Sánchez reacciona y lanza su estrategia anticorrupción un día después de que la UE le afeara no hacerlo

Un día después de que la Comisión Europea publicara el informe sobre el Estado de derecho en la UE en 2025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que comparecer en el Congreso de los Diputados para informar sobre las medidas que pretende adoptar para luchar contra la corrupción. La corrupción que ronda el PSOE y el Gobierno tras el encarcelamiento del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por los escándalos de mordidas en contratos de obra pública que también afectan a su antecesor en ese puesto orgánico y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y al asesor de este último Koldo García Izaguirre. Sánchez aprovechó el debate de este miércoles para abordar uno de los principales reproches de ese informe europeo, el retraso en la elaboración de una estrategia nacional contra la corrupción en un momento en el que nueve de cada 10 ciudadanos creen que ese fenómeno criminal es generalizado en todo el país. El documento de la Comisión también se refería a los sectores de "alto riesgo", entre los que señalaba "la contratación pública y las obras de infraestructura", el terreno en el que Cerdán, Ábalos y Koldo habrían cometido los delitos por los que se les investiga.

El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción desgranado este miércoles por Sánchez en la tribuna del Congreso explica que su intención es cumplir el compromiso de desarrollar esa estrategia exigida por Europa. La de "reforzar la lucha contra la corrupción". La Comisión recordaba este martes en su informe sobre el Estado de derecho que España debía haberla elaborado en septiembre de 2024. Durante la visita a España de los miembros del Ejecutivo europeo para la elaboración del documento la pasada primavera, el Gobierno informó de que un primer borrador de esa estrategia iba a ser presentado por la Autoridad Independiente de Protección del Informante, el organismo creado formalmente en 2023 por la ley de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Pese a esa previsión legal de creación del nuevo organismo, el Estatuto por el que se regula el funcionamiento de esta Autoridad Independiente no fue aprobado por el Gobierno hasta el pasado 29 de octubre. Su presidente, el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria, fue nombrado por el Congreso de los Diputados el pasado 10 de abril, hace escasamente tres meses. La nueva estrategia presentada por Sánchez, en la que ha participado intensamente este organismo apenas creado, ha llegado cuando esta Autoridad -independiente pero englobada en el Ministerio de Presidencia y Justicia- "se encuentra en el proceso de establecer su plena capacidad", según recoge la Comisión en el informe del Estado de derecho.

El retraso denunciado por la Comisión se refiere, en realidad, a un compromiso que España ya había contraído formalmente al incluirlo en la ley de protección de los informantes. Su disposición adicional quinta establecía literalmente: "El Gobierno, en el plazo máximo de 18 meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, y en colaboración con las comunidades autónomas, deberá aprobar una estrategia contra la corrupción que al menos deberá incluir una evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley así como las medidas que se consideren necesarias para paliar las deficiencias que se hayan encontrado en ese periodo de tiempo". El plan, por tanto, llega con un retraso de 10 meses. En cuanto a la participación en ella de los gobiernos autonómicos -11 de los 17 están dirigidos por el PP- el presidente no hizo ninguna referencia a ellas. Cataluña, Andalucía, la Comunitat Valenciana, Navarra, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha cuentan con organismos antifraude dependientes de sus parlamentos con los que, necesariamente, el Estado tendrá que coordinarse al poner en marcha el plan.

En su justificación sobre la necesidad de esa estrategia, el Ejecutivo comunitario recordaba que en nuestro país, "pese a la inclusión de prioridades anticorrupción en planes y estrategias sectoriales, la ausencia de una estrategia unificada puede conducir a la fragmentación y a una supervisión insuficiente de las medidas anticorrupción". El nuevo plan del Gobierno, coincide con la Comisión. En el detalle de su primera medida, la creación de una "Agencia Independiente de Integridad Pública" para prevenir, supervisar y perseguir estos delitos, explica que, en España, las funciones que corresponderán a ese órgano las ejerce actualmente una multitud de organismos: la Intervención General del Estado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Oficina de Conflictos de Intereses, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, la Autoridad Independiente para la Protección del Informante, el Tribunal de Cuentas y, en última instancia, la Fiscalía. A ellos se suman los organismos puestos en marcha por los distintos gobiernos autonómicos. Todo ello, dice el plan, "debilita la respuesta conjunta del Estado frente a riesgos sistémicos, en particular, aquellos que trascienden las fronteras administrativas", es decir, los que no dejan rastro en los expedientes.

El modelo que busca el Gobierno, según las fuentes consultadas, es el de la Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), el macroorganismo creado por Italia en 2012 que no solo vigila la contratación pública como uno de los nichos clásicos de corrupción, también se encarga de la transparencia de organismos y empresas públicas y de la protección de los denunciantes. La ANAC asesora al Gobierno y al Parlamento sobre las licitaciones de las entidades públicas y las herramientas anticorrupción y también informa sobre las reformas legales que afectan a este campo. Sus miembros permanecen en el cargo por un período de seis años, superior al mandato del Gobierno en Italia (cinco años) que los propone al presidente de la República tras superar una votación con mayoría cualificada de dos tercios en el Parlamento.

La elaboración de esta estrategia nacional, presentada este miércoles por Sánchez, no constaba en el repertorio de las recomendaciones expresas de la Comisión para este año y cuyo cumplimiento se evaluará en su informe del año que viene. En esa lista sí está la de "redoblar los esfuerzos para afrontar los retos relacionados con la agilización de las investigaciones para mejorar la eficiencia en los casos de corrupción de alto nivel". El presidente del Gobierno ha hecho referencia este lunes a una de las piezas del caso Gürtel, la relacionada con el Ayuntamiento de Arganda del Rey, que acaba de llegar a su primera sentencia después de que se iniciara en 2009, hace ya 16 años. El Gobierno ha incluido esta recomendación en su estrategia al proponer dar "carácter preferente" a las causas que involucren a cargos públicos. También pretende duplicar los plazos de prescripción para los delitos de cohecho y malversación y detener el cómputo de esos plazos desde la imputación hasta la sentencia firme, para evitar que los corruptos puedan quedar exonerados por el simple paso del tiempo.

El plan aborda también otros aspectos relacionados con el informe de la Comisión conocido este martes, así como los de otros organismos internacionales. Como la aprobación urgente de la ley de transparencia e integridad de los grupos de interés, actualmente en tramitación parlamentaria. Su aprobación no solo ha sido reclamada por Bruselas, también por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa. La Comisión hablaba también de la financiación de los partidos como semillero de prácticas corruptas. El plan incluye una reforma para obligar a las grandes formaciones (las que perciban más de 50.000 euros de fondos públicos) y a las fundaciones dependientes de ellas a contratar auditorías externas de su contabilidad, además de la pública que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas.