España se encuentra entre los primeros de una lista 62 países –37 Estados miembros y 25 socios– de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en integridad de su sistema judicial. La organización internacional con sede en París ha analizado los indicadores de anticorrupción de la judicatura y la Fiscalía española, y coloca a ambos cuerpos por encima de la media de los Estados analizados. El informe Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026, publicado el pasado 24 de marzo considera, en contra de la apreciación de gran parte de la derecha política y judicial y de las asociaciones corporativas, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es "un órgano independiente", según las normas del organismo que, junto a la Comisión Europea y el Consejo de Europa, evalúa periódicamente la calidad de la democracia.

Las conclusiones que alcanza el documento sobre la integridad de la judicatura, la Fiscalía y sus órganos de gobierno coloca a España por delante de otras grandes economías europeas como Italia, Francia o Bélgica. Mientras que en los indicadores relativos al funcionamiento de la judicatura la coloca en décima posición, en los del Ministerio Público aparece en el décimosegundo puesto. En el apartado reservado a los jueces se cumple el 88% de los criterios sobre normativas de integridad judicial, criterios que, en la práctica, se implementan al 64%. La media de los países analizados en este campo se sitúa en el 66% y el 45%, respectivamente.

La OCDE valora la regulación constitucional de los miembros del Poder Judicial que, según la norma fundamental son "independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley". También que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) garantice esa inamovilidad y establezca "las causas objetivas de su cese". Esa misma norma legal "establece que la selección y promoción de los jueces debe basarse en procedimientos objetivos y basados en el mérito, incluyendo exámenes", prosigue el documento.

El análisis sobre integridad y anticorrupción también se refiere al CGPJ, "el órgano encargado de decidir sobre el nombramiento y promoción de los jueces". El Consejo, continúa el informe, "es un órgano independiente según las normas de la OCDE". La afirmación contrasta con la visión de la derecha judicial y política, que considera que la institución está politizada e instrumentalizada por los partidos que proponen a sus miembros. Las organizaciones judiciales conservadoras –todas salvo Juezas Jueces para la Democracia– al igual que las formaciones políticas de derechas, proponen como solución que los 12 vocales procedentes de la carrera de los 20 que integran el órgano sean elegidos directamente por la carrera sin intervención del Parlamento. Sin embargo, lo que avala la OCDE es el sistema parlamentario de renovación actualmente vigente, el preferido por el Gobierno y la asociación judicial de izquierdas.

Otro de los aspectos que subraya el documento es la existencia de un código de principios de ética judicial, que el Consejo aprobó en 2016, así como el hecho de que la ley regule "una lista de incompatibilidades que deben observar los jueces y las situaciones que pueden dar lugar a conflictos de intereses". Sin embargo, la OCDE afea que la normativa solo obligue a presentar declaraciones de intereses a "los miembros de los máximos órganos del Poder Judicial". "Mientras las declaraciones de todos los miembros del CGPJ están disponibles en línea, las declaraciones de intereses de los magistrados del Tribunal Supremo no son públicas", advierte.

La necesidad de conocer los intereses de estos altos magistrados fue objeto de controversia el pasado noviembre. Tras la inhabilitación del ex fiscal general, los medios publicaron que tres de los magistrados del tribunal que lo condenó daban clases en el colegio de abogados de Madrid que, a su vez, era acusación en el proceso. Uno de ellos, además, dirigió la tesis doctoral del abogado que representaba a Alberto González Amador, el denunciante y novio de Isabel Díaz Ayuso, y a otro letrado de la asociación de fiscales APIF, que actuó como acusación popular.

Por último, el documento valora la existencia de un canal interno de denuncias de irregularidades, "que permite a las personas denunciar conductas indebidas". Los denunciantes están protegidos por la Ley de Protección de las Personas que Informen sobre Infracciones Normativas y de Lucha contra la Corrupción, aprobada en febrero de 2023. "El sitio web del canal de denuncias contiene información sobre los derechos de los denunciantes, los procedimientos para denunciar conductas indebidas y los datos de contacto para presentar las denuncias", subraya el documento.

La valoración de la integridad de la Fiscalía es algo menor, pero también muy alta. El Ministerio Público español cumple con el 76% de los criterios normativos anticorrupción, que se cumplen en la práctica al 74%, según la OCDE. Dichos porcentajes también se colocan por encima de la media de los 62 países analizados (66% y 52%, respectivamente) lo que sitúa a España por encima de varias de sus principales socios europeos también en este campo. Como en el caso de los jueces, en el de los fiscales se valora que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la LOPJ establezcan "las garantías de integridad del sistema fiscal", entre ellas "los motivos objetivos para el cese de los fiscales" y los "procedimientos objetivos y basados en el mérito para su selección y promoción".

El informe valora que esas mismas normas definan "las circunstancias y relaciones que pueden dar lugar a situaciones de conflicto de intereses para los fiscales y las circunstancias que podrían dar lugar a la recusación de los fiscales". Sin embargo, como en el caso de los jueces, reprocha que los miembros de la Fiscalía no estén obligados a presentar declaraciones de intereses.

La OCDE recomienda a España que disminuya la fiscalidad sobre el trabajo, que desincentiva en algunos casos la búsqueda y la creación de empleo, y que, en su lugar, incremente el IVA mediante la supresión de exenciones y las tasas medioambientales, según informa EFE.

Así lo recoge un informe publicado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que incluye propuestas de reformas a los países para aumentar la productividad y el crecimiento.

El trabajo señala que España ha mostrado una evolución positiva en los últimos años, con una reducción de la brecha de su producto interior bruto (PIB) per cápita respecto a la media.

Esa brecha se agrandó con la pandemia, cuando la economía española sufrió particularmente, y se situó en torno al 35% en 2020, pero desde entonces se ha reducido hasta quedar en el 30% en 2024, un porcentaje, sin embargo, aún "significativo".

Para reducirlo aún más, acelerar la productividad y afrontar el envejecimiento de la población, las recetas de los autores del estudio son, entre otras, un mercado laboral más flexible, un sector empresarial más dinámico y más inversión en investigación y desarrollo (I+D).

Del sistema tributario, los autores critican que la fiscalidad sobre el trabajo es alta, en particular por la interacción de las "elevadas" cotizaciones, y la rápida retirada de prestaciones sociales para los trabajadores con bajos ingresos que tienen hijos a su cargo o a los que sustentan la familia, y que pierden así un aliciente para mantenerse en actividad.

También cargan contra las exenciones del IVA y los tipos reducidos que se aplican a este impuesto sobre el consumo, y que reducen la base imponible.

Su receta es "impuestos menos distorsionadores" como el IVA y los medioambientales, y eliminar gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos al trabajo.

En educación, la OCDE recuerda que el fracaso escolar y el abandono temprano de la formación, aunque ha habido mejoras recientemente, sigue siendo mayor en España que la media de la organización. Además, el porcentaje de estudiantes de Formación Profesional y el de quienes llegan al nivel superior de secundaria está por debajo.

Por eso, apuesta por una identificación temprana de los estudiantes de riesgo, planes flexibles para Formación Profesional, segundas oportunidades para los que han abandonado sus estudios y formación para los adultos que necesitan actualizar capacidades.

Sobre este último aspecto, propone procedimientos que validen las competencias adquiridas en el puesto de trabajo para los adultos y la creación de trayectorias de formación individuales.

Los autores del informe identifican fallos como la falta de correspondencia entre capacitaciones y necesidades del mercado laboral o carencias de los servicios autonómicos de empleo, que deberían reforzarse con la digitalización, más personal y una cooperación reforzada con el sector privado.

La OCDE reconoce que la política española de adaptación al cambio climático está en línea con las mejores prácticas, pero señala que su aplicación es desigual a nivel autonómico y local y falta inversión en medidas preventivas, sobre todo teniendo en cuenta que España se enfrenta a costes cada vez mayores por catástrofes vinculadas con ese fenómeno. 

Un punto positivo que señala es que España ha aumentado significativamente la generación de electricidad renovable, que ya es más de la mitad, aunque cree que hay que "seguir agilizando" la concesión de permisos y la inversión en infraestructuras de red, incluidas las interconexiones, para "hacer frente a la congestión y a las restricciones de suministro".

La OCDE aconseja simplificar los procedimientos de solicitud y cobro de ayudas con una plataforma digital de ventanilla única, impulsar sistemas de financiación que permitan conectar a las pymes con los mercados de capitales y ampliar el asesoramiento digital para que esas pymes integren la inteligencia artificial, servicios en la nube y el análisis de datos.

España está a la cabeza de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el acceso que proporciona a los ciudadanos a la información pública: en transparencia. También en el control de los conflictos de intereses de los políticos y altos cargos. Sin embargo, al igual que recogió el último Informe sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea y el del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, nuestro país suspende por la ausencia de regulación del lobby, la influencia en la política de los grupos de interés. El Estado Español también queda a la cola de los países analizados en el control de la financiación de los partidos.

La organización internacional con sede en París ha hecho público su informe sobre Perspectivas de anticorrupción e integridad de 2026. En su apartado sobre España, el informe hace referencia al Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción anunciado por Gobierno el pasado julio tras conocerse la implicación del ex secretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes José Luis Ábalos y la de su sucesor como número tres del partido, Santos Cerdán, ambos estrechos colaboradores del presidente Pedro Sánchez, en la trama de comisiones ilegales ligadas a obra pública que se investiga en el caso Koldo.

La OCDE valora ese plan y el anteproyecto de ley orgánica de integridad pública en el que se ha traducido (aprobado el 17 de febrero por el Consejo de Ministros), como "la primera estrategia anticorrupción de España adoptada a nivel gubernamental". La iniciativa, que está todavía en elaboración y no ha sido remitida al Parlamento, pero el informe valora que contemple la creación de una nueva Agencia de Integridad Pública independiente, que en caso de ser aprobada, "integraría las competencias de la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude".

El hecho de que la nueva norma todavía no esté aprobada coloca a España en la parte media baja de la tabla de países analizados en lo que respecta a su "marco estratégico" contra la corrupción. El Estado cumple sobre el papel el 53% de los criterios de la OCDE sobre la solidez de este marco, pero en la práctica solo se cubren el 17%. El dato es malo, porque 16 de los 62 países analizados carecen de cualquier tipo de plan estratégico. Entre los que sí lo tienen, España se encuentra el 14 por la cola.

El plan anunciado por Sánchez el pasado verano "identifica los riesgos actuales para la integridad pública a los que se enfrenta el país", dice el documento, que subraya que, algunos indicadores en los que España sale peor parada, como el del control de la financiación de los partidos políticos. Sin embargo, hasta el momento, el Estado "no tiene un plan de acción en vigor", dice, a lo que añade: "Como la estrategia se adoptó muy recientemente, no se dispone de informes de seguimiento de su implementación".

De todos los aspectos recogidos en el plan anticorrupción de Sánchez que analiza la OCDE, aquel en el que España sale mejor parada es, el "acceso a la información pública", es decir, la transparencia, en la que se encuentra en el puesto seis de los 62 países y por delante de Francia, Alemania, Países Bajos o Italia. La normativa española cumple con el 89% de los criterios de la organización, de los que, en la práctica, se cumple el 81%. La media de los Estados analizados queda por debajo, en el 72% y el 62% respectivamente.

El informe subraya que la Ley de Transparencia "establece que todas las personas, incluidas las personas jurídicas y los ciudadanos no nacionales, tienen derecho a acceder a la información en todas sus formas" con las únicas restricciones que recoge esa norma. También resalta la documentación pública que a la que se puede acceder en línea, como "los programas de las reuniones del Gobierno, las agendas de los ministros, el registro de la propiedad, los salarios de los altos funcionarios individuales y las licitaciones públicas anunciadas por el Gobierno central y sus resultados". También "la mayoría de las declaraciones de bienes e intereses", aunque no "las de los jueces del Tribunal Supremo".

La necesidad de conocer los intereses de estos altos magistrados fue objeto de controversia el pasado noviembre. Tras la inhabilitación del ex fiscal general los medios publicaron que tres de los magistrados del tribunal que lo condenó daban clases en el colegio de abogados de Madrid que, a su vez, era acusación en el proceso. Uno de ellos, además, dirigió la tesis doctoral del abogado que representaba a Alberto González Amador, el denunciante y novio de Isabel Díaz Ayuso, y a otro letrado de la asociación de fiscales APIF, que actuó como acusación popular.

El segundo de los aspectos en el que España obtiene una muy buena calificación es la regulación de los conflictos de interés. "España cumple el 89 % de los criterios (...) y presenta un excelente rendimiento en la práctica, cumpliendo el 89 % de los criterios, frente a la media de la OCDE del 80 % y el 45 %, respectivamente", recoge el documento. "Todos los miembros del Gobierno y del Parlamento han presentado declaraciones de intereses en los últimos seis años, y todos los funcionarios de alto nivel recién nombrados (...) en los últimos cuatro años".

Además, prosigue el informe, "todas las declaraciones presentadas durante los dos últimos años naturales fueron verificadas por la Oficina de Conflictos de Intereses, que emite recomendaciones cada vez que se detecta un caso de conflicto de intereses". El texto solo recoge una pega: los jefes de gabinete, que se considera que ocupan "puestos de alto riesgo", no están sometidos a esa obligación. Otro de los ámbitos en el que nuestro país se encuentra por encima de la media es la integridad de su sistema judicial, tanto desde el punto de vista de la judicatura como de la fiscalía.

En junio de 2018, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, perdió la moción de censura en la que resultó investido Pedro Sánchez. El motivo fue la sentencia del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que ha afectado al PP, que terminó condenado como "partícipe a título lucrativo". Pero el partido de Sánchez, el PSOE, también se enfrenta ahora a un importante caso de corrupción, el caso Koldo, que afecta a los que fueron dos de sus principales dirigentes y colaboradores del jefe del Ejecutivo, Ábalos y Cerdán.

La OCDE concluye ahora que la regulación del sistema de financiación de partidos políticos es una de las grandes asignaturas pendientes del sistema anticorrupción en España. Sobre el papel, según el informe, España cumple el 70% de los criterios de la organización (76% es la media) gracias a la Ley de Financiación de Partidos. El texto valora su sistema de sanciones y la prohibición de las contribuciones a las formaciones de empresas públicas, empresas extranjeras y Estados extranjeros.

"Sin embargo, el marco normativo no prevé prohibiciones más amplias sobre el uso de fondos y recursos públicos a favor o en contra de un partido político", sostiene. Campos como la regulación de las televisiones y medios públicos o la publicidad institucional con la que algunas administraciones riegan a sus medios afines parecen entrar en este capítulo.

Pero el problema, más que la normativa, es la práctica, en la que España solo supera el 43% de los criterios frente al 58% de media en la OCDE. El organismo supervisor es el Tribunal de Cuentas, y cuenta con todos los medios para desarrollar su labor. "Sin embargo, no todos los partidos presentaron sus cuentas anuales dentro de los plazos (...) en 2023, y otros no las presentaron en 2024", refleja el documento. "Además, las cuentas relacionadas con las elecciones y los informes financieros de todos los partidos no están a disposición del público".

Por último, otro de los apartados en los que España suspende reiteradamente en todos los organismos internacionales que evalúan sus indicadores democráticos, es el lobby, el control de la influencia en los políticos y altos cargos de los grupos de interés. El informe recoge que se está elaborando una regulación –el proyecto de ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, actualmente en tramitación parlamentaria– pero el cumplimiento actual de los criterios de control de la OCDE para estas organizaciones en España sigue siendo terreno por explorar.

La normativa –la ley de Altos Cargos– solo recoge períodos de incompatibilidad para los cargos públicos una vez que dejan esos puestos de responsabilidad, pero "no existe regulación alguna sobre el cabildeo (lobby), ni un registro de grupos de interés", advierte el informe. Esa disposición y la orden que obliga a cualquier empresa a inscribirse en el Registro Mercantil para poder identificar a suss propietarios solo cumplen el 40% de los criterios formales de la OCDE

La Agencia Internacional de la Energía, el principal referente global de previsiones energéticas, ha publicado este miércoles su esperado informe anual, en el que calcula que la economía global se encamina a un peligroso incremento de la contaminación durante las próximas tres décadas, agravando el calentamiento global y los desastres naturales. El escenario más pesimista de análisis –que solo da por válidas las políticas ambientales que están en marcha– anticipa que el consumo de petróleo y gas en el mundo seguirá creciendo hasta 2050, pese a que el consenso anterior prometía tocar el techo de los combustibles fósiles en 2030.

Si la economía global continúa funcionando en la dirección actual, el consumo de gas y petróleo "continuará creciendo hasta 2050, mientras que el carbón comenzará a menguar antes de finales de esta década", según los analistas de la agencia. La razón es que el consumo de energía en el planeta crecerá con fuerza en los próximos años –un 15% de aquí a 2035, en este escenario– y el gas se abaratará por el incremento de la producción, mientras que el incremento en la instalación de las energías renovables se estancará, aunque seguirán siendo las tecnologías más instaladas.

Un segundo escenario más optimista plantea, sin embargo, que la demanda de petróleo se aplanará alrededor del año 2030 –en lugar de seguir creciendo más allá–, aunque el consumo de gas natural seguirá aumentando al menos hasta 2040. Incluso este escenario más ilusionante también augura un planeta mucho más caliente que en la actualidad, ya que el uso de combustibles fósiles debería caer en picado desde este mismo año para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París y limitar el calentamiento global a 1,5 °C respecto a la etapa preindustrial.

Maria Pastukhova, directora del programa de transición energética del think tank europeo E3G, subraya que los cálculos de la agencia son dramáticos para la población global. "El escenario de políticas actuales apunta a una dependencia continuada de los combustibles fósiles, una volatilidad persistente del mercado y unos precios de la energía estructuralmente elevados", señala Pastukhova.

La previsión más pesimista de las dos supone un cambio de rumbo respecto a los informes de los últimos cinco años de la agencia, formada por las grandes economías de la OCDE y que recibe asesoramiento de las mayores empresas del mundo. Este año, el Global Energy Outlook, como se conoce su informe anual, incluye de nuevo el cálculo de su escenario de previsiones más pesimista, el Escenario de Políticas Actuales (CPS, en inglés), el que augura un futuro dorado para el petróleo y el gas.

El CPS anticipa cómo será el consumo de energía en el planeta teniendo en cuenta "las políticas y normativas que ya están en vigor, y ofrece una perspectiva cautelosa sobre la velocidad a la que se despliegan e integran las nuevas tecnologías energéticas en el sistema energético". Por ejemplo, ese escenario estima que los coches eléctricos no terminarán de despegar y en 2035 –y más adelante– solo representarán el 40% de los coches vendidos cada año en el mundo, de manera que el consumo de petróleo se situaría en 113 millones de barriles diarios en 2050, un 13% más que en la actualidad.

El escenario intermedio, llamado Escenario de Políticas Declaradas (STEPS, en inglés), considera por su parte que las ventas de coches eléctricos alcanzarán el 50% a mediados de la próxima década, dejando el consumo de petróleo congelado en 102 millones de barriles diarios en 2050, prácticamente el mismo que ahora. El escenario STEPS se diferencia del más pesimista en que también da por válidas políticas "que se han presentado formalmente, pero aún no se han adoptado, así como otros documentos estratégicos oficiales que indican la dirección a seguir". STEPS también considera que las barreras regulatorias son más laxas que en el escenario CPS, aunque no considera que todos los objetivos más ambiciosos se vayan a cumplir. 

En todo caso, en ambos escenarios, presentan un escenario fatal para la vida terrestre durante las próximas décadas. Si se cumple el CPS, las emisiones de CO₂ en 2050 serán las mismas que en 2024, cuando se expulsaron 38.000 millones de toneladas equivalentes de este gas de efecto invernadero. Mientras que en la previsión STEPS, la cifra caería hasta los 30.0000 millones de toneladas a mediados de siglo.

La realidad es que ninguna de las dos previsiones es esperanzadora porque la primera llevaría el calentamiento global a los 3ºC y la segunda a los 2,5 ºC. Hasta ahora, el planeta se ha calentado 1,2 ºC, cifra suficiente para generar mega incendios, lluvias catastróficas y temperaturas máximas y mínimas récord.

La Agencia Internacional de la Energía también publica en su estudio una tercera vía, su conocido escenario Net Zero, que propone cómo alcanzar las cero emisiones de CO₂ en 2050, un objetivo que cada año parece más ilusorio en estos análisis. Pero incluso aunque se cumpliesen estas condiciones imposibles, el calentamiento global superaría los 1,5 ºC temporalmente. "Con los riesgos climáticos al alza, el estudio muestra que el mundo superará el calentamiento de 1,5 °C en cualquier escenario, incluido el que implica una reducción muy rápida de las emisiones", alerta el organismo en su informe.

A la hora de calcular la evolución de las emisiones de CO₂, se pueden valorar escenarios más optimistas o pesimistas, con consecuencias radicalmente diferentes, y en 2020, con el auge de la ambición climática, el escenario CPS fue retirado del estudio anual y se introdujo el STEPS, pero este año ha regresado. El cambio coincide con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y su ataque a las energías renovables. Dentro de su país, ha forzado a agencias federales a frenar programas de energía verde y ha retirado financiación relacionada con el estudio del cambio climático.

También se han hecho públicas presiones de la Administración Trump a oficiales de la Agencia Internacional de la Energía para que deje de difundir el mensaje en sus informes anuales del "pico del petróleo", una expresión que indica el año en que el crudo alcanzará su máximo de consumo para después descender. Los escenarios publicados en los últimos años por la agencia prometían que este hito llegaría alrededor de 2030, pero ahora se abre la puerta a que no suceda en al menos dos décadas.

La OCDE ha revisado ligeramente al alza sus previsiones para la economía española y calcula que crecerá un 2,6 % este año, dos décimas más de lo que anticipaba en junio, y un 2 % en 2026, una décima más.

Con esas cifras, que son ligeramente menos optimistas que las del Gobierno (2,7 % en 2025 y 2,2 % en 2026) España duplicará la tasa esperada para el conjunto de la zona euro este ejercicio (1,2 %) y será exactamente dos veces superior el próximo (1 %). 

"El consumo privado continúa siendo muy fuerte" en España, ha subrayado a EFE Álvaro Pereira, el economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con ocasión de la publicación del informe interino de Perspectivas.

Pereira ha insistido en que esa fortaleza de la demanda interna, alimentada por las buenas cifras del sector turístico que se prolongan desde hace años y por la entrada de mano de obra inmigrante, es "el principal motor del crecimiento", y lo que explica el diferencial con los otros grandes países de la eurozona.

Además, ha añadido que la inversión también contribuye a la buena marcha de la actividad gracias a los fondos de resiliencia que España recibe de la Unión Europea. 

El contraste de las tasas de progresión del producto interior bruto (PIB) español es particularmente significativo cuando se comparan con las de Alemania (0,3 % en 2025 y 1,1 % en 2026), Francia (0,6 % en 2025 y 0,9 % en 2026) e Italia (0,6 % en 2025 y 0,6 % en 2026).

Sobre todo si se tiene en cuenta que en 2024 la subida del PIB español, del 3,2 %, cuadruplicó el del conjunto de la zona euro.

Este informe interino incluye previsiones para todos los países del G20 (integrado por los que tienen las economías más desarrolladas y los que más emergentes), pero sólo hay uno de los que a la vez son miembros de la OCDE que va a crecer más que España, Turquía (3,2 % en 2025 y otro tanto en 2026). Fuera del G20, India, será el país que más crezca en los próximos dos años (6,7% en 2025 y un 6,2% en 2026).

Estados Unidos va a experimentar una ralentización más marcada, según el análisis de los autores consecuencia en particular de los aranceles aplicados por el presidente del país, Donald Trump, que van a limitar ese crecimiento al 1,8 % en 2025 y al 1,5 % en 2026 después del 2,8 % en 2024.

Uno de los elementos menos favorables para España es el comportamiento de la inflación, que está mucho menos controlada que en el conjunto de la zona euro y que la OCDE ha revisado al alza respecto a sus anticipaciones de junio, y eso a causa de los precios de la energía.

Después de una inflación del 2,9 % en 2024, que era cinco décimas superior a la de la eurozona, para este año se prevé del 2,6 %, también cinco décimas por encima, para después situarse en el 2 % en 2026 (una décima por encima).

Del 30 de junio al 3 de julio de este año se celebrará en Sevilla la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (Ff4D) de Naciones Unidas. Se reúne en un momento de crisis económica y geopolítica internacionales, que han supuesto un importante bloqueo en el esfuerzo de implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La brecha de financiación alcanza ya en los últimos cinco años los cuatro billones de dólares anuales.

En el núcleo de esta crisis está la deuda externa, que totalizó la cifra sin precedentes de 8,8 billones de dólares en 2023, según el Banco Mundial. El servicio de la deuda se ha doblado en una década, hasta los 971 mil millones de dólares anuales, y el pago de intereses fue de 406 mil millones. A las puertas de la Conferencia, una docena de países están en quiebra y casi una cuarta parte de los Estados miembros de Naciones Unidas, los más pobres, han declarado moratorias y están renegociando su deuda. Es la situación más grave en la financiación internacional para el desarrollo en dos décadas y, de hecho, el flujo de financiación se ha revertido y actualmente los países en vías de desarrollo transfieren más capital a los países desarrollados que la ayuda oficial al desarrollo.

Las Instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), han vuelto a reimponer la línea de austeridad neoliberal a los países deudores tras la crisis del covid. El objetivo central de Naciones Unidas es reformar las instituciones de Bretton Woods y volver a situar en primer plano la necesidad de aplicar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), porque “el sistema está moralmente en bancarrota” y “es un sistema creado por los países ricos para beneficiar a los países ricos”. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no encontró otro Estado del G-20 dispuesto a organizar la IV Conferencia que España.

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) cayó globalmente un 9,6% en 2024, situándose en los 212 mil millones de dólares y la OCDE estima que caerá aún más, otro 9-17% en 2025. La causa fundamental fue la reducción de las contribuciones a las organizaciones multilaterales (-10,9%) y los fondos destinados a mantener a Ucrania ante la invasión rusa (-16,7%). Solo cuatro países miembros de la OCDE (Noruega, Luxemburgo, Suecia y Dinamarca) han alcanzado el objetivo de destinar el 0,7% de su PIB a la AOD. España se encuentra, tras aumentar en 2023 y 2024, en el 0,25% de su PIB.

Si la transferencia de recursos del Norte al Sur global vía AOD parece incapaz de afrontar la herencia del neocolonialismo y el subdesarrollo, el énfasis recae en la gestión de la deuda externa, el mecanismo más importante de extracción de riqueza de los países subdesarrollados por los países ricos. Para ello es urgente una reforma de los mecanismos de decisión y gestión de los grandes bancos de desarrollo, de manera que su mandato sea promover los ODS adoptados por la asamblea general de Naciones Unidas. Pero los mecanismos de decisión de estos bancos están en manos de los acreedores de deuda externa y la marginación de los Estados deudores.

La cuestión para el secretario general de la ONU es cómo cambiar esa correlación de fuerzas. A corto plazo, aumentando el flujo de préstamos al Sur global, revirtiendo las políticas neoliberales. Renegociar la deuda externa con paquetes de cancelación de deuda injusta y abusiva, obligando a los acreedores públicos y privados a negociar, establecer condicionantes que aseguren suelos mínimos de gasto social e infraestructuras en el Sur global –una cláusula de exclusión para los ODS – frente a la presión del servicio y el pago de la deuda, ampliar la utilización de los derechos especiales de giro de los países ricos.

Pero también es esencial reformar los mecanismos de gestión, de manera que se asegure que los análisis de Sostenibilidad de la Deuda del FMI y el BM integran los ODS y los intereses de los Estados afectados por la deuda en los planes anuales para el desarrollo sostenible.

La Coordinadora de ONGs para el Desarrollo (CONGD) de España ha elaborado una importante aportación sobre todas las cuestiones que debe abordar la IV Ff4D que se puede consultar aquí. Por su parte, el primer borrador de las conclusiones de la IV Conferencia, que se está negociando con muchas dificultades, se puede consultar en inglés.

Como se puede ver en ambos documentos, la agenda de la IV Conferencia implica un análisis general del fracaso del sistema de financiación internacional surgido de la Conferencia de Bretton Woods, pero centrado en la situación del Sur global y el cumplimiento de la Agenda 2030. Son los primeros pasos hacia la construcción de un horizonte alternativo de regulación y gestión del sistema económico internacional. En medio de la guerra arancelaria de la Administración Trump puede parecer utópico. Pero la cadena de quiebras por la deuda externa, la inestabilidad social agravada por las consecuencias del cambio climático, el crecimiento de la pobreza y de las migraciones para escapar de la miseria, son muy reales y se concretan en millones de víctimas tanto en el Sur como en el Norte global.

La distopía del capitalismo global exige concretar la esperanza ecosocialista. En los próximos meses debemos discutir y acordar cómo reforzar el movimiento de solidaridad con el Sur global en todos sus aspectos, recuperando las movilizaciones de los Foros Sociales y proponiendo mociones y legislación que, paso a paso, concrete la solidaridad antiimperialista.

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Agustín Santos Maraver es diplomático, ha sido Embajador de España ante la ONU (2018-2023) y es el portavoz de Sumar en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados.

La OCDE percibe los primeros signos de que la economía española también se va a ver afectada por los efectos de la guerra comercial desatada por Donald Trump y, aunque seguirá comportándose mucho mejor que las de los grandes países de su entorno, ha recortado ligeramente sus expectativas para 2025 y 2026.

En su informe semestral de Perspectivas publicado este martes y recogido por EFE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé que su crecimiento se quede en el 2,4% este año, y el 1,9% el próximo, lo que en principio significa casi lo mismo que el 2,3% y el 2% que había anticipado en diciembre, pero si se compara con el 2,6% para 2025 y el 2,1% para 2026 que calculó en su informe interino de mediados de marzo, se puede ver una inflexión con respecto a la tendencia desde hacía más de un año.

Además, estas nuevas proyecciones de la OCDE son menos optimistas que las que también han hecho el Gobierno español en abril (2,6% para 2025 y 2,2% para 2026) y la Comisión Europea en mayo (2,6% para 2025 y 2% para 2026). Uno de los elementos que pesan es que los indicadores de actividad elaborados a partir de las encuestas a los directores de compras de las empresas se han deteriorado recientemente en España, como también ha ocurrido con Canadá, México o Estados Unidos, dentro de los miembros de este club de países desarrollados.

Una razón de carácter general es que las exportaciones españolas también se van a ver afectadas por una menor demanda de sus principales socios comerciales por el efecto de las subidas de aranceles impuestas por Estados Unidos, y eso aunque las ventas a ese país representaron en 2024 alrededor del 1% del producto interior bruto (PIB) español, un porcentaje relativamente bajo. Pero en cualquier caso, la progresión de las exportaciones se va a ralentizar (del 3,1% en 2024 al 2,2% en 2025 y en 2026). Y como al mismo tiempo las importaciones se van a acelerar (su ritmo de subida pasará del 2,4% en 2024 al 3,3% en 2025), se espera que el comercio exterior reste este año tres décimas al PIB.

En cualquier caso, la expansión de la economía española seguirá siendo muy superior a la de la zona euro (1% en 2025 y 1,2% en 2026) y también a la de Estados Unidos (1,6% en 2025 y 1,5% en 2026), que va a estar seriamente lastrada por la escalada arancelaria de Trump. Una expansión que se asienta en la demanda interna, gracias al dinamismo del consumo (cuya progresión se va a ralentizar), a un mercado laboral "robusto" (la tasa de paro va a seguir descendiendo del 11,3% en 2024 al 10,7 % en 2025 y al 10,1% en 2026) y al aumento del poder adquisitivo con una menor inflación (del 2,9% en 2024 debería pasar al 2,4% en 2025 y al 1,9% en 2026).

Como en ocasiones anteriores, la OCDE persiste en el mensaje de que sigue siendo "esencial" un ajuste fiscal para poner en regla la economía española con las reglas europeas y para poder hacer frente a las crecientes presiones derivadas del envejecimiento de la población y de la transición ecológica. Y eso aunque admite que el déficit público debe mejorar y disminuir del 3,2% del PIB en 2024 al 2,8% en 2025 y al 2,3% en 2026, gracias a los mayores ingresos por la creación de empleo y a medidas fiscales que permitirán absorber además el gradual aumento del gasto en defensa y el paquete de 14.000 millones de euros de ayudas para los sectores afectados por la guerra comercial.

La mejora de las cuentas públicas también debería traducirse en que la deuda pública pasará por debajo del listón simbólico del 100% del PIB en 2026, algo que no ocurría desde antes de la crisis de la covid en 2019.

El mundo de las empresas emergentes o startup —como se suele denominar a los proyectos empresariales experimentales y, generalmente, ligados al mundo de la tecnología— es un entorno con poca presencia femenina. Lo atestigua un reciente estudio que señala que solo un 17% de estas empresas las fundan mujeres, frente al 83% que suponen ellos. En el informe, que realiza Ecosistema Startup junto con la empresa pública Enisa, emergen conclusiones que no son nuevas, pero sí arrojan luz sobre como se perpetúan algunas brechas de género. De hecho, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ya advertía en otro documento meses atrás de que la economía digital en el entorno emprendedor estaba lejos de alcanzar la paridad.

“Hay un sesgo inconsciente, cultural y generacional, que ha puesto más piedras en el camino a las mujeres que a los hombres”, señala Esther Molina, una emprendedora que también forma parte de Female Startup Leaders, un colectivo de mujeres que conoce bien este sector emprendedor. “La tecnología no tiene género y sin embargo, efectivamente, existe una brecha en la industria tecnológica que está totalmente relacionada con despertar vocaciones científicas y técnicas”, señala.

Molina también ha fundado una empresa: Wildcom, una startup tecnológica que ayuda a otras compañías con sus estrategias de comunicación y explica que sus colegas muchas veces se enfrentan a barreras económicas, como por ejemplo dificultades de acceso a la financiación o una menor visibilidad de su trabajo: “Es tanto mediática, como de reconocimiento, lo que puede afectar a su credibilidad y a futuras oportunidades”, señala. Además, las dificultades para conciliar en un entorno de trabajo tan individual como el del emprendimiento tampoco ayudan a cerrar la brecha: “El cuidado de la familia sigue recayendo mayoritariamente en ellas, lo que puede dificultar su capacidad para dedicar tiempo y recursos a un negocio”, puntualiza la emprendedora.

El informe de Ecosistema Startup identifica a 13.300 fundadores de empresas tecnológicas, de los que más de ocho de cada diez (11.003) son hombres y solo un 17% mujeres (2.297). “Una proporción que se mantiene sin grandes variaciones frente al año anterior y que evidencia la falta de avances en paridad”, detalla la nota del estudio. “Las diferencias en los sectores STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) están determinadas, en parte, por los mensajes implícitos que han vinculado históricamente la tecnología a los niños”, explica Marta Grañó, profesora de la escuela de negocios OBS. Pero también señala que el hecho de que haya pocas mujeres, hace que falten referentes y se alimente una dinámica perniciosa que ahonda en la brecha. “Es un pez que se muerde la cola”, concluye.

En el estudio Digital Economy Outlook de la OCDE apuntan que en el conjunto de los países que componen la organización las mujeres representaron entre el 11% y el 24% de todos los especialistas en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) dependiendo del país y, en promedio, solo el 4% de las patentes en este sector se les atribuyen exclusivamente a ellas. En los datos que proporciona para España, los datos son peores que los que proporciona Ecosistema Startup. Del total de empresas emergentes financiadas por capital de riesgo, solo el 5% son dirigidas por mujeres, frente a un 85% que son dirigidas por hombres. El porcentaje restante corresponde a startup cuya titularidad es compartida.

La brecha de género y la forma en que se perpetúan los roles no es solo cosa de empresas emergentes y para comprobarlo basta con revisar las grandes corporaciones. Si se observan los informes que las compañías cotizadas depositan en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ellas son muchas más en empresas textiles como Inditex, en concreto, suponen el 73% de la plantilla. En cambio, ellos son mayoría en tecnológicas como Indra, donde representan el 68% de los empleos. En otras como Acerinox, dedicada a la metalurgia, las mujeres alcanzan solo un 14% de la plantilla. 

En lo que se refiere a la segregación por ocupaciones, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entiende que se produce de forma vertical cuando ellos ocupan los puestos más altos y ellas componen la fuerza laboral de rangos inferiores. Las mujeres fundan menos empresas emergentes, pero también dirigen menos y, según la propia CNMV, solo una de cada diez empresas cotizadas cuenta con más mujeres que hombre en sus consejos y en los puestos de alta dirección solo un 25% son mujeres. “Estos puestos suelen requerir de muchas horas de dedicación y se ha evidenciado que ellas suelen renunciar antes o buscar trabajos que permitan mejor conciliación”, señala la profesora.

Se necesitan emprendedoras en tecnología y parte de la solución a ese problema pasa por la formación y por crear un ambiente de posibilidades. “Atendiendo a nuestra experiencia desde Female Startup Leaders, acercar referentes sanos, diversos y alcanzables de mujeres científico-técnicas o relacionadas con la innovación, surte efecto”, apunta Molina. Una suerte de demostración práctica de que se puede.

Otro punto en el que insisten ambas expertas es la poca visibilidad de las mujeres en estos campos. “Cuando se premia a equipos en los que sí hay mujeres, no suelen ser ellas las que tienen protagonismo. Eso es algo que quizá debamos trabajar también con nosotras mismas”, señala Grañó. Pero esto, cuando se observa en un entorno como el del emprendimiento, donde la financiación suele depender de la visibilidad y la capacidad de atraer atención, puede transformarse en una desventaja estructural. “Los responsables de recursos humanos de muchas empresas tienen perfectamente identificado que cuando se hace un proceso de autoevaluación, las mujeres, especialmente en mandos intermedios y alta dirección, suelen tener una percepción de sí mismas más baja que la que les dan sus superiores o su equipo”, concluye.

La solución, señalan, requiere tiempo y también que las tendencias positivas, aunque avancen lentamente, no se interrumpan. “Como en todo cambio cultural, se requiere tiempo”, concluye Molina.

La OCDE considera que para hacer frente al desafío del envejecimiento de la población también en las ciudades las administraciones tienen que diseñar políticas en distintos ámbitos, incluido el de la vivienda, que tengan en cuenta las necesidades específicas de los diferentes grupos de edad. En un informe publicado este lunes que ha recogido EFE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advierte de que las ciudades que no respondan a las necesidades de esos diferentes grupos de edad toparán con "significativos costos económicos y sociales".

En concreto, se enfrentarán a "riesgos" de una salud deficiente de su población, soledad, aislamiento y pobreza, y todo ello asociado con un mayor gasto público que habrá de destinar a los residentes más ancianos, menores oportunidades educativas y sociales para los niños e igualmente un menor atractivo para los jóvenes. Y todo eso tendrá consecuencias para el mercado laboral, que será menos dinámico, y también se verá disminuido el crecimiento de la productividad.

En el terreno de la vivienda, la OCDE señala que los gobiernos municipales y nacionales pueden recurrir a un amplio abanico de herramientas para responder a las diferentes necesidades de los residentes de todas las edades y aumentar la oferta de apartamentos y de casas.

Eso incluye la posibilidad de imponer obligaciones a los promotores para que reserven un porcentaje de las viviendas que construyan a grupos específicos, pero también que algunas de esas viviendas tengan un tamaño apropiado para familias. Una forma de hacerlo es permitir a esos promotores una mayor densidad en la construcción o edificios con más plantas.

Otros instrumentos para incrementar la oferta son favorecer la reconversión de zonas industriales que pueden ser convertidas en viviendas o dar incentivos para la rehabilitación con una serie de acondicionamientos, como las duchas al nivel del suelo o con barras adaptadas para personas mayores o con problemas de movilidad. También las construcciones modulares para las personas de edad avanzada, ya que se trata de un tipo de viviendas abordables en términos de precio y con un bajo costo de mantenimiento.

La OCDE insiste también en la conveniencia de reforzar la economía local mediante la integración de los jóvenes y de los adultos de mayor edad como trabajadores y consumidores.

Pone varios ejemplos, y uno de ellos es la ONG Barcelona Health Hub, que reúne a empresas del sector tecnológico, de salud y sostenibilidad para promover el conocimiento, la divulgación y la innovación en el campo de la salud digital. Su objetivo es convertirse en un centro de referencia internacional en medicina digital, atraer innovación y talento y situar a Barcelona como una ciudad líder en el sector.

Los autores del informe recuerdan que con los datos disponibles para 29 de los países miembros de la OCDE, el porcentaje de la población en las zonas urbanas mayores de 65 años respecto a los que están en edad de trabajar (de 20 a 64 años) pasará del 20,9% en 2020 al 27,9% en 2040.

La OCDE ha revisado al alza las previsiones de crecimiento de la economía española para 2025 y 2026, y es con Turquía el único de los grandes países miembros para el que lo ha hecho mientras la tendencia es claramente la inversa por el efecto de la guerra comercial desencadenada por Donald Trump, según informa EFE.

En su informe interino de Perspectivas publicado este lunes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) espera que, después de que ese crecimiento fuera del 3,2% en 2024 -el más alto de ese grupo, sólo igualado por Turquía- será del 2,6% en 2025, tres décimas más de lo que anticipaba en diciembre.

Para 2026, la corrección en positivo es mínima (de una décima respecto a hace tres meses), pero en cualquier caso España superará en un punto porcentual la cifra de la zona euro en su conjunto y también estará por encima de la del resto de grandes países desarrollados a excepción de Turquía.

Las proyecciones de la OCDE para este año y el próximo son casi coincidentes con las que anunció en febrero el Gobierno (2,6% y 2,2%, respectivamente) y reflejan una mejora de las expectativas en los últimos meses -por ejemplo si se comparan con el 2,3% y el 2,1% que calculaba en noviembre la Comisión Europea- en los que el contexto global claramente se ha deteriorado. Aunque los autores del informe no entran en un análisis detallado del país, sí que desgranan algunas pistas que pueden dar un comienzo de explicación.

De entrada, señalan que en términos de comparaciones históricas, la tasa de paro si se compara con el periodo 2018-2019 es particularmente baja, igual que en otros países del sur de Europa como Italia.

La inflación no va a reducirse tanto como esperaban en diciembre, ya que ahora creen que será del 2,5 % en 2025 (cuatro décimas más de lo anticipado entonces) y del 2,1 % en 2026 (una décima más), pero en cualquier caso será inferior al 2,9 % de 2024 y se acerca al objetivo de en torno al 2 % del Banco Central Europeo (BCE).

Además, si lo que se examina es la inflación subyacente (la que excluye los elementos más volátiles que son la energía y los alimentos), la rebaja es todavía más significativa, ya que pasará del 2,8 % en 2024 al 2,2 % en 2025 y al 1,9 % en 2026. Es decir, inferior a la media de la eurozona esos dos años.

Por otro lado, a finales de 2024 España era uno de los países del G20 en los que los salarios reales (descontando el efecto de la inflación) estaban por encima del nivel previo a la pandemia de coronavirus, cinco años antes. Es decir, que el poder adquisitivo de los asalariados había mejorado en ese tiempo (en torno al 3%), un poco menos que en Brasil o en Estados Unidos, pero más que en Reino Unido, Canadá o Australia, mientras que en Japón, Francia o Italia todavía no se habían recuperado.

Los que nos dedicamos a la enseñanza de la lengua sabemos que el alumnado muchas veces nos interpela sobre cómo las clases de sintaxis son diferentes en función del docente y las nomenclaturas que se utilizan para describir relaciones entre palabras. Por ejemplo, es común escucharles decir eso de que “el año pasado lo dimos de otra manera”, “el profe de 2º no nos lo explicó así” o si “lo puedo llamar complemento directo en lugar de objeto directo”. Al final, acaban perdidos ante tanto cambio.

En otras materias también ocurre con determinados contenidos, y eso puede crear sensación de confusión cuando, al fin y al cabo, debería existir coherencia no sólo sobre lo que se imparte sino cómo se hace. Es decir, cómo abordamos cuestiones que, en determinados casos, han sido llevadas a discusión, como por ejemplo en el saber gramatical de una lengua.

En ese clima de confusión —que es reflejo al final de esa sociedad mal informada en la que vivimos—, las continuas modificaciones en las leyes educativas (y cómo se abordan sus reformas) provocan desconcierto en el profesorado de la enseñanza básica. Ocurre sin ir más lejos con los tecnicismos incorporados a la hora de evaluar y calificar al alumnado, y cómo los enseñantes los interpretamos en medio de un panorama de desconcierto donde la sensación que impera es la de continua deshumanización del acto de educar, siempre a expensas de quien gobierne.

No vamos a negar que lo educativo es político. Esa idea arraigada la podemos encontrar en pedagogos clave del siglo XX como Paulo Freire y también remontándonos a la República de Platón y su idea de pensamiento dialéctico como toma de conciencia de una posible transformación de la realidad en que se vive. También está claro que es crucial la formación que recibe previamente el profesional educativo antes de llegar a conclusiones acerca de cómo tiene que enseñar, por lo que habrá que ver cómo se ha ido conformando su identidad docente en los marcos pedagógicos y académicos donde se ha movido antes de pisar un aula por primera vez.

Hay que ser críticos con la forma en la que se han abordado los procesos de cambio educativo en nuestro país. La necesidad de diálogo racional no ha sido la nota dominante en una cuestión de Estado como esta sobre la que es necesario blindar cierto consenso en determinados mínimos que no dependan de resultados electorales. La incertidumbre en esta materia, como ocurre en otras de la vida, no es buena. Pedir solidez y continuidad para que calen las nuevas propuestas parece algo razonable.

El asunto está en que lo educativo en la historia de la democracia se ha convertido por momentos en una cuestión con intereses partidistas, sometido a intenciones alejadas del bien común, la defensa de derechos humanos básicos y las necesidades de la ciudadanía; hemos dejado para el final, por ejemplo, asuntos trascendentales como la reforma del significado de la función docente, a través de un estatuto regulador que defina claramente cuál es el rol de unos profesionales que en muchos casos han pasado a sentirse piezas mecánicas sin voz del engranaje de una maquinaria compleja, y no como agentes clave del motor que impulsa la mejora cultural y social de un país.

Es cierto que, en los momentos en los que se han ido cocinando las grandes reformas legislativas, se desplegaron determinadas iniciativas de consulta popular. Sin embargo, estas se han llevado a cabo sin que en los centros escolares, laboratorios de toda reforma, se pueda masticar bien el sentido de lo que se propone, tanto en organización de los currículos como en el planteamiento de su desarrollo en evaluación, atención a la diversidad, gestión de la burocracia o mejora de la convivencia, asuntos fundamentales abordados sin que el profesorado apenas haya tenido la oportunidad de ser escuchado.

Por ello, al final la educación no cambia en su fondo por lo que se legisle en los despachos, sino en gran parte por el comportamiento de una comunidad docente que tiene que recuperar su papel y relevancia como eslabón del engranaje social.

Una prueba de que las leyes no cambian el acto educativo real es, por ejemplo, la resistencia a los principios básicos que en 2006 propuso la Ley Orgánica de Educación (LOE), que ha sido estos últimos años modificada en parte por la controvertida LOMLOE. Hace ya veinte años se introdujo, por ejemplo, el aprendizaje por competencias que recomienda la Unión Europea y en el que se basan las famosas Pruebas PISA de la OCDE.

Pues bien, esas recomendaciones convertidas luego en ley no han calado en una parte importante del profesorado que cuando modifica su praxis es porque se lo dicen, a regañadientes, para no tener problemas y no porque considere necesario reflexionar sobre la práctica según las características de su contexto y las transformaciones sociales que estamos viviendo.

Sin embargo, en nuestra historia reciente no siempre ha sido así. Ha habido otros caminos para la experimentación sobre el cambio y sus consecuencias que han dado otros resultados, ya que surgen “de abajo a arriba”, de la reflexión conjunta y la discusión en muchas horas de trabajo que nadie reconoce. Se trata de los Movimientos de Renovación Pedagógica: grupos de docentes que, desde finales del franquismo y con la implantación de la democracia, comenzaron a reunirse para rediseñar sus formas de hacer a partir del conocimiento que compartían.

En la actualidad, las nuevas generaciones de profesorado apenas conservan ese espíritu de la reivindicación del saber colectivo y contrastado. En gran parte se ha perdido por la falta de apoyo para que los veteranos que lograron forjar su identidad docente durante aquellas Escuelas de Verano de hace décadas traspasen el testigo a los más jóvenes.

El profesorado de hoy, que sobrevive con dificultad a un tiempo convulso y en medio de la prisa continua para que la maquinaria no se detenga, apenas tiene conciencia de las relaciones dialógicas que se creaban en esos foros de discusión que luego germinaron en asociaciones. Hoy algunas de ellas sobreviven y, por mi parte, tengo el honor de formar parte de una de ellas, SOCAEAN, que une a docentes de Lengua y Literatura de Canarias desde hace más de cuarenta años. Es ahí donde, considero, que se cuece el cambio, la mejora. Donde se teje la red para discutir, proponer y remover las inercias incrustadas, ante el rechazo que provoca a veces tanto cambio de ley.

El impulso renovado de los Movimientos de Renovación Pedagógica, en su lucha por la reforma desde la raíz, la dignidad profesional y la autonomía necesaria para gestar los grandes cambios, es uno de los retos que le queda por afrontar a unas administraciones públicas que, por una cuestión ética y política, están obligadas a brindarles el apoyo necesario para que recuperen su razón de ser, en busca de esa ansiada mejora educativa que la ley, muchas veces, no es capaz de aportar.

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Albano de Alonso Paz es catedrático de Lengua y Literatura, profesor y Cruz al Mérito Civil por su labor en el campo de la enseñanza. Divulga sobre educación a través de su blog www.albanoalonso.info

Cataluña ha firmado un acuerdo de colaboración con la OCDE para mejorar el rendimiento de sus alumnos en competencias básicas y revertir los malos resultados de los últimos informes PISA. Es una de las comunidades autónomas que más retrocede en todas las tres competencias evaluadas desde 2012. En el último examen del 2022 los alumnos catalanes sacaron entre 30 y 40 puntos menos respecto al examen de 2015 en matemáticas, ciencia y comprensión lectora, lo que en términos evaluativos se considera como retroceder un curso académico.

Estos resultados han empujado al gobierno de la Generalitat a buscar fórmulas para salir del suspenso en PISA, como el acuerdo al que ha llegado Salvador Illa con Andreas Schleicher, responsable de Educación de la OCDE. El convenio durará cuatro años y tendrá en 2025 una primera fase de diagnóstico y asesoramiento. Los resultados de la colaboración no se notarán hasta dentro de dos exámenes, ya que los alumnos se examinarán del próximo PISA esta primavera y el convenio se implementará a lo largo de 2026.

Hay un cierto consenso positivo entre los expertos consultados sobre el acuerdo con la OCDE. “Permite poner el foco en el problema”, dice el jefe de proyectos de la Fundació Bofill, Miquel Àngel Alegre. “Si todos nos unimos y remamos hacia el mismo sentido, suma”, opina Laura Morera, doctora en Didáctica de Matemáticas (UAB) y miembro de la organización educativa Innovamat. No obstante, entre costuras se abre algo de recelo ante la posibilidad de que el convenio deje en un cajón los análisis de las entidades locales, que llevan años estudiando la situación. 

“Quiero pensar que el convenio con la OCDE abrirá también una conversación para recoger los puntos de vista de quien trabaja en las aulas”, considera Laura Morera. “Es necesaria mucha cooperación entre quienes toman decisiones a nivel global y quienes las toman a nivel micro”. Más crítico fue el exadjunto al Síndic de Greuges de infancia y experto en educación, Jaume Funes, que considera que “hay suficiente reflexión educativa e innovación para pensar qué hacemos con la escuela catalana sin la OCDE”. Fuentes de la OCDE explican que el acuerdo de cooperación se centrará en estudiar “estrategias que hayan sido eficaces a nivel internacional y puedan ser relevantes para Cataluña”.

infoLibre ha recogido cuáles son las propuestas de la Fundació Bofill, Associacions de Famílies Federades de Catalunya (aFFaC), Comisiones Obreras y de otros expertos. Los consultados consideran que Cataluña debe mejorar en desigualdad económica, segregación escolar, financiación o el uso de la tecnología en las aulas. Además, también consideran que la inmersión lingüística no tiene correlación con los malos resultados en el PISA.

La desigualdad se agrava en las escuelas catalanas. Es la conclusión a la que llega el reciente anuario de la Fundació Bofill sobre el estado de la educación en Cataluña. La fundación recoge que el pasado PISA ha incrementado sobre todo las desigualdades entre el alumnado con estatus socioeconómico alto y bajo en las tres materias estudiadas. El de estatus socioeconómico inferior ha retrocedido entre 15 y 16 puntos más respecto del alumnado con mejor estatus socioeconómico. 

Para Miquel Àngel Alegre, jefe de proyectos de la Fundació Bofill el PISA “no es el único indicador de que se está agrandando la desigualdad en las aulas catalanas”, también lo son los niveles de abandono escolar o quien llega a la universidad. El anuario recoge que el 20% de los jóvenes pobres abandonan los estudios, una cifra diez veces mayor que los jóvenes con más poder adquisitivo. Por otro lado, los jóvenes de orígen extranjero abandonan tres veces más los estudios que los de nacionalidad española.

Cataluña tiene aproximadamente un 25% de sus alumnos de primaria y secundaria (235.000) con necesidades educativas por dificultades socioeconómicas. Para atender a esta situación hay 1800 profesionales de atención educativa, lo que para el jefe de proyectos de la Fundació Bofill “es una insuficiencia muy clara de recursos”. 

Según Alegre, lo más complicado es reducir la segregación en centros escolares por renta.  “Sabemos que debe incrementarse el número de profesionales, estará bien si la OCDE lo dice, pero ya lo sabemos ahora”, remacha. Además de más recursos y profesorado, otra medida que plantea es que las escuelas de alta complejidad tengan cuotas máximas de alumnos extranjeros para favorecer la heterogeneidad en los centros.

De hecho, una revisión más extensa al informe PISA demuestra que Cataluña no sólo suspende en matemáticas, ciencia y comprensión lectora, es también la comunidad autónoma que peor nota del estado saca cuando se pregunta al alumnado por su “sentido de pertenencia a la escuela”, es decir, cuando se pregunta a alumnos si “hacen amigos fácilmente”, “se sienten integrados”, “marginados” o “solos”.

Esta semana el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha informado que uno de cada tres niños vive en España en riesgo de pobreza y exclusión social. Una situación que en Cataluña afecta a la educación. Por eso la Fundació Bofill explica en su anuario de 2024 que los resultados no sólo se solucionan con políticas educativas, sino que también necesitan “políticas sociales y de salud”.

Funes, exadjunto al Síndic de Greuges de infancia en Cataluña y experto en educación, plantea que “reducir las horas de la jornada laboral sin reducir salario” puede ser también una herramienta para que las familias puedan implicarse más en la educación de sus hijos e hijas. “El alumnado con familiares que no asisten a reuniones con el profesorado y no se implican en su educación tienen menos probabilidades de éxito educativo”, coincide Lidón Gasull, de aFFaC. Precisamente, una de las primeras recomendaciones del responsable de Educación de la OCDE para Cataluña hechas esta semana ha sido incentivar “más participación de las familias” en el sistema educativo.

La primera explicación dada por la consejería de Educación del anterior gobierno de Aragonès sobre los resultados del PISA fue responsabilizar a la población migrante de los resultados. No obstante, tanto la Fundació Bofill como CCOO y aFFaC consideran que el problema está en los niveles de segregación escolar. Algo que la actual consejería de Educación ya tiene en sus manos poder corregir sin necesidad de esperar a las conclusiones de la OCDE.

La radiografía de la segregación demuestra que Cataluña tiene 410 centros de alta complejidad, los mismos que hace ocho años. Si bien es cierto que el Parlament aprobó un Pacto Contra la Segregación Escolar en 2021, la directora de la asociación de familias (aFFaC), Lidón Gasull, considera que “no está funcionando el reparto de alumnos vulnerables”. El plan daba más recursos a las escuelas privada y concertada para acoger a estos alumnos, pero un informe del Síndic de Greuges de Cataluña de 2024 concluye que “las medidas del Pacto no logran revertir la situación de ‘guetización’ que sufren muchos centros de elevada complejidad” debido al “rechazo por parte de las familias a escolarizar a sus hijos o hijas con una alta elevación de alumnado vulnerable”.

Teresa Esparbé, responsable de Educación de CCOO en Cataluña, considera que mientras no se logra reducir la segregación a largo plazo, hay que hacer “un plan de choque” en estas escuelas para “dotar de más ayudas para materiales y becas en ocio educativo”, ya que muchas familias no pueden pagarlo. Según Esparbé, no hacer ocio educativo supone para algunos jóvenes “hacer un año académico menos”.

Otra de las explicaciones de la desigualdad cronificada en los centros escolares catalanes y de la segregación está en la financiación. Cataluña aún no ha recuperado el nivel de 2009 en inversión por estudiante no universitario (5.465€), y también está por debajo de la inversión media del estado (5.882€), según datos de la Fundació Bofill. Pero además, es de las comunidades autónomas que menos ha evolucionado en inversión en políticas sociales desde 2009 en cuantías absolutas (sanidad, educación y servicios sociales): según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales es la penúltima tras Castilla y La Mancha.

Pese a las cifras, Cataluña ha llegado recientemente a tener la misma ratio de profesores por alumno que en 2009, antes de los recortes. No obstante, Alegre añade que ahora hay un “alumnado mucho más complejo”. 

Un 27% de los alumnos se encuentra en riesgo de pobreza y además es también una de las comunidades autónomas del estado con una mayor tasa de alumno migrante (24%). Por ello plantea un cambio en la forma de financiar los centros educativos. La Fundació Bofill cree que un sistema que podría reducir la segregación y la desigualdad en las escuelas sería financiar en función de la complejidad del alumnado y de las necesidades de la realidad social de los centros, y no en función del número de alumnos que tienen, como pasa ahora.

Tras los resultados PISA, la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB) publicó un informe en el que criticaba que en el 99,4% de los centros educativos la lengua vehicular fuera el catalán, algo que impacta de forma negativa en los resultados de la población castellanohablante.

No obstante, cuando se analizan los resultados del alumnado en función de su lengua materna descontando el ISEC, (índice Social, Económico y Cultural) las diferencias se anulan, explica Miquel Àngel Alegre, jefe de proyectos de la Fundació Bofill. Este descuento se hace porque “los estudiantes cuyos padres tienen niveles más altos de educación, trabajos prestigiosos y más remunerados se benefician de privilegios económicos, sociales y culturales”, como explica mismo informe PISA.

El mismo informe de la AEB informe consideraba que las aulas de acogida “deberían focalizar los objetivos en facilitar la integración del alumnado en las aulas, pero sólo se persigue que los alumnos dominen el catalán”. Algo que critica Funes. El experto en educación considera que “el catalán no puede ser una lengua académica sino que debe ser una lengua de vida, porque sino se quedará en una lengua dominada”.

Estudios recientes demuestran que cada vez el uso en las calles ha ido reduciéndose, y ahora su uso no llega al 50% en ninguna franja de edad según el Centro de Estudios de Opinión catalán. De hecho, es en el rango de edad menor, de 16 a 24 años, cuando se ve más acentuada este caso. Un 57% de hombres y un 53% de mujeres en Cataluña entre 16 y 24 años usan el castellano como primera lengua.

El gobierno catalán ha invertido cerca de 200 millones de euros en digitalizar las aulas entre 2020 y 2023 con fondos provenientes de Next Generation. El Plan de Educación Digital de Cataluña ha suscitado algunas críticas debido a que la tecnología no ha llegado acompañada de un plan para sacarle un beneficio pedagógico real. La evidencia de ello es que desde hace dos años se ha creado el colectivo ‘Coordinadors Digitals en Lluita’, que agrupa a profesionales de centros de Cataluña que reclaman un aumento en las horas asignadas a la coordinación digital y cobrar las formaciones que han hecho y no se han pagado. De hecho otra de las recomendaciones del responsable de Educación de la OCDE esta semana ha sido reducir el tiempo de las pantallas en las aulas. 

No obstante, Laura Morera, doctora en Didáctica de las Matemáticas, considera que si no hay un abuso de pantallas, la tecnología puede ser positiva para mejorar los resultados en matemáticas o ciencias. Realizar ejercicios en ordenadores permite al profesorado monitorizar de forma inmediata la curva de aprendizaje del alumnado y tener una atención más personalizada, sin tener que esperar a monitorizar a través de exámenes, y pudiendo asesorar o ofrecer ayuda con más agilidad.

La doctora de la UAB considera que los últimos resultados en PISA demostraron que el alumnado catalán es bueno en memorizar, pero debe mejorar en relacionar conexiones entre ideas y razonar. “Es importante aumentar el nivel de razonamiento, porque memorizar ya lo hacen las máquinas”, concluye Morera.

La OCDE ha revisado de nuevo al alza sus previsiones de crecimiento para España, en particular para este año hasta el 3%, por encima incluso de lo que calcula el Gobierno, de forma que será la segunda más alta de todos los países miembros y superará claramente la media de la eurozona, que se situará en el 0,8%.

En su informe semestral de Perspectivas publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala que la demanda interna será el factor que tire del carro de la economía española y eleva también sus predicciones de ese crecimiento para 2025 hasta el 2,3%, al tiempo que calcula que en 2026 será del 2%.

En su informe de mayo, la OCDE había estimado que la progresión del producto interior bruto (PIB) iba a ser del 1,8 % en 2024 y del 2 % en 2025, y ya había corregido en septiembre esas cifras para subirlas al 2,8 % y al 2,2 %, respectivamente.

El conocido como el club de los países desarrollados es más optimista para este año que el Gobierno español, que ha anticipado un incremento del PIB del 2,7 %, aunque en 2025 espera un 2,4 %. En realidad, la OCDE está alineada con las cifras del informe de las perspectivas de otoño de la Comisión Europea, con las que coincide tanto para este año como para el próximo.

Sobre sus razones, en primer lugar está el hecho de que la subida de la actividad en el tercer trimestre ha superado las expectativas gracias al consumo público y privado, de la mano de un aumento del empleo (un 1,7% en términos interanuales, con una tasa de paro que bajó al 11,2% de la población activa) y de los salarios reales. Además, también subraya que la inflación se ha reducido al 1,8% en octubre, gracias a la caída de los alimentos, el combustible y la electricidad.

En su documento, la OCDE señala que las inundaciones de Valencia han causado allí pérdidas de vidas humanas y de capital físico, pero no da una evaluación cifrada del impacto económico, más allá de recordar que el Ejecutivo ha anunciado un paquete de ayudas para las zonas afectadas de alrededor del 1,1% del PIB, en un 30% con fondos garantizados. De hecho, precisa que resulta incierto ese impacto sobre el déficit fiscal, en la medida en que eso dependerá del volumen de la ayuda solicitada y del calendario de los reembolsos.

La OCDE no cree que el paro vaya a descender tan rápido como supone el Ejecutivo (lo deja en el 10,5 % de media en 2026 y no en el 9,7 %), pero sí da por buenas sus anticipaciones sobre el déficit, que del 3 % del PIB este año debería reducirse al 2,5 % en 2025 y al 2,1 % en 2026.

Sobre esa cuestión, su mensaje es que resulta "crucial" la aplicación efectiva del plan de consolidación fiscal para cumplir con las reglas europeas, poner la deuda pública en una trayectoria descendente y liberar recursos para los futuros gastos prioritarios, en especial ante el envejecimiento demográfico.

Para eso, sus recomendaciones son ampliar la base impositiva del IVA, más impuestos medioambientales y una mayor eficiencia del gasto público.

La OCDE se refiere a una de las paradojas del mercado laboral español, por las dificultades de muchas empresas para encontrar trabajadores con ciertas cualificaciones que conviven con un alto nivel de desempleo.

Su receta, que además contribuirá a incrementar la productividad, es ajustar los programas educativos con las demandas de ese mercado laboral, lo que necesita una asistencia más efectiva en la búsqueda de empleo, con unas guías en la carrera, así como programas para aumentar o reajustar las cualificaciones.

España ha dado esta semana el primer paso real para la eliminación de las visas oro, los permisos de residencia que desde 2013 se conceden a extranjeros a cambio de una inversión inmobiliaria. Y lo ha hecho siete meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase el fin de las visas: la comisión de Justicia del Congreso aprobó el pasado lunes el informe sobre el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia de la Justicia en el que el PSOE ha colado la medida en una enmienda. La supresión de las visas había conseguido en la ponencia previa el apoyo de todos los grupos parlamentarios, que no pidieron ningún cambio sobre el texto socialista. Finalmente, el informe sobre el conjunto del proyecto de ley –se pactaron 106 enmiendas transaccionales– sólo encontró el rechazo de Vox y el PP.

La eliminación de las visas oro tendrá que ser aprobada ahora por el pleno del Congreso, así que es posible que la abolición no entre en vigor hasta enero. Mientras, aprovechando la demora legislativa, se siguen concendiendo permisos a toda prisa. Hasta el punto de que a final de año podrían rozar las 4.788, de acuerdo con la estimación realizada por infoLibre, un 63% más de los concedidas en 2023. Los despachos de abogados consultados cifran en al menos un 25% el aumento de las visas tramitadas sólo desde abril, cuando el Gobierno hizo su anuncio.

Según los números del Ministerio de Vivienda, el 94% de las visas oro concedidas desde 2013, cuando se crearon, hasta diciembre de 2023 fueron a cambio de invertir en un inmueble: 14.576. Y de ellas, el mayor número las consiguieron ciudadanos chinos, el 22,8%. Es decir, 3.325 ricos asiáticos tienen permiso de residencia en España –y pueden viajar sin visado a los países del espacio Schengen– tras comprar un inmueble valorado en un mínimo de 500.000 euros.

Hay otras modalidades de visas oro: si la inversión es en deuda pública, ésta debe superar los dos millones de euros; si es en acciones, fondos o depósitos, el millón de euros. También puede obtenerse el permiso de residencia si se presenta un proyecto empresarial. Pero estas opciones han sido absolutamente marginales en la década de vida de estos incentivos a la inversión: Un 3% –371– se otorgaron a cambio de depósitos bancarios, pero sólo un 1% –114– por proyectos empresariales, otro 1% –167– a cambio de comprar acciones y un 1% más –214– a cambio de invertir en fondos. Sólo ocho visas se han concedido por adquirir deuda pública.

En la foto finish de las visas españolas, los chinos superan por poco a los rusos –3.175–, pero triplican a los británicos –1.098–, la medalla de bronce del podio. La mayoría de las propiedades adquiridas por estos extranjeros de oro se sitúan en Barcelona, un tercio, casi el doble que en Madrid –un 19%–. Aunque a nadie le sorprenderá que la zona favorita de inversión sea la costa, desde Cataluña hasta Málaga, pasando por la Comunidad Valenciana y Baleares.

A las visas oro les ha rodeado la polémica casi desde que nacieron. Y no sólo en España. De hecho, desde 2019 la Comisión Europea lleva alertando de los peligros que estos permisos suponen para “el orden público o la seguridad interior de los Estados miembros”, entre los que incluye desde la infiltración de la delincuencia organizada hasta el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. Así que Portugal e Irlanda eliminaron las visas oro en 2023 y Países Bajos, el pasado mes de enero. Reino Unido las liquidó aún antes, en 2022. Además, Grecia ha subido el importe mínimo de inversión requerido, que inicialmente para un inmueble era de sólo 250.000 euros, la mitad que en España. Cuando creó sus visas oro en 2014, sólo se permitían inversiones inmobiliarias, pero en 2019 añadió las financieras y empresariales.

En cualquier caso, la mala fama de estos permisos de residencia selectivos va más más allá de los riesgos a la seguridad. Y de la presión que ejercen sobre el precio de la vivienda las compras de los millonarios extranjeros. Aunque tampoco es desdeñable. En Marbella las adquisiciones de inmuebles a cambio de visas oro supusieron el 7,1% en 2023, y el 5,3% en Barcelona, según las cuentas hechas por el Gobierno, que justifica así la necesidad de abolirlas en la “importante concentración geográfica, a nivel de municipio o distrito” de estas operaciones. “Localmente”, asegura el Ejecutivo sobre las visas, “están ejerciendo una presión anormal sobre la demanda y, por tanto, sobre el precio”.

Pero hay un factor adicional. Una investigación de la Fundación Daphne Caruana Galizia y del periódico portugués Expresso, socios de infoLibre en el consorcio internacional de medios OCCRP, revela que, en Portugal, Chipre y Malta, las visas oro se han visto envueltas en casos de corrupción, tráfico de influencias y clamorosas puertas giratorias, algunos de los cuales tienen como nexo común el grupo chino Delsk.

En Chipre, el exministro de Transportes Marios Demetriades es acusado de corrupción, soborno y blanqueo de capitales en una trama de pasaportes oro, un programa distinto al de las visas a cambio de inversiones que el Gobierno de la isla tuvo que cancelar en 2020 ante el cúmulo de irregularidades que lo rodeaban. Ese programa permitía obtener no la residencia, sino la ciudadanía chipriota. Demetriades y el dueño de Delsk, Jing Wang, están acusados de presentar facturas falsas a un banco de la isla para justificar una transacción de 3,6 millones de euros a JWP Pegasus, una sociedad chipriota propiedad del empresario chino. La fiscalía de Chipre sostiene que el exministro ayudó a acelerar la solicitud de ciudadanía de un ciudadano chino y a JWP le pagaron 2,5 millones para conseguirlo. Unos cargos que Delsk Cyprus negó a Times of Malta, el periódico que publicó parte de la investigación de la Fundación Daphne Caruana Galiza y OCCRP. Jing Wang tiene pasaporte chipriota e intentó, sin éxito, conseguir uno maltés.

En Malta, Delsk contrató como consultor al ex primer ministro del país Joseph Muscat, para que le asesorara sobre el programa nacional de visas oro en diciembre de 2020. Le pagaba un sueldo de 5.900 euros al mes. Según la investigación publicada por Times of Malta, los pagos de Delsk a Muscat fueron señalados como “sospechosos” por el proveedor de pagos maltés. Como se sabe, las empresas de servicios de pago, al igual que los bancos y otros agentes financieros, tienen la obligación de informar a las autoridades de cualquier operación sospechosa de blanqueo de dinero. Y en el caso de Muscat, al ser una persona políticamente expuesta (PEP), el proveedor de pagos levantó una bandera roja: Muscat podía haber aprovechado sus relaciones con funcionarios del Gobierno para “influir” en los programas de ciudadanía y residencia de Malta. Además, destacó la naturaleza “vaga” del contrato que había firmado con Delsk. Muscat ha negado cualquier irregularidad, mientras que la empresa china asegura que recurrió al ex primer ministro “por su experiencia en Europa” y que su actividad en Delsk se centró en “elaborar análisis sobre la economía maltesa, el mercado inmobiliario y otras oportunidades de negocio”.

La investigación de la Fundación Daphne Caruana Galizia también revela que el agente local de Jing Wang en Malta gestionó casi la mitad de las solicitudes de visa cursadas por ciudadanos chinos en la isla entre 2016 y 2021. Además, destapó que al menos siete personas políticamente expuestas (PEP), un presunto delincuente y un individuo bajo sanciones internacionales figuraron entre quienes solicitaron una visa de oro maltesa en esos años. Un patrón que ya se desveló en 2023 en Grecia: 45 ciudadanos iraquíes intentaron conseguir una visa oro con documentos falsificados.

A modo de presentación en su página web, Delsk sitúa su nacimiento en 2008 en la ciudad alemana de Colonia. Pero su dueño es el empresario chino Jing Wang, sus oficinas centrales están en Pekín y presume de ser “una de las primeras empresas en introducir en China el negocio europeo de la inversión inmobiliaria”. Según la investigación de la Fundación Daphne Caruana, la propiedad real de Delsk se sitúa en las islas Caimán, adonde Jing Wang transfirió sus acciones en 2017. Tiene filiales en más de 30 países de todo el mundo. También cuenta con una en España.

Se llama Immocompletisimo Spain SLU y tiene su sede en Barcelona. Durante un tiempo funcionó bajo la marca Hooli Home, que aún mantiene activa Delsk en el resto del mundo. Pero en España el negocio no fue muy exitoso. Al menos a la luz de las cuentas que Immocompletisimo Spain ha remitido al Registro Mercantil y ha consultado infoLibre. Creada en 2016, es propiedad al 100% de la filial portuguesa del grupo, Imocompletissimo Consultoria de Imóveis SA, y como administrador único figura el propio Jing Wang.

Delsk se define como “una plataforma global de servicios de inversión” que se ofrece a sus compatriotas no sólo para gestionar inversiones inmobiliarias e inversiones en fondos, sino también para proporcionar todo tipo de asesoramiento profesional a los que quieren emigrar invirtiendo más allá de sus fronteras. Un mercado sin duda muy tentador: China es el país del que más millonarios emigrarán este año, 15.200, según el último informe sobre migración de patrimonios privados que elabora la consultora británica Henley & Partners. Serán un 10% más que en 2023. El segundo país que más millonarios perderá este año es Reino Unido, sólo 9.500. El informe no menciona la riqueza que unos y otros se llevarán consigo, pero en 2017, el periódico especializado Investment Immigration Insider cifraba en 10.000 millones de dólares el mercado de los inversores chinos que querían salir del país con sus patrimonios. Para hacerse una idea de la altura que alcanza la ola de emigrantes ricos chinos en todo el mundo, basta con recordar que más del 70% de las 81.125 visas a inversores concedidas por EEUU entre 2010 y 2019 las recibieron ciudadanos del gigante asiático, según cifras oficiales. En 2018, el 59% de los solicitantes de visas oro en Portugal eran chinos, el doble que en España. En Malta, el 88%. En Irlanda, se elevaban al 91%.

Según han informado a infoLibre fuentes del sector y exempleados de Hooli Home en Barcelona, la empresa china aterrizó en esa ciudad con una gran inversión y la vista puesta en abrir hasta seis oficinas. Finalmente puso en marcha tres. Al principio contaban con una flota compuesta de media docena de vehículos de alta gama y los chóferes y traductores necesarios. A los clientes chinos se les ofrecían tours por Barcelona, también visitaban Port Aventura u otros lugares de Cataluña. Incluso contrataron a un comercial ruso para atender a los clientes de esa nacionalidad.

Pero el negocio fue decayendo poco a poco y entró en barrena con el covid. Hasta que hubo periodos en los que no se vendía nada, aseguran las fuentes consultadas. “Se derivaban muchos clientes a Grecia, donde el importe mínimo para comprar una vivienda era menor, de 250.000 euros, también a Malta y a Portugal”, precisan. Malta, de hecho, era la delegación que “más funcionaba”.

En sus dos mejores años, 2017 y 2018, Immocompletisimo Spain llegó a facturar más de 1,1 millones de euros. Y a contar con una plantilla 24 personas. La empresa estaba dividida en dos secciones bien diferenciadas: los jefes chinos y los comerciales españoles. Estos buscaban las propiedades, aquellos cerraban las operaciones. Pero la comunicación entre ambas era inexistente, lamentan las fuentes: “Eran impermeables, no compartían información, no sabíamos cómo cerraban las operaciones”. “Opaca” es el adjetivo que utilizan para describir a la empresa.

Los clientes, añaden, venían del fondo de inversión de Hong Kong que forma parte del grupo Delsk. De hecho, las únicas operaciones con partes vinculadas que Immocompletisimo declara al Registro Mercantil son las que realiza con Hong Kong Delsk Business Co, propiedad al 100% de Jing Wang. Al principio la empresa se llamaba Jing Wang Properties (JWP), el nombre de otras sociedades constituidas por el empresario chino en otros países, como Malta o Irlanda. En esta última isla, se presenta como “distribuidora de un fondo autorizado por el Banco Central llamado JWP, que invierte el dinero del programa [de visas oro] en residencias de ancianos”. Las residencias son una de las opciones de inversión del programa irlandés de visas.

Según fuentes del sector, cuando se trata de clientes chinos, lo usual es trabajar con agentes freelance, de esa misma nacionalidad. “El mercado viene a través de esas agencias”, apuntan. Que les venden a los millonarios asiáticos “paquetes cerrados, que incluyen el inmueble y los trámites legales de la visa”. De esa burocracia se encargaban en Hooli Home despachos de abogados externos. Pero a veces la forma de actuar de estos intermediarios ha despertado suspicacias. “Dejamos de trabajar con ellos porque cobraban comisiones muy elevadas por inmuebles que no valían el precio que ofrecían a sus clientes”, indica un abogado de Barcelona a infoLibre. Lo inflaban hasta el mínimo legal de los 500.000 euros o les ofrecían oficinas o locales comerciales con una rentabilidad exagerada, detalla.

Otras fuentes inmobiliarias advierten de que, como a los chinos no les gusta pagar intermediarios, “la comisión iba incluida en el precio de la vivienda”.

La Fundación Daphne Caruana Galizia también refiere casos de precios inflados en Grecia y de clientes chinos que fueron estafados y, cuando llegaron al país, la propiedad prometida sencillamente no existía.

La emigración de millonarios chinos plantea además no pocos problemas legales. El Gobierno chino prohíbe a sus nacionales sacar más de 50.000 dólares al año por persona. Por lo que quienes invierten cantidades millonarias en el extranjero deben saltarse al mismo tiempo sus propias restricciones nacionales y las cada vez más estrictas regulaciones de la banca internacional. “Sacan el dinero a través de Hong Kong”, confirman varias abogados. O bien utilizan “hasta 10 familiares” y cada uno de ellos saca 50.000 euros... “Los bancos españoles no aceptan esa forma de trabajar”, zanjan enseguida.

Transparencia Internacional publicó en 2023 un informe sobre las visas oro españolas en el que criticaba “la falta de controles sobre diversos intermediarios, agentes y facilitadores”. Y pedía “regular adecuadamente las empresas y agentes facilitadores e intermediarios que ofrecen servicios de gestión de los visados”, por los “elevados riesgos de corrupción, blanqueo de capitales y delitos financieros” que plantean. “Muchas de las empresas que ofrecen estos servicios operan incluso fuera de la jurisdicción española y los riesgos aumentan exponencialmente cuando estos intermediarios tienen políticas opacas y complejas estructuras de propiedad”, advertía.

No son los únicos. La OCDE y el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) también alertaban el año pasado del mal uso que se hace en muchos países de los programas que regalan la residencia a cambio de inversiones. En concreto, ponían el foco en el “uso frecuente de intermediarios” y “el abuso por parte de facilitadores profesionales”, que “aumentan el riesgo de delitos financieros y corrupción, incluido el soborno en el extranjero”. Citan a los agentes inmobiliarios, los gestores de patrimonios, los abogados que tramitan las visas y las consultoras como posibles facilitadores del abuso de estos programas.

A fecha de diciembre de 2022, las últimas cuentas que ha presentado en el Registro Mercantil, Immocompletisimo Spain acumulaba pérdidas por importe de 1,47 millones de euros. No ha tenido beneficios en seis años y registra un patrimonio neto negativo de 1,64 millones. Es decir, está en causa de disolución, puesto que su capital social es el mínimo requerido para crear una sociedad limitada, 3.000 euros. La ley española establece que, si las pérdidas dejan reducido el patrimonio neto a la mitad del capital social, una sociedad debe disolverse.

Immocompletisimo Spain ha quedado reducida ahora a una oficina en un bajo de Barcelona, donde ni siquiera figura en los buzones, según ha podido comprobar este periódico. En sus cuentas de 2022 consta que sólo tiene tres empleados fijos, una cifra de negocio de 53.696 euros y unas pérdidas de 202.156 euros. En la página web china de Hooli Home se pueden encontrar las ofertas de la empresa en Barcelona. Se limitan a alquileres en residencias de estudiantes universitarios, con precios entre 875 y 1.575 euros al mes. Lo mismo en Madrid. Hasta 2.000 euros al mes con todos los servicios incluidos.

Los números de su empresa matriz, la portuguesa Imócompletissimo Consultoria de Imóveis SA, tampoco son mucho mejores. Según las cuentas enviadas al Registro Mercantil, acumula 6,2 millones de euros de números rojos en sus 11 años de actividad. No tiene ni un solo empleado, pero en 2023 facturó 270.000 euros, no mucho pero por encima de los raquíticos 15.425 euros ingresados en 2019. Cerró el año pasado con unas pérdidas de 14.202 euros, lejos de los 2,35 millones que se dejó en 2019. A diferencia de su filial española, Hooli Home sí mantiene activa su página web portuguesa y tiene oficinas en el Parque de las Naciones de Lisboa.

En Portugal, según datos del Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), entre 2012 y 2022, 29.666 personas consiguieron una visa oro, como inversores o familiares de inversores. Más de la mitad procedían de los 30 países con mayor riesgo de lavado de dinero. Hasta 2023, el programa generó casi 7.000 millones de euros en inversiones y 10,7 millones en adquisiciones de propiedades, pero creó sólo 22 puestos de trabajo.

En teoría, pues, un buen negocio: los compradores con visa oro aportaron cerca de una cuarta parte de la inversión extranjera en el sector inmobiliario portugués, por sólo un 1,5% en España, según los datos de la Fundación Daphne Caruana Galizia.

Hay razones que explicaban el atractivo de las visas oro portuguesas hasta su eliminación el año pasado. Por ejemplo, tras cinco años de residencia, durante los cuales los solicitantes sólo deben pasar 63 días en el país, pueden pedir un pasaporte portugués. Porque a los titulares de la visas oro lusas les basta permanecer siete días en el país durante el primer año y 14 los siguientes para ser considerados residentes.

Además, el programa fiscal de Residente No Habitual (RNH) ofrece tipos impositivos favorables sobre la renta extranjera durante 10 años. Y no existe impuesto sobre el patrimonio ni de sucesiones.

infoLibre ha intentado ponerse en contacto con Immocompletisimo Spain, su matriz portuguesa y el propio grupo Delsk, pero no ha obtenido respuesta.

En el último barómetro del CIS, la Sanidad Pública aparece en segundo lugar como la preocupación que más afecta personalmente a la ciudadanía (17,1%). Sin embargo, no se le está dando la importancia que tiene para la salud de la sociedad y nos encontramos con un sistema que no ha parado de empeorar desde la crisis de 2008 y la pandemia de COVID-19. Y es que a pesar de las promesas de mejora, los problemas en el sistema sanitario persisten.

Si observamos los principales retos que tiene el sistema sanitario español, se podrían destacar los siguientes:

La financiación sanitaria en España es insuficiente, situándose por debajo del promedio de la UE y la OCDE. El gasto sanitario total representa el 9,2% del PIB, frente al 11% de la UE. El gasto público por habitante en España es de 2.771€, siendo menor que los 4.028€ de la UE y los 4.996€ de la OCDE. Además, el gasto de bolsillo alcanza el 21% del total, superior al 18% de la OCDE, lo que genera desigualdades en el acceso a la atención sanitaria. Tras los recortes significativos en la anterior crisis, el gasto comenzó a recuperarse antes de la pandemia, que a su vez aumentó el gasto sanitario público, pero que ha vuelto a disminuir en porcentaje sobre el PIB.

Las diferencias en la financiación de las comunidades autónomas (CCAA) complican la equidad en prestaciones, con disparidades que oscilan entre los 1.533€ en Andalucía y los 2.142€ en el País Vasco. Si no hay una financiación finalista no podrá garantizarse la equidad en la atención sanitaria en todas las CCAA (está claro, por ejemplo, que si la Comunidad de Madrid recibe más financiación, supuestamente para sanidad, lo más probable es que acabe en la Fórmula 1, prevista en Madrid para 2026. No sería la primera vez que se desvían fondos para sanidad a otros sectores: Esperanza Aguirre los destinó al metro ligero en su etapa de presidenta).

El gasto farmacéutico en España es alto y ha aumentado significativamente, alcanzando en 2022 un total de 20.056 millones de euros, lo que representa el 23,93% del gasto sanitario público. Desde 2014, este gasto ha crecido un 40,28%, con un aumento del 52,96% en la farmacia hospitalaria. Aún existe un copago farmacéutico basado en la renta, con excepciones para personas de bajos ingresos, por lo que un 4% de la población no adquiere los medicamentos prescritos por problemas económicos. Además, el uso de medicamentos genéricos es bajo en comparación con la UE y la OCDE, y persisten conflictos de intereses entre profesionales sanitarios y la industria farmacéutica. Propuestas como una industria farmacéutica pública y el control de precios no se han implementado.

El sistema sanitario en España está descentralizado en 17 CCAA, que gestionan la asistencia sanitaria, y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, gestionadas por el Ministerio de Sanidad. La descentralización se realizó de manera descoordinada, lo que ha generado problemas de gobernanza en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El Consejo Interterritorial, compuesto por miembros de las CCAA y del Ministerio de Sanidad, debería coordinar el SNS, pero su funcionamiento basado en el consenso y la falta de mecanismos legales para hacer cumplir las decisiones ha creado conflictos, especialmente durante la pandemia. A pesar de reconocer estos problemas en el Plan para la Reconstrucción y Resiliencia, no se han implementado soluciones concretas hasta ahora.

Después de la aprobación de la Ley General de Sanidad (LGS), comenzó la privatización en España, influida por la globalización neoliberal. En 1991, el informe Abril promovió la privatización de los centros sanitarios públicos, pero fue detenido temporalmente. En 1997, bajo un gobierno conservador, se aprobó la Ley 15/97, que favoreció la privatización, posteriormente desarrollada en varias leyes autonómicas.

Los modelos de privatización en España incluyen el modelo Alzira, donde una empresa privada construye y gestiona un hospital por 20-30 años; el modelo PFI, que replica un esquema del Reino Unido donde la empresa privada gestiona solo áreas no sanitarias; conciertos con centros privados para servicios específicos; y externalizaciones, donde se contratan servicios concretos con centros privados de manera irregular.

Inicialmente, la privatización se justificó con promesas de mayor flexibilidad frente a la burocracia del sistema público, pero con el tiempo, se ha revelado que los supuestos beneficios de la privatización no han sido tan claros. Ahora mismo, en la experiencia que hay en España sobre la privatización de la provisión, sabemos algunas cosas que son muy claras:

Existe un incremento de los costes muy bien constatado y a veces de muy difícil evaluación. Además, se hipoteca la política sanitaria, hay una mala calidad en la construcción y el equipamiento, disminuyen el número de camas, tienen menos personal sanitario y no sanitario (el cual además está precarizado), empeoran las condiciones laborales, externalizan aspectos clave (planificación sanitaria, control de los centros, etc.), están en manos de grandes multinacionales que hipotecan la soberanía en la prestación de un servicio básico, favorecen las corruptelas, empeoran la atención sanitaria al poner los intereses económicos y la rentabilidad por delante del derecho a la salud, y tienen un control escaso o inexistente.

Las colaboraciones público-privadas han sido un paso hacia la privatización total, aunque algunos intentos, como en la Comunidad de Madrid en 2012, fueron paralizados. Esta tendencia a la privatización se observa en diferentes grados en las CCAA, con Madrid a la cabeza. Las actuaciones necesarias para parar esta deriva privatizadora no se están llevando a cabo.

En España, la Atención Primaria (AP) se estableció con la aprobación de la LGS en 1986 y se expandió hasta cubrir más del 99% de la población a finales de los 90. Sin embargo, desde entonces ha sufrido un deterioro continuo, reflejado en un presupuesto insuficiente, que nunca ha superado el 15% del presupuesto sanitario público, y un gasto por habitante significativamente menor que el promedio de la UE. Además, ha habido una disminución del personal médico, que ya era escaso, y un déficit crónico de personal de enfermería, con una ratio de enfermeras por médica inferior al promedio europeo.

España ha mantenido históricamente un bajo número de camas hospitalarias, con solo 3 por cada 1.000 habitantes en 2021, en comparación con 4,5 en la UE y 4,3 en la OCDE. A pesar del notable aumento de la población en los últimos años, el número de camas ha seguido disminuyendo, lo que ha llevado a una reducción de la ratio de camas por 1.000 habitantes y ha generado cuellos de botella en las urgencias, especialmente evidentes durante la pandemia. A pesar del envejecimiento de la población y del reconocimiento de la necesidad de aumentar las camas públicas y de media y larga estancia por parte de la Comisión para la Reconstrucción y Resiliencia, no se ha avanzado en este aspecto en los últimos cuatro años.

En el Sistema Sanitario Público de España, las listas de espera son significativas y se han intensificado en la Atención Primaria (AP) desde la pandemia. En 2022, el 85,6% de las personas que solicitaron cita en AP esperaron más de 48 horas, con un promedio de 8,8 días y un 54,3% esperando siete días o más. Además, el 21,45% no pudo consultar por un problema de salud importante. Las consultas telefónicas representan el 32% del total, aunque muchas personas consideran insatisfactorias estas interacciones debido a la falta de atención adecuada.

Por otro lado, a finales de 2023, alrededor de 4,5 millones de personas estaban en lista de espera quirúrgica o para una primera consulta, sin contar quienes aguardaban pruebas diagnósticas. Las demoras han aumentado, con un mayor porcentaje de personas esperando más de seis meses y variaciones notables entre comunidades autónomas. Esta situación ha llevado a un aumento del aseguramiento privado que cubre ya a un 25,8% de la población en 2023 (Madrid tiene la tasa más elevada: 40,5%). Este crecimiento se ha visto favorecido por la desgravación fiscal para empresas que contratan seguros privados para sus empleados.

En España, el número de médicos por mil habitantes es alto, con 4,5 médicos por cada 1,000 habitantes, superando el promedio de la OCDE (3,7). Sin embargo, el número de profesionales de enfermería es bajo, con 6,3 por mil habitantes frente a un promedio de 9,2 en la OCDE. Esta situación parece que va a persistir, ya que el número de graduados en medicina supera el promedio de la OCDE, mientras que en enfermería está por debajo. La expansión de universidades privadas que ofrecen grados en medicina, pero no en enfermería, agrava el problema. Además, hay más médicos y enfermeros en hospitales públicos que en AP, y aunque ha habido un ligero crecimiento en el personal de AP, este ha sido inferior al de los hospitales.

Las desigualdades territoriales en España son significativas, con CCAA más ricas y pobladas que tienen una mayor densidad de profesionales médicos, en contraste con las más pobres y rurales. Durante la crisis de 2008, se redujeron drásticamente las plazas de formación de especialistas, afectando especialmente a la medicina familiar y comunitaria, lo que ha limitado el número de médicos en AP. Afortunadamente, en los últimos años, los gobiernos progresistas han incrementado significativamente el número de plazas de formación, pasando de 6,948 en 2009 a 11,607 en 2024.

Sin embargo, los profesionales sanitarios enfrentan problemas como retribuciones inadecuadas, condiciones laborales inapropiadas y escasas oportunidades de desarrollo profesional, lo que ha llevado a una migración hacia otros países de la UE y Gran Bretaña. Esta migración no está bien cuantificada, ya que faltan datos sobre el porcentaje de profesionales que emigran o regresan a España.

En conclusión, la Sanidad Pública en España enfrenta numerosos problemas y se encuentra en una fase de regresión, a pesar de los esfuerzos de los últimos gobiernos "progresistas", que operan en un contexto de debilidad parlamentaria. Existen diferencias significativas entre CCAA en cuanto a tiempos de espera, grado de privatización y recursos accesibles, lo que genera desigualdades en el acceso a la atención sanitaria.

Sin embargo, la población tiene un gran aprecio por el sistema de salud público, prefiriéndolo para Atención Primaria, consultas de especialistas, urgencias y hospitalización. Esto se traduce en un alto grado de satisfacción con la atención recibida y con los profesionales de la salud.

El apoyo social se manifiesta en movimientos y plataformas en defensa de la Sanidad Pública en todo el país, que han llevado a cabo movilizaciones significativas en regiones como Madrid, Galicia y Andalucía. Estas plataformas abordan problemas locales concretos, lo que les otorga fuerza, aunque limita su capacidad para coordinar acciones a nivel nacional.

A medio plazo, las perspectivas son preocupantes debido a que la mayoría de CCAA están gobernadas por la derecha, con posturas neoliberales y privatizadoras. A pesar de que el gobierno central tiene una ideología progresista, su implicación en la defensa de la Sanidad Pública es escasa. Las entidades defensoras de la Sanidad Pública continuaremos trabajando para evitar un mayor debilitamiento del sistema y garantizar atención sanitaria de calidad para toda la población.

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Marciano Sánchez Bayle es portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y patrono de la Fundación Alternativas.

Madalina Crisbasianu es socióloga y autora de 'La sanidad pública en la era post-covid'

La macroeconomía sigue alimentando el optimismo en el caso de España. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Producto Interior Bruto (PIB) nacional se acrecentará este año y el siguiente por encima de la media de la eurozona, en concreto cuatro veces más en 2024 y nueve décimas más en 2025, de acuerdo a lo reflejado en el informe Perspectivas Económicas.

La OCDE ha revisado al alza su pronóstico de expansión del PIB estatal hasta el 2,8% para este ejercicio y el 2,2% en 2025, como ya hicieran otros organismos como el Banco de España, que prevé un crecimiento del 2,8% este año y del 2,2% para el siguiente, en línea con las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que espera una elevación del PIB hasta el 2,8% en 2024 y el 2,3% en 2025. El Gobierno también ha movido estos días sus augurios para el PIB, que ha colocado en el 2,7% en 2024 y en el 2,4% en 2025.                          

Para la eurozona, la OCDE vaticina una expansión del 0,7% en 2024 y del 1,3% en 2025. Si se enfoca en algunas de las economías avanzadas como Alemania, que tradicionalmente operaba como potencia motora, sus números son del 0,1% en 2024 y del 1% en 2025; Francia se anotará un 1,1% en 2024 y un 1,2% en 2025; e Italia avanzará un 0,8% este año y un 1,1% el siguiente.

¿Por qué la economía española tira más que la del conjunto de la zona euro? infoLibre ha hablado con varios expertos para responder a esa pregunta y apuntan a un racimo de motivos.

Santiago Carbó, catedrático de Economía en la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de Funcas, considera que el PIB español se está comportando mejor gracias a contar con “una especialización productiva en el sector servicios”, en el que se es “muy competitivo” y “no sólo, aunque principalmente, en turismo”. Junto a ello: “Hemos tenido además una demanda interna y un consumo fuertes, que se han debilitado un poco conforme se ha ido notando la pérdida de poder adquisitivo y la inflación. Y la inversión se ha comportado aquí mejor, pero hay alguna duda sobre lo que pasará en el futuro”, complementa.

Insiste en que “se ha crecido más por esa especialización productiva” y “porque España ha tenido un mix energético más barato y se va a beneficiar en los próximos años de tener más renovables que otros países”, asevera. En ese punto añade que, por el contrario, Alemania “está sufriendo porque su vocación industrial es mucho más grande y porque tiene que hacer una reconversión en el tema energético”, dado que “tenía una excesiva dependencia del gas ruso, con lo que su modelo industrial y energético se ha visto en crisis y aún está en el proceso de adaptación, por lo que llega un poco tarde a cuestiones como la electrificación, al coche eléctrico”. Y hay otro elemento que, en opinión de Carbó, ha contribuido a que España marque la diferencia: el incremento de la población. “Si somos más trabajando aquí y se está creando empleo, eso favorece al PIB, sin que necesariamente aumente la productividad, que no lo está haciendo”, afirma, para enlazar luego que “los fondos Next Generation están ayudando” a que, en conjunto, España tenga “un crecimiento más saneado que se va a mantener en el tiempo”.

Si bien, hace notar que la “sensación” es distinta “en términos per cápita” porque “los salarios no están aumentando ni la productividad y la percepción de muchas familias medias es que están perdiendo poder adquisitivo con la inflación, cuando los impuestos recaen sobre ellas”. “Hay esa dicotomía –agrega–, pero en todo caso, España es una economía atractiva, vienen inmigrantes, sobre todo de Hispanoamérica y con cierta formación, lo que está ayudando al crecimiento como, por supuesto, la especialización productiva y la alta demanda que tenemos, no sólo de servicios turísticos porque contamos con bancos y empresas internacionales por ejemplo, aunque también. Somos un destino seguro, con una grandísima oferta cada vez más competitiva”, cierra.

Para Miguel Artola, profesor de Historia económica de la Universidad Carlos III, si la economía española se agranda desde 2022 en adelante es, en primer lugar, “por el factor demográfico”. “Seguimos pensando que somos un país de 47 millones de personas y estamos ya casi en 49”, señala, para subrayar a continuación que existe “bastante flujo migratorio de diversa procedencia”. “Sospecho que hay uno no desdeñable de trabajadores freelances o nómadas digitales que antes podían trabajar en Londres o Nueva York y han elegido establecerse en España”, engarza. Ahonda en esa idea: “Aunque a grandes rasgos la emigración siga siendo de países en origen con menos rentas, hay algo más y eso refleja que España es un país atractivo para trabajar o montar un negocio, lo que no es baladí porque permite que ciertos sectores no tengan problemas de mano de obra y por el efecto de que repercute en el consumo y en la inversión”, defiende.

Artola aporta otros dos ingredientes que, a su entender, han abonado la buena cosecha de números económicos en el caso español: “El tirón de los servicios de mayor valor añadido y del turismo”. En relación al primero, manifiesta que “la revisión del PIB de la semana pasada del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha mostrado que en 2022 y en 2023, la rama de servicios profesionales, a las empresas, consultorías… a la que no se le solía prestar atención porque no era un sector puntero en comparación con los países de la eurozona, se está desarrollando”. Y por lo que respecta al turismo, indica que “está en máximo de visitantes. Se prevén 90 millones este año, con los precios de la hostelería como están, subiendo mucho”. “Este es el motor tradicional, pero si hasta hace poco el debate era si íbamos a poder recuperar los niveles de 2019, está superado. Estamos por encima e incluso ajustando por la inflación”, asegura.

Para rematar su análisis, explica que “la industria manufacturera va mejor que en otras zonas de Europa, pero no está tirando del carro; la inversión tampoco es un sector muy puntero; el consumo público ha acompañado el ciclo y el privado se ha mantenido”. Por último, pone la lupa en que, en un marco donde “los servicios de más valor añadido” se han espigado, esto “debería ir acompañado de mayor inversión en I+D y en servicios digitales”, lo que "se está viendo un poco menos”, pese a los fondos europeos.

Mirando al conjunto de la eurozona, resalta que mientras estados “como Alemania y Francia no despegan”, a los países “más damnificados por la crisis del euro, como España, Italia, Portugal o Grecia les está yendo mejor, pero por distintas razones”, avisa. A su juicio, es reduccionista intentar achacarlo a que “son las economías mediterráneas y es el turismo”, concluye.

¿Cuál es para Judith Arnal, investigadora senior de Real Instituto Elcano y CEPS, el elemento diferencial de la economía española? Sobre todo "la demanda externa". Lo argumenta: "Si observamos los datos de crecimiento del segundo trimestre de 2024, vemos que creció un 0,8%, del que 0,5 puntos porcentuales vienen atribuidos a la demanda externa y dentro de ella, lo que está siendo más dinámico son las exportaciones de servicios tanto turísticos como no turísticos. Estos últimos son los de alto valor añadido de ingeniería, de consultoría, arquitectura, TIC…, lo que es un cambio muy positivo en el patrón del sector exterior de la economía española, que se basaba fundamentalmente en el turismo".

No obstante, lo expuesto no es óbice para que, a su vez, los servicios turísticos sigan trepando gracias a "la diversificación geográfica y la estacional". De un lado, “los turistas no sólo van a las típicas zonas de sol y playa, sino a otros del norte y del interior, y se han multiplicado los provenientes de América y en particular de EEUU”. De otro, los visitantes “se reparten a lo largo de todo el año y no se concentran en verano”. 

En ese marco, a Arnal le preocupa a futuro un componente del PIB: la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión. Y lo hace porque "en el segundo trimestre se ha ralentizado y es donde vamos más retrasados en la recuperación respecto a los niveles previos a la pandemia". "La inversión –hilvana– es lo que realmente te permite el crecimiento potencial, el futuro, y estamos recibiendo muchos fondos Next Generation que deberían tener un potencial transformador para la economía y verse ahí, pero de momento no está pasando", dice.

Con todo, en un contexto en el que a otros países les va peor, cree que habrá una ralentización del crecimiento, pero confía en que los fondos europeos comiencen a reflejarse en las cifras del PIB y en que la economía pueda apoyarse más "en la demanda interna" y, en detalle, "en la formación bruta de capital fijo".  

Javier Ferri, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia e investigador de Fedea, enumera una triada de causas que soportan el mejor comportamiento de la economía española: población, energía y turismo. “En España la población está creciendo mucho más que en el resto de Europa, debido a la entrada de inmigrantes en situación regular que están siendo absorbidos por el mercado de trabajo”, declara. Pero apostilla: “La implicación negativa de esto es que, si se corrige por la población, el PIB per cápita ha crecido y crecerá menos que el PIB agregado”, advierte.

Sobre la energía, destaca “la menor dependencia energética de España con respecto a otros países en los que el precio de las materias primas se ha encarecido, lo que hace que las importaciones sean menos”. “En otros ciclos económicos pasados –recuerda– hemos visto que cuando la economía se recuperaba, parte de esa recuperación hacía que aumentaran las importaciones y eso detraía PIB, al desviarse renta al extranjero para comprar energía”. En cambio, en la actualidad, “la transición energética está muy avanzada” y el país “ha sido capaz de sustituir fuentes exteriores por otras más verdes y que se producen dentro, lo que hace que no se envíen recursos fuera y se eleve el PIB”.

¿Y qué ha pasado con el turismo? Se ha sacudido “algunas previsiones que decían que había alcanzado un tope”, dado que éstas “no tenían en cuenta que los turistas se distribuyen a lo largo del año y geográficamente”. Lo abrocha: “Antes se agolpaban en la costa mediterránea, en el sur… y ahora viajan a otras zonas del interior o el norte. Ha habido un cambio en las pautas del turismo temporal y geográfico, lo que hace que el impacto potencial del turismo se haya ensanchado”, despojándose de clichés.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es más optimista que el Gobierno español, que esta semana ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento para este año al 2,7%, y cree que el producto interior bruto (PIB) subirá un 2,8%, el segundo mayor de todos los países miembros, sólo por detrás de Turquía. En su informe interino de Perspectivas publicado este miércoles y que recoge EFE, corrige al alza la previsión que había hecho en mayo en un punto porcentual, la más importante de ese grupo de países que también pertenecen al G20.

De hecho, el 2,8 % que augura para 2024 en España cuadruplica la del conjunto de la zona euro, lastrada en particular por Alemania, que se quedará en un crecimiento anémico del 0,1 %, y duplicará con creces a los otros dos grandes socios de la moneda única que son Italia (0,8 %) y Francia (1,1 %). Con esta revisión al alza, España también se colocará en ritmo de expansión por encima de Estados Unidos (2,6 %) o Corea del Sur (2,5 %) y sólo le superará entre los grandes de la OCDE Turquía (3,2 %).

Esa misma situación se repetirá el año próximo. Los autores del informe anticipan que el PIB español subirá un 2,2 %, dos décimas más de lo que habían estimado en mayo. En este caso, el Gobierno se muestra más optimista, con su previsión del 2,4 %.

En cualquier caso, el crecimiento de España volverá situarse por encima de las otras grandes potencias del mundo desarrollado que son Estados Unidos (1,6 %), Japón (1,4 %), Corea del Sur (2,2 %) o sus socios europeos Alemania (1 %), Francia (1,2 %) e Italia (1,1 %) y de nuevo la única excepción volverá a ser Turquía (3,1 %).

No obstante, la progresión del PIB español no alcanzará el ritmo que se espera para el mundo en su conjunto (3,2 % tanto este año como el próximo), ni para el G20 (3,2 % y 3,1 %, respectivamente), en el que también están incluidas algunas de las grandes potencias emergentes como China, India o Brasil.

La OCDE cree que la inflación en España será este año de media del 3 %, superior a la de casi todos los otros miembros que también forman parte del G20, con la salvedad de México (4,5 %) y, sobre todo de Turquía (56 %), y en particular netamente más elevada que la de la zona euro en su conjunto (2,4 %).

La situación es muy diferente si lo que se considera es la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los elementos más volátiles que son la energía y los alimentos, ya que el 2,6 % de España en 2024 es inferior a la de la eurozona en su conjunto (2,8 %) e incluso a la de Estados Unidos (2,7 %). Los autores del informe hacen notar que España es uno de los países del G20 en los que más poder adquisitivo han ganado los salarios desde el cuarto trimestre de 2019, es decir, desde antes de que estallara la crisis de la covid.

En España los salarios reales han aumentado en esos cuatro años y medio un poco más del 2,5 %, y sólo tienen cifras más favorables Estados Unidos y, sobre todo Brasil.

La OCDE hace un análisis comparativo entre los países del G20 de las trabas reglamentarias que tienen para la competencia en los mercados de bienes y servicios, y que constituyen un obstáculo para el aumento de la productividad y de la inversión, que son claves dadas las perspectivas de crecimiento modesto que se presentan.

España es uno de los más abiertos en el caso del mercado de productos, sólo por detrás de Reino Unido y Francia, pero sin embargo se sitúa en el furgón de cola en los servicios, únicamente por delante de Corea del Sur y Turquía. Además, la situación ahí se ha deteriorado ligeramente entre 2018-2019 y 2023-2024. 

La inversión en educación en España creció en todos los niveles entre 2015 y 2021 y pasó del 4,4% del Producto Interior Bruto (PIB) al 4,9%, según el informe Panorama de la educación 2024. Indicadores OCDE –Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico–, el mismo del que se desprende que, no obstante, en las aulas quedan desafíos pendientes como el abandono escolar temprano, la tasa de repetición, que sigue siendo elevada en comparación con la de otros estados, o la carga laboral de un profesorado que a menudo se queja de estar atiborrado de burocracia.

En relación a la inversión algo se mueve. Durante años, expertos en la materia han repetido que a partir de unos niveles determinados, aumentarla no suponía mejores resultados educativos y han puesto el foco en cómo se tenía que gastar el dinero público. Pero este mantra comienza a ser rebatido. Así se refleja, por ejemplo, en el libro Economía de la Educación, que se ha publicado recientemente como colaboración de 22 investigadores y está accesible en la web de la Fundación Areces. Uno de sus coordinadores, Ismael Sanz, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) e investigador de Funcas, explica a infoLibre que “muchos trabajos, empezando por el informe PISA, mostraban que había un umbral a partir del cual los incrementos adicionales del gasto público en educación no siempre conducían a mejoras de aprendizaje de los estudiantes. Pero en otros que son metodológicamente más consistentes y científicos, que aíslan el impacto causal del gasto y el aprendizaje, sí que empiezan a encontrar esa relación”. Es más, señalan que “un aumento del 10% en el gasto en educación eleva las puntuaciones de los exámenes en 0,069 desviaciones estándar” o, dicho de otro modo, “el impacto promedio de esa alza en el resultado de los alumnos es de dos meses de aprendizaje”. “Las estimaciones causales revisadas por Handel y Hanushek sí marcan que un déficit en la financiación de la educación afecta negativamente a la formación del alumnado, si estos gastos en educación se invierten de forma efectiva”, sostiene Sanz.

El cómo se gaste esa ampliación adicional de fondos en educación podría influir en que los efectos fueran más o menos mayores. En relación a esto, el profesor de la URJC asevera que los trabajos más novedosos apuntan a que “reducir el número de alumnos por clase, entre otras cuestiones como tutorías en pequeños grupos o clases de refuerzo, sobre todo en asignaturas como matemáticas o lengua, mejora el aprendizaje”. “Pero es cierto que es muy costoso”, admite Sanz, para apostillar: “Quizá es una estrategia más inteligente hacerlo en los centros educativos situados en zonas desfavorecidas, en los que haya más estudiantes de colectivos vulnerables y disruptivos”. Lo que sí parece claro ya es que, rebajar la ratio de alumnos por clase, “tiene mayor impacto en Primaria”. ¿La causa? “En educación, si se tiene un déficit, una laguna, dificulta aprender las siguientes lecciones, es acumulativo”. Con todo, en Secundaria, “es importante hacerlo también, sobre todo si hay alumnos rezagados, que no siguen al profesor, o que interrumpen las clases, para que los docentes puedan gestionar mejor y crear un clima más propicio para la enseñanza”, enlaza Sanz. 

Para rematar, el investigador de Funcas indica que, de acuerdo a la información de la OCDE, España se sitúa por debajo de la media en gasto por alumno y “países como Luxemburgo, Dinamarca o Estados Unidos superan significativamente la inversión en la educación superior con respecto” a la nacional. En este sentido, plantea que “habría que aprovechar un fenómeno que en sí no es positivo, como es la bajada de la natalidad, porque precisamente en educación, si no se reduce el número de docentes, puede acabar aumentando el gasto público por estudiante”. El alumnado ha caído por ese motivo “en el segundo ciclo de Infantil, en Primaria, y este año el Ministerio de Educación ha previsto que pase por primera vez en la ESO”, cierra.

En línea con lo expuesto, una de las 50 mentiras y medias verdades sobre la educación española que se desmontan en el libro Educafakes, escrito por el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Jesús Rogero y el maestro Daniel Turienzo, es que “a partir de un mínimo de financiación, los recursos no influyen en los resultados educativos”. “Durante mucho tiempo, en especial la OCDE presentó un gráfico en el que se veía como la asociación entre rendimiento e inversión por estudiante era muy fuerte hasta cierto punto y luego desaparecía. Se hicieron además dos estudios con metodologías correlacionales que venían a decir que a partir de cierta cantidad de fondos no mejoraban. Entonces se produjo una falsa dicotomía entre si había que invertir más o invertir mejor que hoy sabemos que no es cierta, que son importantes las dos cosas”, resume Turienzo.

Es más, mantiene que “los brutales recortes que se hicieron en educación, partían de esa premisa: si a partir de cierta cantidad no influye cuánto invertimos, desinvirtamos, que no se va a notar. Pero estudios con bases de datos muchos más grandes que permiten detectar mejor los efectos y con metodologías causales, han probado que la inversión está fuertemente ligada con el rendimiento educativo y que es importante invertir más e invertir mejor, las dos cosas”, incide.

Comparte con Sanz la idea de que las inyecciones económicas "más eficaces" se producen "en las etapas más tempranas, hablando en términos de retornos”. “En Educación Infantil, de 0 a 3 años, está comprobado que son grandes y una máxima que se debe aplicar es la de ‘más vale prevenir que curar’”, anima. Lo desarrolla: “Hay que intentar apostar por políticas pre distributivas y por la detección temprana de los problemas a través de programas de refuerzo, de desdoble, de tutorías en pequeños grupos, docencia fuera del horario escolar… Todo ello está asociado con mayores niveles de rendimiento”, enumera.

Otro fake educativo ligado al ámbito económico que desmontan en el libro editado por Capitán Swing es el de que “los centros totalmente privados no reciben financiación pública”. “En España estos tienen muy pocas responsabilidades y están sometidos a un control más laxo. Por ejemplo, tienen derecho de admisión o aplican medidas más extremas en cuestiones relacionadas con el adoctrinamiento o la defensa de algunos valores. Se asume que pueden hacerlo porque no reciben financiación pública y son independientes”, comenta Turienzo. Pero, ¿es cierto? “Los datos dicen que sí la reciben” a través de elementos como “las exenciones fiscales o las mal llamada becas de la Comunidad de Madrid”. “Hay trabajos que la cifran en 500 euros por alumno al año, pero creo que en la actualidad se llegaría a cifras incluso mayores. Si se les cede suelo público o se les reducen impuestos a las familias por pagar la cuota, es dinero que dejamos de ingresar todos y al final es dinero público”, defiende el coautor de Educafakes.

¿Y es la educación privada o concertada más eficiente que la pública? Pues tampoco. “Es un mito”, asegura el maestro. Para combatirlo, parte de que para analizar la eficiencia, “hay que mirar los imputs, aquello que se pone en juego en el sistema educativo, y los resultados”. Respecto a los primeros, hace notar que el “único cálculo” sobre “cuánto cuesta una plaza en un centro público y uno concertado que se ofrece por parte del ministerio" es "bastante burdo", al "omitir que algunos gastos educativos se le imputan sólo a los alumnos de los centros públicos, cuando todos participan de ellos”. Se refiere a factores como el desembolso que supone “la inspección” o “la propia administración educativa”. A lo que suma que, “hay que tener en cuenta que gran parte del gasto educativo en España está asociado al índice de ruralidad: mientras más rural es un centro, más cuesta, no porque lo haga más en sí mismo, sino porque es igual gasto con menos alumnos. Y los centros en esas zonas son públicos”, condensa. Asimismo, “aunque están reguladas desde 1985, en España, la mayoría de los colegios privados cobran cuotas alegales o ilegales”. “Si se junta todo eso”, une, “la radiografía de cuánto se invierte en la pública y en la concertada cambia”. Y por lo que respecta a los resultados, “son mejores en los centros privados, pero porque básicamente atienden a un tipo de alumnado diferente, que tiene un mayor nivel socioeconómico y cultural”, arguye.

Preguntado sobre si las desigualdades académicas se deben en buena medida a las desigualdades sociales, responde que sí, “hablando de medias y en conjunto”. “El nivel socioeconómico de los niños que acuden a los centros públicos es más bajo porque segregan en menor medida y tienen un enfoque más inclusivo, es la escuela de todos”, manifiesta. Y aporta otros datos: “Si uno de los dos progenitores tiene estudios superiores, hay un 77% de posibilidades de que los hijos y las hijas los tengan. Sin embargo, si ninguno de los dos cuenta con ellos, se reducen al 31%. La diferencia es muy llamativa y pone de manifiesto las barreras o las dificultades que tiene que enfrentar una niña o un niño que proceda de una familia popular”.  

Considera, en definitiva, que la escuela española aún no ofrece las mismas oportunidades para todos. “Es una utopía por la que debemos luchar, pero es una utopía". En su opinión: "La educación pública es la mejor herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer el ascenso social y que los niños desarrollen competencias, pero hoy no garantiza la igualdad de oportunidades. Sabemos que elementos como el nivel formativo de los padres o la dificultad para llegar a fin de mes están muy vinculados a los desempeños escolares y todavía no somos capaces de compensarlo educativamente”. De hecho, pone de relieve que, “cuando se analizan pruebas internacionales, uno de los factores que sigue teniendo una capacidad predictiva muy grande del éxito escolar de los niños es el número de libros en el hogar, que está asociado al nivel de lectura”. 

Y hay otra realidad: España es el país de la OCDE que más segrega a los alumnos entre la escuela pública y la concertada según su situación socioeconómica, a la luz de lo plasmado en un informe de Save the Children. Una familia con dos hijos y unos ingresos anuales de unos 9.100 euros tendría que dedicar casi un 20% de éstos a la escuela concertada, teniendo que abonar unas cuotas de alrededor de unos 100 euros durante los nueve meses del curso. Se trata de cantidades inasumibles para muchos. 

La tasa de adultos que tiene solo la primera fase de Secundaria ha disminuido en más de una década, pero España sigue teniendo el doble que la media de la UE en esta situación, aunque la escolarización de primer ciclo Infantil -no obligatoria- despunta y la secundaria y bachillerato recupera posiciones, superando medias europeas y de los países de la OCDE. Así se desprende del informe Panorama de la Educación, Indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 2024 que recoge EFE y que indica que, si bien el número de adultos con la primera etapa de educación secundaria como máximo nivel de estudios ha decrecido desde 2010 (del 47,1 % al 35,8 %), la cifra se queda muy alejada de las medias de la OCDE (19,4 %) y de los países miembros de la UE25 (16,4 %).

No obstante, España ha logrado reducir este porcentaje en más de 11 puntos, mientras que el resto de los países de la OCDE y la UE25 lo han hecho en un 7,7 y 6,9 puntos, respectivamente.  Entre los 15 y 19 años las tasas de escolarización descienden en otros países, pero siguen siendo altas en España en comparación con las medias de la OCDE, con un 87,8 %, y similar al entorno europeo.

El estudio también apunta que en la segunda etapa de educación secundaria general, España muestra una tasa de escolarización del 44,9 %, superando en casi ocho puntos la media de la OCDE y en 10 la de la UE25. Pero un 25 % de los jóvenes tiene solo estudios básicos, un dato que desde el Ministerio de Educación se ve "preocupante". A favor, aumentan los mayores de 25 años que deciden retomar sus estudios con "una alta proporción" (14,3 %) que supera hasta en 5 puntos las citadas medias.

La tasa de escolarización en España en el primer ciclo de Infantil -no obligatoria- es de las más altas: en el tramo de 4 años alcanza el récord del 97 %, muy por encima de la media de la OCDE (89%) y de los países de la UE25 (92%). Así, la escolarización de 0 a 3 años ha alcanzado el 41,8 % y sitúa a España entre los países con mayor porcentaje de infantes matriculados, junto con Suecia (47,3 %) y Noruega (58,9 %).

Según el estudio, el 29,7 % de los menores de dos años y el 64,2 % de los de dos años estaban matriculados, mientras que en la media de los países de la OCDE estos porcentajes son del 17,7 y 41,8 %, respectivamente, y del 13,4 % y del 38,6 % en la UE25, los países de referencia para el informe.

Pero el récord en escolarización no se traduce en éxito escolar, ya que España tiene, por ejemplo, un porcentaje de repetición de curso en primaria del 2,1 %, por encima de la media de la OCDE (1,5 %) y de la UE25 (1,2 %).

El 68,1 % de los alumnos y alumnas de educación primaria están matriculados en centros públicos, el 28 % en concertados y el 3,9 % en privados, cifras que se mantienen prácticamente iguales en la educación secundaria.

Sobre la inversión educativa, el informe solo recoge datos de 2021 y pone de manifiesto que España presenta un gasto total por estudiante ligeramente inferior a las citadas medias, que gastan 1,1 veces más, pero refleja un incremento de la inversión desde 2016. Por ejemplo, el gasto total por estudiante en centros públicos, concertadas y privados fue de 12.426 dólares (11.209 euros), es decir un gasto inferior a la media de la OCDE, que fue de 14.209 dólares (12.817 euros).

En positivo, el informe destaca que España está entre los países que más han incrementado su gasto educativo público en relación con el PIB entre 2015 y 2021, del 4,4 al 4,9 %, es decir un 14 % del presupuesto educativo, frente, por ejemplo, al 3 % en el entorno europeo. Sin embargo, los sueldos de los profesores se han estancado desde 2015, advierte.

La Formación Profesional de Grado Superior y estudios universitarios ganan terreno y posicionan a España (41,4 %) en una situación más similar a las medias de la OCDE (40,7 %) y de los 25 países europeos de referencia (37,3 %). Sin embargo, sin pormenorizar, el informe menciona que hay notables diferencias por comunidades autónomas.

La expansión de la educación terciaria en España ha beneficiado especialmente a las mujeres, que alcanzan este nivel educativo en una mayor proporción que los hombres (58 % frente a 46,1 %).

Pero a la hora de adquirir habilidades para el mercado laboral durante los estudios, España, con un 61,4 % del alumnado cursando FP o estudios universitarios, cuenta con una tasa tres veces inferior a países como Alemania, Noruega y Países Bajos. Esto deriva en que el 17,8 % de las personas jóvenes entre los 18 y los 24 años esté desempleada (frente al 12,9 % en la UE25) o no participe en actividades de formación.

España será “un país mejor” con “más transporte público y menos Lamborghinis”. Son palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y han levantado polvareda. Según fuentes del sector, “no llegan a 270” los automóviles de esa firma italiana de lujo que se habrían matriculado en el país en la última década, aunque este año ya son 34. El precio de un Lamborghini puede variar, “en función del modelo y los elementos de confort que se elijan, entre los alrededor de los 230.000 euros, hasta más del millón. Y asegurarlo puede costar entre 4.000 y 5.000 euros anuales”, detallan.

El secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, explica a infoLibre que sus propietarios “tienen que pagar el impuesto de matriculación en España”, una cantidad que variará “en función de las emisiones oficiales de dióxido de carbono, cuyos modelos superan ampliamente los 200 gramos por kilómetro”, y habrán de hacerlo “aunque se traiga importado, salvo que sea alguien que haya residido en el extranjero al menos un año, traslade su residencia habitual a España y haya utilizado el vehículo durante los seis meses anteriores al cambio". A ello se suma “el impuesto municipal de circulación, que se abona en función de los caballos fiscales y estos modelos sobrepasan los 20”, y por el combustible “el IVA -del 21%- y los impuestos especiales de hidrocarburos”. En cualquier caso, aunque el aporte a Hacienda pueda ser de miles de euros, el total anual no será una cifra muy significativa para las arcas públicas, dado que los que adquieren esos vehículos no llegan ni a cuarenta personas.

De hecho, las fuentes sondeadas del ámbito económico, relacionan el comentario sobre los Lamborghinis con otra afirmación de Sánchez en la inauguración del nuevo curso político: “Vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas”. Que podrían traducirse, a la espera de mayor concreción por parte del Ejecutivo, en que no se descartan más medidas tributarias enfocadas a los ricos. De acuerdo al informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Actualización : Septiembre de 2024 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la brecha entre las rentas del trabajo y las del capital crece. El estudio revela que la proporción mundial del ingreso laboral disminuyó en 0,6 puntos porcentuales de 2019 a 2022 y desde entonces se ha mantenido estable, lo que agrava una larga tendencia a la baja. Si la proporción hubiera sido la de 2004, las ganancias de los trabajadores habrían aumentado en 2,4 billones de dólares en 2024.

En España, únicamente 15.186 contribuyentes declararon ingresos del trabajo en el IRPF superiores a los 601.000 euros anuales en 2022, que les permitirían afrontar con cierta holgura los gastos de la adquisición de un Lamborghini medio. Eran el 0,07% del global de declarantes de ese impuesto, aunque están al alza. Y, a la luz del último dato de la serie histórica de la Agencia Tributaria, aquel ejercicio se alcanzó el récord de personas que han amasado más de 30 millones de patrimonio. Superaron las 850, pero sólo 235 aportaron fondos a través del Impuesto de Patrimonio. Para intentar paliar esa diferencia, posible gracias a que, entre otras cuestiones, en algunas comunidades como Madrid se bonificó esa carga fiscal, el Gobierno implantó a finales de aquel ejercicio el Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF), que grava el patrimonio neto de las personas físicas cuando éste sea superior a los tres millones.

Más allá de ese movimiento y de vuelta a las aseveraciones actuales de Sánchez, ¿tiene margen de maniobra el Ejecutivo para incrementar la recaudación vinculada a los millonarios? Mollinedo cree que sí y expone algunas vías: “Se podría crear un tramo más del impuesto de Solidaridad para que, por ejemplo, a partir de los 30 millones se tribute por encima del 3,5%”, propone. Y en relación a ese mismo gravamen recuerda que “los socios del Gobierno han planteado que tenga carácter permanente, no temporal, para que se siga exigiendo en el futuro”. En ese punto, anota que comunidades gobernadas por el PP como Madrid “han condicionado la aplicación del Impuesto de Patrimonio, que recuperaron tras estimar el Tribunal Constitucional la validez del impuesto de Solidaridad, a que perviva éste”. “Más de la mitad de las fortunas mayores de 6 millones de euros y el 60% de las de más de 30 millones de España residen en Madrid, hablando de patrimonio neto individual”, aporta. Y apostilla: “Son cantidades importantes y no es raro porque normalmente quien tiene un patrimonio tan abultado es porque obtiene grandes rentas y quien las percibe suelen ser los consejeros o los presidentes de las corporaciones que cotizan en bolsa, con domicilio fiscal en esa comunidad, futbolistas o deportistas de elite y personas que detentan presidencias de entidades e históricamente son grandes fortunas”. Dicho de otro modo: “Quienes tienen grandes rentas pueden seguir formando un gran patrimonio”, condensa.

Junto a lo expuesto, el secretario general de Gestha aborda otro camino de actuación: “Las medidas que se están promoviendo a nivel de la OCDE para las mayores fortunas del mundo”. En concreto durante la Presidencia de turno brasileña del G20 se ha recogido el guante lanzado por el Observatorio fiscal de la Unión Europea (UE) para crear un impuesto mínimo a los multimillonarios, la iniciativa conocida como Tax The Rich, equivalente al 2% de su riqueza. Esto permitiría meter en las arcas públicas “entre 200 y 250 mil millones de dólares por año a nivel mundial de unos 3.000 contribuyentes” y, si se extendiera la carga a los centimillonarios, “agregaría entre 100 y 140 mil millones de dólares". Gestha, que respalda el establecimiento del gravamen, ha calculado que en España recaudaría sobre 27 grandes fortunas por encima de los 1.000 millones de euros.

Sin abandonar la órbita de la OCDE, Mollinedo señala que, en paralelo al debate sobre ese impuesto, lo que sí entra en vigor en el país este año es “el acuerdo para exigir una tributación mínima para las multinacionales ligada al resultado contable”. Aquí también ve espacio de mejoría, dado que “España exige el 3,5%, pero sobre la base liquidable, donde no están los patrimonios exentos, que son aproximadamente la mitad del total”. ¿Cuáles no están? “Los bienes de patrimonio histórico artístico, cuando contribuyentes como los miembros de la Casa de Alba tienen una fortuna mil millonaria en palacios y elementos artísticos, y los activos del negocio, en el caso de autónomos o profesionales”, lo que alcanzaría “al paquete de acciones de los principales accionistas de un banco, como Ana Patricia Botín, o los presidentes de cualquier otra gran empresa”. Para terminar, aclara que “el impuesto del 2% a nivel global sí incluiría a esos patrimonios exentos, descontadas las deudas y gravámenes que pesen sobre esos bienes”, aclara.

Para Juan Gimeno, ex rector de la UNED, coordinador general de la Plataforma por la Justicia Fiscal y miembro de Economistas Frente a la Crisis, “es evidente que un impuesto para los mil millonarios no afectará a los Lamborghinis, porque quienes tengan que pagarlo seguirán pudiendo comprarse varios, o Mercedes, o lo que quieran”, lanza. A su entender, la comparación del presidente del Gobierno, “sólo tiene sentido si se van a fortalecer las políticas que se han venido haciendo durante los últimos años de subvencionar el transporte público, limitar la circulación de vehículos privados o similares, lo que además es muy positivo desde la perspectiva de la reversión de emisiones de CO2”, sostiene. “Aunque ahí -enlaza- el Gobierno estatal no tiene todas las competencias, siempre se pueden favorecer”.

Es más, manifiesta que “una de las ideas que dan fuerza a la propuesta del impuesto a los ultra ricos”, que respalda y sigue de cerca, “es que no va a variar para nada su régimen de vida, es decir, que el coste marginal para ese grupo es mínimo pagando esa tasa”. Gimeno confía en que la medida no acabe en un callejón sin salida, aunque es consciente de que, pese a existir “un aparente consenso internacional, los mil millonarios tienen un poder de influencia tan brutal, que hace difícil que al final los gobiernos se atrevan”, reconoce. Con todo, espera que éstos “pierdan el miedo”. “Para los ultra ricos, el impuesto que se propone no altera ni su consumo ni su poder ni su nivel de vida, lo que pasa es que la ambición no tiene límites”, remata.