieron que Rachel y Michael fueran el centro de sus vidas.

- Mira, foron ao seu puto baile! Pero sempre! Y ahora espero que no quieran traer al pueblo las cárceles para migrantes ni prohíban las manis por Palestina.

- Y luego escuchas a los críos que se caen del tobogán, se dan un golpe y no saben decir rodilla en español, como dijo el Santi .

- Jeje, sí, pero cuidao con ese tío porque no parece que sepa conjugar muy bien el verbo escribir. Además, siempre está “envalentonao”. Tiene enfilaos al Joan, a la Montserrat, al Iago, a la Xulia, al Ibai, a la Izaskun.

- ¿Ah, sí? ¿Per qué?

- Bo… hauràs vist la seua actitut chulesca. Solament li agrada la gent del poble, odia lo de fòra.

- ¿Pero hubo un tiempo que iba detrás de Michael y Rachel, no?

- Sí, pero eso lo hizo por hacerse el moderno, por darse otros aires a como realmente piensa. Ahora va a por estos chavales porque quieren hablar su lengua.

- Bueno, cada uno tenemos nuestras cosas. Además, nos guste más o menos, muchos familiares y vecinos lo han pedido porque les parece importante para ellos, y creo que está bien respetarlo.

- Sí, sí, eso es lo importante, que lo han pedido y que son muchos los que lo quieren. No como Rachel y Michael, que no preguntaron a nadie y pasaron por encima de todos, diciendo que “tendríamos” más oportunidades solo por acercarnos a ellos dos.

- Español, català, euskera, valencià galego… nuestros abuelos/as, que no pudieron estudiar, dirían que el saber no quita lugar, y nos animarían a aprender aquello que nos ayudara a convivir mejor con los demás; además, como no pudieron salir mucho, nos insistirían en que tuviéramos la mente más abierta y que conociéramos no solo a Rachel ni a Michael; que había más niños/as con los que jugar y aprender, incluso si vivían en las afueras, en las periferias, como Marie, Mohamed, Bastian, Aarón, Dylan, Lena, Anastasia, Hamza…

Una nación quiere su cultura si cuida y respeta sus lenguas y la ahoga si se pliega a la ideología imperialista monolingüística de la OTAN.

Quien incluye las palabras gasto y lengua en la misma frase no ha tenido una educación en pro de la cultura o bien no aprecia su lengua y sus significados… y quien hace referencia al gasto en traductores/as, lo hace sin ser consciente de que este oficio ha sido uno de los más importantes del mundo, imprescindible para hacer universales los conocimientos y la ciencia que tenemos hoy en día.

Para concluir, me gustaría recordar que se hace justicia con las lenguas maternas que nos cuidan, las de nuestras madres principalmente, cuyos “periodos cotizados durante la reducción de jornada se computarán al 100% de su jornada anterior, exactamente igual que si no la hubieran reducido”. Gracias a la propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya, para todas, sean españolas, andaluzas, extremeñas…

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Paco Ochoa es socio de infoLibre.

La Constitución española, tan manida estos días por quienes dicen defenderla mientras la incumplen sistemáticamente desde hace años, establece en su artículo tres que la riqueza lingüística de España “es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.

Ya en su Preámbulo, la Carta Magna proclama su voluntad de proteger las culturas, lenguas y tradiciones “de todos los españoles y pueblos de España”, lo que evidencia que sus ponentes tenían claro entonces, hace más de cuarenta años, el valor del conjunto de las lenguas como parte fundamental de la propia identidad del país.

Por eso, la imagen que protagonizaron hace unos días las diputadas y diputados de Vox en el Congreso, abandonando el hemiciclo cuando el socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro comenzó a hablar gallego en la tribuna, o las palabras del candidato Feijóo, equiparando la Cámara con un karaoke, no solo son una falta de respeto a los más de doce millones de españoles y españolas que hablan nuestras lenguas oficiales; son también un ataque a los principios que inspiraron la Constitución.

Sorprende, especialmente, el desprecio mostrado por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que gobernó Galicia durante más de una década y a quien, no hace tanto, escuchábamos defender con naturalidad el uso de esta lengua. “El hecho de hablar gallego no implica rechazo a nada, sino amor a lo propio”, dijo en su intervención ante el Cercle D’Economía en 2016, mismo foro, por cierto, en el que tiempo atrás llegó a referirse a Galicia como “una nación sin Estado”.

Feijóo, que antes de dar el salto a la política nacional utilizaba el gallego con normalidad en el Parlamento autonómico, parece que ahora, en Madrid, y con su liderazgo muy cuestionado en el seno de su propio partido, prefiere hablarlo en la intimidad.

Y eso a pesar de que su sucesor en el cargo, Alfonso Rueda, avaló recientemente que los diputados del Partido Popular usen la lengua gallega en sus intervenciones en el Congreso. No parece que esta posibilidad vaya a tener mucho éxito, a juzgar por la polvareda interna que levantó la intervención en euskera de Borja Sémper, quien, como saben, defendió desde el estrado el voto en contra del PP a la utilización de las lenguas cooficiales usando, precisamente, una de ellas. Lo cierto es que no deja de ser, como dirían en Galicia, una “trapallada”; una chapuza, otra más, del Partido Popular.

La amenaza a las lenguas cooficiales llega ahora al Senado, donde Vox defenderá una iniciativa para suprimir su utilización en la Cámara de representación territorial, obligando al PP a posicionarse. El partido de ultraderecha pretende así estirar un debate que le permite seguir instalado en la confrontación, posición natural de los de Abascal. Curiosa forma la suya, por cierto, de ser patriotas.

Como expresidente de una Cámara que siempre ha hecho gala de su defensa del conjunto de las lenguas españolas, resulta especialmente doloroso este uso torticero de quienes las manosean a su antojo. Ya vimos un claro ejemplo en diciembre de 2021, cuando el Partido Popular en el Senado consiguió retrasar la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado al apoyar una enmienda de Compromís para la promoción de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Las mismas que ahora desprecian.

Los senadores “populares” votaron esta enmienda con partidos como Junts, ERC o Geroa Bai. Pero entonces ni se rompía España ni se negaba la existencia de nuestra lengua común, el castellano.

Más allá de lo anecdótico, durante mi etapa en la Presidencia del Senado impulsé diferentes iniciativas para reforzar el vínculo de la Cámara con las lenguas de los distintos territorios, convencido, como estoy, de que una mayor difusión de estas no solo permite poner en valor la realidad lingüística de nuestro país; fomenta también el respeto a la diversidad cultural de España, ahondando en la cohesión social y la convivencia.

Mis visitas a las Academias de las Lenguas de aquellas Comunidades cuyos Estatutos amparan la oficialidad de una lengua propia, como es el caso de Cataluña, País Vasco, Galicia o Comunidad Valenciana, sirvieron para impulsar convenios de colaboración entre estas instituciones y el Senado. Y hacerlo, además, con un amplio consenso político.

Y es que frente a quienes pretenden patrimonializarlas o utilizarlas como arma arrojadiza, la Cámara de representación territorial ha mostrado la verdadera riqueza de nuestras lenguas: nos unen en la diversidad.

Así que, en el Día Europeo de las Lenguas, que se conmemora a iniciativa del Consejo de Europa cada 26 de septiembre desde el año 2001, me van a permitir celebrar que las nuestras, las de todos y todas, se escuchen ya en el Congreso de los Diputados, que como dijo su presidenta, Francina Armengol, ahora es, más que nunca, el templo de la palabra.

Y con ellas las Cortes Generales se parecen, más que nunca, a la España plural y diversa que somos.

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Ander Gil es expresidente del Senado y senador del PSOE por Burgos.

El medallón pictórico de la bóveda del Congreso es la Alegoría de España. El punto más alto al que pueden dirigir sus miradas los diputados. El cielo de la nación en el que se mueven Isabel II, Velázquez, Cervantes y Colón. Pero esa España nunca había escuchado hasta este martes sus propias lenguas cooficiales. Las palabras en catalán, gallego y vasco no formaban parte del sonido que mueve el país día a día a través de los parlamentarios.

Y a las 12.07 del martes 19 de septiembre el Congreso escuchó por primera vez, de manera oficial y sin llamadas al orden, a un diputado hablar en gallego con total normalidad. La diversidad lingüística entraba de lleno en la tribuna de oradores. En la hemeroteca de los diarios de sesiones quedará grabado siempre ese momento con el socialista Jose Ramón Gómez Besteiro.

La Cámara Baja inició en su primer Pleno de esta legislatura la reforma del Reglamento del Congreso, que oficializará finalmente el jueves el uso de las lenguas cooficiales en la sede de la soberanía nacional. Una reivindicación histórica de nacionalistas e independentistas que se ha abierto paso tras el acuerdo con el PSOE y Sumar para atar la mayoría en la Mesa y que se plasma en una proposición de ley tramitada por vía urgente y con lectura única.

Un debate que llegó con los sempiternos ecos de las derechas de que España se rompe. Y las palabras despectivas contra los pinganillos y el sistema de traducción que han desplegado el PP y Vox durante estas semanas. Pero el Partido Popular cayó en su propia contradicción durante el Pleno. Veinticuatro horas antes, el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, calificaba como “hacer el canelo” el uso de las lenguas, pero luego él mismo durante su discurso en el Congreso pronunció parte de su discurso en euskera. “Ha hecho el canelo”, reiteraba irónicamente un ministro al terminar la sesión.

“Un día histórico”. Esa era la expresión que recorría los pasillos y el patio del Congreso minutos antes de que arrancara el Pleno. Unas palabras que llegaban de manera emocionada por parte de políticos como Oriol Junqueras (ERC), que se trasladó desde Barcelona para vivir el momento, Míriam Nogueras (Junts) y Néstor Rego (BNG). Sobre cada escaño el aparato de traducción con sus auriculares perfectamente enrollados. Y los periodistas entrando a la vez en la tribuna de invitados y preguntando a los ujieres cómo se utilizaba el sistema. El servicio de la Cámara, paciente y atento, advertía a los informadores de la primera fila: “Cuidado, que no caiga un aparato en la cabeza de algún diputado”.

El morbo para muchos estaba en esos pinganillos. Pero precisamente su uso no fue un terremoto. Durante las intervenciones en gallego y catalán apenas fueron utilizados, aunque sí tuvieron más éxito entre algunos diputados cuando hablaron en euskera los representantes de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, y del PNV, Joseba Agirretxea, durante el debate. Con otra ayuda: dos grandes pantallas en los laterales en los que se podía leer la traducción simultánea.

Los miembros del Gobierno apenas usaron los pinganillos. Allí estaban en primera fila Yolanda Díaz, Pilar Llop, María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlska, Félix Bolaños, Isabel Rodríguez, Miquel Iceta y José Manuel Miñones. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, no acudió a la sesión al estar en Nueva York (Estados Unidos) con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Las derechas desde el primer minuto quisieron hacer política con esas palabras en lenguas cooficiales. Cuca Gamarra, ‘número dos’ del Partido Popular, trató de frenar el debate en catalán, gallego y euskera al decir que ni siquiera estaba aprobada la reforma del reglamento. Pero la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le recordó que estaba aprobado el sistema por la Mesa. La que fuera jefa del Ejecutivo de Balears, ahora tercera máxima institución del Estado, es una firme defensora de esa pluralidad y diversidad territorial y lingüística y se ha marcado que el Congreso sea fiel reflejo de ellas.

Vox quiso boicotear el debate desde el principio. Por eso, su portavoz, Pepa Mllán, intentó cortar a Gómez Besteiro en la primera intervención, algo que no permitió Armengol. De manera coreografiada los diputados de la ultraderecha abandonaron el Hemiciclo, tirando de manera despectiva los pinganillos en el escaño vacío de Sánchez. No cabían todos y muchos se cayeron al suelo, recogiéndolos de manera cuidadosa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ayudó a los ujieres cuando los retiraron minutos después.

Las derechas apostaron por mostrar su rechazo con muchos símbolos, pero a la hora de la verdad perdieron en la votación para tramitar esta reforma del reglamento. El ‘sí’ llegó de la mano del PSOE, Sumar, PNV, EH Bildu, Esquerra, BNG, Junts y CC, mientras que el rechazo provino del Partido Popular, Vox y UPN. La ultraderecha abandonó el Pleno al principio, pero luego no mantuvo su decisión y volvió a entrar en el Hemiciclo. Pero justo en ese momento los de Santiago Abascal se encontraron con que Borja Sémper (PP) hablaba en euskera, así que se dieron media vuelta y salieron nuevamente. No obstante, hubo más trasiego, ya que sí se sentaron otra vez al final e intervino Pepa Millán para acusar a la izquierda de querer acabar con el castellano.

La estrategia del Partido Popular cambió en apenas un día además, pasando de criticar el uso de las lenguas cooficiales a que Borja Sémper (PP) en la tribuna defendiera el ‘no’ haciendo hasta al menos cuatro partes de su discurso en euskera. Esto provocó la crítica de todos los partidos progresistas y nacionalistas, pero a la vez de la ultraderecha. Asimismo, en otro gesto de desprecio del PP a la reforma del reglamento ninguno de sus diputados se puso el pinganillo y apenas miraron a las pantallas con la traducción.

Los más alborotadores de la bancada del PP con sus gestos fueron la facción más dura que se aglutina en escaños aledaños: Rafael Hernando, Cayetana Álvarez de Toledo, Carlos Floriano y Alberto Fabra. Núñez Feijóo desplegó durante las más de dos horas un repertorio que iba de la desgana a las risas irónicas, pero casi siempre con la mirada hacia abajo pendiente de su móvil. Desde ahí mandaba mensaje y se comunicaba con Sémper o las personas de su confianza (Marta Varela y Mar Sánchez). Detrás tenía a Elías Bendodo, que se removía en su asiento y salía varias veces del Hemiciclo.

El PSOE, a través de Gómez Besteiro, le reprochó a Núñez Feijóo (que en una semana se enfrenta a la investidura) que diga “no” al gallego, la lengua de la comunidad que ha presidido. “El rechazo del Partido Popular es tan incomprensible como doloroso”, resonó en el Congreso. Y con invocaciones a Castelao, el socialista reclamó “acordar para avanzar” y cuidar el “patrimonio vivo”.

Aunque la mirada está puesta para la investidura en los grupos catalanes de ERC y Junts, la sesión tuvo inspiración principalmente gallega. Al discurso de Besteiro en esta lengua se sumaron Rego, del BNG, y Marta Lois (Sumar). Ella trasladó el mensaje de que “las lenguas, como los derechos, no compiten entre sí”. “Hoy hacemos realidad los sueños de millones de personas”, resumió emocionada desde la tribuna de oradores, en unas palabras que reflejaban también el convencimiento que mostraba en sus ojos la vicepresidenta Díaz. Entre los escaños recorría el sonido de Mil primaveras máis, de Álvaro Cunqueiro.

Cada palabra en cada lengua contó una historia este martes en el Congreso. “Yo hablo catalán gracias a mis abuelos andaluces”, verbalizó el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, quien quiso al hilo hacer un sentido homenaje a uno de los diputados que más luchó por un día como ese: Joan Tardà. A la bancada de la derecha les echó en cara su “patriotismo tóxico y frágil”: “Para hacer el canelo no hace falta hablar catalán, señor Sémper”. Para, a la vez, retratar las contradicciones de no querer que se hable gallego o vasco en la Carrera de San Jerónimo mientras se utilizan palabras como coworking o start up.

Nadie del Gobierno usó la traducción mientras se hablaba catalán o gallego. Los aplausos con más pasión por parte del Ejecutivo durante el debate, especialmente cuando habló Besteiro, tuvieron como protagonistas a Miquel Iceta e Isabel Rodríguez. Sí usaron el pinganillo cuando le tocó el turno a Aizpurua (EH Bildu), que alternó euskera con el castellano. “Contentos”, resumió el estado de ánimo, pero también lanzó el aviso de que el Estado plurinacional tiene que ser algo más que símbolos.

Por parte del PNV, Agirretxea se subió a defender su lengua materna y fue muy duro con las derechas: “Los que se han marchado son los que nos multaban o echaban de clase por hablar euskera”. “Hoy es un día muy grande para vascos, gallegos y catalanes, pero debería serlo para todos. Se trata de reconocer y respetar las lenguas”, incidió ante el Hemiciclo.

Y todas esas lenguas de España sobrevolaron por primera vez sin llamadas de atención. Un día de la palabra en su máxima expresión en el Congreso. De todas las palabras. Un martes en el que se daban la mano los versos, como citó Gerardo Pisarello, de Kirme Uribe y Luis García Montero dentro de la Carrera de San Jerónimo. Sin que se expulsase a nadie. Bajo la Alegoría de España.

Toda España se divide en dos partes: la monolingüe y la bilingüe. ¡Qué suerte para los gallegos, vascos, catalanes (y valencianos  e isleños) recibir desde la infancia tal regalo! El castellano, un idioma universal, cada vez más estudiado y cotizado en el mundo entero, y la lengua y la cultura de la región histórica donde les ha tocado nacer. Siempre me ha fascinado, en mis visitas a Cataluña, cómo la gente alterna ambos idiomas sin pensárselo dos veces, sin apenas darse cuenta. Ahora bien, me parece de capital importancia no olvidar que, a excepción del euskera, todas las demás lenguas de la que fue Hispania, el portugués, por supuesto, incluido, derivan del latín. ¿Quién puede atreverse a decir que se trata de un “idioma muerto” cuando es más vivo que nunca, hablado, en sus formas actualizadas a ambos lados del Atlántico, por muchísimos millones de personas?  En nuestro sistema educativo el latín, por ende, debería ocupar un lugar descollante, lo cual no es el caso ahora. Y eso que sin Roma y su idioma España no sería en absoluto el país que es. Añado que, a mi juicio, en la enseñanza del latín no habría que empezar con los clásicos –esto podría venir después– sino con el latín vulgar que poco a poco se fue desarrollando y convirtiendo en las distintas versiones del romance que hoy se hablan. Saga fascinante.   

Si España es plurinacional, que lo es –además de tener en los genes una mezcla de sangres procedente de muchos siglos anteriores–, lo lógico sería que cada alumno monolingüe tuviera que estudiar, por lo menos mínimamente, otro idioma del Estado.  Según la Constitución de 1978, Título Preliminar, Artículo 3.3,  “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”  Hasta ahora no ha sido exactamente así,  desgraciadamente. ¿Cuántas personas hoy en Madrid, Granada, Valladolid o el resto de la España monolingüe leen una novela en catalán o gallego (idioma que, además, les abriría la puerta del portugués)? Sobre tales lecturas o falta de ellas no hay estadísticas. Leer a Rosalía de Castro o Álvaro Cunqueiro en su gallego original no debe constituir, para el castellanoparlante, una hazaña heroica. Al contrario. Además, tales buceos resultan ser una auténtica gozada, un enriquecimiento. En cuanto al catalán, la calidad de su literatura es enorme. Para mí, Josep Pla fue quien me puso íntimamente en contacto con el idioma escrito cuando trabajaba en mi biografía de Salvador Dalí, sobre todo su hermoso libro sobre Cadaqués.  

¿Y el Congreso?  La incorporación inmediata que se acaba de decidir de las lenguas cooficiales constituye, a mi modo de entender, una iniciativa de enorme calado. Si creemos de verdad en la España plurinacional y polifacética, nos debemos de sentir orgullosos de sus distintos idiomas y tradiciones culturales y sentirlos como algo nuestro. Y que estos idiomas se vayan a utilizar a partir de ahora en el Parlamento será, creo, un estímulo notable para que en todo el territorio se reflexione sobre la gran diversidad del país.  Veremos cómo funciona el sistema de traducción durante el debate parlamentario de la investidura que se nos aproxima a galope. Me imagino que se trata de una tarea complicada y que algún problema técnico puede haber.

La derecha actual está todo el día advirtiendo que Sánchez –a quien Cebrián, que lleva años atacándolo desde El País, acaba de calificar de “ágrafo”– está dispuesto a “romper” España con tal de seguir en la Moncloa. Es una difamación repelente. España no se va a romper. Me imagino que lo que quiere Sánchez es que siga otros cuatro años siendo un país progresista. El PP, con los acuerdos a que está llegando cada vez más con Vox, es el gran peligro. Ya están con la derogación de la Ley de la Memoria Democrática. Sabemos que nunca han estado dispuestos a reconocer la criminalidad de la dictadura de Franco y que les importa un bledo que sigan en cunetas y fosas comunes más de cien mil víctimas del régimen, lo cual es una vergüenza ante los ojos de Europa y del mundo. Si hay que pactar de alguna manera con Junts para conseguir la continuidad, pues que se pacte, con sensatez y el correspondiente seny por parte de estos. Por cierto, ¿leen los independentistas catalanes a Antonio Machado? Les vendrían bien sus reflexiones sobre la necesidad de diálogo y el río del tiempo que todo se lo lleva al mar. Un día tal vez habrá de nuevo República en España. Así lo espero. Y que sea Federal e Ibérica, o sea con Portugal incluido. Entretanto, que no tengamos otra vez en el poder a los neofranquistas disfrazados de liberales con el apoyo de quienes son abiertamente fascistas.

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Ian Gibson es hispanista, especialista en historia contemporánea española, biógrafo de García Lorca, Dalí, Buñuel y Machado. Su último libro, autobiográfico, lleva el título de 'Un carmen en Granada' (editado por Tusquets).      

Mientras, el artífice del engaño, el artífice de la gran estafa a la ciudadanía catalana, a quien la señora de la primera fotografía había dirigido sus plegarias, escapaba en el maletero de un coche rumbo a Bruselas.

Es, si se me permite, la instantánea que resume la construcción de un proceso de manipulación (“el procés”) de los sentimientos legítimos de una gran parte de catalanes que no se encuentran a gusto formando parte del Estado español. Es la instantánea que resume cómo se hizo la transferencia de la iniciativa política (responsabilidad de los políticos electos) a la ciudadanía, representada por organizaciones como ANC (Asamblea Nacional Catalana) u Ómnium Cultural, encargadas de movilizar los sentimientos y las emociones de cientos de miles de catalanes. De facto, dichas organizaciones se convirtieron en el poder real de Cataluña. Nada se hacía sin su consentimiento o “placet” y todo aquel (político o ciudadano de a pie) que pusiera una coma en la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) era tachado de botifler. No había espacio para la discrepancia, para la duda, para los matices y, peor aún, para pedir aclaraciones, información sobre el futuro…

Antes de la solemne declaración de independencia, aquel lejano (o muy cercano) 1/O de 2017, las calles de Barcelona y del resto de ciudades de Cataluña se llenaron de corazones y emociones desbordantes. La República Catalana se tocaba con los dedos y la ANC dispuesta hacer caja de la mano de ERC, JUNTSxCAT y la CUP. No había fisuras. Los botiflers eran PP, PSOE, Cs, En Común…Y consiguieron la segunda mayor movilización que se recuerda en la historia de Cataluña (un millón en la Diada de 2017). La euforia era incontenible.

En la Diada de este año, tras seis años de reconfiguración del poder catalán, de acuerdos políticos con la Moncloa, de pérdida de votos de los partidos independentistas (la CUP no ha conseguido ni un solo escaño, Junts es la quinta fuerza política) y el PSC es la fuerza hegemónica, tras los resultados del 23J . Con ello, sólo se ha movilizado a 115.000 ciudadanos (son muchos, pero nada que ver con el millón del 2017). Pero ahora los botiflers ya no son sólo los no independentistas, lo son también sus gobernantes, especialmente ERC y en menor medida la Junts de Puigdemont. Este último, pronto se sumará a la “nómina” de los botiflers, en la medida en que las conversaciones para la investidura de Pedro Sánchez avancen. Lo ha dicho Laura Borrás, expresidenta del Parlamet y procesada por corrupción: “La ciutadania no demana investidura, demana independéncia”… Lo dicho: cría cuervos y te sacarán los ojos, porque la ANC quiere volver al 1/O de 2017, quieren volver a la primera fotografía de la señora emocionada y los políticos responsables de la gran estafa, no saben cómo reconducir “el procés”. De momento, Pere Aragonès (President de la Generalitat) ya ha contestado a la ANC: “No se trata de salir 15 veces al balcón y proclamar la independencia. La independencia no sirve de nada si no te la reconocen internacionalmente” (¡Coño, Pere, has tardado seis años en entenderlo!!)… En esas estamos.

La ANC quiere volver a otra “fotografía” que yo guardo en mi memoria y que es muy anterior a la ebullición del independentismo. Invierno de 1985, gobernaba el todopoderoso y corrupto Jordi Pujol. Me encontraba esquiando en las pistas de Baqueira Beret y en una de mis subidas, me tocó ir con una señora (la silla cubría el trayecto en unos 7 minutos). Ella se dirigió a mí y me comentó algo en catalán, le contesté que yo no era catalán parlante y que podíamos hablar en castellano porque venía de Salamanca… Silencio absoluto como respuesta. Un par de minutos después volvió a la carga en catalán y yo le di la callada por respuesta. Llegamos al final del trayecto, me acerqué a ella (mientras se colocaba los bastones) y le solté que, desde mi época de estudiante en la universidad, siempre he defendido las lenguas de España y que me había manifestado contra Franco y a favor del catalán, euskera y gallego, “su actitud irrespetuosa hacia mi persona en este trayecto es el pago por mi defensa de su lengua… Que tenga un feliz día de esquí, señora… adéu”.

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que no concibe un Congreso de los Diputados "con pinganillos", aunque él es gallego y habla las dos lenguas. Dicho esto, ha criticado que los ciudadanos "paguen" para que los políticos se entiendan en las sesiones de la Cámara Baja cuando pueden comunicarse en castellano, la lengua común, según Europa Press.

"Puigdemont y Díaz no necesitaron traductor", ha afirmado Feijóo en un mensaje en la red social 'X', antiguo Twitter, en alusión al encuentro que mantuvieron el pasado lunes en Bruselas la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Feijóo ha expresado su rechazo a la reforma exprés del Reglamento de Congreso que prepara el PSOE para usar catalán y euskera en el debate de investidura del líder del PP previsto para los días 26 y 27 de septiembre.

"Soy gallego y hablo mis dos lenguas, pero no concibo un Congreso con pinganillos. Si todos los políticos nos comunicamos en la lengua común, no procede que los ciudadanos paguen para entendernos en el hemiciclo", ha proclamado.

En concreto, el Partido Socialista está preparando una reforma exprés del reglamento del Congreso para poder utilizar el catalán, el euskera y el gallego en el debate de investidura de Feijóo.

El plan es registrar una proposición de ley esta misma semana, pactado con las formaciones nacionalistas e independentistas, con idea de que pueda ser admitida por la Mesa del Congreso en su reunión del próximo martes y se tramite por el procedimiento de urgencia, lo que supone acortar los plazos parlamentarios a la mitad.

Mientras la proposición de ley se aprueba en el Pleno, para lo que necesita mayoría absoluta y que no se desmarque ninguna de las formaciones minoritarias, la Mesa del Congreso, gracias a esa mayoría de PSOE y Sumar, iría ya contratando de urgencia traductores para el debate de la investidura de Feijóo. Previsiblemente también habría que repartir cascos para que los diputados y los servicios de taquigrafía pudieran seguir los discursos en lenguas cooficiales.