La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha avalado que se pueda disfrutar con flexibilidad el permiso de cinco días para el cuidado de familiares por enfermedad, accidente u hospitalización, sin necesidad de que su inicio se vincule necesariamente al comienzo del evento del que depende, informa EFE.

El Supremo, en sentencia fechada el 4 de febrero, aboga por dejar margen a una distribución racional del permiso que permita "una asistencia planificada y más eficaz" de la persona necesitada de ella.

La sentencia rechaza el recurso de casación planteado por el grupo empresarial RACE, después de que la Audiencia Nacional diera la razón a los sindicatos CSIF, CCOO y UGT que plantearon un conflicto colectivo ante la nota interna emitida por la empresa, en la que avisaba de que el mencionado permiso se disfrutaría desde el primer día laborable a partir del suceso que lo ocasionara.

La Audiencia Nacional declaró dicha nota contraria a derecho y estableció que el comienzo del permiso no podía estar vinculado a la fecha del hecho causante.

El Supremo ha confirmado esta sentencia, argumentando que una interpretación en sentido contrario implicaría "a todas luces una devaluación de su potencial protector".

Añade que ni el Estatuto de los Trabajadores ni el convenio colectivo aplicable ni la directiva comunitaria contienen criterio alguno relativo al momento en que pueda hacerse efectivo el derecho al permiso.

El Ministerio de Sanidad ha logrado este lunes alcanzar un preacuerdo con los sindicatos de la mesa de negociación del estatuto marco (CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde), por lo que se ha suspendido la convocatoria de huelga indefinida en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) de enero.

Así lo ha informado el Ministerio y fuentes sindicales después de la reunión que han mantenido desde esta mañana con la ministra de Sanidad, Mónica García, que el pasado viernes les convocó para consultarles si retiraba el borrador del estatuto marco tal y como le habían exigido las comunidades del PP.

Las cinco organizaciones sindicales del ámbito de negociación de esta ley han rechazado explícitamente que se retire el borrador y han logrado arrancar al Ministerio el compromiso de establecer una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, que se aplicará según los términos que se definan en los correspondientes ámbitos de negociación, atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales de los servicios de salud.

El preacuerdo también incluye el acceso a la jubilación parcial para todo el personal estatutario que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente de la Seguridad Social.

Además, abre la puerta a una jubilación anticipada para aquellas categorías profesionales que reúnan los requisitos legales, previa realización de un estudio integral de las condiciones de trabajo en el conjunto del (SNS). Por el contrario, se excluyen todas las materias que exceden el ámbito competencial del Ministerio, que se abordarán mediante un acuerdo específico.

Este acuerdo tendrá como objetivo orientar las futuras negociaciones relativas al establecimiento de un nuevo modelo retributivo aplicable a todo el personal del SNS. Con ello, y a expensas de que Sanidad materialice este preacuerdo que de momento es verbal, estas organizaciones han suspendido la huelga indefinida del personal del SNS que habían previsto a partir del 27 de enero en protesta por no atender sus demandas en materia de jubilación anticipada y jornada laboral.

Los cinco sindicatos se quejaban además de la "deslealtad" del Ministerio por haber abierto una negociación paralela con las organizaciones médicas CESM y SMA, que exigen un estatuto propio para estos profesionales pero que CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde rechazan de plano.

Esta huelga de los sindicatos del ámbito es independiente de las tres convocadas este año por CESM y SMA, a los que Sanidad ha convocado el próximo miércoles para tratar de desencallar la situación.

También es independiente de la que ha programado para mediados de enero la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), integrada por una veintena de organizaciones sindicales y no sindicales médicas, de la que no forman parte ni CESM ni SMA, pero que también exige un convenio específico para estos profesionales.

Por ahora, Apemyf ya ha adelantado que ese paro "sigue adelante". Pero a diferencia de los médicos, los sindicatos del ámbito, además del Ministerio, rechazan de plano un estatuto médico.

En su nota conjunta, los cinco reiteran que los avances acordados hoy en asuntos como la jornada laboral, las jubilaciones parcial y anticipada o el nuevo modelo de clasificación profesional con el reconocimiento retributivo correspondiente y que beneficia, por ejemplo, a las enfermeras, han sido fruto del trabajo realizado en ámbito de negociación y "no en otros foros paralelos no legitimados" para acordar las condiciones del personal del SNS.

Tras el encuentro, han manifestado su "moderada satisfacción" por el resultado y por el "cambio de actitud" del Ministerio y "particularmente por la disposición de la ministra" para facilitar la consecución de acuerdos concretos "en la línea de las cuestiones irrenunciables que las organizaciones sindicales vienen planteando".

Así, y a la espera de constatar que todos los avances comprometidos se materializan en una nueva versión del texto, estas organizaciones han reconocido que "esta negociación que ya dura casi tres años no está siendo nada fácil" dada la complejidad que supone negociar la mejora de las condiciones de trabajo "del conjunto del personal estatutario del SNS".

Cientos de empleados públicos movilizados por CCOO, UGT y CSIF se han concentrado este jueves ante la sede del Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública para reclamar que abra la mesa de negociación y han advertido de que irán a una huelga nacional en diciembre si no lo hace, según informa EFE.

Con pancartas de "Mejor salario, más empleo. Servicios públicos de calidad", en torno a 1.000 personas se han concentrado en la capital para exigir incrementos salariales, aumento de las plantillas y mejora de las condiciones laborales para 3,5 millones de empleados públicos.

"Este es el inicio de lo que va a confluir en huelga general en diciembre porque esto es ninguneo", ha dicho a los medios el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucho Palazzo.

"Hemos perdido 8,5 puntos de poder adquisitivo en los tres últimos años. La pelota está en su tejado, depende de ellos evitar la huelga de diciembre", ha advertido el presidente de CSIF, Miguel Borra.

"El ministro (Óscar López) nos está castigando a 3,5 millones de empleados públicos (...) Exigimos desbloquear un nuevo acuerdo", ha reclamado la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque. "Tenemos que saber cuánto vamos a ganar", ha apuntado Araque. "Esto no es privilegio", ha añadido Palazzo.

Los sueldos de los empleados públicos llevan todo el año congelados y a principios de este mes el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, señaló que para abordar la subida salarial de los funcionarios primero habría que "desbloquear las cifras de los presupuestos".

Los sindicatos rechazan este planteamiento y urgen a iniciar unas negociaciones que aborden, no solo el tema salarial, sino otras reivindicaciones sobre condiciones laborales y renovación y ampliación de plantillas que queden plasmadas en un nuevo acuerdo.

"El deterioro de lo público está provocando situaciones indeseables", han señalado en un comunicado conjunto donde lamentan "la indignación social ante los fallos sanitarios, el deterioro de las aulas, las catástrofes naturales, los incendios o las dificultades en el acceso a los trámites administrativos".

"El ministro Óscar López debería tomar nota de nuestra decisión inequívoca de intensificar la protesta si no se sientan inmediatamente a negociar", añaden.

Los tres sindicatos han organizado un calendario de movilizaciones que arrancaban este 30 de octubre con concentraciones en toda España y cuyo "desarrollo e intensificación" en las próximas semanas y meses "dependen de la voluntad y decisión del ministro de negociar".

Varios miles de funcionarios convocados por el sindicato mayoritario en la función pública, CISF, han exigido este sábado en una manifestación en Madrid que el Gobierno dote de una financiación "suficiente" al sistema de Muface. Fuentes de los convocantes han cifrado en 35.000 los manifestantes, en una concentración que se ha desarrollado sin incidentes, mientras que la Delegación del Gobierno en Madrid ha rebajado la cifra hasta los 6.500.

La manifestación ha tenido lugar a las puertas de la dirección general de Muface en la ciudad universitaria de Madrid, en la que el sindicato convocante ha contado con el respaldo del sindicato de Policía Jupol y del de la Guardia Civil, Jucil.

El presidente nacional de CISF, Miguel Torra, ha dicho en declaraciones a los medios al inicio de la concentración que el Gobierno "está jugando con la salud de 1,5 millones de personas". Por ello, ha pedido al Gobierno que haga una licitación "suficiente" y a las aseguradoras que sigan prestando la asistencia mientras esté en vigor el contrato.

Ha denunciado que Muface está denegando "centenares" de pruebas médicas y demorando consultas, y ha rechazado la "presión" sobre los funcionarios del Gobierno y las aseguradoras.

Si el Gobierno no toma nota de la protesta "no descartamos ninguna medida, incluyendo una huelga en las administraciones publicas", ha explicado Borra, que ha criticado que ninguno de los partidos que apoyan el Gobierno de Pedro Sánchez haya respaldado sus reivindicaciones.

El portavoz de Jupol, Ibon Dominguez, ha secundado antes los medios las declaraciones de Miguel Borra, y ha señalado que en el caso de la Policía se registran 10.000 bajas anuales por agresiones, que "se podrían eternizar" en el sistema nacional de salud. El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, ha apoyado en declaraciones a EFE las reclamaciones de sus compañeros en la Policía, aunque la Guardia Civil no está incluida en el sistema de previsión de Muface.

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular, Ester Muñoz, que ha asistido a la manifestación, ha defendido el modelo de Muface y ha acusado al Gobierno de generar un problema donde no lo había. Además ha explicado que el Gobierno avoca a los funcionarios a una situación "insostenible" y tiene al ministro de Función Pública, Óscar López, más preocupado por asaltar el poder en Madrid como nuevo secretario del PSOE en la Comunidad.

El Gobierno aseguró esta semana que publicará una nueva licitación para la asistencia sanitaria de Muface antes de que acabe el año y está abierto a un incremento de las primas en función de los tramos de edad de los beneficiarios. La licitación quedó desierta el pasado 5 de noviembre porque las aseguradoras que prestan el servicio (Adeslas, Asisa y DKV) consideraron que la subida del 17 % propuesta por el Gobierno era insuficiente.

Después el órgano de contratación realizó una consulta abierta para conocer las propuestas de los operadores económicos, a la que enviaron sus respuestas las aseguradoras DKV y Asisa.

El resumen de esas propuestas, publicado en la plataforma de contratación del sector público, señala que uno de los operadores -sin desvelar cuál- explica que para las primas de los asegurados más jóvenes tienen margen de reducción pero en las edades más avanzadas la prima se sitúa muy por debajo del coste de prestaciones.

El convenio actual vence el próximo 31 de enero y el nuevo contrato tendrá una vigencia de tres años.

Según ha denunciado CSIF este jueves, el curso en la escuela pública ha comenzado esta semana con un déficit de 45.778 docentes y una tasa media de interinidad en las plantillas del 21 %, cuando no debería superar el 8 % el próximo enero, de acuerdo con la legislación comunitaria, informa EFE.

El sindicato ha presentado en rueda de prensa su Informe de inicio de curso —en el que se destaca la inestabilidad de las plantillas y la falta de profesores— y ha alertado de que la escuela pública abre las aulas con los mismos problemas estructurales de los últimos años, agravados por la falta de financiación en educación y por las diferencias de criterio entre Gobierno y comunidades autónomas.

Según sus datos, si se compara el ratio alumno/docente de 2010 —año de los recortes educativos, que aún no se han recuperado, denuncia—con las cifras actuales, hay un déficit de 45.778 profesores. En el curso 2009-2010 había un ratio de 13,87 alumnos por cada docente y ahora la cifra ha subido a 14,63, lo que se traduce en falta de desdobles, especialistas y equipos de orientación completos, resalta.

CSIF, que advierte de que los problemas estructurales perpetúan las tasas de fracaso escolar que recogen los informes PISA de la OCDE, reclama también una apuesta firme por las plazas públicas de Formación Profesional. En una década esas plazas públicas han pasado de representar el 77 % del total al 65,2 %, una "privatización" que, denuncia, iba implícita en la nueva ley de FP, a pesar de los más de 130 millones de euros destinados en 2024 de esta etapa formativa.

A partir de las estadísticas del Ministerio de Educación, calcula que, de media, y teniendo en cuenta la inflación acumulada, en la actualidad hay un déficit de 285,46 euros por alumno en comparación con la cifra que se destinaba en 2010.

España, alerta, invierte un 15 % menos que la media de la OCDE en Primaria, un 6 % menos en toda la Secundaria y un 30 % menos en los estudios universitarios.  El responsable de Educación en CSIF, Mario Gutiérrez, ha subrayado que el sistema está en crisis y ha reclamado "reformas estructurales, y no simples barnices".

El sindicato reclama un pacto de Estado por la educación y emplaza al Gobierno a que el futuro sistema de financiación autonómica termine con las desigualdades entre comunidades y garantice recursos suficientes.  La diferencia retributiva entre comunidades autónomas, señala, puede alcanzar hasta los 889 euros mensuales.

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) ha perdido desde 2018 al 30% de su personal por "cargas de trabajo excesivas", según ha denunciado este martes CSIF, según informa Europa Press. El sindicato indica que hay "una fuga de personal por las malas condiciones laborales y la elevada carga de trabajo". Además, apunta que la pérdida de personal se debe, en parte, a las "cargas de trabajo excesivas" y asignaciones de funciones de inferior categoría.

También señala que el personal tiene miedo a que se les vete en los concursos de movilidad, una situación que añade que ya sufrieron. Asimismo, apunta a problemas con el cobro de guardias y de productividad e "imposibilidad" de conseguir niveles mayores, mientras no haya una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Según indica CSIF, la OAR gestionaba en 2016 más de 15.000 demandas de asilo y en 2017, más de 30.000 demandas de asilo. Y ya en 2018 se esperaban las 50.000 demandas de asilo. "El número de expedientes y procedimientos que gestiona la OAR, actualmente, son mucho mayores que el dimensionamiento para el que se proyectó la plantilla, originalmente", avisa.

Igualmente, apunta que, desde que tomó posesión el personal de la oferta de empleo público extraordinaria y adicional, y hasta la fecha, la OAR ha perdido 74 personas, de un total de 260.

Así, CSIF considera que, en la OAR "existe, y existirá, un problema endémico mientras no se anticipen las cargas de trabajo" y añade que las solicitudes de asilo y refugio generan "números récord", año tras año. "Y la situación mundial, y de nuestro entorno geográfico, nos hacen presagiar que seguirá en la misma línea, para los próximos años", precisa.

En este sentido, pide dar "estabilidad" a la plantilla, "con la mejora de condiciones económicas, aumentar la Relación de Puestos de Trabajo, adaptando a un escenario cambiante, y mejorar las herramientas informáticas con las que se trabajan".

Según datos de la OAR, las solicitudes de protección internacional han pasado de 65.482 en 2021 a 163.218 en 2023. Mientras, a junio de 2024 se sitúan en 88.206.

Finalmente, en cuanto a los trámites de extranjería, CSIF denuncia que existe personal "de distinta naturaleza" que realiza estas funciones. Además, advierte de que se destina personal policial a tareas "puramente administrativas", ante la "falta de personal funcionario no policial", en todas las áreas de actividad administrativa de la Dirección General de la Policía.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha rechazado la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024 propuesta por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que consta de un total de 40.121 plazas, porque no solucionan el "déficit de las plantillas". Por su parte, Comisiones Obreras ha criticado que el Gobierno no solo apenas ha modificado la propuesta inicial del acuerdo, sino que empeora con respecto a la de 2023, por lo que no han firmado el acuerdo presentado este miércoles en la mesa general de negociación de la AGE.

Fuentes de la negociación han indicado a Europa Press que de estas 40.121 plazas propuestas por Función Pública a los sindicatos, 20.840 corresponden al turno libre, 10.6000 a promoción interna y 8.681 a fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado -6.520 en turno libre y 2.161 a promoción interna-.

 Así, CSIF ha calificado la OEP de "insuficiente", ya que, a pesar de que el número total es mayor al del año pasado, cuando se convocaron 39.574 plazas, las plazas ofertadas de turno libre y promoción interna este año son menores que el año anterior, cuando se convocaron 27.246 y 12.328, respectivamente.

De esta manera, CSIF ha asegurado que la OEP de 2024 mantiene la tasa de reposición, reduce la creación de empleo neto y las plazas de personal laboral respecto al año anterior y no garantiza la ejecución de los plazos. "La oferta de empleo público presentada hoy a los sindicatos reduce el número de empleo neto respecto al ejercicio anterior, lo que impedirá afrontar las deficiencias estructurales en esta administración y se produce una nueva pérdida de efectivos en el colectivo de personal laboral", aseguran.

De igual manera, el sindicato ha avisado de que esta oferta de empleo no soluciona los problemas de abuso de las contrataciones temporales, al mantenerse los límites a la reposición de efectivos que se jubilan. Por último, CSIF rechaza la falta de concreción en las plazas de promoción interna y que no se incluya al personal laboral que presta servicios en el exterior en la promoción interna a cuerpos y escalas funcionariales.

Mientras, desde CCOO han expresado que la oferta es "pobre" en términos cuantitativos y cualitativos, al tiempo que ha asegurado que no se conocen además los datos de la tasa de reposición por la negativa de la Administración a facilitárnoslos. Por su parte, fuentes del ministerio de Función Pública han comentado a Europa Press que el real decreto de la OEP 2024 garantiza la generación de empleo neto.

En un comunicado, CSIF ha denunciado el retraso en los procesos de oferta de empleo público desde 2019, con cerca de 50.000 plazas sin cubrir. "Función Pública ha reconocido que hay miles de plazas que han caducado por una mala gestión y que no podrán volver a convocarse", asegura, mientras que añade que la oferta de empleo presentada hoy "tampoco garantiza los plazos y la convocatoria se puede retrasar hasta 2025".

Por ello, CSIF ha recordado que se manifestará el próximo jueves 27 de junio frente al Ministerio de Hacienda a las 12.00 horas en protesta por el deterioro de las administraciones públicas ante la inacción del Gobierno, reivindicando que se aplique de manera inmediata la subida salarial de este año, mejores condiciones laborales y más empleo público.

Por su parte, UGT Servicios Públicos se ha mostrado satisfecha los criterios generales para la preparación de la Oferta de Empleo Público para 2024, pues considera que avanza en la creación de empleo neto, "tan necesario para rejuvenecer plantillas en la Administración General del Estado".

Además, el sindicato ha recordado que este será el último año en el que se aplique la tasa de reposición, una reivindicación histórica de UGT Servicios Públicos, siendo este otro de los motivos por los que sí han ratificado el acuerdo propuesto por la Administración.

Los sindicatos defienden que el “sindicalismo es un pilar transformador” de las democracias que mejora “la vida de la clase trabajadora”. Pero, ¿sigue teniendo sentido afiliarse a un sindicato en el siglo XXI o son organizaciones ligadas al pasado? En los cuatro primeros meses de 2024, las centrales sindicales se han visto implicadas en una hilera de negociaciones laborales en un arranque de año "muy activo", y algunas han acabado en éxito para los representantes de los trabajadores, más allá de los que se atribuyen al diálogo social como las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Sólo en lo que va de año hay varios ejemplos. 

Tras semanas de intensas negociaciones y protestas, que afectaron al funcionamiento habitual de los aeropuertos a principios de enero, los sindicatos e Iberia sellaron un pacto para crear una nueva empresa de handling –servicios de asistencia en tierra a los aviones– que garantiza el futuro del negocio y de los empleos. En otro sector, el de la banca, CCOO, UGT y FINE han logrado rubricar con las patronales Unacc y Asemecc el XXIII Convenio Colectivo de Cooperativas de Crédito, que incluye subidas salariales de casi el 12,48% del acumulado en tres años. Y las movilizaciones y un complejo periodo negociador de nuevo permitieron que los tres mencionados sindicatos firmaran el Convenio de Ahorro para 2024-2026, con alzas de sueldos de entre el 11% y el 14%, en función del IPC, en otros tres años. Fuentes del sector financiero de UGT aseguran que "ahora toca el Convenio de Banca" e instan a los grandes bancos a "mejorar la propuesta que han puesto encima de la mesa", dados "los beneficios que están obteniendo". "Les hemos dejado tiempo, pero esperamos una oferta decente o la cosa cambiará y habrá más movilizaciones", avisan, y rematan: "No puede ser que tras una jornada de huelga después de 34 años, vengan sin propuestas”.

Y a los tres triunfos mencionados, desde CGT y CCOO aportan otros dos significativos: el "incremento salarial en todos los centros de la compañía” arañado al Grupo Inditex, tras un abanico de protestas de las empleadas de las tiendas, entre otros colectivos; y la renovación “del plan de igualdad de Mercadona”. Respecto a la esfera textil, advierten de que los movimientos en otras empresas como H&M continuarán y recuerdan que se negocia el que podría ser "el primer convenio a nivel nacional para el sector" con la Asociación Retail Textil España (ARTE), integrada por Inditex, Mango, Primark y la propia H&M, entre otras firmas de moda, que podría afectar a 110.000 trabajadores.

Y hay más triunfos sindicales a enlazar a esos cinco de calado. "El juicio ganado a la patronal de Metalgráfica para que suban el salario a las plantillas”, o la “actualización salarial de un 10,3% a los trabajadores de la química”, señalan desde CCOO, para mostrar luego su confianza en que otros conflictos sin cerrar acaben cayendo del lado de los trabajadores, como “el del sector de Justicia, la Agencia Tributaria, la Casa de la Moneda, una demanda interpuesta a Decathlon por discriminación salarial", o los casos de "Schneider e Iveco de Madrid”.

Desde CGT enumeran algunos otros, como la “importante reducción de las tasas de jubilación adelantada fijadas por la empresa Michelín”; la crecida salarial conseguida en el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona; la “remuneración de los cuatro días de permiso por causas de fuerza mayor” en el área de Telemarketing; o el que se haya desconvocado una huelga en la planta de Motherson en Rioseco porque la empresa ha aceptado las peticiones del personal. También esta central sindical apunta a “más luchas que están abiertas y en las que CGT está dando todo por mejorar las condiciones laborales” de "las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Sevilla o en Catalunya, las profesoras de enseñanza en Madrid", los "bomberos forestales" o "los trabajadores de todos los centros del grupo Accenture" del país.

Incluso “cuando se acaba produciendo un expediente de regulación de empleo (ERE) es importante que estén presente los sindicatos para que se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles para los trabajadores”, mantienen las fuentes sindicales sondeadas. En ese sentido, desde UGT hacen notar que este 2024 “han negociado y cerrado el ERE en Welhelp, con acuerdo de que se abonen 33 días por año trabajado; el de Majorel, con 30 días por anualidad, con un máximo de 18 y el 75% de voluntariedad; o el de Emergia Canarias, con 28 días por año y el 90% de voluntarios”, detallan.

Las fuentes consultadas dan otro motivo para enarbolar la bandera sindical: “Sólo en los dos primeros meses del año murieron 103 trabajadores en accidente laboral, en el tajo. Son 11 menos que en el mismo periodo de 2023, pero sigue siendo una cifra insostenible”, proclaman. Lo cierto es que, según datos del Ministerio de Trabajo, los accidentes con baja laboral aumentaron un 5,2% hasta febrero en relación al año anterior y se colocaron en los 97.049 siniestros, de los que 83.637 se produjeron en los centros laborales y 13.412 fueron accidentes in itinere, esto es, en el trayecto de casa al lugar de trabajo o viceversa.

Este Primero de Mayo habrá además un nexo que unirá la historia con la actualidad. A las cuatro de la tarde de hace 105 años, Barcelona se quedó sin luz y permaneció así más de 44 días entre febrero y abril de 1919 por una huelga en la empresa eléctrica La Canadiense, que se extendió a otros sectores y paralizó la ciudad. Aquella movilización, con un papel protagonista del sindicato CNT, derivó en un logro sindical que estará de alguna manera presente este miércoles para ser superado: España se convirtió entonces en el primer país de Europa en regular la jornada laboral de ocho horas. Esa reivindicación, centró, asimismo, la manifestación internacional original del 1 de mayo y la que se celebre este miércoles en España, 134 años después, tendrá una reclamación compartida por CCOO, UGT, CGT o CSIF: la reducción de ese periodo laboral para ganar tiempo de vida sin perder salarios. Un hito que desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social que encabeza Yolanda Díaz creen factible "antes del verano".

Más allá del recorte de jornada, en el texto Por el pleno empleo: reducir jornada, mejorar salarios rubricado por CCOO y UGT¸ sindicatos que saldrán a la calle en más de 70 ciudades del país, se refleja la necesidad de “una apuesta decidida por el pleno empleo”, de “proteger el contrato de trabajo a través de una nueva regulación del despido" que respete la Carta Social Europea, o de “la extensión de los contenidos de la llamada Ley Rider al conjunto de la economía de plataforma”. Abogan, de la misma manera, por “impulsar la política industrial y de desarrollo sectorial” y por que España aproveche “el potencial de la energía renovable a precio competitivo”, para generar “empleo de calidad”, ayudada por los fondos europeos. Piden igualmente una “reforma fiscal” y que se aborde la “asignatura pendiente” del derecho a la vivienda, con “una apuesta clara por la promoción de vivienda pública" y por "un parque público de vivienda de alquiler”.

Carlos Gutiérrez, responsable de Estudios y Formación Sindical de CCOO, pone el foco en “la recuperación del poder adquisitivo, es decir, en las mejoras salariales". "Es verdad –admite– que el año pasado se empezó a recobrar de media algo, pero esa senda debe proseguir”. Ligado al pleno empleo, sostiene que “existen varias palancas que hay que tocar para mejorar el desempleo". Las resume en tres: "La política industrial, el conocimiento y la formación de los trabajadores, y los derechos laborales, que tienen que ver con las buenas empresas que nacen y ponen en el centro de su actuación la mejora de la productividad y sitúan ahí su estrategia empresarial y no en la precariedad”.  No se olvida tampoco de “los cuidados”, que "cada vez cobrarán más importancia, porque la sociedad va hacia una mayor longevidad", advierte. Y cierra: "El Estado tiene que ser corresponsable para el despliegue de unos servicios sociales públicos universales y de calidad para abordar este asunto".

De su lado, Miguel Fadrique, secretario general de CGT, destaca “la lucha contra la precariedad laboral, que todavía es muy palpable en el Estado español y contra la brecha salarial de género", para apostar luego por "la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación en ciertos sectores con trabajos tóxicos, penosos y con alto índice de mortalidad y de siniestralidad". "Son batallas en las que aún hay que hacer hincapié todos los días, no sólo el 1 de mayo", apostilla. El eslogan para la jornada elegido por este sindicato es Recupera tu vida: por la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), por su parte, que saldrá a la calle bajo el lema Todo x Todas. Porque nos jugamos el futuro. Alcemos la voz, reivindica, al margen de la demanda de 35 horas semanales, “una revisión salarial para los trabajadores del sector público” o “una mejora en la jubilación”.

Junto a lo planteado, habrá otra cuestión inevitable este Primero de Mayo: lo laboral tendrá que hacerle hueco a lo político, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cancelara el pasado miércoles su agenda pública para reflexionar sobre su continuidad en el cargo, al calor de la admisión a trámite por parte de un juzgado de una denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, basada en informaciones de varios medios, alguna desmentida. Sánchez ha optado por seguir al frente del Ejecutivo y liderar la pelea por lo que ha rotulado como "regeneración democrática", como UGT y CCOO han decido clamar este 1M por la "decencia democrática”.

De hecho, en el manifiesto conjunto de ambos sindicatos se asevera que “la situación política apunta a una legislatura de difícil gestión con tono encendido en la confrontación política”. “España necesita racionalizar las discrepancias legítimas entre los partidos, para emprender los consensos necesarios ante las reformas, retos y desafíos que tenemos por delante. Para ello, debiera partirse del reconocimiento a la legitimidad de la actual mayoría parlamentaria, rebajando el tono de crispación política que limita gravemente la capacidad de dar respuesta a los verdaderos problemas de la ciudadanía”, concluyen.

Los 197 operadores que atienden el servicio de atención telefónica de la Tesorería de la Seguridad Social gracias a una subcontrata con la empresa de contact-center Konecta BTO se quedan sin trabajo el próximo jueves, 5 de octubre. El Ministerio de Seguridad Social no va a volver a sacar a concurso el contrato, que lleva ejecutando personal externo desde hace casi una década. A partir del día 6, el teléfono lo atenderán funcionarios de la Seguridad Social, o al menos es lo que Konecta BTO ha comunicado al comité de empresa y de lo que algunas direcciones provinciales de la Tesorería General han informado internamente.

De manera que el comité de empresa de Konecta BTO, integrado por CGT, CCOO, UGT, Solidaridad Obrera y Valorian, ha convocado un día de huelga para este mismo lunes. Porque, al expirar el contrato de la Seguridad Social, los 197 trabajadores se quedan en la calle, sin indemnización ni derecho a cobrar prestación de desempleo. “En el limbo”, según explica Goyi Sánchez, representante de CCOO en Konecta. Y, a juicio de los sindicatos, no debería ser así: reclaman que la Seguridad Social cumpla la Ley de Contratos del Sector Público y el convenio colectivo del sector de contact-centers, firmado el pasado de mes de mayo, y se haga cargo de los 197 trabajadores.

La ley, en su artículo 130.3, establece que “en caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba, si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general”. Y eso es lo que hace precisamente el convenio colectivo en su artículo 20: determina que las plantillas se subrogarán “cuando el cliente principal extinga el contrato mercantil de la campaña o servicio para internalizar el objeto principal de dicha campaña”.

Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Social se niega a subrogar a los operadores telefónicos, algunos de los cuales llevan atendiendo el 901 de la Tesorería General desde 2015, aunque sólo cobrando de Konecta desde 2019, cuando esta empresa se hizo con el contrato. Han ido pasando de adjudicatario en adjudicatario, como suele ser habitual en las subcontratas. El departamento que dirige José Luis Escrivá argumenta, tras “elevar las correspondientes consultas jurídicas”, que ahora “no se produce el supuesto de hecho que puede dar lugar a la subrogación”, sin precisar más. Es decir, que no le corresponde asumir a los trabajadores. Tampoco ha querido el ministerio confirmar a infoLibre si va a “internalizar” el servicio de atención telefónica para que lo presten funcionarios. Según indica, “la contratación de ciertos servicios de empresas externas para determinadas labores puntuales, así como la extinción de estos contratos, son procesos habituales en la Administración”. Konecta, concluye, “ha proporcionado un servicio y los trabajadores son de esa empresa, no son empleados de la Seguridad Social”.

Por el contrario, Lola Panero, responsable de la sección sindical de CCOO en la Seguridad Social, asegura que algunas direcciones provinciales sí han publicado instrucciones internas comunicando que la atención telefónica de la Tesorería la prestarán funcionarios del ministerio. Probablemente, algunos de los 2.000 interinos que se han incorporado a la Seguridad Social este año. “Pero no tenemos comunicación oficial”, se queja Panero, quien pide que este asunto se debata en la mesa delegada cuya convocatoria urgente han pedido al departamento. La dirigente sindical encuadra la asunción del servicio telefónico en la reestructuración que se está llevando a cabo para crear la Agencia de la Seguridad Social.

En mayo, después de que CCOO y CSIF convocaran una huelga –la primera de la historia de la Seguridad Social– en protesta por el mal funcionamiento de la atención a los ciudadanos, el ministerio firmó un acuerdo con los sindicatos donde se sientan las bases de un plan estratégico de recursos humanos. A su vez, el primer paso para reordenar las plantillas de cara a la creación de la futura Agencia. Entre otras medidas, el ministerio se compromete a acometer “un importante refuerzo de las unidades de gestión de la Seguridad Social” mediante la incorporación de los 2.000 interinos antes citados. Aunque también precisa que el empleo interino sólo podrá ser un recurso “excepcional”, sólo aceptable “para los estrictos casos indispensables, a fin de dar cobertura a nuevos servicios o para garantizar mediante un plan de choque la atención a la ciudadanía en las oficinas de la Seguridad Social”.

Este mismo viernes, el comité de empresa de Konecta y su responsable de Recursos Humanos se han reunido en los servicios regionales de mediación, en un último intento por evitar la huelga. Konecta le ha ofrecido aplicar un ERTE a partir del 6 de octubre, que presenta como una forma de que los trabajadores puedan cobrar prestaciones. Los representantes sindicales han rechazado lo que tachan de “ERTE exprés”, puesto que no tienen tiempo para cumplir en sólo unos días con los plazos de negociación exigidos por el Estatuto de los Trabajadores. “Konecta quiere saltarse la ley en su propio beneficio, reduciendo el procedimiento legal a su conveniencia económica y delegando en el SEPE lo que debería ser su responsabilidad”, critican en un comunicado público.

Este periódico ha contactado con Konecta BTO para preguntarle por el conflicto, pero la empresa se ha limitado a responder que está “trabajando en buscar una solución”. El ministerio adjudicó a Konecta en diciembre de 2019 el contrato para prestar el servicio de atención telefónica de la Tesorería General, por un importe de 16,26 millones de euros, impuestos incluidos. Tenía dos años de duración, pero fue prorrogado hasta cinco veces, la última vez el pasado 6 de julio. Por esos dos años adicionales, el ministerio pagó a Konecta un total de 9,96 millones de euros, de acuerdo con los documentos publicados en la Plataforma de Contratación del Estado.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la pérdida de 17.329 empleos en el sector sanitario durante el pasado mes de enero, como así lo han puesto en evidencia los datos de la Seguridad Social, según informa Europa Press.

"Este dato es inaudito teniendo en cuenta la grave situación que afronta nuestro Sistema Nacional de Salud, con la alta incidencia de patologías propias del invierno, la situación de colapso de la Atención Primaria, la saturación de los servicios de Urgencia en los hospitales, las listas de espera y el agotamiento de los profesionales por su situación laboral. Todo ello demuestra la falta de responsabilidad de nuestros responsables políticos, a costa de la salud y el deterioro de la asistencia a nuestros ciudadanos. Así no podemos continuar", ha dicho la organización sindical.

Por ello, el CSIF ha pedido amparo al Defensor del Pueblo y ha trasladado una queja al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la situación de emergencia sanitaria, ante la "dejadez" del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas.

Así, el sindicato ha exigido la convocatoria "urgente" del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para abordar la falta de personal y los problemas de planificación. "Nuestro sindicato considera que ha llegado la hora de liderar un pacto de Estado para reforzar nuestro sistema sanitario y mejorar las condiciones laborales. En reiteradas ocasiones hemos denunciado la marcha de profesionales y el envejecimiento de las plantillas", ha apostillado.

Desde la irrupción de la pandemia, el CSIF ha reclamado un refuerzo generalizado de las plantillas para situarse en la media europea, con un plan estratégico a 5-10 años. "Hacen falta 130.000 profesionales de Enfermería, 44.000 TCAES, 9.500 médicos de Atención Primaria, 1.250 matronas y 1.100 pediatras", ha zanjado.

La llegada del invierno, el déficit de personal y el "colapso" de la Atención Primaria ha saturado las urgencias hospitalarias en toda España, según ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), según informa Europa Press.

Según ha resaltado la organización sindical a través de un comunicado, la espera para lograr una cama en Urgencia llega a "dos días", los boxes de atención "doblan su capacidad" y en algunos casos las ambulancias "no pueden atender llamadas porque pacientes atendidos previamente no tienen cama en los centros hospitalarios".

"Esta situación es sobre todo consecuencia de la saturación de los servicios de Atención Primaria (hasta 15 días de demora), aunque hay otras causas, como el déficit de profesionales (el Sistema Nacional de Salud prescindió de 50.000 empleos entre septiembre y noviembre, según datos de la Seguridad Social), lo que provoca que el ciudadano acuda a los servicios de Urgencias hospitalarias para recibir atención", han justificado.

Ante este panorama, CSIF ha avanzado que buscará el amparo del Defensor del Pueblo ante el "recorte del derecho fundamental a la protección de la salud por la dejación de responsabilidades por parte de los responsables políticos, tanto de las comunidades autónomas como del Gobierno central".

Ante este escenario, CSIF ha vuelto a reclamar al Ministerio de Sanidad para que impulse un Pacto de Estado que "permita afrontar la grave situación de emergencia por la que atraviesa el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS)".

"Desde la irrupción de la pandemia, hemos reclamado un refuerzo generalizado de las plantillas. La Sanidad requiere de un plan estratégico a 5-10 años para situarnos en la media europea. Las diferencias con la UE arrojan un déficit de 130.000 profesionales de Enfermería, 1.250 matronas, 1.100 pediatras y 44.000 TCAES y 29.500 médicos de Atención Primaria. Asimismo, calculamos que haría falta contratar 176.000 plazas de otras categorías como psicólogos clínicos, fisioterapeutas o trabajadores sociales, entre otro personal del conjunto de la Sanidad", han cuantificado.

Para ello, además, ven necesario un incremento de la financiación del gasto sanitario, teniendo en cuenta que en España se invierten 2.027 euros por persona, mientras que la media europea es de 2.746 euros.

Igualmente, el sindicato ha criticado que el presupuesto de 176 millones destinado a la implementación del Plan de Acción de Atención Primaria en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 "está muy lejos de las necesidades reales".

"Entendemos que es necesaria una inversión de 4.000 millones para garantizar la implantación del marco estratégico, para subsanar el déficit estructural de personal y para la equiparación de recursos humanos de todas las categorías profesionales a la media de la UE", han remachado.

CSIF ha puesto algunos ejemplos de la situación de las Urgencias recabados por el sindicato en varias comunidades autónomas. En primer lugar, han denunciado que los servicios hospitalarios de Urgencias en la Comunidad de Madrid "están al borde del colapso por la situación en Atención Primaria y en Urgencias Extrahospitalarias".

Por ejemplo, el sindicato denunció hace unos días que, en las Urgencias del Hospital de La Paz, uno de los centros de referencia para una gran parte de la población madrileña, hay "falta de espacio físico y de medios materiales y humanos para atender a todos los pacientes".

En cuanto a Cataluña, han criticado que hospitales como Vall d' Hebrón, Bellvitge o Arnau de Vilanova (Lleida) "han duplicado su capacidad asistencial en Urgencias". "Por ejemplo, el hospital universitario de Bellvitge en Barcelona, con una capacidad de 90 puntos asistenciales en Urgencias, ha tenido que atender a más de 200 pacientes", han esgrimido.

En Andalucía, CSIF ha celebrado la renovación de los 12.000 profesionales sanitarios contratados como refuerzo COVID y a quienes se les terminaba el contrato el próximo 31 de diciembre, pero ha exigido que estas plazas "se conviertan en estructurales para paliar el déficit de profesionales en el Sistema Andaluz de Salud (SAS), uno de los motivos de la saturación tanto de las Urgencias como de la Atención Primaria".

En Murcia, las consultas de Atención Primaria y los ingresos hospitalarios en Urgencias por patologías respiratorias "se han incrementado durante las últimas dos semanas, lo que ha provocado una saturación de ambos servicios, debido principalmente al déficit de plantilla".

Por su parte, en Castilla-La Mancha, las Urgencias de los centros hospitalarios están "sobresaturadas" porque la Atención Primaria "no tiene capacidad para atender toda la demanda asistencial": "Por ejemplo, en el Hospital Universitario de Toledo se alcanzó el pasado lunes, 12 de diciembre, el récord de 698 pacientes atendidos, mientras que en el Hospital Universitario de Guadalajara se está llegando a los 450 pacientes".

En Castilla y León, la atención en las urgencias hospitalarias "se ha incrementado entre un 30 y un 40 por ciento con unas plantillas cada vez más reducidas, porque las plazas vacantes no se cubren ni se sustituyen jubilaciones", según CSIF, que advierte de que la situación ha llevado incluso que en el Hospital de León "se ingrese a niños en las UCI de adultos, donde el personal sanitario no tiene experiencia en pediatría".

En la Comunidad Valenciana, CSIF ha estimado que los servicios de Urgencias de los hospitales de La Ribera y Manises tienen una media de "37 y 30 pacientes, respectivamente, a la espera de cama": "En algunos casos llevaban más de 20 horas esperando. Los boxes se están duplicando, con cuatro pacientes en lugar de dos".

En La Rioja, el "colapso" de las Urgencias del Hospital San Pedro ha provocado incluso que "hasta seis ambulancias estuvieran esperando, con pacientes en su interior, hasta poder ser atendidos en los 36 boxes de Urgencias y los 18 de Unidad de Preingreso, ya que se encontraban totalmente saturados".

En Galicia, según CSIF, la sobrecarga en los servicios de Urgencias se debe principalmente, una vez más, al "déficit de personal en la Atención Primaria, con espera de hasta ocho días para tener una cita con el médico de Familia, por lo que el paciente acude a las Urgencias hospitalarias".

En Aragón, CSIF ha alertado de que en algún centro hospitalario "se han dado casos de hasta dos días de espera para que se le asignara cama a un paciente de Urgencias". CSIF Aragón ha instado al Gobierno regional a que contrate más personal para aliviar la saturación de la plantilla.

Por último, desde CSIF Extremadura denuncian que las Urgencias "están saturadas debido sobre todo al escaso personal sanitario, sumado al incremento de enfermedades respiratorias que suele darse en esta época del año".

Los funcionarios se han manifestado este sábado en Madrid, convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), "por una subida salarial justa, contra el empobrecimiento social y el deterioro de los servicios públicos", recoge Europa Press. El sindicato ha anunciado que a la manifestación han acudido más de 70.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno en Madrid ha realizado una estimación provisional de entre 15.000 y 17.000 personas.

A esta protesta, convocada para las 12.00 horas, estaban convocados trabajadores de toda España, tanto del sector público como del ámbito privado.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha afirmado que "el Gobierno está siendo ingrato con las trabajadoras y trabajadores de este país, tanto del sector público como del sector privado", y que la multitudinaria manifestación "es la primera evidencia de que está perdiendo el apoyo de la calle". Además, ha añadido que el Gobierno ha pasado de considerar a los empleados públicos como héroes durante la pandemia a "tratarles de manera ingrata y ningunearles".

Pese a que esta misma semana el Ministerio de Hacienda ha convocado a los sindicatos para iniciar el próximo miércoles la negociación de los sueldos en las administraciones públicas en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado, CSIF decidió continuar con la movilización ante la situación económica actual y la falta de eficacia de las medidas del Gobierno.

En concreto, CSIF exige al Gobierno una actualización de los salarios públicos en 2022, con carácter retroactivo, para recuperar el poder adquisitivo perdido este año en línea con la medida adoptada por Francia el pasado julio.

Además, reclaman un acuerdo de subida salarial plurianual que permita avanzar en la recuperación del poder de compra de los empleados públicos que se ha visto mermado desde 2010 y plantean al Gobierno abordar un debate transparente y objetivo sobre el futuro de las pensiones.

También piden la puesta en marcha de medidas económicas eficaces que ayuden a los trabajadores a combatir la "desmesurada" subida del precio de la cesta de la compra, de la luz y de la energía, e instan al Ejecutivo a garantizar unos servicios públicos de calidad aportando tanto los recursos materiales como humanos necesarios.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado este viernes que en septiembre organizará una "gran movilización en Madrid" para "trasladar al Ejecutivo el malestar" de los empleados públicos y exigir una actualización de sus salarios ante el repunte de la inflación, que en junio se situó en el 10,2% y en el 5,5% en el caso de la subyacente, informa Europa Press.

El sindicato también incluirá en esas protestas a los trabajadores de la empresa privada y al resto de la ciudadanía, según ha informado en un comunicado.

CSIF acusa al Gobierno de ignorar "las legítimas reclamaciones salariales de trabajadoras y trabajadores, tanto de la empresa privada como de las administraciones públicas" e insta al Ejecutivo a "dar ejemplo a la empresa privada" con una subida salarial en las administraciones.

El sindicato lamenta la posición del Grupo Parlamentario Socialista que al término del debate sobre el estado de la nación votó en contra de una propuesta de resolución planteada por Unidas Podemos en la que se planteaba la actualización de las retribuciones de los empleados públicos. Esa revisión elevaba los salarios de acuerdo con la inflación prevista más un porcentaje que permitiera recuperar en dos años la pérdida del poder adquisitivo de 2022.

Asimismo, CSIF recuerda que los socialistas rechazaron en bloque otra propuesta de resolución en la que se reclamaba un Pacto de Estado por los servicios públicos. Ante esa posición, el sindicato ha manifestado su preocupación "por el deterioro de los servicios públicos en ámbitos fundamentales del Estado del Bienestar".

Para mejorar los servicios públicos, como la sanidad o la educación, CSIF pide reforzar las plantillas y poner fin a la tasa de reposición, además de mejorar la inversión.

Estudiantes universitarios se han manifestado este jueves en varias ciudades del país para protestar contra la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en la que trabaja actualmente el Gobierno, y contra la Ley de Convivencia Universitaria (LCU), en trámite parlamentario, informa Europa Press. 

Las movilizaciones, convocadas por la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), Estudiantes en Movimiento y Frente de Estudiantes, han tenido lugar este jueves en varias ciudades del país como Madrid, Barcelona, Bilbao, Cáceres, Córdoba, Granada, Gran Canaria, León, Logroño, Málaga, Navarra, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid y Zaragoza. En la capital, la protesta se ha desarrollado frente al Congreso, mientras que en la ciudad condal ha sido en la Plaça Universitat.

A las protestas se ha unido también el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE), órgano colegiado adscrito al Ministerio de Universidades. Este órgano, que se reunió esta semana con el ministro Manuel Castells, trasladó su malestar al ministro por ambas reformas.

A juicio del CEUNE, la futura LOSU (en la que trabaja el Ministerio) no supone ningún avance con respecto a la Ley Orgánica de Universidades (LOE) vigente desde 2001, mientras que la Ley de Convivencia Universitaria (que fue aprobada esta semana en el Congreso con los cambios introducidos por PSOE, Unidas Podemos y ERC) "elimina el espíritu de mediación y resolución de conflictos que caracterizaba al proyecto de ley" original presentado por Castells.

"El estudiantado ha hablado y ha salido a la calle para reclamar que se les escuche y tengan en cuenta", ha señalado en declaraciones a Europa Press la vicesecretaria del CEUNE, Laura Alcaide. "Hoy nos hemos movilizado para mostrar nuestro rechazo al contenido de la LCU y la LOSU, porque sin el estudiantado no hay universidad". Según expone Alcaide, los estudiantes llevan "mucho tiempo" reclamando una "nueva perspectiva que no deje de lado a su estudiantado" en la futura Ley Orgánica de Sistema Universitario (LOSU).

Mientras que, en cuanto a la Ley de Convivencia Universitaria, que era un proyecto consensuado con los sectores de la comunidad universitaria, según recuerda Alcaide, ha sufrido "una gran modificación en el Congreso" que "repercute en los mecanismos de medicación comunes para las universidades españolas, posibilitando que puedan generarse desigualdades entre universidades y mermando los derechos del estudiantado".

La vicesecretaria del CEUNE espera que el poder legislativo decida "cambiar el rumbo" de ambas reformas. "De lo contrario, continuaremos reclamando y mostrando nuestro desacuerdo en todos los foros que nos sean posibles", advierte.

Además de las movilizaciones, que han sido también apoyadas por sindicatos como el CSIF, las asociaciones convocantes han llamado a realizar "paros académicos" para realzar la protesta. Estos paros han sido secundados en casi todas las provincias españolas, según ha indicado Alcaide. 

El mercado de trabajo continúa en septiembre la tónica de recuperación: ha creado 57.387 empleos mientras 76.113 personas han abandonado los registros del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). De esta forma, el empleo lleva ya cinco meses al alza y el paro encadena siete meses de caída. Aun así, 3,25 millones de trabajadores siguen desempleados, un número que roza el de enero de 2020, justo antes de que estallara la pandemia. La Seguridad Social cuenta ahora con 19,53 millones de cotizantes, prácticamente la cifra registrada en julio de 2019.

Sin embargo, en septiembre el comercio ha perdido 23.814 empleos asalariados y 16.601 la hostelería. Aunque con respecto al año pasado el primero gana aún 55.403 cotizantes –un 2,3% más– y la segunda 99.608 afiliados –un 8,3% más–. Las actividades que más empleo han creado este último mes del verano han sido, en cualquier caso, la educación, con 45.728 afiliados más, debido al inicio del nuevo curso, y las administrativas, con 26.125 nuevos trabajadores. Por el contrario, la sanidad ha reducido su músculo laboral en 13.311 personas. Aun así, cuenta con 75.371 asalariados más que hace un año, un aumento del 4,45%.

El buen ánimo del empleo también se deja notar en la contratación, que se ha disparado hasta los 1,92 millones de contratos, una cifra que no se rozaba desde 2019. Son un 17,85% más que en septiembre de 2020. En lo que va de año ya se han firmado 13,78 millones de contratos, un 19% más que hace un año, cuando la actividad aún renqueaba por las restricciones que acompañaban a cada nueva ola del virus. Además, han experimentado un considerable aumento los contratos indefinidos, que representan el 11,26%, tras crecer un inusual 82,11% respecto a agosto y un 32,77% respecto a septiembre de 2020. El número de los temporales se ha elevado mucho menos: un 32,48% en comparación con agosto y un 16,19% en variación anual.

El 31% de los trabajadores de agencias de viajes, aún en ERTE

Por lo que se refiere a los trabajadores acogidos a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), también continúa su descenso, aunque a menos ritmo. En septiembre han salido de este esquema de protección 32.960 personas. En agosto fueron 59.296. Quedan ahora bajo este paraguas público un total de 239.230 trabajadores, de los 3,6 millones que llegó a haber en lo más duro del confinamiento. De ellos, 151.605 están inmersos en ERTE por los que sus empresas disfrutan de exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social. También 283.747 autónomos están cobrando la prestación por cese de actividad.

En total, el 1,6% de los cotizantes continúan en ERTE. Pero con enormes diferencias dependiendo del sector de actividad. Las agencias de viajes siguen teniendo casi al 31% de sus trabajadores acogidos a estos mecanismos de protección del empleo, mientras que las líneas aéreas mantienen al 14,65% de sus plantillas, las casas de apuestas y casinos al 12,13% y los hoteles, al 10,53%. Y la concentración sectorial se traduce en concentración geográfica por el peso del turismo. Las Palmas tiene al 4,77% de sus asalariados en ERTE, Santa Cruz de Tenerife al 4,08%. Baleares, al 3,73%.

Madrid, donde el virus más ha aumentado el paro; Baleares, donde menos

Lo que no es obstáculo para que, al mismo, donde más caído el paro en septiembre, tanto en términos absolutos como relativos, ha sido en Canarias, con 20.700 desempleados menos que en agosto, un 8,8%, seguida de Cataluña, con 12.658 personas menos registradas en el SEPE.

Por el contrario, la comunidad autónoma donde más ha crecido el desempleo desde que se desencadenó la crisis del coronavirus ha sido Madrid, con un alza del 16,6%, por delante de la Comunidad Valenciana, con un 15,5%. En Canarias, la pandemia ha aumentado el desempleo en un 2,8% y en el País Vasco, un 1,9%. En el resto de los territorios, el paro ha disminuido. Donde más, en Baleares, un 14,4%.

Al reducirse el número de trabajadores en ERTE también se ha recortado el gasto en prestaciones por desempleo, un 29,7% el pasado agosto –las estadísticas sobre prestaciones se publican con un mes de retraso respecto a las de paro– en comparación con 2020. De forma que la cobertura ha pasado del 82,3% hace un año al 62,9% actual.

Más recursos para el SEPE y para formación

A la vista de estas cifras, UGT ha pedido al Gobierno que incluya en los Presupuestos Generales para 2022 más recursos para el SEPE, “mermado tras años y años de recortes” y dé un “impulso decidido” a las políticas activas de empleo –formación y recualificación profesionales–, que considera necesarias para acabar con las elevadas cifras de paro de larga duración y con la precariedad “estructural” del mercado de trabajo español. CCOO, por su parte, llama la atención sobre el hecho de que el mayor crecimiento del empleo se produzca en septiembre en el sector de la educación. “El profesorado es despedido durante los meses de verano y luego contratado de nuevo en septiembre”, recuerda.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) destaca la pérdida de 29.283 empleos en la Administración Pública en septiembre, de los cuales 15.972 corresponden a la educación y 13.311 a la sanidad.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este miércoles que el Gobierno ha adoptado una resolución para que, a partir del 1 de octubre, el teletrabajo en la Administración General del Estado se restrinja como máximo a un día a la semana (un 20% de la jornada), frente a los tres días semanales que se habían acordado con los sindicatos para la fase de normalidad. Esta resolución, que CSIF se ha negado a suscribir, establece además la finalización del sistema de cita previa para el 31 de diciembre.

Para el sindicato, la resolución que se ha tomado, que sustituye a otra que permitía hasta cuatro días de trabajo a distancia, no reúne los requisitos necesarios para garantizar en las mejores condiciones la vuelta al trabajo presencial. CSIF propone un modelo de 40% en presencia física y 60% en trabajo telemático (3 días a la semana), con un criterio similar al que se ha acordado para la etapa de normalidad, según informa Europa Press. "De esta manera se podría retornar a la presencia física con máximas garantías de seguridad de todos los empleados públicos y permite desarrollar el trabajo telemático, que ha sido muy positivo en la Administración General del Estado", defiende el sindicato.

La resolución adoptada por Función Pública sólo introduce, como excepciones, que se pueda desarrollar el 100% de la jornada en la modalidad telemática en los casos de personas con cáncer o inmunodeficiencia; por motivos de cuarentena; en zonas en las que se produzca un repunte o nuevas olas del covid, y en el personal en el Exterior en determinadas circunstancias.

Según CSIF, la resolución también establece que las reuniones serán presenciales con carácter general o en modo mixto; levanta la prohibición a los viajes, aunque dando prioridad a las videoconferencias; prioriza que los cursos sean por medios telemáticos; e incentiva también los medios telemáticos para las pruebas selectivas. "La Administración debería poner en valor la experiencia positiva que ha supuesto el desempeño del trabajo en modo telemático que durante todos estos meses de pandemia ha garantizado el funcionamiento de la Administración y el mantenimiento de prestaciones a los ciudadanos en ámbitos como el Empleo, la Hacienda Pública, la Seguridad Social y tantos otros que suponen la columna vertebral de nuestro Estado", subraya CSIF.

El sindicato que preside Miguel Borra insta al Ministerio de Hacienda y Función Pública a elaborar "sin dilación" una norma que plasme el acuerdo de teletrabajo en la AGE, que es el que, a su juicio, debería ser de aplicación en condiciones normales cuando termine la actual crisis sanitaria. El pasado mes de abril, el Gobierno acordó con los sindicatos que los funcionarios de la AGE podrían teletrabajar de manera voluntaria tres días a la semana, mientras que los dos días restantes serían de carácter presencial.

CSIF denuncia además que esta vuelta a la presencialidad se va a realizar con unas plantillas "bajo mínimos". "El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por ejemplo, rescindirá el contrato de otros 500 interinos a finales de este mes y a finales de año habrán salido las 1.500 personas que se contrataron de refuerzo por el covid", advierte.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha comunicado la decisión de prescindir de los 1.500 trabajadores que se contrataron para reforzar el organismo durante la avalancha de expedientes generados por la pandemia y ha pedido que se lleve a cabo su renovación, según informa Europa Press.

En concreto, un total de 1.000 interinos cesarán entre el próximo 30 de junio y el 30 de septiembre y los restantes terminarán su relación contractual a finales de año (el 31 de diciembre).

CSIF ha manifestado su rechazo a esta decisión y ha apuntado que supone prescindir de cerca del 20% de la actual plantilla, lo que pondrá en riesgo la viabilidad del SEPE "ante la carga de trabajo que se tendrá que repartir sobre las espaldas de los trabajadores".

El responsable de CSIF en el SEPE, Manuel Galdeano, ha afirmado que le parece "una falta de responsabilidad, una desfachatez y una absoluta falta de sensibilidad" por parte de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Además, ha avisado de que esta decisión "va a poner en serio riesgo" la viabilidad de un organismo muy tensionado por los miles de expedientes que se están gestionando todos los días y que supone una carga de trabajo 300% superior a la que había antes del covid.

Según Galdeano, hay que tener en cuenta que muchos de los actuales expedientes de regulación temporal de empleo se van a transformar en expedientes de regulación de empleo.

Por ello, ha reclamado a Trabajo que se renueve a los 1.500 interinos "en aras del servicio público", pero también ha instado a que se convoque una oferta de empleo extraordinaria y específica del SEPE y a que se implante la jornada de tarde en el organismo.

"Urge una dotación suficiente de recursos humanos, estructurales y profesionalizados, ante la situación de emergencia social por el covid y la más que probable evolución negativa del mercado laboral, tal y como apuntan distintos organismos nacionales e internacionales", según CSIF.

El Juzgado de lo Social número 3 de Talavera de la Reina (Toledo) ha reconocido por primera vez en España, tras una denuncia interpuesta por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la enfermedad profesional a una persona que trabaja en el sector sanitario y que se contagió del coronavirus. "Estamos ante la primera sentencia que reconoce el covid-19 como una enfermedad profesional, lo que da la razón al CSIF ya que hemos defendido desde el principio de la pandemia que el contagio del coronavirus debe ser reconocido como enfermedad profesional para todos los que prestan servicios en centros sanitarios", ha dicho la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de la organización, Encarna Abascal, en declaraciones recogidas por Europa Press.

En concreto, la sentencia afecta a un auxiliar administrativo que, pese a sufrir en dos ocasiones una incapacidad temporal por síndrome respiratorio agudo derivado del covid-19 y, posteriormente, disnea y alteraciones respiratorias, tanto la seguridad social como la mutua colaboradora Solimat le denegaron el reconocimiento de la enfermedad profesional.

Sin embargo, la sentencia señala que está acreditado que esta persona sufrió un primer proceso de incapacidad temporal con diagnóstico de síndrome respiratorio agudo severo asociado al coronavirus y, por tanto, que sufrió una enfermedad recogida en el listado de enfermedades profesionales. Además, el tribunal también considera probado que estuvo expuesto a un riesgo de exposición al coronavirus en su profesión.

Respecto a la segunda incapacidad temporal con el diagnóstico de disnea y alteraciones respiratorias, el juez entiende que no existen dudas de que son consecuencias derivadas del contagio por covid-19 y que, en consecuencia, debe ser considerada igualmente enfermedad profesional. "Esta sentencia es un primer paso y esperamos conseguir muchas sentencias más ya que tenemos centenas de reclamaciones en vías de efectuarse y sabemos que muchos profesionales quieren reclamarlo", ha aseverado Abascal.

No obstante, ha avisado de que hasta el mes de marzo se han registrado 13.252 accidentes de trabajo por covid-19 entre las personas que trabajan en el sector sanitario, 24 de ellos mortales, aunque según las cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad 128.280 profesionales se han contagiado coronavirus. Esto supone que sólo se están reconociendo como accidente laboral por covid-19 un 10 por ciento de los casos en el personal sanitario.

"Estamos hablando de unas cifras escandalosas, ya que significan que a más de 100.000 sanitarios no se les está reconociendo el covid-19 como un accidente de trabajo", ha lamentado Abascal. Estas declaraciones han sido corroboradas por el presidente del sector de Sanidad del CSIF, Fernando Hontangas, quien ha denunciado que la actitud que han mantenido las administraciones hacia estos profesionales el "peor maltrato" que ha habido en la historia de la sanidad.

A su juicio, no se ha querido declarar enfermedad profesional porque las administraciones no han tenido la capacidad de realizar un seguimiento de los casos, por lo que les ha pedido que reconozcan esta enfermedad profesional y refuercen los servicios de prevención de los centros.

Una Semana Santa a medio gas ha hecho posible en marzo un tímido aumento del empleo en 70.790 personas y el primer descenso en el paro registrado desde septiembre, que a su vez ha permitido bajar de nuevo de la cifra maldita de los cuatro millones de desempleados –hasta los 3,95 millones–. Aun así, la cifra de afiliados a la Seguridad Social continúa por debajo de los 19 millones –18,92 millones– y se mantienen en ERTE 743.628 trabajadores, un dato que el propio Ministerio de Inclusión califica de “estable” desde el fin del pasado verano. Respecto a febrero, en cualquier caso, los asalariados en esta situación se han reducido en 115.913. Y desde el pico del confinamiento, el pasado mes de mayo, han salido de estos esquemas de protección 2,9 millones de personas. Un año después de que estallara la pandemia continúan en ERTE el 5,19% de los cotizantes, hay 85.858 afiliados menos a la Seguridad Social y 401.328 parados más. Hay que tener en cuenta que en marzo de 2020 se perdieron 243.469 empleos en sólo 15 días, una vez decretado el estado de alarma. De la debilidad del aumento de cotizantes este último marzo da cuenta la comparación con los años anteriores: es el menor desde 2013, cuando sólo hubo 30.258 nuevas altas. En los marzo prepandemia, el alza de la afiliación podía superar las 150.000 personas, el doble de lo que ha crecido este año.

Con la expectativa del puente de San José y la Semana Santa al comienzo de abril, la hostelería se dio un respiro y aumentó el empleo en un 3,29% en marzo; es el sector que más creció. El número de cotizantes subió en 31.421 personas, pero es poco menos de la mitad de lo que se expandió en 2019 –con la Semana Santa casi a finales de abril–, cuando el empleo en el sector medró en 57.401 personas, un 4,8%, o en 2018 –la Semana Santa cayó en marzo–, cuando el alza fue de 58.612 trabajadores, un 5,09%. De manera que, pese al tímido repunte, la hostelería sigue aún batiendo récords de pérdida de empleo, con unos datos de afiliación que aún permanecen un 16,7% por debajo de las de hace un año.

Ese ligero empuje lo han notado también en Baleares, la comunidad autónoma donde más creció el empleo este último mes, un 1,59%, y donde más ha encogido el paro registrado, un 7,13%. En Canarias, el aumento de la afiliación se ha sentido mucho menos, un 0,45%, con un descenso del desempleo del 3,3%. En Madrid, pese a que las restricciones son mucho más laxas, sólo ha aumentado un 0,4%, menos que en Cataluña –0,5%–, Murcia o Cantabria –0,89% las dos–.

Faltan aún 300.000 contratos

En todo caso, los ERTE siguen mostrando donde está la herida de la pandemia. De los 743.628 trabajadores con el contrato suspendido o la jornada reducida, 243.595 corresponden a bares y restaurantes, y otros 111.721 a hoteles, mientras que las agencias de viajes suman 22.723, las casas de apuestas 12.134 más y las actividades recreativas, 32.274. En total, 422.447 personas, el 56,8% de los asalariados en ERTE trabajan en la hostelería y el turismo. O visto desde otro ángulo: los bares y restaurantes tienen a la tercera parte de sus plantillas en esta situación. El comercio, el segundo sector más afectado, aporta 32.024 trabajadores protegidos a esta estadística.

Por el contrario, crecen en empleo, además de la construcción –15.767 trabajadores más–, animada por la mejoría estacional, la educación –8.622– y la Administración pública –5.790–. Pero lo reduce la sanidad, con 3.257 asalariados menos, y los bancos y aseguradoras –una caída de 2.067–. Según denuncia el sindicato CSI-F, la sanidad pública ha destruido sólo durante el primer trimestre del año, en plena pandemia, un total de 14.582 empleos.

También ha aumentado el número de autónomos. Hay 24.984 más que hace un año, mientras que 470.000 están cobrando la prestación por cese de actividad.

El Ministerio de Trabajo destaca el fuerte crecimiento en el número de contratos indefinidos, que ha experimentado un alza del 42,5% respecto a febrero y llegan a representar el 14,76% de los 1,4 millones firmados en marzo. El departamento de Yolanda Díaz atribuye el crecimiento a la “labor de la Inspección de Trabajo” en la lucha contra el abuso de la contratación temporal que, ha subido un 7,7%. Según ha explicado el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, se han convertido casi 112.000 contratos temporales en indefinidos. No obstante, los contratos siguen al ralentí. Un mes de marzo normal, de los de antes de la pandemia, la contratación total habría alcanzado la cifra de 1,7 millones.

Sorpresa y alerta

UGT alerta de que el aumento del desempleo y el mayor riesgo de paro de larga duración, ante la prolongación de la pandemia, hacen necesario acelerar la reforma de las políticas activas de empleo –formación y recualificación de los trabajadores–, teniendo en cuenta que el 57,7% de los parados son mujeres y un 9% jóvenes.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha mostrado su sorpresa por los datos de paro de marzo, pues tal y como se inició el mes parecía que iban a ser peores, según ha explicado en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE). A su juicio, y siempre que funcione la campaña de vacunación, la economía puede experimentar un fuerte impulso en el segundo semestre del año que, no obstante, no debe ir acompañada de una bajada de los salarios.

Para la CEOE , es preocupante “el repunte en la destrucción de empresas”, del 6,89% en enero y del 7,47%, en febrero de 2021. La patronal cree que ese aumento refleja que los ERTE y otras ayudas resultan “insuficientes para paliar los efectos de la prolongación de la crisis sanitaria sobre la actividad económica”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha avisado este lunes de que más de la mitad de los docentes comprometidos por las comunidades autónomas para hacer frente a las necesidades del nuevo curso escolar en el marco de la pandemia del coronavirus aún no han llegado a los centros.

Así lo ha denunciado el responsable de Educación del sindicato, Mario Gutiérrez, en una rueda prensa ofrecida para advertir de las carencias detectadas en el inicio del curso escolar 2020/2021.

En concreto, CSIF estima que del cupo de 38.252 profesores anunciado por las administraciones autonómicas, faltan por llegar a los centros educativos un total de 22.999 docentes.

En su intervención, Mario Gutiérrez ha detallado los principales problemas detectados por el sindicato ante el comienzo del curso, que pasan por falta de personal, ratios elevadas, problemas de espacio y falta de material de protección frente al Covid-19, como mascarillas transparentes para la docencia o termómetros para la medición de la temperatura.