El Ministerio de Sanidad ha notificado este jueves las dos primeras muertes en España por hepatitis de origen desconocido en niños, tras no poder superar el trasplante de hígado. Según recoge el informe de Sanidad publicado este jueves, entre los 46 casos detectados en España se han tenido que realizar tres trasplantes de hígado. Se trata de una niña de 3 años residente en Aragón con buena evolución clínica, un niño de 6 años de Murcia y un bebé de 15 meses en Andalucía, según informa Europa Press.

El niño de 6 años inició síntomas el 2 de julio y el 18 fue trasladado a un hospital de Madrid para trasplante en situación grave con un edema cerebral. El trasplante se realizó el 29 de julio y falleció a las 24 horas de ser trasplantado. El otro fallecido es un bebé de 15 meses residente en Andalucía que ingresó a finales de junio con cuadro de gastroenteritis aguda con cultivo positivo para Adenovirus en situación crítica (encefalopatía y coagulopatía grave). El caso requirió trasplante hepático urgente y también falleció en las siguientes 24 horas.

España ya ha notificado 46 casos de esta hepatitis de origen desconocido, con edades comprendidas entre los 0 y 16 años con más del 60 por ciento de niñas, según los datos a 3 de agosto de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica que lidera el Ministerio de Sanidad. Cinco casos son menores de 1 año, y 3 de ellos, con inicio de síntomas a finales de junio, son dos neonatos de 3 y 5 días (ingresados en UCI) y un niño de 48 días en los que se ha detectado enterovirus, en uno de ellos además adenovirus y en otro SARS-CoV-2.

Los casos se han detectado en 10 comunidades autónomas, sin relación epidemiológica entre ellos e iniciaron síntomas entre el 2 de enero y el 2 de julio, estando la mayor parte de las detecciones entre el 7 de marzo y el 1 de mayo. Así se distribuyen los casos por CCAA: Andalucía (3), Aragón (1), Baleares (4), Canarias (1), Castilla y León (2), Castilla-La Mancha (3), Cataluña (9), Galicia (5), Madrid (15) y Murcia (3).

La edad media de los casos en investigación ha sido de 5,3 años y la mediana de edad fue de 4 años. Por sexos, 29 casos fueron niñas (64,4%) y 16 niños (35,6%), observándose una mayor proporción de niñas sobre todo en el grupo de 0 a 5 años. Entre los casos de los que se dispone de información sobre los síntomas, los notificados con mayor frecuencia han sido malestar (26 casos; 65%), vómitos (26 casos; 59%), fiebre (23 casos; 58%) y dolor abdominal (21 casos; 50%). Se notificó ictericia en 20 casos (50%), diarrea en 12 casos (29%), síntomas respiratorios en 10 casos (25%) y rash en 9 casos (23%).

En el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III se han realizados las investigaciones microbiológicas y de metagenómica. Se han detectado 7 casos positivos para virus herpes y 10 de los 21 analizados (47,6%) han sido positivos para adenovirus, por lo que sigue siendo el principal sospechoso de estar detrás de estos casos. En cualquier caso, Sanidad asegura que "hasta el momento, el número de casos de hepatitis de causa desconocida en niños y trasplantes observados en esta alerta se encuentran dentro de los esperados según las estimaciones realizadas con datos de los años previos".

De hecho, Sanidad explica que un análisis comparativo entre CCAA no ha observado "un aumento de los casos de hepatitis grave de origen no conocido en niños de 0 a 16 años en el periodo de enero a mayo de 2022 comparado con el mismo periodo de los cinco años anteriores, ni tampoco en la desagregación de códigos y edades". "No se detectó tampoco entre enero y julio de 2022 a nivel nacional mayor incidencia de hepatitis fulminantes en la edad pediátrica que requieran trasplante hepático, respecto al promedio estimado para el mismo periodo entre 2012 y 2021", resume el Ministerio.

A nivel internacional, hasta el 28 de julio se han notificado en Europa 507 casos en 21 países, 273 en Reino Unido, Austria (6), Bélgica (14), Bulgaria (1), Chipre (2), Dinamarca (8), Francia (9), Grecia (12), Irlanda (24), Israel (5), Italia (36), Letonia (1), Luxemburgo (1), Países Bajos (15), Noruega (6), Polonia (15), Portugal (20), Moldavia (1), Serbia (1) y Suecia (12).

Fuera de Europa se han detectado casos especialmente en las Américas (487 casos), siendo la mayoría de casos en Estados Unidos (354 casos), seguido de la región de Pacífico Occidental (77 casos), Sudeste asiático (23 casos) y este Mediterráneo (2 casos).

Entre el 1 de enero de 2022 y el 26 de mayo de 2022, en España se han detectado 30 casos de hepatitis aguda grave que están actualmente en investigación, de los cuales 24 tienen una edad igual o menor a 10 años y ninguno está relacionado entre sí.

Así se desprende del último informe Alerta de hepatitis no A-E aguda grave de causa desconocida en niños menores de 10 años en Reino Unido. Situación en España, publicado por el Ministerio de Sanidad y recogido por Europa Press, en el que, además, señala que hay cinco casos con resultados pendientes y otros seis casos se han descartado (cuatro de ellos por otras patologías y dos porque el inicio de los síntomas fue anterior a los descrito en la definición de caso).

No se ha detectado ningún caso con vínculo epidemiológico. Los casos en investigación son residentes en 10 comunidades autónomas: 11 en Madrid, 5 en Galicia, 4 en Cataluña, 3 en Baleares, 2 en Andalucía, 1 en Aragón, 1 en Canarias, 1 en Castilla y León, 1 en Castilla-La Mancha y 1 en Murcia.

El inicio de síntomas del primer caso fue el 2 de enero de 2021 y el del último caso notificado el 16 de mayo de 2022. Se observa una mediana del número de casos por semana de 1 con un rango de 0 a 6 casos, produciéndose estos 6 casos en la semana 12, correspondiente a la semana del 21 al 27 de marzo.

La edad media de los casos en investigación ha sido de 6,1 años (desviación estándar de 4,8 años) y la edad mediana fue de 4,5 años (rango 6 meses-16 años). Por sexos, 19 casos fueron niñas (63,3%) y 11 niños (36,7%), observándose una mayor proporción de niñas en los grupos de edad de 0-5 y 6- 10 años.

De acuerdo con las encuestas, 20 casos habían recibido el alta hospitalaria, 4 seguían hospitalizados y en 6 no consta la información, y sólo en un caso ha sido necesario realizar un trasplante de hígado. Los síntomas notificados con mayor frecuencia fueron: vómitos (19 casos; 63%) y fiebre (16 casos; 59%). La ictericia se notificó en 15 casos (52%), la diarrea en 9 casos (32%) y los síntomas respiratorios en 6 (21%). En 8 casos se notificó exantema cutáneo.

"Es necesario mantener la intensidad en la vigilancia y las actuaciones que ya se están realizando para la investigación de los pacientes para confirmar o descartar si existe un incremento de casos de hepatitis no filiada respecto a lo esperado, valorando siempre con prudencia el efecto de la búsqueda activa de casos compatibles en el incremento de casos notificados respecto a años en los que no se realizaba esta acción", señala Sanidad en el informe.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene contabilizados hasta el momento 650 casos probables de hepatitis aguda de origen desconocido en niños procedentes de 33 países, y otros 99 que están aún "pendientes de clasificación".

La mayoría de los casos notificados (374; 58%) proceden de la Región Europea de la OMS (22 países), con 222 (34%) casos solo del Reino Unido e Irlanda del Norte. Le siguen las Américas (240, incluidos 216 casos en Estados Unidos América), el Pacífico Occidental (34), la Asia Sudoriental (14) y el Mediterráneo Oriental (5).

De los 650 casos probables, al menos 38 (6%) niños han necesitado trasplantes, y se han notificado un total de nueve (1%) muertes, según el último informe publicado por el organismo sanitario internacional de Naciones Unidas.

La causa de esta hepatitis aguda grave "sigue siendo desconocida y se está investigando". "Los casos son más graves desde el punto de vista clínico y una mayor proporción desarrolla insuficiencia hepática aguda en comparación con los casos anteriores de hepatitis aguda de etiología desconocida en niños. Queda por establecer si los casos detectados están por encima de los niveles de referencia esperados, y dónde", explica la OMS, que califica el riesgo a nivel mundial como "moderado".

Según el último Informe de Vigilancia Conjunto de la Oficina Regional de la OMS para Europa y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), publicado el pasado 20 de mayo, tres cuartas partes (75,4%) de los casos son menores de 5 años.

De 156 casos con información sobre el ingreso hospitalario, 22 (14,1%) fueron ingresados en una unidad de cuidados intensivos. De los 117 casos para los que se disponía de esta información, 14 (12%) han recibido un trasplante de hígado. En total, 181 casos fueron sometidos a pruebas de adenovirus por cualquier tipo de muestra, de los cuales 110 (60,8%) resultaron positivos. La tasa de positividad fue la más alta en las muestras de sangre total (69,5%).

De los 188 casos sometidos a la prueba de PCR para el SARS-CoV-2, 23 (12,2%) resultaron positivos. Los resultados de la serología para el SARS-CoV-2 sólo estaban disponibles para 26 casos, de los cuales 19 (73,1%) tuvieron un resultado positivo. De los 63 casos con datos sobre la vacunación contra el covid-19, 53 (84,1%) no estaban vacunados.

"La mayoría de los casos notificados parecen no estar relacionados y se están llevando a cabo amplias investigaciones epidemiológicas para identificar exposiciones comunes, factores de riesgo o vínculos entre los casos", remacha la OMS.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa y archivo de las actuaciones respecto a los cargos del Sergas (Félix Rubial y Carolina González-Criado) investigados como presuntos responsables de delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y prevaricación por supuestamente no facilitar el tratamiento a pacientes de hepatitis C.

"No podemos afirmar que la muerte o fallecimiento de los pacientes sea imputable causalmente a los investigados", indica el fallo, del que ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). En él, se añade que "el fallecimiento sobrevino por causas ajenas a la demora, omisión o dilación en la tramitación de las peticiones o solicitudes de aplicación de los nuevos fármacos".

El juez Andrés Lago Louro destaca que los medicamentos "se hallaban todavía en fase casi experimental y con unos resultados que todavía eran inciertos, de ahí la necesidad de que las autoridades sanitarias diseñasen mecanismos o procedimientos destinados a precisar con sumo cuidado aquellos casos en los que estaría indicada su aplicación".

El auto, que puede ser recurrido, señala que tampoco se puede concluir que, de haberse aplicado a los pacientes los nuevos fármacos, se hubiese evitado su fallecimiento.

"Si analizamos el exhaustivo informe que ha sido emitido por el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), la conclusión que se extrae es que el fallecimiento de los pacientes se produjo por causas ajenas al suministro de los nuevos fármacos", recalca el juez, quien añade que del informe forense se infiere que los nuevos tratamientos antivirales "lo que conseguían era una eficacia muy alta a la hora de eliminar el virus de la Hepatitis C, pero ello no quiere decir que los pacientes se curaran".

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron este miércoles universalizar el acceso a los fármacos de última generación capaces de curar indefinidamente determinados genotipos de la hepatitis C. Tras haber tratado hasta el pasado noviembre a 65.252 pacientes aquejados de una fibrosis hepática significativa –entre los grados F2 (nivel moderado de cicatrices en el hígado producto de la inflamación) y F4 (cirrosis), que es el último– el compromiso es extender esta prestación a los F0 y F1. Hasta ahora sólo dos comunidades, Madrid y la Comunitat Valenciana, trataban ya a todas las personas con hepatitis C, independientemente de su gravedad. 

Esta medida supone la culminación del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C que el Gobierno aprobó definitivamente a finales de marzo de 2015, tras casi cuatro meses de intensas protestas por parte de las plataformas de enfermos, que llegaron a mantener encierros en hospitales públicos para reclamar los tratamientos. La Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), formada principalmente por hepatólogos, también fue muy beligerante en la reclamación de estos tratamientos.

Este plan supuso un cambio de criterio por parte de ministerio, que tres meses antes había mantenido que sólo había dinero para tratar a 7.000 pacientes. El exministro Alonso explicó entonces que ese cambio tenía que ver con una estrategia de negociación llevada a cabo con las farmacéuticas y a la fijación de acuerdos de riesgo compartido. Antes de la aprobación de esta estrategia la AEEH afeó al Gobierno haber previsto una prescripción "limitada". Después calificó el plan de "modélico". 

Motivo de "orgullo"

Ahora, la culminación de este plan nacional es un motivo de "orgullo" para los afectados, que están convencidos de que sin su "lucha" la estrategia nunca se habría desarrollado en estos términos. "Es una buena noticia para todos. Luchamos por vivir y vencimos, el resultado es este", dice a infoLibre Mario Cortés, impulsor de la Plataforma de Afectados por Hepatitis C (PLAFHC), con presencia en varias comunidades autónomas y grandes movilizaciones detrás como el encierro de 90 días en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Cortés, que ya no preside la plataforma, consiguió curarse gracias al medicamento Viekirax, de los laboratorios Abbvie, que eliminó el virus de su cuerpo en apenas tres meses. "Tengo 50 años y me daban una esperanza de vida de ocho o nueve años. Ahora estoy sano, feliz y con ilusión", asevera. Considera también que es relevante reconocer a los responsables públicos cuando "hacen las cosas bien, como en este caso" ya que asegura que han cumplido "lo que prometieron". 

Ricardo García, portavoz de la delegación de la PLAFHC en Bizkaia, también se curó gracias a los fármacos innovadores. En su caso, el Sovaldi, comercializado por Gilead, del que todavía guarda una caja en casa. "Volví a nacer, ahora me siento como un chaval. Antes estaba desahuciado, sin pensar en el futuro", explica. García cree que, en general, el balance "es muy positivo", aunque afea a los laboratorios haberse aprovechado de esta coyuntura poniendo precios "excesivos" a los fármacos. 

"Hemos luchado mucho. La verdad es que nos habría gustado que los tratamientos hubieran llegado más rápido, aunque quizá todo habría ido incluso más lento sin las protestas", dice, por su parte, Lourdes Luengo, de la PLAFHC de Valladolid. Por otro lado, esta portavoz asegura que todavía hay dificultades para los fármacos de última generación lleguen a las personas presas. 

Alto precio 

Hasta 2014, para hacer frente a la hepatitis C –un virus que provocaba la muerte directa de casi 900 personas cada año en España, según el INE–, los médicos contaban con terapias con agentes antivirales (interferón y ribavirina) que, además de tener una eficacia limitada, acarreaban notables efectos secundarios. Pero en enero de ese mismo año la Agencia Europea de Medicamentos autorizó la comercialización en los 28 países de la UE de un fármaco innovador (el sofosbuvir, o Sovaldi de nombre comercial) que se había demostrado capaz de eliminar totalmente la carga viral en determinados genotipos. ¿El problema? Su precio.

Gilead, la farmacéutica norteamericana que comercializaba el Sovaldi mantenía una posición férrea. Aunque no es el inventor del fármaco –compró por 11.000 millones de euros Pharmasset, el laboratorio que había dado con la molécula indicada– comenzó a vender el tratamiento de 12 semanas en Estados Unidos por 72.000 euros. Quizá consciente de la aparición de nuevos fármacos todavía más eficaces –en julio se aprobó el simeprevir y después llegaron otros antivirales–, el laboratorio intentó rentabilizar al máximo su inversión aunque fuera a costa de que el fármaco no pudiera llegar a todas las personas que lo necesitaban.

A mediados de enero de 2015, tras semanas de denuncia de falta de transparencia por parte de colectivos y medios de comunicación, el Ministerio de Sanidad accedió a informar sobre el precio de la terapia combinada de Sovaldi y Olyso, que comercializa el laboratorio Janssen: 43.500 euros por 12 semanas. Dos meses después, en marzo, el Gobierno aseguró que había establecido con los laboratorios unas condiciones de compra que habían reducido el precio de los tratamientos hasta los 14.000 euros de media. 

Esto se consiguió pactado una compra por volumen, que reduce el precio de los tratamientos cuantos más se compren; un techo de gasto, que en ese momento se dijo que sería de 727 millones de euros en los próximos tres años; y una estrategia de riesgo compartido, que quiere decir que si el tratamiento no hace afecto a las 12 semanas, la farmacéutica tiene que encargarse de dispensar otro sin que eso suponga desembolsar ni un euro más.

Sin embargo, la última memoria del Consejo Económico y Social (CES) –organismo en el que están representados sindicatos, patronales, organizaciones de consumidores y usuarios y el Gobierno– recoge que el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha invertido 1.640 millones de euros entre enero de 2015 y noviembre de 2016 para tratar con todas las terapias innovadoras disponibles a 65.252 pacientes de hepatitis C. En consecuencia, el coste de cada tratamiento se estima en alrededor de 25.100 euros. infoLibre pidió este miércoles al Ministerio de Sanidad una confirmación de estos datos, pero no obtuvo respuesta. 

Por otro lado, el Gobierno tiene previsto destinar 200 millones de euros adicionales para incluir a aquellos enfermos cuyos grados de fibrosis sean menos significativos, alcanzando una cobertura completa, si bien esta partida específica no está incluida en los Presupuestos Generales del Estado para este año, una cuestión que ha sido criticada por varios consejeros socialistas a la salida del consejo interterritorial en el que se pactó el acceso universal a los fármacos. 

El virus de la hepatitis C fue identificado por primera vez en el año 1989 por el investigador inglés Michael Houghton y su equipo. Cerca de 24 años después, en diciembre de 2013, la Agencia Estadounidense del Medicamento aprobó Sovaldi como el principal tratamiento para las personas portadoras. Fue, también, el inicio de una odisea para los afectados españoles que reclamaban ser tratados, y cuya lucha ha llevado a dos altos cargos de la sanidad gallega a comparecer ante el juez acusados de homicidio por imprudencia profesional grave.

En noviembre de 2014, Solvaldi comenzó a comercializarse en España, después de nueve meses de negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y el laboratorio norteamericano. Lo hizo, sin embargo, a un precio considerablemente alto: la empresa farmacéutica Gilead fijó un importe 180 veces superior al de su producción.

El problema de precios vino ligado a las limitaciones en la dispensación de los fármacos, que únicamente eran cedidos a las personas con el virus en fase avanzada (F2, F3 y F4), pero no a aquellos que se encontraban en fase inicial (F0 y F1). Los afectados por la hepatitis C vieron, tras la aprobación de Sovaldi, cómo estos tratamientos tardaban meses en llegar o nunca llegaban.

Dos altos cargos acusados de homicidio

Las competencias del sistema sanitario español están transferidas a las comunidades autónomas, y por tanto en ellas recae la responsabilidad de dirimir la aplicación de los tratamientos. Para la toma de decisiones, las regiones emplearon unos comités de evaluación que decidían qué peticiones se atendían y cuáles se descartaban. Sin embargo, las restricciones y los retrasos en comunidades como Galicia provocaron la muerte de hasta seis personas. 

Ante esta situación, el colectivo gallego de médicos Batas Blancas decidió tomar cartas en el asunto y denunciar los fallecimientos de los pacientes desatendidos. Es ahí donde entró en juego la Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C, presidida por Quique Costas, quien señala en conversación con infoLibre que en ese momento el colectivo Batas Blancas puso sus casos, junto con otros documentados por la propia plataforma, en conocimiento de la Fiscalía de Santiago de Compostela.

Tras abrir diligencias, las conclusiones fueron claras: altos cargos de la Consellería de Sanidade fueron acusados de delitos de prevaricación y homicidio por imprudencia profesional grave. Se trata del ex director general de Asistencia Sanitaria y actual gerente del área sanitaria en Vigo, Félix Rubial, y de la subdirectora general de Farmacia, Carolina González-Criado. A finales de 2015 la denuncia llegó al juzgado de instrucción número tres de Compostela, que dictó un auto de incoación y abrió diligencias en las que, no obstante, sólo especificaba delito de prevaricación administrativa. Ni rastro de la acusación por homicidio.

En una primera declaración, los acusados únicamente comparecen por prevaricación y "el juez impide a la Fiscalía y a la representación legal realizar preguntas relacionadas con los presuntos delitos de homicidio", relata Costas. Es la Audiencia Provincial de A Coruña la que finalmente mueve ficha y en diciembre de 2016 pide investigar por homicidio a ambos cargos, desestimando el recurso de la Xunta que solicitaba el archivo de la causa. "Indica que hay que investigar la posible comisión de delitos de homicidio, y ordena al juez instructor que los cite para que declaren en calidad de investigados", señala Costas. Este miércoles ambos han comparecido en Santiago de Compostela.

Costas celebra los resultados de su lucha, pero reconoce un "sabor agridulce" porque las víctimas fueron rechazadas como acusación particular, y por tanto no han podido estar representadas "e interrogar a los dos comparecientes", algo que valora como carente de sentido.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo durante todo el proceso una actitud de amparo ante sus altos cargos, quienes no han sido cesados porque, en palabras del presidente gallego, "cumplieron con su trabajo". "El comportamiento de Feijóo en este asunto es el comportamiento de un psicópata", subraya Costas, quien censura que el conservador, "igual que otros cargos de la Consellería de Sanidade, manifiesta siempre su absoluta falta de empatía por las víctimas".

Feijóo, además, no titubeó al calificar de "indigna" la denuncia presentada en un inicio por el colectivo médico. "Parece que las víctimas se clasifican en víctimas políticamente rentables y víctimas políticamente molestas", lamenta Costas. "Las nuestras, junto a otras como las del Alvia, son molestas", concluye.

Además de la gallega, no existe en la actualidad ninguna otra causa judicial abierta respecto a la lucha de los afectados por la hepatitis C. En mayo de 2015, el Tribunal Supremo archivó la querella presentada por la plataforma estatal contra la exministra de Sanidad, Ana Mato, al considerar que los hechos denunciados –omisión del deber de socorro–, no eran "constitutivos de ilícito penal".

Plan Estratégico Nacional

En febrero de 2015 el Ministerio de Sanidad presentó su Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C, por el que se garantizaba el acceso prioritario a los pacientes que sufrieran una fibrosis hepática significativa, es decir, los que se encontraran entre los grados F2 y F4. Para pagar estos tratamientos, no obstante, el Gobierno no reservó un fondo específico, sino que se encargó al Ministerio de Hacienda poner a disposición de las comunidades préstamos a un bajo interés –de entre el 0% y el 1,2%– a devolver en 10 años.

El pasado 7 de febrero, la actual ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, anunció que un total de 66.777 personas recibieron un tratamiento antiviral de última generación entre los años 2015 y 2016. Días antes, el secretario General de Sanidad, Javier Castrodeza, señaló que la inversión requerida ha sido de 1.040 millones de euros en 2015 y "unos 600 millones" en 2016. Asimismo, se estima que alcanzará los 200 millones en el presente ejercicio.

Mario Cortés, expresidente de la plataforma estatal de Afectados por la Hepatitis C, aporta una visión optimista al valorar como un "logro muy grande" la puesta en marcha del plan nacional. "Es muy positivo" que exista una estrategia encaminada a solventar la situación, pero, recalca, "lo importante ahora es que se cumpla".

Esther Mate, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C en Salamanca, expone en declaraciones a este diario las tareas pendientes tras los dos primeros años del plan. Las principales exigencias reclaman la inclusión de las fases F0 y F1 en la estrategia, que se contemple un presupuesto adecuado y que se tenga en cuenta un cribado que analice la prevalencia del virus. "Cuando haces un plan nacional –señala Mate– lo primero que tienes que saber es la prevalencia, el número de personas enfermas de esa patología, y a partir de ahí desarrollas el plan y lo dotas del presupuesto adecuado". 

"Aquí se empezó la casa por el tejado", continúa la portavoz, quien sin embargo celebra que el Gobierno "se haya dado cuenta de que un estudio de prevalencia es fundamental". Sanidad anunció a finales de enero la elaboración de un estudio que se desarrollará sobre una muestra de 8.800 personas en el primer semestre del año, con el fin de conocer la prevalencia real en el país. Asimismo, relata Mate, los afectados "esperan que desde el ministerio doten al plan de un presupuesto realista" capaz de asumir los costes de "comprar tratamientos, hacer prevención y pagar los estudios en marcha".

Mate reclama, por otro lado, que se aborde la incidencia del virus en la población infantil, en la migrante – "muchos provienen del norte de África, con mayor incidencia que en Europa, y sin tarjeta sanitaria"–, y en las personas que se encuentran en prisión. Según los últimos datos ministeriales, la incidencia en cárceles es del 18,7%, mientras que el número de personas que han sido tratadas hasta enero de 2017 es de 12.015, y los presos con virencia sin tratar han ascendido hasta los 5.000 aproximadamente. La líder de la plataforma en Salamanca apunta que "el gran problema de las cárceles supone un coto cerrado del ministerio". En este sentido, el pasado viernes 17 de febrero el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo, anunció que las competencias en materia de sanidad penitenciaria serán transferidas a las comunidades autónomas a lo largo de la legislatura. Mate celebra que "por fin" se vaya a realizar el traspaso, que fue aprobado por mayoría en el Senado en octubre de 2016, aunque matiza que la propuesta "tiene que volver al Congreso para ser ratificada y luego ponerla en marcha", de modo que puede "pasar un año o dos en la misma situación".

Las reclamaciones y denuncias de los ciudadanos ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por falta de información sobre las instituciones y su actividad, crecieron un 135% en lo que va de 2016 al pasar de 517 en enero a 1.217 en octubre.

El órgano tramitó, desde su creación en 2015, 2.119 iniciativas ciudadanas entre las que destacan 1.217 reclamaciones (57%), 571 informaciones al ciudadano (27%), 214 consultas sobre aplicación de la Ley (10%) y 79 denuncias por su incumplimiento (4%).

De las 1.217 reclamaciones presentadas ante el Consejo, 978 corresponden a la Administración General del Estado y 239 a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, de las que se admitieron a trámite 146 relacionadas con asuntos de personal, ordenanzas fiscales y documentación de contratos.

Estas últimas –admitidas a trámite– crecieron un 25% sobre las acumuladas hasta el mes de septiembre, correspondiendo la mayor parte a Cantabria (42), Castilla La-Mancha (38) y Asturias (25). En el resto del territorio reclamaron Extremadura (15), Ceuta (12), La Rioja (11) y Melilla (3).

El gasto de Eurovisión los presos de ETA o los Consejos de Ministros

Las resoluciones estimadas en el último mes de octubre favorables a los ciudadanos permitirán conocer, entre otras cosas, el gasto del festival de Eurovisión de 2016, las órdenes del día de los Consejos de Ministros, el número de presos de ETA y Grapo en cárceles españolas o los diez mayores tenedores de deuda del Estado desde 2007.

Otras resoluciones en el último mes permitirán conocer los delitos de tráfico cometidos por personal militar, el contenido del libro de quejas del Ministerio de Sanidad, los fondos concedidos por el ICO a entidades privadas en 2015 o los viajes de los ministros de Industria a Canarias desde 2009.

A lo largo de su actividad, el Consejo que preside Esther Arizmendi resolvió reclamaciones que permitieron conocer asuntos como los gastos de las embajadas en el exterior, los fondos recibidos por la Iglesia Católica o la licitación de los trenes y líneas del AVE.

Destacan también las reclamaciones sobre el informe sobre restricción a uso hospitalario de la vacuna de la varicela, las reuniones con empresas del sector tabaquero o la declaración de intereses de los miembros del plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C.

El Consejo tiene suscrito convenio –atender las reclamaciones que afecten a organismos y entidades– con las comunidades autónomas de Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Cantabria, Ceuta, Melilla y, desde hace unos días, la Comunidad de Madrid.

El histórico dirigente del nacionalismo gallego, Xosé Manuel Beiras, ha elevado el tono este jueves en un acto público en Lugo, en el que ha reiterado que las "políticas" del PP "matan" y una muestra de ello es que "votaron en contra" de dar la medicación a los enfermos de hepatitis C, informa Europa Press.

En la tarde noche de este miércoles en la capital lucense, donde durante la campaña para las elecciones gallegas de 2012 acusó al PP de "matar más que ninguna organización terrorista" en España, Beiras ha recuperado ese discurso poniendo como ejemplo el caso de los enfermos de hepatitis C en Galicia, por los que la Xunta se enfrenta a un proceso judicial por no hacerse cargo de su medicación.

De este modo, el portavoz de Anova ha recordado que los diputados del PP "votaron en contra" de una iniciativa parlamentaria que reclamaba que el Gobierno gallego hiciese frente al pago de las medicinas para estos pacientes. "Claro que mataban", ha exclamado.

También ha hecho referencia a los desahucios, criticando que los conservadores dejaron "sin techo" a muchas personas "violando la Constitución" española y la "carta de los Derechos Humanos" a la que "al parecer el Estado español forma parte de ella", ha ironizado.

Así, ha añadido que "algunas" de esas personas que perdieron su hogar "se suicidaron", para luego recuperar los "carteles" que se veían en algunas de las protestas contra los desahucios y que rezaban: "No es un suicidio, es un asesinato". "Beiras tenía razón", ha zanjado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "indigna" la denuncia por retrasos en la administración de tratamientos a afectados por Hepatitis C en Galicia y ha proclamado que "la inmensa mayoría de los facultativos" del Servizo Galego de Saúde (Sergas) comparten su posicionamiento, tras volver a rechazar cualquier retraso ligado a cuestiones económicas.

Núñez Feijóo se ha reafirmado en las críticas realizadas en una entrevista con Onda Cero en relación a los impulsores de una denuncia promovida por la Plataforma de Afectados pola Hepatitis C y por el colectivo Batas Blancas, con el doctor Evaristo Varo al frente, a raíz de la que se ha abierto una causa judicial, con dos cargos destacados del Sergas investigados.

"Conozco perfectamente los intereses que hay detrás. Lo sé; por eso reitero: cuando médicos que hacen trasplantes hepáticos a 100.000 euros cada trasplante y después dicen que se disminuye el dinero de la Hepatitis C es indigno. Y la inmensa mayoría de los facultativos del Sergas consideran indigna esa denuncia y su posicionamiento", ha espetado Feijóo a Antón Sánchez (AGE).

Previamente, Sánchez le había afeado su comportamiento y le había instado a aclarar qué considera "reprochable" de la actitud de los médicos que "denunciaron una situación para salvar vidas". "Desde su poderosa posición ataca a un trabajador público con la actitud propia de un matón", ha advertido al presidente, afirmación que el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, ha retirado, y por la que fue llamado al orden dos veces.

"¡Pues macarra!"macarra, ha apostillado la parlamentaria del Grupo Mixto Chelo Mártinez desde su escaño, mientras que Feijóo, en su turno de réplica no ha variado su postura y, tras garantizar que se cumplieron los protocolos para tratar a enfermos de Hepatitis C, ha asegurado que él "defenderá" la sanidad pública de quienes buscan "denostar y humillar" el sistema. Y es que, ha aseverado, "decir que los pacientes mueren por falta de dinero es indigno".

"Comprendo que haya políticos, periodistas o médicos que intentan extender una idea falsa del funcionamiento de la sanidad pública, pero que un político lo haga en la Cámara es despreciable. Que lo reitere es doblemente despreciable. Su catadura moral quedará reflejada en el diario de sesiones por segunda vez", ha afeado a Sánchez, mientras que éste ha ironizado con que "el amigo de Marcial Dorado y de Pachi Lucas hable de catadura moral".

Los dos altos cargos del Servicio Gallego de Salud (Sergas) investigados por supuesta prevaricación por los retrasos en la concesión de tratamientos contra la hepatitis C, declararon este jueves en el juzgado para defender el "diligente" y "correcto" funcionamiento de la subcomisión de Farmacia encargada de autorizar estos fármacos.

El que era entonces director de Asistencia Sanitaria del Sergas, Félix Rubial, y la subdirectora de Farmacia, Carolina Gómez-Criado, llegaron a los juzgados de Fontiñas (Santiago) acompañados del abogado del Sergas, Manuel Pillado.

Al concluir las declaraciones, este defendió ante los medios de comunicación el "pleno ánimo de colaboración" de los dos investigados y agradeció la oportunidad que han tenido para explicar el "correcto" y "diligente" funcionamiento de la subcomisión de Farmacia. Pillado añadió que se ha facilitado nueva documentación a la causa.

Por su parte, el abogado de la acusación popular, que ejerce la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, aseguró que la declaración "no satisfactoria" ya que quedan "muchas lagunas que habrá que analizar".

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la hepatitis C, Quique Costas, tildó este miércoles al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de "canalla político" y le acusó de ocultar la "cifra real" invertida por la Administración gallega en fármacos de acción directa contra el virus, unos tratamientos que se incrementaron "por la presión social", según Europa Press.

Costas asistió en el Pleno del Parlamento a la intervención de Núñez Feijóo en respuesta a las preguntas de los grupos de la oposición sobre el proceso de concesión de tratamientos frente a la hepatitis C, una cuestión por la que dos altos cargos del Sergas están siendo investigados por prevaricación administrativa.

"Ayer, por segunda vez en la última semana, emplazábamos al presidente de la Xunta a matizar y disculparse por las desafortunadísimas declaraciones hechas en Madrid en las que banalizaba el alcance de este problema", dijo Quique Costas, para quien, "lamentablemente", Feijóo "no lo ha hecho" y se ha "ratificado en el contenido y en el tono" de aquellas declaraciones. "Esto nos parece, francamente, inadmisible", apuntó el presidente de la plataforma.

En particular, Costas acusó al jefe del Ejecutivo gallego de "insistir en provocar sufrimiento" a las personas afectadas por esta enfermedad, no reconociendo que "se primaron criterios economicistas" y "presupuestarios" sobre los "criterios humanos" para conceder en plazos razonables estos tratamientos.

"Estábamos dispuestos a aceptar sus disculpas, pero esas disculpas no fueron ofrecidas. Solo nos queda calificarlas", dijo, tras lo que ha afirmado que estas consideraciones "fueron propias de un canalla político".

Una cifra invertida "falsa"

Del mismo modo, Costas pidió a Núñez Feijóo que "explique" la cifra invertida por la Xunta en tratamientos contra esta enfermedad que, "tal y como la explica, es radicalmente falsa". El presidente de la plataforma apuntó ue los 77 millones apuntados el martes por el conselleiro "se remontan hoy hasta los 130" en palabras de Feijóo, que indica también que "el número total de tratamientos, acumulando los que se incorporan por la vía del plan estratégico, no llegan a 3.000". "130 millones entre 3.000 da una cifra asombrosa para unos tratamientos que cuestan 13.000 euros de media", apostilló.

"Si lo que quiere decir es que en tratar a enfermos de hepatitis durante todo el periodo acumulado desde 2012 se gastaron 130 millones de euros, se lo compro", dijo Costas, quien aventuró que la Xunta incluye en esta cifra "trasplantes hepáticos", hospitalizaciones por "descompensación" o intervenciones "de contención", "pero no --solo-- fármacos ni nuevos fármacos". En este sentido, reclamó a la Xunta que "aclare" la "cifra real invertida en fármacos de acción directa contra la hepatitis C" desde su puesta a disposición de los pacientes en enero de 2014.

Paralelamente, agradeció que el presidente gallego haya "matizado un dato", el de pacientes analizados por la subcomisión de farmacia. En este sentido, el presidente de la plataforma aseguró que desde el Gobierno se ha "repetido como un mantra" la cifra de 1.153 tratamientos que pasaron por esta subcomisión, una cifra "engañosa" dado que se remonta hasta 2012 y "no refleja" aquello sobre lo que se "discute", el número de tratamientos antivirales de acción directa, "que existen a partir de enero de 2014".

"Hoy el presidente nos aclaró que el número es de 339 en 2014 y 374 en el primer trimestre de 2015", apuntó Quique Costas, que calificó de "llamativo" que del total de 713 tratamientos, 374 se produjesen en los primeros meses de 2015, "después de que se pusiese en marcha la movilización de los pacientes". "La generosidad es simplemente la respuesta a la presión social y política de los pacientes", concluyó.

Feijóo oposición

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avaló este miércoles a la actuación del Servizo Galego de Saúde (Sergas) a la hora de administrar los nuevos tratamientos a afectados de hepatitis C y atacó con dureza a los grupos de la oposición, a los que acusó de intentar hacer "un juicio sumarísimo", de tenderle "una trampa moral" y de estar "en campaña electoral".

"Galicia les queda muy grande; me parece indigno que se use el sufrimiento de las familias para hacer campaña electoral", aseveró el presidente gallego, a quien PSdeG, BNG y AGE recordaron, en algún caso citando expresamente sus nombres, los pacientes de hepatitis C fallecidos que se investiga en una causa abierta por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago.

El pasado 16 de abril, Médicos del Mundo ponía las cartas sobre la mesa en el Congreso Internacional del Hígado que se celebraba en Barcelona y que reunía a profesionales del mundo de la medicina y de la industria farmacéutica. “Casi todas las personas con hepatitis C pueden curarse gracias a los nuevos tratamientos antivirales de acción directa, pero la avaricia del laboratorio Gilead les impide el acceso universal a sus fármacos, que son fundamentales. Hay personas que siguen muriendo inútilmente mientras Gilead obtiene miles de millones de beneficios al año”.

En Francia, la asociación de pacientes SOS Hepatitis ha dirigido una carta abierta a la ministra de Sanidad, publicada en el Club Mediapart (disponible, en francés, en este enlace), en la que reclama un mayor acceso a los nuevos tratamientos contra la hepatitis C. La asociación se hace eco de los testimonios de los enfermos a los que se les sigue rechazando el Sovaldi de Gilead, que domina el mercado de los antivirales de acción directa.

Es el caso de Yvette: “Tengo que quitarme este virus; lo peor es el rechazo al derecho a los cuidados”. O el de Françoise, a quien también le han denegado el tratamiento. “Es injusto. Por si fuese poco, cada vez padezco más insomnio, mayores dolores hepáticos...”. “Las restricciones ya no tienen razón de ser”, añade Marc Bourlière, gastroenterólogo y hepatólogo del hospital Sain-Joseph de Marsella. “En estos momentos, el número de pacientes tratados está disminuyendo porque son menos los candidatos a recibir el fármaco. Ahora bien, los beneficios obtenidos en términos de morbimortalidad son muy importantes para todos los pacientes, a largo plazo”.

El virus de la hepatitis C, una enfermedad infecciosa, afecta al hígado y se transmite por vía sanguínea. En Francia, se estima que hay unas 230.000 personas portadoras del virus, pero sólo 140.000 están diagnosticadas. En el mundo, 150 millones de personas viven con hepatitis crónica, que se caracteriza por una inflamación del hígado. En la mayor parte de los casos, el virus permanece latente, pero se desarrolla –a veces varias décadas después de producirse el contagio– en un 10-20% de los casos, por lo que los portadores desarrollan cirrosis hepática que a veces deriva en cáncer de hígado.

La llegada del Sovaldi (la molécula es el sofosbuvir) ha supuesto una revolución terapéutica. Basta un tratamiento de tres meses y no existen efectos secundarios de consideración. Además, tiene una eficacia del 90%, de modo que el virus desaparece en las personas tratadas. El tratamiento que se aplicaba hasta la fecha, muy largo y con importantes efectos secundarios, sólo curaba a una de cada dos personas. Sin embargo, dos años después de la llegada al mercado francésde la molécula sofosbuvir, el acceso está limitado a las enfermos cuyo hígado está más deteriorado. En junio de 2014, la Alta Autoridad Sanitaria francesa recomendaba tratar únicamente a los pacientes aquejados de fibrosis hepática (debida a la inflamación del hígado) en estadios F3 o F4. Por lo que, a día de hoy, se excluye de los tratamientos a los enfermos con fibrosis en estadios F0, F1 y F2.

“Para nosotros, no tiene sentido”, explica Yann Mazens, director de SOS Hepatitis. “Este tratamiento es útil para todos los pacientes y, por encima del beneficio individual, existe un beneficio colectivo: si todo el mundo recibe el tratamiento, podremos erradicar la epidemia de la hepatitis C. En Francia es la primera vez que se instaura una discriminación en el acceso a un medicamento por razones financieras”.

Cuando el Ministerio de Sanidad instó a la Alta Autoridad Sanitaria a pronunciarse sobre el Sovaldi, aludió a la existencia de “un riesgo financiero importante para la solidaridad nacional”. Se ha confirmado. En 2014 y 2015, sólo 25.000 pacientes recibieron el tratamiento, pero la Seguridad Social tuvo que desembolsar al menos 1.000 millones de euros. Un importe equivalente al presupuesto de un gran hospital universitario francés, mientras que el sistema de salud público está sometido a un plan de ahorro sin precedentes que repercute en la calidad de los cuidados y las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios.

Dos veces más caro que en España

Por supuesto, este esfuerzo financiero lo soportan las arcas públicas francesas, que han garantizado a los más enfermos un acceso precoz al tratamiento. Pero las condiciones de las negociaciones llevadas a cabo con Gilead hacen que vuelva a planear la duda: “41.000 euros por tratamiento, es una barbaridad. Es necesario que cambie el modo de fijar el precio de los fármacos”, dice Yann Mazens. “En Francia, Gilead primero reclamaba 45.000 euros. El Ministerio de Sanidad dijo entonces que la sostenibilidad del sistema sanitario estaba en riesgo y llegó a hablar de la posibilidad de recurrir a la licencia obligatoria”, explica Pauline Londeix, exvicepresidenta de Act Up-París, cofundadora de Act Up-Basilea y consultora sobre acceso a los nuevos tratamientos.

Dicha actuación, recogida en el derecho internacional, permite que un Gobierno, si lo considera necesario, obvie la patente y consiga el genérico del medicamento sin autorización del laboratorio. “Al final, el Gobierno francés regresó a la mesa de negociaciones y aceptó el precio de 41.000 euros”, explica Londeix. “No creo que se pueda hablar de negociación fructífera”.

Las cuestiones éticas terminan por chocar: “¿Negoció Francia demasiado pronto?, ¿somos víctimas de una estafa?”, se pregunta, sin hallar la respuesta, la hepatóloga Anne Gervais, del hospital Bichat de París. Gervais participó en el congreso de Barcelona. Los hepatólogos supieron entonces que en España, entre abril de 2015 y enero de 2016, 42.000 pacientes recibieron el tratamiento, que costó un total de 1.008 millones. Quiere eso decir que el precio de cada tratamiento de Solvadi ronda los 26.000 euros, es decir casi un 50% de su importe en Francia. Pese a todo, la inversión sigue siendo colosal para España, donde hay medio millón de personas portadoras del virus.

En otros lugares del planeta, el Sovaldi es inaccesible, sobre todo en los países donde hay más personas con hepatitis C, por ejemplo, en Egipto, donde el 10% de la población sufre la enfermedad. “Las autoridades acordaron con Gilead que el precio del tratamiento fuese de 900 dólares (800 euros) por cada 12 semanas. Pero, ¿cómo es posible tratar a ese precio a más de 8 millones de personas?, se pregunta Pauline Londeix. “En Brasil, el Gobierno obtuvo el tratamiento a 7.000 dólares (6.200 euros) y quiere tratar a 90.000 personas, aplicando criterios de elegibilidad en función del estadio de la enfermedad, igual que en Francia. Esta discriminación al acceso de los cuidados, lo mismo que el precio de estos fármacos, son una catástrofe para el sistema sanitario”.

Los laboratorios no tienen ningún pudor ante semejante dilema ético. El precio requerido por el Sovaldi no está justificado ni por el coste de la investigación ni por el de la fabricación. “En Barcelona, el investigador Andrew Hill actualizó su investigación sobre el coste real de los antivirales de acción directa de la hepatitis C y asciende a menos de 110 euros el tratamiento...”, dice la hepatóloga Anne Gervais. Los 41.000 euros reclamados en Francia, los 6.200 euros de Brasil o los 800 euros de Egipto están dirigidos en realidad a amortizar la especulación financiera sin precedentes llevada a cabo con esta molécula: el laboratorio que la desarrolló por poco dinero se la vendió por 11.000 millones de dólares a Gilead. Pero esta inversión también esta amortizada, ya que Gilead ya ha conseguido 32.000 millones de dólares de beneficios, según Médicos del Mundo.

“Abramos el acceso al Sovaldi a todos los pacientes aquejados de hepatitis C, aunque no sea urgente su uso en el caso de las fibrosis mínimas. Pero no a 41.000 euros, ya que incluso la especulación está subvencionada”, opina Anne Gervais. SOS Hepatitis amenaza con ayudar a los pacientes franceses a conseguir los genéricos, que se producen ya en India y se venden a menos de 300 dólares. Por su parte, Médicos del Mundo invita a los Estados a emitir licencias obligatorias y a multiplicar los genéricos.

El problema radica en que “la presión política y económica de los laboratorios es muy fuerte”, constata Pauline Londeix. “En algunos países, como Brasil, financian a los partidos políticos. En otros, como en Francia, se mueven con el chantaje del empleo en la industria”. Y por supuesto, financian a todos los actores del sistema sanitario. La asociación de pacientes SOS Hepatitis sobrevive exclusivamente gracias a sus ayudas. “Recibimos dinero de todos los laboratorios que fabrican los antirretrovirales de uso directo”, admite Yann Mazens. “Pero eso no es óbice para que denunciemos alto y claro sus prácticas. Y estamos dispuestos a abrir un debate sobre la financiación de las asociaciones de pacientes en Francia, que no reciben ninguna ayuda pública”. La hepatóloga Anne Gervais viajó invitada a Barcelona “y hay que dejar constancia de ellos, tenemos que ser transparentes”, dice.

No es la línea de conducta que en 2014 adoptaba la flor y nata de los médicos franceses, cuyo informe científico en donde se alude a las hepatitis B y C no hace mención en ningún momento a los muy numerosos, y a veces muy lucrativos, intereses de la mayor parte de sus actores con los laboratorios.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Todos los grupos de la oposición preguntarán al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el pleno de la próxima semana por el suministro de fármacos de la hepatitis C a raíz de que la Fiscalía haya ligado "retrasos injustificados" en la contratación y financiación para la dispensación de medicamentosretrasos injustificados con "criterios presupuestarios".

Así, PSdeG, BNG y AGE han incluido dos preguntas en la próxima sesión de control al Gobierno con las que quieren "forzar" que Feijóo "asuma sus responsabilidades", en lugar de "escurrir el bulto", en palabras de Antón Sánchez (Alternativa). "Mintieron en sede parlamentaria", recriminó la viceportavoz socialista, Carmen Gallego, en referencia a las veces en que se preguntó por esta cuestión en las sesiones de la Cámara.

Además, en la sesión plenaria de la próxima semana, el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, comparecerá a petición propia y de la oposición –se acumulan– para abordar la denuncia de la Fiscalía, que en su querella incluyó hasta ocho casos concretos de pacientes.

Los grupos de la oposición habían solicitado también que compareciese el presidente de la Xunta, en lugar del conselleiro, que cuando sucedieron estos casos era todavía alcalde de Baiona y ocupaba ese puesto Rocío Mosquera. Sin embargo, la mayoría del PPdeG rechazó este formato más amplio sobre la base de que acudiría el titular del departamento autonómico.

Dos altos cargos del Servicio Galego de Saúde han sido citados a declarar en calidad de investigados ante el Juzgado número 3 de Santiago el próximo 28 de abril, en relación con estos retrasos en la dispensación de medicamentos. Además, el Ministerio Fiscal observó que la actuación de los dos altos cargos imputados (el que era director de Asistencia Sanitaria y la subdirectora de Farmacia) presentaba "indicios suficientes" de delitos de "homicidio por imprudencia grave profesional", aunque sólo declararán como investigados por un presunto delito de prevaricación.

"El PP y el Gobierno optan por blindar a Feijóo, que pretende escudarse en el conselleiro", censuró, por su parte, el portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera. "El Gobierno no tiene nada que ocultar", replicó, en su rueda de prensa, el popular Pedro Puy, quien recordó que los grupos de la oposición ya habían registrado sus preguntas antes de conocer si el presidente iría o no a la Cámara (es obligatorio registrar las preguntas con este plazo de antelación).

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha citado a declarar en calidad de investigados –antiguos imputados– a dos altos cargos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) por un supuesto delito de prevaricación administrativa en relación con el retraso del suministro de fármacos a pacientes afectados de hepatitis C, algunos de los cuales habrían fallecido sin llegar a recibirlos.

Fuentes conocedoras de la decisión judicial ratificaron a Europa Press que el juez Andrés Lago Louro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, ha citado a declarar para el 28 de abril al actual gerente del área sanitaria viguesa, Félix Rubial, entonces director de Asistencia Sanitaria y a la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado.

El juez ha decidido por el momento abrir diligencias solo por prevaricación administrativa, aunque, según adelanta Eldiario.es y aseguraron las fuentes consultadas por Europa Press, la Fiscalía les atribuía también un supuesto delito de "homicidio por imprudencia profesional grave" al retrasar la administración de los fármacos "por razones presupuestarias".

Tras la decisión del juez de abrir diligencias, ésta se convierte en la primera causa penal que se abre en España contra una Administración pública –en este caso el Ejecutivo que lidera Alberto Núñez Feijóo– en relación a la prescripción de medicamentos para pacientes con hepatitis C, si bien las denuncias de afectados habían sido reiteradas.

En Galicia, la Plataforma gallega de Afectados por la Hepatitis C ha demandado "responsabilidades políticas y penales" al Gobierno gallego, con especial intensidad a Rocío Mosquera, quien estaba al frente del departamento de Sanidade en el punto álgido del conflicto y a quien ha relevado al frente de la Consellería Jesús Vázquez Almuiña.

Denuncia de Batas Blancas

De hecho, el caso parte de una denuncia presentada en marzo de 2015 por el colectivo Batas Blancas ante la Fiscalía, en la que se vinculaba la muerte de varios pacientes con hepatitis C con tratamiento reconocido a las "trabas burocráticas" impuestas por el Sergas para acceder a la medicación, hasta que se aprobó el plan estratégico estatal y se autorizaron los nuevos tratamientos.

La asociación indicaba que al menos tres casos tuvieron que esperar hasta ocho meses para recibir el tratamiento, aún cumpliendo los requisitos, por la exigencia de que fuese autorizado por la Comisión Autonómica y Central de Farmacia y Terapéutica, lo que consideran "una traba burocrática" que "retrasó" la administración.

Tras recibir esta denuncia, la Fiscalía inició un proceso de investigación y practicó varias diligencias hasta que, el pasado 29 de diciembre, decidió formular una denuncia ante los juzgados de Santiago por este caso.

Una vez analizada la documentación, el juzgado ha decidido abrir diligencias y citar a los dos altos cargos del Sergas.

Razones "de tipo presupuestario"

Aunque los casos que mencionaban inicialmente los médicos eran tres, las fuentes consultadas por Europa Press aseguraron que, en su escrito, la Fiscalía tiene en consideración "más de seis casos".

El digital Eldiario.es, que se hace eco del escrito de la Fiscalía, señala que éste concluye no solo que los dos altos cargos del Sergas retrasaron "las peticiones y suministro de Sofosbuvir (el nombre técnico de Sovaldi) posponiendo la toma de decisiones", sino que "las razones" para hacerlo fueron "de tipo presupuestario del Sergas y no de contenido médico o clínico".

La Fiscalía también habría solicitado que varios médicos que trataron a los pacientes declaren como peritos. Fuentes consultadas por Europa Press confirmaron, además, que el juez ha permitido que en el caso, en fase de instrucción, se persone la Plataforma gallega de Afectados por la Hepatitis C.

AGE y BNG piden la dimisión de Feijóo

El partido Alternativa Galega de Esquerda (AGE)  exigió este lunes la dimisión del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la de los dos cargos del Sergas investigados por prevaricación administrativa ante el retraso de fármacos de la hepatitis C.

En rueda de prensa, la diputada de Alternativa Eva Solla afirmó que Feijóo “no es apto ya para gobernar este país”, y, aunque su grupo reclamará su comparecencia urgente en el próximo pleno para que dé “explicaciones”, le demandó que dimita en un “ejercicio de democracia” ya que “no supo proteger la salud y la vida de los gallegos”.

“Los recortes matan. Era un secreto a voces en la calle y ahora la justicia se hace eco”, destacó, junto a Solla, el viceportavoz parlamentario de AGE, Antón Sánchez, quien llamó la atención sobre que esta es “la primera causa penal” contra una administración pública por dilación en el suministro de medicamentos.

Por su parte, el portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, también afirmó que el presidente de la Xunta debe dimitir, aunque, en su opinión, "en primer lugar" debe comparecer en el Parlamento para "dar explicaciones".

La Fiscalía de Santiago de Compostela presentó una denuncia el pasado 29 de diciembre contra el Servizo Galego de Saúde (Sergas) por su presunta responsabilidad penal a la hora de suministrar fármacos a los enfermos de hepatitis C.

La denuncia, que acaba de ser tramitada en el juzgado de Instrucción número 3 de la capital, señala al Sergas como responsable de al menos tres muertes de pacientes afectados por la enfermedad a los que no se les facilitó la medicación que requerían.

Los hechos ya habían sido denunciados en marzo del pasado año por el colectivo Batas Blancas, voz de alerta que dio pie a una investigación por parte de la Fiscalía.

Las protestas de los afectados se generaron a raíz de las trabas para acceder a medicamentos como el Sovaldi, que multiplica las posibilidades de curación.

Una vez recetados, los tratamientos debían ser aprobadas por la comisión de farmacia del hospital y por la Comisión Autonómica y Central de Farmacia y Terapéutica, creada por la Xunta y cuyo presidente era el entonces director general de Asistencia Sanitaria del Sergas, Félix Rubial.

La Comisión, denuncian, interpuso toda una serie de trabas para retrasar el urgente proceso de solicitudes y finalmente dejar en un limbo a los pacientes. El sindicato de médicos se apoyó en casos concretos para demostrar la incoherencia del organismo, que incluso denegó el acceso a pacientes que cumplían con los requisitos establecidos por el Ministerio de Sanidad.

El Sergas tendrá ahora que explicar bajo qué criterios tomó las decisiones, con el fin de que la Justicia pueda dirimir el grado de responsabilidad de la Xunta de Galicia.

La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C ha presentado una querella por presunta apropiación indebida y falsedad documental, entre otros delitos, contra el vicepresidente, Damián Caballero; el secretario Antonio Rodríguez, y la tesorera, Ángeles Fernández, "así como al resto de la junta directiva que les apoye", informa Europa Press.

Según ha explicado su presidente, Mario Cortés, quien ha estado acompañado por los abogados que asisten a la asociación, la querella que ha sido aprobada por unanimidad en junta directiva, ha sido presentada este miércoles en el Juzgado decano de Madrid por presuntos delitos de administración desleal, falsa designación de administradores y acuerdos abusivos.

La responsabilidad de los supuestos delitos recae sobre todo sobre Caballero quien, con la ayuda de Rodríguez, presuntamente se habría apropiado de más de 11.000 euros retirados sin consentimiento de las cuentas de la plataforma en menos de un mes, además de falsear actas, convenios y acuerdos.

"Es un asunto muy triste. Me he visto en la obligación de denunciarlo porque sino como presidente sería cómplice", explica Cortés, quien este sábado propondrá una renovación de la junta y una gestora que asuma la cuentas en la asamblea extraordinaria convocada tras lo ocurrido.

Cortés, que se siente engañado por dos de sus más cercanos colaboradores, lamenta haber depositado su confianza en Caballero, de quien revela un supuesto pasado como delincuente. "Si lo hubiéramos sabido no le hubiéramos dejado entrar en la plataforma", afirma, señalando que los engaños de su vicepresidente llegan al punto de afirmar que tenía una hija enferma de hepatitis c.

"Es mentira, su hija no tiene hepatitis y ha robado en un montón sitios. Es un pájaro de cuidado. Nadie sabe de dónde ha salido, el caso es que se cuela en los sitios, ha engañado a otras asociaciones. Se cree que todo el campo es orégano", afirma Cortés, quien considera que la querella está "prácticamente ganada".

Caballero, quien se defiende de las acusaciones, ha puesto el asunto en manos de sus abogados y, según ha adelantado a Europa Press, pretende convocar este viernes una rueda de prensa en el Hospital 12 de Octubre de Madrid para aclarar lo sucedido y anunciar si fuera necesario acciones legales.

"No hemos recibido la querella, ni en base a qué se presenta, las cuentas están totalmente correctas y presentadas a todos los asociados, no hay irregularidad de ningún tipo", ha afirmado Caballero, quien asegura que "Mario tendrá que responder sobre las acusaciones que hace".

La denuncia va acompañada de pruebas testimoniales y documentos que presuntamente habrían sido falseados. Asimismo, cuenta con pruebas que demuestran que Caballero habría sacado dinero de la cuenta común sin que Cortés lo autorizada. "Y nuestros estatutos son claros: cualquier gasto tiene que ir aprobado por el presidente de la asociación, junto con otro miembro de la Junta Directiva", advierte.

Según ha explicado, actualmente la cuenta está bloqueada para que no pueda nadie sacar dinero y los hechos corresponden al mes de febrero y marzo, cuando en diferentes días se sustrajo sin su autorización un total de 11.350 euros (el 17 de febrero se sacó una cantidad de 1.350 euros, el 19 de febrero fue de 1.000 euros, el 24 de febrero fueron 1.500 y el día 11 de marzo fueron 7.500 euros).

El presidente de la plataforma recuerda que durante los dos últimos meses él, y otros miembros de la entidad, les ha pedido las facturas, "incluso por requerimiento notarial". "Se han negado en todo momento entregarlas poniendo excusas, no ha quedado más remedio", se lamenta con el temor de que este episodio sea una mancha en el historial de la plataforma, que será recordada por conseguir el apoyo de gran parte de la población en su lucha por conseguir tratamientos innovadores en el Sistema Nacional de Salud para el tratamiento para la hepatitis C.

"Es una pena con el trabajo tan bueno que hemos hecho, esto nos va a perjudicar, pero no nos ha quedado más remedio que llegar a esto", afirma reiterando que el mayor culpable de esta situación es el aún vicepresidente de la asociación, quien ha actuado con el apoyo del secretario; sin embargo reconoce que la tesorera, Ángeles Fernández, ha sido una "víctima".

Este sábado la junta directiva de la Plataforma, a petición de Cortés, celebrará una asamblea extraordinaria donde se propondrá una renovación de la Junta y una gestora que asuma la cuentas tras la querella, al menos, hasta que se realice dentro de seis meses la Asamblea General Ordinaria con todos los territorios - momento en el que pretenden nombrar un órgano intermedio de gobierno con los representantes de cada territorio.

En esta reunión, Cortés, quien afirma sentirse apoyado "mayoritariamente" por los miembros de la asociación, presentará su dimisión y pondrá su cargo a disposición de los miembros de la junta. "Presento mi dimisión porque soy parte implicada en la querella. Los afiliados votarán en asamblea democrática un nuevo equipo", ha señalado.

Asimismo, ha anunciado que próximamente se interpondrá otra denuncia por el "secuestro" de la redes sociales (la cuenta de Twitter, FaceBook, la página web, y las cuentas de correo de la plataforma) de la plataforma. "Han usado el logo, han entrado en la base de datos y han creado una asociación paralela", añade.

De hecho, Caballero ha convocado una junta extraordinaria para el domingo, un día después de la convocada por Cortés, apoyada por 18 miembros de la entidad –él afirma que forman parte de la junta–, donde se presentarán las cuentas, se explicará la situación y se presentará una moción de censura contra el actual presidente para que deje el cargo. Dicha moción ha sido apoyada por 15 de los 18 miembros que según Caballero forman la Junta Directiva.

Al respecto, Cortés tacha de "ilegal" dicha convocatoria, que también forma parte de la querella por un presunto delito de falsa designación de administradores. Y, explica que, según los estatutos de la plataforma, el número de miembros de la Junta Directiva son 9, mientras que Caballero asegura que son 18.

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite la querella contra la exministra de Sanidad Ana Mato presentada en febrero por la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) por "omisión del deber de socorro" en 2 delitos de homicidio y 37 de lesiones por los pacientes que no pudieron acceder a los nuevos medicamentos antivirales.

El auto de la Sala de lo Penal del Supremo, al que ha tenido acceso Europa Press, considera que los hechos denunciados "no son constitutivos de ilícito penal", por lo que archiva las actuaciones.

La PLAFHC incluía en la querella, presentaba el pasado 13 de febrero por presuntos delitos de homicidio, lesiones, trato vejatorio, omisión del deber de socorro y prevaricación administrativa, al ministro de Sanidad en el momento de su presentación, Alfonso Alonso, además de a su antecesora; a la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas; a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y a la farmacéutica Gilead Sciences, fabricante de Sovaldi.

Sin embargo, el ministerio fiscal informó de que la sala es competente para conocer la querella interpuesta únicamente en relación con Ana Mato, por estar aforada, y el 9 de marzo decidía que los hechos narrados en la querella "no son en ningún modo constitutivos de delito" por homicidio, lesiones y omisión del deber de socorro.

Además, aunque explica que la querella "es de gran extensión y con abundante base documental", estima que no se aporta "ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente" los presuntos delitos imputados a la exministra, ni considera que "haya existido una inactividad absoluta" por parte del ministerio. Es por ello que decidió su archivo.

"Sensible a la inquietud de los afectados"

A pesar de desestimar la querella, la Sala concluye su auto con "una última reflexión" en la que asegura ser "sensible a la inquietud y desasosiego que los afectados por el virus de la hepatitis C así como sus familiares están sufriendo", pero advierte de que el sistema judicial "no puede convertirse en un mero instrumento de política criminal ni en la primera respuesta ante decisiones por retrasos en la actuación gubernamental aunque sea en temas tan sensibles como la salud de los ciudadanos .

Además, contempla en su decisión que "tras la toma de posesión del actual ministro de Sanidad se constituyó en el Ministerio una comisión para elaborar un plan estratégicoplan estratégico para los enfermos de hepatitis C, lo que acredita que la actividad gubernamental, añade el auto, está al tanto del problema y buscando soluciones adecuadas.

La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) registró ante el Tribunal Supremo (TS) su querella criminal para "pedir justicia", según explicaba el pasado 13 de febrero Eva Martínez, responsable jurídica de la plataforma. Según explicaba, todos los casos incluidos en la querella contaban con un informe pericial de un hepatólogo, y el 80 por ciento tenían prescritos desde hacía entre 6 meses y un año fármacos de última generación que ha aprobado el Ministerio contra esta enfermedad (simeprevir, sofosbuvir o daclatasvir). Algunos de ellos ya los habían empezado a recibir.

Los colectivos de enfermos de hepatitis C denuncian que la prescripción de los fármacos innovadores contra este virus que arrojan tasas de curación del 95% es desigual en el conjunto del país. Y atribuyen a la no existencia de un fondo finalista para la financiaciación de estos costosos medicamentos –alrededor de 14.000 euros por tratamiento, según los cálculos del Gobierno– la "falta de equidad" que, según varios portavoces consultados por infoLibre, se está dando entre las diferentes autonomías. En las comunidades, sin embargo, señalan que los fármacos están llegando a los pacientes que lo necesitan siempre basándose en "criterios clínicos".

A finales del pasado febrero el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, presentó con una gran puesta en escena las líneas maestras del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C por el que se garantizaba el acceso prioritario a los 51.964 pacientes que en todo el país tienen una fibrosis hepática significativa, es decir, están entre los grados F2 (nivel moderado de cicatrices en el hígado producto de la inflamación) y F4 (cirrosis), que es el último grado. 

Pero para pagar estos tratamientos –que tienen un coste estimado de 727 millones de euros–, el Ejecutivo no reservó un fondo específico (así lo reclamaban los afectados y las autonomías gobernadas por el PSOE) sino que se encargó al Ministerio de Hacienda poner a disposición de las comunidades préstamos a un bajo interés –de entre el 0% y el 1,2%– a devolver en 10 años. Los colectivos creen que esta fórmula que definen como "yo invito, pero tú pagas" es la que está provocando que la dispensación no sea igual en todo el país. 

Los últimos en movilizarse han sido los afectados del País Vasco, que llegaron incluso a encerrarse la pasada semana en el Hospital Txagorritxu de Vitoria para reclamar que estos tratamientos llegaran ya a los enfermos más graves. "En Euskadi la prescripción empezó a un buen ritmo y fueron tratadas unas 500 personas, pero ahora está parada. Nos dicen que esperemos, pero no tenemos más tiempo. La gente se muere", dice angustiado Ricardo García, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) en Vizcaya. 

Que los enfermos no pueden esperar durante mucho tiempo lo ratifica el doctor Rafael Bárcena, ex jefe de sección de Gastroenterología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Los cirróticos son personas que aunque han podido no haber experimentado por el momento grandes complicaciones, sí pueden ver afectada su situación clínica de forma repentina. "Con el tiempo llegan las varices en el esófago que pueden acabar en hemorragias internas y ahí sí, el pronóstico empieza a ser muy malo, que es lo que se llama cirrosis descompensada", explica este facultativo. 

García asegura, además, que para tener acceso a los fármacos innovadores, los enfermos tienen que haber sido tratados primero con las antiguas terapias de interferón (un fármaco que se inyecta y que tiene notables efectos secundarios) lo que, en la práctica, deja fuera a los enfermos de VIH porque no toleran este tipo de tratamiento. En el departamento de Salud niegan esta práctica y aseguran que los pacientes tratados con fármacos innovadores son aquellos que determina en cada caso concreto y en función de criterios estrictamente clínicos un "comité de expertos" que sólo decide basándose en criterios médicos. 

Eliminación de comités 

Los hepatólogos han venido reclamando desde la puesta en marcha del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C que se eliminen los comités y subcomités técnicos que las diferentes autonomías habían puesto en marcha para aprobar o desestimar las peticiones de tratamiento realizadas por los facultativos. Aunque la situación es desigual según las autonomías, los médicos tienen que elaborar hasta tres informes por cada paciente que estimen que necesita los fármacos y pasarlo a un comité formado por médicos y farmacéuticos designados por la Administración que son, en última instancia, quienes deciden qué pacientes tienen acceso o no. Es decir, con la prescripción en la mano los pacientes no pueden ir a buscarlo directamente a la farmacia del hospital –este tipo de tratamientos son de dispensación hospitalaria–, como suele ser habitual con otros fármacos. 

Sobre este punto se quejan los pacientes de Castilla y León, donde la propia consejería admite en una documentación a la que ha tenido acceso infoLibre que, cuando se trata de los costosos fármacos innovadores, tras la solicitud del médico y el pertinente informe "se realizará la valoración de la solicitud en el centro". Este diario preguntó a este departamento acerca de quién hace esa valoración y si signfica que hay un comité intermedio como el que rechazan los hepatólogos, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, llama la atención que para la aceptación de las terapias tradicionales, que son mucho más baratas, esa misma nota exponga que "no será necesario el visto bueno de la dirección médica".

L. L., miembro de la PLAFHC de Valladolid, asegura que hay todavía un grupo de enfermos F4 que no han sido tratados y que los tratamientos no han llegado todavía a ninguno de los F3. "Están llegando con cuentagotas y con muchas trabas para los médicos, son ellos mismos los que nos lo dicen", asegura este portavoz. Una queja similar expresan también afectados de la Comunidad de Madrid, que denuncian que en la mayoría de los casos las personas con grado F3 no serán tratadas hasta después del verano. 

También han expresado sus quejas los pacientes de La Rioja. Aseguran que en la plataforma que han creado todavía hay al menos un enfermo muy grave que está en el grado F4 y que todavía no ha sido tratado, y que los tratamientos no han llegado a ninguno de los F3. "Somos conscientes de que los más graves tienen que ser tratados antes, pero los demás tampoco pueden esperar mucho más. Las citas para las primeras pruebas se están dando para junio, lo que quiere decir que los fármacos no podrán empezar a tomarse hasta después del verano. 

Los datos facilitados por la Consejería de Sanidad de La Rioja, sin embargo, cifran en 92 los pacientes que han sido tratados con los últimos fármacos autorizados –Viekirax y Exviera, según sus nombres comerciales– siendo dos pacientes de F1 (una mujer que se quiere quedar embarazada y un varón con enfermedad extrahepática grave); 22 pacientes con F2; 22, con F3, y 46 con F4. Y señalan además que otros 59 pacientes fueron tratados con los fármacos innovadores antes incluso de que se comercializaran en España adquiriéndolos como medicamento extranjero. Según este departamento, hay entre 350 y 400 personas que se encuentran en esta comunidad entre los grados F2 y F4. 

La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) realizará esta semana una nueva ronda de concentraciones en diversos hospitales madrileños para reclamar a la administración la dispensación de los nuevos tratamientos a los pacientes más graves.

En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente de la Plataforma, Damián Caballero, ha indicado que esta ronda de concentraciones arranca este martes a las 12 horas a las puertas del Hospital Clínico.

El miércoles será el turno del Hospital de Fuenlabrada y el jueves la concentración tendrá lugar en el Hospital Universitario de Getafe. La ronda de concentraciones de esta semana se cerrará el viernes en el Hospital de Móstoles.

Caballero ha indicado que aún existen pacientes en situación de gravedad que no han recibido el nuevo fármaco y alerta de casos como el de una mujer en el Severo Ochoa que se encuentra en la UVI por no haber recibido antes fármacos como el Solvaldi. Detalla que a pesar de haber logrado una mejoría durante Semana Santa, aún está ingresada en la UVI en situación "estable". También asegura que hay otros pacientes –con nivel C4– que se les ha llamado de los centros diciendo que podían pasar a recoger el nuevo tratamiento pero al acudir al centro les indican que aún no está disponible.

La semana pasada se realizaron concentraciones en los hospitales de La Paz, La Princesa, el Gregorio Marañón, el Ramón y Cajal y el Puerta del Hierro.

Si el ministro de Hacienda cumple su repetida promesa, a fin de año se publicará la lista de los contribuyentes que deben más de un millón de euros al fisco. También la lista de quienes han cometido fraude fiscal y han sido sentenciados en firmefraude fiscal por los tribunales. Para hacer posible ambas medidas de transparencia ha sido necesario cambiar la Ley General Tributaria, que establece la confidencialidad de todas las actuaciones de la Agencia Tributaria. Esa reforma la aprobará el Consejo de Ministros una vez que el Consejo de Estado emita su dictamen sobre lo que todavía es un anteproyecto. El último trámite será el parlamentario.

Pese a que el Gobierno presenta este destape como un avance en la lucha contra el fraude fiscal y un incentivo a la concienciación social, los expertos advierten de que aún quedan velos por levantar en transparencia tributaria.

Los técnicos de Hacienda (Gestha) creen que deberían publicarse también los nombres de quienes hayan tenido deudas con el fisco y las hayan aplazado o incluso pagado. Algo en lo que está parcialmente de acuerdo Ramsés Pérez Boga, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda hasta hace sólo unos días. “Debería conocerse el nombre de quien no paga una carga pública y la demora”, apunta, “como ocurre con los clubes de fútbol, algunos de los cuales tienen aplazamientos desde 2011”.

En efecto, los equipos de fútbol deben más de 542 millones de euros a Hacienda, con la que han firmado un total de 63 acuerdos de aplazamiento. Algunos de ellos no vencen hasta 2020. Sin embargo, Pérez Boga no ve sentido a que se hagan públicos los nombres de los morosos que han pagado sus deudas.

El inspector de Hacienda, que se presenta como independiente en la lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, considera “demasiado elevado” el listón del millón de eurosmillón de eurosque ha fijado el Gobierno: habrá pocas empresas y personas físicas que defrauden una cantidad tan elevada.

La brecha entre facturación y beneficios, bajo sospecha

Los técnicos de Gestha, por su parte, piden a Hacienda que también haga públicas las cifras de facturación, el beneficio contable y los impuestos que pagan las 4.752 empresas que facturan más de 45 millones al año. Son sólo el 0,3% de las compañías españolas –el 90% del tejido empresarial está compuesto por pymes, con menos de 250 trabajadores– pero concentran el 72% del fraude fiscal y paradójicamente, destaca Gestha, son el colectivo menos investigado por la Agencia Tributaria. Las cifras ya son conocidas: mientras las grandes compañías soportan un tipo efectivo del impuesto de sociedades del 5,3%, sus hermanas pequeñas lo triplican: el 16%.

Al desvelarse la facturación de estas grandes compañías, explica el presidente de los técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, podría ponerse en relación con sus beneficios operativos y descubrirse si incurren en “prácticas fiscales agresivas, que bordean la legalidad” para no pagar impuestos. “Transmiten parte de sus beneficios al pago de gastos inmateriales –patentes, marcas, royalties– en filiales en terceros países, con lo que reducen sus beneficios en España y, por tanto, los impuestos que pagan aquí por ellos”.

Es el caso de Apple, Facebook, Google, Microsoft, Yahoo o Amazon. También el de Gilead, la farmacéutica que vende el carísimo medicamento que cura la hepatitis C, Sovaldi. La multinacional estadounidense pagó en 2013 en España sólo 2,9 millones de euros por el impuesto de sociedades, tras haber facturado 377,1 millones. Es decir, la carga del impuesto sobre la cifra de ventas fue del 0,76%. Si Gilead Sciences SL –la filial española–tributara como la media declarada por el grupo de las 727 mayores empresas del país –las que venden más de 180 millones al año– debería haber pagado 15,8 millones a Hacienda. Es decir 5,5 veces más.

Para comparar magnitudes: Apple declara en España sólo 2,2 millones de euros por sus ventas en tiendas. Google, cuatro millones. Ambas aprovechan las ventajas fiscales de Irlanda para puentear a la Hacienda española. Según los cálculos de Gestha, de esta forma las grandes compañías eluden el pago de hasta 8.250 milloneseluden el pago de hasta 8.250 millones de euros a las arcas públicas.

Declaraciones del IRPF de empresarios y profesionales

Ramsés Pérez, no obstante, duda de la eficacia de revelar las grandes cifras de las mayores compañías. “Ya son públicas, están en los registros mercantiles y en las páginas web de las empresas”, contrapone. Además, comprobar si hay algo sospechoso en la diferencia entre facturación y beneficios declarados “es precisamente el trabajo de la Agencia Tributaria”. Si la compañía no ha sufrido un siniestro o ha incurrido en inversiones elevadas, por ejemplo, puede que esa brecha sea indicio de prácticas irregulares, explica.

En cambio, el inspector de Hacienda echa de menos en la reforma de la Ley Tributaria otra medida que, a su juicio, redundaría en un mayor control fiscal: publicar las declaraciones de la renta de los empresarios y los profesionales. “En Noruega, por ejemplo, las declaraciones del IRPF de todos los contribuyentes son accesibles por internet”, asegura. Aunque, para proteger el derecho a la intimidad, propone que en España sólo sean públicas las declaraciones de quienes obtienen rendimientos de actividades económicas. La transparencia sólo debería afectar, además, a los datos de la actividad empresarial. “Igual que ocurre con las cuentas anuales que las empresas deben entregar en los registros mercantiles”, equipara.

Pérez Boga no lo cree imposible. “Ya se hizo en España, en tiempos de la UCD: eran públicas todas las declaraciones de IRPF”. Aunque la medida no tuvo mucho recorrido. Hubo de abandonarse porque ETA las utilizaba para elegir a quienes reclamaba el impuesto revolucionario, recuerda el inspector.

La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C anunció este jueves la suspensión del encierro que mantienen los afectados en el hospital madrileño 12 de Octubre desde el pasado mes de diciembre.

El presidente de la plataforma, Mario Cortés, señaló en declaraciones a infoLibre  que este sábado abandonarán su protesta en el centro sanitario para sumarse a las Marchas de la Dignidad, que vuelven un año más para exigir “mejores condiciones de vida” frente a las políticas del actual Gobierno. "Hemos decidido finalizar el encierro coincidiendo con las marchas porque no hay nada más digno que la lucha por el derecho a la vida", señaló Cortés, quien a renglón seguido señaló que "el objetivo del encierro se ha cumplido", en relación a la creación por parte de Sanidad del Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C. 

"Nuestro objetivo era que comenzaran a dar tratamiento a los enfermos y, de momento, parece que lo están cumpliendo. Hay un compromiso serio", aseguró Cortés, que se encuentra en la fase 2 de la enfermad y que este mismo jueves logró hacerse con el Sovaldi tras meses de insistencias. "Ayer, cuando me prescribieron la medicación, me entristecí. Es lamentable que hayamos tenido que estar encerrados y en lucha continua para que se cumpla nuestro derecho a la sanidad. Ha sido muy duro", señaló Cortés.

El presidente del colectivo aseguró, no obstante, que seguirán "vigilantes" de que el compromiso por parte de Sanidad se cumpla. "Si en alguna comunidad autónoma no se da tratamiento, allí iremos", aspotilló. 

Tres meses de encierro

El encierro, que se ha prolongado durante tres meses, exigía la creación de una partida extraordinaria por parte de Sanidad para tratar a los afectados por el virus. En septiembre del pasado año, la cartera, dirigida entonces por Ana Mato, aprobó un techo de gasto de 125 millones de euros para financiar el sofosbuvir –de nombre comercial Sovaldi–, una cantidad que tanto hepatólogos como afectados tacharon en reiteradas ocasiones de “insuficiente”. A ello se suma que la medicación, aun estando prescrita por médicos, no llegaba a los enfermos, pues necesitaba contar antes con el visto bueno de un comité de expertos.

El pasado mes, tras las reiteradas presiones por parte de la plataforma, Sanidad presentó un borrador del Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C con el que el presidente del colectivo, Mario Cortés, se mostró “satisfecho” por ser “idéntico” a las peticiones del colectivo.

En esta línea, el ministro Alfonso Alonso anunció hace dos semanas que el Hacienda pondrá a disposición de las comunidades autónomas una "solución de financiación" con préstamos a un bajo interés y que no computará como déficit para que estas puedan hacer frente a los 727 millones de euros que costará tratar con los nuevos tratamientos a las 51.964 personas a las que da cobertura este plan y que son las que tienen una fibrosis hepática significativa.