Si hay algo que llama la atención a cualquiera que visite las calles y los pueblos del País Vasco, diez años después de que ETA pusiese fin a varias décadas de actividad terrorista, es la normalidad con la que la mayoría social ha pasado página. La naturalidad, al menos aparente, con la que el grueso de los ciudadanos vascos ha enterrado una larga y dolorosa historia de sufrimiento.

Permanecen, no obstante, las pancartas, los murales y los carteles que reivindican a los presos de ETA. Y los actos públicos de homenaje a quienes regresan a sus localidades de origen después de cumplir condena, como también la indignación de las familias de las víctimas y una controversia política cada vez más acusada ante la dificultad legal de prohibirlos antes de que tengan lugar.

ETA fue derrotada. Sobre eso hay pocas dudas. Así lo certificó la Estrategia de Seguridad Nacional en 2017 durante el mandato —poco sospechoso— de Mariano Rajoy. No obstante, PP, Vox y Ciudadanos se empeñan en mantener viva su memoria como arma política contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de plegarse a las demandas de quienes, según la derecha, son sus herederos políticos. Son incluso la propia ETA, si nos atenemos a las acusaciones más graves que en ocasiones pronuncian sus dirigentes para tratar de desacreditar las decisión de PSOE y Unidas Podemos de incorporar a EH Bildu a las rutinas de negociación que tienen lugar en el Congreso para sacar adelante leyes, decretos y presupuestos.

Las que de verdad quedan son huellas imposibles de borrar. Las de las víctimas y sus familias, muchas de las cuales siguen sin tener no ya el consuelo de que los asesinos hayan sido condenados sino de no saber siquiera quién y cómo se cometió el crimen que cambió sus vidas para siempre. Y las de los miembros de ETA que sí fueron detenidos y condenados, gran parte de los cuales continúa en prisión. Algunos de ellos con un horizonte penitenciario de 40 años por delante después de que se les aplicase la reforma del Código Penal de 2003 para el cumplimiento íntegro de las penas.

Que ETA haya desaparecido no significa que la Policía, la Guardia Civil y la Audiencia Nacional hayan dejado de investigar. Especialmente los crímenes de sangre sobre cuya autoría aún no se ha dicho la última palabra porque no se conoce la identidad de todos los que intervinieron en el atentado. Uno de loas casos más llamativos es precisamente el del último atentado mortal de ETA, el que el 30 de julio de 2009 acabó con la vida de los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá en Mallorca. Y cuya investigación sigue, 22 años, después, en vía muerta.

“La esperanza no la vamos a perder nunca”, asegura tajante Marcelo Azcárraga, el fiscal de la Audiencia Nacional encargado de coordinar la averiguación de los delitos sin resolver de ETA y otras organizaciones terroristas. Ni siquiera la esperanza de que “alguien” decida “dar un paso” al frente y “haga una declaración” que permita arrojar luz sobre los muchos asesinatos sobre los que todavía no se sabe toda o una parte de la verdad. Algo que, reconoce Azcárraga, “jamás” ha ocurrido. Nadie de ETA ha colaborado nunca en la resolución de las investigaciones que permanecen abiertas. Ni siquiera los presos que en su día se acogieron a la vía Nanclares. Ni aquellos que más distancia han puesto con la organización terrorista.

La falta de colaboración es una queja habitual de las organizaciones de víctimas, sobre todo desde que el Gobierno de Pedro Sánchez decidió poner fin gradualmente a la política de dispersión. Una estrategia penitenciaria construida para minar la unidad de los presos y dificultar sus comunicaciones con la banda terrorista que ahora, diez años después del fin de sus actividades, ya no tiene sentido.

Crímenes sin resolver

A falta de una última actualización, que pretende completar de aquí a fin de año, Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), asegura que los asesinatos cometidos por ETA que siguen sin resolver son 324. “No es un reproche al Estado”, subraya la letrada, que elogia sin reservas la labor de policías y guardia civiles así como de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Gracias a ellos, asegura, en los últimos años se han celebrado 20 juicios, 15 de los cuales han acabado en condena. Siete de ellos, causas abiertas recientemente. Gracias al esfuerzo de los investigadores, la AVT calcula que además se han reabierto un centenar de casos.

La amnistía de 1977 blindó cualquier posibilidad de investigar los asesinatos anteriores a esa fecha. Y la prescripción de las causas ha dejado y dejará fuera del alcance de los tribunales numerosos atentados —ya está pasando con atentados de los años ochenta, según fuentes de la Fiscalía—. Pero eso no desanima ni a la AVT ni a la Fiscalía, cuyo empeño tiene que ver no sólo con construir acusaciones que puedan ser tramitadas judicialmente sino con establecer la verdad de lo ocurrido. Algo que las familias, a falta de algo mejor, siguen necersitando.

No todo el mundo da por buena cifra de la AVT —324 casos sin resolver—. La asociación incluye en este cómputo, por ejemplo, atentados en los que se condenó a todos los miembros del comando pero no a su autor intelectual, la persona que dio la orden. O en los que no se identificó a uno o varios de los participantes. También figuran en el listado atentados cuyos autores no fueron condenados no por que no se sepa quiénes son sino porque ya murieron, algo que Ladrón de Guevara se propone depurar en los próximos meses para afinar lo más posible la cifra de casos pendientes de esclarecer.

Se trata, en cualquier caso, de una lista abultada. Tanto que el Parlamento Europeo, a través de la comisión de peticiones que preside la portavoz del PP en Europa, Dolors Montserrat, enviará en noviembre una misión al País Vasco para interesarse por estos casos y reunirse con víctimas y autoridades policiales y judiciales a petición de la asociación Dignidad y Justicia.

ETA asesinó entre 1968 y 2010 a un total de 843 personas, según el cómputo publicado por el Archivo Online sobre la Violencia Terrorista en Euskadi, de los que 755 han sido atribuidos a ETA militar, la versión de la organización terrorista que permaneció activa hasta el 20 de octubre de 2011.

Etxerat, la asociación de familiares de presos vascos, cifra en torno a 200 el número de personas vinculadas a ETA que cumplen en la actualidad penas de prisión. Entre ellos media docena que se niegan a acatar la decisión de la organización terrorista de poner fin a la violencia.

Las cifras sobre los presos varían constantemente. De esos dos centenares, hay en torno a 20 que cumplen condena en cárceles francesas. Del resto, una buena parte ya están en prisiones del País Vasco y Navarra (en torno a 80, siete de ellos en régimen de libertad provisional). Otro centenar, aproximadamente, se reparten en cárceles próximas a Euskadi.

La dispersión

“La versión más límite y cruel de la dispersión, con distancias de 2.000 km ida y vuelta cada semana [para las famillas de los presos], se ha acabado”, reconoce Etxerat. Aunque quedan todavía diez presos cumpliendo condena en prisiones de Madrid, Ávila y Salamanca, a más de 400 kilómetros del País Vasco. Y cuatro en centros penitenciarios franceses (París y Rennes) situados a más del doble de distancia.

En estos momentos, según la misma fuente, la mayoría de los presos de ETA están en 2º grado, la calificación ordinaria en las cárceles españolas, en la que los reos comparten zonas comunes, realizan actividades educativas o laborales y salen al patio. En este grado hay ahora mismo 157 presos de ETA, de los cuales seis reciben beneficios en aplicación del articulo 100.2 del reglamento penitenciario.

En tercer grado, que implica un régimen de semilibertad, hay 10 presos. Es un grado que se alcanza en función de diferentes factores, entre los que está el haber cumplido una parte imortante de la pena. De ellos cuatro disfrutan de “prisión atenuada”. Esto significa que cumplen condena en sus domicilios. Se trata de un régimen del que sólo suelen beneficiarse presos gravemente enfermos.

En régimen de primer grado —que supone aislamiento físico y está reservado a los presos peligrosos o socialmente inadaptados— sólo hay un condenado de ETA. Otros siete presos están en situación preventiva o pendientes de clasificación.

¿Cuándo saldrá el último preso de ETA de prisión? Aunque en los próximos años está previsto que abandonan las cárceles la mayoría de ellos, la cifra de los que han sido condenados de acuerdo con la reforma del Código Penal de 2003 —que estableció el cumplimiento íntegro de las penas— se aproxima a los 60. Y su número podrá incrementarse en los próximos años a medida que Francia vaya entregando a los que vayan saliendo de sus cárceles pero que todavía tienen causas pendientes en España. La mayoría de ellos no saldrá de prisión hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XXI.

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, instruirá la causa por el asesinato de los periodistas David Beriain y Roberto Fraile en Burkina Faso, después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional terminara sus diligencias previas en julio y decidiera presentar querella por un delito de asesinato terrorista, informa Europa Press.

Según adelanta la Cadena Ser y ha confirmado en fuentes jurídicas Europa Press, tras realizar las pesquisas oportunas en un primer momento, se optó por judicializar el asunto dado que de esa manera se facilita la asistencia a los familiares de las víctimas. Esto permite que se puedan personar en la causa, que tengan acceso a lo que se instruya y facilita que obtengan las ayudas que se destinan a víctimas del terrorismo, contempladas en la Ley de Víctimas del Terrorismo. Es necesario que haya diligencias judiciales en la Audiencia Nacional para que sean consideradas como tal.

Además, el hecho de que el asunto llegue al Juzgado Central de Instrucción número 2 hará, según estas fuentes, que se agilice cuantas diligencias crea oportunas tanto el Ministerio Público -el asunto lo lleva Carmen Monfort- como el propio instructor, y que van desde el envío de nuevas comisiones rogatorias a órdenes de detención y entrega.

Hasta el mes de julio, cuando finalmente se interpuso la querella, se realizó lo más urgente teniendo en cuenta que por plazos la Fiscalía contaba con seis meses para las primeras pesquisas. Fruto de ese trabajo se pudo interponer querella y se constató que fueron víctimas del terrorismo ya que los informes de Guardia Civil y Policía atribuyen el asesinato al Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la filial de Al Qaeda en el Sahel.

La causa parte de abril

Fue en abril cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional incoó esas diligencias para investigar el asesinato de los periodistas tras un ataque por hombres armados al grupo en el que iban para documentar los esfuerzos de lucha contra la caza furtiva. Al tratarse de un presunto delito de terrorismo cometido contra españoles en territorio extranjero, el órgano competente para investigar estos hechos es la Audiencia Nacional.

En el mes de julio se conoció que la Interpol había remitido un informe a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que ofrecía detalles relativos al asesinato de los dos periodistas, y que se habían detectado mensajes de 'bots' cercanos a grupos yihadistas en los que se señala que los periodistas habían sido asesinados "por ser cristianos" y que añadían: "Ojalá hayan sido los nuestros".

Hace hoy 17 años que diez de las trece bombas colocadas por terroristas yihadistas explosionaron en cuatro trenes de Cercanías de Madrid, en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia, El Pozo y junto a la calle Téllez.

Los encargados de depositar la corona bajo la placa que homenajea a las víctimas han sido la presidenta del Gobierno regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

A todos los que supieron cumplir con su deber en el auxilio a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 y a todos los ciudadanos anónimos que les ayudaron. Que el recuerdo de las víctimas y el ejemplar comportamiento del pueblo de Madrid permanezcan siempre, reza el distintivo.

Al tiempo han sonado durante cinco minutos las campanas de la Real Casa de Correos. El acto ha cerrado con el himno nacional.

Al homenaje han acudido, entre otros, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre; el delegado del Gobierno, José Manuel Franco; el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández; el portavoz del Grupo Municipal de Vox, Javier Ortega Smith, o el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo.

Será a las 12 horas cuando el homenaje se traslade al Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro que cada año organiza la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Los traslados de presos, también los de ETA, se deciden siguiendo las recomendaciones de las juntas de tratamiento de cada centro penitenciario siguiendo criterios que se evalúan “caso a caso”. Y se llevan a cabo cumpliendo estrictamente la legalidad vigente, subrayan fuentes de Instituciones Penitenciarias con las que ha hablado infoLibre.

La “reinserción” y “evitar el desarraigo” son dos principios esenciales de la política penitenciaria española que en su día también apoyó el PP. El primero está blindado por el artículo 25.2 de la Constitución, según el cual “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social”. El segundo forma parte de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Su última revisión data de 2003 —cuando José María Aznar gobernaba con mayoría absoluta y el ministro del Interior era Ángel Acebes— y su artículo 12.1 establece como objetivo “evitar el desarraigo social de los penados”.

¿Por qué, entonces, se dispersó a los presos de ETA en cárceles muy alejadas del País Vasco y de Navarra? Porque “se hizo política” y se ignoró la ley, señalan las mismas fuentes. Se hizo para debilitar la unidad de los presos, dificultar el control que ETA ejercía sobre ellos y facilitar su desvinculación del terrorismo para “tratar de encauzarlos por vía pacíficas” y conseguir, en última instancia, su reinserción.

Es una política, la dispersión, que se sigue aplicando a los presos yihadistas para dificultar que puedan establecer vínculos y radicalizarse entre ellos.

La dispersión de internos pertenecientes a organizaciones criminales, sean estas terroristas o no, es muy común, según Sara Carou, doctora en Derecho y profesora de Derecho Penal en la Universidad Internacional de La Rioja. Carou asegura que la dispersión “tiene un perfecto encaje legal” porque para custodiar a los internos los centros penitenciarios tienen que “evitar acciones como motines o disturbios”. “En general”, explica, “los internos pertenecientes a organizaciones terroristas tienen una capacidad organizativa muy alta. Si todos están en la misma prisión pueden autoorganizarse para generar acciones encaminadas a colapsar el centro. Hay experiencias de otros países que lo demuestran. Para mantener el orden y la seguridad de los centros (obligación asumida por la ley por la institución penitenciaria), no es aconsejable asignar a todos los internos de una misma organización a un solo establecimiento, y para ello es más segura la dispersión”.

Carou sostiene que también puede defenderse la dispersión como una contribución a la reinserción. “Desde hace años se ha interpretado que lo más adecuado para que los presos condenados por terrorismo se reintegren a la sociedad es alejarse de los entornos sociales que han contribuido a su incorporación a este tipo de organizaciones delictivas“.

No obstante, en el contexto actual, en el que ETA ha abandonado su actividad delictiva, la profesora de Derecho Penal con la que ha conversado infoLibre sostiene que “puede haber casos en los que se pueda estudiar un acercamiento a los centros penitenciarios vascos de aquellos internos que cumplan una serie de requisitos” previsto en la ley y que “presentan un pronóstico favorable de reinserción”.

PP, Vox, Ciudadanos y la derecha mediática llevan varios días acusando al Gobierno de haber ofrecido a EH Bildu el traslado de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco a cambio de apoyo en los Presupuestos. También lo dice el PNV. No han aportado ninguna prueba, al menos de momento. Como tampoco lo hicieron cuando en su día trasladaron el mismo reproche al Gobierno cuando alcanzó un acuerdo con el PNV.

¿Cómo se decide el traslado de un preso de ETA a otra cárcel? Exactamente igual que cualquier otro preso. La propuesta de traslado la hace la junta de tratamiento de cada prisión en función de diferentes criterios que evalúan técnicos de cada centro penitenciario (psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos y médicos, entre otras especialidades). Ellos toman una decisión teniendo en cuenta, por ejemplo, si el preso ha dado muestras creíbles de arrepentimiento, si rechaza la violencia, si ha pedido perdón a las víctimas y, sobre todo, si esas manifestaciones se corresponden con su comportamiento en la cárcel.

Las juntas de tratamiento están obligadas a revisar la situación de cada preso —también los de ETA— cada tres meses si están en primer grado y cada seis si están en segundo grado. Los grados marcan la dureza del régimen penitenciario: el primero es de aislamiento y se aplica a los presos más peligrosos (una situación habitual en el caso de etarras condenados por delitos de sangre). El segundo es el ordinario y permite salidas esporádicas algunos días del año. El tercero es un régimen de semilibertad.

La propuesta de cada junta de tratamiento puede incluir, en función de cada caso, una recomendación de traslado a una cárcel más cercana al País Vasco siempre que considere que esa decisión favorece la reinserción y atiende al arraigo, es decir, que responde a “una vinculación familiar”. Por decisión del ministro Grande-Marlaska, además, cada vez que se trastada a un etarra de un centro a otro se informa a las asociaciones de víctimas y a los medios de comunicación.

Interior no da cifras exactas, pero sostiene que es muy raro que Instituciones Penitenciarias contradiga la propuesta de una junta de tratamiento. Y si lo hace, explican, suele ser para aplicar el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite aplicar medidas previstas para grados distintos: por ejemplo, unas del primer grado y otras específicas del segundo.

No obstante, el hecho de que, en última instancia, la decisión sobre los traslados dependa de Interior, abre la puerta a distorsiones de carácter político. Es “un tema que, en principio, debería estar presidido por criterios técnicos, legales y criminológicos, aplicados por las Juntas de Tratamiento”, pero “puede estar distorsionado y torcido por cuestiones políticas totalmente ajenas al ámbito carcelario”, explica la profesora Carou.

De lo que no tiene no dudas el Ministerio de Interior es de que no se trata de un beneficio penitenciario: ya no se reducen las penas como ocurría en tiempos de Aznar. La condena sigue siendo la misma, sólo se decide que su cumplimiento se haga en otro centro.

Desde que Pedro Sánchez gobierna y Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior, Instituciones Penitenciarias ha ordenado el traslado de 104 presos de ETA, 11 de ellos al País Vasco porque a juicio de las juntas de tratamiento reunían las condiciones para acceder al tercer grado y su aplicación exige arraigo y cercanía al domicilio.

Las condiciones para el tercer grado

Para que un etarra alcance el tercer grado tiene que cumplir condiciones muy estrictas fijadas por ley. Lo dice el artículo 72 de la legislación penitenciaria —un artículo, por cierto, introducido durante la reforma de Acebes de 2003—: “La satisfacción de la responsabilidad civil con sus rentas y patrimonio presentes y futuros”, mostrar “signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas”, haber “colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado”.

¿Y cómo se acredita eso? La ley lo dice expresamente: “Podrá acreditarse”, añade el citado artículo, “mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades”.

En cualquier caso, los terceros grados son la excepción en el caso de los presos de ETA —desde junio de 2018 sólo se han concedido 11, siempre a propuesta de las juntas de tratamiento—. El resto, hasta 93, son traslados que implican seguir cumpliendo la pena de privación de libertad —eso no cambia—. Y de ellos sólo 73 tuvieron como destino cárceles del País Vasco, de Navarra, de las provincias limítrofes o de Zaragoza y Soria.

Muchos de esos traslados, sostienen fuentes de Interior, son decisiones que en la jerga de Instituciones Penitenciarias llaman “regimentales”, es decir, producto de la necesidad de adaptar la situación de los presos a diferentes circunstancias. Para muestra un botón: no hace mucho fueron trasladados dos etarras desde Levante a Aranjuez porque tienen una niña de menos de tres años y en ese centro Interior dispone de un módulo para familias.

No hay beneficios penitenciarios, insisten. Ni redención de penas. Y eso que ETA dejó de matar hace nueve años y despareció hace dos y medio. Entre 1996 y 2004, con ETA matando, secuestrando y extorsionando —incluso con el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara encerrado en el zulo en el que permaneció 532 días— el Gobierno de José María Aznar acercó al País Vasco a 426 presos etarras.

Entre ellos, algunos muy conocidos por sus crímenes. Como Iñaki Bilbao, que estos días mantiene una huelga de hambre y es el cabecilla de la escasa docena de presos de ETA que todavía permanente fieles a la violencia y reafirman su voluntad de seguir matando. Bilbao saldrá de prisión en 2032. Para entonces habrá cumplido 76 años y habrá pasado más de la mitad de su vida (47 años) entre rejas.

O como José Antonio López Ruiz, Kubati, que ya cumplió 30 años de prisión como autor de 13 asesinatos, entre ellos el de la arrepentida de ETA Dolores González Catarain, Yoyes. O Antonio Troitiño Arranz, condenado por 22 asesinatos. Los ejemplos son muy numerosos.

En España siguen en la cárcel 197 presos de ETA, de los que 17 están en centros del País Vasco porque en su mayor parte ya están en tercer grado. Instituciones Penitenciaras no aclara por qué están allí el resto, pero ese silencio sugiere que probablemente sea por enfermedades graves.

Ha llegado el momento de cerrar un ciclo de mi vida que ha permanecido abierto durante casi tres décadas. También vosotras estáis completando vuestro propio círculo, que comenzó cuando salisteis del hospital y adoptasteis la decisión de despojaros del odio y asumir la saludable idea de que habíais vuelto a nacer. Otros ni siquiera podían plantearse pensar así porque ya engrosaban la lista de muertos de ETA. Este giro inteligente para afrontar la adversidad funcionó como un bálsamo liberador y sanador que fortaleció todos vuestros resortes internos. Odiar significaba derrochar mucha energía  y preferisteis continuar el camino de la vida ligera de equipaje. Como bien sabéis, el odio es una roca que se arrastra a cada paso que se da y que va aumentando de tamaño porque se retroalimenta con la sed de venganza, el resentimiento y la rabia. Con el tiempo sólo consigue envejecer el espíritu.

Cuando escuché el anuncio de la disolución de la banda ETA descubrí, de forma intuitiva, que había llegado el momento de mi liberación. Fue durante una noche de verano cuando se produjo mi catarsis y las palabras empezaron a brotar sin parar. A las 6:30 de la madrugada terminé un texto y os lo envié por email. Al levantarme comprobé que tú, Irene, ya me habías respondido y me animaste a publicarlo. Era nuestro primer contacto desde que nos encontramos hace tantos años en aquella extrema situación. En ese momento estabais inmersas en una ronda por diferentes medios de comunicación con el objetivo de expresar el perdón a vuestros verdugos aunque aún no tengan nombre ni apellidos.

Esta carta aparece 27 años después de vuestro atentado y es precisamente el tiempo que llevo ejerciendo el periodismo. La madrugada de aquel fatídico 21 de octubre de 1991 llevaba apenas tres meses en la profesión y me encontraba revelando carretes, cuando una compañera de TVE nos avisó de que se había producido un atentado en Aluche. Después de un toma y daca con mi compañero de laboratorio, asumí la responsabilidad de dirigirme sin demora al lugar donde se había producido la explosión. Aunque mi tarea principal se desarrollaba en el cuarto oscuro, estaba haciendo mis primeros pinitos como fotógrafo en la agencia Staff.

Aunque fui el primer periodista en llegar, la escena del atentado ya estaba acordonada por la policía, pero conseguí hacer fotos del cuerpo sin vida de un militar que yacía ensangrentado en la carretera, tras explotar una bomba lapa colocada en los bajos de su coche. Luego, me enteré de que era el teniente Francisco Carballar, y uno de sus 5 hijos bajó desesperado de la vivienda familiar para abrazar el cuerpo sin vida de su padre. Poco a poco, se fue congregando un numeroso grupo de profesionales de la información.

En esos momentos, tú, María José, te dirigías en coche a tu trabajo de administrativa que  desempeñabas en una comisaría donde tramitabas documentos de identidad. Pero antes, Irene, tu madre tenía que dejarte en el colegio donde estudiabas primaria. Transcurrida una hora desde mi llegada a la zona y a tan sólo 300 metros de distancia, sonó una potente detonación en la calle Camarena. Nos miramos asustados unos compañeros a otros y, sin decirnos nada, supimos que se trataba de una nueva bomba. Era una época en la que ETA estaba golpeando con virulencia la capital de España y, en especial, este barrio obrero. Nuestro instinto profesional nos empujó a correr hacia el lugar donde se había producido la deflagración. Al llegar nos encontramos un coche envuelto en llamas que expulsaba una columna de humo y, jadeantes, nos paramos en seco. Una de las puertas laterales del vehículo estaba abierta y desvencijada. Nos quedamos paralizados a unos 20 metros de distancia ante el posible riesgo de que explotara el depósito de gasolina del vehículo, y temíamos además la posibilidad de una nueva bomba. ETA estaba más rabiosa y enloquecida que nunca y quería postrar al Gobierno español a cualquier precio. Las víctimas inocentes eran asumibles en aras de hacer realidad su ideal independentista y socialista.

Junto a dos cámaras de televisión, decidí entrar de lleno en la escena del desastre. Al acercarnos al coche reventado por la explosión, lo primero que vimos fue a ti, María Jesús, que estabas postrada en el asfalto de la carretera. Estabas ennegrecida por el humo de la explosión, llena de sangre, con la ropa hecha jirones y con una pierna reventada. Pensé que estabas muerta. Uno de los cámaras de TV enloqueció, dejó de grabar y sólo gritaba ¡Hijos de puta!. Dos auxiliares de emergencias te subieron a una camilla y, de repente, te incorporaste como un resorte y abriste los ojos. En aquel momento tus heridas eran secundarias porque tu instinto maternal te reclamó conocer el estado de tu hija. Después te metieron rápidamente en una ambulancia. Al cámara, que sí te grabó, le invitaron a marcharse. En cambio, nadie parecía advertir mi presencia.

Al girarme apareciste, Irene, oculta tras la puerta descolgada del coche. Llevabas un uniforme escolar y tenías los ojos abiertos. Mi mirada se dirigió, sin poderlo evitar, hacia tus dos piernas amputadas y comprobé que uno de tu fémures estaba partido como una caña a la altura de tu ingle. Me conmocioné brutalmente y exclamé en voz baja un rotundo ¡Mal nacidos!. Pero enseguida reaccioné y la cámara actuó como un escudo protector. Bajo mis pies estabas con tu falda de colegiala y, aunque consciente, tu mirada reflejaba una lejanía inquietante.

Llegaron dos sanitarios a socorrerte, y me di cuenta de que había que dejarles hacer su trabajo. Durante unos tres minutos hice tan sólo nueve fotos, pero la sensación temporal que experimenté fue interminable. Al apartarme del marasmo de sirenas, nervios y carreras de todos aquellos profesionales que pululaban sin cesar alrededor de vosotras, empecé a fumar convulsivamente y estuve a punto de vomitar el desayuno. No tuve tiempo de hacerlo porque en mi buscador no paraban de entrar mensajes. Me los estaba enviando el director de mi agencia, Juan Santiso, que quería tener noticias de mi trabajo. Sin dilación alguna, regresé corriendo a la oficina para revelar el contenido del carrete.

Después de hacerlo entregué una plancha de diapositivas a Santiso, que estuvo realizando montones de llamadas telefónicas en su despacho para negociar la venta de las fotografías a los medios. Consiguió la venta en exclusiva que compartieron los periódicos Abc y El Mundo. Además, las fotos dieron la vuelta al mundo a través de la agencia Associated Press.

Al regresar a casa mi madre me sintió muy agitado y preocupado, y me advirtió que tenía los pantalones manchados de sangre. Durante la ducha lloré, y después no pude hacer nada durante resto del día. Aunque estaba muy agotado física y síquicamente, esa noche no pude dormir. Mi cabeza no paraba de reproducir la locura en la que había participado de manera activa esa mañana. Dudé sobre los fundamentos que sostenían la carrera profesional que estaba comenzando, y del absurdo que sería el convertirme en un mercenario que se iba a dedicar a la caza de desgracias ajenas para comer.

Al día siguiente, tuve sentimientos encontrados de satisfacción y de tristeza. Pero, sobre todo, me invadía el estupor porque había algo que no me cuadraba. Cuando iba en el metro, camino a la agencia, observé que varios pasajeros leían periódicos que llevaban en la portada una de las fotografías que había captado el día anterior. Era la portada de la barbarie. Yo, que era un principiante, estaba copando con mi trabajo las portadas de dos importantes periódicos de tirada nacional y de cientos de prestigiosas publicaciones internacionales. Mis veteranos compañeros de profesión no sintieron la necesidad de arriesgarse con la temeridad de alguien que quiere hacerse un hueco en la profesión. Mi éxito personal se levantó sobre vuestra desgracia. De la noche a la mañana había adquirido reconocimiento y dinero. Pero en absoluto me sentía satisfecho.

Por eso, esa misma mañana me acerqué al hospital Gómez Ulla donde estabas ingresada, Irene. Allí conocí a tu padre, Luis Alfonso, que me recibió con amabilidad y escuchó el relato de mi dudosa hazaña. Percibí que no le interesaban demasiado mis explicaciones -procedentes de mi mala conciencia- porque estaba muy angustiado por vuestro estado. Cada cierto rato nos teníamos que callar porque el pasillo de la planta del hospital se llenaba del atronador sonido que generaban los alaridos de dolor que tú, Irene, lanzabas desesperada desde tu habitación. Escuchar tu tormento era insoportable.

Salí del hospital más aturdido y confundido que cuando entré. Era viernes y no tenía que trabajar al día siguiente. Salí con unos amigos a beber con el objetivo inconsciente de anestesiarme. Al final, me quedé sólo y seguí bebiendo. Terminé borracho tirado en la acera de una calle como un perro abandonado. Era un escombro. Me desperté al amanecer y regresé a casa completamente abatido, con el corazón lleno de sombras.

Hace unos años me llamó un periodista navarro de TVE y me pidió la cesión de las fotos del atentado para ilustrar un libro que estaba realizando sobre fotoperiodismo en España. Me contó que la publicación en los medios de mis fotografías provocó un gran impacto en la banda terrorista, y que se produjo un gran debate interno sobre los dudosos beneficios que para sus objetivos políticos suponía  figurar ante la sociedad como responsables de haber perpetrado tremenda salvajada. Algunos dirigentes etarras y muchos simpatizantes sintieron vergüenza y comenzaron por primera vez a dudar de la lucha armada. Esta inflexión se produjo porque era la primera vez que unas imágenes tan crudas se difundían en los medios de comunicación, desde que ETA comenzara a matar en al año 1960.

Después de su último comunicado de disolución, ETA y todo el colectivo independentista parece que no quiere o no puede cerrar su propio círculo al no tener la valentía suficiente para pelear por la paz con la misma contundencia que emplearon para mantener durante tantos años una guerra contra todo. La calculada estrategia de no arrepentirse por toda la violencia, dolor y muerte provocados, y de carecer de talla moral y humana para pedir perdón a las víctimas de sus atentados, está encaminada a blanquear su pasado y seguir influyendo en la sociedad vasca. Quieren justificarse con el argumento de que lo que hicieron fue un mal necesario, y sueñan con pasar a la historia como gudaris que lucharon como héroes por la libertad de un pueblo oprimido. No quieren comprender que la historia por sí sola les colocará en el lugar de los intolerantes que se inspiraron ciegamente en unas ideas visionarias que se terminaron convirtiendo en totalitarias. Su repentina vocación democrática suena a pura puesta en escena.

Temen enfrentarse a sus demonios personales y sufrir en sus propias carnes todo el sufrimiento que infligieron. Eso acabaría destruyendo su obstinada identidad y serían muñecos de trapo a merced de una afilada conciencia que les acucharía sin piedad en su fuero interno. La indigencia mental de los ideólogos del entorno abertzale radica en que están instalados únicamente en el mundo de unas ideas fijas sin posibilidad de revisión. Además, a muchos les cuesta renunciar al rentable negocio del odio y continúan perpetuando las trincheras.

Pero a la banda terrorista no la derrotó ningún Gobierno de la democracia, ni los ingentes fondos reservados, ni siquiera el ejército de topos que facilitó el descabezamiento de las distintas cúpulas de la banda. Realmente, funcionó la técnica sicológica del espejo: los etarras se vieron reflejados en la sin razón de los atentados de Nueva York y ese reflejo les terminó de cegar tras los atentados de Atocha. Vieron su imagen duplicada en unos terroristas que mataban con más brutalidad que ellos, con unos ideales que no llegaban a comprender, pero de los que estaban tan convencidos que eran capaces de inmolarse por ellos. Dar la vida por un ideal es algo que nunca ha hecho un etarra, salvo de manera accidental al manipular explosivos.

Además, quiero reivindicarte a ti, María Jesús, por la decisiva influencia que has tenido en tu hija para que su corazón no enfermara de odio y sed de venganza. Aunque ella tiene su propia energía vital, que está íntimamente ligada con su afán de superación y su inagotable resiliencia, tu calidad humana ha sido crucial para que tu hija no se entregara al veneno de la hiel.

El 14 de noviembre por fin nos conocimos, Irene. También estabas tú, María Jesús, y fue en la presentación del documental El relato del silencio sobre las víctimas del terrorismo en Madrid que se proyectó en la sede de Telemadrid y que se emitió el pasado 30 de noviembre. Me dijiste que aunque no publicasen esta carta podía sentir que ya había cerrado mi círculo tras mi sincero testimonio en el documental. Fue una noche emocionante al escuchar en primera persona a tantas víctimas del terror contar sus historias de dolor y duelo. Después me sentí reconfortado porque tuve contigo, Irene, una conexión rápida y directa. No nos veíamos desde aquella mañana sangrienta y esa noche en el cóctel charlamos y nos reímos. Te vi tan alegre, tan decidida a vivir con plenitud, que sentí quitarme una espina que tenía clavada en lo más hondo de mi ser. _______

Manuel Montaño Hernández es periodista y fotógrafo de prensa 'freelancer'. Es el autor de las imágenes del terrible atentado que sufrieron Irene Villa y su madre hace 27 años

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido este miércoles en el Congreso que no habrá traslados colectivos de presos de ETA y que, de haber acercamientos, serán individuales y de acuerdo a la ley penitenciaria. "Mi lealtad con las víctimas es férrea, no permitiré críticas falsas ni que se utilicen a las víctimas por interés político", ha defendido, afeando al PP su estrategia de "inyectar odio" en la sociedad al utilizar esta cuestión para desgastar al Gobierno.

Como en anteriores intervenciones parlamentarias, Grande-Marlaska se ha mostrado molesto especialmente con el PP, a quien ha reclamado "lealtad al Estado" en lo referente a la política penitenciaria. Ha recordado que este verano se produjeron los traslados desde Asturias a Basauri (Vizcaya) de los presos de ETA Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, aunque cumpliendo con lo aprobado por Instituciones Penitenciarias cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Traslados que el Gobierno de Rajoy defendía "con ahínco"

"Las víctimas no van a permitir que se mienta en relación con su situación. Exijo responsabilidad, coherencia y lealtad", ha insistido el ministro. "No se puede criticar algo que defendieron algunos con tanto ahínco", ha continuado, citando declaraciones de dirigentes del PP en el pasado, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, partidarios de poner fin a la dispersión si ETA desaparecía. "Flaco favor hacen inyectando odio", ha dicho.

En su intervención inicial ante la Comisión de Interior, Grande-Marlaska ha defendido que los traslados penitenciarios no cuentan como beneficios en lo referente a la progresión de grados.

El PP, sin embargo, ha mantenido la petición de explicaciones al entender que sí ha habido un cambio en la política penitenciaria como "pago por los votos" del PNV y otros partidos nacionalistas para que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno. "El PP será garantía de que la humillación a las víctimas no se produzca", ha defendido Marimar Blanco, que ha preguntado al ministro si comparte la tesis del Gobierno vasco de que se deben acercar también a los presos "más duros".

El PNV ha sostenido que "el primero que utilizó la lucha contra ETA como arma arrojadiza" fue el PP, y que ahora siguen haciendo esto cuando critican el fin de la dispersión o la ley vasca de abusos policiales por las denuncias de torturas en la lucha antiterrorista. "Está clarísimo", ha dicho el diputado Mikel Legarda, "el Gobierno cambia de política porque ETA ha desaparecido y no va a volver".

Marian Beitialarrangoitia, diputada de EH Bildu, ha defendido que el cumplimiento de la ley penitenciaria exigiría que más de un centenar de terroristas −"presos vascos", para ella− deberían ser excarcelados de manera inmediata. Además, ha criticado que se mantenga el primer grado, el más estricto, para la mayoría de presos etarras, comparando esta situación con la de Iñaki Urdangarín, clasificado en segundo grado "en tiempo récord".

"No vamos a permitir la inmigración violenta"

El ministro del Interior también ha justificado la devolución a Marruecos de los 116 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta el pasado 22 de agosto, afirmando que esta acción "mandó un mensaje claro" a las "organizaciones criminales que trafican con personas".

"El mensaje es que la inmigración ordenada, segura y legal es posible y deseable, pero no la ilegal y violenta", ha destacado, para después reivindicar la "seguridad y protección" de las fronteras de España con el país alauí desde el respeto a los derechos humanos. "Seguridad, sí, pero sobre todo humanidad. Pero humanidad no es igual a permisividad", ha precisado el responsable del Ministerio del Interior, que ha comparecido este miércoles en el Congreso.

Grande-Marlaska ha acudido a la Cámara baja a petición propia tras la "reactivación" del Acuerdo de Readmisión firmado en 1992 entre España y Marruecos, en virtud del cual los 116 inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla fronteriza de Ceuta fueron devueltos al país magrebí apenas 24 horas más tarde. El convenio permite a España entregar al país vecino a quienes han accedido de manera irregular a territorio español desde allí, independientemente de su país de origen.

La aplicación de este acuerdo, según ha explicado el ministro, se debe a que tanto España como Marruecos "han querido mandar un mensaje claro" a las mafias dedicadas a la trata de seres humanos. "No vamos a permitir la inmigración violenta que atente contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha resaltado.

Marruecos solo acepta el convenio en casos concretos

Grande-Marlaska ha destacado que la reactivación del acuerdo por parte de Marruecos "por lo general, no ha sido aceptada": solamente ha aceptado hacerlo "en casos específicos". Durante su intervención, ha hecho hincapié en el impulso de la cooperación y las relaciones entre Maruecos y España desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.

En este sentido, ha asegurado que España va a reforzar el control fronterizo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, matizando que se impulsará el uso de "medios más modernos, no lesivos", en clara referencia a las concertinas con cuchillas cortantes.

Todos los finales de la violencia dan paso a intentos más o menos evidentes de imponer un relato parcial y justificador de lo sucedido. En esa clave debe leerse lo que ETA pretende estos días, sin cerrar ojos y oídos tampoco a la obligación cívica y democrática de encontrar espacios para la convivencia y la reconciliación. Aunque vivamos a golpe de tuit y de fogonazo audiovisual; aunque los casi siete años transcurridos desde aquel ‘Agur, ETA’ nos parezcan treinta por la velocidad de estos tiempos líquidos, conviene compartir alguna reflexión que ponga en valor esta victoria democrática.

Que no sea esta una fecha histórica en el sentido que pretende ETA no significa, por tanto, que no debamos proclamar el orgullo de una victoria democrática que no se quiso celebrar en 2011 por simple ceguera política y dogmatismo ideológico. Si durante décadas instamos a los pistoleros a que defendieran sus posiciones con la palabra y no con las bombas, los secuestros y las balas, ahora debemos reivindicar más que nunca el valor de la palabra. No se me ocurre mejor forma de honrar la memoria de las víctimas.

(*) La cifra total de asesinatos cometidos por ETA y grupos afines como los Comandos Autónomos varía según las distintas fuentes: 955, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo; 867, según un informe del Ararteko (Defensor del Pueblo vasco) sobre atención a las víctimas; 864, según la oficina de asistencia a las víctimas de la Audiencia Nacional; 858 para el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo; 857 para la Fundación de Víctimas del Terrorismo; 853 según el Ministerio del Interior; 845 según un estudio del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, de la Universidad del País Vasco; 837 para el Gobierno vasco. La cifra total varía según se atribuyan o no a la banda determinados crímenes (la AVT es la única, por ejemplo, que adjudica a ETA el incendio en 1979 del hotel Corona de Aragón de Zaragoza, que provocó 83 muertos). El informe del Ararteko calcula que ETA ha provocado heridas físicas a más de 16.000 personas, y un informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sitúa en 349 el número de crímenes sin resolver.

El portavoz del Foro Social Permanente, Agus Hernan, ha asegurado que el Colectivo de Presos de ETA, EPPK, le ha mostrado en una reunión que mantuvieron este pasado fin de semana su disposición a "reconocer el daño causado" y a mantener encuentros con sus víctimas a cambio de fijar una "hoja de ruta transversal" para que en unos "plazos razonables" haya excarcelaciones.

"Quieren colaborar en la construcción de lo que el Foro Social ha definido como una hoja de ruta transversal e inclusiva que permitiría ver en los próximos años, en unos plazos razonables, con un calendario previsto de excarcelación, llegar a una situación de una sociedad sin presos, que convive y está reconciliada", ha explicado Hernan en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press.

Hernan ha señalado que el encuentro se produjo el pasado sábado y en él los presos de ETA les trasladaron su "interés en realizar aportaciones constructivas en este momento político que se va a consolidar en los próximos meses". Se trata, según ellos, de un momento de diálogo multilateral abierto por el Foro Social, colectivo que la pasada semana anunció que antes de mediados de julio ETA procederá a su "desmovilización".

Además, ha afirmado que el recluso Juan Antonio Olarra Guridi le mostró "la disponibilidad del colectivo de presos a reconocer el daño causado y a entablar marcos de diálogo adecuados con las víctimas", en los que se busque hablar, pero "evitando los marcos de reproche". En este sentido, pusieron como ejemplo "los foros de convivencia locales" que existen en pueblos de Guipúzcoa como en Lasarte, en Errenteria o Azpeitia.

Pasos para aceptar la legalidad

En cuanto a las medidas individualizadas que los reclusos del EPPK se comprometieron a dar, estos informaron a Hernan que en cerca de 20 cárceles españolas han pedido destino, es decir, trabajar en la prisión, "algo que no habían hecho históricamente, salvo excepciones".

"En la mayoría de los casos han tenido respuestas positivas, es decir, los presos están ya, hoy en día, en cerca de 20 cárceles en destino", ha añadido.

También la mayoría de los reclusos ha solicitado "el paso de primero a segundo grado", aunque estos procesos "son más largos". "Muchos de ellos se han encontrado con rechazos. El argumento es ser miembro de una organización terrorista no disuelta. Ellos estiman que este argumento ha dejado de tener razón y en próximos meses, antes de verano, esperamos que ETA anuncie su desmovilización", ha indicado. En base a ello, según ha explicado, los internos están recurriendo.

Los dos tuiteros que se sientan en el banquillo de los acusados por verter comentarios ofensivos contra Pilar Manjón han reconocido en el juicio que acoge la Audiencia Nacional que se trata de un colectivo que ha "sufrido mucho" y al que muestran su "apoyo total". Uno de ellos, Tomás Santos Martín, ha denunciado que no es el dueño de la cuenta de donde se escribieron los mensajes y que todo se trató de un montaje que realizó el programa La Tuerka.

El fiscal ha elevado a definitivas su petición para los acusados Fernando Reyna de los Ríos de un año y medio de cárcel y para Santos Martín de dos por el delito de humillación a las víctimas y ha matizado que aunque se trata de dos casos diferentes, sus comentarios son "reprochables moralmente" y no persiguen otra finalidad que no sea ofender, en este caso, a la expresidenta de la Asociación 11-M Víctimas del Terrorismo, cuyo hijo perdió la vida en la explosión que sufrió el tren de El Pozo el 11 de marzo de 2004.

En su declaración en calidad de investigados ante el tribunal, el primero de los acusados Reyna de los Ríos ha asegurado que escribió en un foro en Twitter el comentario de '¿Qué se puede esperar de una mala madre que hace negocio apoyando la impunidad de los asesinos de su hijo? como fruto de un "calentón". "Me hubiera gustado ponerme en contacto con ella y borrar el tuit, pero no pude", ha dicho sobre este comentario de 2014 precisando que no quería mencionarla pero que salió por defecto al tratarse de una conversación.

Por su parte, Santos Martín ha rechazado tener cuentas en las redes sociales y ha dicho que todo es fruto de un montaje hecho por el programa de televisión La Tuerka que mezcló una imagen suya durante su participación en un debate de Intereconomía con una dirección de Twitter (@EnEstadoDGuerra) desde donde se publicaron mensajes como "A Pilar Manjón le tocó la lotería cuando reventaron al hijo. Menuda puta"; "Imagino que el padre del hijo de la Manjón no dice nada porque no sabe quién es..."; "Me alegra saber que pese a tu problema ortográfico apoyas a la puta proterrorista de Manjón".

Querellas de Pablo Iglesias y Rubalcaba

"No tengo cuentas en Twitter ni en Facebeook. Las expresiones que se han citado aquí me parecen repugnantes, yo jamás escribiría eso", ha dicho Santos Martín, a quien también le han preguntado por las querellas que formularon en su contra políticos como el exvicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba, la exministra socialista Leire Pajín, el líder de Podemos, Pablo Iglesias y la también miembro de la formación morada Tania Sánchez, todas ellas igualmente por comentarios humillantes en la red.

Preguntados por todos los comentarios, Manjón, que se personó como acusación particular, ha explicado en calidad de testigo que ella tuvo conocimiento de los mismos porque la mencionan y que aunque sigue un tratamiento a raíz del asesinato de su hijo, "la cuestión médica" se ve agudizada cada vez que lee este tipo de expresiones. El tribunal ha aceptado al comienzo de la sesión un informe psiquiátrico entregado por su abogado pese a la oposición de las defensas por atemporal.

"A mí cuando me insultan me duele pero cuando la víctima de terrorismo es mi hijo, que no eligió ir en los trenes esa mañana, eso no es libertad de expresión eso es llamarle 'hijo de puta' y mi hijo sí tiene padre; está aquí sentado y perfectamente identificado", ha dicho la víctima la cual se ha negado a abandonar la sala tras prestar declaración pese a que la magistrada presidenta del tribunal, María José Rodríguez Duplá, le encomiara a ello ante "el mal rato" que estaba pasando.

"Frases con un odio especial"

Como testigos han declarado además un agente de la Policía que ha explicado el vínculo entre los citados perfiles y sus acusados. Las letradas de los acusados, por su parte, han pedido la absolución de los clientes al entender, en el caso de Reyna, que su intención no era ofender a Manjón y en el caso de Santos que él no estaba detrás de este perfil. "Crear una cuenta falsa es muy fácil", ha apostillado.

En este turno de conclusiones finales el abogado de la acusación particular, Antonio Segura, ha defendido que estos comentarios "son frases retorcidas muy pensadas, con un odio muy especial hacia una determinada víctima del terrorismo" y ha elevado a definitivas su petición de tres años de cárcel para cada uno.Tras el turno de última palabra que el tribunal ha brindado a los dos acusados y del que han hecho uso, la presidenta del mismo ha dejado el juicio visto para sentencia.

El arrestado este lunes en Sagunto (Valencia) presuntamente integrado en el aparato de captación de Estado Islámico (EI o Dáesh) "vivía en su casa, bastante aislado socialmente, solo se relacionaba con gente musulmana y a través de las redes sociales intentaba captar, reclutar y adoctrinar al mayor número de personas posible y enviarlas a zona de conflicto a una lucha en defensa del Dáesh".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, tras recibir al nuevo General Jefe de la Sexta Zona de la Guardia Civil, José Hermida.

La Policía Nacional ha detenido este lunes en Sagunto a un marroquí integrado en el aparato de captación de Estado Islámico que actuaba de catalizador de la organización terrorista para el adoctrinamiento y traslado de yihadistas a zona de conflicto.

El delegado ha explicado que el detenido, un marroquí de 47 años que se encontraba en situación irregular en España, ha pasado a disposición judicial y la operación sigue abierta bajo la supervisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción.

Para Moragues, este arresto es "otra prueba más de la eficacia policial". Desde que se decretó el nivel 4 de riesgo de atentado terrorista en España el 26 de junio de 2015, hay 206 detenidos, ha precisado. "Eso demuestra que los cuerpos policiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil están siempre atentos, ojo avizor a cualquier circunstancia", ha incidido.

Según ha explicado el delegado, el detenido presuntamente "se movía por internet, reclutaba, incluso en su propia casa los recibía, hacía enaltecimiento del terrorismo, adoctrinamiento" y "visionaban vídeos de gran violencia y radicalidad". Un ejemplo, ha apuntado, es el de un joven de 26 años, a quien se encargó de reclutar y enviar a Irak en noviembre de 2014, donde cometió un atentado terrorista suicida que costó la vida a 33 soldados iraquíes y causó decenas de heridos con un camión lleno de explosivos.

Las familias de las 15 víctimas mortales del doble atentado yihadista en Cataluña tienen derecho a cobrar una indemnización de 250.000 euros del Estado español, que ofrece ayudas para sufragar el traslado de los restos y costear entierros e incineraciones, además de compensar las lesiones de los heridos y ofrecer asistencia médica y psicológica.

La normativa española prevé incluso que, en casos de "perentoria necesidad", algunas de estas ayudas puedan cobrarse por adelantado, según reconoce el reglamento que desarrolla la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo de 2011, que ha consultado Europa Press.

Algunos familiares de víctimas extranjeras de los atentados de Barcelona han iniciado campañas de crowfunding en Internet para recabar fondos con los que costear la repatriación de los cadáveres o pagar la asistencia sanitaria.

Técnicos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) consultados por Europa Press admiten que a día de hoy, cuando apenas han pasado cinco días del atropello en Las Ramblas, los familiares de los fallecidos o los propios heridos quizás desconozcan todas las ayudas que el Estado español prevé para sus casos.

El Ministerio del Interior, que cuenta con una Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, ha habilitado varias líneas telefónicas para atender a los afectados por los ataques y sus familiares: 91 537 24 79/80; 91 537 24 41/42 y 91 537 24 21/61.

La AVT, que colabora con Interior, también ha habilitado dos teléfonos para la asistencia psicológica de afectados por los ataques: 607 719 716 y 91 594 07 99.

Para poder acceder a las ayudas es necesario que el interesado que tenga derecho a ellas las solicite formalmente al Ministerio del Interior, presentando los certificados sanitarios y policiales o judiciales que acrediten que ha sido víctima de los ataques.

La indemnización por fallecimiento está dirigida al cónyuge o pareja de la persona fallecida y a los hijos de ésta, si los hubiera. En caso de que el fallecido no tuviera pareja ni descendencia, tendrán derecho a la indemnización, por orden sucesivo y excluyente, los padres, los nietos, los hermanos y los abuelos de la víctima.

La Administración General del Estado abonará también los gastos de traslado, sepelio e inhumación y/o incineración de las víctimas que no se hallen cubiertos por una póliza de seguro, hasta el límite de 6.000 euros.

Para los heridos, el Estado prevé compensaciones que varían en función de la gravedad de las lesiones que les provocara el atentado, que van desde los 500.000 euros para situaciones de gran invalidez a 75.000 por una incapacidad permanente parcial.

Ayuda psicológica

España ofrece también asistencia psicológica y psiquiátrica gratuita a los afectados por terrorismo de manera inmediata y presta asistencia sanitaria de urgencia a los heridos en el Sistema Nacional de Salud.

Los heridos tendrán derecho a compensaciones por los gastos de tratamientos médicos, prótesis e intervenciones quirúrgicas en los que incurran y que guarden vinculación con las acciones terroristas, cuando quede acreditada su necesidad y no se hallen cubiertos por el sistema público o privado de previsión al que estas personas se encuentren acogidas, recoge la normativa española.

La ley española de protección a las víctimas, pionera en los países de nuestro entorno según reconocen desde la Fundación de Víctimas del Terrorismo, contempla otra serie de ayudas psicopedagógicas y escolares para las víctimas del terrorismo y sus hijos.

En declaraciones a Cadena Ser, recogidas por Europa Press, el consejero vasco ha recordado que el Gobierno vasco "ni organizó ni convocó" la movilización desarrollada en la tarde del sábado en Bayona (Francia) y, "de haber estado en su mano, habría habido cosas que se hubieran hecho de otra manera".

Por otro lado, entre los desafíos de cara al futuro, ha subrayado el de construir un relato "lo más compartido posible" que haga además "justicia con las víctimas".

Tras afirmar que ETA es una organización que está "inexorablemente abocada a desaparecer y disolverse", ha considerado que no tiene sentido que, una vez desarmada, continúe "viva, ni tan siquiera como organización civil".

"Nosotros no lo vemos. En una sociedad como la vasca, en la que se está construyendo una memoria crítica del pasado, una realidad de este tipo sería incompatible con la subsistencia de una organización como ETA. No me atrevo a hacer vaticinios porque depende de ellos, pero lo mejor para todos, incluidos los integrantes de la banda, sería que se disolvieran cuanto antes", ha indicado.

En lo que respecta a la entrega de armas, ha valorado que la primera declaración realizada desde el Ministerio del Interior francés fue positiva, y ha incidido en que, "quien mejor puede valorar la envergadura del arsenal, es la propia autoridad francesa". "A expensas de un inventario de las armas más detallado, la declaración de la autoridad francesa es claramente elocuente", ha añadido.

Asimismo, ha incidido en que el Gobierno vasco ha querido estar en "todos los lugares en que tenía que estar para que el desarme se produjera en los términos pactados" –legal, completo, verificado, unilateral y sin contraprestaciones–.

"Éstos han sido los criterios y todas las partes han aceptado. El Gobierno vasco ha estado ahí intentando que se respetara. No se ha reunido directamente con ETA este tiempo pero sí hemos hablado con los actores que han participado en el proceso. Con los artesanos de la paz, con el Comisión Internacional de Verificación, con las instituciones y responsables del Gobierno español y francés", ha indicado, para añadir que las partes han mantenido "una interlocución eficaz".

Además, ha recordado que había un compromiso del lehendakari, Iñigo Urkullu, de informar a Mariano Rajoy de todo lo que considerara relevante con el proceso, y "la lealtad ha sido total".

En cuanto a la participación de la iglesia en el desarme, ha afirmado que "no ha sido el actor principal". "Hay que distinguir entre quienes han llevado a cabo actuaciones concretas, han contribuido a facilitar las cosas y los que no han puestos obstáculos pudiendo haberlos puesto y han permitido que las cosas se lleven a cabo. El Gobierno español estaría en este tercer grupo", ha añadido.

Presos

En cuanto al acercamiento de los presos de ETA, Josu Erkoreka ha recordado que el Ejecutivo vasco ha tenido, desde hace años, un planteamiento en relación a la política penitenciaria en virtud del cual "cabe una política penitenciaria distinta incluso en el marco de la legislación vigente".

"Una gestión acorde a los tiempos. Por razones humanitarias y de sintonía y coherencia con los principios que inspiran la legislación penitenciaria sería bueno", ha valorado. 

A su juicio, tras el desarme se da un escenario "importante" para trabajar de manera "consensuada en pos de una convivencia normalizada y sería bueno empezar a trabajar consensos entre instituciones y partidos, también en lo relativo a las bases de la convivencia democrática de cara al futuro".

"Sería bueno empezar a trabajar consensos en torno a una política penitenciaria más acorde a los tiempos sin necesidad de modificar la legislación penitenciaria", ha añadido. 

De este modo, ha reiterado que la propuesta del Gobierno vasco, que prevé para los presos un alejamiento máximo de 250 kilómetros de Euskadi, "podría llevarse a cabo, sería viable". "La realidad penitenciaria española lo permitiría y, seguramente, arrojaría resultados positivos de cara a distender la situación y poner las bases de una convivencia futura más normalizada", ha apuntado.

No obstante, ha considerado que, "más que priorizar objetivos tras el desarme, y jerarquizar metas", sería bueno "dar prioridad a la búsqueda de acuerdos políticos e institucionales".

Acto de Baiona

Respecto a la movilización desarrollada en la tarde del sábado en Bayona, Erkoreka ha recordado que el Gobierno vasco "ni organizó ni convocó la concentración" y tampoco estuvo presente en la misma. "De haber estado en su mano, habría habido cosas que se han producido en las últimas semanas que se hubieran hecho de otra manera. Ésta es una de ellas", ha señalado.

Otra de las cuestiones que ha considerado que se debía haber desarrollado de otro modo es que "no se comunicara tres semanas antes públicamente la fecha" en que se iba a producir el desarme porque eso ha generado "dinámica desasosiego y tensión por parte de actores políticos y medios de comunicación".

"Uno de los artesanos anunció la fecha. No éramos partidarios de que se hiciera público con tanta antelación, pero no es momento de entrar en reproches", ha expresado.

Entre los desafíos de cara al futuro, ha subrayado el de construir un relato "lo más compartido posible", ya que "los relatos sobre la sociedad, la historia y acontecimientos históricos en una época como la actual, con sociedades plurales, no van a ser únicos". De este modo, ha abogado "por buscar un relato que haga justicia a la memoria de las víctimas.

"No creo que nadie ponga en cuestión que hubo una organización terrorista que causó miles de víctimas y que, con el desarme, pone de manifiesto que todos los asesinatos cometidos están injustificados y podían habérselos ahorrado a la sociedad vasca", ha indicado.

A su juicio, se trata de un principio que "nadie va a poner en cuestión" y ha considerado que en el entorno de la izquierda abertzale "se empieza a asumir la necesidad de reconocer el daño causado por una organización que nadie autorizó se constituyera". "El balance definitivo no es positivo, es todo lo negativo que cabría imaginar. Daño produjo mucho y resultados nada", ha añadido.

Por otro lado, ha reconocido que es "motivo de preocupación" que haya colectivos –en referencia al sector crítico con la izquierda abertzale– que "no hayan sido capaces de asumir las lecciones de la historia y no sean capaces de incorporar las experiencias muy recientes de jóvenes que han vivido situaciones muy amargas por haberse implicado en estrategias de violencia".

"Albergo la esperanza de que esto se pueda superar mejor antes que tarde, y esos colectivos asuman que en una convivencia democrática no tiene que haber lugar a la violencia. La izquierda abertzale dice que es un movimiento marginal", ha finalizado.

¿Puede considerarse al almirante Carrero Blanco una víctima del terrorismo? Según la Audiencia Nacional, sí, ya que el tribunal condenó la semana pasada a la tuitera Cassandra Vera por hacer chistes sobre el asesinato del ex presidente del Gobierno durante la dictadura franquista por parte de la banda terrorista ETA, un hecho que los jueces consideraron enaltecimiento del terrorismo. Pero los expertos aseguran que, con la legislación en la mano, Carrero no tendría derecho a ninguno de los reconocimientos que el Estado hace de las víctimas: ni podría optar a una indemnización, ni tampoco podría solicitar la condecoración que se otorga a los damnificados.

La condena de Cassandra Vera ha generado una ola de protestas ante una decisión que partidos como IU, Podemos o ERC, así como asociaciones por los derechos civiles como No somos delito, consideran desproporcionada. Pero también ha servido para abrir debates como el relativo al aumento de las condenas por enaltecimiento del terrorismo en los últimos años o el que gira en torno a hasta qué punto puede considerarse víctima del terrorismo a una figura como Carrero, presidente del Gobierno de una dictadura y corresponsable de violaciones de los derechos humanos.

En la sentencia con la que la Audiencia Nacional condenó a Vera, el tribunal argumentaba que "las víctimas del terrorismo constituyen una realidad incuestionable, que merecen respeto y consideración, con independencia del momento en que se perpetró el sangriento atentado". "Las frases utilizadas, adicionadas la mayoría de las veces con elocuentes imágenes, refuerzan aún más su carácter de descrédito, burla y mofa a una víctima del terrorismo", señalaba la Audiencia, que describía a Carrero como una "persona que ha sufrido el zarpazo del terrorismo".

No obstante, para los expertos consultados por este diario, que el ex presidente del Gobierno pueda encajar dentro de la categoría de víctima del terrorismo a efectos materiales no le equipara con el resto de víctimas. No obstante, Carrero sería "desde un punto de vista estadístico" una víctima del terrorismo, "porque ETA, que es una banda terrorista, lo mató, y además siguió matando después de que cayera la dictadura", explica José Manuel Rodríguez Uribes, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y director general del departamento de Apoyo a Víctimas del Terrorismo entre 2005 y 2011.

Pero eso no implica que la legislación considere al jerarca franquista una víctima del terrorismo "desde un punto de vista moral". La Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo establece el derecho de las víctimas a recibir una indemnización y también a solicitar una condecoración por ser víctima de una banda terrorista, explica Rodríguez Uribes, pero establece límites a estos derechos. Unos límites que, para el exresponsable del departamento de Víctimas del Terrorismo, sobrepasaría Carrero.

En este sentido, la ley plantea que el Estado no podrá condecorar "a quienes, en su trayectoria personal o profesional, hayan mostrado comportamientos contrarios a los valores representados en la Constitución y en la presente Ley y a los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales". "Se trata de un mecanismo del Estado para distinguir" entre unas víctimas y otras, señala Rodríguez Uribes, que además apunta que, en el caso de la reparación económica, la interpretación actual de la norma impide que puedan acceder a ella "las víctimas que antes hubieran sido victimarios".

Las indemnizaciones

A este respecto, el experto apunta que la prohibición de que el Estado condecore a víctimas del terrorismo que, a su vez, hubieran sido "victimarios", está contemplada desde que fue reformada en el año 2002 la primera ley de reconocimiento y ayudas a las víctimas, que data del año 1999. Esa norma fue sustituida en el año 2011 con el apoyo de todos los grupos políticos, salvo UPyD. En ninguna de ellas se prohibe expresamente que las víctimas del terrorismo que tuvieran relación con bandas armadas tuvieran derecho a ser indemnizadas, pero sin embargo el Gobierno del PP lleva varios años negando ayudas a víctimas –o a familiares de víctimas– de los GAL o el Batallón Vasco Español por considerar que tenían vínculos con el entorno de ETA, amparándose en un convenio europeo.

Ese convenio sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos considera Rodríguez Uribes, también sería aplicable a Carrero Blanco. En su artículo 8, el texto plantea que "se podrá reducir o suprimir [...] la indemnización si la víctima o el solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos", y asimismo establece que "se podrá reducir o suprimir la indemnización por causa del comportamiento de la víctima o del solicitante antes, durante o después de la comisión del delito, o en relación con el daño causado".

Esto no implica, señala el experto, que ninguna de las víctimas de ETA durante el franquismo sea reconocida con todos sus derechos por el Estado. "Por poner un ejemplo: la familia de José Pardines [el guardia civil asesinado por ETA en 1968 que se convirtió en la primera víctima mortal de la banda] sí tendría derecho a ser indemnizada porque él únicamente era un funcionario de la dictadura, pero la de Carrero Blanco no, porque era uno de los máximos responsables" del régimen, zanja Rodríguez Uribes.

Por su parte, Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del derecho y Filosofía política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (UV), se muestra de acuerdo con el razonamiento de Rodríguez Uribes. "Está claro que Carrero Blanco es materialmente una víctima del terrorismo, pero sería contrario al principio de buena fe que invocase los derechos de las víctimas habiendo sido uno de los máximos responsables de un régimen que violaba los derechos humanos", plantea.

Este jueves se cumplen cinco años desde que tres encapuchados anunciaran que ETA ponía fin a 43 años de terror. La organización comunicó entonces, sin poner condiciones, que renunciaba definitivamente a la violencia organizada para conseguir sus objetivos políticos. El anuncio se produjo a las 19 horas del 20 de octubre de 2011, cuando faltaba justo un mes para las elecciones que sacaron al PSOE de la Moncloa. 

Euskadi vive hoy en paz –todas las facciones de la banda aceptaron la decisión de manera disciplinada– pero en el tiempo en el que estuvo activa, la banda asesinó a 829 personas e hirió a miles, lo que indudablemente tiene duras secuelas especialmente en las víctimas directas, que son las principales perjudicadas por el conflicto. Por eso, aunque el País Vasco afronte con total normalidad el primer lustro sin ETA, sí hay tareas pendientes en cuestiones relacionadas con la convivencia. 

Entre esos retos que permitan consolidar el escenario vasco de paz está el desarme y la disolución formal de la banda o la política penitenciaria, una cuestión que el PP ha desdeñado afrontar en la última legislatura. Otra cuestión pendiente es el reconocimiento del daño causado por la izquierda abertzale. Todavía está en construcción, también, el relato de 43 años de violencia, un relato que, sin duda, será diverso y tendrá diferentes ramas. 

infoLibre analiza a continuación todas estas cuestiones con la ayuda de expertos y protagonistas del conflicto:

1. El fin de la violencia: el desarme y la disolución formal

"El hecho de que ETA anunciara el cese definitivo de forma unilateral y que esta decisión no fuera consecuencia de una negociación hace que las cosas lleven su propio ritmo. No obstante, hay temas que hay que ir cerrando, como el del desarme", señala el catedrático de la UPV Ramón Zallo, teórico del soberanismo basado en el derecho a decidir. A su juicio, es importante encontrar una "vía técnica" para resolver esta cuestión por lo que tiene también de "rito" en la culminación de este proceso. 

Lo cierto es que en 2014 el Ejecutivo vasco se ofreció al Gobierno del PP y a ETA para verificar su desarme –varios centenares de fusiles y pistolas– con apoyo internacional. El objetivo era obtener un final ordenado del terrorismo que evitara también el descontrol del armamento. La propuesta, sin embargo, no obtuvo respuesta por parte de ninguno de los interlocutores. La oferta, señala el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, sigue vigente. 

Fernández explica que, en esta materia hay tres modelos en juego: "el Gobierno español apuesta por un desarme estrictamente policial; ETA parece que quiere un modelo de desarme acordado con los Gobiernos de España y Francia; y el Ejecutivo vasco y las instituciones vascas defienden que ETA tiene que desarmarse unilateralmente ante la sociedad vasca y que ese desarme tiene que ser verificado". Por el momento, sin embargo, sigue sin haber acuerdo entre las partes sobre qué postura tomar. 

Por otro lado, en el comunicado en el que ETA anunció el fin de 43 años de terrorismo, la banda, sin poner condiciones, se refirió al "cese definitivo de la actividad armada" y solicitó "un diálogo directo" con el Gobierno para resolver las "consecuencias del conflicto", es decir, la situación de presos y los etarras que viven en la clandestinidad. No habló, sin embargo, de disolución, precisamente porque su voluntad era la de seguir ocupándose del futuro de sus presos. 

De ahí que las fuentes consultadas coincidan ahora en que otra de las tareas pendientes es la disolución formal de ETA. A juicio de Zallo, no obstante, esta es una decisión "más de tipo táctico que estratégico" que lo que queda de ETA tiene que tomar especialmente en relación a los presos. "Cuando una organización armada deja de estar operativa y entrega las armas está claro que no va a emprender acciones armadas. Pero ETA tiene que evaluar si desaparece y traspasa la función de referencia de todos esos presos a alguna clase de organismo de la sociedad civil que actúe de intermediario o si mantiene las siglas sin apenas militantes, que parece ser su opción", asevera. 

2. La política penitenciaria: acercamiento y cuestiones humanitarias

El acercamiento de los presos de la banda a prisiones del País Vasco, la excarcelación de los reclusos gravemente enfermos y la eliminación de las medidas excepcionales en política penitenciaria son otras de las cuestiones que la mayoría de las fuentes consultadas –a excepción de la asociación de víctimas Covite– coinciden en señalar como relevantes para cerrar las heridas que el terrorismo causó durante los 43 años en los que ETA mantuvo su actividad. 

En la actualidad son alrededor de 400 los presos de ETA, el 95% en régimen cerrado y sin beneficios penitenciarios y el 50% en centros penitenciarios alejados del País Vasco. La excarcelación de presos enfermos, sean de ETA o no, es una posibilidad prevista en el Código Penal, en la Ley General Penitenciaria y en el Reglamento Penitenciario por razones humanitarias y que ya se ha puesto en marcha en otras ocasiones. Sin embargo, sigue habiendo media decena de exmiembros de ETA gravemente enfermos encarcelados. 

El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, considera que habría que acabar con la dispersión de los reclusos "fundamentalmente por sus familias" –precisa– y buscar también "respuestas humanitarias" para los presos enfermos. En este punto coincide Fabián Laespada, el que fuera portavoz de la ya disuelta Gesto por la Paz, la primera organización cívica creada en Euskadi para denunciar el uso de la violencia. 

"No podemos dejar de reconocer que la ley se ha de cumplir y que si el acercamiento es posible, debería cumplirse. De hecho, se debería haber cumplido desde el minuto cero, es decir, desde que en 1987 el Gobierno socialista apostó por esta política. No tenían que haberlos alejado, se puede dispersar pero no alejar", señala Laespada.

No tienen la misma opinión en el colectivo de víctimas Covite. Su portavoz, Consuelo Ordoñez –hermana del teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, del PP Gregorio Ordoñez, asesinado por ETA en 1995– considera que está en la mano de los propios presos reducir la distancia que les separa de sus domicilios. 

"El anterior Gobierno estableció tres requisitos para lograrlo: la petición de perdón a las víctimas, la asunción de responsabilidades y la desvinculación de ETA. El actual Gobierno ha flexibilizado estos requisitos y sólo les exige la desvinculación de la banda terrorista. Es decir, está en su mano. Pero  la mayoría ha elegido voluntariamente obedecer la disciplina de ETA, continuar formando parte de una banda y seguir ensalzando su trayectoria", señala. 

Un segundo campo, a juicio de Fernández, sería "una modificación general de la política penal y penitenciaria que deje atrás las claves de excepcionalidad del pasado". Se refiere Fernández al hecho de que la mayoría de presos de ETA se encuentran en la más estricta situación carcelaria, el régimen cerrado. "ETA ha acabado, el riesgo de reincidencia es nulo y eso algo que se tiene que tener en cuenta", asevera. 

Fernández añade, además, un tercer eje: el de la reinserción. "Esta fue una cuestión que se impulsó en la época en la que Zapatero estuvo en la Moncloa y que se paró por completo al llegar el PP al Gobierno", señala. Lo cierto es que los conservadores ni han puesto en marcha políticas para favorecer la reinserción ni han flexibilizado la política penitenciaria ni ha acercado presos a Euskadi, como le reclaman todas las fuerzas parlamentarias vascas por razones humanitarias.

También es muy crítico con la inflexibilidad del PP a este respecto el catedrático de Sociología de la Universidad de Deusto, Javier Elzo, que no duda en calificar de "vergonzosa y vengativa" la forma en que los conservadores se han enfrentado a la cuestión de los presos de ETA. "Hay que buscar salidas que propicien la reinserción para los reclusos que estén dispuestos a comprometerse con el rechazo a la violencia. Tampoco se pueden ciertas medidas de excepcionalidad que son de una inhumanidad increíble", subraya. 

Zallo considera, además, que en este marco podría pensarse también en "revisar aquellos tipos de decisiones judiciales que fueron tomadas al calor de una situación excepcional y de una legislación excepcional". "Considero que esas revisiones también son vistas en Euskadi como necesarias para que haya procesos de integración plena sin que eso suponga una desmemoria sobre lo ocurrido", asevera. 

03. El reconocimiento del daño causado

Las secuelas de 43 años de terror, explica Laespada (Gesto por la Paz), perduran especialmente en las víctimas directas de la violencia, que son la parte más perjudicada de toda esta historia. "Ellas padecen las secuelas más duras y la soledad de unos tiempos en los que todo el mundo se siente tranquilo. Es muy importante crear una especie de manto social de solidaridad hacia ellas y eso es algo que queda pendiente por hacer", subraya. Por eso, a su juicio, sería "muy positivo para la convivencia" que gran parte del colectivo de presos mostrara su arrepentimiento y reconociera el daño causado.

Otro aspecto clave en este punto es el papel de la izquierda abertzale. Y es que al fin de ETA contribuyeron tanto los golpes policiales como el giro de la izquierda nacionalista, que para sortear el desierto de la ilegalización aceptó el precio exigido por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de buscar el fin de la actividad armada. Pero ni entonces reconoció la derrota de ETA ni hizo autocrítica por su pasado. Y tampoco lo ha hecho desde entonces. 

A juicio de todas las fuentes consultadas para la realización de este reportaje sería relevante que la izquierda abertzale, como organización, hiciera ese ejercicio. Otegi –también otros responsables– han pedido disculpas por si habían añadido sufrimiento a las víctimas de ETA con algo que hubieran dicho o hecho, pero no ha habido un reconocimiento de todo el colectivo. "Sería suficiente con que Sortu, en su próximo congreso, reconociera el daño causado. Bastaría con que lo dijeran sólo una vez... pero sería importante que lo hicieran", señala el sociólogo Javier Elzo. 

Ordoñez va más allá. "La izquierda abertzale tiene una tarea pendiente fundamental, que es reconocer su implicación, su responsabilidad y su colaboración en la pervivencia del terrorismo durante más de cuatro décadas. Hasta ahora no lo han hecho y el Estado de Derecho ha permitido que sin hacerlo, se siente en las instituciones y colabore en poner en práctica la estrategia de ETA por la que los terroristas decidieron que era mucho más eficaz luchar por sus objetivos desde las instituciones en lugar de hacerlo matando", señala.

Laespada, por su parte, entiende que sería "ideal para la democracia" que los responsables de la izquierda nacionalista se declararan responsables de la "perpetración del terror" y admitieran que ETA existió hasta 2011 porque ellos quisieron. "Cuando ellos quisieron cerrar la persiana, ETA no tuvo más remedio que hacerlo. Por tanto, hay una responsabilidad activa muy importante. Me gustaría que hicieran esa lectura y que se engancharan a la democracia completamente, es decir, revisando lo que han hecho mal. Hasta ahora han hecho amagos…. pero tienen un lastre tremendo del pasado de no reconocer que fue un error", señala. 

Hay también quien entiende que hay extender esa autocrítica a otras violaciones de derechos humanos, como las cometidas por el GAL, o a la violencia policial. Aunque hay matices entre unas opiniones y otras. Según Fernández son dos niveles: por un lado está la necesidad por parte de la sociedad vasca de que ETA y su entorno hagan una reflexión crítica y autocrítica específica y, por otro, una reflexión "crítica y compartida" sobre todas las vulneraciones de derechos humanos que ha habido en Euskadi. 

Zallo, sin embargo, no diferencia entre esos dos niveles. Y aunque define a la izquierda abertzale como "agente principal" de este proceso, cree que la reclamación de autocrítica debería extenderse al resto de actores que intervinieron en el conflicto. "Sería positivo que todos hicieran una reflexión estratégica para, visto desde hoy, analizar qué estrategias o enfoques erróneos pudieron tener", señala. 

"Es algo que no sólo le toca a la izquierda abertzale sino también al PSOE, que nunca se ha autocriticado con el tema del GAL ni ha señalado al responsable de todo ese montaje. Por otra parte, el PP es responsable por herencia de los crímenes del franquismo y nunca hemos oído una autocrítica al respecto. Esta es la parte que veo más útil de un ejercicio de reflexión y lo que de verdad podría hacer que se encontraran en el camino relatos distintos", añade. 

04. La construcción del relato

Lo cierto es que si hay algo que está todavía en construcción es el relato de esos 43 años de violencia. Y no parece que esa vaya a ser una tarea fácil. Laespada cree que es esencial hacer esa tarea de "deslegitimación de la violencia" que él relaciona con el relato. "No hay que quedarse en la tristeza, hay que tirar hacia adelante... pero hay que hacerlo leyendo bien el pasado. La conclusión tiene que ser que esto fue un error y un horror y que ETA no consiguió nada de lo que se proponía", dice el promotor de Gesto por la Paz. 

Pero hacer ese relato compartido no será fácil. Lo admite Laespada, que  reconoce que ese dictamen sobre el pasado terrorista será "diverso" y tendrá "diferentes ramas", aunque se muestra confiado en que confluirá en el reconocimiento de que fue un horror utilizar la violencia. También el catedrático de Comunicación de la UPV Ramón Zallo cree que es importante "definir la historia para saber qué ocurrió".

Sin embargo, considera que todavía hay relatos muy distintos en ciernes y que, cuando se escriban, serán inevitablemente distintos. "Eso está por hacer. Nadie ha hecho discursos oficiales desde parámetros ideológicos determinados que sea rigurosos, que no oculten información y tengan una mirada mediada", subraya. A su juicio, sólo si los principios de verdad, autocrítica, exactitud y rigor predominan en esos relatos, estos, con el tiempo, permitirán que las lecturas sean "más plausibles desde el respeto a las ideologías y la subjetividad política de cada uno". 

Jonan Fernández asegura que el Ejecutivo vasco está intentando hacer esa tarea de reconciliación. "Ha pasado poco tiempo y estos temas necesitan perspectiva, pero lo estamos haciendo, por ejemplo, con debates sobre memoria o exposiciones que promovemos desde la Secretaría de Paz y Convivencia. Es delicado, pero vamos dando pasos", explica. Estos movimientos, sin embargo, resultan insuficientes para Laespada, que cree que al Gobierno vasco "sólo le interesa el futuro". "Algunos no entienden que con la mochila que tenemos se puede avanzar más. Esa mochila es un motor de experiencia tremendo para que en posibles ocasiones futuras no se dé ningún caso de violencia", añade. 

El sociólogo Javier Elzo entiende, sin embargo, que ese "fenómeno de reconciliación" se tiene que poner en marcha "ya" y se tiene que apoyar desde lo público y desde lo privado. En este sentido afea al PP su inmovilismo con la causa de la pacificación, al tiempo que acusa al partido de Mariano Rajoy de estar "apalancado en una guerra de vencedores y vencidos". "No me duelen prendas en decir que la postura del Gobierno vasco es positiva y me gustaría decir lo mismo del Gobierno español, pero no es verdad", subraya.

En este sentido, subraya que es muy relevante que el "discurso social" mantenga un un planteamiento que sea básicamente en dos términos: no la impunidad y sí a la reconciliación. "Las cuentas hay que saldarlas, pero eso no nos tiene que llevar a una justicia vengativa que es en la que estamos ahora", sentencia. 

05. Los retos de la convivencia 

Entre tanto, la sociedad vasca enfrenta con total normalidad este lustro sin violencia. Para Elzo hay una cuestión que puede parecer obvia pero que es tan simple como que ya no hay violencia en la calle. "Por ejemplo, en San Sebastián, la parte vieja, que era donde se solían dar manifestaciones de kale borroka... pues ahora se ha convertido casi en un parque temático por la cantidad de turistas que nos visitan", subraya. 

Para Covite, sin embargo, todavía hay heridas abiertas en este tema de la convivencia. "Por un lado, el mantenimiento de la cultura del odio, que sigue intacta y que ha convertido al País Vasco y a Navarra en los lugares con niveles de radicalización más altos de Europa. Por otro, la resolución de más de 300 asesinatos sin resolver que impide a las familias de las víctimas acceder a su derecho a la verdad y su derecho a la justicia", señala Ordoñez. 

"Es difícil hablar de paz cuando todos los días se producen actos de enaltecimiento del terrorismo en las calles, cuando las instituciones del País Vasco y de Navarra hacen la vista gorda mientras se fomenta el culto al asesino y cuando el brazo político de ETA está legalizado y, por tanto, el proyecto político por el que nos mataron, nos secuestraron y nos extorsionaron está más vivo que nunca", añade la hermana del teniente alcalde asesinado.

Ordoñez alude, además, a incidentes como la agresión a dos guardias civiles y a sus novias en Alsasua sucedida este fin de semana. "Una banda terrorista se puede desarticular y puede incluso entregar las armas, pero desarmar moralmente a una sociedad que lleva cuarenta años respirando odio no es tan sencillo", señala. Jonan Fernádez y Javier Elzo, sin embargo, coinciden en que este es un hecho aislado aunque muestran su preocupación y condena ante cualquier acto violento. 

06. El debate identitario, a la baja 

Entre tanto, la sociedad vasca afronta este lustro sin violencia con absoluta normalidad y mostrando más sensibilidad a los retos sociales que a los identitarios. Esta es una cuestión que se reflejó en la campaña de las elecciones autonómicas del pasado 25 de septiembre. 

Los sondeos de opinión también vienen señalando esa caída de independentismo. El último sondeo de la Universidad del País Vasco (UPV), el Euskobarómetro, que preguntó por este tema en abril de 2016, mostró que los ciudadanos que tienen poco o ningún deseo de independencia representaban el 63%, frente al 55% de la anterior oleada en julio de 2015. Por otro lado, los ciudadanos con grandes deseos de independencia han pasado del 30% del año pasado al 24% el pasado abril. Además, un sondeo del Sociómetro del Gobierno vasco también constató el pasado marzo que las preocupaciones sociales se sobreponían con creces a las identitarias.

Según Ramón Zallo, esta realidad tiene que ver con el hecho de que la población haya pasado una época de crisis económica, social y política. En consecuencia, ha pasado al primer plano todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones sociales y económicas. También Fernández cree que la situación de crisis, desempleo… ha creado un ámbito de preocupación de gran prioridad en la sociedad vasca que ha hecho que la tensión social por otros temas haya decrecido.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió no prohibir el pasacalles convocado para el próximo 16 de agosto en el marco de las fiestas de Gernika (Vizcaya) en favor de los derechos de los presos y refugiados vascos (kalejira), prohibición que había sido solicitada por la Asociación Plataforma de Apoyo a Víctimas del Terrorismo (APAVT), informó Europa Press.

De acuerdo con el dictamen de la Fiscalía, y tras analizar informes de Ertzaintza, Guardia Civil y Policía Nacional, el juez Central de Instrucción número 5 de la Audiencia adoptó la decisión porque la asociación convocante, Lauhort Kultur Elkartea, está registrada en el Registro Vasco con el objeto social de promoción de la cultura y las costumbres vascas, y ninguno de los miembros de su directiva han sido nunca detenidos ni imputados.

Además, argumentó que el acto se lleva convocando desde 2008 sin incidentes, y sin que en ningún caso se haya hecho referencia a ninguna persona (preso y/o huido) concreta.

Sin embargo, como también pedía el fiscal, el juez acordó dirigir oficios al departamento de Interior del Gobierno vasco y a las Fuerzas de Seguridad del Estado para que hagan un seguimiento del pasacalles por si en el curso del mismo hay actos que pudieran ser constitutivos de delito de enaltecimiento del terrorismo o menosprecio a las víctimas, para que en tal supuesto procedan a identificar y detener a los autores.

Las víctimas de ETA pedían su prohibición

La APAVT presentó el pasado martes un escrito ante el Juzgado Central Decano de Instrucción de la Audiencia Nacional pidiendo la prohibición del kalejira.

En opinión de la organizacón, el pasacalles podría ser constitutivo de una delito de enaltecimiento del terrorismo, ya que supone "una clara ofensa grave a la memoria de las víctimas del terrorismo como acto de humillación y menosprecio".

Desde la asociación de víctimas del terrorismo se recordó que la finalidad de estos actos no es otra que "la justificación de acciones delictivas realizadas en nombre de ETA por sus integrantes en prisión y, por consiguiente, la adulación pública de quienes han cometido tan graves delitos".

Asimismo, la organización pidió a la Guardia Civil, Policía Nacional y Ertzainza que emitieran informes sobre los convocantes formales y que se investigaran si este acto está de alguna forma relacionado con "alguna organización paralela o afín a la banda terrorista".

El señor Cosidó manifestó en un programa de televisión que la presencia de Podemos constituye una amenaza para la democracia, que lleva el germen de la violencia y que defiende el proyecto que ha llevado adelante ETA. A muchos les parecerá una broma, pero este señor sancionó a un comisario, Telesforo Rubio, porque en una entrevista concedida a el diario El País ya en 2014, con motivo del décimo aniversario del atentado del 11-M, aseguró que “tras llevar a cabo todo tipo de investigaciones e interrogar a más de 120 etarras no encontraron vínculo alguno de ETA con el atentado”. Telesforo Rubio era entonces comisario general de Información. Relató las conclusiones de la investigación que llevó a cabo la policía acerca del atentado y esto le valió una sanción por parte de su jefe. Ya había sido perseguido por el Partido Popular, primero desde la oposición y luego desde el Gobierno, por no plegarse a sus tesis conspirativas con motivo de aquella masacre que fue el 11-M.

Diez años después de perpetrarse el mayor atentado de  la historia de nuestro país, con el resultado de 192 muertos, el partido del Gobierno, que dice representar en exclusiva a las víctimas del terrorismo y que utiliza y manipula a algunas de sus asociaciones políticamente para atacar a sus rivales, el partido que hoy nos gobierna desde la corrupción y la indecencia de los cientos de casos “aislados” que tienen cuentas pendientes con la Justicia –indecencia personificada en el actual presidente del Gobierno con su envío de mensajes de apoyo a Bárcenas tras denunciarle como corrupto en el Congreso de los Diputados, estafando a la institución que representa, así como a toda la ciudadanía–, el Partido Popular, decía, continúa tergiversando, todavía hoy, la verdad de lo ocurrido aquel día y mantiene la versión perversa que relata lo sucedido como una maniobra política en la que estarían detrás del atentado miembros de la Policía, la Guardia Civil, el Ejército y destacados líderes del PSOE para desbancarles del poder y que Zapatero ganara las elecciones.

Hay que recordar que el señor Cosidó ya tenía en el punto de mira a Telesforo Rubio por su proximidad al PSOE, con el que colaboró en la elaboración de su programa de seguridad de cara a las elecciones de 2004.

En la comisión del Congreso que se creó con motivo del atentado del 11-M, el PP cuestionó la independencia del comisario Rubio por su acercamiento al PSOE sin haber llegado a ser nunca militante, y se le interrogó sobre si había ido alguna vez a la sede de Ferraz, y también se le preguntó si se había reunido alguna vez con algún diputado que no estuviera en la cadena del Ministerio de Interior lo que, desde su punto de vista, anulaba la neutralidad exigible para el cargo. Suponía, según su saber y entender, una incompatibilidad manifiesta para el puesto que ostentaba. Al negarse a responder, a instancias del presidente de la comisión, que entendía que esas eran preguntas de ámbito personal que se salían del objeto de la comisión, los diputados del PP Juan Ignacio del Burgo y Vicente Martínez Pujalte montaron en cólera entre gritos de “manipulación”.

Sorprende el criterio de independencia y neutralidad que exigen los diputados del PP cuando están en la oposición porque, antes de ser director general de la Policía, el señor Cosidó fue senador y diputado por el Partido Popular, amén de tener diferentes cargos complementarios. También colabora con el Grupo de Estudios Estratégicos de dicho partido. Que Dios nos pille confesados ante las estrategias que surjan de esas mentes.

¿Cuál fue la excusa para sancionar a este comisario? No haber pedido permiso para efectuar dichas declaraciones amparándose en una normativa que obliga a ello antes de “hablar a la prensa de casos abiertos o sin resolver”, o “la violación del secreto profesional cuando perjudique el desarrollo de la labor policial”. Es difícil entender la aplicación de esa norma en un caso ya sentenciado por la Audiencia Nacional y ratificado por el  Tribunal Constitucional. No hizo más que citar lo ya sabido y reflejado en dichas sentencias. Además, llevó a cabo la entrevista como representante sindical de la Policía, lo que le eximía de tal permiso. Los jueces anularon esta absurda sanción revanchista de los que todavía quieren desenterrar y reivindicar la “teoría de la conspiración”, persiguiendo a los que no colaboraron en su día con dicha estrategia política cuando los cadáveres se apilaban en los centros de reconocimiento. No pierden el tiempo ni les tiembla el pulso. Ni la voz.

También se le abrió una investigación interna con motivo de su separación matrimonial, que fue denunciada por los sindicatos de la Policía por improcedente.

Este señor Cosidó, que representa a la legalidad vigente y que, como otros que ha nombrado el Partido Popular, parece estar al servicio de dicho partido en lugar de trabajar para los ciudadanos que le pagan el sueldo, destituyó nada más llegar al cargo a responsables de la Policía del mando antiterrorista que no comulgaban con las tesis conspiratorias que pretendían deslegitimar el resultado electoral posterior al atentado, así como a los principales responsables de las investigaciones de casos de corrupción que afectaban al PP, entre ellos, por su puesto, el de la Gürtel. Así operan este tipo de políticos sectarios que tienen permanentemente en la boca a Nicolás Maduro. Son hechos inadmisibles a pesar del depauperado estado en el que se encuentra el Estado de Derecho.

Intentó también en vano Cosidó tapar la investigación del caso del ático de Ignacio González y, según declaraciones del comisario José Villarejo, presionó para que se cerrara la investigación: un angelito, y nunca mejor dicho porque pertenece a ese grupo que encabeza su jefe, Jorge Fernández Díaz, de ultrarreligiosos de moral laxa e ideología de la caverna.

Esta política que ya es habitual en nuestros días de utilización de las instituciones a favor del partido que gobierna debería ser inexistente, o al menos clandestina, como cuando se elaboró el informe contra Podemos de forma anónima desde la Policía que dio origen a cuatro querellas por parte de Manos Limpias, algo insólito salvo en regímenes totalitarios como aquellos de los que dice abominar el señor Cosidó. Es sencillo imaginar quién puede estar detrás de ordenar dicha falacia, ya que en su intervención televisiva sostuvo tesis idénticas a las conclusiones del libelo elaborado por la Policía. Su salida en televisión actuando como hooligan de partidohooligan es una vergüenza que delata el carácter antidemocrático del señor en cuestión y de su política policial.

El director general de la Policía debería saber que, al referirse a Podemos, habla de un partido con representación parlamentaria, que opera dentro de la legalidad vigente, y que su obligación, desde el cargo que ostenta, es proteger y defender sus acciones dentro del marco de la ley.

Si encuentra algo que no encaje con estas premisas, tiene la obligación de denunciarlo ante las autoridades judiciales en su condición de policía. De no ser así, como hombre honrado que debería ser quien ostenta un cargo de tamaña responsabilidad y tan sensible, tiene que abandonar su puesto por incumplir la misión que le encomienda la sociedad a través del nombramiento que lleva a cabo el Gobierno que, suponemos, estará escribiendo en estos momentos su cese fulminante. Desde su condición de ciudadano, ahora sí, podrá ejercer su derecho a la libertad de expresión y opinar que el partido al que pertenece es el culmen de la honradez, mientras sus rivales en estas elecciones son un peligro para la democracia por, desde su punto de vista, tener en su ADN de partido extremista la intención, en caso de ganar las elecciones, de realizar prácticas antidemocráticas como las que él mismo lleva a cabo desde su puesto de director general de la Policía.

Gran contradicción la de el que nos previene y abomina de aquello a lo que él mismo nos somete y condena.

Muchos ciudadanos, entre los que me encuentro, asisten estupefactos a esta perversión de la democracia, entendiendo gran parte de los desmanes que sufrimos cada día al ver cómo la separación de poderes del Estado es una filfa ante la intromisión del partido del Gobierno en las instituciones judiciales y policiales que deberían velar por la seguridad y la estabilidad de todos; también, señor Cosidó, de Podemos como partido y de sus votantes. Es usted el que se manifiesta como un radical extremista al servicio de actitudes antidemocráticas.

Mientras, todavía algunos pretenden una gran alianza que contemple la presencia de este partido en el Gobierno, con la sola condición de la exclusión de Mariano Rajoy. Manda huevos.

Espero que el señor Sánchez y su aliado indisoluble no nos condenen otra legislatura a padecer esta peste heredada de aquellos tiempos de dictadura y totalitarismo cuyos responsables siguen presidiendo con sus nombres calles y plazas de nuestro país.

No es cuestión baladí.

Yo me siento amenazado con esta tropa amoral al frente de las instituciones. Personalmente, ya que el señor Fabra me amenazó desde la cárcel, así como en lo que concierne a mis conciudadanos que están en el ojo de mira del poder por ejercer derechos constitucionales, como son la libertad de expresión o la Libertad sin más, con mayúsculas, derecho que nadie nos va a arrebatar.

O sí.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha interpuesto esta mañana una querella ante el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional contra los titiriteros Alfonso Lázaro y Raúl García, contra el director artístico Ramón Ferrer Prada, contra la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, así como contra la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena.

Según informa asociación de víctimas, la querella se presentó tras los actos acontecidos el pasado viernes 5 de febrero con motivo de las fiestas de Carnaval, cuando durante la representación de la obra La bruja y Don Cristobal, de la compañía Títeres desde abajo, se procedió a la exhibición de un cartel con la leyenda "Gora Alka-ETA", juego de palabras para referirse a las organizaciones terroristas Al Qaeda y ETA.

Para la AVT los hechos que tuvieron lugar en la Plaza Canal de Isabel II de Madrid pueden ser constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo puesto que suponen "una clara ofensa grave a la memoria de las víctimas del terrorismo, un acto de humillación y menosprecio en el que se trivializa el uso de la violencia, así como una loa y reconocimiento de organizaciones terroristas que tanto dolor y sufrimiento han generado en nuestra sociedad".

Por ello consideran que los responsables del contenido de la representación teatral son tanto los miembros de la compañía como los representantes de cultura del Ayuntamiento de Madrid, "perfectamente conocedores del contenido de la obra", así como la propia alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, "responsable última de todas las actividades que organiza el consistorio madrileño".

En ese sentido, en la querella presentada esta mañana, la AVT solicitó al Juzgado que se tome declaración en calidad de investigados a todos los querellados, así como que se lleven a cabo todas las diligencias que resulten "útiles y oportunas" para el esclarecimiento de los hechos.

Las víctimas mortales del terrorismo, "entre otras", darán nombre "preferentemente" a las calles cuya nomenclatura se sustituirá por sus vínculos franquistas, en aplicación de la ley de Memoria Histórica, como ha aprobado este miércoles el Pleno del ayuntamiento de Madrid en una enrevesada votación por puntos, informó Europa Press.

La propuesta, presentada por Ciudadanos y enmendada in voce tras un receso en el Pleno, recordará a las víctimas mortales del terrorismo naturales de Madrid o con vinculación con la ciudad.

Ha contado con el respaldo de C's, PSOE y Ahora Madrid y la abstención del PP, cuya portavoz, Esperanza Aguirre, ha mostrado su rechazo a la coletilla "entre otras" de la enmienda.

Por unanimidad de todos los grupos se ha aprobado que se dedique una calle al anarquista Melchor Rodríguez García, el último alcalde de Madrid republicano por generar "gran consenso social y político y por su gran relevancia para la reconciliación y la concordia tras la Guerra Civil". La propuesta ha venido de la mano de Ciudadanos.

El juicio, que comenzó el pasado diciembre con casi un año de retraso tras la detención de tres abogados de los acusados en la operación Mate contra el frente de cárceles de ETA, ha finalizado antes de lo previsto al haber alcanzado un acuerdo de conformidad con la acusación, que pedía sendas penas de diez años de prisión por pertenencia a organización terrorista.

Entre los acusados, figura el histórico dirigente de Batasuna Pernando Barrena, la exalcaldesa de Mondragón Inocencia Galpasoro o la exdiputada Karmele Berasategui, que han sido condenados a un año y ocho meses de prisión; o la exdiputada de PCTV Nekane Erauskin, a quien se ha impuesto año y medio de cárcel.

En el pacto alcanzado con la Fiscalía y las acusaciones populares, los procesados reconocen que sus actividades fueron contrarias a la legalidad y su acuerdo incluye la "renuncia a cualquier actividad relacionada con la violencia y el reconocimiento a las víctimas y el daño que se les ha causado".

La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, mantiene interrumpida su agenda de actos públicos tras retirar su iniciativa para crear una ponencia de Libertad y Convivencia, después de ser desautorizada por la dirección del partido en Madrid.

La polémica surgió el pasado martes, después de la dirigente de los populares vascos informara de la moción registrada su partido en el Parlamento para impulsar la ponencia, en cuyo texto se solicitaba el "rechazo expreso" a la violencia de ETA en sustitución de la expresión "condena", por considerar que no había que "encallarse en las palabras".

Un día después, el ministro de Sanidad y presidente del PP de Álava, Alfonso Alonso, advirtió al PP vasco de que no podía "renunciar a exigir a Bildu la condena expresa del terrorismo de ETA". Horas después, la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, anunció la retirada de su iniciativa al considerar que no era "el momento" para seguir adelante y censurar que se había "vendido como una victoria" por parte de EH Bildu.

Esa comparecencia fue la última ocasión en que se pudo ver a Quiroga en un acto público, ya que, un día después, el jueves, no acudió al pleno del Parlamento.

Quiroga tampoco ha cumplido este viernes con su agenda, en la que figuraba su asistencia a un acto en Vitoria en el que se ha presentado un informe del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco. Inicialmente, la presidenta del PP vasco había confirmado su asistencia.

Fuentes conservadoras han confirmado a Europa Press que Quiroga tampoco acudirá este sábado al acto de homenaje a Txiki Benegas que se celebrará en San Sebastián y al que también tenía previsto asistir.

Las mismas fuentes han precisado que Quiroga se habría aislado y no solo ha interrumpido su agenda, sino que tampoco estaría manteniendo contactos con sus compañeros del partido en Euskadi.

Esta forma de actuar, según han añadido, está generando malestar entre integrantes de la formación en Euskadi, que consideran que ésta no es la forma adecuada de afrontar la situación y creen que además "da pie" a especulaciones.

Tras los rumores sobre una posible dimisión surgidos ayer, este viernes se mantiene la incógnita sobre la decisión que Arantza Quiroga pueda adoptar respecto a su futuro político. La secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos, aseguraba este pasado jueves que "no se prevén dimisiones en la cúpula del partido en Euskadi".