Cristian Cortés ya consideraba seriamente irse de Colombia para escapar de la violencia que devoraba su barrio cuando un día, al llegar a casa, encontró un panfleto con amenazas por debajo de la puerta de su apartamento. “Los que estén de sapos [soplones] les estallamos su granada en sus carros”, decía el papel. “Nadie estará seguro en su casa”.

Los mensajes con las amenazas eran obra del Tren de Aragua, una banda que desde su origen en 2012 en una cárcel de Venezuela se ha expandido a media docena de países sudamericanos. Allá donde ha aparecido este grupo ha llevado consigo secuestros, tráfico de drogas, trata de personas, asesinatos por encargo y extorsiones. La tarjeta de presentación del Tren de Aragua es la violencia. Sus miembros cuelgan en las redes sociales grabaciones en las que puede verse a las víctimas rogando por su vida antes de ser ejecutadas.

Tras una disputa con los responsables del edificio en Bogotá en el que vivía Cortés, la banda amenazó con envenenar el suministro de agua o con prender fuego a los ascensores. Así que Cortés y 15 miembros de su familia decidieron huir. “En Bogotá, cada vez que llegaba de vuelta al barrio tenía que esconder todo –el dinero, el teléfono– porque podían asesinarme sólo por eso”, explica Cortés en una entrevista con los periodistas en una ciudad estadounidense cuyo nombre pide que no se revele.

El Tren de Aragua ha acaparado titulares en los últimos años, la inmensa mayoría en medios de comunicación en español. Pero comparado con otras organizaciones criminales transnacionales, tales como la MS-13 o el cártel de Sinaloa, el grupo ha seguido siendo una banda bastante desconocida fuera de Sudamérica. Y fuerzas de seguridad y expertos aún siguen sin entender del todo muchos elementos sobre su manera de actuar.

Basándose en una filtración de documentos de la Fiscalía colombiana, OCCRP y sus socios, entre los que se cuenta infoLibre, han logrado componer una imagen de cómo opera esa banda en una nueva investigación de los NarcoFiles. Esta investigación revela cómo el Tren de Aragua logró enfrentarse a grupos criminales ya establecidos, obtener armamento pesado y expandirse a otros países desde Venezuela. La organización ha desatado oleadas de terror en Chile, Colombia, Brasil y Perú, muchas veces aliándose con bandas locales. “Utilizan violencia desmedida para demostrar su poder y a quien traicione o no obedezca órdenes, su asesinato lo pone como ejemplo para que otros no piensen por ningún motivo seguir estos pasos”, se puede leer en un informe policial que detalla la historia de esta banda y que forma parte de los documentos de la Fiscalía de Colombia.

El Tren de Aragua ha añadido una capa más de sufrimiento sobre los venezolanos que, por millones, han tenido que abandonar su país escapando de la inestabilidad política, de la corrupción extrema y de un colapso económico que ha desembocado en una crisis humanitaria. Y por si eso fuera poco, empiezan a aparecer señales de que miembros del Tren de Aragua van rumbo al norte. La Patrulla de Fronteras de Estados Unidos explicó a la cadena de televisión CNN, socia de OCCRP en esta investigación, que en el último año, entre octubre de 2022 y octubre de 2023, ha detenido a 38 individuos sospechosos de pertenecer al Tren de Aragua. Al menos dos de ellos han sido procesados por intento de entrada ilegal en Estados Unidos.

El Tren de Aragua surgió en la extraordinariamente superpoblada prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, entre 2012 y 2013, según estiman las autoridades. Tras años de negligencia y corrupción, las autoridades cedieron el control de la cárcel a los reclusos, que la gestionaban mediante un sistema jerárquico conocido como pranato. A lo largo de los años, Tocorón pasó a convertirse en un nodo del crimen internacional. En septiembre, el ministro venezolano de Interior, Remigio Ceballos, reveló a los reporteros que las autoridades se incautaron de fusiles de francotirador, granadas y lanzacohetes dentro de la prisión. 

Humberto Prado, el coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización no gubernamental de derechos humanos que verifica las condiciones de las prisiones en el país, explicó que las brutales tácticas empleadas por el Tren de Aragua tienen sus raíces en la violencia carcelaria que aplicaban dentro de Tocorón.

Prado detalla a qué extremos llega la banda para lograr que se pague la causa, un impuesto que han de abonar los reclusos sólo para que se les permita seguir vivos. “Preso que no pagaba un impuesto [...] le daban un tiro en la muñeca; si no paga por segunda vez, un tiro en el tobillo y la tercera falta de pago equivale a la pena de muerte”. Este tipo de brutalidad ha permitido al Tren de Aragua conquistar negocios ilegales como la prostitución o el tráfico de drogas en numerosas ciudades por toda Sudamérica.

Una joven contó a la CNN que fue forzada a prostituirse en Colombia por miembros del Tren de Aragua, que la tuvieron atada a una cama durante dos meses, drogándola y dejándola sin comer. La mujer relató también cómo fue violada por cinco hombres, que luego la forzaban a tener sexo con clientes. Aunque sabía que en las habitaciones contiguas había otras mujeres, asegura que durante aquellas semanas sus únicos compañeros “eran los ratones”.

Óscar Naranjo, exvicepresidente colombiano y general retirado de la policía que combatió al temido cártel de Medellín de Pablo Escobar, sostiene que el Tren de Aragua es “la organización criminal más disruptiva que hoy registra América Latina”. Aunque los métodos de esta banda recuerdan aquella época terrible –bolsas con cuerpos desmembrados y cadáveres enterrados bajo cemento han aparecido en Colombia y Chile, por ejemplo–, los miembros del Tren de Aragua van más allá pues emplean las redes sociales para amplificar ese terror.

En febrero de este año, el vídeo del asesinato de una trabajadora sexual trans llamada Rubi Ferrer sembró el terror en las calles de Lima, la capital de Perú. El vídeo, grabado con un teléfono, muestra a Ferrer suplicando por su vida antes de ser asesinada de un disparo a quemarropa. La policía peruana atribuyó el crimen al Tren de Aragua. El asesinato de Ferrer, así como el de una de sus compañeras, llamada Priscila Aguado, fue un mensaje, según Ángela Villón, presidenta del Movimiento de Trabajadoras Sexuales de Perú. En aquel momento, según relata Villón, el Tren de Aragua intentaba hacerse con el control de la zona de Lima donde ofrecen sus servicios las trabajadoras sexuales. Varias de ellas fueron avisadas de que dejaran de aparecer por allí. La banda estaba reemplazándolas con mujeres que habían huido de Venezuela y que se encontraban en una situación de extrema pobreza. “Y después [de las amenazas] vinieron las muertes, los asesinatos de Rubí Ferrer y Priscila Aguado. En una semana mataron a seis mujeres”, dice Villón, que como otras muchas personas recibió en su teléfono el vídeo del asesinato de Ferrer.

Villón cuenta además que al menos 18 de sus compañeras han recibido disparos en el pie, el mensaje del Tren de Aragua para que dejen de pisar las calles que ellos quieren controlar. Según la organización de Villón, 24 trabajadoras sexuales han sido secuestradas o asesinadas en 2023. Otras 35 se encuentran desaparecidas.

Otra demostración de la rápida expansión de esta banda fue la oleada de asesinatos que se produjeron en 2021 en Boa Vista, la capital del Estado brasileño de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana. Entre marzo y agosto de ese año la policía investigó una docena de asesinatos, que acabaron siendo atribuidos al Tren de Aragua. Las víctimas eran migrantes venezolanos y los cadáveres de cuatro de ellos habían aparecido desmembrados. Los fiscales en Roraima aseguraron que algunas de las víctimas tenían deudas por droga y que los asesinatos tenían como objetivo “infundir miedo y terror” en la región.

Un documento de la Secretaría de Seguridad Pública de Roraima, que supervisa a la policía estatal, sostiene que los miembros del Tren de Aragua están bien armados, con ametralladoras y rifles de asalto. En el documento, el secretariado estatal –así como la policía y la policía militar– solicitaban al Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública que les suministrara “armamento y munición proporcionales a las condiciones necesarias para combatir al crimen organizado en las áreas amazónica pertenecientes al Estado de Roraima”.

El Tren de Aragua también empleó armamento pesado en Colombia en 2021. Un informe de la inteligencia militar, procedente de la filtración de la Fiscalía colombiana, señala que el grupo empleó “fusiles de asalto y granadas de fragmentación”, cuando se enfrentó a la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los alrededores de la ciudad colombiana de Cúcuta se convirtieron en lo que algunos habitantes describieron como “zona de guerra” cuando distintos grupos comenzaron a combatir por el control de La Parada, punto fronterizo entre Colombia y Venezuela. Al final, según el informe, el Tren de Aragua “impuso su poder bélico, logrando establecerse en el lugar como máximo controlador de la economía ilegal”.

Otro informe obtenido en la filtración de la Fiscalía colombiana detalla la brutalidad contra aquellos que traicionan a la banda. Así le ocurrió a Yonathan Zabalza Palencia, un miembro del Tren de Aragua que fue marcado por la banda como “guerrillero del ELN”. La policía encontró su cuerpo desmembrado dentro de un saco que había sido arrojado a un canal. 

En 2022, la Fiscalía General de Colombia anunció el arresto en Bogotá de 19 miembros del Tren de Aragua, que fueron acusados de asesinato, tráfico de drogas, soborno, extorsión y posesión ilegal de armas de fuego.

“La característica básica es la de una violencia que no se detiene ante nada. Han asesinado a menores, torturado a jóvenes, descuartizado ciudadanos. Y no se conforman con eso, sino que quieren mostrarlo, hacerlo público, visible, para intimidar al conjunto de la sociedad”, detalla Naranjo, el general de policía retirado. 

Este septiembre, el ministro venezolano de Interior dijo a la CNN que las autoridades habían desmantelado la cúpula del Tren de Aragua tras una masiva operación para recuperar el control de la cárcel de Tocorón. La banda había gestionado el penal durante años, disfrutando allí del lujo que pagaban con los ingresos obtenidos por sus crímenes. Los miembros del Tren de Aragua tenían acceso a una piscina, así como a varios restaurantes dentro de la prisión, donde también había una discoteca, una cancha de béisbol, un mercado y una gallera.

Ceballos dijo a los periodistas que la operación, en la que participaron miles de agentes armados, fue un “éxito total”. Pero la periodista Ronna Risquez, autora de un libro recién publicado sobre el Tren de Aragua, advirtió a OCCRP de que, si bien la redada fue “un golpe duro” a la organización, es poco probable que vaya a suponer el desmantelamiento total de la banda: “Los líderes del Tren de Aragua no han sido detenidos y no se sabe dónde están”.

Perú y Colombia han emitido órdenes de arresto contra Héctor Guerrero, conocido por el alias de Niño Guerrero, quien según las autoridades dirigía el grupo desde la cárcel de Tocorón. Su ubicación actual es desconocida.

Y ahora, según sugiere la Patrulla de Fronteras de Estados Unidos en un comunicado, hay señales de que la banda encamina sus pasos hacia el norte. Ésta es una mala noticia para gente como Juan, un venezolano llegado recientemente a Nueva York con su mujer y sus tres hijas. La familia huyó después de que el exmarido de su esposa, un miembro del Tren de Aragua, ordenara asesinarlo. Juan, de 28 años, que pide ser identificado sólo por su nombre de pila como medida de seguridad, explicó que era muy arriesgado quedarse en Sudamérica, ya que la banda podía localizarlo fácilmente. “Se mantienen por todo Ecuador, por Colombia, por todos esos países”, avisa. “Aquí [en Estados Unidos]”, duda, “se les hace un poquito más difícil entrar, creo yo”.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

La historia ha conmovido al mundo. De la noche a la mañana, Lesly, Soleiny, Tien Noriel y la pequeña Cristin pasaron de las profundidades de la selva colombiana al centro de la atención mediática mundial. En Colombia, el día de su rescate fue "mágico", según el presidente Gustavo Petro. Son "un ejemplo de supervivencia que pasará a la historia". En un país en conflicto y profundamente dividido, fue un raro momento de unidad y euforia.

Para muchos colombianos, la operación fue "un milagro", posible gracias a una colaboración sin precedentes entre las fuerzas especiales del ejército y los miembros de la "guardia indígena". Unos 200 hombres, un tercio de ellos indígenas voluntarios de varias regiones, llevaron a cabo batidas sin descanso en la selva. Dos mundos unidos, el ejército aportando su logística y los amerindios su conocimiento del terreno.

El 15 de mayo, los lugareños encontraron los restos de la Cessna CU206G, con el morro estrellado contra el suelo en medio de una espesa vegetación, en una región inexplorada cerca del río Apaporis. Entre los cadáveres encontrados no había niños. "Los equipajes estaban fuera del avión y la puerta estaba abierta", explica Henry Guerrero, un rescatador indígena de Araracuara, la aldea amazónica de la que había despegado el avión. Comenzó entonces la búsqueda de los jóvenes supervivientes. El ejército la llamó Operación Esperanza. Pronto empezaron a encontrar pistas de los cuatro niños: un biberón, un refugio hecho de ramas y fruta masticada.

A medida que pasan los días, la búsqueda se complica. La selva es densa, casi totalmente virgen, con árboles de 30 a 40 metros de altura. Los hombres de la partida indígena están agotados, afectados por la gripe y la malaria. Al final, la mayoría se rinde. "Nos dimos cuenta de que era imposible encontrarlos utilizando sólo medios humanos. Así que recurrimos a medios espirituales", prosiguió Henry Guerrero en una rueda de prensa organizada el jueves por la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia (Opiac).

En las zonas de búsqueda comienzan los rituales. Los chamanes, a distancia o in situ los que han acudido a ayudar, invocan a los espíritus de la selva. Un helicóptero del ejército transportó yagé desde Araracuara, un potente alucinógeno utilizado como remedio ancestral en las regiones amazónicas. "El yagé nos dijo dónde estaban los niños", cuenta Henry Guerrero. Al día siguiente de una ceremonia, los guardias indígenas los encontraron a 5 kilómetros del lugar del accidente. Estaban agotados, demacrados, pero sanos y salvos.

Los jóvenes supervivientes pertenecían a la comunidad indígena Murui Muina, más conocida como Uitoto. Su conocimiento de la selva les permitió sobrevivir: guiados por Lesly, la hermana mayor, de 13 años, sabían qué fruta comer y cómo hacer un refugio con el follaje. De los restos del avión se habían llevado algunos objetos, entre ellos una mosquitera y harina de mandioca.

Al día siguiente del rescate, José Rubio, la autoridad espiritual de Uitoto, rompió a llorar en el plató de la televisión pública RTVC. El anciano asegura haber luchado contra un espíritu del bosque que finalmente le dijo: "Te los voy a devolver, pero habrá consecuencias". "Entonces me tiró contra un árbol y me volví a levantar", continúa el chamán. Para los indígenas, salvar a los niños adquiere otra dimensión.

"Nuestros territorios pertenecen a los madremontes (una especie de espíritus de la selva) y siempre hay que pedirles permiso. Cuando tenemos que decidir algo, no consultamos a los humanos. Consultamos a los dueños de los lagos, los bosques y las plantaciones. Con ellos tenemos que tratar", declaró a Mediapart Tomás Román, líder indígena de Araracuara.

Con la repercusión mediática de la historia, los ojos occidentales se han vuelto hacia las llanuras amazónicas, ese territorio aún misterioso gobernado por la magia. "Gracias a estos niños, el país y el mundo se han dado cuenta de que la cultura y los conocimientos de los pueblos indígenas son importantes", afirma Henry Guerrero en la rueda de prensa, aprovechando la ocasión para denunciar el abandono de estas comunidades, alejadas de un Estado central que sigue ausente. "Le pedimos al presidente Gustavo Petro que rehabilite el aeropuerto de Araracuara, porque este no es el primer accidente", dijo.

Los vuelos entre el pueblo de Araracuara y San José del Guaviare, puerta de entrada a la Amazonia colombiana, son operados por aviones taxi, sin controles reales de la aviación civil. Los cuatro niños y su madre viajaban en uno de estos vuelos inseguros. Los billetes son caros: casi 900.000 pesos colombianos, o 200 euros, una fortuna para los lugareños que viven principalmente de la caza, la pesca y la explotación forestal. “Las comunas están abandonadas a su suerte", añade Henry Guerrero. “Aparte de Araracuara, donde hay una base militar, el resto del territorio está bajo control de los disidentes de las FARC.”

La Amazonia colombiana ocupa casi un tercio de la superficie del país. A pesar de la continua deforestación, la región es en gran parte virgen, sin carreteras y con muy pocas pistas. La gente viaja por río o por aire. En los pueblos aislados, a las infraestructuras, escuelas y centros de salud les falta de todo. Las relaciones con el resto del país suelen ser conflictivas y de incomprensión mutua. Los "colonos" procedentes de toda Colombia han provocado la deforestación y la extracción de oro en algunos ríos, ahora contaminados con mercurio.

Para los uitotos, la llegada de los blancos vino acompañada de una matanza masiva. Durante el auge del caucho a principios del siglo XX, fueron esclavizados y masacrados por la casa Arana, llamada así por Julio César Arana, un cruel magnate peruano. Su población se redujo entonces de casi 50.000 a menos de 10.000 habitantes, ahora asentados a lo largo de los ríos Caquetá y Putumayo. "Pero después vino nuestra reconstrucción", explica Tomás Román, de Araracuara. En 2016, tras una consulta a sus miembros, los uitotos decidieron volver a su nombre antiguo: los Murui Muina.

Lesly (13), Soleiny (9), Tien Noriel (5) y Cristin (1) procedían de la comunidad Murui Muina de Puerto Sábalo, a cinco horas en lancha de Araracuara. Su padre, Manuel Ranoque, era el líder de su comunidad. Pero a medida que salían a la luz más y más detalles, su historia se empañaba. La familia comenzó a atacarse en los medios de comunicación nacionales. Por un lado estaban los padres de Magadalena Mucutuy, la madre de los niños fallecidos en el accidente, y por otro Manuel Ranoque, padre de los dos hijos menores y padrastro de las dos mayores.

Tras el rescate, el ambiente se tensó ante los micrófonos y empezaron las acusaciones mutuas. El abuelo materno acusó al padre de maltratar a su mujer, e incluso de abusar sexualmente de Lesly, la hija mayor. Afirma que Lesly huyó de los rescatadores porque tenía miedo de los soldados y, sobre todo, de su padrastro, que les acompañaba. Manuel Ranoque, por su parte, replica que la familia de su compañera miente para obtener la custodia de los niños y beneficiarse de su notoriedad. Un arrebato poco habitual entre los pueblos amazónicos, para los que la intimidad del hogar es sagrada. Los servicios de protección de la infancia se han hecho cargo del caso.

Manuel Ranoque dijo que había huido de la región por las amenazas de un grupo escindido de la antigua guerrilla de las FARC, que conservó sus armas tras firmar un acuerdo de paz con el Gobierno en 2016. Él se había marchado primero y luego había reunido el dinero necesario para pagar el viaje de su mujer y sus hijos. "El Frente Carolina Ramírez me está buscando para matarme", dijo Manuel Ranoque. Según él, las dos hijas mayores, de 13 y 9 años, corrían el riesgo de ser reclutadas a la fuerza por la guerrilla.

El citado grupo negó estas acusaciones en un comunicado emitido desde las selvas del sur del país. "El ingreso en nuestras filas es voluntario y se produce entre los 15 y los 30 años, según nuestros estatutos". El grupo guerrillero le pidió "aclarar sus declaraciones (...) para no perjudicar la posibilidad de iniciar un proceso de paz con el gobierno".

El 17 de mayo, esta misma guerrilla asesinó a sangre fría a cuatro jóvenes indígenas Murui Muina, de entre 14 y 16 años, en la región del Putumayo. Los adolescentes habían desertado tras ser reclutados dos meses antes. El gobierno rompió entonces el alto el fuego vigente con el EMC-FARC.

Desde que llegó al poder en agosto, el presidente Gustavo Petro intenta dialogar con los distintos grupos armados que operan en el país, financiados por el tráfico de cocaína y la explotación ilegal de minerales. En diciembre se anunciaron treguas con varios grupos armados. Pero la aplicación de una ambiciosa política de "paz total" choca con las realidades del terreno y de la guerra. Aunque el ELN (Ejército de Liberación Nacional) ha firmado oficialmente un alto el fuego de seis meses con el gobierno, la guerra continúa con la mayor parte de los otros grupos armados.

Durante décadas, la Amazonia colombiana ha sido la retaguardia de la guerrilla. Su geografía la convierte en un refugio ideal para todo tipo de tráficos. Las poblaciones locales están abandonadas a su suerte. "Ya no vivimos en paz en nuestro territorio. Tenemos miedo de caminar por la selva porque podemos cruzarnos con un grupo armado. La coca con la que hacemos el mambé, nuestra medicina tradicional, se utiliza con fines ilegales. Nuestro equilibrio, en el que el hombre, la naturaleza y el mundo espiritual viven en armonía, se está perdiendo", explica a Mediapart Ferney Iyokina, indígena okaina de La Chorrera.

En la región, "el peligro no viene sólo de la selva o del clima, sino también de los narcotraficantes criminales" que merodean por la zona, declaró a los periodistas el general Pedro Sánchez, comandante de la Operación Esperanza. Dijo al país que la operación continua para encontrar a Wilson, uno de los perros rastreadores del ejército, que se perdió en la selva durante la búsqueda. "Un comando nunca abandona a uno de sus miembros", sigue diciendo el Ejército a los colombianos, preocupados por la suerte de Wilson.

En su búsqueda, los soldados vieron al pastor belga dos veces, a lo lejos. Pero Wilson no respondió a sus llamadas. Es como si la selva le hubiera cambiado. Para Tomás Román, de la comunidad Murui Muina de Araracuara, no hay duda: "Los chamanes tuvieron que negociar para recuperar a los niños. Los espíritus de la selva les dijeron que los protegerían y los devolverían sanos y salvos, pero que a cambio se quedarían con el perro". En el Amazonas, los rituales continúan. Esta vez, trabajan por el regreso de Wilson.

Traducción de Miguel López

Las apariencias engañan. Cuando se piensa en cómo un grupo de mercenarios conocido por sus extorsiones vende diamantes extraídos en la República Centroafricana, un país devastado por la guerra, la imagen que surge es la de un negocio en la parte trasera de una tienda de Bangui bajo la mirada desconfiada de un puñado de hombres armados, no una página de Facebook dirigida por una gemóloga aficionada al fitness y al punto de cruz.

Sin embargo, esa es la cara amable de Diamville. Una investigación, realizada por Mediapart, el consorcio European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, el proyecto All Eyes on Wagner y con documentos compartidos y verificados por Dossier Center, muestra que esta discreta empresa centroafricana de importación y exportación de diamantes y oro es una rama del grupo Wagner, una empresa militar privada dirigida por el empresario ruso Yevgeny Prigozhin, cercano a Vladimir Putin y considerada como el brazo armado no oficial del Kremlin en el extranjero.

Si bien el interés de Wagner por los minerales está ya probado y parcialmente documentado, es la primera vez que se identifica a una empresa encargada de la venta y exportación de gemas, vinculada a la galaxia Prigozhin a través de numerosos hechos y documentos, y la primera vez que se revelan algunos de sus métodos, detallados por fuentes locales que han accedido a hablar a pesar de los enormes riesgos para su seguridad a los que se enfrentan.

Antes de su cierre, Lanadiamanter era una página de Facebook sin muchas pretensiones, con una veintena de suscriptores. Su primer post fue en enero de 2020. La mujer que la dirigía, Lana, se presentaba como gemóloga y promocionaba “diamantes naturales” que estaban a disposición de cualquiera por un precio.

En la página aparecían fotos de diamantes a la venta, de diversos colores y diseños –como un óvalo de 2,03 quilates puesto a la venta el 5 de febrero de 2020, o un dúo de piedras de talla esmeralda de 0,35 y 0,32 quilates ofrecido el 30 de enero de 2020–, pero Lana también mostraba detalles de su vida personal: la colección de libros de la que se había desprendido a precio de ganga cuando se mudó y no tenía espacio para llevárselos todos, fotos de cuadros hechos en punto de cruz o selfies en la cinta de correr dando las gracias a su entrenador deportivo.

A primera vista, nada relaciona a Lana y sus diamantes con la República Centroafricana, y menos aún con el negocio mercenario de Wagner. Sin embargo, la investigación de EIC, All Eyes on Wagner y Dossier Center confirma que esta página de Facebook y su administradora están vinculadas a las actividades de la empresa militar privada rusa.

Antes de que desapareciera, la página Lanadiamanter incluía en su biografía una empresa llamada Diamville y la dirección de correo electrónico de contacto villediam@gmail.com.

Diamville está inscrita desde el 28 de marzo de 2019 en el Registro Mercantil de la República Centroafricana con el número CA/BG2019B519. Su actividad declarada es la compra e importación-exportación de diamantes y oro. Y su dirección de correo electrónico de contacto es la misma que la página de Facebook Lanadiamanter: villediam@gmail.com.

Los vínculos entre la página de Facebook y la empresa centroafricana no terminan ahí. Gracias, entre otras cosas, al vídeo publicado en Youtube de una conferencia en la que interviene, es posible determinar la identidad de la gemóloga que está detrás de Lanadiamanter. Su nombre es Svetlana Troitskaia y, según su currículo publicado en Internet –y ya borrado–, es una profesional experimentada, ingeniera en física del diamante, que ha trabajado para una docena de instituciones públicas y privadas y había impartido clases en la Universidad Estatal Rusa de Prospección Geológica (MGRI).

De nacionalidad rusa, Svetlana Troitskaia dice estar radicada en Moscú, pero “dispuesta a viajar”. Y eso es precisamente lo que ha estado haciendo en los últimos años.

Desde agosto de 2018 hasta agosto de 2021, la experta en gemología dice que llevó a cabo un “proyecto empresarial” entre “Rusia y África”: “la puesta en marcha de una empresa internacional” cuyo nombre no se menciona, pero de la que fue responsable de “abastecimiento, valoración de diamantes en bruto, apoyo tecnológico para el procesamiento de diamantes, exportación y operaciones de importación”. Esta es la única empresa para la que ha trabajado y de la que no cita ni el nombre ni la página web.

Sus publicaciones en las redes sociales, sin embargo, dejan claro que esa “empresa internacional” que ayudó a poner en marcha era Diamville, a la que cita en varias de sus publicaciones en las redes sociales, como el 8 de enero de 2020, cuando publicó en Facebook: “¡Todos los diamantes están disponibles para usted! Envíeme un mensaje. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Todos sus sueños [están] en Diamville. No dude en preguntar”. El mensaje va acompañado de cuatro fotos aparentemente tomadas en su oficina, en las que se pueden ver unos 40 diamantes. El número de teléfono adjunto a la página de Facebook de Lanadiamanter, que anuncia Diamville, es de hecho el de la gemóloga, como pudo confirmar EIC llamándola el 29 de noviembre.

En Bangui, Diamville es discreta: no tiene publicidad, ni un cartel llamativo. Sólo una discreta oficina en el barrio de las 200 Villas. Al igual que otras empresas vinculadas a Wagner –aquí se puede consultar la investigación de EIC sobre la exportación de madera desde la región de Bois Rouge–, su administrador es oficialmente de nacionalidad centroafricana: Bienvenu Patrick Setem Bonguende, según el registro mercantil del país. Pero hay dos problemas. El primero: el exministro de Minas admitió en una entrevista concedida en junio de 2020 al medio ruso Sputnik que Diamville era una empresa rusa.

El segundo: contactado por teléfono por EIC, Bienvenu Patrick Setem Bonguende no pudo decir si era o no gerente de Diamville. Cuando se le preguntó tres veces al respecto, se limitó a repetir que podría “dar más información” al día siguiente. En una llamada posterior, no estaba disponible para responder.

Según las informaciones recabadas por EIC, All Eyes on Wagner y Dossier Center, Bienvenu Patrick Setem Bonguende es, en realidad, el chófer de una conocida figura rusa en Bangui, Dimitri Sytyi, directivo –civil– de Wagner y consejero no oficial del presidente centroafricano, Faustin-Archange Touadéra.

Los registros telefónicos compartidos y verificados por Dossier Center y facilitados a EIC indican que Setem Bonguende es el chófer de Sytyi. Dossier Center es una organización financiada por el opositor ruso Mijail Jodorkovsky. Tres periodistas que trabajaban para ella fueron asesinados en la República Centroafricana en julio de 2018 mientras investigaban las actividades de Wagner en el país.

Un profesional del sector de los diamantes confirmó a Mediapart que, para “fingir que no eran ellos”, los ciudadanos rusos que controlan Diamville “pusieron [la empresa] a nombre de su conductor”. Preguntado al respecto, Setem Bonguende negó conocer Sytyi y dijo que no era chófer.

En una investigación publicada en julio de 2022, Mediapart, EIC y la ONG OpenFacto demostraron que otra empresa centroafricana, Bois Rouge, dedicada a la explotación forestal, estaba vinculada a las actividades del grupo Wagner en la República Centroafricana, y había recibido un trato sorprendentemente favorable de las autoridades de ese país. Un detalle interesante: Bois Rouge y Diamville se registraron el mismo día en el registro mercantil centroafricano, el 28 de marzo de 2019. Sus respectivos administradores, Bienvenu Patrick Setem Bonguende y Anastasie Naneth Yakoïma, son amigos en Facebook.

Otros elementos confirman la existencia de estrechos vínculos entre Diamville y la galaxia de empresas propiedad de Evgeny Prigozhin. Entre ellos, tres series de documentos obtenidos y analizados por Dossier Center.

El primero es una serie de fotos, sin fecha, pero probablemente tomadas en la República Centroafricana entre finales de 2018 y 2020. En una de ellas se ve a la gemóloga de Diamville, Svetlana Troitskaia, asistiendo a un acto oficial con dos incondicionales de Wagner en la República Centroafricana: el jefe civil de Wagner Dimitry Sytyi y el africanista Evgeny Kopot.

También se puede ver a las autoridades locales, incluido el prefecto de Lobaye, Francis Bangué Doungoupo, estrechando la mano de los rusos. Lobaye es una región del oeste de la República Centroafricana en la que ya están establecidas varias empresas de la galaxia Prigozhin, como Lobaye Invest y Bois Rouge.

La segunda prueba de la afiliación de Diamville a Wagner: según los documentos obtenidos y comprobados por Dossier Center y verificados por EIC y All Eyes on Wagner, la gemóloga de Diamville, Svetlana Troitskaia, firmó un contrato de trabajo en agosto de 2018 con una empresa llamada Service K Ltd, con sede en San Petersburgo y dirigida por Yana Nikitina.

Según este contrato y un acuerdo de confidencialidad al que esta investigación ha tenido acceso, Svetlana Troitskaia fue empleada allí como tasadora. Otros documentos internos obtenidos por Dossier Center parecen indicar que Yana Nikitina ocupa cargos en la dirección de recursos humanos de varias empresas vinculadas a Yevgeny Prigozhin.

Pero lo más importante es que el nombre de la gemóloga Svetlana Troitskaia también aparece en un documento contable de la empresa M-Finance con fecha de octubre de 2018. La empresa M-Finance, con sede en San Petersburgo, fue sometida a sanciones del Tesoro de Estados Unidos en septiembre de 2020 por sus vínculos con Yevgeny Prigozhin, que es “propietario o controla” la empresa, y con el grupo Wagner.

Según el documento contable, Troitskaia fue contratada como tasadora y estuvo en la República Centroafricana durante todo el mes de octubre de 2018. Entonces cobraba un salario de 500.000 rublos, unos 6.700 euros.

Estos hechos y fechas coinciden con un último documento sobre la especialista en piedras preciosas: un billete de avión obtenido y verificado por Dossier Center, según el cual viajó de Moscú a Bangui vía Casablanca el 14 de septiembre de 2018.

¿Por qué pasar por este complejo montaje de empresas –Diamville, Service K, M-Finance– para que la gemóloga trabaje? Ni Diamville ni Svetlana Troitskaia ni Dimitri Sytyi ni Evgueny Prigozhin respondieron a las preguntas de EIC y el resto del grupo investigador.

Queda una pregunta: ¿de dónde proceden exactamente los diamantes que vende Diamville y en qué condiciones se han extraído? El Proceso de Kimberley, un acuerdo internacional entre Estados, profesionales del diamante y organizaciones de la sociedad civil establecido en 2003 para luchar contra el comercio de minerales de sangre, enumera las regiones de la República Centroafricana en las que supuestamente se pueden extraer diamantes sin riesgo de contribuir a la financiación de guerras: ocho subprefecturas en total, situadas en la parte occidental del país, que se han librado relativamente de los combates.

¿Estos diamantes proceden de estas zonas verdes, o posiblemente de las zonas rojas? ¿Fueron producidos por Lobaye Invest, otra empresa vinculada a Wagner activa en la República Centroafricana y ahora dirigida por Dimitri Sytyi, el ejecutivo de Wagner fotografiado con la gemóloga Svetlana Troitskaia? Según los permisos de minería disponibles en internet, Lobaye Invest ha obtenido permiso para extraer diamantes y oro en cinco zonas, cuatro de las cuales se encuentran en zonas rojas delimitadas en el Proceso de Kimberley: Bangassou, Ouadda, Bria y Sam-Ouandja. Estos permisos, concedidos en abril y junio de 2018, se otorgaron por un periodo de tres años renovable.

La página de Facebook de Lanadiamanter no especifica la procedencia de la mercancía que ofrece. Un mensaje dejado en Instagram por Svetlana Troitskaia el 11 de septiembre de 2020, simplemente sugiere que, en efecto, provienen de la República Centroafricana: “¡Estamos listos para ofrecerte un contrato exclusivo de piedras en bruto del corazón de África!”, se lee en un post que ofrece “venta directa”.

Para saber más hay que recurrir a otros actores del sector. Mediapart entrevistó a cuatro profesionales que trabajan o han trabajado en la República Centroafricana en los últimos años: un gerente y un exgerente de empresas de importación y exportación de oro y diamantes, un empleado de una compañía minera que opera en la República Centroafricana y un recolector, la persona que compra piedras preciosas directamente a los mineros para revenderlas a las firmas de exportación. Todos ellos pidieron hablar de forma anónima debido al riesgo que corren.

Y todos confirmaron el vínculo entre Diamville y Wagner. También confirman que Diamville opera en zonas no autorizadas por el Proceso de Kimberley, a menudo mediante prácticas ilegales.

“Nosotros [profesionales] del sector [del diamante] sabemos que lo que pasa por ellos [Diamville] es producto del saqueo y de otras cosas. Se las quitan [las piedras] a la gente por la fuerza, a los recolectores pobres y a los artesanos pobres”, explica el director de una oficina de importación y exportación. “Dondequiera que haya minas y excavadores, esta gente [los vinculados a Wagner] está allí, armada. Cuando alguien [un minero de oro o diamantes] encuentra algo bueno, van hacia esa persona... Incluso ha habido asesinatos así, para llevarse la mercancía de otras personas”.

“Los rusos están por todo el territorio, especialmente en las zonas mineras. Donde tienen control militar, explotan las minas. Y donde no tienen control militar, siguen viniendo de vez en cuando, se llevan lo que la gente tiene [como minerales] y los matan”, indicó un segundo entrevistado, antiguo director de una oficina de importación-exportación.

Al ser preguntados por estas acusaciones, el Ministerio de Minas de la República Centroafricana, contactado a través de su Oficina de Evaluación y Control de Diamantes y Oro (Becdor); Diamville, contactada a través de su dirección de correo electrónico villediam@gmail.com, y la gemóloga Svetlana Troitskaia, contactada por teléfono, no quisieron responder.

Según estas fuentes, Diamville puede obtener los diamantes que exporta de otras dos fuentes. La primera es a través de las incautaciones de la Unidad Especial Antifraude del Ministerio de Minas. Si bien en el pasado esta unidad solía subastar los frutos de sus confiscaciones, que podían ser adquiridos por cualquier empresa de importación y exportación, esto ya no es así, aseguran dos de las fuentes consultadas, que sospechan que los frutos de estos decomisos están ahora reservados para Diamville. Preguntado por el fin de estas subastas, el Ministerio de Minas tampoco ha querido responder.

Para asegurarse grandes cantidades de diamantes, la empresa también puede haber ampliado su influencia sobre los recolectores. “La mayoría de los recolectores independientes están financiados por los rusos. Los prefinancian y [a cambio] ellos venden a Diamville. Hoy en día, un recolector independiente no puede trabajar si no lo hace con Wagner”, afirma el antiguo responsable de la empresa de exportación, que estima el importe de la “prefinanciación” pagada por Diamville en “entre 80.000 y 200.000 euros” por persona.

“Así es”, confirma un recolector que ha cesado sus actividades de momento, por “miedo”. A cambio de esta prefinanciación, “les vendes todo lo que encuentras, sólo a ellos”, dice. Y añade: “Aquí, en la República Centroafricana, cualquiera que intente averiguar algo sobre los rusos será el objetivo. Mientras hablo, si consiguen desencriptar nuestra comunicación, estoy muerto”.

Por último, las cuatro fuentes consultadas aseguran que las autoridades centroafricanas ya no ejercen ningún control sobre las actividades de sus aliados rusos en el sector minero. Una de ellas relata la desventura de unos empleados del Ministerio de Minas que querían ir a inspeccionar la mina de oro de Ndassima, que cayó recientemente en manos rusas, el pasado mes de mayo: fueron “perseguidos como ladrones” y “amenazados dos veces”.

“Puede que el ministro no les responda porque esta empresa [Diamville] es especial... Es problemática. Y a veces la gente prefiere conservar su empleo antes que decir la verdad”, señaló un funcionario centroafricano que trabaja en un ministerio y con el que esta investigación se puso en contacto.

A pesar de estas condiciones de producción posiblemente ilegales, EIC y sus socios comprobaron que Diamville consiguió exportar algunas de sus piedras a Europa. Las cifras oficiales de las exportaciones de diamantes de la República Centroafricana –que las autoridades centroafricanas no quisieron compartir, pero que esta investigación pudo obtener de otras fuentes– muestran un total de 996,56 quilates exportados por Diamville al extranjero entre octubre de 2019 y enero de 2022.

Una cifra “muy, muy baja”, que probablemente representa la parte sumergida de las actividades de la empresa, dice el exdirector de la oficina de exportación. “Es muy, muy poco, teniendo en cuenta el número de recolectores y artesanos que tienen en el campo. En el sector, todos saben que están presentes en todo el territorio”, advierte. “En tres semanas, un recolector puede poner en el mercado 2.000 quilates. En condiciones normales, al encontrarse una empresa con tan escasas exportaciones, el Ministerio de Minas debería reaccionar y hacer preguntas. ¿Por qué no lo ha hecho?

En la República Centroafricana, el contrabando de diamantes está muy extendido, incluso es “dominante”, según un informe de 2019 de USAID (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que depende del Departamento de Estado).

Aunque solo muestran una parte de las actividades de la empresa, las cifras oficiales sobre Diamville son reveladoras. Indican que, si bien la mayoría de los diamantes vendidos oficialmente por la empresa tienen como destino Dubái, algunos también se vendieron a Europa. En octubre de 2019, según las cifras oficiales de exportación del Gobierno centroafricano, la empresa vinculada a Wagner exportó 296 quilates a Bélgica, a la ciudad de Amberes. ¿Qué comprobaciones realizaron las autoridades de la Unión Europea para garantizar que estos diamantes no estuvieran relacionados con actividades ilegales o posibles violaciones de los derechos humanos? Cuando se le preguntó, la Comisión Europea se remitió a las responsabilidades de los Estados miembros. Las aduanas belgas, interrogadas al respecto el 1 de diciembre, aún no habían respondido en el momento de redactar este información.

Desde diciembre de 2021, el grupo Wagner figura en la lista de sanciones europeas por sus graves violaciones y abusos de los derechos humanos, también en la República Centroafricana. A partir de esa fecha, empresas y ciudadanos europeos tienen prohibido hacer negocios con Wagner. Pero muchas de las compañías que pertenecen al grupo ruso no figuran en la lista por su nombre: empresas como M-Finance o Lobaye Invest no aparecen en la lista de sanciones de la UE, mientras que sí están en la lista de sanciones de Estados Unidos. La cuenta de Facebook Lanadiamanter fue cerrada por sus propietarios el 25 de noviembre, pocas horas después de que EIC y sus socios enviaran preguntas sobre las actividades de Diamville a Svetlana Troitskaia, Dimitri Sytyi y Evgeny Prigozhin.

Svetlana Troitskaia confirmó por teléfono el 29 de noviembre que había recibido la lista de preguntas que esta investigación le había enviado por escrito el día 25 del mismo mes sobre Diamville, sus vínculos con las empresas de Prigozhin, el origen de los diamantes que vende en internet y si los diamantes se extraían ilegalmente o abusando de los derechos humanos. “No tengo nada que decirle. He recibido su mensaje y no tengo nada que decir [...] Sin comentarios [...] Sin comentarios”, respondió antes de colgar.

Preguntado por Mediapart sobre sus vínculos con Diamville, Evgeny Prigozhin, el dueño de Wagner, contestó haciendo lo que mejor sabe hacer: trolear. “Justine, si quieres respuestas a tus preguntas, no tienes que hacerlas de forma tan grosera”, desafió primero a la periodista francesa, antes de simular una respuesta: “He averiguado detalles sobre Diamville. Es propiedad de Emmanuel Macron a través de un testaferro. El chantaje lo llevan a cabo unidades especiales de la OTAN llamadas SDFA (Steal diamonds from Africa o Robar Diamantes de África). Su volumen de negocios diario por la venta de diamantes alcanza los 7.400 millones de dólares, supuestamente exportados a París todos los miércoles a las seis de la tarde, pero aún no nos han dicho cómo. La investigación está en marcha”.

A pocos metros del famoso Museo del Oro, Raúl Carvajal termina de colocar las pancartas frente a su camión. Como cada mañana, el hombre de 73 años se ha despertado al alba en el aparcamiento de una gasolinera de la capital colombiana donde estaciona su vehículo para pasar la noche. Desde hace más de 13 años, ha hecho de su vehículo su casa para recorrer Colombia, mientras reclama una investigación oficial sobre la muerte,en septiembre de 2006, de su hijo, soldado, a la edad de 29 años.

Poco antes, Raúl Carvajal hijo –comparten el mismo nombre, como sucede con frecuencia en América Latina– le había llamado para darle una buena noticia: “¡Vas a ser abuelo de una niña!”–. La comunicación entre ellos es fluida y el joven también le confiesa que quiere dejar el Ejército, porque ya no se reconoce en sus métodos y se encuentra hastiado. Supuestamente, le pidieron que ejecutara a dos civiles inocentes, a lo que se negó.

Unas semanas más tarde, Raúl se entera de la muerte de Raúl Jr., asesinado en un combate contra las guerrillas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en la frontera con Venezuela. En su opinión, todo es falso, ahora está convencido de ello. El Ejército lo ejecutó y encubrió el asesinato. El joven soldado se había convertido en una amenaza porque quería denunciar la matanza de civiles por parte del Ejército para inflar las cifras de la lucha contra el terrorismo y obtener bonificaciones. Un sistema conocido como “falsos positivos”.

A finales de los años 90, la guerra civil hacía 30 años que había comenzado. Las FARC lograron apoderarse de varias bases militares y se acercaban peligrosamente a Bogotá. El presidente Andrés Pastrana comenzó entonces a negociar con su homólogo americano Bill Clinton. El objetivo es luchar más eficazmente contra este enemigo desde el interior, pero también tranquilizar a la opinión pública, ya que se sospecha que tiene vínculos con los cárteles.

Las FARC fueron entonces el blanco de ambos países por su papel en el tráfico de drogas pero sobre todo por su ideología antiimperialista. En efecto, al mismo tiempo, según un informe del gobierno colombiano de 2001, los paramilitares, milicias creadas para luchar contra la guerrilla, que sin embargo son responsables del 40% de las exportaciones de droga –frente al 2,5% de las FARC–, están poco preocupados.

Echa a andar el Plan Colombia. En 15 años de aplicación, Estados Unidos ha invertido 10.000 millones de dólares en el país, lo que supone el mayor presupuesto de ayuda militar estadounidense después del concedido a Israel. Pero este apoyo financiero y militar significa que hay que conseguir resultados y pronto se hace sentir la presión norteamericana.

En este clima, Álvaro Uribe fue elegido presidente de la República en 2002. Su pasado problemático y los vínculos probados de su séquito con los traficantes de drogas no volverán a ser un problema en su conquista del poder. La lucha contra las FARC se reforzó entonces con la ayuda de Estados Unidos y el gobierno comenzó a recuperar el control sobre la guerrilla.

En este contexto, el gobierno saca adelante la directiva secreta número 29 en noviembre de 2005. Se presentó en forma de una tabla donde se relacionan los objetivos rebeldes que deben eliminarse y las bonificaciones otorgadas por cada “positivo”, es decir, por cada “enemigo neutralizado”. En un país donde la pena de muerte fue abolida en 1910, el gobierno acababa de legitimar y fomentar los asesinatos de Estado.

Esta directiva refuerza una política ya bien establecida de números y resultados. Según múltiples testimonios, cada batallón tiene objetivos precisos en cuanto al número de guerrilleros que debe matar. Entre ellos estaba el coronel Róbinson González del Río, que estuvo implicado en la muerte de 27 civiles. En 2014, confesó que había oído a su superior el general Mario Montoya decir a otros soldados de alto rango: “¡No quiero regatos de sangre, quiero ríos de sangre! ¡Necesitamos resultados!”. Aseguró que llegó a estar entre las 10 unidades más mortíferas del país.

Madres de Falsos Positivos

Gloria es miembro de la asociación Mafapo (por “Madres de Falsos Positivos”). Las madres a las que se unió luchan por arrojar luz sobre el asesinato de sus familiares por parte del Ejército colombiano y llevar a los culpables ante la Justicia. Se reunieron en 2008 cuando se dieron cuenta de que muchos de ellos en Soacha estaban en la misma situación. Situado en los suburbios del sur de Bogotá, este municipio de 500.000 habitantes es conocido por su extrema pobreza y su alto nivel de desempleo.

En la mañana del 6 de febrero de 2008, el hijo de Gloria, Daniel, que entonces tenía 21 años, salió de la casa. Antes había conocido a Pedro Gámez, un hombre de la zona que le ofreció un trabajo temporal muy bien pagado en el norte del país. Su madre intentó disuadirlo sin éxito. Dos días después, el teléfono suena y la hermana de Daniel responde. Está al otro lado de la línea y su voz está muy cansada. “Dile a mi madre que lo siento. No podré cumplir mi promesa de que ella no tendrá que trabajar más. Os quiero mucho, díselo”. La llamada telefónica se corta.

Gloria se enteró más tarde de que su hijo Daniel había sido ejecutado el mismo día por miembros del Ejército colombiano, después de dos días de confinamiento durante los cuales fue obligado a beber alcohol de alta graduación e ingerir varias drogas para evitar que huyera.

Blanca Monroy es la madre de Julián. El joven tiene 19 años y acababa de conseguir un nuevo trabajo en el norte del país cuando se marchó al final del día, era el 2 de marzo de 2008. Fue a unirse a uno de los dos reclutadores que había conocido 15 días antes y le pidió a su madre que le guardara algo de cenar. Pero no volvió. Al día siguiente, sus padres comenzaron a buscarlo. Como Gloria, se enfrentan a la burla y al rechazo. Blanca finalmente se las arregló para prestar declaración el 5 de marzo de 2008. Al no recibir ninguna noticia, continuó la búsqueda con su familia durante los siguientes seis meses, pero sin éxito.

A principios de septiembre de 2008, comenzaron a circular rumores en Soacha. Todo apuntaba a que los jóvenes desaparecidos habían aparecido muertos en el norte del país, en Ocaña. Tiempo después, Blanca conoció a una amiga de su hijo en Soacha que le dijo que otro joven también había desaparecido y que habían encontrado su cuerpo en Ocaña, junto al de Julián.

Unas semanas más tarde, se encontraron más cuerpos de jóvenes de Soacha en las afueras de Ocaña en las fosas comunes del cementerio de Las Liscas. Entre ellos, el hijo de Gloria, Daniel. Había dejado Soacha el mismo día que Jaime, el hermano menor de Anderson, otro residente de Soacha. Reclutados por el mismo hombre, tomaron el mismo autobús el mismo día y fueron ejecutados juntos dos días después. Jaime tenía 16 años.

El informe forense, dos días después de su muerte, indica que Jaime fue asesinado durante una lucha contra el Ejército colombiano. Como su identidad era oficialmente desconocida en ese momento, su cuerpo fue a parar a una fosa común con los cuerpos de otros jóvenes asesinados por el Ejército. El informe del supuesto combate de ese día menciona tres enemigos muertos a tiros, que más tarde se supo que eran Daniel, Jaime y un tercer joven de Soacha llamado Diego. Según el informe, atacaron a la Brigada Móvil Nº 15 tendiéndole una emboscada a unos 15 kilómetros al norte de Ocaña. Durante el ataque, ningún militar colombiano resultó herido y la brigada móvil se apoderó de varias armas, incluidos dos rifles y un revólver.

“¿Quién dio la orden?”

Lamentablemente, estos casos no son aislados y se sabe, en particular, por un informe de Human Rights Watch (HRW) que data de 2015, que el número de víctimas es de más de 5.000 en toda Colombia. Esta ONG internacional ha investigado mucho la cuestión y trata de concienciar desde hace años sobre estos asesinatos de Estado.

Según Omar Eduardo Rojas, expolicía colombiano, el número de personas asesinadas supera las 10.000. Ahora refugiado en Europa, este expolicía colombiano ha escrito un libro sobre los “falsos positivos” en el que describe un sistema nacional que la mayoría de los testimonios recogidos desde entonces confirman.

Según los dos principales reclutadores, recientemente encarcelados, la máquina estaba bien engrasada. Cada civil que lograban llevar de Soacha a Ocaña para entregarlos a una muerte segura les aportaba un poco más de 300 euros de la época. El proceso de selección se llevó a cabo de antemano, con el fin de identificar a las personas más vulnerables, estableciendo así una “limpieza social”. La prioridad era traer a los desfavorecidos, a los discapacitados mentales, a los sin techo o a las personas con adicciones.

Los militares que los asesinaron tenían derecho a una bonificación de más de 1.000 euros hasta 2008, y luego a un permiso adicional. A pesar de los testimonios de estos dos hombres y una gran cantidad de pruebas, la mayoría de los soldados involucrados siguen libres en la actualidad. El Ejército los ha encubierto desde el principio y la Justicia militar a menudo ha tomado el relevo de la Justicia colombiana para evitar que sean encerrados.

Hoy en día, la mayoría de las familias de las víctimas optan por el silencio en lugar de exponerse, ya que los que hablan son amenazados de forma regular. Algunas personas han sido golpeadas o violadas. La madre y la hermana de Anderson, por ejemplo, tuvieron que huir de Colombia después de recibir palizas y amenazas de muerte. La mayoría de las madres de la asociación Mafapo están, por tanto, bajo protección.

Desafortunadamente, la seguridad del resto de las familias está a cargo de un servicio estatal. La mayoría de sus miembros son exmiembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el servicio de inteligencia de Uribe. El DAS tuvo que ser disuelto en 2011, tras la revelación de las acciones de algunos de sus funcionarios, que se habían convertido en verdaderos gángsteres.

A raíz de un artículo publicado en mayo de 2019 en The New York Times, la población colombiana comenzó a ser realmente consciente de este escándalo. Describía todo el funcionamiento del sistema que aún permite al Ejército ejecutar a civiles sin mayores preocupaciones.

El pasado mes de septiembre, el presidente Duque, fiel sucesor de Álvaro Uribe, anunció que su Ejército había eliminado a 14 disidentes de las FARC durante una incursión en el sur del país. Los periodistas se dieron cuenta enseguida de que eran niños y que algunos habían sido ejecutados a sangre fría después del bombardeo. Este descubrimiento llevó a la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero.

Más recientemente, el jefe del Ejército Ninacio Martínez también tenía que dimitir, en parte debido a su probada implicación en el asunto de los “falsos positivos”. Human Rights Watch había pedido su salida tan pronto como se conoció su nombramiento, pero no fue hasta que el presidente estuvo contra la pared cuando se tomó la decisión.

El establecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la llegada de testimonios militares también han sacado a la luz nuevos escándalos y han llevado al descubrimiento de muchas fosas comunes. En diciembre pasado en Dabeiba (región de Antioquia), se encontró una fosa común. Contenía unos 50 cadáveres, que se cree que eran de jóvenes de Medellín traídos entre 2006 y 2007 con el mismo modus operandi que el utilizado en Soacha.

El pasado mes de octubre, tras numerosas revelaciones y el trabajo de las asociaciones de derechos humanos, se realizó un fresco en el centro de Bogotá. En él se mostraba el número de casos de “falsos positivos” reconocidos por el sistema de Justicia de transición, así como un desglose del número de casos atribuidos a funcionarios militares. En letras mayúsculas, una frase dice: "¿Quién dio la orden?".

La noche siguiente a su finalización, el fresco fue borrado por militares. El grupo de asociaciones Movice (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado), que denunciaban la censura, puso la imagen a libre disposición de los ciudadanos para su descarga gratuita en las redes sociales, y al día siguiente el cartel apareció en las paredes de muchas ciudades colombianas.

Junto a estas acciones y a las nuevas demandas de justicia, que también se pueden ver en las manifestaciones que se están llevando a cabo desde el 21 de noviembre en Colombia, la Justicia también está avanzando.

La magistrada Catalina Díaz Gómez es miembro de la JEP y está a cargo, junto con dos colegas, del caso N.º 3, que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales. El principio de esta jurisdicción es evitar en la medida de lo posible las penas de prisión para aquellos que colaboren plenamente y ayuden a establecer la verdad.

Por lo tanto, lleva a cabo audiencias tanto de los soldados involucrados como de las familias de las víctimas, para tratar de establecer la verdad sobre los “falsos positivos”. Convencida de que, a pesar de la fuerte presión sobre este expediente, logrará castigar a los culpables, confía sin embargo, sin decirlo abiertamente, que algunas personas siguen siendo intocables...

En 2008, Juan Manuel Santos era el ministro de Defensa de Álvaro Uribe mientras los jóvenes de Soacha eran asesinados por el Ejército. Ocho años después recibió el Premio Nobel de la Paz por los acuerdos de paz firmados durante su presidencia con las FARC. A continuación se ocupó de que en estos acuerdos se recogiera que "la JEP no es competente para juzgar a los ex presidentes".

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Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, ha dimitido este miércoles tras la polémica por una operación contra la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el pasado 2 de septiembre en la región de Caquetá, donde murieron ocho menores.

En un escueto comunicado, el ministro ha presentado su renuncia, que ha tenido lugar ante la fuerte presión ejercida por el Congreso y después de ser sometido a acusaciones por haber ocultado presuntamente la muerte de los menores, según ha informado el diario local El Tiempo.

"El día de hoy en reunión con el señor presidente de la República (Iván Duque) para analizar la actual coyuntura política, se acordó que lo más conveniente era presentar renuncia al cargo de Ministro de Defensa Nacional", ha manifestado.

"Doy fe de su talante, liderazgo y entrega para realizar una gestión en beneficio de todos los colombianos", ha señalado Botero en relación con el presidente Duque, con el que ha mantenido un encuentro.

Botero, un empresario de 71 años, ocupaba el cargo de Ministro de Defensa desde agosto de 2018 y era responsable del manejo de la seguridad del país, incluida la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las bandas criminales.

Según había asegurado el ministro de Defensa, "cuando esta operación se hizo no se conocía la presencia de menores". "Se revisó la legislación y los abogados conceptuaron positivamente que el señor Gildardo Cucho era una amenaza para la seguridad nacional y como tal se podía bombardear el sitio", justificó antes de insistir en que "todas estas operaciones tienen control judicial".

Han pasado dos décadas pero el esqueleto derruido de los antiguos ministerios de Defensa de Yugoslavia y Serbia continúan tal y como se quedaron la madrugada del 30 de abril de 1999, después de que la aviación de la OTAN los demoliese con sus bombas. Es el recordatorio de una ofensiva que la mayoría de los serbios ven como una agresión histórica, y que significó el final de la guerra de Kosovo, iniciada tres años antes.

Desde una garita un soldado vigila el recinto, y una pancarta en cirílico dice: “Ministerio de Defensa y del Ejército de Serbia”. Es la única reseña que anuncia lo que significa ese tropel confuso de cemento y ladrillos rojos hundidos y perforados. A la escena, propagandística de por sí, el Ayuntamiento de Belgrado ha decidido colocarle en la fachada una enorme lona publicitaria con la imagen de varios militares tras la bandera nacional y la frase “Solo puede hacerlo quien no conoce el miedo, ¡adelante!”, atribuida a Vojvodas Živojin Mišić, considerado un héroe tras participar en guerras como las de finales del siglo XIX contra los turcos.

La operación Fuerza Aliada, como se llamó a la campaña de bombardeos, fue la segunda gran maniobra de guerra de la OTAN desde su creación —la primera se produjo en 1995 durante la guerra de Bosnia—, y la justificó alegando que el entonces presidente serbio, Slobodan Milošević, estaba llevando a cabo una campaña de limpieza étnica contra los albaneses de la provincia autónoma de Kosovo. Aun así, cuando el que fuera secretario general del organismo militar transnacional, Javier Solana, ordenó los ataques sobre lo que quedaba de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), lo hizo sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, una decisión que suscitó controversia y acusaciones de crímenes de guerra por la muerte de civiles en, al menos, 90 incidentes. Posteriormente también se supo que la Alianza Atlántica había llegado a utilizar uranio empobrecido en varias de las más de 23.500 bombas que arrojó, escudándose en la inexistencia de un texto que prohibiese expresamente su uso.

Una lona publicitaria cubre los restos del antiguo ministerio de Defensa de Yugoslavia. En ella se lee: “solo puede hacerlo quien no conoce el miedo, ¡adelante!”. ALBERTO MESAS

Como sucede en todos los conflictos las cifras cambian en función de quién las aporta, pero reuniendo los datos oficiales de ambos contendientes e informes como el de la ONG Human Rights Watch, en los casi 80 días que duró el asedio aéreo (del 24 de marzo hasta el 11 de junio) murieron entre 1.200 y 5.000 civiles, casi 500 soldados yugoslavos y más de 100 policías, y tres periodistas chinos. También perdieron la vida dos soldados estadounidenses en un accidente de helicóptero que en ese momento no estaba en combate. Los heridos de la población civil rondaron los 10.000 y los que huyeron a zonas alejadas del combate o buscaron refugio en otros países se contaron por decenas de miles.

Esto último es lo que le pasó a Čedomir, el propietario de un puesto callejero itinerante de comida típica que él mismo prepara, en el barrio de Stari Grad (el centro de Belgrado). Es sábado y su sobrina Ljerka, una adolescente de 17 años, está en la tienda y accede a hacer de traductora al inglés. “Lo intentaré, pero no habléis muy rápido”, advierte.

Čedomir cuenta cómo poco más de una semana después de que empezasen a caer las bombas tuvo que cruzar la frontera de Rumanía: “Mi padre era electricista en una empresa de reparación de aviones, un día llegó y sus jefes les dijeron a todos que ya no podían trabajar allí porque corrían peligro. Decían que los aviones estaban bombardeando fábricas como esa y que tenían que cerrar”. Efectivamente, después de los primeros días eliminando objetivos militares, la OTAN pasó a destruir infraestructuras económicas y estratégicas como puentes, edificios gubernamentales, plantas de industria pesada y energética o sedes de medios de comunicación.

“Entonces vivíamos en Savamala [en la orilla oriental del río Sava], yo tenía 12 años […] Mi hermana, que era enfermera, y mi madre, que cuidaba a mi abuela, se quedaron en Belgrado, pero a mi hermano pequeño y a mí nos mandaron con mi padre a Timisoara [al oeste de Rumanía]”. Allí, explica, su padre no tardó en encontrar trabajo en un taller de autobuses hasta que, casi tres meses después, regresaron: “Nos enteramos de que la guerra había terminado y queríamos volver a casa cuanto antes, pero mi padre desconfiaba [...] llamó a un montón de parientes y amigos hasta convencerse”.

Apenas un año después de la intervención transatlántica otra ONG, Amnistía Internacional, publicó un informe en el que acusaba a la OTAN de haber cometido crímenes de guerra durante la Operación Aliada, que en opinión del organismo violó el derecho internacional. Entre otras actuaciones, criticaba el bombardeo sobre las sedes de la radio y la televisión de Belgrado, donde murieron casi 20 civiles. Una semana después del dosier, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia contraatacó con otro texto. A través de la ex fiscal jefe suiza Carla del Ponte, la Corte de La Haya promulgó un análisis jurídico elaborado por expertos que exculpaba completamente a la OTAN de haber cometido irregularidades en las ofensivas aéreas y la eximía de responsabilidades penales por la muerte de civiles. No obstante, diez años después de la intervención transnacional, del Ponte publicó un libro en el que tildaba de controvertida la intervención de la OTAN.

Nacionalismo y odio

No es fácil encontrar en Belgrado a un serbio dispuesto a manifestar su opinión real acerca de la guerra y el conflicto kosovar. Muchos se excusan diciendo que ha pasado mucho tiempo y hay que dejarlo correr, o que eran jóvenes y no recuerdan bien lo que sucedió, otros rescatan ambiguas evasivas antibelicistas como “la guerra estuvo muy mal” o “es mejor para todos que haya paz”. Quizá porque hace calor y por los soportales donde ha aparcado no transita mucha gente Ranko, un taxista belgradense que ya conducía el suyo cuando Yugoslavia todavía eran seis repúblicas, se abre a decir lo que piensa.

A pesar de mostrarse apático hacia la política y asegurar que nunca ha votado, tiene interiorizado ese argumento del ellos frente al nosotros, de la Serbia que solo se defendió del agravio kosovar y por ello fue víctima de la injerencia militar extranjera: “[en 1998] Kosovo llevaba muchos años provocando y burlándose de Serbia, y luego los terroristas del UÇK empezaron a atacarnos […] Nosotros solo queríamos un país unido y sin enfrentamientos, pero entonces llegó Europa a bombardearnos [...] Me da igual lo que crean los putos albaneses y que Europa los haya reconocido. Ellos son de Serbia y siempre formarán parte de Serbia, aunque no les guste”.  

Una pancarta delante del Parlamento de Serbia (antiguo Parlamento de Yugoslavia) acusa a la guerrilla albanesa UÇK de haber secuestrado y asesinado a civiles serbios. ALBERTO MESAS

Es verdad que a principios de los 90 el UÇK, el autodefinido Ejército de Liberación de Kosovo, comenzó a crecer, a comprar armas de contrabando en Albania y a consumar ataques contra comisarías y autoridades yugoslavas en Kosovo, pero Ranko obvia, no se sabe si por interés o desconocimiento, los años anteriores de hostigamiento contra albaneses kosovares instigado por Serbia —cierre de medios en lengua albanesa, despidos masivos en empresas e instituciones públicas, prohibición de cátedra a profesores...—. Al hablar de la guerra de Bosnia tampoco cuenta cómo los líderes político y militar serbobosnios (Ratko Mladić y Radovan Karadžić, condenados a cadena perpetua en La Haya por crímenes de guerra y contra la humanidad) ejecutaron en torno a 8.000 bosnios musulmanes por razones étnicas, un antecedente sobre el que la OTAN cimentó su intervención.

Dudoso futuro de Serbia y Kosovo en la UE

Pese a la desconfianza general de la sociedad y el rechazo frontal —y en ocasiones violento— de algunos grupos, como el Partido Radical Serbio del ultranacionalista  Vojislav Šešelj, hace unos años el Gobierno serbio inició los trámites para entrar en la Unión Europea. Bruselas concedió 2025 como la fecha aproximada del ingreso serbio, pero le exigió a su Gobierno que completara ciertos objetivos en los ámbitos económico o de conquistas sociales para que llegue a producirse la incorporación. Entre esas metas está la que Serbia jamás ha aceptado: el reconocimiento de Kosovo como un país independiente y soberano. Este es el mayor escollo y donde Europa incide con más vehemencia para que ambos territorios logren un acuerdo mediante el diálogo. Sin embargo, en los últimos meses la tensión no ha parado de intensificarse por episodios como la imposición kosovar de aranceles a productos serbios, o su amago de crear un ejército propio; comportamientos que alejan sistemáticamente de Europa a las dos naciones.

Kosovo proclamó unilateralmente su independencia en el año 2008, e inmediatamente países como Estados Unidos, la gran mayoría de los países de la UE y las antiguas repúblicas que conformaban Yugoslavia, excepto Bosnia y Herzegovina, reconocieron esa independencia. Por supuesto Serbia se niega a hacer esa concesión y continúa considerando a Kosovo como una de sus provincias autónomas junto a Vojvodina (al norte). Debido a posibles similitudes con la situación en Cataluña, España tampoco ha llegado a reconocer jamás a Kosovo como un país independiente.

Ranko es tajante sobre el tema del ingreso de Serbia en la UE: “La Unión Europea es un timo, allí los jefes son Alemania y Francia y los demás países obedecen [...] Aquí hay muchas cosas que no funcionan bien, hay mucha corrupción, pero la UE no nos va a solucionar nada [...] Nosotros no queremos saber nada de Europa, ¿para qué?, Europa siempre nos ha maltratado”.

Un monumento en el Parque Tašmajdan de Belgrado recuerda a los niños muertos durante los bombardeos de la OTAN. A.M.

Con respecto a la hipotética entrada de Serbia en la OTAN, el pasado marzo el Instituto Europeo de Asuntos Exteriores publicó una encuesta cuyos datos son contundentes. Según el sondeo casi el 80% de los serbios se opone al ingreso en la Alianza transnacional. Del mismo estudio se desprende que más del 60% no está dispuesto a aceptar una disculpa oficial del organismo, cuya actuación tildan de “campaña al servicio de los intereses de Estados Unidos y Occidente”. Por el momento la incorporación de Serbia a la Organización continúa en el aire, algo que desea más el Gobierno que la población.

En 20 años han cambiado muchas cosas en Belgrado, se han asentado multinacionales como McDonald's o Starbucks, se han erigido edificios modernos de compañías extranjeras y se ha trabajado en su promoción, ofreciéndola al turismo como una capital europea moderna. Sin embargo, y tal y como sucedía a finales de los años 90, el nacionalismo excluyente hacia los albaneses continúa, muchos serbios exhiben pegatinas en sus coches con la frase "Kosovo es Serbia", en los mercadillos se siguen vendiendo souvenirs que hacen referencia a una Yugoslavia unida y a una Serbia con Kosovo en su territorio, y los principales periódicos generalistas siguen hablando y recordando la guerra desde las crónicas de desfiles militares y las fotos con banderas de la patria; y lo hacen porque, aunque hayan pasado 20 años, la intención es que no se olvide nunca.

El presidente del Gobierno ha ofrecido España como sede para el diálogo entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), si el país pide que se le ofrezca "esa cobertura".

"Queremos arrimar el hombro. Si Colombia necesita ese apoyo, desde luego España la dará", ha dicho el presidente sobre la posibilidad de ser la sede de las conversaciones entre ambas partes, al ser preguntado en una entrevista en Caracol TV durante su visita a aquel país dentro de la gira iberoamericana que realiza esta semana.

El presidente del Gobierno acude precisamente a Colombia con la intención de ofrecer la ayuda de España para buscar un acuerdo de paz con la guerrilla del ELN, cuya resistencia a comprometerse con un cese de la violencia mantiene estancada la negociación con las autoridades colombianas.

Sánchez ha mostrado su "absoluto respeto" hacia la posición de su homólogo colombiano, Iván Duque, y le ha expresado todo su apoyo para consolidar "algo preciadísimo como es la paz".

El presidente ha explicado en todo caso que Colombia ha logrado ya "algo decisivo", como son los acuerdos de paz. A modo de ejemplo, ha explicado que en el País Vasco la llegada de la paz tras el final de ETA "es irreversible" y ha asegurado que "no hay persecución por pensar distinto al otro", lo que permite por ejemplo que los políticos se muevan sin escolta. "La paz es irreversible, la gente quiere eso", ha insistido.

El pasado 29 de enero Juan Manuel Santos suspendió el quinto ciclo de negociaciones con la guerrilla tras los atentados que costaron la vida a siete policías. El presidente de Colombia oficializó la paralización de las conversaciones con el bombardeo de un campamento cercano a comunidades indígenas en el Chocó con el coste de tres elenos muertos.

No faltan generalmente desde las ciudades, con procesos electorales cercanos las voces que piden una ofensiva para aplastar al ELN. Siempre generalmente en los lugares que menos padecen la violencia política en Colombia. Lo reflejó el plebiscito sobre los acuerdos de paz de 2016, en el que se impuso el no con un 63 por ciento de abstención.  Sobran ejemplos en la literatura. El cadáver insepulto, de Arturo Álape; Crónicas de guerra, de Juanita León; o La Tormenta, de Germán Castro Caycedo cuentan con crudeza el periodo anterior en el que las FARC armadas poblaban los montes, así como los relatos de víctimas y victimarios.

“No sé si habrán muerto todos los hijos de mis enemigos, aunque los paramilitares, como ha sucedido desde el Imperio Romano, tienen una manera de operar que puede ser cruel, pero que para mí es válida: si eliminas al padre hay que hacer lo mismo con el hijo. De lo contrario, este te matará más tarde a ti mismo”.  El libro de Castro Caycedo recoge tal aseveración, expresada por una mujer adinerada que contrató los servicios de los paramilitares con el objetivo de liberar a su hermano secuestrado por las FARC.

Expresiones muy presentes en la presidencia de Álvaro Uribe  entre los defensores de la militarización del país a través Política de Seguridad Democrática. Y no digamos entre los más arduos admiradores del ex presidente.  Quien no derrotó a las FARC, ni tampoco al ELN por la fuerza; como tampoco lo hará Juan Manuel Santos, ni quien lo sucederá. Para muestra los acontecimientos del siglo pasado que recogen publicaciones como Breve historia del conflicto armado en Colombia, de Jerónimo Ríos Sierra.

Lecciones del pasado

La guerra de los 1.000 días causó un millar de muertes entre 1899 y 1902 en un país de tres millones llamado Colombia. Hasta 1930 la patria de García Márquez no presentaba  niveles de violencia inferiores a las regiones vecinas.

Luego llegó La violencia. Etapa definida como para Erik Hobsbawm como el mayor periodo de movilización de campesinos, guerrilleros, grupos armados de autodefensa en la historia contemporánea del hemisferio occidental. El asesinato a Jorge Eliecer Gaitán en 1948 inauguró los enfrentamientos armados entre conservadores y liberales. En el campo se mataban los simpatizantes de uno y otro partido mientras los grandes propietarios, y hombres de negocio, liberales y conservadores disfrutaban de la vida tranquila en las ciudades.

Los levantamientos armados movilizaron a 20.000 personas el año que llegó a la presidencia el Gustavo Rojas Pinilla en 1953. Cuatro años después, terminó el periodo del general, con el triste balance de  800.000 desplazados y 180.000 muertos desde 1947.

En 1964 las muertes por violencia política superaron las 200.000, en su mayoría civiles, y surgió el ELN. Grupo armado fundamentalmente campesino, con cuadros proceden de la Universidad Industrial de Santander, y cuyos principios los recoge el  Manifiesto de Simacota -combinación de marxismo-leninismo, guevarismo y teología de la liberación- con el mártir  Camilo Torres, sacerdote, y sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia como mayor símbolo.

Misael Pastrana  intentó con 33.000 militares terminar con el ELN: no lo consiguió. Aunque  la operación Anorí terminara con las vida de Manuel y Antonio Vásquez Castaño, y diezmara a la guerrilla. De 250 guerrilleros pasaron a contar con 70.

El Cura Pérez durante los años 80 logró centralizar el mando guerrillero, y quintuplicar las tropas entre 1983 y 1986.  Bajo su liderazgo carismático el ELN se fusionó con el PRT y el MIR-Patria Libre, y dio surgimiento a la Unión Camelista-Ejército de Liberación Nacional.

La década de los 90 se suceden los acuerdos de Cravo Norte,  los diálogos de Tlaxcala, el acuerdo de Puerta del Cielo y el acuerdo del Palacio de Viana.

Cuarto de siglo después de la operación Anorí murió el Cura Pérez, para entonces el ELN contaba con 5.000 efectivos. Aumentar el gasto en defensa no doblegó a la guerrilla. Si en 1997 llegaba al 3,6% del PIB; cinco años después alcanzaba el 4,4%.  Entre 2002 y 2010 la policía pasó de 110.000 a 160.000 efectivos; y las Fuerzas Militares de 203.000 a 270.000.

La intensificación de la guerra  trajo 15.000 violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario entre 2002 y y 2010. Más de 10.000 de ellas cometidas por paramilitares y Ejército según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Y aunque los secuestros de las guerrillas bajan en este periodo, se contaban por cientos al año.

Lecciones del presente, y retos del futuro

El paro armado de 10, 11, 12 y 13 de febrero ha demostrado que la guerrilla no fue aplastada ni en la guerra, ni en la tregua. Pese al tremendo error cometido, cuentan con más tiempo que Juan Manuel Santos. Y aunque la fiscalía haya ordenado la búsqueda y captura de la cúpula del ELN por el presunto asesinato de tres exguerrilleros de las FARC, así como el reclutamiento de  45 menores indígenas en Chocó: no es más que una dramática escenificación.

Ambos actores del conflicto seguirán con sus roles en forma de de acciones armadas antes  de reactivar la quinta sesión de las negociaciones antes o después de las elecciones.

“Sólo aquellos que nunca han experimentado una guerra la consideran dulce”, afirmó Erasmo de Rotterdam. Sólo unos pocos desean mandar a los hijos de los pobres a matarse con la indumentarias de distintos brazaletes hoy en día en Colombia. Más si tenemos en cuenta que se llegó tan lejos en una negociación entre el Gobierno y el ELN.  Y que pese a los más recientes tropiezos, los últimos tres meses de alto el fuego no se produjeron enfrentamientos entre guerrilla y ejército.

Tras el punto y aparte del acuerdo de paz, se abrirá otra historia para Colombia.  El nuevo país sin guerrillas deberá superar el triste registro de contar en su espacio territorial con las cifras más elevadas de desplazamiento interno en el mundo: 7.246.000 según el Consejo Noruego para los Refugiados. Un goteo sin cesar, pues sólo en 2016 sumaron 171.000 casos según la misma organización.

Los paramilitares tienen presencia en 344 municipios de 31 de los 32 departamentos del país según el Observatorio de Conflictos Unidad de Investigación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) les atribuyó en 2016: más de 80 ejecuciones extrajudiciales, 9 desapariciones forzadas y 12 casos de tortura. Las bandas criminales se cebaron con defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, y avanzan en la toma de los territorios que han abandonado las FARC.

Obstáculos demasiado altos pese a todo lo recorrido y, por supuesto, salvables. Si cómo nos enseñó Johan Galtung para pasar de los círculos viciosos, a los virtuosos hay que identificar tres problemas: los propios de la de la raíz subyacente del conflicto, los vinculados directamente con reconstrucción posterior a la violencia directa, y los asociados a la reconciliación de las partes del conflicto… Todos ellos están identificados en Colombia.

El postconflicto que afrontará la república suramericana correspondiente a la reconstrucción posterior al daño material, y la rehabilitación a las víctimas que  eliminen las causas que las provocaron, y evitar repetirlas… Costará más. Será después de las elecciones a la Cámara de representantes, el Senado; los comicios presidenciales, y la elección de quien dirija los designios de Colombia. Pero será y pasará porque el ELN y Gobierno volvieron previamente a las negociaciones.

Hace tres lustros se estrenó La pelota vasca, la piel contra la piedra. En el documental de Julio Medem, Bernardo Atxaga expresó: “La paz algún día se producirá, entonces la gente en vez de andar un poco sobre el suelo, andará a 20 centímetros. Levitará por el peso que nos quitaremos encima: ahora tenemos mucho peso sobre los  hombros”. Los colombianos no disfrutarán de un meteórico y estético como el de Remedios la Bella cuando la paz llegue. Aun así se dará, con políticas de Estado, palabras horrendas en los periodos electorales en 2018. Pero imprescindibles y hoy ausentes. ________________

 José Luis Torremocha Martín es socio de infoLibre.

El presidente Santos había acusado a miembros de guerrillas implicadas en el proceso de paz como responsables del crimen

En las últimas horas se han publicado varios vídeos que demuestran la responsabilidad de la Policía en la muerte de ocho campesinos cocaleros. El material audiovisual desmiente la acusación de este crimen emitida por el presidente, Juan Manuel Santos, a un grupo guerrillero disidente o a bandas criminales. El incidente ocurrió el pasado jueves en Tumaco, departamento de Nariño.

En los vídeos obtenidos por Citynoticias y grabados por civiles se ve cómo varios policías y campesinos discuten sobre los cultivos de hoja de coca.

Un segundo vídeo muestra el momento exacto en que comienza el tiroteo.

Según varios cultivadores de coca que dijeron estar presentes en el momento de los hechos, un capitán de la Policía sacó su arma en medio del diálogo, y segundos después comenzaron los disparos. Por el momento, la Policía ha dicho que espera a que la Fiscalía concluya la investigación.

Tras el tiroteo, el Ejército se encargó de evacuar a los heridos. "De no haber sido por el Ejército aquí hubiese muerto mucha más gente", ha asegurado un poblador de la zona.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acusó este viernes a "bandas delictivas" de la masacre. El Ejército, a su vez, señaló al disidentes de las FARC alias 'Guacho' y su grupo por el lanzamiento de una granada de mano durante una operación para erradicar un campo de coca.

La misión de Naciones Unidas en Colombia ha aplaudido este lunes el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se extenderá durante cuatro meses con el objetivo de facilitar el proceso de paz activo entre ambas partes.

En su comunicado, la misión ha destacado que "el objetivo primordial del acuerdo es mejorar la situación humanitaria de la población", afirmando que "este acto es un paso concreto hacia el pleno respeto y aplicación del Derecho Humanitario y ayudará a construir confianza en el proceso de paz".

"La población civil colombiana que sufre el conflicto de manera directa será la principal beneficiada con los compromisos anunciados por el ELN de suspender todo tipo de secuestros y atentados contra la infraestructura física, el enrolamiento de niños, niñas y adolescentes y la abstención de instalar artefactos explosivos antipersona", ha valorado.

Asimismo, ha destacado que "recibe con satisfacción que, como parte de este acuerdo, el Gobierno colombiano fortalecerá el sistema de alertas tempranas para prevenir atentados y asesinatos de líderes sociales".

"Todas estas medidas ayudarán a crear un clima favorable para el proceso de concertación y consulta con la ciudadanía, planteada en la agenda de negociación", ha remachado.

Las delegaciones de paz de ambas partes, reunidas en Quito, han pactado este alto el fuego, que entrará en vigor el 1 de octubre y por un periodo de 102 días tras los cuales "se irá renovando en la medida en que se cumpla y se avance en las negociaciones sobre los demás puntos", ha indicado Santos.

El texto firmado en la capital ecuatoriana contempla la creación de un mecanismo de vigilancia del acuerdo del que formarán parte también la ONU y la Iglesia Católica y que tendrá entre sus objetivos "prevenir e informar de cualquier incidente".

Esta es la primera vez en más de 50 años de guerra con esta guerrilla que se logra pactarcon esta guerrilla una medida bilateral para rebajar la intensidad del conflicto.

Por este motivo, ha sido celebrado en toda la región como un paso clave hacia lo que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha denominado la "paz completa" en Colombia, en alusión a su objetivo de sellar la paz con las dos principales guerrillas del país.

Una vez sellado el texto, el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, se lo ha entregado a los representantes del Congreso junto a una carta personal de Santos en la que insta a diputados y senadores a refrendar e implementar el acuerdo lo antes posible.

"La pronta implementación es fundamental para impedir el desmoronamiento del cese al fuego y la pérdida de más vidas", ha dicho, en alusión a la muerte de dos guerrilleros abatidos por el Ejército el pasado 15 de noviembre, la primera violación de la tregua vigente hasta el 31 de diciembre.

Santos y 'Timochenko' se han fundido en un abrazo ante la ovación de los allí presentes, esta vez, un público más reducido –800 personas en lugar de las 2.500 de Cartagena de Indias– sin presencia de jefes de Estado y de Gobierno.

'Timochenko', el primero en tomar la palabra, ha propuesto crear "un gobierno de transición cuyo propósito fundamental sea el cumplimiento cabal de los acuerdos de La Habana, el cual debería estar formado por todas las fuerzas y los sectores que han trabajado para ello".

El líder insurgente ha defendido que "nadie debe quedar fuera de este acuerdo de paz" porque "está enriquecido teniendo en cuenta las propuestas hechas por los más variados grupos y organizaciones sociales y partidos políticos".

Además, ha vuelto a pedir perdón "a todas las víctimas, sea cual sea el bando al que hayan pertenecido" y ha expresado su respeto a los "opositores". "No habrá más violencia entre colombianos por razones políticas", ha prometido. "Es indispensable que para el bien del país la palabra sea la única arma que nos permitamos usar", ha concluido.

Santos, por su parte, ha defendido que "este acuerdo es mejor" que el firmado el 26 de septiembre en Cartagena de Indias porque "recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos". "Se logra poner fin al conflicto armado con las FARC y sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera", ha afirmado.

Ha subrayado que es "definitivo", por lo que ha urgido a los sectores políticos a dejar a un lado las diferencias y unirse en la refrendación e implementación del nuevo texto en el Congreso lo antes posible por "la urgencia de la paz.

Santos ha confiado en que sea refrendado esta misma semana. "Ese día será el día 'D", ha explicado. A partir de ese momento comenzará a aplicarse el acuerdo de paz, comenzando por la concentración y el desarme de las FARC en un plazo máximo de 150 días.

"Convocaré a todos los partidos, a todos los sectores de la sociedad, a que participen, contribuyan y logremos así un gran acuerdo nacional para la implementación de la paz (...) Demostremos que podemos poner el país por encima de los intereses políticos", ha pedido.

Sin embargo, los partidarios del "no" encabezados por los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, han anunciado que combatirán el texto corregido en el Congreso porque consideran que no se han incorporado los cambios fundamentales que demandaban.

La ONU ha confirmado este jueves que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (MM&V) que integra junto a representantes del Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) está investigando la muerte de dos guerrilleros abatidos por el Ejército en plena tregua, según ha informado Europa Press.

"El MM&V está investigando los hechos ocurridos el 15 de noviembre, en el municipio de Santa Rosa, en el sur del departamento de Bolívar, que dieron como resultado la muerte de dos personas de las FARC", ha anunciado la ONU a través de un comunicado.

La organización internacional ha explicado que el MM&V "está en proceso de análisis detallado del incidente y de las circunstancias que lo rodearon" y, una vez concluya, "emitirá las recomendaciones necesarias para evitar que se repitan incidentes de este tipo".

El Mecanismo tripartito ha expresado su preocupación por este suceso y ha recordado a las partes que, conforme al protocolo pactado el 13 de octubre, se han comprometido a "no entrar en contacto armado" y a "mantener la disciplina y control de las unidades a fin de no generar actos o incidentes que pongan en riesgo el cese al fuego".

Por otro lado, ha informado de que investiga "otro presunto incidente en Tumaco" instando a las partes a "facilitar el flujo de información", al tiempo que ha recordado que "está abierto a recibir información de las organizaciones sociales y de la población civil de manera directa".

El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, contó el miércoles en una entrevista en Caracol Televisión que los militares atacaron a los guerrilleros porque "estaban bastante alejados de la zona de preagrupamiento" de las FARC y "había una operación delincuencial".

En cambio, según el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, "iban de camino a la zona de preagrupamiento". "Ahí hay una discrepancia de narrativas", admitió De la Calle, que ha hablado personalmente con su homólogo en la guerrilla.

El Ejército, por su parte, emitió un comunicado en el que explica que habitantes de la zona les avisaron de la presencia de un grupo de guerrilleros, que en un principio creyeron que pertenecían al Ejército de Liberación Nacional (ELN), inmersos en "actividades ilícitas".

El Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC) ha indicado que se trata de la primera violación de la tregua, vigente entre el 29 de agosto y el 31 de diciembre. "El último combate entre el Ejército y las FARC ocurrió el 8 de julio en La Uribe", ha concretado.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció este sábado la convocatoria de un "cónclave" en La Habana para cerrar con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) un nuevo acuerdo. Los negociadores abordarán 57 ejes temáticos que deberán resolverse "de manera rápida y eficaz".

Según publica Europa Press, Santos realizó el anuncio tras una reunión con el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, y otros miembros del equipo que le presentaron un informe sobre las reuniones de trabajo desarrolladas con los sectores del 'No' para concretar propuestas que permitan la construcción de nuevo acuerdo de paz, informa el diario colombiano El Tiempo.

Tras esta tarea de revisión y trabajo conjunto con los sectores del 'No', el Gobierno logró consolidar más de 500 propuestas que fueron reunidas en 57 ejes temáticos. "Para abordar los 57 temas de manera rápida y eficaz, con atención y cuidado, he dado instrucciones para que el equipo negociador del Gobierno trabaje en modo cónclave, en grupos temáticos simultáneos, sin levantarse de la mesa hasta alcanzar un acuerdo", apuntó Santos.

El Presidente le pidió a De la Calle viajar inmediatamente a La Habana para unirse a los negociadores que se desplazaron desde este viernes a la capital cubana para iniciar una nueva ronda de negociaciones con las FARC.

En La Habana ya se encuentran el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y el senador Roy Barreras. A ellos se unirá este domingo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Santos destacó que, "durante el tiempo que dure este proceso, mantendremos abiertos los canales de comunicación con los diferentes sectores que participaron en el diálogo nacional".

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, definió a su país como "una nación especial que se crece ante las adversidades" y señaló que logrará conseguir una "paz completa" una vez que se culminen las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), minutos después de conocerse que el próximo 27 de octubre arrancará la fase pública de diálogos de pazfase pública de diálogos de paz, informa Europa Press.

En un documento firmado en Venezuela por los miembros de ambas delegaciones se anunció que la mesa se instalará en Quito (Ecuador), como ya estaba previsto, y que la agenda de conversaciones iniciará con el punto sobre la participación de la sociedad en la construcción de la paz, primer punto de la agenda previamente pactada entre ambas partes.

En un tercer punto de su comunicado se anuncia el inicio del "proceso de liberación de los secuestrados/retenidos (...) antes del 27 de octubre", en referencia a las dos personas que se encuentran aún en manos de la guerrilla.

"(Colombia) sabe aprovechar (las adversidades) para encontrar oportunidades. Y eso es lo que vamos a hacer para conseguir que la paz –que hemos anhelado tanto, por la que hemos luchado tanto– no se nos escape de las manos", aseguró el dirigente, poco después del anuncio de la fecha formal para iniciar las conversaciones.

Así, Santos señaló que Colombia "saldrá fortalecida" y que una vez que se avance con el ELN la paz en el país será "completa", utilizando los mismos términos que ya se habían usado tras el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –acuerdo que no quedó ratificado en el plebiscito– sobre la necesidad de llegar a un acuerdo también con la segunda guerrilla para poner fin al conflicto.

Tras esta información, el presidente explicó que el Ejecutivo que él mismo preside ha buscado durante cerca de tres años una "negociación para acabar el conflicto armado" con la segunda guerrilla más importante del país. "Y hoy tenemos una buena noticia", afirmó, para la que fue "fundamental" que se iniciara el proceso de liberaciones de secuestrados.

"Hoy mismo se liberó a un arrocero que estaba en manos de este grupo guerrillero", señaló el presidente, en referencia al tercer civil que el grupo entrega en dos semanas. Tras estas liberaciones, sólo dos personas quedan en manos de la guerrilla, entre ellos el excongresista Odín Sánchez.

En su intervención se ha referido además a los dos puntos que centrarán el inicio de las conversaciones entre ambas delegaciones: la participación de la sociedad y las acciones y gestos humanitarios para ayudar en la construcción de la paz.

Agradecimientos

Al igual que han hecho las delegaciones en el comunicado en el que han anunciado el inicio de la fase pública de conversaciones, Santos agradeció al Gobierno ecuatoriano y a su presidente, Rafael Correa, "por su permanente disposición para servir como anfitriones para el inicio de esta fase pública de negociaciones".

Asimismo, agradeció al resto de países que han acompañado al Ejecutivo colombiano y a la guerrilla hasta el momento –Noruega, Chile, Cuba y Brasil– y a Venezuela, "que facilitó las reuniones para acordar la apertura de la mesa de conversaciones".

Por último, el presidente indicó que en los próximos días se dará a conocer la formación de los equipos negociadores en esta fase y recordó que "los ojos del mundo" están observando estos avances y esperan "lo mejor" de esta fase de negociaciones.

Aprovechando esta intervención, Santos agradeció el Premio Nobel de la Paz, que se le concedió este fin de semana por sus "resueltos esfuerzos" para acabar con más de 50 años de guerra civil con las FARC, premio que ha querido dedicar a todos los colombianos y, principalmente, a las víctimas del conflicto.

"Por las víctimas, por quienes han perdido a sus seres queridos, su salud, sus tierras, su tranquilidad, tenemos que perseverar, ¡y vamos a perseverar!", afirmó el mandatario.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha nombrado ya a las tres personas que formarán parte de la comisión de alto nivel que buscará mantener un diálogo con los sectores que han promovido el voto por el no en el plebiscito por la paz, que se ha celebrado este domingo y del que la negativa al acuerdo ha salido victoriosa, informa Europa Press.

Así, el mandatario señaló a Humberto de la Calle, principal representante del Gobierno en las conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –quien dimitió tras los resultados de la consulta y cuya dimisión no ha aceptado el Gobierno–, a María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores y a Luis Villevas, ministro de Defensa, para conformar la delegación.

El objetivo de esta comisión es, según ha explicado el propio Santos, "acabar pronto la guerra con las FARC".

Por la parte del Centro Democrático (CD), partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe, abiertamente contrario a los acuerdos sellados con la guerrilla, han sido nombrados Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque y Óscar Iván Zuluaga.

"Recibo con entusiasmo la designación de los voceros del Centro Democrático para llevar a feliz término el proceso. Con voluntad de paz el país ganará", ha afirmado el presidente a través de su cuenta oficial de la red social Twitter.

Tras una reunión que ha durado más de tres horas, el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, confirmó la creación de esta comisión, a la que ha mostrado su apoyo. "Respaldamos la decisión de conformar una comisión amplia e incluyente que abra un diálogo nacional con todos los sectores del no", indicó, según declaraciones recogidas por Caracol Radio.

Lizcano explicó que los portavoces de esta comisión se sentarán a dialogar para "buscar acuerdos que permitan salvar el proceso y que se construya una paz estable y duradera".

La consulta del domingo acabó con un 50,21% de los colombianos a favor del nono, frente al 49,78% que dijo sí, una diferencia real de 53.894 votos.

La abstención se situó en el 62,6% –solo votaron 13 de los 33 millones de colombianos habilitados para ello–, la más alta de los últimos 20 años, sin embargo, el umbral mínimo estaba fijado en el 13%, por lo que el plebiscito es plenamente válido.

Algunas horas después de que las urnas del plebiscito de la paz dejasen de recibir votos, la paz en Colombia ya no era cosa del acuerdo entre dos partes. Habían pasado a ser 3. Por un puñado de votos. Por algo más de 58.000 sufragios en un plebiscito en el que participaron casi 13 millones de personas. Y el último discurso, el que cerró la jornada de urnas, no fue el del líder de ninguna de los dos líderes que 6 años habían gestionado las curvas del proceso diálogo. Ni el del presidente Santos ni el de alias Timochenko, el líder de las FARC. La última palabra fue la del expresidente Uribe. Con ese tono de confesor sutilmente irritado que lo caracteriza. Citó a Dios, a la familia y a la patria.

El resultado sorprendió en Colombia y en el mundo entero. Las encuestas habían pronosticado el sí. La paz comenzaba a ser una preciosa historia de guerrilleros en guayabera, de Cartagenas de Indias engalanadas para la ocasión, y de discursos que proclamaban el fin de “la noche oscura”. Todo tan bello. El mundo sonreía ante el sueño colombiano. Y nadie sensato, pudimos pensar, le diría que no a la paz. Pero pensamos mal.

Más de 6 millones de almas fueron a las mesas electorales de Colombia para decir que querían paz, pero otra paz. De nada sirvió a esas personas que el Gobierno colombiano advirtiese por activa y por pasiva que sólo esa paz, la de ese acuerdo, era posible. El proceso por el que ganó el no llevaba años gestándoseno. Lo lideraba un Álvaro Uribe sin el que resulta imposible entender la actual Colombia, un líder de masas que tenía unos índices de popularidad del 80% cuando presidía el país. Y tenía como rival a un presidente que arrastra durante todo su mandato unos bajos índices de popularidad.

Desde su región, la de Antioquia, en la que se forjó como político, Uribe consiguió poco a poco que 6 millones de almas empatizasen con una narrativa que proclamaba que la firma del acuerdo de paz supondría que los jefes guerrilleros se irían a los restaurantes caros de Bogotá con cargo a las cuentas públicas. Y que desde allí prepararían la llegada del "castrochavismo" a Colombia. Todo eso, y cualquier cantidad de patrañas que no vienen al caso, se dijo en la campaña del no. Todo eso lo escribieron en sus muros de Facebook muchos de los colombianos y colombianas que votaron por el no. El discurso funcionó.

Álvaro Uribe había comenzado a ser presidente de Colombia en 2002. Cuando llegó a Palacio, el país estaba a punto de convertirse en un Estado fallido. Entre los paramilitares que apoyaron más o menos tácitamente a Uribe en las elecciones, las narcoguerrillas, y los narcos a secas, en aquel momento Colombia era un sindiós.

Uribe se consagró a la tarea de darle la vuelta a la situación y de llevar el Estado a cada vereda del país. Dedicó la práctica totalidad de los fines de semana de sus 8 años de Gobierno a presidir consejos comunales maratonianos en cada esquina del país. Trató de cambiar la Constitución en dos ocasiones para poder seguir en el cargo. Sólo lo consiguió una vez. Varios de sus colaboradores más cercanos de aquella época, exministros incluidos, están hoy presos por los tejemanejes con los que quisieron sacar adelante esas reformas constitucionales.

Juan Manuel Santos le sucedió cuando ya no pudo optar a la reelección. Había sido su ministro de Defensa. Había ordenado los principales golpes militares a la guerrilla. Pero en su agenda política no entraban ni Uribe ni su legado. Santos tiene una visión de Colombia muy diferente. Una vida muy diferente. Santos es otra Colombia. Y esa es una parte muy importante en otra esta historia. Por eso en Bogotá ganó el sí en el plebiscito. Es otra Colombia. Muy distinta a la del resto del interior del país, en el que ganó el no.

El expresidente Uribe entró en cólera cuando comenzó a sentir su proyecto político traicionado por Santos. Hizo de su cuenta de Twitter un fortín desde el que recuperar peso en la agenda política del país hasta que pudo volver a las instituciones. Y comenzó a congregar de nuevo una parte del conservadurismo del país a su alrededor.

Mientras todo ello pasaba, Santos encomendaba su Presidencia a sacar adelante un acuerdo para la paz con las FARC. Enterró la política uribista de la rendición por acoso y se la jugó al diálogo. El tema, lógicamente, se convirtió en el primer asunto de debate político en el país en los últimos años. Y en el blanco preferido de los trinos de Uribe.

Al expresidente le parecía un desastre todo lo que hacía Santos. Dio batallas por asuntos de trasfondo religioso. Llegó a ponerse al frente de grandes movilizaciones homófobas. Iba sumando más apoyos conservadores. Todo el proceso de paz le parecía una rendición inaceptable frente al "castrochavismo", una peculiar ilusión negativa sin ningún tipo de enganche con la realidad pero que sumó adeptos. Además, Uribe tenía el viento de cara: la economía colombiana comenzaba a enfriarse, producto en gran medida de la caída de los precios del petróleo y otras materias primas. Hacerse grande en la oposición es más fácil cuando hace frío. A la vista, las elecciones de 2018.

Y entonces llegó el referéndum. Y con él, un huracán. No metáforico. Uno de los de verdad.

Desde muchas horas antes del plebiscito, el huracán Mathew se paseó por el Caribe colombiano. Hubo calles como charcos, vías cortadas, problemas en viviendas. Hubo miles de personas que ante lo feroz del viento y del aguacero no quisieron, o no pudieron, ir a votar. En una región, la del Caribe, comprometida con el sí. Dado lo ajustado del resultado final, la visita de Mathew pudo ser decisiva. Pero no es menos cierto que quizás un triunfo del sí por un margen muy escaso habría sido un problema igual de grave sí , o más complicado a largo plazo, para la consolidación de la paz en Colombia.

24 horas después de que cerrasen las urnas, las 3 partes del debate aseguran querer la paz. Han expresado públicamente su interés de coincidir en La Habana.

Ahora todos están a la mesa. O lo estarán. Las FARC ya han dicho que quieren hablar con la palabra, no con las armas, y que eso no lo cambia el resultado del plebiscito. Santos, un tahúr de la política en su segundo y último mandato, buscará nuevo juego: se juega concluir lo que empezó y quedarse con el aplauso de la Historia. Uribe sabe que ahora tiene muchas más ramas que las de Twitter para hacer política, un proyecto político más consolidado y procesos electorales a la vista, y el apoyo de varios millones de colombianos conservadores que se sienten con derecho a estar en la mesa. A todas las partes les conviene terminar el trabajo. Será muy difícil. Pero la única opción que tienen es la de hacer política. De la buena. Para construir la paz.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, propuso al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se acelere el inicio de los diálogos para poner fin al conflicto con esta guerrilla, tan solo un día después de firmar el acuerdo definitivo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Informa Europa Press.

Desde Ciénaga, en Magdalena (norte), Santos aseguró que si el ELN libera a los secuestrados la próxima semana, se podría anunciar ya "el comienzo de la fase pública de las negociaciones", según recogen diferentes medios colombianos. El mandatario reveló, además, que ya se tiene pactada "el 50 por ciento" de la agenda con la guerrilla del ELN.

Este mismo lunes, el ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, ya insistió en que si se procedía a la liberación de los secuestrados, las conversaciones podrían comenzar en "pocas semanas". "Este Gobierno tiene toda la disposición al diálogo, toda la decisión política de avanzar en la solución negociada al conflicto armado (...), pero esa guerrilla debe entender que hoy en día el secuestro es intolerable para la sociedad colombiana", subrayó.

Sin embargo, la cuestión de los secuestros se ha convertido en el principal punto de disenso con la segunda guerrilla más importante del país, con la que el Gobierno llegó a un acuerdo el pasado 30 de marzo para iniciar la mencionada fase pública de los "contactos exploratorios" que comenzaron en 2014 con el objetivo de poner fin al conflicto.

Aunque estaba previsto que el diálogo de paz comenzara en mayo en Ecuador, todavía no ha arrancado, ya que si bien el grupo armado se resiste a liberar a los rehenes, también denuncia que el Gobierno pretende cambiar la agenda pactada.

"Este 29 de agosto empieza una nueva historia para Colombia. Silenciamos los fusiles. ¡Se acabó la guerra con las FARC!", escribió Santos en la medianoche en su cuenta en Twitter.

El jueves, Santos había anunciado que el alto el fuego definitivo arrancaría este lunes. "Como comandante en jefe de las Fuerzas Militares, ordené el cese al fuego definitivo con las FARC desde el 29 de agosto a las 0.00. Se termina así el conflicto armado", sostuvo ante el Congreso, donde acudió precisamente a entregar a ambas cámaras el acuerdo final con las FARC.

Por su parte, el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias TimochenkoTimochenko, ordenó en la tarde del domingo desde el emblemático Hotel Nacional de La Habana a los integrantes de la guerrilla que pusieran fin a la lucha armada.

"En mi condición de comandante del Estado Mayor Central de las FARC, ordeno a todos nuestros mandos, a todas nuestras unidades, a todos y cada uno de nuestros y nuestras combatientes, a cesar el fuego y las hostilidades, de manera definitiva contra el Estado colombiano, a partir de las 0:00 horas de la noche de hoy", declaró Timochenko.

"Nuestros compromisos son: poner fin al prolongado alzamiento armado; transformarnos en un movimiento político en total legalidad; reincorporarnos a la vida civil en las condiciones pactadas; y hacer, todo lo que esté a nuestro alcance, para que las víctimas del doloroso conflicto, que llega a su fin, tengan justicia y reparación. Y vamos a cumplirlos rigurosamente", agregó.

Según el líder de las FARC, con el acuerdo alcanzado con el Gobierno y el alto el fuego definitivo entre las partes "se acabó la guerra en Colombia". "Hoy, más que nunca, lamentamos tanta muerte y dolor ocasionados por la guerra", sostuvo Timochenko.

El inicio del alto el fuego definitivo se produce después de que el 24 de agosto el Gobierno y las FARC anunciaran el acuerdo final que cierra casi cuatro años de negociaciones. Ahora, dicho acuerdo deberá ser refrendado por los colombianos en el plebiscito convocado para el próximo 2 de octubre.

Por su parte, la guerrilla convocó entre el 13 y el 19 de septiembre la que será su "última conferencia" como grupo armado en un paso para su "transformación en un movimiento político legal". La cita tendrá lugar en San Vicente del Caguán y en ella las FARC refrendarán el acuerdo cerrado con el Gobierno.

El presidente, Juan Manuel Santos, ha repetido constantemente que no negociaba ni el sistema político ni el modelo económico ni la doctrina militar. Y que lo que ofrecía a las FARC son las garantías de seguridad para su participación en política de manera que sea en las elecciones donde se acepten o rechacen los cambios que propongan.

Las FARC han conseguido que el acuerdo no sea con el Gobierno sino con el Estado, de manera que no pueda ser cancelado por otro presidente. Pero es un Estado que no puede garantizar la eliminación de los narcoparamilitares, la gran amenaza para el cumplimiento de lo acordado. Había paras antes de la formación de las FARC hace cincuenta años y seguirán actuando cuando la guerrilla entregue sus armas a la ONU y se convierta en una organización política.

El paramilitarismo lo estableció el presidente Kennedy cuando en 1962 envió una misión militar a Colombia para imponer una contrainsurgencia preventiva que aplicase la guerra sucia contra el enemigo interno según la Doctrina de la Seguridad Nacional de la guerra fría. No es cierto que los paras fueran una reacción contra la guerrilla y no van a desaparecer cuando las FARC se desmovilicen. Abogados de los narcoparamilitares cuentan que el sector más rancio de la cúpula militar le está pidiendo a los escuadrones de la muerte que se mantengan con capacidad de intervenir para asesinar a los comandantes desmovilizados de las FARC. El acuerdo negociado por el gobierno con la guerrilla incluye un compromiso tan extenso en su redacción como dudoso en su cumplimiento: “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

Los acuerdos

El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera tiene tres componentes destacados. 1) Garantías de seguridad en la participación política de los insurgentes desmovilizados para “transitar a un escenario en el que impere la democracia”. 2) Una “reforma rural integral”, para la que el gobierno no ha aceptado la denominación de reforma agraria, que no resuelve la desigualdad provocada por una tremenda concentración en la propiedad de la tierra (origen histórico del conflicto), que resulta contradictoria con el Plan Nacional de Desarrollo y está amenazada por los proyectos de inversión internacional en la minería para la tercera parte del territorio nacional. 3) Una “justicia especial para la paz” que impondrá penas de veinte años de prisión a cualquiera de los implicados en el conflicto que no confiese sus crímenes.

Hay un cuarto componente del acuerdo, una supuesta nueva política contra el narcotráfico, que en realidad depende más de la dimensión internacional del negocio y se complica en la política interna por el matrimonio de los narcos con los paras.

La vigilancia sobre el cumplimiento de lo acordado depende de la ONU y de la CELAC.

El plebiscito

El 2 de octubre se realizará el plebiscito para que los colombianos acepten o rechacen el acuerdo del gobierno con las FARC. La debilidad de la democracia colombiana queda en evidencia con las condiciones para la aprobación: los votos del sí deben superar a los del no y es suficiente que sean por lo menos el 13% del censo electoral. La campaña del no está encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, que acusa a su sucesor Juan Manuel Santos de entregar Colombia a las FARC.

Un disparate que no ha reducido su popularidad aunque no parece suficiente para que en el plebiscito se rechace el acuerdo. El mismo día que se firmó llegaba desde Estados Unidos lo que parece una advertencia para que Uribe se acomode en el nuevo escenario colombiano sin incordiar demasiado en un proceso sobre el que Washington tiene mucho interés. Coincidió la firma del acuerdo para la paz (¡qué casualidad!) con la detención en la Florida de Andrés Felipe Arias, condenado en Colombia a 17 años de cárcel por corrupción. Arias , llamado Uribito cuando era ministro de Agricultura y estaba considerado como el sucesor presidencial de Uribe, se refugió en Estados Unidos pidiendo asilo político.

Había contra él una orden internacional de captura para su extradición desde 2014. Álvaro Uribe sabe que en Washington guardan su expediente por narcotráfico y complicidad con los paramilitares que se podría activar si fuera necesario.

Para la Administración Obama, la desmovilización de las FARC forma parte de su nueva política contra América Latinacontra junto a la neutralización de Cuba y la asfixia del Gobierno de Venezuela. _______________

José Manuel Martín Medem fue corresponsal de TVE en Colombia y es autor del libro 'Colombia feroz'.