Repsol, Cepsa y la empresa canaria Disa Corporación han reclamado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso petroleras, Fernando Andreu, que archive la investigación por concertar precios, según los escritos a los que ha tenido acceso infoLibre, que destacan que pactar precios sin violencia, amenaza o engaño debe ser considerado una falta administrativa.

El caso petroleras se inició en la Audiencia Nacional después de que la Asociación de Consumidores José María Mena interpusiera una querella contra Repsol, su consejero delegado Josu Jon Imaz; Disa Corporación, su consejero delegado Raimundo Baroja; Meroil y su presidente José Luis Porté Solano; la firma Galp Energía; Cepsa, y su entonces presidente, Khadem Al Qubaisi, por pactar los precios de los combustibles.

El letrado que representa la asociación de consumidores, José Luis Escobar, utilizó como elemento principal de su querella una sanción de al menos 32 millones impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) contra las petroleras Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil por pactar precios.

En los tres escritos, tanto Repsol como Cepsa, que son las empresas que han sido sancionadas con una suma mayor, pero también Disa, que es propiedad de los empresarios de la familia CarcellerCarceller, de la que dos de ellos han sido condenados recientemente a devolver 93 millones por un macrofraude fiscal, justifican su petición de dar carpetazo a las pesquisas al considerar que la querella "no refleja hechos penalmente relevantes", sino, todo como máximo conductas contrarias a la normativa administrativa, puesto que la fijación de precios no incluye "maniobras de violencia, amenazas o engaño", tal y como exige el Código Penal para considerarlo delito.

La filial de Repsol

En concreto, el escrito presentado el 22 de febrero pasado por Repsol, y que ha sido objeto de dos sanciones administrativas de 20 y 22,59 millones de euros, que según la petrolera están recurridas ante la Sala de los Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional, lamenta que la Repsol esté investigada, ya que debería ser su filial Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, ya que la matriz "no desarrolla actividades en el mercado de distribución de combustibles de carburantes".

Pero para justificar el archivo de las actuaciones, Repsol destaca que los funcionarios de la CNMC que impusieron la sanción "han confirmado que los hechos objeto de los expedientes sancionadores constituyen infracciones de carácter administrativo y no, como siempre hemos sostenido, un injusto penal". La petrolera sostiene, además, que si los empleados de la CNMC hubieran considerado que los hechos investigados en los expedientes constituían un ilícito penal debieron haber interpuesto una denuncia: "Algo que no hicieron en su día, precisamente porque entendían que dichos hechos quedan fuera de la jurisdicción penal".

Además, Repsol destaca que un informe realizado por la CNMC sobre los precios recientes de los carburantes, pero que no analiza el periodo por el que las petroleras fueron sancionadas, que la sola evolución de los precios "puede no ser considerada como evidencia suficiente de concertación entre competidores en la medida en que puede ser el resultado de un comportamiento racional e independiente".

"En el presente caso, no cabe más que poner de manifiesto la patente falta de los elementos caracterizadores del ilícito penal que se investiga en el presente caso. Conforme explica la CNMC, la homogeneidad del producto, la transparencia existente y el estrecho margen de beneficio final implica una alineación de precios natural, por las características propias de la estructura de mercado. Dicha alineación de precios natural entre operadores no puede ser valorada, por sí misma, como un indicio de concertación, ni siquiera, a nivel administrativo sancionador", completa el escrito que está sobre la mesa del juez Fernando Andreu.

Repsol destaca que ninguna de las prácticas destinadas a alterar los precios "supone ni violencia, ni intimidación, ni engaño. Y es que los presuntos pactos colusorios –cuya existencia esta parte niega rotundamente- no pueden ser considerados per se como engaño a los efectos del artículo 284.1 CP, por cuanto que están perfectamente definidos como infracción administrativa, siendo ésta de aplicación preferente".

Un registro "desproporcionado" a Cepsa

Por su parte, el escrito enviado por Cepsa al juez Andreu el 24 de febrero recuerda que la sanción de diez millones de euros que le impuso la CNMC "se basa en los expedientes, que han sido impugnados por quebrantamiento de las garantías constitucionales", pues considera que el registro de su sede fue "desproporcionado" y "prospectivo".

Al igual que Repsol, Cepsa sostiene que los hechos recogidos en las querellas no son constitutivos de delito: "Resulta indudable que la tipicidad del ilícito administrativo no es coincidente con la del precepto penal", y que si la CNMC hubiera detectado indicios delictivos lo hubiera enviado a la jurisdicción penal, indica la petrolera al magistrado que instruye el caso en la Audiencia Nacional.

Cepsa también utiliza el mismo razonamiento para asegurar que no hubo delito, ya que en el pacto de los previos no hubo "ni violencia, ni amenazas y tampoco engaño. Dado que de la lectura de las resoluciones de la CNMC resulta indudable que no concurren elementos delictivos, los querellantes se ven obligados a desfigurar completamente los perfiles del tipo penal a fin de poder construir un engaño que ninguna relación guarda con el exigido por el Código Penal".

Además, Cepsa sostiene que las particularidades del mercado de distribución minorista de carburantes en España "acentúan la dificultad de identificar" los pactos ilegales las "alineaciones de precios". Ello se debe, de una parte, al hecho de que del precio de venta al público de los carburantes casi el 60% responde a impuestos, y otro 30% al precio de adquisición del producto, por lo que el margen con que los distribuidores cuentan para diferenciar sus precios es muy limitado", advierte la petrolera.

"Estrategia de no competitividad"

Y por ello, Cepsa destaca que las oscilaciones de precios es razonable que se produzcan "en el mismo sentido en todas las estaciones de servicio, es decir, que exista cierto grado de paralelismo en los precios marcados por los diferentes operadores. De otra parte, es un mercado muy transparente, en el que los distintos operadores tienen acceso a información actualizada de los precios de la competencia, por lo que resulta fácil adoptar la referida estrategia de no competitividad en aras de evitar una caída generalizada de los precios".

Por su parte, la petrolera de los Carceller, que al igual que Cepsa sostiene que la investigación del juez Andreu es "prospectiva", con la intención de "hallar indicios de delito que justifiquen mantener abierta la causa".

La empresa radicada en las Islas Canarias, que llega a calificar las pesquisas de "inquisitoriales", asegura en su escrito presentado el 1 de marzo, que las entradas y registros "en las instalaciones de algunos operadores del petróleo aquí investigados (concretamente, Disa, Meroil y la Asociación Española de Operadores Petrolíferos), se practicaron cuando ni siquiera se contaba con la existencia de indicios de la comisión de una infracción administrativa".

Pero Disa es todavía más dura con la acusación y el instructor, Fernando Andreu, al asegurar que "rastrea ilimitada e infructuosamente el comportamiento en el mercado de los principales operadores del petróleo de este país en busca de cualquier mínimo indicio de delito, con la finalidad de mantener abiertas unas diligencias previas abocadas al archivo".

"Una insoportable pena de banquillo"

Y como ejemplo, la petrolera de los Carceller resalta que el directivo "Raimundo Baroja Rieu lleva casi dos años sufriendo una insoportable pena de banquillo al haber sido imputado en una causa claramente abocada al sobreseimiento, por unos hechos que evidentemente no tienen relevancia penal".

Pero, además, Disa lamenta que la investigación haya sido objeto "de un amplio tratamiento mediático a nivel nacional que, como suele ser habitual en nuestro país, no ha sido ni riguroso ni comedido, y que lleva aparejado un importante riesgo de daño reputacional" a su defendido.

En este sentido, la empresa canaria destaca "las injustas consecuencias que depara la mera imputación durante la instrucción de una causa penal", por su carácter "peyorativo".

Al igual que Repsol y Cepsa, Disa sostiene que la CNMC ha concluido que no existe "el más mínimo indicio de que los operadores del petróleo investigados hayan adoptado prácticas colusorias, y mucho menos un delito contra el mercado y los consumidores del artículo 284 del Código Penal".

Violencia, engaño o intimidación

Y la petrolera recuerda, también, que las diferentes "conductas colusorias pueden constituir una infracción administrativa o una infracción criminal, en función de sus características", en función de que haya violencia, engaño o intimidación.

"En definitiva, no es dable interpretar que un mero pacto colusorio es un delito del artículo 284 CP ya que, la alteración de los precios del mercado tendría lugar al pactar los precios, y no al perpetrar un supuesto engaño a los consumidores por ocultar el pacto. En este sentido, la simple ocultación del pacto de los precios no puede identificarse con el engaño que refiere el artículo 284 CP, pues no modifica el comportamiento de los consumidores", especifica el escrito de Disa dirigido al instructor.

Pero Disa también ataca la labor del magistrado, al considerar "vago" y "genérico" un oficio librado por el instructor a la UCO de la Guardia Civil, que dio como resultado el informe de la CNMC: "Es decir, casi un año después de la incoación de las presentes diligencias, y sin prácticamente haber acordado ninguna otra diligencia de investigación, se interesa a la Guardia Civil la realización de una investigación para que compruebe si por parte de los operadores del petróleo investigados se está cometiendo “un delito de alteración de precios", lamenta el escrito de Disa.

El Consejo de Administración de Sacyr ha acordado modificar el número de miembros de su Comisión Ejecutiva, fijándolo en cinco. En este proceso, la constructora ha designado consejero independiente con la categoría de vocal a Augusto Delkader Teig, presidente no ejecutivo de Prisa Radio y Cadena SER.

Continúa como presidente de la Comisión Ejecutiva Manuel Manrique Cecilia y acompañan a Delkader como vocales Demetrio Carceller Arce, José Manuel Loureda Mantiñán (en representación de Prilou S.L.) y Juan María Aguirre Gonzalo. 

La Comisión Nacional de Valores (CNMV) fue informada de los cambios este jueves tras la reunión del Consejo de Administración.

Sacyr no es una casa nueva para Delkader. Su primer nombramiento en la constructora data de junio de 2013. 

El presidente de la cadena SER se sentará en la Comisión Ejecutiva con un condenado por fraude fiscal. El pasado septiembre, Demetrio Carceller Coll y su hijo Demetrio Carceller Arce, propietarios del grupo Damm, fueron condenados por este delito, pero no entraron en prisión. Los Carceller, junto a otros dos colaboradores, llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción mediante el que asumen una multa de 92 millones de euros para eludir la cárcel. El padre se enfrentaba a una petición de 48 años cárcel y el hijo de 14 años de prisión por 16 delitos contra la Hacienda Pública y dos de blanqueo de capitales.

Demetrio Carceller Coll y Demetrio Carceller Arce, propietarios del grupo alimentario Damm, han pactado con la Fiscalía Anticorrupción asumir una multa que supera los 92 millones de euros, con el fin de eludir la pena de cárcel impuesta tras ser condenados como autores de 13 y cuatro delitos de fraude fiscal, respectivamente.

Desde el 2014, padre e hijo están acusados de haber ocultado al fisco un montante que supera los 72 millones de euros, Coll como autor principal y Arce como cómplice necesario. El acuerdo pactado ahora supone que los condenados podrán evitar su entrada en prisión a cambio del pago de la multa impuesta. Aunque la acusación pedía 48 años de cárcel para el patriarca y 14 para su hijo, la sentencia final rebaja la pena a menos de un año individualmente, lo que permite la sustitución de la misma por la sanción pactada.

El apellido Carceller ha saltado recientemente a los medios de comunicación por su implicación en la revelación de los papeles de Panamá. Coll fue cliente, desde 1995, del despacho Mossack Fonseca y desarrolló una red de sociedades para financiar sus negocios en España. La de Carceller Coll, además, es una de las mayores fortunas españolas, mientras que, según la lista Forbes, su hijo Demetrio Carceller Arce es poseedor de una fortuna de 1.600 millones de dólares –aproximadamente 1.423 millones de euros–.

Aunque el pacto fraguado por los Carceller deja tras de sí una de las mayores multas de los últimos años, existen diversos precedentes en España. La vocalista Ana Torroja admitió en 2014 haber cometido tres delitos fiscales, y aceptó el pago de un millón de euros a cambio de eludir los 15 meses de prisión que le solicitaba el Ministerio fiscal. La también cantante Montserrat Caballé asumió una multa de 254.231 euros –más el pago de 72.000 euros por intereses de demora– tras admitir su autoría como culpable de fraude fiscal en relación al IRPF, de modo que acordaba, además, la suspensión de una pena de dos años.

En el 2015, el abogado Emili Cuatrecasas llegó a un acuerdo según el cual aceptaba una multa de 1,5 millones de euros como culpable de ocho delitos fiscales, y una condena de dos años que nunca llegó a cumplir. Otro de los muchos ejemplos que engrosan las estadísticas al respecto es el del futbolista Javier Mascherano, quien aceptó una condena por fraude fiscal tras pactar con la Fiscalía una multa de 816.000 euros y un año de prisión que no no se hizo efectivo. A principios del pasado mes de julio, el jugador de fútbol Lionel Messi fue condenado a 21 meses por tres delitos de fraude. El argentino no contaba con antecedentes penales, y además reconoció los hechos, devolvió lo evadido y asumió una multa antes del juicio, por lo que quedó finalmente en libertad.

Según los datos del Ministerio del Interior, a fecha de julio del 2016 son 282 las personas que cumplen pena en prisión por delitos contra la Administración y Hacienda Pública, del total de 52.063 presos que se encuentran en las cárceles españolas.

Para saber la frecuencia con la que se llega a este tipo de acuerdos en España, infoLibre se ha puesto en contacto con jueces y fiscales que analizan, además, las ventajas e inconvenientes que los acuerdos de conformidad pueden acarrear.

Una práctica habitual

El Código Penal reconoce la posibilidad de eludir la cárcel a cambio del pago de una sanción, siempre y cuando la pena no exceda los dos años de prisión. "Es la política que tiene el Código Penal desde los años ochenta, y posteriormente en el Código del 95", explica el presidente del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo. "El tratamiento que se le da al delito fiscal señala como prioridad que la Hacienda Pública recupere ese dinero, y así se repare en buena medida el daño", continúa. En este sentido, "se favorece al que paga reduciéndole la pena o evitando que ingrese en la cárcel". 

Y precisamente el que paga, el defraudador, suele responder a un mismo perfil: "Se trata de casos muy concretos, fraudes de muchísimo dinero, y personas muy significativas", subraya el fiscal Salvador Viada. No obstante, los acusados no siempre consiguen esquivar la cárcel, puesto que la decisión última recae sobre la Fiscalía. Los expertos consultados mencionan el caso de Isabel Pantoja, condenada por blanqueo a dos años de prisión. La tonadillera no contaba con antecedentes, pero su falta de cooperación con la justicia, no reconocer el delito y no mostrar arrepentimiento, hicieron que la Fiscalía y los tribunales reafirmaran la pena que acabó privándola de libertad.

Este tipo de acuerdos con la Fiscalía, continúa el portavoz de la Asociación de Fiscales, Emilio Frías, "son muy habituales" y se llevan a cabo "siempre dentro de los márgenes legales del Código Penal". En este sentido, "tanto el legislador, como el fiscal, como el juez, entendieron que es preferible cobrar y no asumir la pena, que ir a la cárcel y no recuperar el dinero", añade Frías, quien valora la acción como algo "perfectamente legal y ordinario".

Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, aboga por ceñirse a la norma de un modo inflexible. "Hay que usar ese recurso porque no tiene sentido hacer cumplir las penas de prisión cuando son de corta duración", sostiene. "Si una persona ha cometido un hecho delictivo, la pena es de menos de dos años y no hay antecedentes penales, se suele suspender", pero, puntualiza, "si el delito que se le aplica a esta persona resulta en tres años de cárcel, ya no cabe la suspensión".

En cuanto a la práctica en otros países, medita Frías, "es habitual que se rijan por el principio de oportunidad", es decir, dejar en cada caso concreto que la Fiscalía pueda eximir de la pena a cualquier acto punible si la persecución es "inoportuna o intrascendente". Por ello, valora, "el sistema más riguroso es el español".

Ventajas e inconvenientes

Respecto a las ventajas, los expertos consultados por este medio coinciden en señalar los beneficios recaudatorios para la Hacienda Pública, cuya prioridad es recuperar el dinero defraudado. La otra cara de la moneda, sin embargo, abre el debate sobre las desigualdades del sistema judicial español, debido a la frecuencia con la que los defraudadores evitan la cárcel, y lo llamativo de estos casos para la opinión pública.

Ignacio González, portavoz de Jueces para la Democracia, difiere de esta tesis. "El acusado reconoce los hechos y se conforma, porque consigue una pena que evita que entre en prisión", considera el magistrado, quien añade categórico que "la justicia actúa y lo hace dentro de los márgenes que establece la ley".

Miguel Pallarés, por su parte, defiende una actuación "lo más objetiva posible", y subraya que "la suspensión es legal" siempre y cuando la pena de prisión "sea corta y exista el compromiso de no volver a delinquir". Defiende, de este modo "evitar la arbitrariedad, transmitir objetividad y seguridad jurídica".

En el otro lado de la balanza, Conrado Gallardo sí entiende la sensación de impunidad que puede resultar del uso de esta figura. Lo señala, el magistrado, como el principal argumento en contra de los pactos de conformidad, y añade que "se favorece el fraude fiscal" porque predomina la idea de que "si me pillan no pasa nada".

A juicio de Gallardo, "es una cuestión de ética, de política criminal, y política fiscal". En este sentido, se pregunta hasta qué punto es lícito el uso de ese tipo de acuerdos, aunque entiende que "si no existiera, Hacienda no recuperaría" los bienes sustraídos.

Modificación de la normativa

La posibilidad de caminar hacia un cambio de normativa más inflexible que endurezca las penas impuestas a los defraudadores fiscales no forma parte del actual debate público. Conrado Gallardo señala que "bastaría con reformar el Código Penal y cambiar esos privilegios", que podrían ser sustituidos, sugiere, "por pena de cárcel y además la imposición de una multa", contemplando, si procede, "una pequeña reducción de la pena".

No obstante, admite, "es algo difícil porque requiere de una mayoría absoluta" en el Parlamento proclive a la modificación, y hoy en día, añade "no hay un debate respecto a este tema, e incluso existe cierta comprensión" respecto a su habitual puesta en práctica.

Demetrio Carceller Coll y su hijo Demetrio Carceller Arce, propietarios del grupo Damm, han sido condenados como autores de fraude fical, pero ninguno entrará en prisión. Los Carceller, junto a otros dos colaboradores, han llegado la mañana del jueves a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción según el cual asumirán una multa de 92 millones de euros, que les permitirá eludir su ingreso en prisión.

El patriarca de los Carceller ha sido condenado por 13 delitos contra la Hacienda Pública, tres de ellos agravados, en relación con el IRPF, el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones. Por su parte, Carceller Arce está condenado como cooperador necesario de cuatro delitos, vinculados al IRPF y al Impuesto de Patrimonio.

El importe defraudado asciende a 24.680.064 euros, mientras que los intereses alcanzan 12.055.062 euros. Dichas cantidades ya han sido satisfechas por los acusados, "extremo que ha sido determinante para alcanzar el acuerdo de conformidad", según apunta la Fiscalía. Además, los condenados tendrán que satisfacer una multa de 55.649.225 euros, de modo que la cifra final supone un pago que supera los 92 millones (92.384.351 euros) para los autores del fraude.

Aunque la acusación reclamaba 48 años de cárcel para el patriarca y 14 para su hijo, la sentencia final los condena a seis meses de prisión para los tipos básicos y nueve meses para los agravados, en el caso de Coll, y a tres meses de pena para los tipos básicos y cuatro meses y 15 días respecto a los agravados para Arce. Es decir, ninguna de las penas supera individualmente el año de prisión. Esto supone que, teniendo en cuenta que ha sido "reparado totalmente el daño causado", los Carceller evitarán finalmente su ingreso en prisión.

Proceso de investigación

Según la Fiscalía Anticorrupción, Carceller Coll habría acometido el fraude "simulando residir fuera de España, en concreto en Portugal y en el Reino Unido, con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España".

Tras el proceso de investigación, quedó acreditado que la residencia de Coll fue, contrariamente a lo declarado, la Comunidad de Madrid, y que además era titular de un patrimonio que mantenía oculto a través de sociedades ubicadas en territorios off shore. Asimismo, quedó igualmente confirmada la "participación esencial" del resto de condenados, que fueron considerados cooperadores necesarios del fraude. 

Finalmente, el acuerdo refleja una reducción de las cuotas defraudadas que queda justificada por la aportación de nuevos documentos por parte de la defensa, según los cuales parte de los bienes de Coll deberían ser atribuidos como gananciales a su esposa, contra quien no se dirigió el procedimiento penal.

Los propietarios del grupo alimentario Damm, Demetrio Carceller Arce y Demetrio Carceller Coll, negocian con la Fiscalía Anticorrupción un acuerdo que evite su ingreso en prisión, ya que afrontan sendas acusaciones de 14 y 48 años de cárcel, respectivamente.

En este sentido, la Cadena Ser ha informado de que la multa a los Carceller que está negociando el Ministerio Público podría superar los 90 millones de euros, lo que supondría una de las mayores de los últimos años. La radio del Grupo Prisa también sostiene que ninguno de los dos ingresará en prisión.

Por su parte, la Fiscalía únicamente ha difundido un escueto comunicado en el que sostiene que en estos momentos se está negociando con las partes, pero que no hay firmado ningún acuerdo, un hecho que podría producirse el próximo jueves.

La investigación judicial

En julio de 2014, el magistrado Pablo Ruz emitió un auto en el que señalaba que tras las diligencias practicadas en fase de instrucción había quedado "indiciariamente acreditada la existencia de una trama defraudatoria a la Hacienda Pública, en relación al Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), al Impuesto sobre el Patrimonio (ISP) y al Impuesto de Sucesiones". En concreto, el Ministerio Público le acusa de haber ocultado al fisco un montante que supera los 72 millones de euros.

Según la Fiscalía Anticorrupción, lo habría hecho "simulando residir fuera de España, en concreto en Portugal y en el Reino Unido, con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España".

Al actual presidente de Damn, por su parte, se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública por el fraude de IRPF correspondiente a los ejercicios de 2007, 2008 y 2009 y por el fraude en el ISP correspondiente al ejercicio del año 2007. La Fiscalía le acusa de haber participado de forma activa en la gestión del patrimonio de su padre, articulando las estructuras societarias necesarias para ocultar las rentas y colaborando en la simulación de la residencia de Carceller Coll. Ambos, según el Ministerio Público, habrían utilizado empresas radicadas en paraísos fiscales para ocultar su patrimonio.

Del cielo de los negocios al infierno judicial. Este lunes, el apellido Carceller, ligado a firmas tan importantes como Damn, Grupo Cacaolat o Disa –primer operador de productos petrolíferos en Canarias y uno de los más importantes a nivel nacional–, se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional. Demetrio Carceller Coll y su hijo, Demetrio Carceller Arce, se juegan largas penas de cárcel por 16 delitos contra la Hacienda Pública y dos de blanqueo de capitales.

El proceso contra la que se considera una de las familias más poderosas de España, que se ha alargado más de dos años y al que también se enfrentan dos de sus colaboradores –José Luis Serrano Flórez y Gabriel Ignacio Petrus Labayen, uno de los propietarios del bufete de abogados Petrus, cuyo nombre aparece en el origen del caso Gürtel y la Operación Pretoria–, arrancará a las diez de la mañana y se dividirá a diez sesiones. La Fiscalía Anticorrupción solicita 48 años de prisión para el patriarca y otros 14 años para el actual presidente de la cervecera.

Además, tanto el padre como el hijo se enfrentan al pago de multas millonarias. En el caso de Carceller Arce, la Fiscalía Anticorrupción pide un castigo de 118 millones de euros, mientras que para el patriarca de la familia catalana solicita una sanción de 330 millones de euros, así como indemnizar a Hacienda pública estatal con 41,4 millones y a la de la Comunidad de Madrid con 30,9 millones de euros por todo el dinero defraudado desde los años 1990. Con todas estas cifras en la cabeza, ambos acudirán este lunes a la Audiencia Nacional para afrontar el último capítulo de un proceso que lleva dilatándose desde julio 2014.

Dinero defraudado y trama

Fue a mediados de ese mes cuando el magistrado Pablo Ruz emitió un auto en el que señalaba que tras las diligencias practicadas en fase de instrucción había quedado "indiciariamente acreditada la existencia de una trama defraudatoria a la Hacienda Pública, en relación al Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), al Impuesto sobre el Patrimonio (ISP) y al Impuesto de Sucesiones". En concreto, el Ministerio Público le acusa de haber ocultado al fisco un montante que supera los 72 millones de euros.

Según la Fiscalía Anticorrupción, lo habría hecho "simulando residir fuera de España, en concreto en Portugal y en el Reino Unido, con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España". 

Al actual presidente de Damn, por su parte, se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública por el fraude de IRPF correspondiente a los ejercicios de 2007, 2008 y 2009 y por el fraude en el ISP correspondiente al ejercicio del año 2007. La Fiscalía le acusa de haber participado de forma activa en la gestión del patrimonio de su padre, articulando las estructuras societarias necesarias para ocultar las rentas y colaborando en la simulación de la residencia de Carceller Coll. Ambos, según el Ministerio Público, habrían utilizado empresas radicadas en paraísos fiscales para ocultar su patrimonio.

Los papeles de Panamá

Una presencia en países con una baja o nula tributación que también quedó desvelada con la filtración de los conocidos como papeles de Panamá, que en España publicaron en exclusiva El Confidencial y laSexta. Así, los documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca demostraban que tanto el patriarca como sus hijos habían creado sociedades offshore en las islas de Niue y Samoa, ambas situadas en el Pacífico Sur, desde al menos 1995.

En concreto, el patriarca de la familia controlaba Siwenna Holding, Moterhorn y Vanderbilt; su hijo y presidente de Damn manejaba Vance Corporation, en la que su padre también tenía poderes generales; y José, Carmen y María Carceller Arce eran los responsables de Gloucester Investment, Nuka BV y Orsingen GMBH, respectivamente. La Agencia Tributaria ya había puesto el foco sobre alguna de estas empresas opacas, siendo las sociedades de las dos hermanas objeto de una investigación que finalmente concluyó sin demostrarse la existencia de haber incurrido en hechos delictivos.

Dos juicios aplazados

El juicio de los Carceller había sido fijado en un primer momento para junio de 2015. Pero la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó que el desarrollo de la vista fuera retrasado seis meses, entre el 11 y el 22 de enero de 2016, debido a que Estados Unidos no cumplimentó la comisión rogatoria que el tribunal cursó para que declarasen tres testigos estadounidenses, dos de las cuales habían realizado una declaración jurada en Lisboa atribuyendo la gestión de las empresas de la familia en Arizona al empresario Javier Ribas Vila. Las defensas consideraban que los testimonios por videoconferencia eran de vital importancia, ya que la mayor parte de los delitos de los que se acusa al patriarca son por las inversiones realizadas en Arizona.

Pero padre e hijo volvieron a evitar sentarse en el banquillo en enero de este año. En esta segunda ocasión, la salud de Carceller Coll, ya octogenario, hizo que la Audiencia Nacional lo suspendiese sine die a finales de diciembre. Fuentes de la AN confirmaron entonces a infoLibre que peritos judiciales habían confirmado la enfermedad del patriarca. 

Una fortuna amasada durante el franquismo

Actualmente, la familia Carceller es una de las más acaudaladas de España, con un patrimonio que ronda los 3.000 millones de euros. Además de ser los dueños de los grupos empresariales Damn y DISA, poseen o han llegado a poseer participaciones de Ebro-Puleva, Rodilla, Sacyr, Repsol, Estrella de Levante, Atlántica Petrogas, Banco Herrero, Hidroeléctrica del Cantábrico, Gas Natural, Unión Fenosa o la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). Carceller Arce es en la actualidad consejero de Gas Natural y de Ebro Foods, así como vicepresidente de Sacyr y copresidente de Cacaolat.

Una fortuna que comenzó a amasarse durante el franquismo gracias al abuelo, Demetrio Carceller Segura, falangista cercano a José Antonio Primo de Rivera, pronazi convencido y ministro de Industria durante la dictadura. El historiador Josep Fontana le definió en la obra La economía del primer franquismo como "el iniciador de la corrupción a gran escala" durante aquellos años. Y cita un manuscrito de la época cuyos autores estaban vinculados a Juan de Borbón: "Ninguno de los negocios, empresas, industrias, comercios, permisos de importación, de exportación, negocios bancarios, (...) puede realizarse sin contar con el beneplácito de don Demetrio Carceller", por cuyas manos pasan, añadía el documento, "miles y miles de millones de pesetas". Según Fontana, el dinero pasaba, "pero no sin dejar peaje".

La inmensa fortuna tuvo su origen, según los historiadores, en el negocio de los combustibles, cuando en los años 1930 el patriarca funda la empresa DISA Corporación Petrolífera y comienza a mantener contactos con productores de petróleo estadounidenses y de otros lugares del mundo. La compañía, que en la actualidad posee más de 500 gasolineras y más de 2.700 empleados por toda España, fue la primera firma que comercializó la bombona de butano. El abuelo nunca tuvo que dar explicaciones. Este lunes, hijo y nieto responderán ante la justicia.

Suspendido sine die. El juicio contra el presidente del Grupo Damm, Demetrio Carceller Arce, y su padre, Demetrio Carceller Coll, que estaba previsto que se iniciara el 11 de enero y que se alargara hasta el 23 del mismo mes, no se celebrará en esa fecha por enfermedad del patriarca, según confirmaron fuentes de la Audiencia Nacional a infoLibre.

Fuentes de la Audiencia Nacional han asegurado a este diario que peritos judiciales han confirmado la enfermedad de Demetrio Carceller Coll, que afronta una petición de 48 años de cárcel, mientras que su hijo se enfrenta a 14 años de reclusión en prisión. El Ministerio Público les considera a ambos los presuntos autores de 16 delitos contra la Hacienda Pública y dos de blanqueo de capitales.

Tanto el juez Pablo Ruz como la Fiscalía Anticorrupción les acusaron de ser los presuntos autores de un gigantesto fraude por el que tuvieron que abonar sendas fianzas civiles de 476,4 y 236,4 millones de euros, respectivamente, lo que supone un total de 764,8 millones.

Los dueños de la cervecera Damm y del 14,1% de la constructora Sacyr ya habían logrado que el juicio, que en un principio iba a celebrarse en julio, se pospusiera seis meses. El motivo de este retraso fue para preparar el testimonio de tres personas que viven en Estados Unidos y que iban a declarar por videoconferencia.

Declaración jurada en Lisboa

Los Carceller incluyeron entre sus testigos a tres mujeres de Estados Unidos, dos de las cuales realizaron una declaración jurada en Lisboa en la que atribuyeron la responsabilidad de la gestión de las empresas de esta familia en Arizona al empresario Javier Ribas Vila. Este empresario formaba parte del consejo de administración de Damm en representación de la sociedad Seegrund, que en realidad es propiedad de los Carceller.

Este testimonio de las testigos es de vital importancia, habida cuenta de que la mayor parte de los delitos atribuidos al actual presidente de Damm tienen su origen en las inversiones realizadas por su familia en Arizona (EEUU).

Declaración inducida

Y por eso la Fiscalía Anticorrupción, tal y como adelantó infoLibre, quiere determinar si la declaración jurada de las testigos Lynn A. M. y de Lysa K. G. pudo haber sido inducida por los procesados. También pretende saber si el desplazamiento desde Estados Unidos de las testigos fue sufragado por los Carceller o por personas vinculadas a ellos.

En concreto, el Ministerio Público considera que el actual presidente de Damm participó "activamente" en la gestión del patrimonio de su padre, articulando las estructuras societarias necesarias para ocultar las rentas generadas y colaborando en la simulación de la residencia de su padre fuera de España.

Carceller Arce también intervino, según la fiscal, en la creación de la estructura para canalizar y ocultar las inversiones de su padre en centros comerciales de Arizona mediante la creación de empresas radicadas en varias islas de las antiguas Antillas Holandesas.

118 millones

Pero además de los años de cárcel reclamados, la Fiscalía Anticorrupción solicita que Carceller Arce sea multado con hasta 118 millones de euros, siendo la suma de las multas propuestas contra su padre de 330 millones.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, los Carceller diseñaron una trama empresarial para ocultar sus rentas a la Hacienda pública española. Utilizaban para ello empresas radicadas en paraísos fiscales, cuya auténtica propiedad ocultaban.

De esta forma, pagaban menos impuestos en España, lo que suponía una ventaja competitiva frente al resto de empresas del sector. Y estas firmas radicadas en el extranjero acaban formando parte del accionario del grupo empresarial familiar.

Simuló vivir en Lisboa

En el caso del padre del actual presidente de Damm, el fiscal le acusa de ocultar sus rentas y patrimonio a la Hacienda Pública española. "Simulando residir fuera de España, en concreto en Portugal y en el Reino Unido, con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España".

Los dos Carceller procesados en la Audiencia Nacional son los descendientes de Demetrio Carceller Segura, ministro de la dictadura franquista. Este alto cargo del régimen de Franco, fallecido en 1968, fue nombrado en 1940 titular del Ministerio de Industria.

Pronazi convencido se le considera, tal y como recuerda el historiador Josep Fontana en su obra La economía del primer franquismo, "el iniciador de la corrupción a gran escala".

La Fiscalía Anticorrupción trata de desmontar la coartada del presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, que en enero se sentará en el banquillo de los acusados junto a su padre, Demetrio Carceller Coll, y dos personas que trabajaban para ellos; José Luis Serrano Flórez y Gabriel Ignacio Petrus.

Los Carceller han incluido entre sus testigos a tres mujeres con nacionalidad de Estados Unidos, dos de las cuales realizaron una declaración jurada en Lisboa en la que atribuyen al empresario Javier Ribas Vila, que se sentaba en el consejo de administración de Damm en representación de la sociedad Seegrund, que en realidad es propiedad de los Carceller.

Y Anticorrupción quiere determinar si la declaración jurada de las testigos Lynn A. M. y de Lysa K. G. pudo haber sido inducida por los procesados. También quiere saber si el desplazamiento desde Estados Unidos fue sufragado por los Carceller o por personas vinculadas a ellos. La tercer testigo se llama Tracy P. N.

Una trama defraudatoria

Tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción les acusan de ser los presuntos autores de un fraude a Hacienda gigantesco por el que tuvieron que abonar un total de 764,8 millones en concepto de fianzas civiles.

Según los escritos de acusación, los Carceller diseñaron una trama empresarial para ocultar sus rentas al fisco español. Utilizaban para ello empresas radicadas en paraísos fiscales, cuya auténtica propiedad ocultaban. De esta forma, pagaban menos impuestos en España, lo que suponía una ventaja competitiva frente al resto de empresas del sector. Y estas firmas radicadas en el extranjero, acaban formando parte del accionario del grupo empresarial familiar.

Además, el padre del actual responsable de las empresas de los Carceller trasladó de forma ficticia, según la acusación, su residencia a Lisboa con la intención de no tributar en España y abonar menos impuestos.

48 y 14 años de cárcel

Por todo ello, Demetrio Carceller Coll, padre de Demetrio Carceller Arce, afronta una petición de 48 años de cárcel, mientras que su hijo se enfrenta a 14 años de reclusión en prisión. El Ministerio Público les considera a ambos los presuntos autores de 16 delitos contra la Hacienda Pública y dos de blanqueo de capitales.

Pero además de los años de cárcel reclamados, la Fiscalía Anticorrupción solicita que Carceller Arce sea multado con hasta 118 millones de euros, siendo la suma de las multas propuestas contra su padre de 330 millones de euros.

Estos dos empresarios son los descendientes de Demetrio Carceller Segura, ministro de la dictadura franquista, al que el historiador Josep Fontana califica en su obra La economía del primer franquismo como "el iniciador de la corrupción a gran escala".

Gran importancia

Esta declaración tiene una gran importancia de cara a la posible implicación de Carceller Arce, el actual responsable de las empresas familiares, habida cuenta de que él fue procesado sobre todo por su participación en la gestión de las inversiones de esta familia en Estados Unidos, y más concretamente en el estado de Arizona.

Pero la declaración jurada de las dos testigos atribuye a Ribas Vila la auténtica responsabilidad de las inversiones en Arizona, algo que contradice las conclusiones del Tribunal Supremo, que ordenó que el procedimiento también se dirigiera contra el actual presidente del Grupo Damm, Demetrio Carceller Arce.

El Supremo, en una sentencia de 10 de junio de 2014, anuló la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que había archivado la acusación contra Demetrio Carceller Arce, en contra del criterio del instructor del caso, entonces el juez Pablo Ruz.

Participación activa

Y para tumbar la decisión de los magistrados de la Audiencia Nacional Alfonso Guevara Marcos, Guillermo Ruiz Polanco y María de los Ángeles Barreiro Avellaneda, el Tribunal Supremo dio por cierto que el empresario "participó activamente en la gestión del patrimonio de su padre, especialmente en las inversiones inmobiliarias de Arizona, articulando las estructuras societarias necesarias para ocultar las rentas generadas y colaborando en la simulación de la residencia de su padre fuera de España".

A Carceller Arce se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública, en concreto por el fraude de IRPF correspondiente a los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009 y por fraude en el Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal 2007, además de un delito de blanqueo de capitales.

Declaración por videoconferencia

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó retrasar hasta enero de 2016 el juicio, que en un principio iba a iniciarse el 23 de junio pasado. Por estos motivos, las declaraciones por videoconferencia de las tres testigos propuestas por las defensas cobran especial relevancia. Lynn A. M. y Lysa K. G., que son las testigos clave, están citadas el 11 de enero, mientras que Tracy P. N. prestará testimonio el 15 de enero.

La Fiscalía Anticorrupción pretende determinar el papel que desempeñaban las testigos y otros empleados de Carceller en Estados Unidos, al mismo tiempo que quieren determinar el motivo por el que la empresa no suministró información sobre las inversiones inmobiliarias de esta familia pese a los requerimientos de las autoridades españolas a las norteamericanas.

Precisamente, el escrito de acusación del Ministerio Público especifica los diferentes fraudes cometidos por los empresarios CarcellerCarceller. Como por ejemplo “el ocultamiento de fondos realizado por Demetrio Carceller Coll a la hora de declarar los bienes heredados tras el fallecimiento de su hermana Josefina Carceller”. Pero también las operaciones denominadas como “la estructura americana”, que realizó inversiones en empresas como la propia Damm o Hidroeléctrica del Cantábrico-EDP.

Paraísos fiscales

La finalidad de esta operación fue nuevamente crear una estructura societaria extranjera opaca mediante la cual se ocultara la titularidad real de Demetrio Carceller Coll en importantes paquetes accionariales en las sociedades españolas Disa Corporación Petrolífera SA (DISA); SA Damm; Renta Insular Canaria (Rincasa) y, hasta su venta en el año 2001, en Hidroeléctrica del Cantábrico, estando al frente de todo este entramado societario la entidad panameña Financiera Intercontinental”, especifica el escrito de la Fiscalía Anticorrupción.

La panameña Financiera Intercontinental estaba participada íntegramente por cuatro entidades de las Antillas Holandesas, cada una de las cuales era, a su vez, socio único de una sociedad holding holandesa en la que se situaban las participaciones de Demetrio Carceller Coll en cada una de las sociedades españolas.

Carceller Coll era propietario de un paquete accionarial de Hidroeléctrica del Cantábrico, que controlaba desde la firma holandesa Halfrond BV, una sociedad participada únicamente por la sociedad antillana Araxa NV, que era propiedad al 100% de la panameña Financiera Intercontinental.

Los Carceller, la familia propietaria del grupo alimentario Damm, han logrado retrasar seis meses el juicio que estaba previsto se celebrara, en junio pasado en la Audiencia Nacional, contra el padre, Demetrio Carceller Coll, y el hijo Demetrio Carceller Arce.

Tanto el juez Pablo Ruz como la Fiscalía Anticorrupción les acusan de ser los presuntos autores de un gigantesto fraude por el que tuvieron que abonar sendas fianzas civiles de 476,4 y 236,4 millones de euros, respectivamente, lo que supone un total de 764,8 millones.

Demetrio Carceller Coll, padre del actual presidente del grupo Damm, Demetrio Carceller Arce, afronta una petición fiscal de 48 años de cárcel, mientras que su hijo se enfrenta a 14 años, como presuntos autores de 16 delitos contra la Hacienda Pública y dos de blanqueo de capitales. Estos dos empresarios son los descendientes de Demetrio Carceller Segura, ministro de la dictadura franquistaDemetrio Carceller Seguradictadura franquista.

Este alto cargo del régimen de Franco, fallecido en 1968, fue nombrado el 17 de octubre de 1940 responsable del Ministerio de Industria. Pronazi convencido, es considerado también, tal y como recuerda el historiador Josep Fontana en su obra La economía del primer franquismo, "el iniciador de la corrupción a gran escalacorrupción a gran escala".

Ocultó sus rentas

En el caso de Carceller Coll, el padre del actual presidente de Damm, el fiscal le acusa de ocultar sus rentas y patrimonio a la Hacienda Pública española. "Simulando residir fuera de España, en concreto en Portugal y en el Reino Unido, con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España", reprocha el representante del Ministerio Público, que acusa a Carceller Coll de haber defraudado a Hacienda más de 72 millones.

Por su parte, a Carceller Arce se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública, en concreto por el fraude de IRPF correspondiente a los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009 y por fraude en el Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal 2007, además de un delito de blanqueo de capitales. Anticorrupción le pide por ello 14 años de cárcel.

La Audiencia Nacional ha acordado retrasar hasta enero de 2016 el juicio, que tenía previsto celebrar desde el 23 de junio pasado contra los Carceller y dos de sus colaboradores, José Luis Serrano Flórez y Gabriel Ignacio Petrus Labayen.

Petrus Labayen era uno de los propietarios del bufete de abogados Petrus, cuyo nombre aparece en el origen del caso Gürtel y en la denominada Operación Pretoria.

Tres testigos

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal acordó que el desarrollo definitivo de la vista, que constará de diez jornadas, se extienda entre el 11 y el 22 de enero, debido a que Estados Unidos no fue capaz de cumplimentar la comisión rogatoria que el tribunal cursó para que declararan tres testigos a través de videoconferencia en el juicio.

Los testigos comparecerán a petición de las defensas de los Carceller, padre e hijo, y del también procesado Gabriel Ignacio Petrus Labayen. Y según fuentes jurídicas, las defensas consideran de vital importancia estos testimonios, que buscan exonerar al actual presidente del grupo Damm de su participación en la gigantesca trama defraudatoria.

Esta trama consistía en ocultar sus rentas al fisco español, por lo que pagaban menos impuestos. Utilizaban para ello empresas radicadas en paraísos fiscales, cuya auténtica propiedad ocultaban.

Las defensas pidieron aplazar la celebración de la vista oral dada la relevancia que atribuyen a estos tres testigos, que serán citados para que declaren en lo que se denomina prueba anticipada, que significa que prestarán testimonio antes de iniciarse la vista oral.

La opinión de la Fiscalía

Por su parte, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consideran que las declaración de estos tres testigos "no son relevantes". 

La Fiscalía Anticorrupción considera que Carceller Arce ha sido cooperador necesario de los delitos que atribuye a su padre, para quien pide 48 años y seis meses de cárcel. En el banquillo de los acusados se sentarán también los mencionados Serrano Flórez y Petrus Labayen.

El Ministerio Público considera que el actual presidente de Damm participó "activamente" en la gestión del patrimonio de su padre, especialmente en las inversiones inmobiliarias de Arizona, articulando las estructuras societarias necesarias para ocultar las rentas generadas y colaborando en la simulación de la residencia de su padre fuera de España. También intervino en la creación de la estructura para canalizar y ocultar las inversiones de su padre en centros comerciales de Arizona mediante la creación de sociedades en las Antillas Holandesas.

La investigación llevada a cabo por el magistrado Pablo Ruz y la Fiscalía Anticorrupción acredita, de esta forma, la existencia de "una trama defraudatoria a Ia Hacienda Pública, en relación aI Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (IRPF), al Impuesto sobre el Patrimonio y al lmpuesto de Sucesiones".

Según Ruz, esta trama ocultó desde los años 90 el domicilio real de Demetrio Carceller Coll, el expresidente del Grupo Damm, que aseguraba vivir en Portugal, cuando en realidad residía en Madrid. Además, creó varias estructuras fiduciarias radicadas en paraísos fiscales, "reinvirtiendo en sus empresas españolas las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, se han ido defraudando a la Hacienda Pública española", explica el juez en un auto.

La Fiscalía atribuye en concreto a Carceller Arce el delito de cooperación necesaria por contribuir a la ocultación de las inversiones inmobiliarias de su padre en Arizona, mediante la gestión de estructuras necesarias para ocultar todas las rentas generadas.

Y para ello utilizaron unas sociedades de las antiguas Antillas Holandesas que figuraban como titulares formales de "importantes inversiones inmobiliarias" y comerciales en Phoenix y Tucson, la capital y la segunda ciudad de Arizona, respectivamente.

Socia minoritaria

En estas inversiones inmobiliarias Demetrio Carceller Coll contaba con una socia minoritaria que, tal y como resalta el Ministerio Público, regularizó su situación fiscal antes de que el procedimiento se dirigiera contra la misma, ya que en 2010 presentó declaraciones complementarias del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes a los ejercicios 2005 a 2007 y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a los ejercicios 2005 a 2009.

"De esta forma afloró todos los activos, ganancias, rentas e intereses procedentes de estas inversiones inmobiliarias, algo que, "en ningún momento, ha realizado Demetrio Carceller Coll", indica Anticorrupción en su denuncia.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió temporalmente este lunes los reembolsos de los fondos de inversión y sicavs gestionados por la gestora de inversión colectiva de Banco Madrid, a su vez intervenida el pasado martes ante los indicios de blanqueo de capitalesindicios de blanqueo de capitales descubiertos en su matriz Banca Privada d'Andorra (BPA).

La medida ha sido la primera consecuencia de la solicitud de concurso voluntario de acreedores que han cursado los nuevos administradores de Banco Madrid, nombrados por el Banco de España.

Al hacerse públicas las sospechas sobre la entidad, los clientes empezaron a retirar sus fondos, por lo que corría peligro la capacidad de Banco Madrid para cumplir con sus obligaciones con los depositantes. De ahí el bloqueo, que afecta a un total de 57 sicavs, sociedades de inversión de capital variable que permiten una tributación mínima del 1% en el Impuesto de Sociedades y se han convertido así en el instrumento favorito de las grandes fortunas para gestionar sus patrimonios.

En todos estos casos, Banco Madrid es la entidad depositaria de estos fondos y sicavs; es decir, los custodia y ejerce funciones de control sobre la actividad de la sociedad gestora, que es la que invierte el capital. Banco Madrid tiene unos 14.000 clientes propios y hasta 80.000 que trabajaban con las gestoras de fondos que adquirió recientemente a Liberbank y BMN. Las gestoras de inversión colectiva mueven unos 4.000 millones, incluyendo los más de 800 millones de las sicav.

Algunos de los nombres que aparecen en esa lista de sicavs y que, de momento, tienen paralizados sus fondos son los siguientes:

María Carceller Arce (Damm) y Paloma Figueras-Dotti Daurella (Coca-Cola)

La primera es hermana del presidente de Damm, Demetrio CarcellerDamm, consejera delegada del Grupo Rodilla y consejera de Renta Insular Canaria, una sicav en la que también figura Paloma Figueras-Dotti Daurella, a su vez consejera de la embotelladora de Coca-Cola (Cobega), propiedad de Sol Daurella. Ambas familias se sientan en el consejo del Grupo Cacaolat, adquirido en subasta en noviembre de 2011 tras la caída de Nueva Rumasa. En la sicav, según los registros de la CNMV, también aparecen como consejeros José Oriol Recasens Carreras, perteneciente a una de las familias que fundaron Cepsa, además de consejero de Disa Corporación Petrolífera, igualmente propiedad de la familia Carceller. Y José Sabaté Forns, el hombre de Carceller en Canarias. El patrimonio de Renta Insular Canaria suma 56 millones de euros.

Roberto Carlos da Silva Rocha, ex futbolista del Real Madrid

Español desde 2005, el lateral izquierdo del Real Madrid durante 11 temporadas, ejerce ahora como entrenador del Akhisar Belediyespor turco. Es el presidente de Rodasil Inversiones 2002, que cuenta con un patrimonio de 2,8 millones de euros.

María Ángeles de la Cruz Aristrain (Arcelor Mittal)

María Ángeles y su hermano José María son los herederos del Grupo Aristrain, la siderúrgica que fundó su padre en Olaberría (Guipúzcoa). José María terminó integrándola primero en Aceralia y luego en Arcelor. Tras fusionarse en 2006 con Mittal, José MaríaAristrain llegó a tener el 2,6% del capital del gigante indio, que ahora no supera el 1%. Ambos hermanos poseen una de las mayores fortunas de Europa, que la revista Forbes calcula en 700 millones de euros. En Tempera Inversiones María Ángeles tiene 14 millones de euros.

María Dolores y Francisco de Asís Goiroerrotea Sarri, condesa de Torata y marqués de Valdeterrazo

Su sicav es Villarin Inversiones, con un patrimonio de 4,7 millones de euros. Ella está casada con el almirante Jaime Rodríguez-Toubes Núñez, instructor náutico del rey Felipe VI, que fue director del Instituto Español de Estudios Estratégicos y comandante del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Él es vocal de la Fundación Príncipe de Asturias, consultor de patrimonios de Goicoerrotea & Asociados y dirige las empresas familiares, según se puede leer en su perfil profesional de la web de la citada fundación.

Juan Manuel Colón de Carvajal Osborne

Dice ser descendiente de Cristóbal Colón y de Moctezuma, ya que una nieta del último emperador azteca se casó con un español y de ahí procede el apelllido Carvajal. También es primo del cantante Bertín Osborne. Es consejero de la sicav AF Crecimiento I, que cuenta con un patrimonio de 25,5 millones de euros. Figura como administrador único de dos sociedades limitadas dedicadas a la producción eléctrica: Kroeber Solar y Carrizosa y Heeren.

Antonio Nebot Pellicer (Hospitales Nisa)

Presidente de Rex Royal Blue, Antonio Nebot posee en esa sicav, repartidos con 261 accionistas, un total de 38,4 millones. Era el propietario de Hospitales Nisa, que gestiona ocho hospitales privados en Valencia, Castellón, Alicante, Madrid y Sevilla.

Antonio Fernández Vera (Renta 4)

La sicav en la que figura como consejero es Taupo Inversiones, que posee un patrimonio de 2,3 millones de euros. Renta 4 es la única entidad financiera de servicios de inversión que cotiza en Bolsa. Desde 2012 opera también como banco.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado la apertura de juicio oral contra el presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, y su padre y ha dado a ambos un plazo de diez días para abonar una fianza en concepto de responsabilidad civil por importe de 236,4 y 476,4 millones de euros.

El magistrado les acusa de la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales que llevan aparejadas penas que, en el caso del padre, superan los 48 años de prisión.

El juez también ha enviado a juicio al considerado hombre de confianza del padre del presidente de la cervecera José Luis Serrano Florez y al asesor Gabriel Ignacio Petrus Labayen que tendrán que abonar 224,3 y 365,4 millones de euros, respectivamente.

Considera que ha quedado indiciariamente acreditado que los imputados crearon una trama defraudatoria a la Hacienda Pública en relación al impuesto sobre la renta de personas físicas, impuesto de patrimonio y de sucesiones. Así, explica que al menos desde el año 90, Carceller Coll ocultó su domicilio real, que estaba en España, con el objeto de camuflar sus rentas y patrimonio a la Hacienda española, mediante estructuras fiduciarias radicadas la mayor parte de ellas en paraísos fiscales.

Ruz considera que Carceller Arce participó activamente en la gestión del patrimonio de su padre, "especialmente en inversiones en Arizona (Estados Unidos), articulando junto con los otros imputados, las estructuras societarias para ocultar todas las rentas generadas", según señala el auto que fue adelantado este jueves por El Confidencial.

Carceller Arce se enfrentará por tanto a un juicio en el que la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 14 años de prisión en su contra y 48 años y seis meses para su padre. El Ministerio Público atribuye a Carceller Arce un delito de cooperación necesaria en delitos contra Hacienda por supuestamente contribuir a la ocultación de las inversiones inmobiliarias de su padre en Arizona mediante la gestión de estructuras necesarias para ocultar todas las rentas generadas.

Anticorrupción considera que Carceller Coll se dedicó a ocultar sus rentas y patrimonio a Hacienda "cuando menos, desde el año 1990", simulando residir en Portugal y Reino Unido "con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España".

Así, el expresidente de la cervecera habría ocultado, según el escrito, ser el propietario real de importantes paquetes accionariales de entidades radicadas y cuyo núcleo principal de actividad se desarrolla en España para lo cual contó con la participación del resto de acusados.

Según el Ministerio Público, tanto Carceller Coll como su mujer, María del Carmen Arce, han residido en España tanto en la capital como en Galapagar (Madrid), si bien para ocultarlo adoptaban numerosas medidas de precaución "tales como evitar frecuentar restaurantes o sitos de ocio; realizar sus pagos en efectivo o delegar en su hijo", Carceller Arce, la firma de cualquier negocio u operación económica.

Todos los hechos atribuidos por Anticorrupción al empresario cervecero son constitutivos de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales de los que Carceller Coll debe responder como autor mientras que su "mano derecha", su hijo y su asesor deberán hacerlo como cooperadores necesarios.

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado las alegaciones de la familia de empresarios Carcellerempresarios Carceller y mantiene su decisión de enviarles al banquillo, según un auto de 24 de septiembre al que ha tenido acceso infoLibre.  

El pasado 16 de julio el juez concluyó la investigación sobre dos de los integrantes de la familia Carceller, asegurando que había indicios delictivos para llevar a juicio al presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, a su padre, Demetrio Carceller Coll, y a otros dos imputados por delitos contra la Hacienda Publica y blanqueo de capitales.

En este último auto de 24 de septiembre, el magistrado desmonta las intenciones de los Carceller de paralizar la instrucciónCarceller , rechazando el recurso del abogado José Antonio Choclán, que representa a estos empresarios propietarios del grupo de alimentación Damm. 

En este sentido, el juez analiza en el auto la comparecencia de los peritos propuestos por la defensa de los imputados, que según Ruz incurrieron "en diversas imprecisiones e incongruencias", algo que demuestra, según el criterio del magistrado, que habían "acometido un análisis meramente parcial" de la documentación del sumario, "llegando a omitir importante documentación que estaba a su disposición".

A tal respecto, prosigue el instructor, "no puede obviarse cómo a peguntas del Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado quedó evidenciado cómo los informes periciales aportados por la defensa presentan determinadas carencias o limitaciones respecto de los elementos de la causa que habían sido objeto de análisis por los peritos, reconociéndose por estos no haber analizado la declaración como imputado de Demetrio Carceller Coll, así como tampoco diferentes documentos y movimientos económicos de las sociedades investigadas obrantes en la causa".

Pero Ruz va más allá en su auto, asegurando que quedó constatado durante la diligencia de ratificación pericial "una falta total de conocimiento de la normativa tributaria aplicable al caso" por parte de los peritos de la defensa de los Carceller.

No de acuerdo

El juez destaca, además, que los dos peritos propuestos por los Carceller "ni tan siquiera pudieron ponerse de acuerdo sobre dónde, a su juicio, había residido Demetrio Carceller Coll durante el periodo investigado, llegando incluso a contradecir las manifestaciones que este en su declaración judicial efectuó sobre el lugar en el que había residido durante los años 2000 a 2009".

En este sentido, prosigue el magistrado, constan unidas a las actuaciones el resultado de las comisiones rogatorias remitidas por Portugal y Reino Unido –países donde Demetrio Carceller Coll manifestó haber residido durante los años objeto de investigación–, "cuyo contenido es concluyente pues corrobora, sin ningún género de dudas, que en ningún momento ha residido en dichos países".

Asimismo, el sumario incluye pruebas sobre la presencia de Carceller Coll en España, como por ejemplo conversaciones telefónicas, seguimientos policiales, testificales –entre las que el auto destaca las prestadas por Alonso Romero Vázquez, Teofilo Morales Toledo, Luis Rodríguez Rojo y María del Carmen Acevo Hidalgo–.

Pero también otra documentación de consumos habituales de hogar (electricidad y agua), domiciliaciones bancarias y asistencias medicas "que acreditan claramente que Demetrio Carceller Coll ha vivido, junto con su mujer, en Madrid y Galapagar domicilio este ultimo que, tras practicarse su registro por orden judicial, quedó patente que era el lugar donde residían la mayor parte del tiempo", completa Pablo Ruz.

Residió en España

Para el juez y la Fiscalía Anticorrupción, "basta realizar un análisis somero de las actuaciones para confirmar que los domicilios en los que, en todo momento, ha residido Demetrio Carceller Coll han estado ubicados en España" y, más concretamente, en Madrid y en Galapagar. 

Según los diferentes autos del caso, de la investigación realizada se ha podido acreditar de forma indiciaria que los imputados crearon desde 1990 una trama defraudatoria a la Hacienda Pública en relación al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, al Impuesto de Patrimonio, y al de Sucesiones.

En los ocho años investigados (de 2001 a 2009) los Carceller dejaron de pagar, según los informes de Hacienda, 66 millones de euros, por lo que el juez considera que "debe perseguirse el delito contra la Hacienda Publica".

59,2 millones defraudados

La Fiscalía Anticorrupción asegura que los Carceller defraudaron otros 59,2 millones de euros en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), 41,98 millones en el Impuesto de Patrimonio y 1,77 millones en el de Sucesiones.

El Ministerio Público culminó su investigación sobre el patrimonio de la familia Carceller pidiendo 48 años de cárcel para Demetrio Carceller Coll y 14 para su hijo Demetrio Carceller Arce. Ambos son los propietarios de un importante conglomerado de empresas, entre las que se encuentra el Grupo Damm. El juez solicitó una fianza civil a la familia Carceller de 764 millones de euros.

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha concluido la investigación sobre dos de los integrantes de la familia Carceller considerando que hay indicios para llevar a juicio al presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, a su padre, Demetrio Carceller Coll, y a otros dos imputados por delitos contra la Hacienda Publica y blanqueo de capitales.

En su auto en el que modifica la causa a procedimiento abreviado, el juez explica que ha quedado indiciariamente acreditado que los imputados crearon desde 1990 una trama defraudatoria a la Hacienda Pública en relación al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones.

Además, el imputado Demetrio Carceller Coll ocultó su domicilio real, que estaba en España, con el objeto de evitar que sus rentas y patrimonio tuviera que tributar en la Hacienda española. En este sentido, se valió de estructuras fiduciarias radicadas la mayor parte de ellas en paraísos fiscales, "reinvirtiendo en las diversas sociedades controladas por él, las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, se han ido defraudando a la Hacienda Pública española”.

En los ocho años investigados (de 2001 a 2009) la cuota diferencial, según los informes de Hacienda, supera los 66 millones de euros por lo debe perseguirse el delito contra la Hacienda Publica. La Fiscalía Anticorrupción asegura que los Carceller defraudaron 59,2 millones de euros en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), 41,98 millones en el Impuesto de Patrimonio y 1,77 millones en el de Sucesiones.

Ruz cierra la investigación después de que el Tribunal Supremo anulara el auto de la Sala de lo Penal, que había archivado la causa contra el presidente de Damm. Como ya argumentó en su día el juez, Carceller Arce participó activamente en la gestión del patrimonio de su padre, "especialmente en las inversiones en Arizona (Estados Unidos), articulando junto con los otros imputados, las estructuras societarias para ocultar todas las rentas generadas".

El juez concluye la investigación una vez que ha realizado, como le ordenó la Sala de lo Penal, la ratificación de los peritos, tal y como adelantó este miércoles infoLibre. Ahora las partes tienen veinte días de plazo para solicitar la apertura de juicio oral.

Los once peritos de la Agencia Tributaria que han elaborado los informes que han servido para la acusación del juez Pablo Ruz contra dos de los miembros de la familia Carceller, los principales accionistas de la cervecera Damm, han ratificado este lunes el contenido de sus trabajos, según han confirmado a infoLibre fuentes del caso.

Estos informes establecen que Demetrio Carceller Coll, quien según la Fiscalía Anticorrupción simuló vivir en Portugal para pagar menos impuestos, defraudó 59,2 millones de euros en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), 41,98 millones en el Impuesto de Patrimonio y 1,77 millones en el de Sucesiones.

102,95 millones

En total 102,95 millones, tal y como recoge el escrito del fiscal. El hijo del principal acusado, Demetrio Carceller Arce, actual presidente de la cervecera Damm, fue la persona que ayudó al anterior a crear una red defraudatoria, que utilizaba entidades financieras radicadas en paraísos fiscales como Luxemburgo, Panamá, las antiguas Antillas Holandesas y la isla portuguesa de Madeira, según la Fiscalía Anticorrupción.

Dicho entramado societario fue creado con el asesoramiento y colaboración del bufete barcelonés Pretus. Y en concreto fue el abogado Gabriel Ignacio Pretus Labayen, que está imputado en el caso, el responsable de la cartera del cliente Demetrio Carceller Coll.

Precisamente los informes de los peritos han servido de base para que el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, solicite a los Carceller una de las fianzas civiles de mayor cuantía: 764 millones.

Fianzas de 1.437 millones

Las fianzas para los otros dos imputados son de 269,5 millones para el caso de José Luis Serraño Flórez y de 402,86 millones para Gabriel Ignacio Pretus Labayen. En total los imputados implicados en la causa deberán abonar fianzas de responsabilidad civil por un monto de 1.437 millones de euros.

Pero además de los peritos que han actuado en auxilio judicial, este martes también se ratificaron en sus conclusiones dos peritos, propuestos por las partes, que según fuentes de la Audiencia Nacional han defendido la actuación de los Carceller.

El denominado por fuentes del caso como contrainforme se llevó a cabo tras la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de que se practicara esta prueba, como contrapeso a las conclusiones de los peritos de la Administración.

"Derecho de defensa"

El ponente de la sentencia, el magistrado Guillermo Ruiz Polanco, obligó a Ruz en enero de 2014 a dar un nuevo plazo, de dos meses, a los Carceller para que presentaran el contrainforme. Y justificó esta medidacon la finalidad de salvaguardar "el derecho de defensa" y de "delimitar la imputación".

En el mismo auto de la Audiencia Nacional los magistrados archivaban la imputación del presidente de Damm. Pero este fallo fue recurrido por el Ministerio Público y por la Abogacía del Estado.

Y la decisión de la Audiencia fue revocada por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, que volvió a imputar a Demetrio Carceller Arce, dando de nuevo legitimidad a la decisión del juez Pablo Ruz de abrir juicio oral contra los Carceller y las otras dos personas imputadas en el caso.

Con las comparecencias este lunes de los peritos que han elaborado los informes que han servido para que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez mantengan sus acusaciones el caso podría estar próximo a su finalización. Fuentes del caso apuntan la posibilidad de que el juez Ruz cierre en próximas fechas la instrucción con la finalidad de que se juzgue a los Carcellerse juzgue a los Carceller.

De esta forma, los magistrados del Supremo Luciano Varela Castro, Andrés Martínez Arrieta, José Manuel Maza Martín, Miguel Colmenero Méndez de Luarca, y Andrés Palomo del Arco han estimado el recurso que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado presentaron contra la decisión de la Audiencia Nacional de archivar las diligencias de investigación por delitos fiscales contra el presidente del grupo cervecero.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había resuelto el 2 de enero en un auto, cuyo ponente fue el magistrado Guillermo Ruiz Polanco, que se dictara el sobreseimiento de las actuaciones contra Carceller Arce. La Fiscalía Anticorrupción y el propio juez consideraban que el presidente de Damm fue cooperador necesario de cuatro delitos contra la Hacienda Pública y por blanqueo de capitales, tal y como consta en el auto de apertura de juicio oral de 31 de octubre de 2013.

Por esos delitos, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba 14 años de cárcel para Carceller ArceCarceller Arce, que también tendría que pagar una fianza de 253 millones de euros. Junto con los 511 millones requeridos a su padre, Demetrio Carceller Coll, esta familia vinculada al régimen franquista, pues el abuelo Demetrio Carceller Segura fue ministro del dictador Francisco Franco, tendrá que afrontar un pago de 764 millones de euros.

En una resolución, adelantada por Europa Press, el ponente del Supremo, Luciano Varela Castro, discrepa de la interpretación de la Audiencia Nacional, que había justificado el archivo de las actuaciones al considerar que no aparecía acreditado en el sumario ningún delito cometido por Carceller Arce, "a quien ha de atribuirse meramente la actividad dirigida a supervisar y controlar las inversiones de su padre", tal y como especifica el auto ya revocado de la Audiencia Nacional.

Los magistrados del Supremo consideran que en realidad la decisión de la Audiencia "no discrepa" de la del juez Ruz en cuanto a los hechos que se atribuyen a Carceller Arce: "Lo que discute es su valoración y las consecuencias de éste en cuanto a la calificación jurídica".

Gestionar y controlar

Y ante esa discrepancia, el Tribunal Supremo opta por la visión del juez Ruz: "Coincidimos con la decisión del instructor. Y ello porque, a efectos de tipicidad, la pretendida diversidad entre gestionar y controlar la gestión es, en ausencia de mayores matizaciones, indiferente".

De esta forma, el Supremo revoca la decisión de la Audiencia Nacional, que en el auto especificaba que el presidente de Damm no había cometido fraude fiscal: "Siendo así que, propiamente, el recurrente no gestionaba sino que, en actividad marginal, controlaba la gestión de otros respecto de las inversiones de Carceller Coll, constando en autos los artífices de tales actividades gestoras directas".

"Trama defraudatoria"

La investigación llevada a cabo por el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción acreditaba la existencia de "una trama defraudatoria a Ia Hacienda Pública, en relación aI Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (IRPF), al Impuesto sobre el Patrimonio y al lmpuesto de Sucesiones".

Según Ruz, esta trama ocultó desde los años 90 el domicilio reaI de Demetrio Carceller Coll, el expresidente del Grupo Damm, que aseguraba vivir en Portugal, cuando en realidad residía en Madrid. Además, creó varias estructuras fiduciarias radicadas en paraísos fiscales, "reinvirtiendo en sus empresas españolas las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, se han ido defraudando a la Hacienda Pública española", explica el juez en un auto.

La Fiscalía atribuye a Carceller Arce el delito de cooperación necesaria por contribuir a la ocultación de las inversiones inmobiliarias de su padre en Arizona (Estados Unidos), mediante la gestión de estructuras necesarias para ocultar todas las rentas generadas.

Su defensa negaba este extremo y sus argumentos fueron acogidos por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. infoLibre se ha puesto en contacto con el abogado de la defensa de los Carceller, José Antonio Choclán, quien no ha querido hacer declaraciones sobre la sentencia del Tribunal Supremo.

El presidente de Damm, Demetrio Carceller, ha sostenido este lunes que su inversión en Pescanova, firma en la que invirtió 40 millones de euros y que quería reflotar, ha sido una "puñetera estafa".

"Ha sido una puñetera estafa. Nos han estafado 40 millones de euros. De Pescanova no vamos a comer, nos han comido 40 millones, nos han metido la mano en la cartera", ha asegurado Carceller en la rueda de prensa previa a la junta de accionistas.

El presidente de Damm se ha mostrado frustrado tras el esfuerzo invertido por reflotar la marca gallega y, pese a que ha iniciado un proceso judicial, no prevé recuperar los 40 millones: "Si vuelvo a repetir otra de éstas, mal", ha sentenciado.

"Pensábamos que la compañía tenía una oportunidad. Los trabajadores han sido de 10", ha señalado, y ha indicado que todavía les queda una participación accionarial en Pescanova, si bien está provisionada a cero.

El grupo cervecero cerró 2013 con unos ingresos de 909 millones de euros, mientras que el beneficio neto alcanzó los 70 millones de euros, un 14,6% menos en comparación con los 82 millones de ganancias del año anterior a causa de la provisión por Pescanova, de 40 millones.

José Carceller y François Tesch, en representación de Damm y Luxempart, abandonaron en mayo el consejo de administración de Pescanova, tras tomar la banca acreedora el timón de la pesquera y ser aprobado el convenio para evitar su liquidación.

Carceller es dueño del grupo Damm, accionista en Sacyr y en Pescanova, entre otras; tiene un grave proceso judicial ante la Audiencia Nacional y, aunque hay una extraña desimputación reciente, ya recurrida, el fiscal anticorrupción y la abogacía del Estado le piden catorce años de cárcel; además de otras vías de agua con la CNMV y las que no sabemos.

Damm lleva años en el consejo de Pescanova, representada por un hermano de Demetrio: fue socio y aliado de Sousa cuando le convino, cobró honorarios y dividendos, firmó cuentas anuales y tragó carros y carretas; y fue después enemigo a muerte de Sousa; pero, como en Pescanova hay tanto que explicar, son muchos los perjudicados que en sus querellas han pedido al juez Ruz la imputación de Carceller. Tal es el punto de partida.

Conocedor de los entresijos y trampas, de las que fue partícipe, y del valor real de los activos, Carceller pretende dar en Pescanova un pelotazo histórico: comprar a dos lo que vale cien, como el feriante. Conviene hacer una explicación para niños, no tanto por los lectores, bien capaces de entenderlo, huele a distancia, sino por algún conselleiro necesitado de dos tardes de economía con Jordi Sevilla. Veamos:

435 millones en el casino

Activos: el administrador concursal valora Pescanova entre 1.600 y 2.000 millones (rangos mínimo/máximo). Tomemos un valor medio prudente de 1.800 millones. 

Deuda: La deuda total de Pescanova es de 4.200 millones, de la que 3.100 es con más de cien bancos y 1.100 millones con bonistas y otros acreedores.

Carceller ha propuesto a la Banca –como principal acreedor tiene capacidad para decidir el convenio- una quita del 90%, es decir, perdonar a Pescanova 3.780 millones y dejarla saneada con una deudita de 430 millones.

Si la empresa vale 1.800 millones y después de esa quita queda a deber 430 millones, el valor real sería de 1.370 millones. Aquí es donde interviene Carceller con su oferta de “poner” 250 millones a cambio de quedarse con el 51% de las acciones. De entrada, con una teórica aportación de 250 millones, Damm compraría algo que vale 685 millones (la mitad de los 1.370 millones de valor real), dando un pelotazo directo de 435 millones, y todo ello sin vender un solo camarón o langostino, sino jugando en el casino financiero.

Además, adquiriendo el 51%, Carceller tendría el control total de la empresa: el tiburón se habría quedado la pieza entera, valorada en 1.370 millones, ganando en dos tardes 1.120 millones. Un buen pelotazo que sería capaz de entender cualquier niño e incluso el presidente de la Xunta.

Los lectores recordarán que alguna prensa publicó “Damm se queda con Pescanova”, titular mendaz que debería haber sido “Damm pretende quedarse con...”. No es lo mismo decir “me acuesto con George Cloney” que “me gustaría acostarme con...”

Como buen jugador de póker, Carceller ha lanzado un farol, usando a todo trapo a la prensa adicta, “Damm da un ultimátum a la Banca”, cuando más bien ha sido al revés; ha manoseado al actual consejo de Pescanova, con Urgoiti a la cabeza, arte y parte, que el Juez debiera apartar del consejo por estar incurso en claro conflicto de intereses y ya se verá también si en presunto delito. De momento, el consejero Luis Sánchez Merlo se ha apeado en la primera estación, antes de que el asunto le salpique.

El cabreo de la Banca

¿Puede la Banca, que no perdona un mísero crédito ni la más humilde hipoteca, incluidas entidades ayudadas y rescatadas con dinero de todos, perdonar 3.780 millones a una empresa sin sentar un precedente disparatado? Parece improbable: estaría premiando la pésima gestión de unos socios y de un consejo de administración (en el que se sentaba Carceller) que saqueó la empresa y la llevó a la ruina, pendientes todos de sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional. Todos los ciudadanos exigiríamos ese mismo delirio propuesto por Urgoiti: una quita del 90% en nuestras deudas personales y en nuestras ahogadas pymes.

Todo indica que la Banca -que también sabe hacer números, aunque en los precedentes de Pescanova se ha columpiado olímpicamente-, ha dicho basta a Carceller, optando por una solución transitoria: quedarse de momento al frente del tinglado, aplicar una quita del 70% para hacer viable el convenio de acreedores y, una vez aprobado el convenio por el Juez, desprenderse sin presión de las unidades de negocio menos rentables o problemáticas.

Con el 70% de quita –que seguiría siendo un premio al robo y al saqueo- los números varían. Para una deuda de 4.200 millones, supondría condonar 2.940 y dejar una deuda de 1.260. Es una opción más seria y realista que la bicoca de Carceller.

¿Sería viable la futura Pescanova, tras la quita del 70%, con 1.260 millones de deuda? La Banca asume como razonable un coeficiente máximo de endeudamiento de cuatro veces el EBITDA [beneficio bruto sin gastos financieros]. El administrador concursal ha estimado el EBITDA de Pescanova en 150 millones: se supone que la empresa podría soportar en los próximos años y devolver por sí misma una deuda de 600 millones, por lo que, hasta 1.260 de deuda, habría que capitalizar los 660 restantes: la mitad la pondría la Banca y la otra mitad un grupo inversor, Carceller o quien se lleve el gato al agua. Con o sin el 51%, es el filo de la navaja sobre el que caminan.

También en este caso la operación sigue siendo un pelotazo, aunque menor: quien adquiera el 51% de Pescanova por 330 millones se quedará con algo que –tras la quita y capitalización- sigue valiendo 1.200 millones como mínimo. Sigue siendo un pelotazo cojonudo, se mire por donde se mire. Este cálculo, que es real, y nos ha sido dibujado desde un banco madrileño partícipe en la negociación, se ve afectado por contingencias como la probable subasta de Pesca Chile (valorada en torno a 300 millones) y otras, incluidas las judiciales, pues el Juez Mercantil tiene la última palabra. Tres grupos de minoritarios, que suman un 10% de acciones (Pescanova con nosotros, AEMEC y Plataforma de afectados, representadas por los bufetes Iuris Terra, Cremades e Yvancos), han anunciado ya la solicitud de una junta judicial extraordinaria. Podrán variar las cifras por un sin fin de ajustes; lo importante es comprender el mecanismo del pelotazo: comprar a dos lo que vale cien y, con ese dos por ciento, ir tirando.

¿Que puede ocurrir?

Tales son los números fríos, en un escenario de liquidación a la baja; en un escenario de bonanza, las expectativas mejoran y Carceller lo sabe; la Banca y los demás inversores, también. El Juzgado Mercantil abrirá a finales de enero la fase de convenio durante dos meses. Antes de acabar marzo, y antes de que se acabe el dinero en caja, la Banca acordará un convenio con una quita del 70%, sin entregar las riendas a Carceller.

Queda por saber, en esta vergonzosa partida de monopoly, cómo y en qué momento los bonistas van a ejercer su derecho preferente a convertir sus bonos en acciones de Pescanova, transformando su condición de acreedores ordinarios en propietarios.

El Sindicato de Tenedores de Bonos de Pescanova suma 400 millones de bonos convertibles: juntos serían de lejos el primer accionista de la compañía (cinco veces más que Damm). Lo lógico es que los bonistas –bien asesorados en despachos de la City- juguen su baza con el convenio de acreedores a punto de caramelo, a finales de marzo.

En una quita del 90%, como quería Carceller, los bonistas perderían 360 millones quedando acreedores por 40 millones, una risa floja. En el escenario de una quita del 70%, perderían 280, que también es un dolor. Convirtiendo sus bonos en acciones, pasarían a ser propietarios de esa empresa medio saneada que vale al menos 1.200 millones: es su mejor expectativa y sus asesores lo saben.

También ha de saberlo el Juez: mientras Carceller -Urgoiti ha hablado ya de despidos- mira exclusivamente por sus intereses, la tutela judicial que otorga el concurso de acreedores le obliga a salvaguardar de modo equitativo los derechos de todos, incluidos los minoristas.

Un nuevo consejo –desalojado Carceller de Chapela– con la Banca como accionista de referencia, siquiera transitorio, con presencia de bonistas y minoritarios, sería ingobernable y la vuelta de Pescanova a la cotización en Bolsa, cada día más lejana. Todo ello sin contar con las losas judiciales pendientes. Contra pareceres respetables, como el del abogado Yvancos, este cronista considera que la mejor garantía para los afectados por la estafa de Sousa es una liquidación ordenada, bajo tutela judicial, con los minoritarios y bonistas dentro, como copropietarios, vigilantes. Solo los bonistas y minoristas, con amparo judicial, pueden evitar la otra solución: la liquidación salvaje que conlleva el Pelotazo Carceller.

Queda por saber, finalmente, en qué cuentas y paraísos fiscales están los 4.200 millones que faltan en la caja de Pescanova –cuya condonación vamos a sufragar todos- y conseguir su devolución, metiendo en la cárcel a quien los haya robado: el juez Ruz está en ello, pero va con calma.

Y también está, como en NCG Banco, en Pemex, Navantia y otros desaguisados, la solución Feijóo, que parece consistir en llevarle unas cajas de langostinos a la Virgen de Lourdes.

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@ValentinCarrera es autor del libro 'Pescanova Crimen Perfecto' [Paradiso_Gutenberg, 2013]

Demetrio Carceller Arce, empresario, presidente de la cervecera Damm (la familia controla el 42%), primer accionista de la constructora Sacyr (15%) y principal accionista del grupo Pescanova (7,8%), vive tiempos agitados. Los problemas de Sacyr para mantener las obras de ampliación del Canal de Panamá y la operación diseñada para controlar Pescanova van a poner a prueba la capacidad de maniobra y la fortuna de los Carceller.

La fortuna familiar está sometida, además, al escrutinio de la Fiscalía Anticorrupción por las maniobras supuestamente delictivas de Demetrio Carceller Coll, padre de Carceller Arce, para defraudar a la Hacienda Pública. Anticorrupción acusaba también al actual presidente de Damm, pero la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional levantó la imputación al empresario a principios de año.

En la partida empresarial múltiple a la que se enfrenta Carceller, los movimientos son de cientos de millones. Eso, sin contar imprevistos. El más reciente ha sido el levantado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al probar que en la cervecera Damm, en la que  los Carceller declaraban controlar un 27,9% a través de la compañía Disa (primer accionista también de Sacyr), controlan en realidad más del 42%.controlan en realidad más del 42%. La clave: Carceller padre, junto a su esposa Carmen Arce Ochoa, poseen una sociedad llamada Seegrund que controla casi el 14% de Damm.

El asunto tiene trascendencia porque una interpretación estricta de la legislación, que Damm y los Carceller descartan, podría obligar a la familia a lanzar una OPA de exclusión sobre la compañía al sobrepasar el 30% del capital. Frente a esta tesis, los Carceller defienden que una cosa son las acciones del hijo y otra las acciones del padre.

La partida de Pecanova

La posición en Damm, sin embargo, es clave en la partida que los Carceller libran por el control,del grupo Pescanova. Carceller, junto un grupo de fondos (KKR, Ergon y Luxempart) ha propuesto a los bancos acreedores una fuerte quita de la deuda (de entre el 80% y el 90%), acompañada de una "operación acordeón" (reducción y ampliación de capital) en la que se aportaría entre 250 y 300 millones de "dinero fresco". Una cantidad importante. La operación, en cualquier caso, tiene que pasar el filtro de la junta de accionistas.

Son cientos de millones en un contexto empresarial todavía difícil, muy condicionado por la falta de crédito. En ese marco, Carceller se enfrenta a los problemas de Sacyr en Panamá. La constructora, en la que Carceller, a través de Disa Corporación Petrolífera, controla un 13%, necesita dinero fresco para que el consorcio que encabeza junto al grupo italiano Impregilo y el belga Jan De Nul culmine las obras que ganó en 2009 con una oferta de 3.200 millones de dólares.

El consorcio que lidera Sacyr reclama 1.600 millones de dólares más a las autoridades panameñas para concluir las obras. La negociación, en la que ha participado el Ministerio de Fomento está en marcha. Fuentes al tanto de los contactos apuestan por una solución en la que ambas partes, la Autoridad del Canal de Panamá y el consorcio que encabeza Sacyr acercarían posiciones, los panameños aportando algún dinero más y la constructora asumiendo el cumplimiento del contrato.

Crédito cegado

Para ello, necesita también dinero. Con el crédito cegado, fuentes conocedoras de la situación del grupo apuestan por una posible ampliación de capital que daría aire al negocio y permitiría mantener la actividad en Panamá. Un portavoz de Sacyr, sin embargo, ha descartado de plano tal posibilidad y ha destacado la capacidad de obtener recursos del grupo en caso de que lo precisara.

Sacyr colocó hace dos años en el mercado 230 millones en bonos convertibles en acciones entre inversores institucionales europeos.  El vencimiento previsto era el 1 de mayo de 2016 con un interés fijo anual pagadero trimestralmente del 6,50% nominal anual y un precio de conversión inicial de 10,61 euros por acción.

La posibilidad de realizar una nueva emisión es una opción más en el complicado momento empresarial que vive Carceller, sometido más que nunca al escrutinio público por el origen y la gestión de la fortuna familiar.

La fortuna familiar de los Carceller se inició con el abuelo, Demetrio Carceller Segura, exministro de Industria de la dictadura franquista. Carceller Segura, el patriarca, fue ministro de Industria en 1940 y aliado de la Alemania nazi, es considerado por el historiador Josep Fontana como "el iniciador de la corrupción a gran escala" del franquismo.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado parcialmente el recurso presentado por la defensa del presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, y ha acordado el archivo de las diligencias por las que fue imputado el pasado mes de junio por el juez Pablo Ruz por delitos contra la Hacienda Pública. Anticorrupción ya había presentado escrito de acusación contra él solicitando 14 años de prisión.

Fuentes de la defensa de Carceller y de la de su padre, Demetrio Carceller Coll, para quien se piden 48 años de cárcel también por fraude fiscal, han señalado a Europa Press que en otro auto la misma Sala dictamina que se han vulnerado los derechos de este último, hurtándole la posibilidad de realizar pruebas periciales que desvirtúen los hechos que se le imputan.

En este sentido, la Audiencia Nacional revoca el auto de procedimiento abreviado dictado por el juez Pablo Ruz contra Carceller Coll y deja igualmente sin efecto los escritos de acusación, el auto de apertura de juicio oral y la exigencia de fianza, si bien el empresario continúa imputado en el procedimiento.

El pasado 4 de noviembre Ruz impuso al expresidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Coll, y a su hijo y actual presidente, Demetrio Carceller Arce, fianzas de 511,192 millones de euros y 253,653 millones de euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil y multas por las que podrían ser condenados como responsables de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales.

La plataforma de afectados de Pescanova, que representa el despacho de abogados de Joaquín Yvancos, ha calificado este lunes de "tomadura de pelo" la elección del consorcio Damm y los fondos Luxempart, KKR y Ergon Capital para reflotar la pesquera. 

"Resulta escandaloso que sean las mismas personas, algunas de ellas imputadas en la Audiencia Nacional por la comisión de graves delitos, quienes se autoproclamen como los salvadores de una sociedad que fue quebrada con la participación de los propios consejeros que quieren controlar el destino de Pescanova", ha subrayado dicha plataforma. 

La Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado mes de octubre en la Audiencia Nacional un escrito solicitando la apertura de juicio oral contra el que fuera presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Coll; su hijo y actual presidente, Demetrio Carceller Arce y otras dos personas como responsables de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales. 

Al actual presidente de Damm, Carceller Arce, se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública, en concreto por el fraude de IRPF correspondiente a los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009 y por el fraude sobre Impuesto sobre el patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal 2007, además de un delito de blanqueo de capitales. Se le piden por ello 14 años de cárcel y multas millonarias. A su padre, Anticorrupción le pide tres años y medio de prisión por cada uno de los delitos de fraude y tres años por el de blanqueo.

La plataforma de afectados ha denunciado que parte del actual consejo de la empresa gallega se adjudica el control de la firma, tras "ocultar" a los accionistas y a la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el contenido de las otras cuatro ofertas que pugnaban para dirigir el proceso de reestructuración de la firma y asegurar su viabilidad futura.

A su juicio, la solución para la firma gallega sería la venta a la mejor oferta, supervisada por el Juzgado de lo Mercantil que conoce el concurso, "con luz, taquígrafos y transparencia", unas características que, en su opinión, no cumplen los consejeros, "destacados autores en la ruina de Pescanova".

Finalmente, el despacho de Yvancos ha subrayado que la única alternativa para que los accionistas minoritarios recuperen la inversión sería adherirse a la querella presentada el 11 de abril y que dio origen al procedimiento que se sigue ante la Audiencia Nacional.