El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha confirmado la sentencia por la que el expresidente del Principado y exvicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos, fue absuelto del delito continuado de apropiación del que estaba acusado por supuestamente cargar gastos indebidos a Foro Asturias, según informa EFE.

El alto tribunal asturiano ha confirmado el fallo dictado el pasado 4 de febrero por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo tras un juicio en el que la Fiscalía y la acusación ejercida por Foro Asturias pedían una condena de tres años y medio de prisión. Las acusaciones también pedían una indemnización de entre 181.000 euros y 218.000 euros por haber cargado gastos que consideraban particulares, relacionados por ejemplo con viajes o comidas.

La Sala Civil y Penal del TSJA ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Fiscalía, al que se adhirió la acusación particular, para solicitar la repetición del juicio al considerar que se había incurrido en una infracción de normas o garantías procesales, infracción de ley en la concepción del delito y error en la valoración de la prueba.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso EFE y contra la que cabe recurso de apelación, el TSJA ha desestimado las alegaciones del Ministerio Público y ha confirmado el fallo de primera instancia en todos sus términos.

Álvarez-Cascos, quien ocupó diversos cargos de relevancia en Foro Asturias, partido constituido en 2011 en torno a su figura tras su salida del PP y con el que accedió ese mismo año a la Presidencia del Principado, alegó durante el juicio que todos los gastos formaban parte de su retribución al frente del partido y dijo tener la "conciencia tranquila".

En su declaración frente al tribunal, aludió a un acuerdo con el partido para que se le abonaran los gastos derivados de su actividad al servicio del partido, a la vez que defendió que "trabajaba veinticuatro horas al día" con "dedicación plena" al proyecto político sin tener "ni descansos ni vacaciones".

En la sentencia ahora confirmada, la Audiencia apuntaba que "tal acuerdo, que es razonablemente comprensible para motivar a la persona buscada para liderar el proyecto político que se ponía en marcha", fue referido tanto por el acusado como por "testigos destacados en la génesis y ulterior acción del partido". El texto recogía que, desde su origen, el partido no tenía tesorero, de modo que la gestión económica y financiera recaída sobre la Comisión Directiva, sin que nadie cuestionara los gastos, y añadía que el acusado "nunca dispuso de firma en las cuentas bancarias del partido ni de tarjetas de crédito o débito asociadas a ellas".

Así, los gastos generados por su actividad que se consideraban relacionados con sus funciones eran cargados a las cuentas del partido "previa aportación de los justificantes correspondientes que eran contabilizados y comprobados para pasar a la firma de los apoderados en las cuentas bancarias".

El Parlamento asturiano constituirá una comisión parlamentaria de investigación del accidente de la mina de Cerredo que el pasado 31 de marzo le costó la vida a cinco trabajadores, después de que la diputada del Grupo mixto Covadonga Tomé, anteriormente en Podemos, haya anunciado que apoya la iniciativa, según ha recogido EFE.

La constitución de esta comisión había sido solicitada por PP y Foro, y la medida había sido apoyada por Vox, aunque estos tres grupos aún requerían un voto más para que saliera adelante.

En rueda de prensa, Tomé, que fue expulsada de Podemos hace un año por su enfrentamiento con la dirección de la formación morada, ha dicho que ha tomado la decisión porque así lo han decidido por unanimidad las bases de Somos Asturies, plataforma recién creada en torno a su figura.

Tomé había anunciado ya la semana pasada su intención de apoyar la comisión propuesta por la derecha, pero a raíz de que la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, presentase su dimisión irrevocable, decidió someter su posición a la votación de las bases de Somos Asturies.

"Ante la falta de explicaciones que no solo evidencian posibles irregularidades en el caso Cerredo sino también en el conjunto de la consejería, la decisión de nuestra gente ha sido unánime", ha remarcado Tomé, quien ha considerado, no obstante, que lo que mueve a los grupos de la derecha es "sacar rédito político", mientras que su objetivo es el de "garantizar la transparencia en la comisión" porque solo le mueve "el interés de conocer la verdad".

Preguntado por esta decisión, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha advertido que la comisión, aún "sin nacer, está siendo utilizada ya por la derecha y la extrema derecha para desgastar al gobierno progresista" sin cumplir "con el objetivo principal, que es saber la verdad".

Barbón ha evitado pronunciarse sobre la decisión de Tomé —"no voy a comentar lo que decida cada grupo", ha dicho—, pero sí que ha asegurado que la respuesta que ha dado su gobierno en materia de investigación "es la del sentido común" y ha defendido que "lo prudente" es esperar al resultado de la "triple investigación" abierta.

Además de la investigación del Juzgado de Cangas del Narcea, en la que el Principado se personará como acusación particular, desde el Ejecutivo autonómico se ha iniciado una auditoría del servicio de minas por parte de la Inspección General de Servicios y se ha constituido una comisión especial de Seguridad Minera para investigar el accidente, ha recordado Barbón.

Por su parte, el secretario general y diputado de Foro, Adrián Pumares, uno de los promotores de la comisión, se ha preguntado "qué teme" el presidente del Principado que se "descubra" en la investigación parlamentaria en torno al mayor accidente en la minería asturiana en los últimos 30 años.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha absuelto al expresidente del Principado y exvicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos, del delito continuado de apropiación del que estaba acusado por supuestamente cargar gastos indebidos a Foro Asturias, según informa EFE.

Álvarez-Cascos, que durante el juicio defendió que todos los gastos formaban parte de su retribución en el partido que lideraba y aseguró que tenía la "conciencia tranquila", afrontaba una petición de tres años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía y de dos por parte de la acusación particular ejercida por Foro.

Las acusaciones también pedían una indemnización de entre 181.000 euros y 218.000 euros por haber cargado gastos que consideraban particulares, relacionados por ejemplo con viajes o comidas.

Álvarez-Cascos ocupó diversos cargos de relevancia en Foro Asturias, partido constituido en 2011 en torno a su figura tras su salida del PP y con el que accedió ese mismo año a la Presidencia del Principado.

Durante la vista oral, Álvarez-Cascos aludió a un acuerdo con el partido para que se le abonaran los gastos derivados de su actividad al servicio del partido, a la vez que defendió que "trabajaba veinticuatro horas al día" con "dedicación plena" al proyecto político sin tener "ni descansos ni vacaciones".

En su sentencia, la Audiencia apunta que "tal acuerdo, que es razonablemente comprensible para motivar a la persona buscada para liderar el proyecto político que se ponía en marcha, es referido por el acusado y confirmado por testigos destacados en la génesis y ulterior acción del partido", como Isidro Martínez Oblanca, Pedro Leal, Javier Canal, José Ramón Campo y Pelayo Roces.

El tribunal admite que otros testigos "no menos significados", entre los que se encuentran la actual alcaldesa de Gijón y presidenta de Foro, Carmen Moriyón, que puso en marcha la auditoría que derivó en la denuncia contra Álvarez-Cascos, "no avalan la realidad de la propuesta económica que comprendía que el acusado no experimentara pérdidas de esa naturaleza respecto a su status anterior a retomar la acción política que se le ofrecía", aunque "se limitan a decir que no la conocían".

La sentencia apunta que desde su origen el partido no tenía tesorero, de modo que la gestión económica y financiera recaída sobre la Comisión Directiva, sin que nadie cuestionara los gastos, y añade que el acusado "nunca dispuso de firma en las cuentas bancarias del partido ni de tarjetas de crédito o débito asociadas a ellas".

Así, los gastos generados por su actividad que se consideraban relacionados con sus funciones eran cargados a las cuentas del partido "previa aportación de los justificantes correspondientes que eran contabilizados y comprobados para pasar a la firma de los apoderados en las cuentas bancarias".

Las acusaciones alegaban que el grueso de los gastos indebidos en los que incurrió Foro -unos 173.000 euros- se debió al alquiler de una oficina en el Paseo de la Castellana de Madrid, que había sido comprada por Álvarez-Cascos y posteriormente se vinculó a una empresa administrada por su tercera mujer, María Porto, para una sede del partido que calificaban de "ficticia".

Tras hacer referencia a lo expuesto por varios testigos, el tribunal considera que "habrá que aceptar que la sede existió y se utilizó", y que "quien perteneciendo a la estructura orgánica del partido lo niegue será porque se conducía despreocupadamente respecto de los intereses de la formación".

Respecto a los gastos de mantenimiento de dos vehículos, la sentencia apunta que "no es ninguna excentricidad asociar a la actividad del partido el uso de vehículos particulares" y recuerda que dos chóferes admitieron que los coches particulares se utilizaban cuando los oficiales estaban en mantenimiento y que "los desplazamientos del acusado para actos del partido o de conciliación familiar eran innumerables".

La Audiencia Provincial concluye que "aunque se admitiera que por la forma presidencialista con la que el acusado llevaba las riendas de la formación política, en todos los órdenes, él tenía el manejo de los fondos que como administrador de facto tenía que gestionar en beneficio de los fines del partido, todos los cargos de dirección y gobierno del partido consintieron expresa o implícitamente los gastos".

El juicio contra el impulsor de Foro Asturias, exvicepresidente del Gobierno y expresidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, acusado de un delito continuado de apropiación indebida por cargar gastos personales al partido, ha sido señalado nuevamente para el 7 de enero. De acuerdo al nuevo señalamiento fijado en una providencia, la vista oral se celebrará en la Audiencia Provincial de Oviedo a lo largo de seis sesiones, los días 7, 9, 16, 21, 24 y 29 de enero, según informa EFE.

El juicio contra Álvarez-Cascos ha sido suspendido en tres ocasiones, la primera vez en mayo del año pasado por coincidencia de señalamientos de los abogados, y después en febrero y en octubre de este año por motivos de salud de un magistrado, que además es ponente de la causa, y la imposibilidad de sustituirle. La nueva fecha se ha fijado después de que se haya acordado que el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia pase a integrar el tribunal y asuma la ponencia.

La Fiscalía, que pide una pena de tres años y medio de cárcel, considera que Álvarez-Cascos se llegó a apropiar de 181.648 euros de Foro Asturias. Según la el órgano judicial, Álvarez-Cascos mantuvo como máximo responsable de Foro un sistema de pagos del que se valió para cargar gastos no relacionados con su actividad política y de los que se benefició personalmente y su familia.

Entre mayo de 2011 y octubre de 2016, el Ministerio Público considera que cargó 7.793 euros para pagar a un procurador por un caso previo a la existencia de Foro así como gastos de hotel y restaurantes, comida a domicilio, un juego de videoconsola, billetes de AVE, entradas para la Copa Davis así como una cama completa, una moqueta, tapicería y visillos.

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha convocado este miércoles una rueda de prensa urgente, en la que se prevé que anuncie la ruptura del pacto con Vox, han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al Gobierno local.

Así lo hará horas después de que la diputada regional y concejala de Festejos, Sara Álvarez Rouco (Vox), anunciara a los medios de comunicación su intención de hacer cambios en el Festival Internacional de Cine de Xixón, para que dejara de ser "de unos pocos" y se alejara de "sesgos y partidismos", para enfocarlo más a los ideales de su partido; "trabajo, esfuerzo y respeto a todos".

"Se acabó", ha publicado Moriyón en la red social X (antes Twitter), sin llegar a dar más explicaciones sobre el significado de estas palabras.

Cabe recordar que el Gobierno tripartito lo forman Foro, PP y Vox. No obstante, el pacto no fue firmado a tres bandas, si no que Foro firmó un acuerdo con el PP y otro con Vox.

Los participantes en la manifestación que se ha celebrado en Oviedo para exigir la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano han querido aprovechar la oportunidad para exigir al Gobierno asturiano y a los distintos grupos parlamentarios que el proceso para reformar el Estatuto de Autonomía e incluir esa oficialidad no se alargue más, según informa Europa Press. "Que completen la reforma sin más demoras", han señalado en el manifiesto que han leído en la Plaza de la Catedral, lugar donde terminó la movilización.

Han añadido que en Asturias llevan demasiado tiempo sufriendo un "trato desigual intolerable" por que las personas que hablan otras lenguas en otros territorios tiene reconocido oficialmente el derecho a usarlas, mientras que en Asturias quien quiere usar el asturiano o el gallego asturiano "siempre se van a encontrar con que ese uso no tiene validez legal".

De esta forma han querido aclarar los puntos que a su juicio ha de incluir la nueva redacción relativa a la oficialidad en el Estatuto de Autonomía. En primer lugar se han referido a la oficialidad de las dos lenguas "propias de Asturias", tanto del asturiano como del gallego asturiano, "al lado del castellano".

También piden que se incluya la garantía del derecho a conocerlas y usarlas, así como el compromiso de que una ley de la Junta General del Principado desarrollará los términos y ámbitos del uso oficial de esas lenguas. Por último, exigen que en la nueva redacción se incluya el compromiso de que ninguna persona va a poder ser discriminada en Asturias por la lengua que libremente escoja para comunicarse.

Pero además, han recordado a los diputados asturiano que el gallego-asturiano no puede quedar marginado en este proceso y que ha de tener el mismo reconocimiento que la lengua asturiana. También han defendido el término gallego-asturiano frente al de eonaviego. "Es hora de seriedad, no de ocurrencias", han advertido a los políticos.

Han insistido en que "no hay tiempo que perder" para afrontar este proceso porque además de aprobar la reforma del Estatuto en Asturias, tiene que aprobarse luego en las Cortes Generales y posteriormente habrá que elaborar la ley de normalización. "Hasta que todo ese proceso no se complete, vamos a seguir sin garantizar avances reales en nuestros derechos lingüísticos", han advertido.

Situación actual 

El Estatuto de Autonomía de Asturias, aprobado en 1981, ya contempla la protección del asturiano (bable) en su artículo 4 y dice que se promoverá su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando las variantes locales. En el año 1998, con Sergio Marqués (PP) como presidente de Asturias, se aprobó la ley de uso y promoción del bable/asturiano, que actualmente regula la protección del idioma.

La actual normativa, sin embargo, no es suficiente para los participantes en la manifestación de este sábado, que exigen que el asturiano y el gallego asturiano sean oficiales y gocen de la misma protección y desarrollo que otros idiomas del país, como el catalán o el gallego.

En Asturias gobierna el PSOE en minoría en un parlamento muy fragmentado, con 20 de los 45 diputados. La cámara se completa con 10 diputados del PP, 5 de Ciudadanos, 4 de Podemos, 2 de IU , 2 de Foro Asturias y 2 de Vox. Si bien el PSOE, Podemos e IU ya han manifestado su interés en reformar el estatuto para introducir esa oficialidad del asturiano y el gallego-asturiano, suman 26 diputados, que no son suficientes para la mayoría de tres quintos necesaria para hacer una modificación en el Estatuto. Las miradas, por lo tanto, están centradas en el portavoz de Foro Asturias y secretario general de su partido, Adrián Pumares. Si votase a favor, se conseguiría esa mayoría.

El compañero de grupo de Pumares, Pedro Leal ya ha dicho que se opone a esa oficialidad al entender que no existe el consenso necesario y que ese fue el compromiso en elecciones. PP, Ciudadanos, y Vox se oponen a modificar el Estatuto para introducir la oficialidad.

El PSOE asturiano cambió de posición en este asunto respecto a la pasada legislatura. El anterior presidente, Javier Fernández, no era partidario a la oficialidad y cuando hablaba del asunto decía que no iba en su programa electoral. Sin embargo, con el actual presidente, Adrián Barbón. al frente del partido, los socialistas asturianos introdujeron en las últimas elecciones la oficialidad del asturiano en su programa.

En una reciente sesión plenaria de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) , Adrián Barbón, consideró suficiente una mayoría de 27 diputados para la reforma y declaró que su planteamiento no es obligar a hablar en asturiano. De hecho, los socialistas vienen señalando que su modelo es una oficialidad "amable" y Barbón recuerda que la Constitución Española ya recoge que las lenguas españolas serán oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos.

"Intolerantes"

En la manifestación de este sábado, que transcurrió en un ambiente festivo y contó con la participación de miles de asturianos, se quiso también contestar a quienes se oponen a la oficialidad, como el PP, Ciudadanos o Vox. "El mundo está lleno de comunidades multilingües y eso no tiene que ser ningún problema. Al revés, es una riqueza. Solo es un problema para los intolerantes, para los de mentalidad excluyente, para esos que avisan de catástrofes apocalípticas si se aprueba la oficialidad", han señalado. Son los sectores "más reaccionarios" los que se resisten, han dicho, ha reconocer un derecho democrático.

Además han criticado la "campaña de mentiras, alarmismo y hasta de señalamientos personales" cuyo último ejemplo ha sido el "ataque mediático" al diputado de Foro Asturias Adrián Pumares. "Queremos decirle a él y a cualquier otra persona que pueda ser objetivo de estos ataques que no están solos", han comentado.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra el ex secretario general de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, por presunta apropiación indebida. Según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, la decisión de la jueza se basa en el auto de procedimiento abreviado que en mayo ya solicitó que continuase la tramitación de la causa, por si los hechos investigados fuesen constitutivos de un presunto delito continuado de apropiación indebida de fondos del partido Foro Asturias.

Según ese auto, Álvarez-Cascos ostentaba, presuntamente, "un absoluto control de la actividad y de las decisiones del partido y valiéndose de su cargo orgánico dentro del partido para disponer de los fondos y recursos económicos titularidad de Foro para fines ajenos a la actividad política, tratándose de gastos de carácter personal".

Sostiene que, presuntamente, Álvarez-Cascos "entre el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2011 y el 16 de octubre de 2017 y sirviéndose de su condición de presidente y posteriormente de secretario general y, de la inexistencia de un insuficiente sistema de control de gastos en el partido Foro Asturias, pasó a cargar a las cuentas del partido gastos de naturaleza personal no relacionados con su actividad política y por ende desvinculados de la actividad y del interés del partido".

Tales gastos vienen constituidos, según el Auto, por los siguientes: "Gastos de Procurador por asunto político previo relacionado con otro partido político y Procurador por un asunto personal; psicotécnico; zapatos; cuatro desplazamientos a la localidad de A Coruña y gastos de hotel y alimentación; hotel de su suegro; pedidos de comida a domicilio particular y a nombre de familiares; juegos de videoconsola; cuatro billetes de tren AVE de sus hijos; cinco entrada para la Copa Davis, dos entradas para el Museo Thyssen y dos entradas para el Museo del Prado; cama completa, compuesta por colchón, patas y canapé y gastos de restaurante en localidades de veraneo, además de otros establecimientos de comida rápida".

Estos gastos ascienden en su totalidad a la suma de 5.550,51 euros, "habiéndose practicado cuantas diligencias se estimaron necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, de las personas que en ellos tuvieron participación, así como del órgano competente para el enjuiciamiento".

Los términos de la "oferta/propuesta profesional" recibida, previa a la creación del partido, implicaba además de un alineamiento al proyecto político, el mantenimiento tanto de su situación económica previa como de su lugar de residencia en Madrid, a cambio de una dedicación exclusiva por parte del aquí investigado al proyecto político; otorgándole con ello facilidades para el mantenimiento de su vida personal y familiar, lo que implicaba desplazamientos a Madrid (con o sin conductor), gastos inherentes al mismo así como alojamientos en Asturias, además de capacidad decisoria en cuanto a la forma de ejercer la actividad política y libertad para ejecutar gastos económicos inherentes al partido que el mismo considerare (si bien sujeto a un control posterior), señala el Auto.

Tal régimen económico estipulado se cumplió inicialmente, si bien a raíz de la disminución de la capacidad económica del partido Foro en el año 2015, se disminuyen los ingresos que se percibían en concepto de sueldo tanto del investigado como del resto de personal del partido.

La magistrada señala que respecto al sistema de generación de gastos que regía en ese periodo, en lo que se refería a los traslados del Álvarez-Cascos, se optó por un régimen de abono particular, de tal manera que no se le abonaban los kilómetros de desplazamiento en vehículo propio a precio fijo, sino los gastos que supongan los mismos (tales como gasolina, peajes, mantenimiento de vehículos privados); disponiendo el investigado de una tarjeta Solred para gasolina que era empleada también para el pago del carburante de los vehículos del partido; sin que se abonarán dietas, sino que se abonaban los gastos en que incurriera en concepto de alimentación, comidas, incluyendo los suyos personales o el abono de invitaciones por gastos de representación.

"Por lo que al no existir dietas ni pago por kilómetros y que se estimaba que no se cumplía el acuerdo económico inicialmente acordado, no se supervisaba exhaustivamente los gastos que se generaban y si los mismos eran ajenos al partido y a la actividad política", explica la jueza.

El expresidente del Principado de Asturias, exministro del PP y fundador de Foro, Francisco Álvarez Cascos, ha anunciado este lunes que cancela su "militancia" en Foro, criticando "la demolición ética, ideológica, estratégica, táctica y organizativa" de su actual dirección, según recoge Europa Press.

Al respecto, desde el partido indican que el expediente de expulsión estaba suspendido, dado que se encuentra en un proceso penal. De este modo, si formaliza su baja se procedería al archivo del expediente. 

Cascos, en una intervención en la Mesa de Mareantes y Navegantes de Luarca y difundida a través de nota de prensa por el diputado Pedro Leal, critica la "demolición" del proyecto de Foro.

"Cancelo hoy mi afiliación a un partido en el que sus dirigentes protagonizan el episodio insólito de demolición ética, ideológica, estratégica, táctica y organizativa del proyecto político singular de Foro que gestamos hace diez años", ha dicho el exlíder de la formación, para quien la Fiscalía del Principado de Asturias solicita 2 años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, al considerar que cargó a las cuentas del partido gastos personales por valor de 5.550 euros.

Para Álvarez Cascos, la actual dirección, encabezada por Carmen Moriyón y Adrián Pumares, convierte a Foro "en un club minoritario donde cinco personas predeterminadas -léanse los arts. 29 y 30 de los Estatutos que patrocinan-, suplantan las competencias de gestión ordinaria de la actual Comisión Directiva".

"Foro era un partido con sistema de elección directa de todos los afiliados e intentan convertirlo en un club de voto censitario, donde el derecho sólo lo pueden ejercer personas con conocimientos tecnológicos que les permitan estar inscritas en un censo que nadie más que el aparato controla, y votan sin ninguna garantía democrática de dicho censo ni del escrutinio", dice.

En ese sentido, apunta que no puede permanecer "al lado de quienes traicionaron a Foro en 2019 y hoy lo dirigen; de quienes incumplen flagrantemente sus Estatutos; y de quienes siguen traicionando de modo continuado a los 30.000 asturianos que votaron a nuestros candidatos".

"No aspiro permanecer ni un minuto más bajo el disfraz de etiquetas nacionalistas, para renunciar a la condición de partido nacional que tiene como objetivo esencial el progreso político, económico y social de España", añade, afirmando que "bajo el eufemismo de la transversalidad', renuncian a construir una alternativa de Gobierno para resolver los problemas de Asturias, y se conforman con participar en la solución, a cambio de maximizar beneficios particulares, reeditando un nuevo Pacto del Duerno que ya rechazamos en el pasado".

"No quiero ser cómplice de maniobras de mercadeo con el PSOE, cada vez que necesita un voto en la JGPA para perpetuarse en el Gobierno del Principado, o para aprobar la oficialidad del asturiano que no sólo divide sino que daña los sentimientos de todos cuantos nacimos y crecimos en el cariño, el respeto y el reconocimiento a nuestros bables ancestrales", dice.

Según asevera, siente "un sentimiento de legítimo orgullo por la colosal tarea realizada, que esta gente hoy intentan destruir y borrar". "Apelo a Don Quijote para expresarlo: 'y, puesto que todo sucediese al revés de lo que imagino, la gloria de haber emprendido esta hazaña no la podrá escurecer malicia alguna'", concluye.

La Fiscalía del Principado de Asturias considera que existen "indicios suficientes" de que el impulsor de Foro Asturias y expresidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, cargó a las cuentas del partido gastos personales por valor de 5.550,51 euros entre los años 2011 y 2017, según recoge Europa Press. Por ello, el Ministerio Público ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo la continuación de la causa abierta contra Álvarez-Cascos por los trámites del procedimiento abreviado, que supondría el fin de la instrucción y, en el momento procesal oportuno, la formalización de la correspondiente acusación por un delito continuado de apropiación indebida.

El informe del Fiscal fue presentado esta este jueves ante el órgano judicial. El procedimiento se inició por la querella interpuesta por Foro contra Álvarez-Cascos en 2020 por una serie de conductas y gastos, que posteriormente fueron ampliados por el partido.

A juicio del Fiscal, consta "suficientemente acreditado" que, entre el 15 de mayo de 2011 y el 16 de octubre de 2017, el investigado, sirviéndose de su condición de presidente y posteriormente de secretario general de Foro Asturias, y de la existencia de un insuficiente sistema de control de gastos en el partido, cargó a las cuentas de la formación política gastos de carácter personal, no relacionados con su actividad profesional, que suman 5.550,51 euros.

Entre esos gastos están los de procurador por un asunto político previo relacionado con otro partido político y procurador por un asunto personal; un informe Psicotécnico; Zapatos; gastos de cuatro desplazamientos a la localidad de A Coruña y gastos de hotel y alimentación. Hotel de su suegro; pedidos de comida a domicilio particular y a nombre de familiares.

Juego de videoconsola; cuatro billetes de tren AVE de sus hijos; cinco entradas para la Copa Davis, dos entradas para el Museo Thyssen y dos entradas para el Museo del Prado. Cama completa, compuesta por colchón, patas y canapé; y gastos de restaurantes en localidades de veraneo y hamburgueserías.

La Fiscalía considera que la justificación vertida por el investigado sobre estos consumos no es suficiente. Matiza que el hecho de que puedan considerarse gastos residuales en comparación con el global de gastos que le se atribuían inicialmente no los convierte en lógicos, aceptables a la actividad política, y constituyen un delito continuado de apropiación indebida.

En cuanto al resto de gastos denunciados por Álvarez-Cascos, el Fiscal, tras la profusa instrucción practicada, considera que están relacionados con la práctica profesional del investigado. En el marco de la instrucción del procedimiento, el pasado 9 de febrero el Ministerio Fiscal presentó un informe en el Juzgado, en el que concluyó que, tras las justificaciones, explicaciones y elementos de prueba aportados por el investigado, así como las diligencias de investigación acordadas por la juez instructora, varias de las apropiaciones que se atribuían al investigado resultaban justificadas.

En esencia, la Fiscalía, en ese informe, consideró que ciertas conductas del investigado "no constituían apropiación" de dinero ajeno, entre ellas, el cobro de su salario, el cobro por conferencias, los gastos de conductor, vehículo, secretaría personal, préstamo personal recibido (y devuelto), alquiler de un centro de negocios en Madrid para el partido o numerosos gastos que aparentemente se podían clasificar como de carácter personal pero que aparecían relacionados con su actividad política.

El secretario general de Foro y su portavoz en la Junta General, Adrián Pumares, ha confirmado que la dirección del partido ha decidido presentar una querella criminal contra su fundador, el expresidente del Principado de Asturias y exlíder de la formación, Francisco Álvarez-Cascos, por unos presuntos delitos continuados de "apropiación indebida y de administración desleal", informa Europa Press.

En declaraciones remitidas a los medios este sábado, Pumares ha señalado que "una vez revisadas las cuentas y la documentación del partido" se considera que "hay indicios más que razonables de presuntas irregularidades, de presuntos delitos" y, por tanto, han decidido, "como cualquier partido que pretende ser ejemplar en la sociedad", ponerlo "en conocimiento de la justicia". "Lo que resulta evidente, aunque respetemos profundamente la presunción de inocencia, es que desde el punto de vista moral, político, ético y estético los actos cometidos por Francisco Álvarez-Cascos no tienen justificación posible", ha apuntado.

Por ello, explica Pumares, la Comisión Directiva de Foro ha acordado la expulsión del partido de Álvarez-Cascos, quien también fuera alto cargo del PP y ministro con el presidente José María Aznar. "Nuestro objetivo es ser ejemplares. La responsabilidad de cualquier partido político es ser ejemplar, y comportamientos como los de Francisco Álvarez-Cascos no tiene cabida no ya en Foro sino que no tiene cabida en ningún partido político democrático", ha remarcado.

El diputado de Foro Asturias en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, ha confirmado al Jefe del Estado que su partido no apoyará una investidura del presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y ha llegado a augurar que habrá unas terceras elecciones, ha informado Europa Press.

Así lo ha puesto de manifiesto Martínez Oblanca en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido con el rey en el Palacio de la Zarzuela en el marco de la ronda de consulta con los líderes políticos, que ha abierto con él, para proponer candidato a la investidura.

El asturiano ha explicado que ha trasladado al monarca que Foro apoyará "a quien presente un programa modernizador para España, que recupere la senda del pleno empleo y que garantice la igualdad entre españoles y comunidades autónomas" y que, por estas razones, su partido no puede apoyar a Pedro Sánchez.

Acuerdos "tribales" con los independentistas

En este punto, Martínez Oblanca ha mostrado su preocupación sobre las consecuencias de los acuerdos "tribales" e "insolidarios" que el PSOE negocia con los independentistas, a quienes ha denunciado que "sólo importa la ruptura de España y la conquista de nuevos privilegios para Cataluña y País Vasco a costa de los demás españoles".

El representante de Foro Asturias, partido que concurrió a las últimas generales en coalición con el PP, ha asegurado que su pauta de actuación en esta legislatura será el cumplimiento del programa para Asturias acordado con los cnservadores, el cual entregó encuadernado a Felipe VI.

Martínez Oblanca no ha querido desvelar nada de su conversación con el rey pese a la insistencia de los periodistas por saber si propondrá candidato en caso de que no tenga los apoyos necesarios para ser investido o si ha planteado a Felipe VI la posibilidad de que Sánchez mire al centro derecha en caso de fracasar sus negociaciones con Esquerra Republicana. "No voy a hacer ningún comentario sobre el contenido de la reunión", ha zanjado.

Sánchez lleva "un mal camino"

Preguntado sobre si intuye que habrá investidura antes de Navidad, el político asturiano ha respondido que sería "una muy mala noticia" abocar al país a unas terceras elecciones, pero sostiene que la inestabilidad que, a su juicio, representa Pedro Sánchez traerán consigo una nueva repetición electoral.

Ya no sólo, ha argumentado, porque logró resolver en 36 horas el problema de "insomnio" que le provocaba tener a Unidas Podemos en un futuro Gobierno sino también porque lleva un "mal camino" al seguir "el temario y el calendario" que le plantea ERC para asegurarse la investidura y tras haber "triturado" todos los puentes con las fuerzas constitucionalistas.

La convocatoria de un debate sobre el estado de la nación no es una prioridad del Gobierno de Pedro Sánchez. Eso es, al menos, lo que se desprende de una respuesta parlamentaria por escrito del Ejecutivo al diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca.

"En este momento no existe ninguna previsión respecto a a la cuestión que plantea su pregunta", indicó el Gobierno en una respuesta fechada el 4 de diciembre y que se conoció este lunes. 

Fue el 20 de septiembre cuando el diputado de Foro se interesó sobre si el Ejecutivo tenía prevista "la solicitud en fecha próxima" de la celebración en el Congreso de los Diputados de "un debate de política general sobre el estado de la nación".

Antes de formular la pregunta, Martínez Oblanca menciona "la situación derivada de los desafíos independentistas en Cataluña, el paulatino deterioro económico que señalan los indicadores oficiales, el aumento del desempleo, la subida de la cesta de la compra, el incremento de los precios de la luz y los carburantes y el empeoramiento general de la vida cotidiana de los españoles".

En su contestación, además, el Gobierno recuerda al diputado "que los miembros del actual Gobierno tomaron posesión a principios del pasado mes de junio, es decir, hace menos de seis meses".

El último debate sobre el estado de la nación tuvo lugar los días 24 y 25 de febrero de 2015. El presidente del Gobierno era Mariano Rajoy. El de febrero de 2015 fue el tercero del expresidente del Gobierno, tras los celebrados en 2013 y 2014.

Los "cromos" de Sánchez

Mariano Rajoy dejó la Presidencia del Gobierno tras la moción de censura que le planteó el socialista Sánchez. La idea del equipo del expresidente era que el debate se celebrase a finales del mes de junio. 

Hace casi un año, el pasado enero, el PP rechazó una petición de Unidos Podemos para que se convocase un Pleno extraordinario que debatiese una proposición no de ley para instar al Gobierno a convocar el debate sobre el estado de la nación. El argumento que dieron los conservadores es que lo harían con "normalidad" a mediados de año.

Nada más perder Rajoy la moción, los conservadores reclamaron que el debate sobre el estado de la nación se celebrase ese mismo mes de junio. En palabras del exportavoz del PP en la Cámara Baja, Rafael Hernando, era la oportunidad ideal para que Sánchez diese cuenta de los "cromos" cambiados con quienes le apoyaron para llegar a la Moncloa.

Los debates sobre el estado de la nación no están regulados. Es decir, los gobiernos no incumplen ninguna ley si no los convocan. Pero la costumbre parlamentaria marca que, salvo excepciones, se celebren salvo cuando hay convocatoria de elecciones generales. Fueron instaurados en 1983 por el socialista Felipe González.

Sin demandas de la oposición

A día de hoy, el PP no ha vuelto a poner sobre la mesa de la demanda de la celebración de este debate, como sí hizo en junio su exportavoz en el Congreso.

El partido de Pablo Casado prefiere poner el foco en la situación en Cataluña. La principal demanda de los conservadores a Sánchez se centra en exigir que se aplique el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Una exigencia que se va a intensificar esta semana a medida que se acerque el viernes, cuando el Gobierno celebrará en Barcelona la reunión del Consejo de Ministros y cuando existe la posibilidad de una reunión entre el presidente del Gobierno y Quim Torra, presidente de la Generalitat.

Junto a la exigencia de aplicar el 155, el PP pide a Sánchez que cumpla el compromiso que verbalizó en el momento de la moción de censura: que convoque elecciones generales. 

En el PP creen que ahora, tras las elecciones andaluzas, sería un buen momento para la convocatoria de comicios. Aseguran que Casado y su equipo ya están preparados. Pero confían poco en que Sánchez disuelva las Cámaras. En Génova ven a los socialistas divididos en esta materia. Consideran que los barones quieren que sean en marzo; Ferraz, en mayo, coincidiendo con las autonómicas, municipales y europeas. Y en Moncloa, creen en el PP, son partidarios de aguantar, al menos, un año más, hasta diciembre de 2019.

Como ocurriría de celebrarse en los próximos meses, la situación en Cataluña fue un de los principales temas que se abordaron en los últimos debates sobre el estado de la nación protagonizados por Mariano Rajoy.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 ha superado este martes la primera de las tres tandas de votaciones previstas en el Pleno del Congreso para incorporar enmiendas de los grupos y aprobar las diferentes secciones de las cuentas, según informa Europa Press. En esta sesión se han introducido un total de 20 enmiendas.

Así, el Gobierno del PP ha contado con el respaldo de Ciudadanos, PNV, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias, sumando un total de 176 diputados que han ido apoyado la aprobación de los distintos títulos del articulado del proyecto de ley y de las cuentas de cinco Ministerios.

Para asegurar esa mayoría absoluta en el panel de votación han tenido que contar con la presencia de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que ha viajado a Madrid este martes pese a que de madrugada falleció su padre. Las votaciones no permitían errores ni ausencias pues, en caso de que una sola sección sea rechazada, todo el proyecto sería tumbado y devuelto al Gobierno.

Por contra, los diputados del PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y Bildu han votado en contra de los distintos dictámenes. En las filas del No ha habido una ausencia, la del diputado socialista, Gregorio Cámara, cuyo hermano ha fallecido este martes.

Así las cosas, la votación más reproducida en esta larga tanda de votaciones, que ha durado casi dos horas, ha sido 176 frente a 173, con 349 diputados presentes en el hemiciclo.

Tras iniciar su debate este lunes con la comparecencia del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y debatir las enmiendas al articulado de la ley, este martes ha tocado el turno a debatir más de la mitad de las secciones de los Presupuestos.

Eliminación de límites a la temporalidad en la Administración

Entre las enmiendas incluidas a las cuentas, destaca la eliminación de los límites fijados a los contratos temporales y de interinidad en la Administración pública, el sector empresarial público y las fundaciones. Precisamente unos límites que habían sido incorporados en el proyecto de Presupuestos durante su tramitación en la Comisión.

Estos límites pasaban por restringir este tipo de contrataciones a los servicios esenciales públicos y con una duración máxima de tres años, encadenamiento de contratos incluidos. Sin embargo, la enmienda pactada entre PP y PSOE deja el artículo sólo con la prohibición para este tipo de contratos "excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables".

Asimismo, el proyecto de Presupuestos incluirá también la creación por parte del Gobierno en el plazo de seis meses de un organismo independiente para supervisar la contratación del sector pública, a instancias de Ciudadanos, y que estará adscrito a la Oficina Nacional de Evaluación.

Más dinero contra la violencia machista

El Gobierno también ha aumentado, tras pactar con PSOE y Nueva Canarias, las partidas destinadas a la lucha contra la violencia de la mujer. Con los socialistas, han acordado destinar 2 millones de euros para la prevención y atención de las víctimas de agresiones sexuales, una partida que, además, no existía hasta ahora. Asimismo, se han aumentado los beneficios fiscales a los donantes de las Becas Soledad Cazorla para ayudar a huérfanos de la violencia de género.

En este sentido, la portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, ha explicado que los gastos del Gobierno no son fijos, ya que depende de lo donado. Sin embargo, según cálculos realizados en base a años anteriores, el Estado gastará en esta iniciativa apenas 3.500 euros. Por su parte, la enmienda aceptada de Nueva Canarias supone otros 2 millones de euros para luchar contra la violencia machista en el archipiélago canario.

En materia de Justicia, el departamento de Catalá ha negociado con Unidos Podemos para destinar 100.000 euros para la mejora de la plataforma tecnológica y de investigación de perfiles genéticos relacionados con los casos de bebés robados.

41 enmiendas de Nueva Canarias

Por otro lado, también se han incorporado a los Presupuestos algunas de las partidas pactadas por el PP con sus apoyos parlamentarios para sacar adelante los Presupuestos, que no habían sido incluidas ni en fase de ponencia ni en comisión. Principalmente, las de Nueva Canarias, puesto que el acuerdo para el Sí de Pedro Quevedo no se alcanzó hasta este mismo fin de semana.

Así, el diputado canario ha logrado el aumento de las bonificaciones en el transporte marítimo y aéreo interinsular y con la Penínsulabonificaciones , lo que ha acabado arrastrando a unas bonificaciones similares para Baleares, así como Ceuta y Melilla. Igualmente, también ascienden las bonificaciones al transporte de mercancías, aéreo y marítimo, para estos cuatro territorios con la Península y la Unión Europea.

Del mismo modo, también se ha incorporado al proyecto un plan de 10 millones de euros para combatir la pobreza en la región, convenios de inversión para desarrollar el ya incluido Plan Integral de Empleo, e inversiones en infraestructuras, dependencia e I+D+i.

Otro de los partidos que también ha visto recogidas en el proyecto nuevas partidas es Foro Asturias, que ha logrado la aprobación de 21,3 millones de euros dentro de las partidas destinadas a la reactivación económica de las comarcas afectadas por el cierre de minas de carbón.

El PP ya da por cerrados los apoyos pendientes de Nueva Canarias y de Foro Asturias para aprobar la próxima semana los Presupuestos Generales del Estado de 2017 en el Pleno del Congreso, según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

En la Comisión de Presupuestos, el PP ha sacado adelante esta semana el proyecto del Gobierno con el apoyo de Ciudadanos, PNV y UPN, lo que le ha dado una mayoría absoluta para no perder ninguna de las cientos de votaciones llevadas a cabo y tumbar las más de 5.000 enmiendas de los demás grupos de la oposición.

El dictamen se ha elevado este jueves al Pleno del Congreso, que empezará a debatirlo y votarlo por partes a partir del próximo lunes. Para entonces ya no basta con esos apoyos, sino que el PP necesitará también a Coalición Canaria, cuyo voto está firmado por escrito, y a los diputados de Foro Asturias y Nueva Canarias.

Foro amenazaba tres ministerios

Con la formación asturiana, aliada electoral del PP en los dos últimos comicios generales, estaban pendientes algunas inversiones territoriales y se mantenía la amenaza de tres enmiendas de totalidad contra los ministerios de Economía, Industria y Educación que, de prosperar, podrían dar al traste con todo el proyecto de Presupuestos.

El diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, estuvo este miércoles cerrando con Hacienda los últimos flecos pendientes y el PP da por hecho que acabará votando a favor y que retirará las enmiendas de totalidad contra esos tres ministerios.

Respecto a Nueva Canarias, su diputado Pedro Quevedo ya había dicho que el acuerdo estaba al 60% tras su segunda visita al Palacio de la Moncloa para reunirse el martes con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y con el ministro Cristóbal Montoro. En las horas posteriores la negociación se aceleró.

Según las citadas fuentes, este miércoles por la tarde hubo nuevas reuniones técnicas y el partido canario acabó anunciando formalmente un acuerdo para subvencionar el transporte interinsular, uno de los temas clave de la 'agenda canaria'.

El acuerdo con Quevedo se escenificará en el Pleno

Los flecos pendientes se han ido rematando y, aunque en la Comisión de Presupuestos no se han aprobado enmiendas de Nueva Canarias, en el PP están convencidos de que Quevedo escenificará el acuerdo la próxima semana en el Pleno del Congreso y que será entonces cuando, a través de transaccionales, se aprobarán sus demandas.

Con el voto de Nueva Canarias el PP se garantiza los 176 diputados necesarios para sacar adelante en el Pleno del Congreso tanto el proyecto de ley de Presupuestos como las cuentas de todos los ministerios, siempre y cuando no haya ausencias ni errores en las votaciones. Y es que si el Congreso 'tumba' el presupuesto de una sección o ministerio, derriba todo el proyecto presupuestario.

Si todo transcurre como espera el PP, las cuentas se enviarán el próximo miércoles al Senado para completar la tramitación y allí no hay riesgo alguno, porque el Grupo Popular cuenta con mayoría absoluta. Sólo volvería al Congreso si la Cámara Alta introdujera alguna enmienda y únicamente para ratificar esas modificaciones, no para poner en cuestión todos los Presupuestos.

La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, manifestó este jueves en la sesión de investidura que el apoyo de su formación a Mariano Rajoy no será un cheque en blanco y que la comunidad que representa "no puede permitirse un ajuste más".

Oramas señaló que Canarias ha cumplido con sus objetivos de déficit y rechaza que puedan imponerse recortes presupuestarios porque otras comunidades o la propia Administración central no lo hayan hecho. En este sentido, pidió "sanar las heridas que se abrieron en la crisis" y "fortalecer las políticas sociales".

Para la diputada canaria, es necesario aprobar durante la legislatura una reforma educativa, un nuevo sistema de pensiones públicas –"con especial incidencia en las pensiones contributivas", ha dicho– y "la tan deseada reforma constitucional".

Asimismo, según informó Europa Press, pidió que en la reforma del sistema de financiación autonómica todas las administraciones autonómicas dispongan de los mismos recursos para destinar a sus servicios públicos esenciales.

Durante su intervención, la diputada nacionalista reclamó poner fin al bloqueo político, y pidió a los diputados del Congreso que hagan "un ejercicio de empatía" para "ponerse en los zapatos" de las personas con una mayor situación de dificultad.

Foro Asturias pide un nuevo sistema de financiación, la llegada del AVE y circunvalación para Oviedo

El portavoz de Foro Asturias en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, reiteró su voto favorable al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, al que pidió un nuevo sistema de financiación para su autonomía, la llegada de la alta velocidad y una circunvalación para Oviedo, ya que, según explicó, es la única capital de provincia española que no la tiene.

Además, pidió que se culminen las infraestructuras viarias que se paralizaron con el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, necesarias, según según, para que el occidente deje de ser el Far West asturiano y para favorecer la intermodalidad de los puertos de Gijón y Avilés. Del mismo modo, reclamó medidas para la industria básica, el sector ganadero, que se vele por la soberanía energética española en torno al carbón y se solucione la discriminación hacia sus pescadores.

En líneas generales, el diputado asturiano deseó que "este bloqueo de 10 meses" concluya dando paso a un nuevo Gobierno que trabaje para favorecer el crecimiento y el empleo, que corrija las desigualdades, promueva la cohesión social y asegurar el Estado de bienestar, comenzando por las pensiones.

UPN reitera su apoyo a Rajoy pero dice que defenderá "hasta el último céntimo" para Navarra en los PGE

El portavoz de UPN en el Congreso, Íñigo Alli, afirmó este jueves que los dos diputados que tiene este partido en el Congreso votarán a favor de la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, pero también avisó de que defenderán "hasta el último céntimo de euro que le corresponda a los navarros" en los Presupuestos Generales del Estado.

Durante su discurso en el debate de investidura en el Pleno de la Cámara Baja, Alli también reclamó que se fomente el progreso de esa comunidad a través del Canal de Navarra y el tren de alta velocidad, y dijo que UPN exigirá al Ejecutivo central "los 45 millones de euros que adeuda" del tramo del AVE ya construido.

Asimismo, el diputado felicitó a los partidos que "han trabajado para que la sensatez, la responsabilidad y el sentido de Estado se hayan impuesto" para que por fin se pueda formar un nuevo Gobierno, señal de que, a su juicio, "la política ha ganado al espectáculo".

El diputado de Podemos por Asturias Segundo González ha sido denunciado por el secretario general de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, por relacionarle con los "sobresueldos en B" de los papeles de Bárcenas y con el cobro de supuestas "comisiones irregulares" por la adjudicación de la Variante de Pajares cuando era ministro de Fomento, según ha informado Europa Press. 

Segundo González ha reafirmado que sus sospechas "están bastante fundadas" y que dichas declaraciones "están dentro de la libertad de expresión".

"No soy el único que las ha manifestado en público y no tengo ningún problema al respecto", ha asegurado en declaraciones a los medios en el Congreso, tras señalar que así lo defenderá en el acto de conciliación fijado para el próximo 9 de noviembre, en el que Álvarez-Cascos reclamará una indemnización de 20.000 euros por acusaciones que considera "difamatorias, calumniosas e injuriosas".

Así, ha explicado que ha recibido esta demanda "por sospechar" que el secretario general de Foro Asturias "podría tener algo que ver con el caso Gürtel y que el caso Gürtel podría tener algo que ver con los sobrecostes de infraestructuras en España, como es el caso de la Variante de Pajares" que, según ha denunciado, "lleva ya casi ocho años de retraso" y "un sobrecoste total de entre 1.500 y 2.000 millones de euros, sin tener una cifra exacta porque el Ministerio hace tiempo ya que no da cifras al respecto".

"Manifesté eso a la prensa a finales de julio, y el viernes recibí la demanda de Francisco Álvarez-Cascos", ha asegurado, antes de apuntar que, en su momento, "la UDEF también señaló que las siglas de PAC y todas las derivadas que pueda uno imaginar podrían estar relacionadas con Cascos". "Parece que el único que no sospecha para nada que Cascos tenga algo que ver con al Gürtel es Correa, que salió exculpándolo la semana pasada", ha añadido.

El pasado jueves, el Ayuntamiento de Madrid anunció que a partir del año que viene impondrá una tasa a los cajeros automáticos que se utilicen desde la vía pública, una medida que afectará a más de 2.000 de estos aparatos. La medida, con la que el consistorio de la capital pretende recaudar unos 745.000 euros, ha sido criticada por PP y Ciudadanos: los primeros han asegurado que la banca podría reaccionar "empeorando el servicio o repercutiendo la tasa en sus clientes", mientras que los segundos han afirmado a modo de reproche que la medida es "ideológica" y que la "acabarán pagando los ciudadanos".

No obstante, Madrid no es precisamente una excepción a la hora de cobrar a los bancos por el uso que hacen del espacio público con sus cajeros. De hecho, hasta la aprobación de la medida para el año que viene, era más bien una excepción, ya que de las 19 ciudes más pobladas de España –excluyendo a la propia Madrid, que lidera esta tabla–, todas tienen una tasa de estas características, a excepción de Granada. La mayor parte de esos municipios, un total de nueve, están gobernados por el PSOE, aunque en otros dos el alcalde es del PP, en dos más del PNV, y en uno de Foro. Otros cuatro, por su parte, están gobernados por candidaturas municipalistas de la órbita de Podemos.

La tasa implantada por el Gobierno de Manuela Carmena establece unos cargos de entre 26 y 742 euros por cajero automático, en función de su ubicación. "Quieren ir contra los bancos y quienes acabarán pagando ese dinero serán los clientes", denunciaba este jueves el responsable de Transparencia del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Percival Manglano, que también tachó la medida de "ideológica". Pero el Ayuntamiento de Málaga, liderado su compañero de partido Francisco de la Torre desde el año 2000, establece en una ordenanza fiscal un cargo de "600 euros anuales por cada cajero que sea instalado en la fachada de establecimientos y que pueda manipularse desde la vía pública".

El malagueño no es el único consistorio encabezado por un alcalde conservador que tiene en vigor tasas a los cajeros automáticos. En Murcia, regida por José Ballesta (PP), los "cajeros automáticos cuya utilización deba realizarse directamente desde la vía pública" suponen para sus dueños el pago de una tasa de 105 o 300 euros, en función de su localización en la ciudad, mientras que en Gijón, cuya alcaldesa Carmen Moriyón milita en Foro Asturias, se cobran 125 euros a las entidades bancarias por cada uno de sus cajeros "adosados a edificios en los que su utilización implique un aprovechamiento especial de la vía pública".

Tampoco el PNV parece estar en la órbita ideológica de Carmena, pero no obstante los nacionalistas vascos aplican tasas a los cajeros automáticos a en Bilbao y Vitoria, las dos ciudades de Euskadi que se encuentran entre las 20 más pobladas de España. En la capital autonómica, los cajeros que dan a la calle están gravados con 354 euros por unidad, mientras que en Bilbao la tasa depende del espacio que ocupe el cajero en la calle.

Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza

Varios gobiernos municipales de signo progresista también aplican esta tasa. La ciudad más grande que lo hace, junto a Madrid a partir del año que viene, es Barcelona, que no obstante implementó el impuesto en 2013, cuando la gobernaba el conservador Xavier Trias (CDC). En el caso de la Ciudad Condal la cuantía que deben pagar los bancos varía entre 171 euros y 855 euros, en función de la ubicación del cajero, y fuentes del ayuntamiento explican que se recaudan unos 300.000 euros anuales con la medida.

Las tasas a los cajeros en Valencia –la tercera ciudad de España por población, que tiene como alcalde a Joan Ribó (Compromís)– son algo más altas, ya que se sitúan entre los 669 euros y los 787 euros anuales. Pero el impuesto no fue aprobado por Ribó, en el cargo desde 2015, sino que lo puso en marcha la anterior alcaldesa, la ahora senadora Rita Barberá (PP), que en 2013 aprobó la medida con los votos a favor de su partido y de Compromís. IU se abstuvo por considerar que la medida era "propagandística", mientras que el PSOE votó en contra por considerar que las tasas eran insuficientes.

De igual manera, en Sevilla, gobernada por el socialista Juan Espadas, se cobra una tasa a los bancos por sus cajeros automáticos. Pero, además, la capital andaluza es –de entre las 20 ciudades más pobladas– una de las que impone un gravamen más alto por este concepto: "por cada cajero y semestre", señala su ordenanza fiscal, Sevilla cobra entre 668 euros y 1.527 euros, lo que supone ingresar entre 1.336 euros y 3.054 euros anuales por cada máquina.

Zaragoza, gobernada por el alcalde Pedro Santisteve (Zaragoza en Común, la plataforma apoyada por Podemos e IU), también aplica esta tasa desde 2012, cuando era regidor el socialista Juan Belloch. Según explican fuentes del ayuntamiento, la recaudación anual del tributo –que, al igual que en el resto de ciudades, sólo afecta a los cajeros que dan a la vía pública– asciende a cerca de 120.000 euros.

Un mínimo de 26 euros en Las Palmas

La tasa a los cajeros automáticos que suponen una explotación de la vía pública también se aplica en las capitales canaria y balear, ambas gobernadas por el PSOE. En Palma de Mallorca, la cuantía del tributo varía entre los 417 euros y los 626 euros anuales, dependiendo de la ubicación del cajero, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria la tasa es más reducida: los cajeros que suponen un coste mayor para los bancos están gravados con 430 euros al año, y los que más baratos salen a las entidades únicamente les suponen un coste de 26 euros anuales.

Alicante –cuyo regidor es el socialista Gabriel Echávarri– también aplica la tasa, aunque es una de las más bajas de entre las 20 principales ciudades españolas: se mueve entre los 42 euros y los 140 euros anuales por cajero, en función de su localización. Por el contrario, en Elche –la vigesima ciudad de España por población, también situada en Alicante– la tasa es más alta, ya que asciende a los 621 euros anuales "por cada cajero automático anexo a las entidades financieras, instalado en la fachada u ocupando las aceras o vías públicas".

En la ciudad de Córdoba, cuya alcaldesa es Isabel Ambrosio (PSOE), la tasa máxima a los cajeros que oferten su servicio "en la vía pública, y las operaciones deban ejecutarse desde la misma" es similar a la ilicitana: 651 euros anuales por cajero. La mínima, sin embargo, es de 191 euros, y se aplica una u otra cantidad –hay hasta cinco tramos– en función de la calle en la que esté colocado el aparato. Valladolid, por su parte, cobra 299 euros a los bancos por cada uno de sus cajeros que se utilicen desde la vía pública, sin distinguir la ubicación.

A Coruña –entre 210 y 420 euros por cajero y año– y Vigo –entre 71 y 171 euros por cajero y año–, gobernadas respectivamente por Xulio Ferreiro (Marea Atlántica) y Abel Caballero (PSOE), también aplican estas tasas. Y de igual manera lo hace L'Hospitalet de Llobregat, la decimosexta ciudad de España por población, que no obstante no grava los aparatos por unidad, sino por el espacio que ocupan: cobra a los bancos 173 euros anuales por cada metro cuadrado.

El PSOE ha decidido llevar ya al Congreso su oposición a las leyes más polémicas aprobadas durante la anterior legislatura por el Gobierno de Mariano Rajoy. En las escasas semanas que han transcurrido de esta legislatura los socialistas han presentado 12 proposiciones de ley y 137 proposiciones no de ley, entre las que se cuentan iniciativas destinadas a derogar la ley mordaza o la reforma local, reducir el IVA cultural, suprimir las tasas judiciales, suspender el calendario de aplicación de la Lomce o reimplantar la sanidad universal.

Las Cortes Generales celebraron su sesión constitutiva el pasado 19 de julio, y a partir del día siguiente los diferentes diputados y grupos parlamentarios pudieron comenzar a registrar iniciativas. Casi todos los grupos del Congreso han presentado preguntas al Gobierno, si bien en cuestión de proposiciones de ley, proposiciones no de ley, peticiones de comparecencia o peticiones de creación de comisiones el desempeño de unos y otros ha sido dispar: formaciones como el PNV, Foro o EH Bildu no han registrado ninguna iniciativa de este tipo, mientras que ERC suma 29, Ciudadanos un total de 15, UPN lleva 12 y el Partit Demòcrata Català (la antigua CDC) nueve. El PP, a preguntas de este diario, no respondió si ha presentado iniciativas parlamentarias.

En el caso del grupo que reúne a Podemos, IU, En Marea y En Comú Podem hay diferencias entre unas y otras formaciones. Ni el partido morado ni la coalición catalana –que aúna a Podemos, EUiA, ICV y Barcelona en Comú– han presentado todavía proposiciones de ley, no de ley o peticiones de comparecencias o apertura de comisiones. IU y En Marea, por el contrario, suman entre ambas 25. Además, Compromís –que pese a presentarse en coalición con Podemos a las pasadas elecciones está encuadrada en el grupo mixto– también ha registrado más de una decena de iniciativas.

Pero, en términos absolutos, el partido que más iniciativas ha planteado en el Congreso es el PSOE. 12 de las 165 son proposiciones de ley que se debatirán en el Pleno, y en ellas los socialistas plantean reformas o directamente derogaciones de algunas de las leyes más polémicas aprobadas por Rajoy entre 2012 y 2015. La Cámara baja discutirá a raíz de estas proposiciones la suspensión del calendario de la Lomce –que ya se tramitó la pasada legislatura–, así como la vuelta de la sanidad universal, la prohibición de indultar a condenados por corrupción y violencia machista o la derogación del voto rogado, aprobado en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

Entre estas proposiciones de ley también se cuentan tres referentes al ámbito judicial: una destinada a la supresión de la ley de tasas judiciales promovida por el anterior ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, otra para reinstaurar el principio de justicia universal –que tras el recorte que sufrió en el año 2009 se vio de nuevo acotado en 2014– y una tercera que pretende anular la existencia de un plazo máximo para instruir un proceso judicial, instaurado en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Gobierno llevó a cabo la pasada legislatura. Además, se debatirá a instancias de los socialistas un paquete de medidas para combatir la pobreza energética.

En sus proposiciones no de ley el PSOE también muestra su rechazo frontal a algunas de las medidas más polémicas aprobadas por el Ejecutivo, si bien a través de este tipo de iniciativas el Congreso únicamente insta al Gobierno a seguir una determinada línea política y no aprueba modificaciones normativas. Los socialistas, en cualquier caso, tratarán de que la Cámara baja pida al Gobierno derogar tanto la reforma local como la ley de seguridad ciudadana y la reforma laboral aprobadas por el PP, y también que reduzca el IVA cultural al 10%, que establezca una ayuda para familias sin ingresos o que eleve el salario mínimo al menos un 5% este año.

ERC presenta tres proposiciones de ley

La actividad del resto de grupos del Congreso ha sido notablemente menor a la de los socialistas, si bien portavoces de varios de ellos argumentan que sirve de poco presentar estas iniciativas cuando no se ha elegido Gobierno y, especialmente, durante un mes inhábil como es el de agosto, en el que la Mesa no califica los escritos registrados por los grupos. De hecho, la propia presidenta de la Cámara baja, Ana Pastor, prometió que durante el mes de septiembre el Congreso recuperará su ritmo de trabajo, y será el día 6 cuando la Mesa dará trámite a todas las iniciativas presentadas para que comiencen su andadura parlamentaria.

En cualquier caso, el más activo del resto de los grupos ha sido el de ERC, que ha presentado 29 iniciativas –sin contar con las preguntas parlamentarias–: 24 proposiciones no de ley, tres proposiciones de ley y la petición de apertura de dos comisiones parlamentarias. En este sentido, los republicanos buscan que el Pleno debata sobre la eliminación de las penas de prisión para los piquetes informativos que "coaccionen a otros trabajadores para iniciar o continuar una huelga", según explica el partido en un comunicado, y también plantean modificaciones legales para reinstaurar el principio de justicia universal y para extender el derecho al voto a los mayores de 16 años.

Pero, además, ERC quiere que el Congreso –a través de sus proposiciones no de ley– inste al Gobierno a crear un fondo dotado con 800 millones de euros para combatir la pobreza infantil, así como a que recorte el presupuesto militar en un 40% y a que fije un salario máximo en las empresas privadas, por el cual el directivo mejor pagado de la compañía no pueda tener un sueldo más de doce veces mayor al del empleado con menor salario.

IU y En Marea se mueven en Unidos Podemos

Las iniciativas del grupo de Unidos Podemos, por su parte, se refieren a ámbitos muy diferentes en función de si han sido presentadas por IU o por En Marea. La federación de izquierdas ha planteado un total de cinco proposiciones no de ley, entre las que se cuenta una de "medidas urgentes frente a la Lomce", cuyo encabezamiento es muy similar a otra registrada por el PSOE. No obstante, fuentes de IU aseguran que su iniciativa, a diferencia de la registrada por los socialistas, recoge "íntegramente el acuerdo alcanzado entre alrededor de 30 asociaciones y colectivos en defensa de la educación pública y partidos como el PSOE, ERC y Podemos, además de la propia IU".

Además, la federación liderada por Alberto Garzón busca que el Congreso inste al Gobierno a aprobar un paquete de medidas contra las agresiones al colectivo LGTB, y ha registrado otras tres proposiciones no de ley: una para declarar el 24 de agosto –el día de 1944 en el que La Nueve, el grupo de soldados de la España republicana encuadrados en el ejército de la Francia Libre, entró en París venciendo a las tropas nazis– "día oficial de la resistencia antifascista", otra para "anular la sentencia a Blas Infante y a todas las víctimas del franquismo" y una tercera para fundar un sistema de evaluación de la producción científica.

En Marea, por su parte, ha presentado iniciativas centradas en Galicia. Cuatro de sus proposiciones no de ley están referidas a la gestión de Navantia, la empresa pública de construcción naval, que cuenta con un astillero en Ferrol, y también han planteado iniciativas para pedir que el Estado transfiera las competencias de la gestión de la autopista AP-9, para la protección del gallego o para anular la prórroga a la empresa Ence y evitar que siga operando en la ría de Pontevedra. Esta última proposición no de ley ya fue aprobada durante la pasada legislatura.

Las iniciativas de Compromís también tienen un carácter eminentemente regional, si bien hay algunas de ámbito más general, como la que busca que el Congreso inste al Gobierno a "elaborar un Plan Joven de Empleo Estatal" o la que plantea la rebaja de la edad de jubilación de los cuidadores de personas dependientes. El partido, por ejemplo, propone que la Cámara baja pida al Gobierno el cese del jefe superior de Polícía de la Comunidad Valenciana, José Javier Cuasante, envuelto en diferentes polémicas, y también que se detenga la construcción de una línea de alta tensión en Castellón.

La única proposición de ley presentada por Ciudadanos, por otra parte, es relativa al autoconsumo eléctrico, y tiene como objetivo derogar el polémico impuesto al sol impuesto al solaprobado por el PP en 2013. Este compromiso fue adoptado por prácticamente toda la oposición durante la fallida legislatura anterior, y busca reconocer "el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo". Además, entre sus trece proposiciones no de ley, el partido naranja incluye una batería de medidas contra la pobreza energética, así como otras relativas a temas como la protección de la cultura en situaciones de catástrofe o para agilizar los procesos de adopción de menores.

Finalmente, el Partit Demòcrata Catalá (la antigua CDC) ha presentado por el momento cinco proposiciones de ley y cuatro no de ley. En cuanto a las modificaciones normativas, los nacionalistas defenderán ante el Pleno la derogación de la reforma del Tribunal Constitucional que aprobó el año pasado el Gobierno para que el órgano pueda suspender a quien no cumpla sus resoluciones; por otra parte, el PDC ha planteado una proposición no de ley para instar al Ejecutivo a que renegocie con las comunidades autónomas los objetivos de déficit para este año.

Montoro, Guindos o Fernández Díaz, en el punto de mira

Pero los grupos no sólo han presentado en el registro del Congreso proposiciones de ley y no de ley. Varios ministros y altos cargos podrían verse obligados a comparecer en la Cámara baja a raíz de las peticiones registradas por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos o Compromís, que han planteado diferentes iniciativas en este sentido.

El más señalado es el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya que tanto los socialistas como IU piden que comparezca: los primeros quieren preguntarle por el techo de gasto para 2017, mientras los segundos buscan que explique el error que cometió el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al publicar sus cuentas –el primer dato hecho público por el organismo hablaba de pérdidas por un valor de 1.293 millones de euros, 230 millones menos de los que suponen las pérdidas reales–. IU también pide que rindan cuentas el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el presidente del FROB, Jaime Ponce.

Por su parte, Ciudadanos solicitó en julio la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que dé explicaciones sobre elas grabaciones en las que buscaba pruebas contra políticos catalanes de la oposición junto al jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña. El partido naranja, no obstante, rechazó apenas un mes antes –cuando las Cortes aún no se habían constituido– junto a PP y PSOE que Fernández Díaz compareciese ante la Diputación Permanente del Congreso.

Y para Compromís, quien debe comparecer en el Congreso es su propia presidenta, Ana Pastor, para rendir cuentas de su etapa como ministra de Fomento. La formación le reclama que informe sobre "los sobrecostes de 17,6 millones de euros descubiertos en la construcción de la línea AVE Alicante-Murcia", construida durante su mandato.

El rey considera que los partidos deberían ahorrar en la campaña electoral si finalmente hay que repetir las elecciones generales el próximo mes de junio y así se lo está pidiendo a las formaciones que han empezado a desfilar este lunes por el Palacio de la Zarzuela, a las que también está pidiendo que no "cansen" a los ciudadanos ante ese nuevo proceso.

Según ha explicado en rueda de prensa en el Congreso tras su encuentro con el monarca el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, el jefe del Estado ha comentado expresamente este asunto durante su conversación, según Europa Press.

"Ha expresado su deseo de que los partidos no cansemos a los electores y no hagamos una campaña especialmente gravosa para la economía del país", ha desvelado el diputado asturiano, que concurrió en coalición con el PP en las generales del pasado 20 de diciembre.

También el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, quien ha inaugurado la tercera ronda de consultas convocada por Felipe VI desde las elecciones ha señalado que el monarca no vería mal que hubiera un acuerdo para reducir el gasto que supondrá al erario público el hecho de repetir las elecciones.

Dañaría la participación

Según su relato, ha sido él quien ha defendido ante el jefe del Estado la conveniencia de poner límites al "dispendio" en el que, desde su punto de vista, incurren los partidos en los procesos electorales, una reflexión, con la que su interlocutor se habría mostrado de acuerdo.

En concreto, Quevedo es partidario de limitar gastos en cartelería y cuñas radiofónicas, por ejemplo, pero no en el envío postal de propaganda que está subvencionado para los partidos que tienen grupo parlamentario propio y que, ha recalcado, dónde más dinero público se invierte.

A su juicio, "el mailing difícilmente se puede eliminar" puesto que su supresión "probablemente dañaría la participación". En su opinión, hay muchos ciudadanos que prefieren llevar la papeleta de votación desde su casa porque se sienten "incómodos" teniéndola que coger en el propio colegio electoral.

¿Cómo gestionar un grupo que incluye formaciones tan dispares como Foro Asturias, EH Bildu o Compromís? Ese es el reto al que se enfrentan los integrantes del Grupo Mixto esta legislatura, en la que un total de 14 diputados de siete partidos distintos –e incluso uno de ellos expulsado del suyo, el exparlamentario del PP Pedro Gómez de la Serna– tendrán que compartir tiempos, presupuesto y portavocías.

La situación no es nueva, aunque en la legislatura anterior –en la que el Grupo Mixto contó con 18 miembros– la visibilidad política del grupo estuvo muy copada por Amaiur, que con sus siete diputados era claramente la fuerza mayoritaria. Varios partidos repiten: EH Bildu (que pasa de siete escaños a sólo dos), Coalición Canaria (un acta), Compromís (del único sillón de Joan Baldoví pasa a tener cuatro y se convierte en fuerza mayoritaria del grupo), UPN (con dos parlamentarios) y Foro (uno). A ellos se suman el diputado obtenido por Nueva Canarias –que se presentó en coalición con el PSOE– y los dos de IU-Unidad Popular, así como Gómez de la Serna.

El grupo es un auténtico cóctel en el que se mezclan parlamentarios de izquierdas, de derechas, centralistas, nacionalistas e incluso abiertamente independentistas. No obstante, según Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria por cuarta legislatura consecutiva y acostumbrada a trabajar desde el Grupo Mixto –sólo integró un grupo propio entre 2004 y 2008–, los diputados terminan repartiéndose los tiempos y las portavocías sin demasiados problemas.

Lo primero que se discutió con la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, explica Oramas a infoLibre, fue el lugar donde se sentarán en el hemiciclo los 14 parlamentarios. La semana que viene se decidirá la ubicación de los despachos que tienen derecho a ocupar en el edificio de la Cámara Baja, y cuando se establezca cómo funcionará el reparto de tiempos entre los grupos parlamentarios –no hay fecha concreta para ello–, se discutirá internamente cómo se distribuyen las formaciones que integran el Grupo Mixto las intervenciones en los debates.

Según el reglamento del Congreso, los discursos del Grupo Mixto "podrán tener lugar a través de un solo diputado y por idéntico tiempo que los demás Grupos Parlamentarios, siempre que todos sus componentes presentes así lo acuerden". "De no existir tal acuerdo, ningún diputado del Grupo Mixto podrá intervenir en turno de grupo parlamentario por más de la tercera parte del tiempo establecido para cada grupo parlamentario y sin que puedan intervenir más de tres diputados", establece de igual forma la normativa.

En cualquier caso, según señala Oramas, en legislaturas anteriores las intervenciones del Grupo Mixto en los debates se repartían de forma proporcional entre las formaciones teniendo en cuenta el número de diputados que tenían, si bien las fuerzas que contaban con uno y dos parlamentarios tenían derecho a hablar durante el mismo tiempo en los debates. También es habitual que, en algunos temas, los partidos cedan su tiempo a los portavoces con más relación con el asunto que se esté tratando.

El mayor problema, a la hora de presentar iniciativas

La subvención mensual de 28.597 euros mensuales que corresponde al grupo parlamentario también se suele repartir en función del peso de cada uno de los partidos que lo componen, y además cada formación recibe 1.645 euros por cada diputado. Pero no todo se reparte proporcionalmente dentro del Grupo Mixto. La portavocía del mismo es rotatoria y pertenece durante un mes a cada partido, lo que implica que la responsabilidad de defender los intereses del grupo ante la Junta de Portavoces va pasando de diputado en diputado. 

Más perjudicados salen los parlamentarios del Grupo Mixto a la hora de presentar proposiciones de ley o no de ley, así como para preguntar al Gobierno ante el pleno. El reglamento establece un cupo para cada grupo parlamentario, y en el caso del Mixto juega en su contra la diversidad de actores que lo componen, ya que cada uno tiene posiciones políticas diferentes y quiere plantear diferentes iniciativas. Según explica Oramas, los diputados se rotan para que todos puedan participar, aunque su campo de acción se ve reducido y pueden presentar pocos textos.

Por otra parte, los portavoces del Grupo Mixto en las comisiones parlamentarias, tal y como explica Oramas, se eligen con un sistema que prima a los grupos más grandes. "El partido más grande de los que componen el grupo, en este caso Compromís, es el primero en elegir" la comisión en la que quiere ser portavoz, señala la diputada. Las formaciones van escogiendo en función del número de diputados que tengan, si bien en todas las comisiones –que reproducen la composición del Congreso– el Grupo Mixto tiene representación.