En la película El Señor de la Guerra, Nicolas Cage encarna a un traficante de armas ruso que vende su material militar al mejor postor, sin importarle el cliente que va a recibir su mercancía. Y, como siempre, la realidad supera la ficción. Hace escasas fechas, el día 20 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al búlgaro Peter Dimitrov Mirchev de un "complot para abastecer de armamento de guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación". Este tipo fue arrestado en Madrid hace algunos meses a petición de los servicios secretos americanos, que llevaban tiempo tras él.

Dimitrov tiene un protagonismo principal en esta historia, pero hay actores secundarios que los harían optar firmemente a grandes premios de cine. Se trata de Elisha Odhiambo Asum, de Kenia, Subiro Osmund Mwapinga, de Tanzania, y Michael Katungi Mpweire, de Uganda. Estos tres tipos son clave en el engranaje del contrabando de armas porque facilitaban la opción de conseguir un tipo de armamento que solo se puede adquirir legalmente si se pertenece a un ejército.

Dimitrov tenía un bagaje extenso en este aspecto. Según la Justicia de EEUU, llevaba 25 años dedicándose al tráfico de armas y era buen aliado del ruso Víktor But, un as del contrabando de armas que fue intercambiado por EEUU y que ahora ejerce como político regional en su Rusia natal. Se le conocía como El mercader de la muerte.

But fue el amo y señor de las guerras y los proxies de ciertos países, y de él aprendió Dimitrov. El búlgaro fue detenido el 8 de abril de 2025 en Madrid, y se desconoce qué tipo de labor estaba realizando en España, aunque seguro que no estaba de vacaciones.

No se descarta, y menos aún tras las últimas evidencias de presencia de los mexicanos en el país, que tuviera reuniones con emisarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, habida cuenta de que la presencia en España de esta organización criminal está más que probada: desde laboratorios de metanfetamina o cocaína hasta un control exhaustivo de que su mercancía llega a buen puerto, nunca mejor dicho.

El interés de este traficante de armas búlgaro era colocar 58 millones de euros en armamento al CJNG, liderado en ese momento por el Mencho, y en su catálogo de venta se jactaba de poder conseguir hasta tanques.

Enviaba ese folleto como si se tratara de la elección de una cena en un restaurante, pero esta vez el plato llegaba en forma de proyectil. La presencia de los tres africanos era clave en su estructura porque podían conseguir, gracias a sus contactos, documentos que legalizaban los envíos de armas, ya que lograban obtenerlos de forma oficial simulando operar como si fuesen el ejército de Tanzania.

Querían hacer llegar al CJNG ametralladoras, lanzacohetes, granadas de mano, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas. Pero podían conseguir incluso misiles tierra-aire, lo que da una idea del tipo de recursos militares que necesitan ahora grupos criminales como los cárteles mexicanos.

La potencia de fuego que requieren para combates urbanos o a tumba abierta en espacios rurales es cada vez mayor: desde la especialización de operadores de drones que han participado activamente en la guerra de Ucrania hasta artilleros eficaces que disparen armas de calibre .50.

La necesidad crece en los brazos armados de los cárteles mexicanos y, para la expansión que busca el Cártel Jalisco, es imprescindible obtener personas capaces de abastecerles de armas sin acudir al mercado de EEUU, que es su principal opción.

Sin embargo, el CJNG no se fiaba desde hacía tiempo de poder seguir operando de la misma forma para hacer llegar tantas armas y munición como necesitan. El encargo de un pedido de 58 millones de euros en forma de arsenal ofrece una perspectiva de lo que una organización del calibre del CJNG mueve en forma de dinero. Y prueba que no era la primera vez que Dimitrov trabajaba con el Cártel Jalisco, al que le envió unos 50 fusiles de asalto Kalashnikov, como demuestran los investigadores norteamericanos.

Aquello fue la prueba de fuego y querían más: desde drones hasta los misiles tierra-aire mencionados antes. Todas estas armas son utilizadas en combates en los principales bastiones del Cartel, y que se haya extendido tanto esta organización criminal desde 2011 no es fruto de la casualidad. Todo responde a una estrategia criminal bien orquestada y ejecutada. El contacto con un traficante de armas búlgaro les permitiría obtener recursos militares en el momento en que quisieran efectuar ofensivas en zonas calientes como Michoacán, Guerrero o Guanajuato.

Aunque los cárteles consiguen con bastante facilidad fusiles de asalto y RPG desde EEUU a través del contrabando en su frontera, esa situación podría cambiar en cualquier momento si el Gobierno de turno de EEUU modificara ciertas pautas de compraventa y planificara una seguridad adaptada a una realidad en la que los principales fabricantes de armas de ese país abastecen los arsenales de los cárteles mexicanos.

Por eso, tipos como Dimitrov, con una experiencia extensa en estos menesteres, son clave para que una organización criminal del tamaño del CJNG funcione. Sin armas no son nada, porque estas constituyen la base de su poder. No hay otra cuestión de control de territorio que esa: en el momento en que otro Cártel tenga mejor armamento y hombres más entrenados, ese territorio pasa a ellos.

Es la única razón por la que están continuamente solicitando armamento cada vez más destructivo; están en ese juego del gato y el ratón mientras manejan drones con explosivos. Y a ello se suma que los blindados que utilizan han mejorado tanto que los convoyes en los que se desplazan por México están al nivel de milicias del Kurdistán iraquí o de Siria.

Dimitrov se enfrenta ahora a la cadena perpetua, al igual que sus compañeros de aventuras. Intentar sobornar a militares de media África es lo que tiene si pretendes abastecer de armas a una organización criminal considerada como terrorista por EEUU.

Para España no lo es; por eso, cuando extraditó desde Madrid a Peter Dimitrov Mirchev, la Audiencia Nacional decidió hacerlo sin los cargos por terrorismo. Aquí se sigue considerando que es solo una organización criminal dedicada al narcotráfico, pero lo cierto es que el Cártel Jalisco Nueva Generación, en términos estrictos, puede considerarse una organización criminal que también comete atentados con fines subversivos para tener un control total de su territorio.

Y, tras la caída del Mencho, nada ha cambiado: las cuatro letras siguen vigentes y, por ahora, más vivas que nunca, aunque se quedaron sin su traficante internacional de armas de turno. Un señor de la guerra.

La Red Estatal contra la Ocupación de Palestina (Rescop) ha denunciado este viernes que cuatro barcos con armas y combustible destinados a "abastecer el genocidio" palestino navegarán por aguas españolas y/o recalarán en puertos nacionales, según informa EFE.

Esta red de organizaciones propalestinas ha exigido que se deniegue el atraque de estos buques, que se retengan e inspeccionen. La Rescop ha indicado en un comunicado que cuatro barcos van a utilizar puertos y aguas territoriales españolas "en las próximas horas y días en sus rutas de suministro de material militar y combustible a Israel".

Según información obtenida del puerto de Barcelona y la plataforma de seguimiento de barcos VesselFinder, dos buques utilizarán el puerto de la ciudad condal, otro atracará en Ceuta y un cuarto pasará por aguas españolas en su ruta hacia Gibraltar. Se trata del Petrolina Ocean, con bandera de Chipre, que está haciendo labores de suministro en el puerto de Barcelona, donde tiene previsto cargar 6.100 toneladas de combustible para transportar a Israel, según Rescop.

En las inmediaciones del puerto de la ciudad condal se encuentra el Zim Virginia, con bandera israelí, que regresa de Israel a Estados Unidos después de haber entregado "13 toneladas de componentes de helicópteros militares, 5 toneladas de proyectiles" y 22 vehículos de uso militar. También tiene previsto hacer escala en el puerto de Valencia.

El tercer barco es el Danica Sunrise, con bandera de Dinamarca, que también se encuentra en la ruta desde Israel a Estados Unidos, pertenece a una compañía especializada en carga de explosivos y tiene previsto hacer escala en Ceuta.

De la misma compañía es el Marianne Danica, que viaja de India a Israel para entregar 18 contenedores de munición y no ha podido hacer escala en Cabo Verde, por lo que se dirige a Gibraltar, para lo que tendrá que atravesar aguas españolas. En 2024, Exteriores prohibió su atraque tras acreditar que transportaba munición y explosivos.

La Rescop ha exigido en su comunicado que el Gobierno impulse un "embargo integral de armas a Israel sin excepciones" que incluya también el tránsito y ha solicitado a las autoridades competentes que denieguen a estos cuatro buques el acceso a los servicios portuarios.

"Ningún puerto español debe permitir el atraque de barcos implicados en el comercio de armas con Israel. Siguen pasando armas manchadas de sangre por nuestros puertos y aeropuertos. Seguimos financiando y facilitando el genocidio, la ocupación y el apartheid en Palestina mediante el suministro de combustibles", ha subrayado.

La vida privada de Teodoro Obiang Nguema, el dictador que más tiempo –45 años– lleva en el poder, se envuelve en una nebulosa tan densa como la gobernanza y las cuentas públicas del Gobierno ecuatoguineano, que Transparencia Internacional sitúa en el puesto 172 de un total de 180 países por su altísimo nivel de corrupción. No se sabe a ciencia cierta siquiera cuántas mujeres tiene o ha tenido Obiang, que cumplirá 82 años en junio, tampoco cuántos hijos ha engendrado. Se habla de hasta una treintena.

Pero de algunos de ellos ayuda a seguir la pista el rastro judicial que han dejado en España, el antiguo poder colonial, en Portugal y en Francia, por sus actividades ilegales y la extravagante e indiscreta forma de gastar dinero que han exhibido, mientras el 96,7% de sus 1,5 millones de compatriotas vive con menos de 5,15 euros al día, según la plataforma ISS African Futures. Desde que en 1995 se descubrió petróleo en Guinea Ecuatorial, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país –con cifras de 2022–, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía, que han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.

El pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional emitió una orden internacional de detención contra Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia e hijo del presidente, por el secuestro y torturas de cuatro opositores, uno de ellos fallecido en circunstancias nada claras. Los jueces han extendido la orden también al ministro del Interior, Nicolás Obama, y al director general de Segurida, Isaac Nguema Endo.

El origen del proceso judicial es una querella del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R) por el secuestro y torturas que sufrieron cuatro opositores: Martín Obiang, Bienvenido Ndong, Feliciano Efa y Julio Obama Mefuman –los dos primeros residentes en España y los dos últimos con nacionalidad española–. Todos ellos viajaron engañados en noviembre de 2019 de Madrid a Sudán del Sur, donde pensaban que iban a reunirse con líderes africanos. Sin embargo, una vez allí fueron apresados y trasladados a Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. Informes de la Comisaría General de Información sitúan a Carmelo Ovono Obiang, el ministro y el director general de Seguridad en el avión presidencial que trasladó a los opositores desde Sudán del Sur a territorio ecuatoguineano. También en las sesiones de tortura a las que fueron sometidos tras ser enviados a prisión.

Esta no fue, sin embargo, una operación aislada. “El caso investigado tiene unos claros elementos comunes con el resto de los secuestros efectuados en los últimos años desde diferentes países africanos a ciudadanos nacionales o residentes en Europa”, destaca uno de los informes policiales aportados a la causa, que describen un mismo modus operandi: conducir al opositor mediante engaños desde un Estado donde se encuentra a salvo hasta un país bajo la influencia del régimen de Obiang en el que, finalmente, es detenido y entregado a las autoridades ecuatoguineanas. Tanto el hijo del dictador como el ministro de Seguridad Nacional tienen, según la Policía española, familia y residencia estable en España, mientras que Isaac Nguema Endo visita “de forma periódica” el país, donde han vivido sus hijos.

La Policía, además, considera que este “plan organizado y estructurado” de persecución de opositores tiene como responsables “últimos y principales” al dictador y a otro de sus hijos: Teodorín. El favorito de su padre, vicepresidente primero del Gobierno desde 2016 y su más que posible sucesor.

Hasta que se emitió la orden internacional de detención han transcurrido más de dos años, en los que el juez encargado de la instrucción, Santiago Pedraz, se ha negado una y otra vez a reclamar la entrega de Carmelo Ovono Obiang, pese a las peticiones del fiscal y los querellantes. Incluso llegó a renunciar al caso para cedérselo a los tribunales de Guinea Ecuatorial. Una decisión controvertida que levantó ampollas, teniendo en cuenta las escasas garantías que ofrece la justicia del país africano. El Ministerio de Asuntos Exteriores español, además, asegura que carece de información alguna desde hace casi dos años sobre el estado de los tres opositores secuestrados y encarcelados. Mientras que el Gobierno de Malabo ha rechazado la petición del juez, la familia, el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo para que repatríe el cadáver del cuarto. Si finalmente España ha puesto en busca y captura al hijo del dictador ha sido porque el juez terminó perdiendo la competencia sobre el caso tras presentar un recurso los familiares de las víctimas.

Además, la investigación desveló, según publicó El País, que el Gobierno de Guinea Ecuatorial había contratado a 15 detectives privados en Madrid para espiar a los miembros de la oposición un año antes de que fueran secuestrados. Este caso se encuentra en estos momentos paralizado. Fuentes jurídicas consultadas explican que la causa está a la espera de una comisión rogatoria a Guinea.

El pasado septiembre, el juez también tuvo que rectificar una decisión anterior y abrir una nueva investigación sobre el origen de los 793.000 euros que el hijo de Obiang ingresó en billetes de 200 euros en su cuenta del BBVA en Madrid. En un primer momento, el juez instructor se había negado, al entender que el dinero no guardaba relación con el secuestro de los cuatro opositores. Los indicios, no obstante, apuntan a que tal cantidad no sólo puede ser objeto de un delito de blanqueo, sino que también pudo haber sido una “herramienta imprescindible para financiar las actividades presuntamente delictivas” contra los opositores.

También está abierta, y bajo secreto de sumario, una tercera investigación, en este caso en Palma de Mallorca. Según confirmaron fuentes jurídicas a infoLibre, el Juzgado de Instrucción número 3 trata de aclarar si un tercer hijo de Teodoro Obiang, Gabriel Mbega Obiang, ministro de Planificación y Diversificación Económica, utilizó dos empresas de la isla en una operación para blanquear más de cinco millones de euros. En el centro de la investigación, según el diario local Última Hora, se encuentra un empresario holandés afincado en Mallorca, Donald Frank van der Horn van den Bos, supuesto testaferro del hijo del dictador, y detenido e interrogado en octubre de 2023.

La Fiscalía Anticorrupción apunta a que Van der Horn ayudó a Gabriel Mbega Obiang a mover desde Guinea Ecuatorial hasta Chipre el fruto de un soborno por la adjudicación de una obra pública de 106,6 millones de euros y por la que pudo haber pagado cinco millones en comisiones, que salieron del país africano con escala en Mallorca.

Parte de esta trama está judicializada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora lusa Armando Cunha SA, Filipe Rego, que fue la beneficiaria de esa adjudicación millonaria en Guinea Ecuatorial, y contra el intermediario holandés, entre otros, según una investigación periodística liderada por el semanario portugués Expresso, el guineano Diario Rombe y el consorcio OCCRP, que publicó en exclusiva en España infoLibre en enero de 2021. Las pruebas recabadas por los periodistas indican que Armando Cunha SA pagó a la trama más de 10 millones de euros entre 2009 y 2015. Casi la mitad de esas supuestas comisiones se abonaron a dos sociedades con sede en España: Bellezzavecchio SL y Patapouf SL. Ambas vinculadas al intermediario holandés.

La investigación se apoyaba en una serie de contratos, facturas y extractos bancarios obtenidos por el periódico portugués y que fueron aportados a una querella presentada en Portugal contra Filipe Rego y Van der Horn. Sobre la mesa, presuntos delitos de corrupción en negocios internacionales, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Un movimiento judicial que, aunque no se dirigía formalmente contra el ministro ecuatoguineano, hacía un relato de los hechos que sí ponía el foco directamente sobre el hijo del dictador.

La cuarta causa contra los Obiang en España fue el caso Kokorev, una buena muestra de cómo funciona la corrupción al más alto nivel en Guinea Ecuatorial. Y de la extraordinaria lentitud de la justicia española. La investigación, en manos del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, se abrió en 2008, hace 16 años. Aún no hay sentencia. La investigación ha dado por acreditada la existencia de una trama que, durante más de una década, entre 1999 y 2011, ejecutó “operaciones ilegales o clandestinas de venta de armas y material de doble uso” al Estado de Guinea Ecuatorial. “Este armamento y material militar consistía en la compraventa de buques, helicópteros de combate, vehículos blindados, corbetas militares, patrulleras, fragatas, aviones de caza y bombarderos”, resaltaba la magistrada instructora en su auto de apertura de procedimiento abreviado.

Pero el negocio de los Kokorev, una familia rusa afincada en Las Palmas de Gran Canaria, no se quedaba ahí. El coste de estas operaciones se inflaba entre un 30% y un 40%. Con la complicidad de altos funcionarios militares ecuatoguineanos. De ese sobrecoste, según el auto, participaban el yerno y asesor del dictador, Fausto Abeso Fuma, a quien “se abonaron en comisiones por esta actividad” 1,94 millones de dólares entre 1999 y 2014; Melchor Esono Edjom, sobrino de Obiang y secretario de Estado para la Tesorería y Presupuesto; Agustín Ndong Ona Mbuym, primo del dictador; Luciano Esono Bitegue, entonces director general del Gabinete Militar de la Presidencia, y el libanés Hassan Khalil, asesor del dictador en materia de defensa.

Sin embargo, ninguno de estos altos funcionarios terminó encausado en el procedimiento. El auto de apertura de juicio oral se dictó, exclusivamente, contra Vladimir Kokorev, su mujer Julia, su hijo Igor, un abogado y asesor grancanario y dos de sus hermanas. La Fiscalía Anticorrupción pide penas que oscilan entre los cinco y los ocho años de cárcel para los acusados, por los delitos de blanqueo de capitales, y multas de hasta 240 millones de euros en el caso de Vladimir Kokorev, a quien acusan de haber generado una riqueza ilícita de 120 millones de euros entre 1999 y 2014 procedente del comercio ilícito de material militar con Guinea Ecuatorial. El juicio está pendiente aún de celebrarse en la Audiencia Provincial de Las Palmas.

En Francia, en cambio, los tribunales han sido más expeditivos. En 2021, la Corte de Casación avaló la condena impuesta a Teodorín por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos con los que adquirió propiedades en ese país por valor de 150 millones de euros. Al tiempo se le confiscaron todos sus bienes en Francia, entre ellos una mansión en París.

El dinero blanqueado procedía de prácticas corruptas en Guinea Ecuatorial, especialmente durante su etapa como ministro de Agricultura. Entonces, sus abogados llevaron a cabo una maniobra judicial que años después han repetido en España: alegar que la justicia ecuatoguineana había abierto una causa para investigar los delitos del hijo del dictador. Los jueces franceses no les creyeron y Teodorín terminó condenado, en ausencia, a tres años de cárcel.

El ex jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano Hugo Carvajal, más conocido como El Pollo CarvajalEl Pollo, irá directamente a prisión para que pueda ejecutarse su entrega a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y de armas, tras su detención a última hora del jueves en Madrid después de pasarse casi dos años prófugo de la Justicia. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, dado que su extradición a Estados Unidos ya estaba autorizada tanto por el Gobierno como por la Audiencia Nacional, no será necesario celebrar una vista judicial, pasando directamente a la fase de ejecución de las resoluciones ya dictadas.

El Pollo Carvajal tenía vigente una orden de detención e ingreso en prisión para materializar la extradición acordada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en noviembre de 2019, que revocó así una decisión anterior de la Sección Tercera de este mismo tribunal que denegó su entrega al entender que en la petición estadounidense subyacía "una motivación política".

Estando entonces en libertad provisional, se fugó cuando se enteró de que iba a ser extraditado. A pesar de estar huido, el Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2020 la entrega del ex general venezolano para que sea juzgado por tráfico de drogas y de armas. El pasado mes de mayo, Carvajal rompió su silencio para denunciar que tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional habrían cometido "graves irregularidades" en su proceso de extradición a Estados Unidos.

Finalmente, fue detenido a las 21.15 horas del jueves por el Grupo II de Fugitivos de la UDYCO Central, en una operación conjunta con la DEA, en un piso ubicado en la calle Torrelaguna de Madrid. Según ha informado la Policía Nacional, Carvajal vivía "totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza". La entrada en el inmueble donde se ocultaba Hugo Armando Carvajal Barrios se llevó a cabo mediante autorización judicial, con la colaboración de la Unidad de Intervención Policial (UIP) para proceder al mandamiento.

El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro está perseguido por las autoridades estadounidenses por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, "cuando presuntamente pertenecía al llamado 'Cártel de los Soles'", supuestamente gestionado por cargos chavistas.

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha anunciado este martes que su formación está ya en conversaciones con otras como Más País-Equo y los partidos independentistas para solicitar formalmente que la Cámara Baja abra una investigación sobre las supuestas actividades ilícitas cometidas por Juan Carlos I que esclarezca también si se lucró con el tráfico de armas.

En lo que va de legislatura se han registrado ya 13 peticiones de comisiones de investigación sobre el rey emérito, la última a finales de junio con la firma de Más País-Equo, Compromí y los partidos independentistas, ha recordado Europa Press.

Cuando esa iniciativa aún está pendiente de calificación por la Mesa del Congreso, Baldoví ha anunciado que estas formaciones están preparando una nueva petición tras publicar el diario Público que Juan Carlos I habría reunido su fortuna con el dinero que obtenía por la venta de armas a países árabes junto a su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal y el traficante de armas Adnan Khashoggi.

No nos vamos a cansar

La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE, PP y Vox ha venido rechazando la tramitación de todas las iniciativas destinadas a investigar las actividades del padre de Felipe VI, alegando que la Cámara no puede ejercer el control sobre el jefe del Estado y que su figura es "inviolable", según la Constitución.

Por eso Baldoví ha vuelto a dirigirse a estos partidos, especialmente al PSOE para que dejen de "tapar" las supuestas irregularidades del padre de Felipe VI y permitan que el Congreso esclarezca si, entre otras cosas, montó "una empresa para la venta de armas con personajes tan oscuros como Khashoggi".

"Defaudar, blanquear, cobrar comisiones y traficar con armas no eran las funciones que le reservaba la Constitución", ha enfatizado Baldoví en una rueda de prensa en el Congreso, en la que ha dejado claro que su formación se va a "cansar" de exigir que se arroje "transparencia, luz y taquígrafos" sobre las actividades de Juan Carlos I.

En una entrevista en Onda Cero Radio recogida por Europa Press, Díaz ha asegurado que es "compatible defender los derechos humanos y la dignidad de los trabajadores de la Bahía de Cádiz" y ha recordado que el acuerdo con Arabia Saudí para la construcción de las corbetas es "un contrato ya firmado que afecta a más de 6.000 familias de la Bahía de Cádiz, una de las zonas más deprimidas y con mayor tasa de paro de Andalucía y España".

En su opinión, "cuando algunos se han dado golpes de pecho como Iglesias pero el alcalde de Cádiz mantiene silencio eso es de cara a la galería y los políticos tenemos que saber que nuestra palabra nunca es gratis, que cuando hacemos afirmaciones tenemos que hacerlo con responsabilidad y saber cuáles son las consecuencias".

En cualquier caso, la presidenta andaluza ha querido dejar claro que ello no significa "en absoluto" que no se deba "conocer la verdad" sobre la muerte del periodista KhashoggiKhashoggi en la embajada de Arabia Saudí en Estambul, aunque si ha "llamado la atención" sobre el hecho de que "en las mismas últimas horas han pasado otros acontecimientos en el mundo ligados a la libertad de expresión y los derechos humanos y no han tenido el mismo eco".

Sobre la decisión de Alemania de pedir a toda la Unión Europea que suspenda la venta de armas a Arabia Saudí, Díaz se ha preguntado si la actitud de Ángela Merkel está "vinculada al acuerdo de gobierno que firmó con su socio donde decía que iban a ir reduciendo paulatinamente los acuerdos con Arabia Saudí" y ha puesto de manifiesto que, "en cambio, hay otros países que tienen también dificultades en la libertad de expresión y los derechos humanos como Egipto a los que Alemania vende prácticamente 20 veces".

"Ni Francia ni Reino Unido han dicho qué van a hacer con la venta de armas"

Tras recordar que cuando en 2015 el expresidente francés Francois Hollande "anunció la suspensión de la entrega de portahelicópteros a Rusia a raíz de la invasión de Crimea todo el mundo aplaudió y nadie dijo que esos portahelicópteros iban a Egipto", la presidenta de la Junta ha "echado en falta que la misma medida" que se plantea con Arabia Saudí "se utilice en todos los países y en todas las relaciones internacionales". Además ha señalado que "ni Francia ni Reino Unido han dicho todavía qué van a hacer con los contratos que están en vigor y si esto afecta a la venta de armas que tienen en este momento concertadas".

En cualquier caso, Díaz ha explicado que su "unidad de medida" en esta materia es "Naciones Unidas y la declaración de los derechos humanos y en estos momentos la ONU no ha determinado que no se puedan vender portaaviones, corbetas o armas a Arabia Saudí". "Mi medida es siempre la ONU y en este caso el Gobierno de España está defendiendo lo mismo que defiende la ONU y eso también tiene una exigencia de conocer la verdad sobre lo que ha pasado ahí", ha recalcado la presidenta andaluza antes de reclamar que "todos los casos en el mundo, tengan la raza, la etnia o el color de piel que tengan, deben tener la misma respuesta internacional porque también percibo que muchas veces la expectación y el rechazo internacional no es siempre el mismo".

Las informaciones que indican que Arabia Saudí asesinó al periodista Yamal Jashogi en su consulado en Estambul (Turquía) amenazan con poner de nuevo en una situación complicada al Gobierno de Pedro Sánchez menos de dos meses después de que el presidente diese por zanjada la crisis provocada por la decisión —luego revocada— de anular una venta de bombas a la monarquía absoluta islamista gobernada por el rey Salmán bin Abdulaziz, que desde hace tres años y medio interviene en la guerra civil yemení.

La Alemania de Angela Merkel, que este lunes convocó al embajador de Arabia Saudí, no sólo ha suspendido la venta de armas a los saudíes sino que ha pedido a sus socios de la Unión Europea, entre ellos España, que hagan lo mismo, a la vista de las noticias que vinculan la muerte del periodista con el príncipe heredero, Mohámed bin Salmán. “Sería muy importante que llegáramos a una postura conjunta europea”, precisó el ministro alemán de Economía, Peter Altmaier. “Porque sólo si todos los países europeos están de acuerdo se logrará causar impresión en el Gobierno de Riad. No tendrá ninguna consecuencia positiva si nosotros paramos las importaciones de armas pero otros países al mismo tiempo llenan ese vacío”, advirtió.

El Ejecutivo alemán ha aprobado sólo en lo que va de año exportaciones de armas por valor de 416,4 millones de euros destinadas a Arabia Saudí. Ante la pregunta de si Alemania dará marcha atrás en los contratos de armas ya firmados con las autoridades saudíes, el ministro aseguró que el Ejecutivo tomará una decisión al respecto "muy pronto”, informa Europa Press.

La Unión Europea recordó, por su parte, que la decisión de imponer un eventual embargo está en manos de los gobiernos de los 28 Estados miembros, que deben acordarlo por unanimidad. “Las consultas están en marcha a diferentes niveles y en diferentes contextos", explicó en rueda de prensa la portavoz del servicio diplomático europeo, Maja Kocijančič, al ser preguntada sobre este asunto.

La respuesta del Gobierno español, sin embargo, no ha podido ser más tibia. El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, se limitó a decir que está “en contacto” con Alemania y se negó a responder a la petición alemana. La posición de España, anunció, se conocerá en la comparecencia sobre este asunto que tiene prevista el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo miércoles en el Congreso a petición de Unidos Podemos.

La postura oficial de la Moncloa y del PSOE sigue siendo esperar a que una investigación, en los términos propuestos por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aclare lo sucedido. Esperar hasta el miércoles permitirá a Sánchez conocer la información que el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, hará pública el martes sobre lo sucedido y conocer si otros países europeos se suman a la decisión de Merkel.

De momento, el Gobierno español se ha cuidado mucho de mantener un perfil bajo en este asunto. A través de un comunicado, se mostró “consternado por las informaciones preliminares de la Fiscalía saudí sobre la muerte del periodista” pero evitó cualquier referencia a un embargo de armas o posibles sanciones.

Reino Unido y Francia, a la espera

Los Gobiernos de Reino Unido y Francia reaccionaron de la misma manera, eludiendo en todo momento anunciar sanciones o al menos la suspensión de la venta de armas.

La venta de armamento a Arabia Saudí es un tema delicado para el Gobierno de Sánchez. Después de que un bombardeo saudí en Yemen asesinase a decenas de personas, incluidos varios niños, la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció en agosto que revisaría las condiciones de venta de armamento a países de Oriente Próximo para garantizar que se cumplen las condiciones de la venta, especialmente el compromiso de no utilizarlas en terceros países.

El Ministerio de Defensa confirmó después la suspensión de un contrato de venta de 400 bombas láser del Ejército de Tierra, valorado en 9,2 millones de euros, a los saudíes. Pero pocos días después el Gobierno decidió dar marcha atrás por temor a que Arabia Saudí suspendiese el contrato multimillonario (1.800 millones de euros) suscrito entre ambos países para la construcción de cinco corbetas en los astilleros gaditanos de Navantia que resultan vitales para el mantenimiento del empleo en la bahía de Cádiz.

El Gobierno alegó entonces que no había encontrado ninguna irregularidad que le permitiese suspender el contrato de venta de las bombas y que tenía que cumplir el contrato firmado por un Gobierno anterior. El ministro Borrell justificó la decisión diciendo que se trataba de “armamento de precisión”, guiado por láser, que “no produce efectos colaterales en el sentido de que da en el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria”. La ministra Portavoz, Isabel Celaá, redondeó las palabras de su colega de Exteriores: “Son láser de alta precisión y si son de alta precisión no se van a equivocar matando a yemeníes”.

Lo cierto es que, según diversos informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y organizaciones yemeníes de derechos humanos, así como de la propia ONU, ese tipo de bombas de precisión se han usado en la comisión de decenas de presuntos crímenes de guerra. En su informe de enero de 2017, el Grupo de Expertos sobre Yemen del Consejo de Seguridad de la ONU verificó el uso de bombas aéreas de precisión láser en Yemen que causaron 292 víctimas civiles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ene una entrevista emitida por el programa El Objetivo de La Sexta, se lavó las manos sobre lo que Arabia Saudí pudiese hacer con las bombas vendidas por España: “La responsabilidad que tiene este Gobierno llega hasta nuestras fronteras; lo que puedan hacer terceros países no es responsabilidad de este Gobierno”, declaró.

España exportó el año pasado a Arabia Saudí productos por valor de 2.267 millones. En el periodo de que va enero a julio de 2018 las exportaciones alcanzaron los 1.446 millones de euros, lo que representa un 9% más. Una parte importante son armas.

El principal cliente

El principal cliente de las empresas armamentísticas españolas es precisamente Arabia Saudí, que compró sólo en 2017 material bélico por valor de 270,1 millones de euros sin que el Gobierno pusiese ninguna pega a pesar de su participación en la guerra civil de Yemen. La compra, según el informe Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio, incluyó ese año "un avión de transporte (55,5 millones de euros), repuestos para aviones de reabastecimiento en vuelo, repuestos y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española y para una aeronave de un programa de cooperación europeo, aviones no tripulados, plataformas porta morteros, granadas de mortero, munición de artillería" y equipos de vigilancia.

España fue el tercer país que más material de defensa vendió a Arabia Saudí en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2016, según datos recopilados por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), recogidos por Europa Press.

El principal proveedor de armamento a Arabia Saudí durante ese periodo de cinco años fue Estados Unidos, que le vendió el 52,04% del total. A continuación se situó Reino Unido, con un porcentaje del 27,12% de ventas y después ya se encuentra España con un 4,19%, seguida de cerca por Francia con el 4,11%. Según los datos de SIPRI, Alemania ocupa el séptimo lugar en la lista de países exportadores a Arabia Saudí, con un porcentaje del 1,87% del total de las ventas al país.

Los máximos responsables de cuatro ONG, —Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, Jordi Armadans, director de Fundació per la Pau, Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, y José María Vera, director de Oxfam Intermón— pidieron este lunes a Pedro Sánchez que “únicamente estudie posibles transferencias de armas a Arabia Saudí si tienen la clara finalidad de ser empleadas legítimamente fuera de Yemen y sólo las autorice en caso de que no exista un riesgo sustancial de que las armas se empleen para facilitar la comisión de violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario”.

Las organizaciones citadas también piden al presidente que “deniegue las solicitudes” de autorización de transferencias de armas a la dictadura saudí mientras se siga teniendo información de que pueden ser usadas “para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional” y que “ponga fin de forma inmediata a los envíos de armas desde los puertos españoles revocando las licencias de exportación autorizadas cuando haya un riesgo sustancial de que puedan ser usadas en Yemen”.

La petición se apoya en el informe de agosto de 2018 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que “señala que todas las partes en el conflicto armado de Yemen han cometido con impunidad violaciones graves del derecho internacional y documenta al menos 16.706 víctimas civiles, más de 6.000 muertos y más de 10.000 heridos”, la mayor parte como consecuencia de los bombardeos ordenados por Arabia Saudí sobre “zonas residenciales, mercados, funerales, bodas, centros de detención, vehículos y barcos civiles e incluso instalaciones médicas”. En ese escenario, recuerdan, “el informe de la ONU es muy claro y recomienda a la comunidad internacional ‘abstenerse de suministrar armas que podrían ser utilizadas en el conflicto”.

Las voces de las ONGs, que recuerdan las evidencias que ya existen sobre el uso de armas españolas en Yemen, no son las únicas que piden al presidente un cambio de política. Pablo Iglesias, secretario general de Unidos Podemos, el principal socio parlamentario del PSOE, exigió este lunes a Sánchez que siga la línea de Alemania y cese la venta de armas a Araba Saudí. “Las instituciones de nuestro país no pueden ser amigas de presuntos asesinos de periodistas”, añadió su secretario de Organización, Pablo Echenique.

Una posible suspensión la venta de armas a Arabia Saudí es también una potencial fuente de problemas internos en Unidos Podemos, toda vez que esta formación gobierna el Ayuntamiento de Cádiz, cabecera de la comarca que resultaría más afectada si los saudíes responden anulando el pedido de barcos adjudicado a Navantia.

PP y Cs, en contra de la suspensión

En contra de la suspensión se sitúan, en cambio, PP y Ciudadanos. El secretario general conservador, Teodoro García Egea, aseguró que si su partido estuviese todavía en el Gobierno cumpliría los acuerdos de venta de armas con Arabia Saudí y no pondría en riesgo los contratos para la construcción de buques de guerra suscritos con las autoridades de aquel país.

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pidió a su vez al Gobierno de España que denuncie la “violación de derechos humanos” en Arabia Saudí pero, al mismo tiempo, mantenga la “seguridad jurídica” y no rescinda los contratos de venta de armas a este país. “Queremos un Gobierno de España que sea responsable y serio y que cumpla los contratos, pero que también sea el primero en denunciar las violaciones de derechos humanos en Arabia Saudí, en Venezuela o en Cuba”, declaró.

El PSOE prometió en el programa con el que se presentó a las elecciones de 2016, todavía en vigor, “cumplir estrictamente las previsiones de la ley sobre comercio de armas, reforzando el control parlamentario y la transparencia y denegando su autorización cuando exista riesgo claro de que puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano“, así como “velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos a la hora de firmar acuerdos internacionales”.

La promesa del PSOE se entiende mejor si se tiene en cuenta que en 2017, por citar los datos más recientes, España se saltó la norma y vendió armas por valor de más de 529 millones millones a once países que pueden calificarse como dictaduras porque no celebran elecciones (como Arabia Saudí u Omán) o bien tienen procesos electorales que dan como resultado victorias mas que dudosas del candidato en el poder (Egipto o Kazajistán). Completan la lista Tailandia, Emiratos Árabes, Catar, Vietnam, República Democrática del Congo, Etiopía y Cuba. Eso sin contar países con un historial de respeto a los derechos humanos en discusión, como Turquía, Marruecos, Israel, Argelia o Venezuela.

La legislación española, aprobada en 2007 durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, es muy clara sobre este asunto, pero no ha impedido que la venta de armas a países dudosos haya continuado.

El articulo 8 de la ley sobre control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso prohíbe su venta a otros países “cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España”.

Por si la ley impulsada por los socialistas no fuera suficiente, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió en 2013 firmar el Tratado sobre el Comercio de Armas de Naciones Unidas, cuyo artículo 6 prohíbe las “exportaciones de armas, piezas y componentes y municiones” si pueden ser “susceptibles de utilización para la comisión de actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra o crímenes de guerra”.

La Asociación Nacional del Rifle (NRA) ha rechazado este domingo todas las propuestas formuladas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cambiar las regulaciones sobre posesión de armas en el país.

"El NRA no apoya ninguna prohibición", ha dicho la portavoz de la organización, Dana Loesch, en una entrevista concedida a la cadena de televisión local ABC. "La NRA ha dejado su posición increíblemente clara", ha resaltado.

Así, ha criticado que "hay gente intentando buscar diferencias entre Trump y cinco millones de propietarios de armas que cumplen la ley en todo Estados Unidos", recalcando que el mandatario "está buscando soluciones".

Loesch ha manifestado que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) "debe hacer su trabajo" y que las clasificaciones sobre límite de edad y compra de bump stocks, los modificadores que permiten a las armas semiautomáticas disparar más rápido. 

La portavoz de la NRA ha apuntado además que "si una escuela, padres y profesores eligen voluntariamente ir armados, es algo que tendrá que ser determinado por ellos mismos", en referencia a la propuesta de Trump en este sentido.

Trump recibió el respaldo de la NRA durante su campaña a la Presidencia en 2016su campaña, si bien el mandatario se ha visto sometido a mucha presión tras los últimos tiroteos en el país, y especialmente a raíz del perpetrado la semana pasada en Florida.

Tras el mismo, el presidente estadounidense ha apoyado elevar el límite de edad desde los 18 a los 21 años para la compra de determinado tipo de armas, así como desarrollar una regulación sobre la compra de bump stocks.

Un bombero de Bilbao se negó el pasado mes a participar en el operativo de envío de 26 contenedores con armas destino Arabia Saudí, para ser presuntamente utilizadas en la guerra en Yemen. El funcionario, que ha preferido no desvelar su nombre a los medios, comunicó a sus superiores que por motivos de conciencia no trabajaría en la supervisión de la operación. Según informa El Mundo, la Diputación Foral de Bizkaia le ha abierto expediente por "incumplimiento de funciones", ya que la objeción de conciencia no está contemplada. Se enfrenta a una suspensión de empleo y sueldo de entre dos y cuatro años.

Los bomberos tienen que estar presentes cuando un carguero traslada material peligroso, y es por eso que el implicado en los hechos debía supervisar la operación. Según cuenta en una entrevista a la Cadena Ser, cuando supo de qué se trataba la carga de los contenedores llamó a la base con su decisión, pero nunca recibió una respuesta. "Yo leo los periódicos, escucho la radio y se lo que está pasando en Yemen. Justo el día anterior vi un vídeo de una sala de neonatos. Me acordé de las enfermeras llorando sacando a los bebés de las incubadoras entre el polvo de las bombas, que posiblemente se hayan fabricado en España. Vi los contenedores y vi que no podía participar en aquello", dijo en la emisora.

Una petición en Change.org, que ya cuenta con más de 51.000 firmantes, pide a la Diputación que "se archive sin efectos o, mejor aún, se anule el expediente que actualmente se está tramitando" contra este funcionario, que "ha actuado por razones de conciencia humanitaria". El texto recuerda que el Parlamento Europeo solicitó en febrero de 2016 la "suspensión inmediata" de la venta de armas para el conflicto en Yemen. La institución señaló específicamente a España como uno de los países que más surten a la monarquía absoluta en este sentido. España ha venido armas a Arabia Saudí en la última década, según el director de Greenpeace, Mario Rodríguez, por valor de "casi 1.400 millones de euros", como recogió infoLibre en una pieza que denunciaba que nuestro país infringe la ley si autoriza este tipo de operaciones "cuando existan indicios racionales" de violación de derechos humanos.

La guerra en Yemen enfrenta al Gobierno de Abdo Rabbu Mansur Hadi, apoyado por una coalición internacional liderada por Arabia Saudí, y a los rebeldes huthis, apoyados por el expresidente Alí Abdulá Salé. Los combates han dejado al 80% de la población yemení con necesidades humanitarias urgentes. Desde que comenzó el conflicto en 2015, más del 11% de la población de Yemen, cerca de 3 millones de personas, han abandonado sus hogares en busca de una mayor seguridad. La ONU estima que desde el comienzo del conflicto han muerto más de 12.000 civiles.

La Guardia Civil arrestó este martes en Tarragona a Alejandro Cao de Benos, quien se presenta a sí mismo como representante en España del régimen de Corea del Norte, confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación.

Esta detención se produjo en el marco de una operación más amplia relacionada con el tráfico de armas prohibidas en la que también fue detenido el compañero de piso de Cao de Benos.

La operación corrió a cargo de la UCE-3 del Instituto Armado, unidad dedicada al control de tráfico de armas entre otras cosas. El arresto de esta persona tuvo lugar en Tarragona aunque la actuación de la Guardia Civil se extiende también a otros puntos de España.

El objetivo del Instituto Armado era desarticular una trama que se dedicaba a comprar armas por Internet y después las modificaban y las vendían como armas prohibidas. Se prevén una decena de arrestos en diferentes provincias.

El presunto cabecilla, en Murcia

Según las mismas fuentes, el presunto cabecilla de la organización fue arrestado en Murcia. Estas diligencias están coordinadas por un Juzgado de Instrucción de Murcia, que declaró el secreto de sumario.

Alejandro Cao de Benos sirvió de enlace a muchos periodistas de habla hispana para realizar reportajes en Corea del Norte y él mismo participó en numerosos documentales o tertulias defendiendo siempre al régimen de Kim Jong-un. Se presenta como funcionario del gobierno norcoreano y se hace pasar por una especie de embajador.

Los atentados del pasado 13 de noviembre en París han vuelto a poner el foco en la exportación de armas a países relacionados con el Estado Islámico (EI) y a aquellos en los que la democracia está en entredicho. Sirvan unos datos muy concretos para hacernos una idea de la magnitud del problema: entre 2012 y 2014, la venta de armas españolas a Arabia Saudí, Catar y Kuwait superó los 720 millones de euros, una cantidad que crecerá en los próximos meses cuando se publiquen los datos de 2015. Será entonces cuando se obtenga la fotografía completa de la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy en esta materia. 

Para lo que no hay que esperar las cifras definitivas es para concluir que los controles por parte del Gobierno sobre el terreno, es decir, sobre los países de destino del armamento exportado, dejan mucho que desear. En ello coinciden todos los analistas en comercio de armas consultados por infoLibre para la realización de esta información. El control, sostienen, es deficitario, por no decir prácticamente nulo.

Este diario intentó este lunes sin éxito obtener la versión al respecto de la Secretaría de Estado de Comercio, el organismo que se encarga de analizar los datos de la exportación de material de defensa, de otro material y de productos de tecnologías de doble uso.

El escenario ideal de un intercambio comercial tan delicado, y así se plasma sobre el papel, en la legislación y en los acuerdos internacionales suscritos por España, sería que existiese un férreo control desde el origen, vetando la venta a países dudosos con el respeto de los derechos humanos o en conflicto, hasta el destino final. Y, una vez ya entregado el material al comprador, se garantizase que su uso declarado. Pero esta cadena se rompe por varias partes.

"En principio, la ley exige un certificado de destino, pero cuando hablamos de países donde la democracia está en entredicho, es evidente que estamos ante países que no reúnen los requisitos de transparencia como para garantizar que no se va a producir una desviación", subraya Pere Ortega, presidente de la junta directiva del Centre Delàs d`Estudis per la Pau.

"No es lo mismo un país con estado de derecho, como Francia, que sin estado derecho, como Arabia Saudí", añade. O como Ghana. 

La opinión de este experto es que "en el caso de ventas de armas a países donde no hay garantía de que se va a cumplir la ley, no se debería vender". "Para nosotros, vender armas a Egipto, Arabia Saudí... o países en conflicto es algo que no se debería realizar. Porque no se puede garantizar el control", añade.

Declaración de último destino

Es el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, el que fija el "reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso". Entre los documentos de control aplicables está el de la llamada declaración de último destino, que según la norma "deberá ir visada por las autoridades competentes del Estado destinatario de los productos". No obstante, la misma legislación que establece esto fija párrafos después que "se podrá eximir al exportador de la presentación de los documentos mencionados, o exigir otros documentos". 

En los modelos de declaración de último destino que acompañan a la ley en sus anexos se exige la identificación del importador, la del exportador y la de la descripción de la mercancía, además del fin de la misma.

Alberto Estévez, analista de comercio de armas de Amnistía Internacional, sostiene que "hay controles, pero que no son suficientes". "Una vez que exportas a Arabia Saudí tienes que saber si [los materiales] se están usando para bombardeos", añade. 

"Control post envío"

Estévez dice sin ningún tipo de dudas que una de las asignaturas pendientes es la "verificación, el control postenvío". Según mantiene, hace ya varios años que el Congreso de los Diputados, a través de su Comisión de Defensa, reclamó al Gobierno que los agregados de Defensa de las embajadas españolas verificasen el empleo que se hace del material y qué unidades los emplean. Pero son recomendaciones no vinculantes que no pasan de ahí.

Una de las veces que se planteó fue en 2012. Era una de las 33 recomendaciones aprobadas en el mes de octubre en el seno de la reunión celebrada con el informe de venta de material defensa y de doble uso de la Secretaría de Estado de Comercio como marco. Este dictamen contó con el respaldo de todos los grupos salvo el de la Izquierda Plural.

La demanda de "un seguimiento efectivo" había partido de UPyD. El PSOE, por su parte, demandó al Gobierno que se perfeccionase este seguimiento y se informase al Congreso de las medidas adoptadas para reducir el "riesgo de desvío en destinos especialmente sensibles".

Estévez sostiene que, conociendo este compromiso, escribieron al Gobierno para conocer el papel que estaban jugando los agregados de Defensa en determinados territorios. La respuesta fue que en algunas embajadas no existían agregados. ¿Y sobre la posibilidad de que ese control la realicen otros países que sí dispongan de los medios? Sobre esto tampoco hay noticia.

"Falta voluntad política"

"Falta voluntad política de controlar las armas una vez realizada esa exportación. Y no es nada extraño [lo que se pide]. Lo hace Estados Unidos", subraya Estévez. Este analista de comercio de armas considera que es algo totalmente "factible", que no es "un brindis al sol". "De lo contrario, la cadena de control se pierde cuando las armas llegan al país", lamenta.

En el informe Armas 'Marca España': más vale prevenir que matar, elaborado por Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón y presentado el pasado septiembre con el objetivo de marcar los retos en esta materia de cara a la próxima legislatura, se subraya que "más allá de los documentos de control, que son un elemento importante, las organizaciones consideran que el sistema de control y verificación del uso final una vez realizadas las exportaciones, en este caso concreto el medio más adecuado de comprobar ese uso sería encargar esa tarea a los agregados de Defensa de la embajada española (o una embajada de la UE o un Estado miembro de la UE en caso de no que se disponga de Agregado de Defensa o embajada española)".

"Falta transparencia"

Además, se señala que un sistema de control de exportaciones "no puede basarse sólo en documentos". "Los certificados de uso final son eficaces en la medida en que formen parte de un sistema que incluya tres aspectos clave: 1) un análisis exhaustivo previo a la concesión de las licencias de exportación para evitar casos de desvío, 2) la verificación de los documentos de control, y 3) controles posteriores a la exportación de las armas".

A juicio de Estévez, además de responsabilidad política, "falta transparencia" en todo este proceso. 

Felipe Daza

, miembro del equipo técnico de Novact, el Instituto Internacional para la Acción no Violenta, coincide con Esteve en la falta de transparencia. Y señala que los convenios internacionales sobre exportación de armas son violados.

Novact se ha especializado en el estudio de las relaciones existentes en esta materia entre España e Israel. En su informe Defensa, seguridad y ocupación como negocio. Relaciones comerciales militares, armamentísticas y de seguridad entre España e Israel ,de 2014, considera que "España incumple su propia legislación al exportar material de defensa a Israel. Estas exportaciones violarían de manera flagrante cuatro de los ocho criterios que establecen la Posición Común de la Unión Europa y la ley española que las regulan".

El documento considera, además, que se podrían estar incumpliendo también otros tres criterios adicionales recogidos en las disposiciones citadas. "A pesar de que los países miembros de la UE han denegado licencias de exportación de material de defensa a Israel en al menos 325 ocasiones entre 2001 y 2011, no se conoce que ninguna de estas negativas haya provenido de España, de quien no se conoce ni siquiera alguna consulta al respecto. Por otro lado, España no ha exportado material de defensa a la Autoridad Nacional Palestina, pero sí material antidisturbios", añade el mencionado informe.

Ortega también recuerda la Posición Común de la UE y también subraya que nuestra ley es vulnerada por el Estado porque se exportan armas, por ejemplo a Oriente Próximo, o a países africanos donde no existen unas mínimas garantías. "De alguna manera hay que exigir un mayor control, hay que denunciar al Gobierno por incumplir lo que dice la ley", añade.

En materia de transparencia, lamenta que las exportaciones de armas estén sometidas a una especie de secreto de Estado. En este sentido, mantiene que es una junta interministerial la que decide las exportaciones. Y que las negociaciones en el seno de este órgano deberían ser transparentes. Asimismo, demanda transparencia y homogeneidad en los detalles que se ofrecen sobre las diferentes exportaciones a las que se da luz verde: tipo concreto de arma, nombre del exportador, nombre del receptor... "Cuando se emite el informe semestral [de la Secretaría de Estado de Comercio], de algunas cosas se informa; de otras, no...", denuncia.

LA VERSIÓN DEL GOBIERNO

El martes 24 de noviembre, un día después de que se publicase esta información, la Secretaría de Estado de Comercio respondió a las preguntas que le había planteado infoLibre con anterioridad. Estas son sus respuestas:

1. ¿Qué requisitos ha de cumplir un país para que se dé luz verde a estas ventas?

Las autoridades españolas aplican, para la exportación de material de defensa, cada uno de los ocho criterios de la Posición Común 2008/944/PESC, los criterios para la exportación de armas pequeñas y armas ligeras aprobados en el seno de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), los compromisos derivados de la participación española en los principales foros internacionales de control y no proliferación, y analizan las denegaciones de los países miembros en dichos foros. No se ha aprobado operación alguna a ‘destinos de especial sensibilidad’ que hubiese sido rechazada por otro país en virtud de la aplicación de los aludidos criterios y compromisos.

2. ¿Se identifica al receptor final de las mercancías?

En las solicitudes de exportación se tiene que reflejar una información fidedigna acerca de los destinatarios y usuarios finales de las operaciones.

3. ¿Qué tipo de controles se realiza del armamento una vez ya en su destino?

El Real Decreto 679/2014 incorpora, en su artículo 30.3, la posibilidad de que, cuando así se requiera por parte de las autoridades españolas, se pueda exigir la documentación acreditativa de que el material ha sido debidamente importado en el país de destino. En determinadas operaciones se hace un seguimiento del empleo de los materiales y equipos exportados desde España, bien con la colaboración de la empresa exportadora o a través de la misión diplomática.

4- ¿Qué ocurre si una vez en el destino se comprueba que la mercancía no es empleada para los fines originales?

La legislación española cuenta con los mecanismos adecuados para hacer frente a estas situaciones. La suspensión o revocación de las autorizaciones previamente concedidas está debidamente regulada en el artículo 8 de la Ley 53/2007.

Aunque ya existía un documento similar en vigor desde 1995, España e Israel acaban de establecer un acuerdo sobre protección de información clasificada que incluye aspectos que, según los expertos, plantean serios interrogantes sobre la transparencia de las relaciones exteriores de nuestro país. Uno de ellos es el hecho de que a partir de ahora un país debe clasificar –o sea, mantener en algún grado de confidencialidad – una determinada información automáticamente cuando el otro lo haga, prohibiendo revelarla a terceros "sin el conocimiento previo y por escrito de la otra parte". Por ejemplo, Israel puede clasificar como confidencial la información relativa a la venta de material de inteligencia a España, que también deberá clasificarla en el mismo grado de forma automática.

En España, la información se clasifica en cuatro niveles (difusión limitada, confidencial, reservada y secreta) mientras que en Israel se hace en tres (confidencial, secreto y alto secreto). El acceso a estos documentos está reservado a determinadas personas que, dependiendo del nivel del cargo que ostenten, pueden acceder a más o menos categorías.

Este acuerdo sobre la protección de información clasificada se firmó en febrero de 2011 con validez por un periodo de tiempo "indefinido". Los encargados de firmarlo fueron el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, y el director de la Autoridad de Defensa israelí, Amir Kain, ya que se trataba de las autoridades de seguridad "debidamente facultadas" en cada país para estos temas y, además, serían las encargadas de supervisar la ejecución del acuerdo.

A pesar de estar firmado en 2011, no entró en vigor hasta el pasado 3 de octubre, según publicó el Boletín Oficial del Estado. Es decir, casi cuarenta y cuatro meses después de su firma, debido, según el texto, al "cumplimiento de los procedimientos internos" de ambos países. Una amplitud del periodo que sorprende a los expertos consultados, ya que no se ha añadido nada al acuerdo en todo este tiempo, pero que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación lo enmarca "dentro de la normalidad", según manifestaron fuentes de ese departamento a este periódico.

El preámbulo del acuerdo ya indica que ambos países "desean custodiar el secreto de los proyectos de defensa y militares, así como proteger la Información clasificada intercambiada", por lo que consideran que la firma de este acuerdo "es esencial para sus intereses recíprocos". Uno de los aspectos del anterior acuerdo y que se siguen manteniendo en el presente es que este "forma parte integrante de cualquier contrato que se celebre o se suscriba en el futuro" entre Israel y España, así como "entre cualesquiera entidades relacionadas con la seguridad y el secreto de proyectos" de ambos países. También se deja la puerta abierta a la participación de empresas privadas. Esto podría afectar de forma más directa a la industria militar española que a la israelí, ya que desde hace más de una década se inició un proceso de privatización de estas empresas, mientras que allí sigue siendo un sector estatalizado, aunque en los últimos años una parte muy importante también ha dejado de ser público.

Alejandro Pozo, investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz de Barcelona, explica en su informe Defensa, seguridad y ocupación como negocio que "para entender la lógica de este acuerdo, cabe recordar que en 2010 Brasil firmó un acuerdo de confidencialidad con Israel por el cual no podría transferir tecnología clasificada a terceras partes". Pozo relata que ahora la propia industria israelí reconoce que este acuerdo “abrió las puertas a las compañías israelíes” a otros mercados ya que, a la postre, pudo “ofrecer productos que antes estaban prohibidos”.

Otro aspecto que llama la atención es que, según se señala en el texto, "cualquier controversia y/o interpretación" del acuerdo "no se someterá a ningún tribunal nacional ni internacional ni a normativa nacional o internacional alguna". No especifica qué hacer si estas diferencias no logran solventarse entre las partes.

Aunque pudiera parecer que la finalidad de este acuerdo, firmado dos años después de la operación de ataque israelí conocida como Plomo Fundido, sea ocultar la venta de armas a Israel, esto no podría suceder: un acuerdo no puede estar por encima de una ley. En este caso, se trata de la Ley de Exportación de Armamento, que cubre tanto el material de defensa como el de doble uso, dictamina que España tiene que declarar los volúmenes económicos de lo exportado y, en caso de que estos superen los 10 millones de euros, deberá también desglosarlo.

España nunca ha exportado a Israel más de esta cantidad, ya que su principal baza de comercio con ese país en materia armamentística no es la exportación, sino la importación, que no está sujeta a una ley que la regule. Por tanto, el acuerdo se podría utilizar para ocultar información sobre el material comprado por España a Israel. Por ejemplo, escudándose en él ante preguntas parlamentarias o solicitudes de información de la prensa.

Cabe destacar que Israel depende de sus exportaciones para rentabilizar su industria, abarantando la producción interna, y del mismo modo hacer viable la ocupación de los territorios palestinos. No obstante, este acuerdo favorece, además del intercambio de información clasificada "en cualquier campo", la cooperación en defensa y asuntos militares, como podría ser el "terrorismo", la elaboración planes de trabajo de forma conjunta para controlar las migraciones o la puesta en común de conocimientos técnicos o la vigilancia de la población, algo que en EEUU se conoce como Homeland Security. 

Por tanto, España encuentra así uno de los mercados de material de inteligencia más avanzados, sobre todo a nivel tecnológico. Israel, por otro lado, no obtendría tanto un beneficio de este tipo, sino que conseguiría mejorar su imagen o, al menos, dar cierta opacidad sus negocios con España, ya que este país tiene una gran sensibilidad por la causa palestina -por ejemplo, a nivel de organizaciones de apoyo-, algo que contrasta con el entorno occidental.

Los expertos consultados también señalan que una de las causas que hacen necesario este nuevo acuerdo es el auge y la expansión de la ciberseguridad. Fuentes del Ministerio han preferido no confirmar ni desmentir este hecho, pero sí reconocen que esta renovación es acorde a las novedades que se han podido introducir en estas dos últimas décadas. Por ello, una de las características de este acuerdo es la mezcla de ambigüedad y concreción. De hecho, los propios expertos reconocen la dificultad a la hora de investigar este tema, ya que se trata de "asuntos secretos en un sector en el que ya todo es secreto".

Acuerdos similares, pero no mismos contenidos

En declaraciones a infoLibre, fuentes del Ministerio de Exteriores aseguran que se trata de un acuerdo más en esta materia, “como se tiene con muchos otros países”, como Austria o Alemania. Para Alejandro Pozo, esta afirmación supone una verdad a medias. Y señala que, aunque es cierto que existen acuerdos similares, estos “no tienen los mismos contenidos”, ya que en este “la esencia es el secreto”. También apunta que "la contraparte no es la misma; no es lo mismo firmar un acuerdo con Alemania que con Israel".

Además, Pozo subraya que una de las consecuencias del acuerdo será que el Gobierno español “no pueda denunciar determinadas prácticas de Israel”, y viceversa. Así mismo, señala que existe una “delgada frontera” entre el ámbito militar y lo policial, ya que se trata de dos campos que van ligados en numerosos temas, como puede ser el terrorismo, el crimen organizado o el control de las migraciones irregulares.

El “valor añadido” de Israel

Un aspecto relevante sobre las exportaciones de Israel es lo que se considera el “valor añadido” de sus productos y servicios. Este se basa, principalmente, en que todos ellos han sido puestos a prueba, “testados en combate”, a lo que se les suele añadir que han sido usados en la lucha contra el terrorismo. A lo que el Estado de Israel se refiere con ese “valor añadido” utilizado contra el “terrorismo” no es otra cosa que el conflicto con Palestina. Históricamente, Israel ha considerado que su problema con los palestinos es un problema de terrorismo, por lo que el material se vende como “testado en combate”, es decir, todo aquello que ha sido probado anteriormente en sus ofensivas en Gaza, definido por numerosos expertos como un "laboratorio de pruebas".

Del mismo modo, si bien las políticas en materia de inmigración de España son bastante duras, en Israel van un poco más allá. Por ejemplo, el pasado mes de octubre la ONG Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que se denunciaba que Israel "hace la vida miserable" a inmigrantes para forzar su marcha, ya que los ve como una "amenaza". En el mismo texto se señalan una serie de prácticas que, aun teniendo en cuenta las medidas del gobierno en esta materia, resultarían escandalosas en España. 

Preguntado por si Israel es un socio fiable, Exteriores ha preferido no entrar a valorarlo, ya que consideran que en este tipo de acuerdos solo se valoran “aspectos técnicos, pero no políticos”. Una posición que ya adoptó el PSOE cuando estaba en el Gobierno, época en la que se firmó el tratado. En junio de 2011, el diputado socialista Pedret i Grenzner defendió en el Congreso “la normalidad en las relaciones con todos los Estados, sin entrar a juzgar políticamente las actividades de los gobiernos de los Estados”.

La declaración simbólica del Gobierno

El pasado mes de agosto, en plena operación Margen Protector, el Gobierno español anunció la suspensión temporal de venta de armas a Israel. Aunque fuera una declaración más bien simbólica, Alejandro Pozo considera que “cabe alegrarse por la iniciativa”, ya que “es la primera vez en democracia que se comunica públicamente la paralización de estos envíos a Israel” y muestra el “desacuerdo con la actuación israelí en la Franja de Gaza”.

"Hoy como antes, las exportaciones a Israel violan de manera flagrante al menos cuatro de los ocho criterios de la propia legislación española, los relacionados con los derechos humanos, la situación de conflicto armado, la estabilidad regional o el derecho internacional humanitario", sostiene Pozo. Por su parte, el Gobierno asegura que las armas que vende a Israel no se utilizan contra la población palestina. Sin embargo, apunta el investigador, "una vez exportado, un gobierno no tiene forma de controlar qué se hará con el material militar".

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado la comisión de cinco delitos a la empresa Defex SA, perteneciente a la SEPI y dedicada a la exportación de material de seguridad y defensa, en el marco de la causa que investiga el desvío de fondos de un contrato de 152 millones de euros destinado a equipar a la Policía Nacional de Angola, suscrito por una Unión Temporal de Empresas formada por la compañía pública y la comercial Cueto 92 S.A.

Ruz, que ha levantado el secreto de las actuaciones, imputa a Defex, como persona jurídica, la comisión de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Ha citado a declarar para el próximo día 7 de octubre al representante designado por la compañía, su actual presidente Fernando Aguilar Viyuela.

Además, declarará ese mismo día como persona jurídica imputada la comercial Cueto 92, que dispone de un plazo de tres días para designar a su representante. El magistrado, que ha levantado el secreto de las actuaciones, envió a prisión el pasado mes de julio al expresidente de la empresa, José Ignacio Encinas Charro, y hubo otros cuatro detenidos, entre ellos Beatriz García Paesa, sobrina del ex colaborador del Ministerio del Interior Francisco Paesa.

Transferencias millonarias a Luxemburgo

En el auto en el decretaba las prisiones, el juez explicaba que la UTE Cueto-Defex transfirió a un banco de Luxemburgo 41,4 millones de euros sin razón comercial o actividad mercantil aparente alguna. Los imputados "confeccionaron de forma aparentemente inveraz facturas y adendas a los contratos que permitiesen justificar tales desvíos de fondos al extranjero".

Como beneficiarios últimos del dinero figuran los propios acusados y familiares de funcionarios públicos de la República de AngolaAngola, indicaba. El magistrado presume de forma indiciaria que los directivos de Defex y Cueto imputados se concertaron con funcionarios angoleños para, a través del contrato de suministro de material a la Policía llevar a cabo una apropiación patrimonial ocultada, desviada al extranjero mediante un complejo entramado societario desde paraísos fiscales.

Sobrina de Paesa

En el entramado participaba la sobrina de Paesa a la que el juez le atribuye la constitución y gestión de varias empresas radicadas en las Islas Vírgenes británicas, desde las cuales se recibían los fondos transferidos de forma fraudulenta.

La trama fue desarticulada a través de la bautizada como Operación Angora, en la que fueron detenidas una decena de personas. El resto de los arrestados quedaron en libertad con la imposición de fianzas y medidas cautelares que incluían la retirada del pasaporte y la obligación de comparecencia en el juzgado cada semana.

El miedo de Grecia lo alimenta Turquía, que también gasta millonadas en defensa. Corea del Sur, el cuarto importador mundial en el mismo periodo, se retroalimenta del miedo de Corea del Norte, lanzada estos días a una peculiar campaña de imagen con amenazas de ataques nucleares a diestro y siniestro.

Entre los grandes compradores de armas se encuentran país que ocupan las primeras posiciones entre los grandes violadores de los derechos humanos: Arabia Saudí, China, Egipto, Pakistán, Siria, Argelia e Israel.

Los fabricantes de armas ligeras –las que puede transportar una persona–han logrado reducir su peso y dimensiones; también acortar la distancia entre el gatillo y la culata. No es progreso, es para que las puedan disparar los niños. Los menores de 18 años son, en la terminología dominante, un gran mercado: más de 200.000 esclavizados por guerrillas y Ejército.

No sé si el martes fue un mal día para los fabricantes de armas. La tercera versión del borrador de tratado, que mejoraba la segunda que alimentó mi pesimismo la pasada semana, es esperanzadora.

Tras siete años de lucha encabezada por varias ONG, entre ellas Oxfam y Amnistía Internacional, y miles de activistas en todo el mundo, la ONU ha aprobado por 154 votos a favor, tres en contra y 23 abstenciones un Tratado que regulará este comercio que se movía en una opacidad escándalos.

Las armas de fuego son responsables de la muerte de 2.000 personas cada día. La industria armamentística produce suficientes balas como para matar dos veces a la población del planeta. Las armas ligeras son responsables del 60% de las violaciones de los derechos humanos. El nuevo tratado quiere poner coto, un cierto orden al mercado de la muerte.

Ha votado a favor el EEUU de Barack Obama, enfrascado en una compleja batalla con la derecha republicana y el lobby de la Asociación Nacional del Rifle. La Casa Blanca desea limitar la venta de armas en su país, sobre todo las de asalto. Para que el Tratado entre en vigor es necesario que sea ratificado por 50 países. No será fácil para Obama lograr el apoyo del Congreso.

Imponer cordura a un mercado que se basa, como decíamos al principio, en el miedo, representa un desafío para aquellos que se lucran del fanatismo y la estupidez humana. Votó a favor España, uno de los diez principales exportadores.

Entre las abstenciones destacan Rusia y China (dos de los seis principales exportadores). También optaron por esta solución India. Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Votaron en contra Corea del Norte, Irán y la Siria de Bashar el Asad, los tres mejores de la clase en represión y violación de los derechos humanos. Argumentan que el tratado es una herramienta que permite la injerencia. El miedo, la propaganda, la mediocridad, la ignorancia son otras armas que matan a millones. Carecen de un tratado porque son un universales y de ellas depende el gran casino.

La Asamblea General de Naciones Unidas ha votado abrumadoramente a favor del primer tratado internacional que regula el comercio multimillonario de armas convencionales. El texto ha sido suscrito por 154 naciones, incluido EEUU, que es el mayor exportador de armas del mundo, y por los 27 países de la Unión Europea (UE). El acuerdo exige a las naciones reportar la venta de armas y evaluar si las armas que exportan podrían ser utilizadas para violar derechos humanos e incluye desde buques de guerra, aviones y tanques hasta armas pequeñas.

Sólo ha habido tres países que han votado en contra de las medidas –Irán, Siria y Corea del Norte–, mientras que 23 se abstuvieron. "No estamos en contra del tratado, pero no podemos apoyarlo tal como está porque no incluye los puntos que habíamos planteado para que fuera equilibrado", ha indicado el embajador sirio, Bashar Jaafari.

Según el representante sirio, el texto no prohíbe la transferencia de armas a grupos armados no estatales e "ignora" la propuesta de algunos países de mencionar los derechos inalienables de los pueblos cuyo territorio está siendo ocupado por una potencia extranjera. "La pregunta que debemos hacernos es por qué hemos tardado tanto tiempo", ha asegurado el embajador costarricense, Eduardo Ulibarri.

El acuerdo solicita al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que abra el nuevo tratado a la firma de los Estados a partir del 3 de junio. Asimismo, el texto exhorta a todos los Estados a que consideren la firma del tratado y que posteriormente, con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales, lo ratifiquen "a la mayor brevedad posible".

Abstenciones por “privilegio” de los países exportadores

Los representantes de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela finalmente han decidido abstenerse al considerar que el tratado "privilegia" a los países exportadores y es susceptible de ser "manipulado políticamente". Esos cinco países consideraron que el tratado "no es equilibrado", no incluye una mención expresa a la prohibición de transferir armas a grupos armados no estatales e incluye algunas "deficiencias" que les impiden votar a favor de su aprobación.

Otros países como Rusia, India, China, Egipto, Indonesia o Sudán han optado por la abstención, aunque en la mayoría de los casos dejaron la puerta abierta a suscribirlo en el futuro.

Se producen 12.000 millones de balas cada año; son suficientes para matar una vez y media a la totalidad del planeta. Hay mil millones de armas en el mundo; un 25% en EEUU. Las armas ligeras están relacionadas con el 60% de las violaciones de derechos humanos. Son solo algunos datos; hay más.

España ocupa una posición de privilegio en este mercado: siempre entre los diez primeros. Entre 2007 y 2011, con un Gobierno socialista en el poder, se triplicaron las ventas hasta los 3.408 millones de dólares. No es algo de lo que los dirigentes presuman en público. Tal vez por eso, una pregunta directa y clara descolocó tanto a José Luis Rodríguez Zapatero en el programa Tengo una pregunta para usted.

Este gráfico interactivo, que solo llega hasta 2010, puede ser útil para entender la situación.

Las armas que matan lo hacen en las guerras y en las calles de países en paz. No existe regulación ni transparencia. El negocio se mueve en el secretismo con la excusa de la seguridad nacional. Detrás de este manto de silencio se esconden los intereses más inconfensables de países que 'se venden' como exportadores de moral y defensores de los derechos humanos.

Varias ONG, entre ellas Amnistía Internacional, Oxfam, el Consejo Mundial de Iglesias y Control de Armas, impulsan desde hace años la aprobación de un tratado internacional que imponga límites a este mercado, que regule.

No es fácil; los intereses son muchos. Tampoco fue sencillo aprobar los tratados que prohibieron las minas antipersonas y las bombas de racimo. Las armas ligeras son peores, responsables del 90% de las muertes en el Tercer Mundo.

Existen líneas rojas. Por debajo de ellas no sería un tratado, sería una decepción, una estafa. Debe existir una regulación de las ventas de armas a países en guerra y prohibir la exportación a países que violan los derechos humanos; también se deben incluir las municiones.

Apenas había horas para sellar el pacto en la sede de Naciones Unidas. Es una lucha contra el reloj que acababa 28 de marzo. Los más optimistas esperaban un acuerdo, aunque fuese de mínimos. Cuando el mínimo se impone sobre lo necesario es un fracaso. Los 'acuerdos de mínimos' defienden los intereses de los fabricantes, se pliegan a los lobbies como la Asociación Nacional del Rifle en EEUU, y esgrimen la necesidad de defender puestos de trabajo.

El último borrador alcanzado aún resulta decepcionante; un paso atrás, según las ONG implicadas. Amnistía Internacional denuncia “graves deficiencias”.

De momento, la votación prevista para la noche del jueves en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Tratado de Comercio de Armas fue aplazada a causa de las objeciones presentadas por Corea del Norte, Siria e Irán, que denunciaron que el texto no incluye la prohibición de la venta de material bélico a grupos rebeldes, como ocurre en el caso de los insurgentes sirios.

El veto de Irán, Siria y Corea del Norte no impedirá por sí mismo la aprobación del tratado, ya que, tal como ha recordado Amnistía Internacional, la resolución que ha permitido la reunión de Nueva York establece que, a falta de consenso entre los Estados, el presidente de la propia Conferencia, el australiano Peter Woolcott, tendrá atribuciones para remitir el texto a la Asamblea General de la ONU.

Esta segunda opción, que había apoyado Kenia "en nombre de once Estados importantes", permitirá casi con toda probabilidad la adopción del tratado el próximo martes, en el actual periodo de sesiones de la Asamblea General.

Suceda lo que suceda, nadie espera milagros en el seno de una organización dirigida por los cinco grandes traficantes –perdón, comerciantes- de armas. Y menos en un mundo en recesión, sumido en una grave crisis económica. En tiempos de escasez se refuerzan los egoísmos, las xenofobias, las excusas. Gana el miedo, el enroque.

Cuando abunda la riqueza nadie pregunta de dónde viene tanta prosperidad, en qué condiciones se obtiene el petróleo de Irak o el uranio de Mali; tampoco se pregunta por los nombres de los muertos de las balas 'made en el norte'.

Cuando sobra la riqueza nadie pregunta; cuando falta, nadie responde. Todo es una cortina de humo.

------Este artículo ha sido editado para actualizar la información acerca del aplazamiento de la votación, prevista originalmente para el jueves.

China, la que hasta ahora es la segunda potencia económica mundial, ha elegido este jueves, durante la sesión plenaria del Congreso Nacional, a Xi Jinping como su nuevo presidente. Con su nombramiento se culmina el proceso de renovación de la cúpula de poder del país, algo que ocurre cada diez años, informa Europa Press.

A la sesión plenaria anual asistieron 3.000 dirigentes, de los cuales tres se abstuvieron y uno votó en contra del nuevo dirigente asiático. El resto apoyó al candidato, que sustituyó a Hu Jintao, cerrando así la quinta generación de dirigentes tras las de Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin y el propio Hu.

Jinping, de 59 años, pertenece al club de los llamados 'príncipes', es decir, unos pocos privilegiados descendientes de líderes del Partido Comunista Chino (PCCh).

El nuevo dirigente alcanzó la secretaría general del partido y la presidencia de la Comisión Militar Central el pasado noviembre. Con este último nombramiento remata el ascenso de una carrera política que ha sorprendido a muchos dentro del PCCh. El partido político con mayor número de militantes (81 millones) rechazó hasta nueve veces la admisión de Xi Jinping, quien finalmente lo consiguió en 1974.

Un nuevo gobierno

El nuevo presidente está dispuesto a impulsar la innovación científica y tecnológica que tanto ha retrasado el desarrollo económico del país. Para ello, introducirá mejoras sociales mediante un programa de subsidios estatales que afectarán a las pensiones, la vivienda, la educación y la sanidad. 

Por otra parte, Xi Jinping pretende reducir la brecha que existe desde hace años entre la calidad de vida de los que viven en el campo frente a los que viven en la ciudad. Para ello, distribuirá la riqueza en función de los salarios.

En materia internacional, el nuevo líder chino tendrá que hacer frente al clima de inseguridad que ha provocado Corea del Norte con sus pruebas nucleares del pasado 12 de febrero, desoyendo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una decisión que China apoya completamente. 

Con el territorio nipón también tiene frentes abiertos. China se disputa con Japón la soberanía de varios islotes, donde se sospecha que en sus aguas podría haber importantes yacimientos de hidrocarburos.