El ejemplo más reciente es el de Pablo Meijide Doval. Hasta el mes de julio, este inspector de Hacienda del Estado, reconocido por su experiencia en IVA intracomunitario y con un extenso conocimiento de tecnologías digitales y gestión avanzada de oficinas tributarias, era el delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Vigo. Pero se ha pasado al otro lado. Desde hace cuatro meses, Meijide es el nuevo director fiscal de la multinacional gallega Inditex, en la que ha puesto al servicio de la multinacional gallega una larga carrera (17 años) dentro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

No es el único, naturalmente. Ni será el último. El nuevo fichaje de Inditex es uno más de los muchos que esta empresa ha incorporado a su plantilla con el indisimulado objetivo de poner años de conocimientos adquiridos gracias a un acceso privilegiado a la manera en que trabaja la Administración, en este caso Hacienda, al servicio de los intereses privados de una corporación.

Algo que tampoco es exclusivo de la empresa fundada por Amancio Ortega: muchos otros inspectores de Hacienda han pasado a ocupar altos cargos en bufetes que luego asesoran a empresas del IBEX. Es el caso de EY, PwC o del bufete Equipo Económico, creado por el exministro Montoro, y sometido a investigación judicial por la comisión de supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Otros, como Fernando Peña, escogieron el camino de hacer negocio ahorrándoles impuestos a los famosos, aunque a algunos la elusión fiscal les acabó saliendo cara.

El fenómeno se extiende a otros cuerpos sensibles de la Administración, como los abogados del Estado. Un gran número de ellos piden la excedencia para ponerse al servicio de la empresa privada. El saber acumulado durante años sobre el funcionamiento del aparato público pasa así a estar al servicio del capital privado para litigar, en muchos casos, precisamente contra el propio Estado.

Aunque Hacienda se negó a facilitar a infoLibre la cifra exacta, primero a través de los trámites de información habituales y después mediante solicitud a través del Portal de Transparencia, alegando que hacerlo les obligaría realizar “un laborioso y complejo” trabajo de reelaboración de datos, la Asociación de Inspectores de Hacienda calcula que alrededor del 15% del cuerpo está en excedencia y que muchos de ellos trabajan para grandes firmas privadas.

El censo actual de este cuerpo de inspectores, según datos oficiales, era a finales de agosto de 2.127 personas, la mayoría destinadas en Cataluña (350), Madrid (289), en la delegación de grandes contribuyentes (270) y en Andalucía (236). Si hacemos caso a la asociación, eso significa que en estos momentos en excedencia estarían más de 300 inspectores.

El Ministerio de Presidencia, en cambio, sí respondió a la petición de información de infoLibre sobre los abogados del Estado, aunque solo cuando este periódico la tramitó a través del Portal de Transparencia. Según los datos facilitados por el departamento que dirige Félix Bolaños, en la actualidad gozan de excedencia reconocida 314 abogados del Estado, casi tantos como abogados del Estado en ejercicio (339). De los que han dejado de prestar servicios a la Administración, 232 lo han hecho alegando “interés particular”, la fórmula más habitual para pasar al sector privado. Algunos, incluso, tienen permiso para trabajar simultáneamente de un lado y del otro.

La mecánica es la misma que con los inspectores de Hacienda. Primero se accede a ambos cuerpos del sector público mediante oposición, luego se aprende todo acerca de cómo el Estado se defiende en sus litigios —con otras administraciones o con el sector privado— o se tiene acceso a los entresijos de las investigaciones fiscales a empresas o particulares. Y después, al cabo de un tiempo, esos mismos altos funcionarios acaban al servicio de bufetes o compañías privadas, a menudo para ayudarlas en sus contenciosos con la Administración. Todo, por supuesto, a cambio de nóminas mucho más elevadas.

“España se caracteriza por mantener una cultura de ‘facilitación’ de la fuga de cerebros de su Administración pública al sector privado”, confirma Carlos Amoedo, catedrático de Derecho Admnistrativo de la Universidade de A Coruña. La excedencia voluntaria por interés particular “debería ser concedida muy restrictivamente”, añade, dado el interés superior de la calidad y continuidad del servicio público altamente especializado que prestan estos altos cuerpos del Estado.

Amoedo confiesa no haber conocido ningún caso en su trayectoria profesional en el que esa excedencia se deniegue por razones del servicio, tal y como permite la ley. “Se asume que es un derecho no restringible, ampliamente justificado por la enorme distancia entre la retribución del sector público y del privado”. 

La explicación de este fenómeno, a su juicio, está en la tendencia a “alimentar una particular y resiliente élite, una ruling class continua, entre la alta Administración y la alta empresa. Esta élite comparte contactos, formación e información sobre el Estado que constituye muchas veces la base del know how empresarial en variados sectores que viven directa o indirectamente del sector público, o dependen de un conocimiento sofisticado del derecho tributario”. 

Alimentar esta élite “anfibia” —así la denomina Amoedo, porque “habla el mismo lenguaje en el sector público y privado“— ha sido siempre prioridad frente a la descapitalización que supone para la Administración esta fuga de cerebros. Un problema que “se ha compensado con la convocatoria generosa de nuevas plazas de estos cuerpos”. En su opinión, “esta cuestión es un testimonio de la naturaleza simbiótica del capitalismo y el Estado que se fragua tras la Guerra Civil en España, y que continúa durante la democracia”.

La formación e información adquirida durante el ejercicio del servicio público en un alto cuerpo del Estado constituye un bien de alto valor en el mercado. Pero nuestra legislación de función pública carece de una regulación de los conflictos de intereses cuando se ejerce la excedencia por interés particular, precisa. Casi no “la hay para las relaciones laborales de alta dirección y “apenas se contempla la prohibición de trabajar en el sector privado durante dos años cuando se trata de altos cargos del Estado”. Dos restricciones, que añade, “se compensan económicamente”. 

Anna López Ortega, doctora en Ciencia Política y profesora de la Universidad Internacional de Valencia, corrobora que la Administración tiene cada vez más problemas para retener talento. Muchos funcionarios muy especializados —inspectores, técnicos o ingenieros— “se marchan al sector privado porque encuentran mejores condiciones o más oportunidades”.

”Eso supone una pérdida importante: cada persona que se va se lleva consigo experiencia, conocimiento interno y capacidad operativa”. Si no se ataja, el Estado puede tener “dificultades para diseñar y ejecutar políticas complejas”. 

A medio plazo, explica Astrid Barrio, profesora de Ciencia Política en la Universitat de València, este asunto “plantea un desafío estructural, pues la Administración corre el riesgo de convertirse en un espacio formativo del que el sector privado se beneficia”. 

El tránsito de funcionarios con acceso a información sensible hacia empresas privadas, explica, “genera un riesgo potencial de conflicto de interés”. Aunque existen periodos de incompatibilidad o declaraciones de actividades, “no siempre cumplen su función de preservar el interés público”. Hay que ser consciente de que “es muy complicado implementar mecanismos de control que impidan que que la experiencia adquirida en el servicio público se traduzca en ventajas competitivas, que es precisamente lo que busca el mundo privado”.

Amoedo señala dos posibles formas de atajar esta práctica: "elevar las retribuciones de los altos cuerpos del Estado”, algo que resultaría “sindical y políticamente muy costoso” o “cerrar el puente de plata de la excedencia mediante una regulación más restrictiva que la actual”. 

Pero “ninguna de estas dos soluciones es realista: encontrarían demasiadas dificultades para ser aprobadas”. Esa es la razón por la cual, concluye, “continuará desarrollándose este particular circuito en el que el mérito y la capacidad se acreditan mediante una dura oposición pública, cuya rentabilización se incrementa y apropia por el sector privado”.

Según Barrio, convendría “repensar los incentivos” y la gestión del capital humano en el ámbito público, “por ejemplo garantizando salarios competitivos con el mundo privado o alargando los años de servicio mínimo antes de acogerse a una excedencia”. “Lo que no haría”, precisa, “sería llegar al caso extremo de los profesores de universidad como yo, que en caso de pedir una excedencia, a menos que sea forzosa, tenemos que volver a concursar”.

Idealmente “debería haber un equilibrio entre la legítima aspiración profesional y la obligación ética de salvaguardar el interés público”. Pero en realidad, concluye, lo que hace falta es “un compromiso ético interiorizado que combine responsabilidad individual y exigencia colectiva para evitar que la movilidad se convierta en un acceso privilegiado a información estatal”.

“Es un tema delicado”, sostiene López Ortega. Cuando alguien ha trabajado con información sensible o ha tenido responsabilidades estratégicas en la Administración y luego pasa a una empresa privada que opera en ese mismo ámbito, “hay riesgo de conflicto de interés”.

Y aunque en España hay normas que intentan evitarlo, como la Ley de Incompatibilidades o “los periodos de enfriamiento”, se aplican poco y con pocos recursos, advierte. “Otros países tienen marcos más estrictos. Lo que está en juego aquí no es solo evitar irregularidades, sino proteger la confianza ciudadana: que nadie piense que el servicio público se utiliza como trampolín hacia intereses privados”.

En opinión de esta experta en Ciencia Política, “es normal que un funcionario quiera desarrollarse profesionalmente, pero también tiene una responsabilidad con el interés público”. Y “ese equilibrio no siempre está bien resuelto. Tenemos algunas normas, pero falta una cultura institucional más fuerte, con formación en ética y con incentivos que premien la permanencia y el compromiso dentro del Estado”.

Más que “limitar la movilidad”, lo importante sería hacerlo “con transparencia y con reglas claras. Al final, el conocimiento que se genera en la Administración pertenece a todos los ciudadanos, no a quien lo gestiona temporalmente”.

La evaluación de las políticas públicas es una herramienta clave para mejorar la eficacia y la eficiencia de la acción del Estado. Su valor radica en que permite analizar de manera rigurosa si una política, programa o intervención pública está cumpliendo con los objetivos para los que fue diseñada, y si lo hace con un uso adecuado de los recursos disponibles. Esta evaluación, basada en evidencia empírica, no solo ayuda a identificar aciertos y errores, sino que también proporciona criterios objetivos para tomar decisiones informadas sobre el rediseño, la ampliación o la eliminación de determinadas medidas.

Con ese objetivo, el Gobierno promovió, y el Congreso aprobó en 2022, una Ley de Evaluación de Políticas Públicas llamada a mejorar la rendición de cuentas ante la ciudadanía, fortalecer la transparencia institucional y fomentar una cultura de aprendizaje continuo en las administraciones públicas. Una ley que planteaba la resurrección de la agencia independiente eliminada por el Gobierno de Mariano Rajoy, encargada de desarrollar esta tarea, imprescindible para evitar el despilfarro de recursos, detectar efectos no deseados y orientar las políticas hacia un mayor impacto social.

Pero la aprobación del estatuto que debe regular esa agencia, y su creación misma —que debía tener lugar en el plazo máximo de seis meses—, sigue en el limbo. Han pasado tres años y el Gobierno ha sido incapaz de hacer realidad su promesa.

Fuentes del Ministerio de Economía consultadas por infoLibre atribuyen el retraso a la necesidad de reformar aquella ley para que la nueva agencia, en vez de depender del ministerio de Óscar López, el responsable en materia de función pública, pase a formar parte de la estructura de Economía, cuyo titular es Carlos Cuerpo, a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

Eso exige un cambio legal y, para llevarlo a cabo, el Gobierno ha optado por recurrir al grupo socialista en el Congreso e introducirlo vía enmienda en la reforma de la ley de Función Pública que está en trámite en la Cámara Baja, y que fue presentada en febrero. Mediada la legislatura, lo cierto es que no hay plazos ni un horizonte que permita prever cuándo la agencia podrá comenzar a funcionar.

En paralelo, señalan las mismas fuentes, Economía ha ido avanzando en una propuesta de estatuto con el objetivo de agilizar los tiempos una vez se apruebe la reforma legal. El departamento que dirige el ministro Cuerpo ya ha pedido informes a los demás ministerios con el objetivo de tener todo preparado para el momento en que la reforma se apruebe en el Congreso (después quedarían todavía trámites como el preceptivo informe del Consejo de Estado). Si el Congreso no lo consigue en lo que resta de legislatura, la reforma decaerá y habrá que volver a empezar.

La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, si algún día logra constituirse, se encargará de coordinar y supervisar el sistema evaluador, diseñar herramientas digitales (portal temático, servicio web común) y acompañar a ministerios.

Se trata no solo de hacer, sino de averiguar si lo hecho ha servido para algo. La evaluación de las políticas públicas, un instrumento que todo el mundo considera imprescindible para mejorar la eficacia de la administración, hace muchos años que forma parte de la vida cotidiana de las instituciones de países como el Reino Unido y los nórdicos —en particular Finlandia—, o de democracias en las que rara vez nos miramos, como la chilena.

En España, después de algunos intentos fallidos, y empujados por las reformas administrativas que exige la Unión Europea para seguir teniendo acceso a los fondos Next Generation, el Congreso dio luz verde a la ley que la regula y que, desde 2022, permanece en un cajón.

Durante años, los expertos han denunciado el problema estructural que sufre la evaluación de políticas públicas en España: la falta de “institucionalización” de la evaluación. Es decir, no está sistematizada, sigue sujeta a vaivenes políticos, no hay mecanismos para exigir su realización ni para incorporar sus recomendaciones.

El primer intento serio tuvo una vida efímera. Una Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios ejecutó alrededor de 40 evaluaciones de programas y servicios públicos entre 2007 y 2011, antes de ser vaciada de contenido y recursos a partir de 2012. Fue disuelta finalmente en 2017, pasando sus funciones a ser asumidas por la Secretaría de Estado de Función Pública, a través del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas y de la Dirección General de Gobernanza Pública, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Y eso que el informe de la OCDE Public Governance Reviews, de 2016, recomendaba “fortalecer el estatus de la Aeval” emitiendo declaraciones oficiales sobre sus informes, fuera “aceptando sus recomendaciones o explicando por qué la administración pública no las seguirá”. Esa era la forma, según la OCDE, de integrar unas políticas de evaluación “fragmentadas y dispersas”.

La ley que resucita la Agencia, pero que lleva tres años detenida en el tiempo, propone analizar y evidenciar el impacto de las políticas públicas en cuestiones como la igualdad de género, el medio ambiente y la transición energética, la extensión de los derechos sociales o la despoblación y el reto demográfico. Pero también el crecimiento económico, el empleo digno, estable y de calidad, la solidaridad intergeneracional, la redistribución de la riqueza, la adecuación a la normativa y a las directrices europeas, o la adecuada alineación de las distintas intervenciones públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Si consiguiese su objetivo, los gobiernos —y los ciudadanos— tendrían a su disposición un modo eficaz de saber si las políticas aplicadas a todos estos asuntos han funcionado. Es fácil imaginar el impacto que semejante herramienta tendría en la salud democrática del país.

El estatuto que elabora Economía y que debe regular la agencia resultará clave. ¿Será de verdad independiente del Gobierno? ¿Tendrá acceso a los datos que necesita para hacer sus evaluaciones? ¿Dispondrá de los medios para cumplir su cometido? ¿Gozará de la flexibilidad necesaria para pedir el auxilio de especialistas, sobre todo del mundo universitario? La ley no lo precisa y queda a expensas de lo que disponga ese estatuto.

El acuerdo está, ahora, más cerca. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la cuarta oferta a las aseguradoras que hasta ahora prestaban servicio a los funcionarios acogidos en Muface y asistidos en el sistema privado. Y lo ha hecho con una jugosa cifra que supera las exigencias de las empresas que han puesto en jaque un sistema que lleva 50 años en pie. En concreto, el Ejecutivo ha puesto ahora encima de la mesa de Adeslas, Asisa y DKV un incremento del 41,2% en las primas que recibían por dar cobertura sanitaria a un millón y medio de empledos públicos. Ellas fueron claras desde el principio: menos de un 40% era un montante difícil de aceptar. Ya lo han conseguido, así que ahora vuelven a tener la pelota sobre su tejado.

Son 330 millones de euros adiciones para 2025, 2026 y 2027, según ha especificado el Ministerio de Tranformación Digital y Función Pública en una nota de prensa. El presupuesto total del contrato asciende por tanto así a 4.808 millones de euros, 1.276 más que el vigente. El siguiente paso ahora es la publicación de los pliegos en el Portal de Contratación, a lo que seguirá la apertura de 25 días de plazo para presentar ofertas. Es decir, lo previsible es que hasta el próximo mes de marzo no haya un desenlace.

Han sido más de 100 días de tira y afloja. El pasado mes de octubre el Gobierno ofreció incrementar en un 14% la cantidad que las tres compañías percibían por dar cobertura a los mutualistas, un porcentaje que fue rápidamente rechazado por todas ellas y que provocó que el Consejo de Ministros lo subiese hasta el 17%. Pero ellas ya eran claras: todo lo que no alcanzase el 40% era insuficiente. Provocaría, argumentaban, unas pérdidas inasumibles. "La oferta de remuneración realizada se sitúa muy por debajo de lo aceptable por las aseguradoras —y los agentes de provisión sanitaria que prestan el servicio asistencial a los mutualistas—, ya que el cuadro médico sería insuficiente, la calidad asistencial se vería perjudicada y el servicio deficitario ante la cronicidad y la alta frecuentación en la asistencia médica de los funcionarios", criticó la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe).

Así que en noviembre plantaron a Muface y dejaron el concierto desierto. En un terreno desconocido.

El Gobierno tenía entonces dos salidas: o prorrogaba a la fuerza el acuerdo que ya caducaba en 2024 o hacía una nueva oferta. Y eso hizo. Esta vez, del 33,5%. Aun así, Adeslas y DKV se apartaron, dejando todo en manos de Asisa, que nunca llegó a dar una respuesta. 

El pasado sábado, a sólo 48 horas de que se cerrase el plazo para presentar ofertas, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública anunció que modificaba las condiciones, atrayendo de nuevo a Adeslas. "Si estos avances se consolidan en una propuesta adecuada por parte de la Administración", la compañía "reconsideraría la posición actual y daría los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable a su presencia en Muface", señaló la aseguradora en un comunicado. No trascendió nada más. Hasta ahora.

En cualquier caso, y ya en la mañana de este martes, sin conocerse todavía los avances, el sindicato CSIF convocó una huelga para el próximo 13 de febrero. La protesta afecta a más de medio millón de personal funcionario de todo el país en distintos ámbitos: personal docente universitario y no universitario, centros de la Administración General del Estado (ministerios, organismos y dependencias adscritas, organismos oficiales y delegaciones de Gobierno, entre otros) y personal funcionario de Correos. Según CSIF, el sindicato de la Policía Nacional Jupol también apoya esta convocatoria, aunque los policías no tengan reconocido el derecho a la huelga.

Su postura está clara: no permitir bajo ningún concepto que Muface desaparezca. Según lamentaron hace unos días, la organización ya estaba atendiendo a miles de trabajadores públicos que estaban sufriendo "desatención sanitaria".

Las voces críticas, no obstante, también se han escuchado. Y es que muchos defensores de la sanidad pública, e incluso el departamento de Mónica García, abogan por una desaparición progresiva de un sistema que la ministra de Sanidad ha calificado en numerosas ocasiones de "anacrónico", principalmente por una razón que también esgrimió el departamento en manos de Sumar: las aseguradoras hacían selección de riesgos, evitando tratar a los pacientes más graves.

En este sentido, un estudio realizado por miembros del departamento de métodos cuantitativos en economía y gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria mostró que entre los pacientes de Muface atendidos en hospitales públicos hay más casos de lo que sería esperable de enfermedades como linfoma, cáncer o tumores. Las dolencias menos graves, en cambio, tienen una prevalencia menor.

Muface sigue en el aire. Y todavía sin noticias de cuánto podrá durar la situación. Este lunes vencía el plazo que el Gobierno había dado para que las aseguradoras presentasen ofertas de asistencia sanitaria al millón y medio de funcionarios que continúan acogidos a la mutualidad. Pero el sábado hubo un giro de 180 grados en los acontecimientos. Y este 27 de enero no ha sido la fecha límite de nada. Las condiciones que ofrecía el Gobierno hasta este fin de semana han cambiado y las compañías privadas tienen que volver pensarlo. Así que, por ahora, todo vuelve a stand by.

Está siendo el mayor tira y afloja que ha habido en el sistema. La crisis ha tenido manifestaciones de trabajadores públicos, dos licitaciones, dos ampliaciones de plazo y hasta un choque entre los socios de Gobierno. El Ministerio de Sanidad de Mónica García ya dijo a través de un informe publicado el pasado mes de diciembre que el sistema es "insostenible", pero la cartera de Función Pública que dirige Óscar López, y de la que depende directamente Muface, sigue trabajando para que la mutualidad se renueve. "Hay muchas fórmulas para una solución", dijo el ministro socialista. Pero lo cierto es que el camino está siendo pedregoso. Y largo.

Muface es una mutualidad que está sujeta a que su convenio se negocie y apruebe periódicamente y este 2024 debía terminar con un nuevo acuerdo que regulase la asistencia sanitaria para los funcionarios para 2025, 2026 y 2027. Sin embargo, en octubre saltó todo por los aires. El Gobierno anunció que aprobaría la licitación del concierto con un incremento de las primas para las aseguradoras de un 14%, una cifra que las empresas que hasta ahora han dado cobertura al servicio —SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV— consideraron muy insuficiente. Y que el Consejo de Ministros del día 8 de aquel mes incrementó hasta el 17,12%. Era eso o dejar que las tres abandonasen.

Traducido, eso significaba que lo que las compañías recibirían por parte del Estado por atender a cada funcionario se vería incrementado en ese porcentaje. En concreto, pasarían de recibir 1.032 euros al año por persona a 1.208 en 2026. 176,69 euros más.

Para ellas no era suficiente. Pedían un 40% de aumento porque si no, aseguraron, no podrían soportar las pérdidas. "La oferta de remuneración realizada se sitúa muy por debajo de lo aceptable por las aseguradoras —y los agentes de provisión sanitaria que prestan el servicio asistencial a los mutualistas—, ya que el cuadro médico sería insuficiente, la calidad asistencial se vería perjudicada y el servicio deficitario ante la cronicidad y la alta frecuentación en la asistencia médica de los funcionarios", criticó la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe) al recibir la primera oferta.

La segunda la celebraron, pero también avisaron que se quedaba corta. Y lanzaron una advertencia: el sistema público no iba a soportar tener que atender a un millón y medio más de personas.

Fue el Ministerio de Sanidad el que se lanzó rápidamente a desmentirlo. "Por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública" es una opción "tanto viable como razonable", señaló en un informe publicado en esas mismas fechas. En él, el departamento en manos de Sumar aprovechó también para cargar contra un modelo que Mónica García había tachado de "anacrónico" y que levantaba las críticas de los defensores del sistema público. Principalmente por una razón que también esgrimió el departamento en manos de Sumar: las aseguradoras hacían selección de riesgos, evitando tratar a los pacientes más graves.

En este sentido, un estudio realizado por miembros del departamento de métodos cuantitativos en economía y gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria mostró que entre los pacientes de Muface atendidos en hospitales públicos hay más casos de lo que sería esperable de enfermedades como linfoma, cáncer o tumores. Las dolencias menos graves, en cambio, tienen una prevalencia menor.

Sin embargo, Función Pública continuó con la hoja de ruta de aprobar el nuevo concierto.

El 5 de noviembre fue la fecha clave. Adeslas, DKV y Asisa se retiraron de la licitación y dejaron desierto Muface. Ninguna aseguradora estaba dispuesta a dar asistencia privada a los funcionarios por ese precio. Lo argumentaron igual que hicieron al principio: las pérdidas serían tan grandes que desaparecerían.

Se abrió entonces un escenario inédito al que el Gobierno podía responder de dos maneras: o prorrogando de manera forzada el convenio que iba a caducar o reconsiderando su oferta y lanzando una nueva. Y se inclinó por esta última.

La tercera oferta a las aseguradoras llegó el 17 de diciembre. Y con una cantidad muy cercana a lo que exigían las empresas. El Consejo de Ministros de ese día aprobó un incremento de la prima del 33,5%, lo que supondría recibir, de media y por mutualista, 1.262,28 euros en 2027. "Con esta medida, el Gobierno cumple con el compromiso de impulsar una nueva licitación para Muface antes de que terminara el año", dijo la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en rueda de prensa.

La pelota volvía a estar en el tejado de Adeslas, Asisa y DKV, que tenían hasta el 15 de enero para dar una respuesta. Pero ya antes de que terminara el año, el 27 de diciembre, la primera compañía dijo que no aceptaba la oferta. Era, dijo, "económicamente insostenible".

Las otras dos aseguradoras mantuvieron silencio todas las navidades. Y el 9 de enero llegó el segundo rechazo. Esta vez, por parte de DKV. Y con el mismo argumento. "Por primera vez desde la creación de las mutualidades, DKV no estará entre las aseguradoras que prestan servicio a los mutualistas nacionales, tras acumular en el último concierto pérdidas, antes de impuestos, de más de 70 millones de euros", dijo la aseguradora en un comunicado.

Asisa se quedó sola. Y el plazo para responder a esa tercera oferta (la del 33,5%) se amplió hasta este lunes.

Óscar López dijo el viernes sentirse "muy optimista". Y tan sólo un día después llegó la noticia: Muface ha iniciado un proceso para "modificar las condiciones" de la última licitación, retrasando de nuevo la fecha límite para dar una respuesta. Así que Adeslas se lo va a volver a pensar.

Según dijo en un comunicado, la compañía había estado manteniendo a lo largo de la pasada semana diferentes contactos con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que habían culminado en "avances significativos" que permitirían resolver la situación actual y definir un modelo, dijeron, justo, equilibrado y sostenible para Muface. "Si estos avances se consolidan en una propuesta adecuada por parte de la Administración", la compañía "reconsideraría la posición actual y daría los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable a su presencia en Muface".

Fuentes de Función Pública consultadas por infoLibre han rechazado aclarar si la modificación de las "condiciones" consiste en una cuarta oferta con un nuevo incremento de la prima ofrecida a las aseguradoras. Hace unos días, el Gobierno aclaró que podría compensar las pérdidas si es que las hubiera, pero se desconoce también si la modificación incluye este aspecto. Y tampoco se sabe por ahora cuál es el nuevo plazo. Según ha recogido EFE, fuentes de las compañías creen que el proceso para modificar el pliego de condiciones será rápido y que no se demorará mucho. Tras su publicación, dicen, lo habitual es que se abra un plazo inicial de unos 20 ó 25 días para la presentación de ofertas.

Corría el mes de junio del año 1975 cuando una ley creó la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, más conocida como Muface. Prácticamente a la vez, uno un poco antes y otro un poco después, se crearon dos modelos prácticamente idénticos: Isfas para las Fuerzas Armadas y Mugeju para el personal de la administración de justicia. El objetivo fue aglutinar lo que hasta entonces era una mutualidad "dispersa, fragmentada y desigual" que provenía de la etapa anterior a la creación de la Seguridad Social. Entre las tres mutuas se preveía dar cobertura a 300.000 funcionarios. Pero cuando el modelo cumplió once años, la Ley General de Sanidad de 1986 estableció que las tres debían integrarse en el régimen general, igual que hicieron otras. Sin embargo, han pasado 38 años y no se ha hecho. Y no parece que ocurra, al menos en el corto plazo. No será, sin embargo, porque Muface, que hoy da cobertura a 1,5 millones de personas, no se cuestione nunca. La última vez, esta misma semana.

Este 2024 ha tocado renovar un convenio que había sido aprobado en 2022 y que las aseguradoras que dan servicio a los funcionarios y funcionarias de Muface —SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV— pretendían mejorar. Y mucho. En concreto, su objetivo era lograr que el Gobierno incrementase en un 40% la prima, un porcentaje que el Consejo de Ministros rebajó este martes a un 17% que, según el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se repartirá entre un 16,5% en 2025 y un 0,62% en 2026. En números redondos, supone que lo que se pagará por mutualista pasará de 1.032 euros al año a 1.208 en 2026. Son 176,69 euros más. En total, entre los dos próximos años, 304 millones más de subida.

Pero las aseguradoras todavía no han dicho esta boca es mía. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo que el Ejecutivo ya está "en contacto" con ellas, porque son las que tendrán que decidir ahora si continuar trabajando bajo las nuevas condiciones o retirarse, algo con lo que ya amenazaron la semana pasada. Lo hicieron después de conocer que la primera intención era la de ofrecer un incremento de la prima de un 14%, tres puntos por debajo de lo finalmente planteado este martes.

"La oferta de remuneración realizada se sitúa muy por debajo de lo aceptable por las aseguradoras —y los agentes de provisión sanitaria que prestan el servicio asistencial a los mutualistas—, ya que el cuadro médico sería insuficiente, la calidad asistencial se vería perjudicada y el servicio deficitario ante la cronicidad y la alta frecuentación en la asistencia médica de los funcionarios", criticó la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe). Puso además una amenaza sobre la mesa: con la financiación ofrecida tendrían que dejar de dar asistencia sanitaria. A su juicio, el deseo del Ejecutivo: "El fin del modelo Muface y la migración de 1,5 millones de funcionarios al régimen general de la sanidad pública está firmado en los despachos del Gobierno de coalición".

Sin embargo, en ningún momento se ha manifestado esa intención. La ministra de Sanidad, Mónica García, que no obstante no tiene competencia en esta materia, ya desmintió que la posibilidad de acabar con Muface esté en la hoja de ruta del Gobierno, a pesar de considerar que éste sea un "subsistema anacrónico" que ni siquiera dispone de atención primaria. "Defiendo la sanidad pública, pero insisto en que esto no es mi competencia y en que creo que no hay ninguna intencionalidad más allá de, como en cualquier negociación, llegar a un punto común", señaló en una entrevista en la Cadena Ser. Su número dos, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, añadió que la intención del departamento es que los funcionarios sean tratados en el régimen general que, defendió además, sí podría absorber a ese millón y medio de pacientes nuevos.

Según el informe Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario, publicado por el lobby de la sanidad privada Fundación IDIS, el número de mutualistas de Muface ha pasado de ser 1.187 en 2018 a 1.096 en el año 2023. Se trata de una bajada del 7,6% de pacientes producida, en cualquier caso, de manera paulatina, igual que ha sucedido con los acogidos a Isfas y Mugeju. En total, ha pasado de haber 1.829 mutualistas a 1.680. Un 8% menos.

¿Cuál es el motivo? Hay una letra pequeña en estos datos. "El problema de Muface es eso que se llama selección adversa", explica al otro lado del teléfono Juan Simó, autor del blog Salud, dinero y atención primaria. "Los que abandonan el modelo son aquellos pacientes que tienen más patologías o más graves y que, por ello, prefieren ser tratados en el sistema público", explica. Un reciente estudio realizado por miembros del departamento de métodos cuantitativos en economía y gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria le da la razón. Según pudieron comprobar los investigadores, entre los pacientes de Muface atendidos en hospitales públicos hay más casos de lo que sería esperable de enfermedades como linfoma, cáncer o tumores. Las dolencias menos graves, en cambio, tienen una prevalencia menor.

Pero no hace falta fijarse en las peores enfermedades. Como detalla Simó, durante los peores años de la crisis no hubo tasa de reposición, lo que ha hecho que la edad media de los empleados públicos aumente y, con ella, las patologías asociadas al envejecimiento. En concreto, y según un informe realizado por Aspe y la Universidad Complutense de Madrid, el mutualista medio de Muface tenía 57,8 años en 2022 y 54,2 en 2013. "El incremento en la edad de los mutualistas está relacionado directamente con el incremento de la siniestralidad. La edad es un factor determinante en la aparición de patologías y, como consecuencia, en el incremento de las necesidades de atención sanitaria", señala el estudio de IDIS.

Y en eso se apoyan las aseguradoras para pedir más fondos. Pero lo cierto es que éstos nunca han dejado de subir. Y que el incremento planteado por el Gobierno hasta 2026 supondrá, además, el mayor de la historia, puesto que el porcentaje medio de subida se ha situado por ahora en el 4,4% anual. Entre los dos últimos convenios, y según la Fundación IDIS, fue de un 5,57%. En los últimos diez años, el Gobierno ha incrementado la partida destinada a Muface en un 32%.

Prácticamente en el mismo periodo, según recoge Simó en su blog, el porcentaje de mutualistas de Muface que eligen aseguramiento público se ha casi duplicado de 2005 a 2022, pasando del 13,47% al 26,79%.

SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV defienden, en cambio, que las pérdidas entre las primas y las prestaciones son ya cercanas a los 200 millones de euros. Sin embargo, si se observa la facturación se comprueba que las ganancias de estas tres compañías son evidentes. Según el Observatorio del Sector Sanitario Privado 2024 publicado también por la Fundación IDIS —lobby del sector— las tres compañías ganaron en 2023 5.551 millones de euros. Ese año además, de entre todas las compañías aseguradoras, SegurCaixa Adeslas fue la que más beneficio consiguió.

"Si hay ciertas empresas aseguradoras que continúan prestando este tipo de servicios es porque ganan", valora a infoLibre Fernando Lamata, médico y ex secretario general del Ministerio de Sanidad. A su juicio, ya no es sólo por lo que se gana por esta asistencia de manera directa, sino porque la cobertura sanitaria es la puerta de entrada a conseguir contrataciones en otro tipo de servicios. "Con el mutualismo las aseguradoras al final acceden a un mercado en el que participan personas de un nivel adquisitivo medio alto", señala.

Y rechaza, en cualquier caso, el argumento del aumento de la siniestralidad asociada a la edad de los mutualistas. "Decir es tramposo, porque las personas más mayores y con más pluripatología son siempre atendidas en el sistema público", señala. Los últimos datos recogidos por el INE y relativos a 2020 revelan que el 37,7% de los hombres y el 38,1% de mujeres que visitaron al médico de familia tenían entre 75 y 84 años.

No entra dentro de los planes del Gobierno, aunque las aseguradoras se empeñen en defenderlo así, pero los expertos consultados sí que creen que es momento de acabar con Muface. Sobre todo porque el mandato de hacerlo es del año 1986. "Mantener esta distorsión es una herida que perjudica al conjunto del sistema sanitario, y es en lo que hay que pensar", defiende Lamata, que apuesta por una desaparición progresiva de Muface. ¿Cómo se haría? Impidiendo que los nuevos funcionarios y funcionarias puedan acceder a este sistema.

El portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, coincide con él. "Muface debería haber desaparecido hace mucho tiempo, pero cualquier momento es bueno para que lo haga. Se trata de un modelo totalmente inequitativo que genera desigualdad y discriminación. Además, ya ni siquiera tiene sentido, sólo se basa en una ambición irrefrenable de las empresas de seguros", critica.

Si continúa, lamenta Lamata, es únicamente por la resistencia de los colectivos beneficiados. Hace una semana, cuando el debate saltó a la luz, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pidió cerrar el concierto este mes de octubre con una "financiación adecuada" que impida que el modelo "muera por inanición". "Responderemos con contundencia para defender el derecho a la atención sanitaria de nuestros mutualistas", avisaron. Por ahora, la decisión de todo recae en las aseguradoras.

En los barrios obreros el deporte va más allá de la salud. Ante el debilitamiento continuado de los servicios y la desaparición de los comercios, las instalaciones públicas que permiten practicar ejercicio físico es uno de los pocos espacios de unión e identidad que queda en los distritos. Un papel crucial que parecen no compartir algunos gobiernos municipales. Kety Malibrea, técnica superior en Estudios Deportivos y Sociedad de la Universitat Politècnica de València, explica a infoLibre que "las administraciones públicas ven el ámbito deportivo como un negocio potencial". Una tendencia que, según afirma Malibrea, no se cierne a unas regiones concretas y que está a la orden del día como demuestran los casos del barrio madrileño de Villaverde y del granadino Bola de Oro.

El campo de fútbol David Díez de la Cruz era un barrizal hasta 2017. Cada vez que llovía se formaban charcos y se convertía en un terreno impracticable. No le interesaba a nadie y su gestión ha dependido siempre de los dos clubes del barrio: Racing Villaverde y Santiago Apóstol. Ante las constantes sugerencias de ambos equipos, en 2017 se convirtió en un campo de césped artificial y las entidades reclamaron cerrar una nueva concesión a largo plazo por la atracción que podían suscitar las novedades de las instalaciones.

Estas negociaciones no han conducido a ninguna solución favorable para ambas partes y la Junta Municipal de Villaverde decidió publicar una convocatoria pública el pasado 1 de marzo bajo unas condiciones que los clubes consideran un intento de "privatización". En el pliego se establece que recibirán la misma puntuación, 16 puntos, tanto las entidades que pertenezcan a una categoría profesional como aquellas que están arraigadas al barrio y llevan muchos años en él. Esto, en la práctica, iguala a los equipos que vengan de fuera a los que son de la zona desde sus inicios. Otra de las condiciones es que los clubes se tendrán que hacer cargo de todos los gastos.

Ante estas acusaciones, fuentes de la Junta Municipal detallan a infoLibre que "no se trata de ninguna privatización de la instalación, ya que sólo pueden concurrir entidades sin ánimo de lucro que en sus estatutos incluyan promoción de actividades deportivas". Además, argumentan que "las bases de este concurso dan preferencia a clubes que sean del distrito de manera que, en igualdad de calidad del proyecto deportivo, estas entidades tendrán 16 puntos más".

En Granada, los vecinos de Bola de Oro también denuncian la "privatización encubierta" del complejo deportivo de su barrio. Un centro al que acuden cada día cientos de personas mayores, niños y familias a realizar actividades grupales. Un lugar para la práctica deportiva y la cohesión social del distrito que puede cambiar por completo con la llegada de una empresa privada.

Los socialistas granadinos denunciaron a finales de febrero que el Plan de Contratación de la Concejalía de Deportes para 2024 de Granada recoge sacar a licitación el contrato de concesión de servicios del complejo Bola de Oro para los próximos 15 años. Ante esto, los vecinos trasladaron su descontento al concejal de Deportes, Jorge Iglesias, que les achacó que están "acostumbrados a un modelo de explotación antiguo", según cuenta a infoLibre Pablo Flores, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Bola de Oro. Unas declaraciones que ha querido aclarar Iglesias al asegurar a este diario que "la Concejalía de Deportes está realizando un cambio en el modelo de gestión". Además, señala que "el complejo de Bola de Oro es una instalación obsoleta y que la manera más adecuada de remodelarlo es a través de una colaboración público-privada".

La desvinculación por parte de la administración pública en ambas instalaciones deja, denuncian las organizaciones vecinales, desprotegido al usuario frente a un posible aumento de los precios. Lorena Machín, miembro de la junta directiva del Racing Villaverde, confiesa a infoLibre que "muchos de los niños y niñas de la escuela no podrán seguir pagando las cuotas si el club se tiene que hacer cargo de los gastos del campo". Esto provocará el aumento de unas contribuciones que "son de las más bajas en el fútbol formativo de la capital", según la directiva de la entidad villaverdense. Además, Machín señala que actualmente "ya se están perdonando o aplazando cuotas a ciertos niños porque sus familias tienen dificultades para pagarlas".

La Junta Municipal defiende que ambos clubes "usan este equipamiento de forma gratuita y sin contraprestación por los gastos de suministros y mantenimiento de unas instalaciones en las que el Ayuntamiento ha invertido más de 700.000 euros". Una acusación que, según Machín, "es errónea", ya que los clubes han propuesto en reiteradas ocasiones "pagar un canon municipal" dentro de sus posibilidades.

En el centro deportivo de Bola de Oro también se espera un aumento de precios notable. Una de las tarifas actuales ronda los 23 euros al mes por las actividades regulares de dos días a la semana. Esta es una de las opciones más utilizadas por gran parte de los usuarios que "se podría ver aumentada hasta los 70 euros" con la llegada de una entidad privada y la imposición de una tarifa mensual obligatoria, según detalla Flores. Además, el vicepresidente de la asociación de vecinos traslada que "muchas personas mayores se ven amenazadas" ante la posibilidad de que no puedan realizar sus clases deportivas semanales.

La Concejalía de Deportes de Granada no contempla este incremento en los precios. Iglesias explica que van "a vigilar que los precios sean los que tengan que ser para que todas las clases sociales tengan acceso a la práctica deportiva". El concejal califica estas afirmaciones como "mentiras" con las que la oposición socialista quiere meter miedo.

Esta posible subida de precios y desaparición de algunos servicios viene acompañada de la dificultad para mantener estos lugares como espacios para la interacción social entre los vecinos. La experta valenciana en Estudios Deportivos señala que "muchos clubes e instalaciones deportivas funcionan como agentes de cohesión en los barrios al reunir a los ciudadanos y desempeñar un papel ciudadano significativo. El deporte promueve la unidad entre los vecinos más allá de la identidad deportiva de un entidad".

Una unidad que en Villaverde, según Machín, funciona como una "burbuja" ante problemas como las bandas juveniles que "están a la orden del día". La directiva de la entidad asegura que muchos niños "se pasan todo el fin de semana en el campo viendo partidos de sus compañeros y entrenadores". "Si bien el deporte no es una solución milagrosa, muchas veces sirve como un divertimento balsámico y una fuente de interacción social y actividad física para los jóvenes", según Malibrea.

Además de los clubes, las instalaciones públicas permiten que los vecinos tengan espacios donde puedan reunirse. No sólo para practicar deportes, sino también para abordar cuestiones sociales en general. La concesión privada del complejo de Bola de Oro obliga a que la empresa adjudicataria tenga que construir un edificio multiusos contiguo. Flores sospecha que ese edificio "se construirá sobre un campo de fútbol en el que muchas familias se reúnen cada tarde para que sus niños jueguen". Una posibilidad que Iglesias todavía no contempla ya que "no hay ningún proyecto en concreto".

Ante estas actuaciones, Malibrea subraya que "los responsables municipales no siempre valoran este aspecto inmaterial del deporte, lo que conlleva la disminución de la salud y el resto de valores que aporta a los barrios".

La Academia Española de Administración Pública ha emitido este lunes un comunicado en respuesta a las declaraciones de jueces, abogados, notarios y letrados contra los acuerdos de investidura firmados por el PSOE y sus futuros socios de gobierno, en los que se alerta de supuestas amenazas al Estado de Derecho y al Orden Constitucional.

Consideran que estas asociaciones se han excedido del ámbito “estrictamente profesional” y que, además, “sientan un peligroso precedente en la Función Pública”, por razones “puramente políticas”. Alertan desde la Academia de que se están poniendo en cuestión “los principios de imparcialidad, objetividad y neutralidad”, a los que deben obedecer todos los empleados públicos, de acuerdo a lo que establece la Constitución.

“Ni en el pasado, ni tampoco ahora, corresponde al colectivo profesional de empleados públicos emitir juicios con carácter preventivo y motivación política, para influir, obstaculizar o alterar el normal funcionamiento de nuestro sistema democrático”, afirman en el comunicado, en el que insisten en que “cualquier declaración o escenificación previa podrá perseguir otros fines, pero desde luego no el de garantizar la vigencia o integridad de un Orden Constitucional que, en este momento, no está amenazado ni puesto en entredicho”.

La Junta Directiva de los funcionarios públicos recuerda que el Estado de Derecho cuenta con las herramientas e instituciones adecuadas para garantizar “el pleno respeto a la Constitución”, así como “la legalidad vigente”, y reafirman su compromiso con los valores y principios de la Carta Magna, en especial con aquellos que exigen el, respeto de las decisiones adoptadas por los “legítimos representantes del pueblo español”. 

Instan al resto de profesionales de la Función Pública a continuar “por la misma senda que hasta ahora”, sin adentrarse en el “nuevo camino por el que algunos pretenden adentrarse”, en el que se confunden “las legítimas opiniones políticas en cuanto ciudadanos, del papel de imparcialidad y neutralidad que deben desempeñar los empleado públicos  de una Administración que, según la Constitución, es dirigida por el Gobierno elegido democráticamente por las Cortes Generales. 

Este comunicado llega después de la oleada de comunicados en contra de la amnistía y de la inclusión del término lawfare, incluido en el acuerdo de Junts y el PSOE. Organizaciones de jueces, abogados, notarios y letrados se han opuesto, además de varias asociaciones de la Policía y la Guardia Civil. A ellos se han sumado estos días medio centenar de diplomáticos jubilados, los inspectores de Hacienda, el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y varios rectores de universidades españolas. 

El concierto se firmó con Adeslas (50,76% de los mutualistas); Asisa (35,67 % y DKV (11,58%), con un coste trianual de 3.571 millones de euros, es decir 1.190 millones por año. El incremento solicitado por las aseguradoras supone elevar el coste del concierto a 4.999 millones de euros para los tres años, es decir un coste 1.666 millones de euros cada año. Todo ello sin contar el aumento de costes que supondrá trasladar el mismo incremento a los otros dos componentes del mutualismo administrativo Isfas ( militares) y Mugeju (jueces). (Ver el comentario titulado La contribución del Mutualismo Administrativo a la sanidad privada y a las aseguradoras, publicado el 5 de junio de 2023 en infoLibre-Librepensadores)

De acuerdo a los términos del concierto, las modificaciones que se pueden plantear al mismo tienen que cumplir unas condiciones tales como que las circunstancias que motiven la modificación no se hubieran podido prever por una administración diligente (las aseguradoras basan su propuesta en el incremento de los costes hospitalarios y asistenciales); además que la modificación del coste del concierto no exceda del 50% del valor inicial, IVA excluido.

Hay que recordar que las aportaciones del Estado al mutualismo administrativo son aprobadas cada año en los Presupuestos Generales del Estado.

Ante la crisis planteada por la petición de aumento de costes, los actores interesados, sector sanitario privado, aseguradoras  y sindicatos han solicitado a la Dirección General de Muface una respuesta en el Consejo General de la entidad, respuesta que se va a retrasar por el cambio de gobierno. No obstante, todos los actores citados presionan para que se modifique el concierto, cada uno con sus particulares intereses.

Según el estudio de la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) titulado Impacto del Cambio de Modelo en las Mutualidades en el caso de la desaparición del mutualismo administrativo, las aseguradoras verán reducidos el número de pólizas y por consiguiente su facturación. El descenso de asegurados  se situaría, según la Fundación IDIS, en 1,8 millones de pólizas, lo que supone el 16% del número total de asegurados en asistencia sanitaria.

De acuerdo al mismo informe, la pérdida de asegurados puede conllevar el cierre de consultas, centros médicos de diagnóstico y hospitales privados, en aquellas Comunidades Autónomas en las que existe un elevado grado de dependencia de las pólizas de los mutualistas; en concreto una media de 2,1 camas por 1.000 pólizas perdidas. Todo ello llevaría a la pérdida de empleo en el sector privado sanitario; IDIS toma como referencia la cuenta de 0,022 empleos por mutualista, lo que en el caso de la desaparición de Muface representaría la pérdida de 24.607 empleos en el sector sanitario privado. 

El informe de IDIS señala que el mutualismo administrativo genera un ahorro de entre 720 millones y 800 millones de euros con datos de 2020. Para llegar a esa conclusión, IDIS divide la cantidad destinada a las entidades aseguradoras en el presupuesto de las mutualidades, por ejemplo Muface, y la divide por el número de mutualistas que han optado por esas entidades.  (Recordemos que, en el caso de Muface, el 74,5% de los mutualistas, es decir 1.118.497 mutualistas optan por las aseguradoras, y el 25,4% , es decir 380.884 mutualistas, optan por el sistema sanitario público, según datos de la Memoria de Muface de 2021: no se ha publicado la de 2022)

Siguiendo el método de IDIS, y con datos de 2021, el gasto por mutualista es de 963 euros anuales. A continuación, el método de IDIS compara esta cifra con el gasto sanitario público per cápita que, según la estadística del Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad fue de 1.850 euros en 2021, resultado de dividir el gasto sanitario total por la población española de ese año. Para que una comparación sea significativa tiene que darse entre términos homogéneos; la comparación entre gasto de asistencia sanitaria por funcionario y gasto sanitario per cápita no lo es.

En primer lugar porque en ese gasto total está incluido el que suponen las Mutualidades Administrativas que en 2021 fue de 2.296 millones de euros, es decir el 2,6% del total. Por otra parte, es bien sabido que la salud de un colectivo, de una ciudad, de un barrio, depende en gran medida del origen social, las condiciones de vida y de trabajo, y las expectativas vitales entre otros parámetros. El colectivo afiliado a Muface es en un 75% de titulados superiores y medios, y el 25% restante personal administrativo. Es razonable pensar  que su salud será comparativamente mejor que las de otros colectivos con condiciones de vida y trabajo notablemente inferiores.

El gasto sanitario del colectivo funcionarial, al menos hasta la edad de jubilación, se deduce  por lo expuesto, será siempre menor que el de otros colectivos, estén los funcionarios en Muface o en el sistema sanitario público. El ahorro señalado por IDIS, no obedece, en mi opinión a criterios rigurosos.

“Reclamamos un compromiso político con el modelo Muface y el incremento de la financiación” ha manifestado CSIF tras el último Consejo General de la entidad. Comisiones Obreras, por su parte, ha reclamado un proceso de diálogo con la Administración del Estado y el incremento de la dotación presupuestaria para 2024, ya que en su opinión, no se cumplen los parámetros de calidad ni en la asistencia sanitaria ni en las prestaciones económicas y sociales. Los problemas de financiación del concierto están produciendo, según este sindicato, recortes en los cuadros médicos, la existencia de pocos centros asistenciales, la disminución de clínicas y especialidades médicas y el cobro de algunas asistencias. En parecidos términos se ha expresado UGT.

La valoración de Muface entre los mutualistas, según una reciente encuesta de satisfacción realizada por la propia entidad es de aprobado, un 5,7; aunque otras encuestas aparecidas en la revista de Muface suben esta valoración.

El 70% de los  mutualistas ni siquiera conocen las prestaciones concedidas por la mutualidad, según la misma encuesta, lo que hace pensar en la escasa información que la misma entidad ofrece a sus afiliados o quizá el desinterés de éstos. Objetivamente, la información debería comenzar sobre las ventajas e inconvenientes que supone la opción entre las aseguradoras y el sistema sanitario público.

Ninguno de los sindicatos presentes en Muface pone en cuestión el modelo actual, sino todo lo contrario.

En cuanto a los partidos políticos, únicamente Sumar se ha pronunciado por una desaparición paulatina y escalonada de Muface y de todo el mutualismo administrativo, pero sin concretar los términos y condiciones de ese proyecto escalonado.

La actual crisis de Muface, que exige decisiones que afectan a sus mutualistas y también a toda la ciudadanía, obliga a una reconsideración sobre el modelo y su futuro. Para ello hay que partir de varias consideraciones que se exponen a continuación, siempre con el ánimo de incitar a un debate y a una reflexión.

La existencia del mutualismo administrativo representa una incongruencia dentro del sistema sanitario público español. Un estado que ha desarrollado una sanidad pública universal mantiene la posibilidad de una opción privada para sus funcionarios, con el coste que ello ha supuesto y supondrá para el erario público.

Se ha incumplido la disposición adicional segunda de la Ley General de Sanidad de 1986 que obligaba a una integración paulatina y ordenada del mutualismo administrativo en el sistema público, de ahí la crisis actual.

Se está conculcando el principio de igualdad regulado en el artículo 14 de la Constitución española, en cuanto el mutualismo establece diferencias en el ejercicio del derecho a la salud entre ciudadanos españoles.

Se está contribuyendo a mantener y financiar una parte importante de la sanidad privada, cuando no es tal el objetivo principal de una sanidad pública universal.

Es legítimo, por tanto, plantearse la viabilidad constitucional, económica y social del mutualismo.

Naturalmente, la revisión del modelo, si se opta por esa vía, debería llevarse a cabo de forma negociada con todos los actores que intervienen en el proceso, es decir la Administración central a través de su gobierno, sindicatos, aseguradoras, sanidad privada y, en su caso, asociaciones de usuarios. Existen posibilidades de mejora, si se quiere encontrarlas, que no menoscabarán el derecho a la salud de los funcionarios, pero que tampoco significarán un incremento de costes para el conjunto de la ciudadanía.

Puede ser que la reflexión que se ha expuesto sea inútil porque ninguno de los actores implicados esté interesado en una reforma o un cambio de modelo, pero los datos que se han expuesto en este comentario demuestran que la reflexión, a pesar de todo, no será un ejercicio inútil.

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

No sólo hacer sino averiguar si lo hecho ha servido para algo. La evaluación de las políticas públicas, un instrumento que todo el mundo considera imprescindible para mejorar la eficacia de la administración, hace muchos años que forma parte de la vida cotidiana de las instituciones de países como el Reino Unido y los nórdicos —en particular Finlandia— o de democracias en las que rara vez nos miramos, como la chilena. 

En España, después de algunos intentos fallidos, y empujados por las reformas administrativas que exige la Unión Europea para seguir teniendo acceso a los fondos Next Generation, el Congreso dio este jueves luz verde a una ley llamada a sentar las bases de un modelo de evaluación de las políticas públicas digno de tal nombre. Aunque, según los expertos en la materia, la letra pequeña plantea todavía dudas. Nadie se atreve a decir si esta vez las cosas serán diferentes.

Durante años, los expertos han denunciado el problema estructural que sufre la evaluación de políticas públicas en España: la falta de “institucionalización” de la evaluación. Es decir, no está sistematizada, sigue sujeta a vaivenes políticos, no hay mecanismos para exigir su realización ni para incorporar sus recomendaciones. 

El primer intento serio tuvo una vida efímera. Una Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios ejecutó alrededor de 40 evaluaciones de programas y servicios públicos entre 2007 y 2011 antes de ser vaciada de contenido y recursos a partir de 2012. Fue disuelta finalmente en 2017, pasando sus funciones a ser asumidas por la Secretaría de Estado de Función Pública, a través del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas y de la Dirección General de Gobernanza Pública, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Y eso que el informe de la OCDE Public Governance Reviews, de 2016, recomendaba “fortalecer el estatus de la Aeval” emitiendo declaraciones oficiales sobre sus informes, fuera “aceptando sus recomendaciones o explicando por qué la administración pública no las seguirá”. Esa era la forma, según la OCDE, de integrar unas políticas de evaluación “fragmentadas y dispersas”.

A este vacío es al que pretende poner fin la ley aprobada este jueves y, en particular, la creación a través de ella de la nueva Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. 

Sobre el papel todo son ventajas. La evaluación de las políticas públicas se erige en la actualidad como una herramienta imprescindible para la mejora de las acciones de gobierno, ya que favorece la toma de decisiones informada y sirve como elemento para proponer eventuales correcciones. Las democracias más avanzadas tienen claro desde hace años que hacen falta instrumentos que hagan las políticas públicas más eficaces y eficientes y que sirvan para la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

La nueva ley propone analizar y evidenciar el impacto de las políticas públicas en cuestiones como la igualdad de género, el medio ambiente y la transición energética, la extensión de los derechos sociales o la despoblación y el reto demográfico. Pero también el crecimiento económico, el empleo digno, estable y de calidad, la solidaridad intergeneracional, la redistribución de la riqueza, la adecuación a la normativa y a las directrices europeas o la adecuada alineación de las distintas intervenciones públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Si consiguiese su objetivo, los gobiernos —y los ciudadanos— tendría a su disposición un modo eficaz de saber si las políticas aplicados a todos estos asuntos han funcionado. Es fácil imaginar el impacto que semejante herramienta tendría en la salud democrática del país.

Pero para llegar ahí falta mucho por recorrer. No basta con aprobar una ley —de hecho algunos de los países más eficaces a la hora de evaluar políticas públicas ni siquiera tienen una— y la que está a punto de entrar en vigor en España tiene todavía muchas incógnitas por despejar. 

La primera y quizá la más importante tiene que ver con la naturaleza de la nueva agencia de evaluación. ¿Será de verdad independiente del Gobierno? ¿Tendrá acceso a los datos que necesita para hacer sus evaluaciones? ¿Dispondrá de los medios para cumplir su cometido? ¿Gozará de la flexibilidad necesaria para pedir el auxilio de especialistas, sobre todo del mundo universitario? La ley no lo precisa. Será el Gobierno el que lo establezca cuando apruebe, antes de seis meses, los estatutos que regirán el nuevo organismo.

“Está muy bien que tengamos una ley de evaluación, es un gran paso, pero desde luego no es condición suficiente para asegurar que las evaluaciones se vayan a hacer”, señala Hugo Cuello, analista principal del Innovation Growth Lab (centro internacional de políticas de innovación fundado por Nesta e integrado en la Barcelona School of Economics), un laboratorio que ha intentado —con éxito parcial— convencer a los diputados de diferentes partidos para que mejorasen el proyecto.

El texto aprobado “resuelve algunas cosas pero desde luego no todas”, explica Cuello. Intenta cerrar una sistema “más o menos establecido, sistematizar el proceso de evaluación, lo que está bien para asegurarnos de que haya una práctica evaluada sostenible”. El problema es “que se basa mucho en el optimismo de que se va a crear un círculo virtuoso dentro de la administración” gracias al cual “va a empezar a hacer evaluaciones por sí sola, cuando “tenemos demasiados casos”, como la ley de transparencia o la reforma de la administración de 2015, en los que la “buena intención” no fue suficiente parta conseguir el objetivo que se perseguía. “A mí me parece que a esta ley puede que le pase lo mismo; es probable que veamos más evaluaciones gracias a ella, pero creo que no necesariamente van a ser de mayor calidad ni más transparentes”, lamenta.

Parte del problema, reconoce, es que “en España no tenemos el hábito de hacer estas cosas”. Las veces que se ha intentado las evaluación no ha pasado de un control de cuentas o de un informe justificativo y autocomplaciente porque en su origen “están demasiado cercanos al ejecutivo”. En ese sentido, admite, la ley es “poco ambiciosa”. Le sobran muchos buenos deseos y le faltan mecanismos que aseguren un mayor nivel de rigor en las evaluaciones”.

 Entre otras cosas, el analista del Innovation Growth Lab asegura que la ley “deja demasiada responsabilidad en el propio Ejecutivo”. La nueva agencia “va a coordinar y a supervisar las evaluaciones que hagan los propios ministerios” y eso significa que, al final, van a ser los equipos evaluados los que se examinen a sí mismos.

Hugo Cuello cree que la ley fue redactada por el Ministerio de Hacienda y la Función Pública, que dirige María Jesús Montero, pensando en que la administración “funcione por sí sola” y con la mente puesta en la necesidad de cumplir los plazos exigidos por Bruselas. El resultado es que “no corrige todos los problemas que tuvieron los intentos previos de introducir evaluación y puede acabar cayendo en lo mismo”.

Al final, aunque la evaluación sea independiente y rigurosa, el problema siempre es cómo garantizar que las administraciones apliquen las recomendaciones y mejoren sus políticas. “Hay muchos casos en los que se hacen evaluaciones muy buenas y luego se guardan en un cajón”, reconoce. 

Para evitarlo, es necesario implementar sistemas de transparencia —que esta ley sí plantea, al menos obre el papel—. Si un ministerio no aplica las recomendaciones no le va a pasar nada, pero es importante que se vea en la obligación de aceptar lo que se le pide o de explicar por qué se niega a hacerlo. Hará falta, añade Cuello, “un poco de public shaming [escarnio público], y ahí entran los medios de comunicación y la independencia de la agencia, que es la que va a estar supervisando esto”. 

La Función Pública ha convocado este sábado, 12 de febrero, a 98.271 opositores que optan a una de las 6.739 plazas dentro de la Administración Pública, según ha informado este jueves el Ministerio de Hacienda y Función Pública y ha recogido Europa Press.

Los exámenes de los once procesos selectivos abiertos se realizarán en 21 sedes provinciales de toda España y comenzarán a las nueve de la mañana en la península y a las ocho en Canarias.

De los opositores convocados, 94.648 realizarán un ejercicio único, mientras que los 3.623 aspirantes restantes harán el segundo ejercicio de los correspondientes procesos de selección.

Además, de esas 6.739 vacantes convocadas, 437 corresponden al cupo de reserva de personas con discapacidad general y 171 son para personas con discapacidad intelectual.

Las plazas convocadas son para ingreso libre, promoción interna y estabilización de empleo temporal en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado.

En concreto, se trata de plazas para el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado; Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado; Escala de Gestión de Organismos Autónomos; Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado; y Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.

Las pruebas se celebran en La Coruña, Álava, Alicante, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Granada, Islas Baleares, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

"Todo el mundo que yo conozco que ha opositado ha tenido si no apoyo de un psicólogo, apoyo psiquiátrico para que le recetase medicación. Cuando se acercan los exámenes, necesitas verdaderamente que te ayuden porque los nervios te pueden destruir. Lorazepam o lexatin, sobre todo para poder dormir". Así lo cuenta Raquel, abogada que estudió la oposición de acceso a la carrera judicial durante cinco años, pero que acabó dejándolo. Considera que habría sido imposible parar su vida y dedicarse sólo a estudiar sin el apoyo moral y económico de sus padres, una reflexión que también comparte Mario, un joven de 27 años que de momento lo va a seguir intentando: "Si no fuese por mi familia, sería imposible".

Mario, de 27 años, quiere ser juez. Raquel, de 35, quería ser fiscal. Ambos han contado a infoLibre sus experiencias como opositores para acceder a la carrera judicial, un periplo que ambos califican con exactamente las mismas palabras: "Es una carrera de fondo". Los dos saben que la media para acceder a una plaza de juez o de fiscal está en cinco años, pero en el fondo "nunca sabes si vas a llegar a la meta", cuenta Mario, porque "sabes que no por mucho estudiar vas a conseguirlo".

"Acabo de hacer tres años opositando y acabo de suspender el primer examen oral. La sensación con la que salí es que es un poco subjetivo y hay también muchos factores externos que no dependen de ti, sobre todo en los exámenes orales. Por quién esté compuesto el tribunal, en qué orden te toca examinarte, a cuánta gente han aprobado antes que a ti...", explica este joven opositor, natural de un pueblo de Toledo. El examen oral fue a principios de julio –el test previo lo había superado unos meses antes– y acaba de retomar el estudio. Lo va a seguir intentando.

La "presión de la edad", un motivo para dejarlo

Raquel lo intentó dos veces "en serio" en los casi cinco años que estuvo opositando, pero finalmente lo dejó. Lo de "en serio" lo dicen los dos porque casi siempre hay una primera vez en que los opositores se presentan al primer examen tipo test "para ver cómo es" y saber a lo que se enfrentan. Al borde de los 30, Raquel decidió que ya era suficiente, sobre todo por la "presión de la edad", pues veía que, si no aprobaba, se le "iban agotando las posibilidades en el mundo laboral", donde no había adquirido ninguna experiencia. Además, cuenta que "psicológicamente estaba muy debilitada" por la intensidad del estudio. Después de dejar la oposición, encontró trabajo en un despacho de abogados y a eso se sigue dedicando cinco años después.

¿Y cómo sobrevive un opositor que quiere ser juez o fiscal? Mario y Raquel relatan la misma experiencia: al menos ocho horas de estudio diario que cuando se acercan los exámenes pueden llegar "hasta doce o catorce". Simulacros de la primera prueba, el test de cien preguntas, todos los días y al menos dos visitas a la semana al preparador, que suele ser un juez o fiscal que, en su tiempo libre o ya jubilado, ayuda a los opositores a enfrentarse a los exámenes orales, la prueba de fuego para los que quieren dedicarse a la carrera judicial. "El test es como una criba y luego hay dos exámenes orales que se realizan en el Tribunal Supremo. En el primero se abordan cinco temas de Derecho Constitucional, Civil y Penal, con una hora para exponerlos todos. En el segundo, Derecho Procesal Civil, Procesal Penal, Mercantil, Laboral y Contencioso-Administrativo". Este año hay en liza 300 plazas –180 de jueces y 120 de fiscales–.

Más de 9.000 euros en tres años

En la preparación de una oposición, y en esta también, todo lo que rodea al estudio –pagar al preparador, el material, las tasas de los exámenes– es sufragado por los candidatos. Mario calcula que en tres años lleva invertidos algo más de 9.000 euros. Un dinero que, en su caso y en el de todos los opositores que conoce, sale de la economía familiar. "A mí me ayuda mi familia. Si no fuese por mi familia, yo no podría opositar. Esta oposición yo la concibo como imposible sin ayuda económica e imposible conciliarla con un trabajo". Él estudia en casa porque allí tiene un ambiente tranquilo, pero también hay "residencias para opositores" por las que pagas el alojamiento, la comida y "mucho silencio" si las condiciones en el domicilio no son las adecuadas para tantas horas de estudio.

Raquel opina lo mismo: "Conozco gente que no tenía apoyo familiar, porque eran familias mucho más modestas, y pidió créditos. Pero tenían el tiempo tasado. Otra gente ahorró durante un tiempo trabajando y luego se puso a opositar, pero también tenían el tiempo contado durante los años que les duraran esos ingresos. Pero no conozco a nadie en la oposición de judicatura, porque en otras sí, que trabajando pudiera estudiar". Mario apunta que un compañero estuvo tratando de compatibilizar trabajo y oposición durante cuatro años, pero finalmente dejó el primero para dedicarse íntegramente a estudiar.

El PSOE va a proponer en la ponencia política de su 40º Congreso el impulso de un sistema de becas destinados a quienes quieran prepararse unas oposiciones de acceso a la carrera judicial "que permita aflorar el talento y la vocación de los aspirantes a los distintos cuerpos, sin que la situación económica sea un impedimento insuperable, como lo es para muchas personas y sus familias en la actualidad". Según el texto de la ponencia, adelantada por la Cadena Ser, "esta necesaria democratización de las carreras judiciales debe servir para incrementar el pluralismo social en el seno del Poder Judicial y romper inercias elitistas".

La propuesta ha generado un intenso debate político y entre los propios jueces y fiscales, sobre todo por la consideración de que detrás de la carrera judicial hay un cierto "elitismo". Por eso, este periódico ha acudido a los testimonios de dos personas que han padecido en sus propias carnes los sinsabores de la oposición y que han contado cuál es su experiencia y lo que han podido ver de otros compañeros con los que han compartido desvelos, incertidumbres, anhelos y esperanzas.

"Sin un estatus acomodado, es complicado"

A falta de leer la letra pequeña y de cómo se concretará el sistema de becas, Mario y Raquel ven el planteamiento de la propuesta socialista "muy interesante" porque "las ayudas públicas siempre pueden dar oportunidades a la gente que no se lo puede permitir". "Al final te estás preparando para hacer un servicio al Estado", apunta la exopositora. Mario no está de acuerdo en calificar de "elitista" la carrera judicial, pero sí tiene claro que el nivel adquisitivo de una familia con un hijo opositor, sobre todo si tiene más hermanos, debe ser "media tirando a fuerte" para que esa familia "pueda mantenerlo", ya que no es sólo lo que se invierte en estudiar, sino la manutención general. "Creo que o tienes un estatus económico acomodado o es complicado. Yo miro al dedillo todos mis gastos y procuro no hacer excesos porque sé que ahora estoy siendo una carga para mi familia. Si no tienes ese apoyo, es imposible".

Aparte del respaldo económico que han encontrado en sus padres, Raquel y Mario ven imprescindible el apoyo moral de la familia. "Mi padre lo que siempre me dice cuando he tenido exámenes, y parece que lo tiene más claro él que yo, es que si no es este año, no pasa nada; si no, es al siguiente, y si no, al siguiente. La propia familia tiene que tener muy claro también que esto no es llegar y besar el santo", cuenta Mario.

Insomnio y ansiedad, las consecuencias de "forzar la máquina"

La presión psicológica y el impacto anímico que produce la oposición es otro aspecto que los dos destacan. "Lo único que hago en mi día a día es estudiar y hacer deporte. El deporte me lo habían recomendado amigos que habían opositado y también mi preparador. Lo necesitas a nivel físico y hormonal, pero también para descansar. Ayuda mucho a liberar la cabeza y a dormir bien", explica Mario, que no recomienda a nadie estudiar más de diez o doce horas diarias porque se ha dado cuenta de que ha sufrido mucho "por forzar la máquina". "He sufrido insomnio, ataques de ansiedad... He tenido que tomar lorazepam para la ansiedad. Así que aconsejo a todo opositor que respete mucho lo que el cuerpo les dice. Se puede forzar cuando estás cerca de un oral, un par de semanas. Pero varios meses así se peta y pasa factura".

Es el mismo relato que ofrece Raquel. "Todo el mundo que yo conozco que ha opositado ha tenido si no apoyo de un psicólogo, apoyo psiquiátrico para que le recetase medicación. No digo que sea durante toda la oposición, ni mucho menos, pero hay un desgaste cognitivo importantísimo y cuando se acercan los exámenes te pueden recetar un lorazepam para dormir o un lexatin si te ves muy nervioso. Es para mantenerte en un estado en el que puedas seguir estudiando y controlar para no echar a perder la oposición".

Pero a pesar de todo, Mario es optimista y tiene siempre en cuenta todo lo que le están aportando estos años de estudio. "Hay que lucharlo al máximo e intentar combatir el día a día contra todos esos pensamientos negativos que te vienen a la cabeza. Todos lo pensamos: ¿dónde me he metido? Pero tienes que pensar en el destino, en la meta que quieres y en lo que te puede aportar, no pensar que son años tirados a la basura. Yo noto todo lo que me han aportado estos tres años: he adquirido un bagaje jurídico y una formación que es impresionante cómo llega a formar esta oposición".

La Oferta Pública de Empleo (OPE) aprobada este lunes por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con el rechazo de los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT, CSIF) reduce en 2.000 plazas el ingreso de nuevos funcionarios con relación a las convocadas el año pasado. Concretamente, en la OPE de 2020 para la Administración General del Estado hay 2.068 puestos menos de nuevo ingreso que en 2019. 

Así se desprende de la medida adoptada ayer sin consenso con los agentes sociales: se habilitan 9.250 plazas en turno libre para quien desee opositar y convertirse en funcionario del Estado frente a las 11.338 de acceso libre de 2019. Un retroceso sobre el que ha pivotado la negativa de las centrales sindicales a firmar, especialmente por el contexto del personal funcionario de la administración estatal: el Estado ha perdido 43.477 empleados públicos entre 2010 y 2020, principalmente por las jubilaciones no cubiertas. 

Con todo, en los dos últimos años al menos se convocan más nuevas plazas de las que se pierden por jubilaciones u otros motivos. En 2019 hubo 8.708 bajas. Este año se prevén aproximadamente 8.054 al cierre del año. Hay saldo positivo, pero a un ritmo que impide recuperar la merma de casi 43.500 funcionarios en la última década, descenso causado por la anterior crisis y que afecta fundamentalmente a los ministerios y otros organismos autónomos: los departamentos ministeriales perdieron de 2010 a 2020 34.599 trabajadores. Y uno de los ministerios que más ha notado la sangría es el de Trabajo, especialmente la rama del Servicio Estatal de Empleo Público (Sepe), con graves problemas de personal. Problemas que se han reproducido a la hora de tramitar los ERTES o el Ingreso Mínimo Vital.

1.189 plazas más en cuatro días

Desde el ministerio que dirige la canaria Carolina Darias se matiza que "las negociaciones continúan hasta última hora", por lo que rechazan hacer declaraciones. Desde Política Territorial y Función Pública se abre así la puerta a aumentar el número de nuevos ingresos por el turno libre. De hecho, la última cifra hasta este lunes era 8.061 de acceso libre. El Gobierno ha incrementado esa cifra en 1.189 plazas en apenas cuatro días. Y reconoce que la plantilla de los funcionarios está "envejecida": según CSIF, el 19% de la plantilla de la AGE tiene más de 60 años y está por tanto a las puertas de la jubilación, por lo que podría producirse un "colapso", denuncia esta organización. 

"No firmaremos", proclama José Manuel Vera, secretario general de la Administración Estatal de CCOO. "El Gobierno abandona los sectores más críticos del personal funcionario y aleja la administración de la ciudadanía. El ministerio tiene margen para desarrollar una oferta más ambiciosa". 

Dos elecciones generales

En UGT arrojan una de cal y otra de arena. "De acuerdo, la oferta cumple con los parámetros que firmamos en 2018, cubre la tasa de reposición y arroja más empleos de los que se pierden", concede Carlos Álvarez, responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Sin embargo, este sindicato rechaza de momento firmar. "La mayor destrucción de empleo público vino de 2010 a 2016. Y si cerramos acuerdos año a año es porque no se está cumpliendo el acuerdo que firmamos al inicio de legislatura de abordar esto dentro de un marco plurianual, a medio plazo, hasta 2023 por ejemplo", añade Álvarez. 

En total, la oferta pública reconocida es de 18.266 plazas. Pero esto se debe a que a los nuevos ingresos la OPE suma también 8.996 de promoción interna. Esa cifra total (acceso libre y promoción interna) es igualmente un 7,3% inferior a la oferta del año pasado (19.688 plazas entre ambas). El año pasado la nueva convocatoria de oposiciones se elevó hasta 11.338 plazas porque en marzo se realizó una OPE extraordinaria por el Brexit "para los sectores estratégicos ante la retirada del Reino Unido de la Unión Europea". Varias fuentes indican que además hubo otra razón para que se lanzaran 2.000 nuevas plazas más que ahora: "Se convocaron dos elecciones generales", dicen. 

Los sindicatos señalan los departamentos más críticos por la falta de personal: el ya mencionado Sepe, Seguridad Social, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios -estas tres áreas completamente desbordadas durante la pandemia de covid-19-, Extranjería, Instituciones Penitenciarias... En CCOO reina el pesimismo: "La posición cerrada de Función Pública dinamita la posibilidad de acuerdo". 

El Gobierno asegura que creó sólo dos comités de expertos con ocasión de la crisis sanitaria. El primero es el Comité Científico del covid-19, con el que se reúne el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todas las semanas, y cuyos nombres fueron hechos públicos el 21 de marzo, hace siete semanas.

Son médicos especialistas en salud pública, epidemiología, farmacia y virología de reconocido prestigio: Antoni Trilla García, Hermelinda Vanaclocha Luna, María Teresa Moreno-Casbas, Agustín Portela Moreira, Inmaculada Casas Flecha y Miguel Hernán.

El segundo grupo de trabajo creado por el Gobierno para redactar del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, o plan de desescalada, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de abril, está compuesto por una veintena de especialistas epidemiología, salud pública, nuevas tecnologías, filosofía, desigualdad, inteligencia artificial, economía y relaciones internacionales. Y también ha contado con el trabajo de diferentes altos cargos de la Administración.

La composición de la mayor parte de este grupo tampoco es un secreto. De hecho fue divulgada por la Agencia Efe, citando como fuente a la Vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico previa autorización de los afectados. Incluye nombres como los de Ana María García, catedrática de Salud Pública, Antoni Plasencia, director del Instituto de Salud Global de Barcelona, Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III, Manuel Cuenca, director del Centro Nacional de Microbiología, Miguel Hernán, profesor de Bioestadística y Epidemiología, Carlos Cuerpo, director de Análisis Macroeconómico del Ministerio dd Economía, Borja Barragué, profesor de Filosofía del Derecho, José Fernández Albertos, investigador de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, Miguel Otero, economista del Real Instituto Elcano, Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalición e Inteligencia Artificial, Manuel Muñiz, secretario de Estado de España Global, Bruno Sánchez, doctor en Astrofísica, Ángel Alonso, embajador de la Misión Especial para la Ciudadanía España Global, Diego Rubio, director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo, y del diplomático y director del Gabinete del Secretario de Estado para la Unión Europea Diego Martínez Belio.

Al margen de ambos comités están los expertos que trabajan para el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y para la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, que son los que se encargan de la gestión en el día a día. Su labor incluye, según fuentes del departamento de Salvador Illa, la realización de informes técnicos que sirven de base, posteriormente, para las resoluciones del ministerio sobre la progresión, o no, a alguna de las fases previstas en el plan de desescalada.

Empleados públicos

El CCAES, subrayan las fuentes citadas, no es un “comité de expertos creado para realizar una labor de asesoramiento en este episodio concreto de la pandemia por coronavirus”. Se trata de empleados públicos, algunos con“ larga trayectoria en este departamento, que han trabajado en la respuesta a esta y a otras epidemias anteriores”, incluidas las habituales gripes de cada año. Son profesionales y técnicos “que llevan tiempo desarrollando su labor en el área de Salud Pública”, como los que trabajan para las áreas de salud pública de cada comunidad autónoma y elaboran los informes que dan pie a las propuestas que las consejerías de salud transmiten al Ministerio de Sanidad.

Son precisamente los técnicos de salud pública del ministerio quienes “analizan los datos y realizan los informes” que después sirven de base para que Illa tome las decisiones. “Si hay alguna disparidad”, remarcan, “corresponde al ministro la última palabra”.

 

Tanto los técnicos de los servicios de salud de las consejerías como los del ministerio “no son políticos. Estaban en la época de gobiernos anteriores y seguirán en las siguientes”, subrayan las fuentes citadas.

La referencia de la Ley de Salud Pública a la publicación de los nombres de las personas que formen parte de órganos externos no afecta a los funcionarios internos. La norma dice que “será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública”, pero no se refiere a los funcionarios y empleados públicos sino a “las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación, así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo”.

El malestar del Ministerio de Sanidad ante la insistencia de algunos partidos y medios en que se divulgue la identidad de estos funcionarios del CCAES y de la dirección general de Salud es palpable. “Esto empieza a parecerse a la campaña de acoso que se inició en Andalucía contra los empleados públicos de la Junta que se ocupaban de los asuntos de violencia de género”, recuerdan.



El Gobierno no tiene una posición común en torno a la reforma del Código Penal en relación con los delitos de sedición y rebelión, según confirmó este martes en rueda de prensa la ministra portavoz, María Jesús Montero, lo que significa que cuando ese debate llegue al Congreso PSOE y Unidas Podemos tendrán las manos libres para defender lo que consideren oportuno e intentar llegar a acuerdos con otros grupos parlamentarios para sacar adelante sus propuestas.

La reforma sobre estos delitos no figura en el acuerdo programático negociado por socialistas y morados porque en su momento no fue posible alcanzar una propuesta compartida. El propósito del Gobierno es abrir en el Congreso una reflexión general sobre la actualización del Código Penal en la que si defenderá el mismo criterio en relación con otras modificaciones, como la que intentará dejar cara la necesidad del consentimiento para tener relaciones sexuales.

La intención del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, es “ajustar mejor a la realidad actual española” estos delitos, si bien aún no ha definido el alcance de unis cambios que se propone afrontar, en cualquier caso, con el deseo de concitar un amplio consenso en el Parlamento.

La cuestión del Código Penal no fue la única que se suscitó durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros en relación con ausnots osbre los que el PSOE y Unidas Podemos mantienen posiciones diferentes. La segunda fue la visita a España del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a quien el presidente Sánchez reconoció como jefe de Estado venezolano pero al quien el líder de Unidas Podemos consderta un golpista.

La titular de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González, será la encargada de reunirse en España con él, según las explicaciones dadas por Montero, que le calificó de “presidente interino” y volvió a reclamar la celebración de elecciones en el país caribeño “para que el pueblo venezolano tome la palabra, se salga de la situación de provisionalidad y la democracia se abra camino”.

Guaidó salió el domingo de Venezuela hacia Colombia para iniciar una nueva gira internacional. Desde Bogotá partió a Londres, donde se encuentra este martes, en su primer viaje al viejo continente. El miércoles estará en Bruselas, donde tiene previsto reunirse con el alto representante de la UE para Política Exterior, el ex ministro español Josep Borrell. El jueves viajará a Davos para participar en el Foro Económico Mundial, pero ese día ya no coincidirá con Pedro Sánchez. Precisamente fue desde Davos, hace un año, cuando Sánchez habló por teléfono por primera vez con Guaidó, un día después de que éste se proclamase “presidente encargado” de Venezuela. El reconocimiento oficial llegó 10 días más tarde, después de un ultimátum a Nicolás Maduro para que convocase elecciones.

El Consejo de Ministros sirvió también para anunciar la decisión del Ministerio de Hacienda prdeevé abonara las comunidades autónomas 103.000 millones de euros en entregas a cuenta del sistema de financiación, así como otros 10.955 millones de euros correspondientes al cierre del ejercicio de 2018, si bien la primera cifra es provosional y está a expensa de que el Ejecutivo aproeba las grandes líneas del Prespuesto para 2020.

El Gobierno, epxlcó Montoro, apelará a la Comisión Europea para utilizar el margen de las reglas fiscales y elaborar una senda de estabilidad presupuestaria para España “más transitable” que no ponga en riesgo la creación de empleo y el crecimiento. La idea es “flexibilizar” la senda de déficit en vigor, que data de 2018 y está “totalmente desacompasada con la realidad”, y trasladarles que el Ejecutivo está “comprometido” con el cumplimiento de las reglas fiscales.

“No hay ninguna duda de que tiene que haber una pendiente que permita reducir el déficit y la deuda, pero la inclinación no puede poner en cuestión la creación de empleo, el crecimiento o la rceuperación de derechos, un elemento absolutamente prioritario a preservar por el equipo económico”, subrayó.

En cuanto a los plazos para presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020, Montero se ha remitido a la fecha marcada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dijo el lunes que espera poder tenerlo aprobado antes de que finalice el verano. La publicación de la orden que dicta las normas para la elaboración de las nuevas cuentas públicas —que se produjo este lunes— inicia un proceso que pasará también por el acuerdo con Bruselas respecto a la flexibilizacion de la senda de déficit y su aprobación en el Congreso y el Senado junto al límite de gasto. Posteriormente se aprobará en el Consejo de Ministros y se presentará en el Parlamento el proyecto de Presupuestos.

Como estaba previsto, la primera reunión ordinaria del Consejo de Ministros de los martes aprobó otras dos medidas anunciadas en los últimos meses. Una práctica, la subida del 2% en los salarios de los funcionarios, y una simbólica, la declaración de emergencia climática de España.

Subida salarial

La subida salariar se ha tramitado como real decreto y supone un aumento del 2% para los empleados públicos en 2020, un porcentaje al que podría sumarse un 0,3% de fondos adicionales, cuya aplicación se realizará con carácter retroactivo desde el 1 de enero. La medida se deriva del segundo acuerdo para la mejora del empleo público suscrito por el Gobierno de Mariano Rajoy con los principales sindicatos de función pública (CSIF, CCOO y UGT) en 2018, y prevé un nivel mínimo de alza del 2,3% (incremento del 2% más un 0,3% de fondos adicionales). Junto a la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tendrá un coste de 3.264 millones de euros.

El acuerdo contemplaba un incremento del salario de funcionarios del 1,7% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a lo que se puede añadir más aumento en función del crecimiento y fondos adicionales.

En 2019 la subida fue finalmente del 2,5% por la suma adicional de un 0,25%, debido a que el PIB registró un incremento igual o superior al 2%, y para este año, el Ejecutivo ya asume que la subida de funcionarios será del 2,3% (subida fija del 2% más 0,3% de fondos adicionales).

La subida salarial para los empleados públicos y el incremento de las pensiones en un 0,9%, aprobada la semana pasada en la primera reunión del Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, son dos medidas con una enorme repercusión no sólo social sino presupuestaria.

La declaración de emergencia climática compromete al Ejecutivo, en los primeros cien días de mandato, a remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética —que la ministra Teresa Ribera tiene listo desde hace un año pero que no pudo tramitar por culpa del bloqueo institucional— cuyo principal objetivo es alcanzar la neutralidad climática como muy tarde en 2050, sobre la base de un sistema energético 100% renovable, un parque de turismos y vehículos comerciales no contaminantes y un sistema agrario neutro en CO2.

El Gobierno se compromete también a definir la senda de descarbonización a largo plazo y presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación, así como a reforzar los mecanismos de participación a través de la puesta en marcha de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático. La transición energética implicará además, según los objetivos fijados por el Ejecutivo, impulsar la transformación del modelo industrial y del sector servicios, de modo que favorezcan la sostenibilidad de las actividades económicas y el empleo de calidad.

Sn este contecto, la vicepresienta cuasrta y ministra de Transicion Ecológica, Teresa Ribera, explicó que en el futuro “no habrá” nuevos subsidios a combustibles fósiles, como el diésel, la gasolina o el gas. La nueva fiscalidad verde, explicó, “salvo cuestiones sociales justificadas”, acabará poniendo fin a esta práctica después de proceder “a un análisis y revisión de los [subsidios] que existen”.

La ministra confirmó que en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el que trabaja el Gobierno se “mantiene a rajatabla” lo establecido por la Unión Europea, que ha fijado que desde 2050 no podrán circular vehículos que emitan dióxido de carbono (CO).

Una parte del voto de la derecha y la extrema derecha se moviliza alimentado por creencias basadas en afirmaciones falsas que se difunden a través de las redes sociales y se instalan en el discurso público como verdades incontestables. infoLibre analiza cinco de las más habituales de esta campaña electoral:

  1. El Estado de las Autonomías es muy caro

Una de las afirmaciones más habituales entre quienes apoyan los discursos recentralizadores es que el Estado de las Autonomías es muy caro o, al menos, más caro que un Estado centralizado. Esta tesis, habitual en los argumentarios de la derecha, se contagia en ocasiones a la izquierda y trata de hacer creer que existen servicios duplicados, demasiados funcionarios, administraciones infladas e instituciones innecesarias, lo que provoca un despilfarro de fondos públicos que no tendría lugar si España fuese un país centralizado.

La verdad es que las cifras demuestran lo contrario. El gasto público burocrático en España —el que es achacable al sostenimiento de su administración y de sus instituciones, incluyendo las comunidades autónomas— representa el 2,6% del PIB, dos décimas por debajo de la media europea. Países fuertemente centralizados como Francia o Portugal gastan sensiblemente más, con un 3,5 y un 3,2% de su PIB, respectivamente, según datos de Eurostat del año 2016.

Lo mismo ocurre en cuanto al número de funcionarios. España tiene un porcentaje de empleados públicos sobre el total de asalariados por debajo de la media de la OCDE y de países fuertemente centralizados, como Francia.

  2. Los empleados públicos deben cobrar lo mismo en todas las comunidades

La protesta de policías nacionales y guardias civiles, que reclaman al Gobierno su equiparación salarial con las fuerzas de seguridad autonómicas de Cataluña —Mossos d’Esquadra— y Euskadi —Ertzantza—, se utiliza a menudo como un ejemplo de las desigualdades a las que da lugar el Estado de las Autonomías. Los funcionarios de prisiones ya han recogido la antorcha de la igualación salarial —en este caso en relación con sus compañeros catalanes— y empiezan a oírse las voces de otros empleados públicos —profesores, médicos— cuyas retribuciones están por debajo de los de otras comunidades autónomas.

Las diferencias salariales entre territorios son el resultados de la aplicación del principio de autonomía. Cada comunidad autónoma, en ejercicio de sus competencias y de sus necesidades, tiene capacidad para decidir cuáles son sus prioridades: la inversión en carreteras, la retribución de sus maestros o la construcción de hospitales. La igualación salarial de los empleados públicos por categorías no es posible sin privar a cada comunidad de su derecho a tomar sus propias decisiones.

En opinión de Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, la igualación automática del salario de los empleados “no se sostiene de ninguna forma desde el punto de vista jurídico”, al margen, precisa, de la legitimidad que la reivindicación tenga desde el punto de vista político o sindical.

El articulo 2 de la Constitución consagra el régimen de autonomía y de autogobierno de las comunidades autónomas. “Eso implica la capacidad política de cada territorio de decidir sus prioridades políticas. Y una parte importante de la decisión sobre las prioridades políticas”, añade, “es la decisión sobre el gasto y las retribuciones“ de los empleados públicos. Las comunidades autónomas tienen parlamentos precisamente porque tiene capacidad de decisión política, subraya Urías, en eso consiste el autogobierno político. Cualquier otra cosa sería una simple “descentralización: tener las mismas normas aplicadas por órganos diferentes”.

Igualar los salarios plantea además un problema de orden práctico: ¿qué pasaría si después de la equiparación una administración, por ejemplo el País Vasco, sube o baja los salarios de los funcionarios a su cargo? ¿Estaría obligada la administración central a hacer lo mismo?

  3. Los funcionarios tienen derecho a trabajar donde quieran aunque no hablen las lenguas cooficiales

Con frecuencia la derecha, y una parte de la izquierda, defienden que el castellano tenga prioridad sobre las otras lenguas españolas allí donde están reconocidas como cooficiales de acuerdo con la Constitución y los Estatutos de autonomía, como ocurre en Cataluña, el País Vasco, Galicia, la Comunitat Valenciana, Navarra o Illes Balears, territorios bilingües en los que vive casi la mitad de la población española.

El argumento más habitual es que exigir el conocimiento de las lenguas cooficiales, bien como mérito bien como requisito indispensable para acceder a la función pública en las comunidades donde el castellano no es el único idioma reconocido, supone una discriminación. Y viola el principio de igualdad a la hora de acceder a la función pública.

En realidad es al contrario y así lo han avalado repetidamente el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Los ciudadanos de una comunidad con lengua cooficial son los que tienen derecho a ser atendidos en el idioma que deseen y no al revés; no es el empleado público —que está al servicio de la comunidad— el que tiene derecho a hablar una sola lengua.

El Supremo estableció en 1990 que el criterio para determinar si resulta o no admisible la exigencia del bilingüismo a la hora de optar a un empleo público depende del hecho de que se trate de puestos de trabajo que impliquen una relación directa con el público. Una circunstancia que es aplicable a casi todos los empleos.

La valoración como mérito de una lengua cooficial o su configuración como requisito tienen también el respaldo del Tribunal Constitucional cuando se base en razones de normalización lingüística y de eficacia de la propia administración, siempre que el nivel de conocimiento exigido sea proporcionado a las funciones a desempeñar por el empleado público.

El soporte legal lo estableció por sentencia el Tribunal Constitucional en 1991. La corte arbitral española reconoció con esa decisión la posibilidad de que la lengua propia de una comunidad autónoma, en ese caso el catalán, no sólo pueda valorarse como un mérito más, sino que también pueda configurarse como un requisito de capacidad para acceder al empleo público.

El TC concluyó que no es “aceptable el argumento de que esa exigencia puede suponer un obstáculo para acceder a la función pública para quien carezca del conocimiento del catalán”. El propio principio de mérito y capacidad, señaló el fallo, “supone la carga para quien quiera acceder a una determinada función pública de acreditar las capacidades, conocimientos e idoneidad exigibles para la función a la que aspira”. Por lo que la exigencia del conocimiento del idioma que es oficial en el territorio donde actúa la Administración a la que se aspira a servir “es perfectamente incluible dentro de los méritos y capacidades requeridas”. “No debe entenderse la exigencia de conocimiento del catalán un requisito ad extra, independiente del mérito y capacidad acreditadas, sino, al igual que cualquier otro conocimiento o condición exigida para el acceso a la función pública, una exigencia con cuya acreditación se da satisfacción a dichos principios constitucionales”.

  4. Las delegaciones de Cataluña en el extranjero son ilegales

Muy a menudo la derecha apela a la existencia de embajadas de la Generalitat de Cataluña en el extranjero para justificar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Quienes defienden esta idea, denominan embajadas a las delegaciones y oficinas catalanas en el exterior y omiten que todas las comunidades autónomas tienen o han tenido en el pasado oficinas fuera de España.

También en este caso el Tribunal Constitucional ha establecido la legalidad de estas delegaciones, siempre y cuando se limiten a la gestión de las competencias de las comunidades y no invadan las del Gobierno central.

Una sentencia de 20 de julio de 1989 precisó el contenido de este título competencial, dejando claro que “no puede en forma alguna excluirse que, para llevar a cabo correctamente las funciones que tenga atribuidas, una comunidad autónoma haya de realizar determinadas actividades, no ya sólo fuera de su territorio, sino incluso fuera de los límites territoriales de España”.

La jurisprudencia española ha reiterado este hecho en numerosas ocasiones. Las comunidades autónomas pueden llevar a cabo actividades con proyección exterior que sean necesarias o convenientes para el ejercicio de sus competencias con el único límite de no invadir “la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales” ni perturbar “la dirección de la política exterior que incumbe al Gobierno”.

La acción exterior de las Comunidades Autónomas, según el TC, no se circunscribe siquiera a la Unión Europea. “Aunque en esta los intereses autonómicos pueden verse más intensamente afectados, dadas las competencias de las instituciones europeas, ello no supone que no pueda existir afectación de tales intereses en otros ámbitos. En todo caso, la acción exterior autonómica fuera de la Unión Europea se encuentra admitida en nuestro ordenamiento”.

Además de Cataluña, que es la comunidad con más oficinas y delegaciones en el extranjero, cuentan con organismos semejantes casi todas las comunidades, con independencia de su color político. El País Vasco tiene siete; Canarias y Galicia disponen de tres; Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Navarra, Baleares, La Rioja, Madrid, Asturias, Murcia y Comunitat Valenciana tienen una.

  5. Sánchez está concediendo al País vasco lo que ETA no fue capaz de conseguir antes de su disolución

Una afirmación recurrente en los foros de la derecha es que el Gobierno de Pedro Sánchez está otorgando al PNV, a cambio de su apoyo, concesiones que formaban parte de las demandas de ETA cuando la banda terrorista todavía estaba en activo.

La verdad es muy distinta. De un lado, las competencias que el Gobierno de Sánchez se ha comprometido a negociar con el País Vasco no son nuevas: se trata de 37 competencias previstas en el Estatuto de Gernika de 1979competencias —aprobado por las Cortes Generales— y que hoy, 40 años después, siguen en manos del Gobierno español.

Se trata de materias tales como las autopistas en régimen de concesión, determinados servicios aeroportuarios y ferroviarios, ordenación del transporte por carretera, salvamento marítimo, inspección pesquera o paradores de turismo. Entre ellas destacan dos particularmente polémicas, pero que también están avaladas por el Estatuto: la gestión de la seguridad social y las instituciones penitenciarias.

De momento, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha cerrado ninguna negociación sobre estas competencias, aunque mantiene la disposición a alcanzar un acuerdo que permita completar de una vez todas las previsiones del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Del mismo modo, el Ejecutivo español tampoco ha otorgado ningún régimen de privilegio a los presos de ETA. Desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior en junio de 2018, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha autorizado 29 acercamientos de presos de ETA y otros dos de condenados por el GAL siguiendo la aplicación de las mismas normas penitenciarias que estaban en vigor con el Gobierno de Mariano Rajoy. En todos los casos se trata de presos de avanzada edad, con problemas de salud y que han roto con la organización terrorista a la que pertenecían.

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La excarcelación de presos se va convertir en un fenómeno corriente en los próximos años porque el 40% de los 391 condenados por delitos de terrorismo que se encuentran cumpliendo penas de prisión en cárceles españolas quedarán en libertad en un plazo de cinco años, según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). En concreto, 83 de los 228 etarras y 72 de los 139 yihadistas encarcelados en la actualidad quedarán en libertad y lo mismo ocurrirá con 10 de los 18 condenados por la actividad criminal de los Grapo, así como uno de los seis independentistas gallegos condenados por terrorismo.

El Gobierno de Sánchez sólo ha autorizado traslados individualizados. El único traslado colectivo se produjo con el Gobierno de Aznar entre 1996 y 1998 y con ETA todavía en activo.

El 28 de febrero, apenas cinco días antes de que Pedro Sánchez firmase el decreto de disolución de las Cortes y convocase las elecciones generales, se cumplieron 27 años del pacto autonómico. El entonces presidente, Felipe González, y el líder de la oposición de la época, José María Aznar, estamparon su firma en un documento que abrió la puerta a la generalización del modelo de las autonomías a todo el territorio español. A partir de ese momento, todas las comunidades y no sólo las históricas comenzaron a gestionar, entre otras, competencias en materia de educación, sanidad y servicios sociales. Los dos grandes partidos que dominaban la vida política española acordaron también el desarrollo del principio de cooperación a través de nuevos mecanismos como las conferencias sectoriales, los programas, los planes conjuntos y los convenios.

Eran tiempos de crecimiento económico y, aunque con la llegada de Aznar a la Moncloa en el año 1996 PP y PSOE no encontraron la manera de completar el modelo creando un sistema estable de financiación autonómica, reformando el Senado y resolviendo el problema de las relaciones entre las comunidades autónomas y la Unión Europea, nadie cuestionaba el modelo.

Ni siquiera Mariano Rajoy, muy combativo con la reforma de un Estatuto de Autonomía de Cataluña que sirvió de modelo a la actualización de los de otras comunidades como Andalucía, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Aragón, Castilla y León, Navarra o Extremadura, se planteó nunca desandar la descentralización autonómica, considerada hasta entonces un modelo de éxito.

La excepción más notable en esos años fue Unión Progreso y Democracia (UPyD), la primera formación que, con escasa fortuna, intentó levantar un discurso recentralizador a escala nacional. Su lugar fue ocupado, a partir de las elecciones de 2014, por Ciudadanos, el partido liderado por Albert Rivera como una respuesta catalana al nacionalismo.

La formación naranja monopolizó las propuestas más jacobinas en las instituciones en las elecciones generales de 2015 y en su repetición, un año después, en 2016. El PP, con Mariano Rajoy al frente, se mantuvo inflexible frente a las demandas independentistas catalanas de esos años, impulsadas por Artur Mas, primero, y por Carles Puigdemont, después. Pero sin mirar hacia atrás. Hasta que la moción de censura de junio de 2018 que acabó con sus siete años en la Presidencia cambió el rumbo en el timón del Partido Popular.

Casado entierra el discurso moderado

Pablo Casado se hizo con la Presidencia del PP, enterró el discurso moderado de su antecesor e, inspirado por José María Aznar, tomó como excusa el fallido intento de proclamar la independencia de Cataluña para empezar a incorporar al programa del partido propuestas recentralizadoras. Primero al hilo del conflicto catalán; después empujado por un deseo indisimulado de disputar las banderas de Vox, cuya capacidad de atraer a los votantes más derechistas del PP quedó patente el pasado otoño en un mitin multitudinario celebrado en Madrid.

Este cambio, combinado con el auge de Ciudadanos y de Vox, hace por primera vez viable un programa de rcentralización de competencias sin precedentes desde la creación del Estado autonómico.

El programa más radical es precisamente el de la ultraderecha liderada por Santiago Abascal. Su partido se ha convertido en pieza clave de cualquier gobierno de la derecha y sus ideas han comenzado a contaminar cada vez más los discursos de Albert Rivera y, sobre todo, de Casado.

Vox no es un partido de matices. Quiere la suspensión de la autonomía catalana “hasta la derrota sin paliativos del golpismo” y “transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario. Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España”. Y, mientras eso se lleva a cabo, exige la “devolución inmediata al Estado de las competencias de educación, sanidad, seguridad y justicia limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica”.

En su ideario destacan también acabar con la equiparación al español de las lenguas cooficiales allí donde tienen ese reconocimiento estatutario, así como la supresión de la Ertzantza y los Mossos d’Esquadra, el Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro y lo que considera “estructuras paralelas al Estado”, entre las que incluye las televisiones autonómicas, los defensores del pueblo, los consejos consultivos y otros organismos autonómicos allí donde existan.

Vox quiere que la sanidad y la educación vuelvan a manos de la Administración central. Quieren una tarjeta sanitaria única, calendario de vacunación único, gestión integral de las listas de espera y cartera de servicios idéntica en toda España. Y, por supuesto, que el español sea lengua vehicular obligatoria en todos los tramos educativos. Catalán, gallego y euskera pasarían a ser asignaturas opcionales.

El partido de Abascal quiere también que el acceso a la función pública sea idéntico en toda España y hasta un nuevo Plan Hidrológico Nacional que garantice la centralización de la gestión del agua.

El programa de Pablo Casado se parece cada vez más al de Abascal. Es verdad que no propone suprimir el Estado autonómico, pero sí suspender indefinidamente la autonomía catalana nada más llegar al Gobierno. Y que el Estado recupere las competencias educativas, de manera que las comunidades se limiten a gestionar lo que el Gobierno central decida sobre los contenidos de las asignaturas y sobre la lengua de la enseñanza, que el PP también quiere reservar al castellano. Y la creación de un MIR para la educación, un examen nacional que permita a la Administración central controlar quién va a dar clase con independencia del territorio en el que vaya a hacerlo.

Poco a poco ha ido introduciendo propuestas en esta línea, muchas todavía sin concretar, pero que se supone afectarán a la sanidad, la justicia, la política penitenciaria —Cataluña es la única comunidad que la tiene y el País Vasco la tiene reconocida en el Estatuto de Gernika— y la política hidráulica, asuntos que forman parte también del programa de Vox.

En materia sanitaria, declaró hace poco días el número dos del PP, Teodoro García Egea, “debe haber realmente libertad de movimientos y prestaciones comunes y generales para todos, incluida la atención primaria, se venga de la comunidad de donde se venga”.

Hace apenas un mes Pablo Casado apuntó su deseo de reformar la Administración para “reforzar la presencia del Estado” en todas los territorios. Hay que reforzar las delegaciones y las subdelegaciones del Gobierno en todas partes porque, según él, “no se puede querer lo que no se ve”. “No puede ser que haya pueblos en los que lo único que suene a España sea la oficina de Correos”.

Esa reforma, añadió, permitirá concretar las competencias de titularidad estatal y exigir la lealtad debida a las autonomías. Y establecerá una “moratoria de transferencias de competencias mal gestionadas”, para lo cual quiere que el Gobierno “audite y evalúe su cumplimiento” con el fin de “paralizar la cesión de nuevas transferencias si [los Gobierno autonómicos] están siendo desleales”. El plan del nuevo líder del PP pasa por no conceder una transferencia más a las autonomías, ni siquiera las reconocidas en los Estatutos. Tal es el caso, por ejemplo, de las 37 pendientes con Euskadi, que el PP vasco también reclama. Al menos hasta ahora.

Casado también ha propuesto que el nuevo sistema de financiación autonómica permita al Estado “supervisar” que las comunidades “hagan un buen uso de los recursos de todos los españoles”. Una tutela que, de hacerse realidad, pondría fin a la capacidad de los Gobierno autonómicos de determinar sus prioridades de gasto.

En línea también con Vox, el PP propone ahora que por ley la lengua española sea “vehicular” cuando los funcionarios se dirijan a los ciudadanos. “Cuando gobierne el PP las Administraciones estarán obligadas a comunicarse con el ciudadano en español” y el conocimiento de las lenguas cooficiales dejará de ser un requisito para obtener una plaza en la función pública allí donde existen lenguas cooficiales.

La última propuesta en esta línea hecha pública por el PP tiene que ver con la seguridad del Estado. Casado quiere establecer la “prevalencia” de la Policía Nacional y de la Guardia Civil sobre el resto de cuerpos policiales autonómicos y locales, con el argumento de que “el monopolio de la fuerza corresponde al Estado”.

A la espera de que el PP dé a conocer todo su programa, está por ver cómo se proponen llevar a cabo la recentralización de competencias, aunque todo apunta a que quieren hacerlo mediante la aprobación de normas básicas que vacíen de contenido a los Gobiernos autonómicos para limitar su capacidad de hacer política y dejarles únicamente la gestión. Una relectura de la Constitución en toda regla con el objetivo de recentralizar el Estado y poner coto a lo que consideran excesos autonómicos.

Las banderas de Cs

Esta rapidísima evolución del PP y su progresiva adaptación a las propuestas de Vox ha terminado por desdibujar las de Ciudadanos, que en muchos casos reclama la paternidad de las ideas que ahora defiende Pablo Casado. Pero más allá de ese debate sobre quién tuvo primero la idea, lo cierto es que Cs ya no tiene la exclusiva del ideario recentralizador en España.

El combate contra las lenguas cooficiales sigue siendo una de sus banderas, Su portavoz nacional, Inés Arrimadas, lo repite a diario en sus intervenciones, también para criticar al PP anterior a Casado: “El bipartidismo del Partido Popular y PSOE ha permitido que se utilice la educación para adoctrinar e imponer una lengua. Ciudadanos va a ser la garantía de que el español sea lengua vehicular y que a ningún funcionario se le exija una lengua cooficial para poder trabajar”.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha prometido implantar una tarjeta sanitaria única en toda España, “para que nadie niegue a los españoles el derecho a la sanidad por culpa de la burocracia”. Y una ley de custodia compartida idéntica en todo el país “para garantizar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”. Y un examen único para convertirse en profesor semejante al MIR que da acceso al ejercicio de la medicina en la sanidad pública. Lo mismo que el PP.

Su discurso es el de “la igualdad entre todos los españoles”, con independencia del territorio en el que vivan. Por eso han tenido siempre en el punto de mira el Concierto Vasco y el Convenio Navarro y defienden que ambas comunidades se incorporen al régimen común, aunque en esta elecciones hayan aparcado sus críticas al fuero de Navarra para facilitar una coalición con UPN.

La formación naranja, como el PP, aún no ha concretado su programa electoral. Pero en el de 2016 ya se comprometían a garantizar “iguales servicios y prestaciones básicas en todas las Comunidades Autónomas para evitar diferencias injustificadas de cobertura”, a coordinar los servicios sociales en toda España y a centralizar “la toma de decisiones en el caso de los medicamentos huérfanos y de uso compasivo para asegurar la igualdad en el acceso a dichos tratamientos”.

Cs quería entonces cerrar el Estado autonómico de “manera definitiva” con una reforma Constitucional que separase y “clarificase” las competencias del Estado para garantizar “condiciones de vida equivalantes en todos el territorio”. “Se establecerá la prevalencia de la legislación del Estado y se suprimirá la posibilidad de ceder o delegar a las Comunidades Autónomas las competencias que la Constitución otorga al Estado”, proponían hace tres años.

Paradójicamente, el ideario recentralizador de las tres derechas no parece corresponderse con un cambio de tendencia en los deseos de la mayoría de los españoles. Es verdad que las tensiones territoriales desatadas por el intento de declaración unilateral de independencia protagonizado hace un año por las formaciones nacionalistas catalanas han provocado un ligero repunte de las cifras de ciudadanos españoles que se declaran partidarios de una reducción de competencias de las Comunidades Autónomas o de su completa desaparición. Pero el porcentaje, sin embargo, sigue todavía muy por debajo del que registró en 2012 el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuando comenzó a preguntar a los encuestados su opinión acerca del modelo territorial español. En aquellas fechas, los partidarios de la involución autonómica eran la opción mayoritaria y rozaban el 40%, nueve puntos y medio por encima de los registros actuales.  

El Tribunal de Cuentas ha afeado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el órgano que vela por la correcta aplicación de la Ley de Transparencia, que no publicite adecuadamente algunos aspectos relativos a las cuentas del organismo, los contratos que adjudica o los complementos o gratificaciones recibidos por parte de su personal, informa Europa Press.

El órgano que preside María José de la Fuente y de la Calle enumera estas deficiencias en el informe de fiscalización correspondiente a la actividad del Consejo durante los ejercicios 2015 y 2016. En opinión del Tribunal, las cuentas anuales rendidas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno "representan la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial" de la institución, lo que no es óbice para que le haga varias recomendaciones tendentes a subsanar las deficiencias detectadas.

Por ejemplo, le aconseja que promueva la aprobación del Reglamento sobre su funcionamiento y que tome las medidas oportunas para proceder al nombramiento de un nuevo presidente o presidenta del Consejo, un puesto que está vacante desde noviembre de 2017, cuando falleció Esther Arizmendi, que estuvo al frente de este organismo desde su creación en 2014.

Más de tres años con vocales pendientes

Desde entonces ejerce como presidente en funciones el subdirector de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós, pero, según el fiscalizador, la ausencia de un presidente con plenas funciones dificulta la toma de decisiones. El Tribunal también destaca que la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno ha funcionado más de tres años teniendo vacantes los puestos de los vocales correspondientes al Congreso, el Senado y la Secretaría de Estado de la Función Pública. El Consejo de Ministros nombró el pasado 1 de febrero a los designados para estos puestos así como al representante del Tribunal de Cuentas en el Consejo, todas ellas mujeres, para paliar la falta de paridad de la que también alertó el fiscalizador.

Esta comisión debe reunirse al menos una vez al mes, lo que, se justifica el Consejo, no sucedió en 2017 –sólo celebró tres encuentros– precisamente por la falta de renovación de parte de sus vocales. Según el informe, el Consejo ha incumplido la ley de Función Pública al no dar publicidad a las cantidades que percibe cada funcionario por complementos de productividad ni describir adecuadamente las actividades fuera de la jornada laboral que realizaron dos funcionarios que recibieron gratificaciones por servicios extraordinarios por un importe total de 15.000 euros en 2016.

Requiere las cuentas completas, no resúmenes 

El fiscalizador hace una serie de sugerencias al Consejo para que mejore la claridad de su página web con el objetivo de facilitar que los usuarios la entiendan, le pide que feche sus publicaciones, y destaca que no se han publicado los contratos celebrados en 2018, que la información relativa a los de 2015 y 2016 no está completa y que no consta la ejecución presupuestaria correspondiente a 2018.

Tampoco aparecían en la web cuando el tribunal la fiscalizó las cuentas anuales completas del Consejo, tan sólo resúmenes. El órgano que preside María José de la Fuente también reprocha que no se publique su periodo medio de pago a proveedores como establece la ley y que el Consejo no haya remitido anualmente al Gobierno su inventario de bienes y derechos. El tribunal también ha descubierto que no se han publicado en el BOE convenios suscritos con las Universidades Autónoma (UAM) y Carlos III (UC3M) de Madrid y que la web del Consejo no recoge la evolución y el cumplimiento de otros dos suscritos, respectivamente con la Administración General del Estado y la UNED.

La plantilla está en mínimos 

El informe también pone de relieve la "insuficiente plantilla de personal" con que cuenta el Consejo para llevar a cabo el ejercicio eficaz de las competencias asignadas" y le recomienda establecer una programación de actividades "eficaz y eficiente", adecuada a sus posibilidades de financiación y sus medios personales y materiales. Además, el Tribunal insta al Consejo a adoptar las medidas oportunas para corregir y subsanar las deficiencias de control interno observadas en la gestión económico financiera, que achaca en parte de su insuficiente personal.

En el ámbito de la tesorería, por ejemplo, señala que cada una de las personas que figuran como titulares en las dos cuentas bancarias pueden operar libremente, sin necesidad de contar con el consentimiento por parte de otro titular, lo que se identifica como un riesgo en el control de su gestión, y que tampoco existe un control adecuado respecto a las firmas autorizadas en las citadas cuentas. Además, en el área de personal, la institución no cuenta con un documento de gestión que contenga, al menos, la descripción de los derechos y obligaciones del personal del Consejo, los requisitos de formación, evaluación y forma de acceso, la composición y estructura de las retribuciones salariales y la jornada laboral; ni ha implantado un sistema efectivo de control horario.

Incumplimiento con contratos menores 

Respecto al ámbito contractual, el informe reseña que el Consejo ha infringido la normativa relativa a la duración de los contratos menores en el caso del de los servicios de limpieza y también la cuantía máxima para este tipo de contratación en el de asistencia jurídica, en cuya ejecución también ha detectado incumplimientos legales por falta de una factura. Además se tramitaron dos expedientes de contratación menor con el objeto de realizar informes sobre la Ley de Transparencia sin justificar con datos que el Consejo carecía de medios para hacer esa tarea.

También se ha incurrido en varios incumplimientos en un procedimiento negociado sin publicidad en 2015 para la apertura de dos cuentas bancarias. Otro de los puntos que destaca el fiscalizador es que la competencia para ordenar los pagos y movimientos de fondos es del presidente, pero está siendo ejercida por la Unidad de apoyo, sin que conste la delegación del ejercicio de esa competencia.

El asesinato del periodista Yamal Jashogi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul a principios de este mes ha situado a Turquía como árbitro investigador y mediador entre la postura intransigente del país árabe y las ambiguas acciones de varios países occidentales. Tras el anuncio de desaparición del periodista, Riad empezó negando tajantemente tener algo que ver con el asunto y aseguró que Jashogi salió vivo y por su propio pie del consulado. Después y ante la evidencia cada vez más clara de que el informador podría estar muerto, acabó admitiendo el “error” de su tortura y asesinato.  En cuanto a los países occidentales, se han limitado a condenar el asesinato y se han mostrado timoratos a la hora de implicarse en una investigación rigurosa debido a la influencia de Arabia Saudí sobre la exportación de petróleo y la importación de armas.

El Ejecutivo del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, inició las pesquisas nada más publicarse en los medios internacionales las sospechas de que Jashogi podría haber sido secuestrado cuando, el 2 de octubre, entró en el consulado saudí a formalizar los trámites burocráticos para casarse con su pareja —a la mujer, que lo acompañaba ese día, se le prohibió la entrada en el edificio—. Desde entonces, las averiguaciones de las autoridades turcas han hecho ir cambiando la versión oficial de Arabia Saudí, que ha terminado admitiendo el asesinato del periodista, muy crítico con el régimen y con el príncipe heredero de su país, Mohammed Bin Salman.

La implicación de Turquía por resolver un asesinato contrasta con el autoritarismo de Erdoğan que, entre otras violaciones de derechos civiles y libertades fundamentales, ha encarcelado a millares de personas y cientos de periodistas, despedido a miles de funcionarios críticos y censurado y cerrado decenas de medios de comunicación incómodos. Según denuncia un informe de Amnistía Internacional, desde golpe de Estado fallido durante el verano de 2016, casi 200 medios de comunicación —de izquierdas, pro kurdos o laicos— han sido cerrados por decreto y, conforme lo aportado por el Sindicato de Periodistas, se estima que en torno a 150 periodistas, muchos de ellos independientes, están encarcelados desde entonces a la espera de juicio y a algunos se los está encausando mediante retorcidos procedimientos que intentan asentarse sobre la base de leyes antiterroristas.

Violación constante de las libertades de prensa y expresión

Con 73 periodistas encarcelados en 2017, Turquía se alzó con el negativo galardón de ser el país del mundo con más profesionales de la información en prisión, y la persecución a la prensa crítica continúa. En febrero de este año seis periodistas fueron condenados a cadena perpetua, con cargos de pertenencia a la “estructura mediática” del movimiento islámico del antiguo aliado de Erdoğan, Fethullah Gülen, a quien Ankara culpa del golpe. Dos meses más tarde, en abril, otro tribunal sentenció a 15 trabajadores del diario opositor Cumhuriyet a penas de cárcel de entre tres y siete años. El pasado 4 de octubre, dos días después de la desaparición de Jashogi, Erdoğan aseguró durante un discurso por la inauguración del curso escolar que "con los medios de comunicación y esas cosas, no puede haber democracia".

A raíz del golpe, en Turquía han sido despojados de su puesto de trabajo en torno a 2.500 periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación y otros han sido detenidos por presuntos delitos de terrorismo tras compartir determinadas publicaciones en las redes sociales, dibujar caricaturas satíricas o expresar ciertas opiniones. Además, tal y como evidencia la ONG pro derechos humanos Human Right Watch, una orden judicial autorizó bloquear el acceso a Wikipedia y el Gobierno turco censuró y eliminó gran cantidad de contenido de la red social Twitter en el país.

Poder absoluto respaldado por la ley

El golpe malogrado también propició que el gobierno de Erdoğan llevase a cabo una purga de militares, funcionarios públicos y demás personal de la Administración, acusados de colaborar con los golpistas. Después de las detenciones y encarcelaciones masivas de los primeros días, se erigió la sospecha de que, en realidad, tal golpe había estado motivado desde el propio gobierno para, precisamente, apartar a personas e organismos críticos con las políticas del presiente turco.

El pasado mes de junio Erdoğan revalidó la presidencia de Turquía con el 52% de los votos pero más de un año antes, en abril de 2017, los electores aprobaron en referéndum una reforma de la Constitución que adecúa las instituciones turcas a un nuevo sistema de gobierno presidencialista que elimina la figura del primer ministro. Este cambio en la Carta Magna otorga numerosos poderes exclusivamente a la figura del presidente sin que tenga que pasar por el Parlamento, lo que algunos han interpretado como un recorte del estado de derecho y un menoscabo en la separación de poderes. Así, por ejemplo, el presidente podrá efectuar acciones de gobierno por decreto y la competencia en los nombramientos y destituciones de ministros y altos cargos de la función pública le competerán directa y únicamente a él.

El golpe de Estado como coartada

Desde aquella intentona golpista y hasta mediados de julio de este año, en Turquía ha estado vigente el estado de emergencia, cuya excepcionalidad ha permitido que se aprobaran medidas por decreto y sin ningún control parlamentario, y que finalmente ha sido sustituido por una ley antiterrorista mucho más restrictiva que la anterior. Escudado en la seguridad nacional y la protección institucional, en poco más de 2 años Erdoğan ha enviado a prisión preventiva a la espera de juicio a alrededor de 50.000 personas acusadas de pertenencia a la organzación terrorista FETÖ/PDY —designada así por el gobierno turco en referencia al movimiento islámico de  Gülen—, a quien se culpa de estar detrás del golpe fallido.

Con la coartada de aquel estado de emergencia, más de 130.000 funcionarios del país (15.000 solo en el Ministerio de Educación) han sido despedidos de forma sumaria y sin ningún proceso garantista por sospechas de vínculos golpistas y el sistema judicial, donde se detuvo hasta a un tercio de los jueces y fiscales de toda Turquía, permanece bajo una presión política extrema.

El Tribunal Constitucional ha anulado gran parte de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, norma aprobada por el Parlamento de Navarra en 2015.

El Constitucional rechaza básicamente la creación a través de esta ley de la denominada Comisión de Reconocimiento y Reparación, que, según expone la sentencia, estaría llamada a la "investigación" y "fijación" de hechos o conductas constitutivas de delito, "al margen, por entero, del poder judicial y con potestad, incluso, para desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal", lo que es "contrario a la Constitución".

Así, la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, anula por completo cinco de los ocho artículos de la ley y anula parcialmente otro artículo. También anula tres de las cuatro disposiciones adicionales y la única disposición transitoria única. De esta forma, estima parcialmente el recurso presentado por el abogado del Estado contra esta norma.

Cuatro magistrados han emitido sendos votos particulares para mostrar su discrepancia con la sentencia. En términos generales, los cuatro magistrados coinciden en que la ley navarra no pretende "suplantar" al poder judicial en la persecución y castigo de los delitos, sino determinar la condición de víctima mediante la comprobación de los hechos alegados en las solicitudes.

En su recurso, el abogado del Estado alegaba que, a diferencia de otras normas anteriores en las que el reconocimiento de la condición de víctima exige la tramitación de un procedimiento en el que se verifica una previa actividad judicial, la ley navarra crea la denominada Comisión de Reconocimiento y Reparación a la que se le atribuyen funciones de averiguación y fijación de hechos delictivos a los efectos de reconocer la condición de víctima y las consecuencias asociadas a tal reconocimiento. Según el abogado del Estado, "ello supone la asunción por la citada comisión de funciones propias de la jurisdicción penal, invadiendo por ello la reserva de esta función jurisdiccional".

La sentencia señala que "el objetivo de reconocer y reparar a las víctimas o a determinadas víctimas, no merece reproche constitucional alguno". "Ahora bien, la libertad de configuración del legislador para ordenar tal régimen de asistencia y reparación, en el que prevalece una perspectiva compensadora en favor de quien ha sufrido el daño, tiene, no obstante, un límite constitucional indudable. No pueden confundirse esos cometidos públicos de carácter asistencial con los que son propios y reservados al poder judicial", señala.

Así, el TC cuestiona que el reconocimiento de la condición de víctima "se haga a resultas de una investigación y fijación extrajudiciales de hechos que pudieran ser delictivos". La sentencia señala que "el deslinde entre la tarea administrativa de reconocimiento y compensación respecto a la investigación y persecución de hechos delictivos ha de ser particularmente claro".

"De este modo, la intervención pública para la protección de las víctimas podría ser anterior, simultánea o posterior a la iniciación, sustanciación y conclusión del proceso penal, pero el límite a estos efectos consiste en que el hecho lesivo no fuera delictivo y que se preserve en todo caso la preeminencia de la jurisdicción penal en la investigación y persecución de conductas que sí lo fueran", expone.

Así, sobre la ley navarra señala que "las previsiones orientadas al reconocimiento, protección y resarcimiento de las víctimas se articulan a través de un mecanismo, la Comisión instituida en la ley foral, que lleva a cabo una genuina labor de averiguación de hechos calificados como delitos ante la existencia de denuncias o reclamaciones singulares".

"Dicha conmixtión de funciones, identificación y protección de la víctima así como investigación de hechos que podrían ser constitutivos de delito, hace que la ley foral supere los límites constitucionales y menoscabe con ello la plenitud de la jurisdicción penal al respecto", afirma.

Los grupos parlamentarios de Podemos y PSOE aceptaron la propuesta del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, de retirar la enmienda a la Ley de Medidas Administrativas que pretendía que los funcionarios que pasen a formar parte del Consejo de Gobierno mantengan su consolidación de grado en su carrera profesional, según informó Europa Press.

En rueda de prensa conjunta, los diputados de PSOE Rafael Esteban y de Podemos María Díaz explicaron que aceptan retirar esta enmienda, si bien la intención ahora es sentarse a negociar la tramitación de esta medida por otra vía tanto con agentes sociales como con los grupos parlamentarios.

Esteban recordó que esta propuesta nace a raíz de que el último Gobierno del PP con María Dolores de Cospedal a la cabeza eliminara estas consolidaciones de grado a los funcionarios, algo que se mantiene "en todas las comunidades autónomas menos en Asturas y Extremadura".

Igualmente, recordó que un total de 14 funcionarios que ocuparon algún puesto en el Gobierno regional de Cospedal se verían beneficiados de la medida, mientras que los actuales altos cargos socialistas "ya tienen todos sus grados consolidados".

Quiso rechazar la idea del PP de que esta medida fuera a suponer "un sueldo vitalicio" para estos altos cargos. "Lo que no queremos es que las personas que forman parte de los gobiernos pierdan derechos con respecto a sus compañeros", dijo Esteban, quien recordó que los liberados sindicales dentro de las empresas sí que tienen este privilegio.

"Que la actividad pública no menoscabe los derechos"

De su lado, la diputada de Podemos María Díaz defendió que su partido no quiere que ser parte de la vida pública suponga privilegios, pero tampoco que "se menoscaben los derechos de los trabajadores".

En este punto, criticó las "desinformaciones interesadas" del PP al respecto de esta medida. "El espíritu de esta enmienda no es establecer privilegios, ni sobresueldos ni pensiones vitalicias. Nosotros lo que hemos intentado era reparar una discriminación que hoy existe con trabajadores públicos que dan el paso a la vida pública".