Masorange (+O), fruto de la fusión hace cinco meses de las operadoras Orange y MásMóvil, ha presentado este martes un expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter voluntario para la extinción máxima de 795 puestos de trabajo, un 10% de su plantilla total, que suma 8.000 empleados en España, según informa EFE.

El ERE afecta a seis de las nuevas entidades jurídicas que componen el grupo (Orange Espagne, OsFI, R-Telecable, Euskatel, Lorca y Xfera Móviles) y a casi un 17% de los 4.695 trabajadores que forman la plantilla de las sociedades implicadas, agregan las mismas fuentes.

Al haberse reconocido administrativamente como grupo laboral de empresas, se constituirá —como tarde el próximo 17 de septiembre— una mesa única de negociación, con cuatro representantes de CCOO, tres de UGT y tres de la Confederación Sindical Independiente Fetico, que dispondrán de 30 días para llegar a un acuerdo con la empresa sobre las condiciones del ERE, agregan las mismas fuentes. 

En el comunicado a la plantilla, la empresa se ha comprometido a que la voluntariedad va a ser "el primer y preferente criterio de adhesión". 

En declaraciones a EFE, el portavoz de UGT y responsable de acción sindical en las empresas no Telefónica del sector estatal de Comunicaciones del sindicato, Diego Gallart, ha explicado que pedirá en esa mesa la retirada del ERE para poder "analizar las duplicidades" surgidas de la fusión y redimensionar el número de bajas.

De no ser retirado el ERE, UGT pedirá que se rebaje la cifra, a su juicio "exagerada", de 795 que plantea la empresa y defenderá la voluntariedad total y un paquete indemnizatorio y prejubilaciones similares a las firmadas en el último ERE de Orange España, en 2021. Gallart ha dicho a EFE que, si es voluntario y se baja esa cifra, el ERE no le "parece mal" y "cumple con el compromiso que la compañía alcanzó con el Gobierno" cuando éste autorizó la fusión, de que la afectación al empleo fuera "moderada" y "no traumática".

Por su parte, CCOO apunta, en un comunicado, que la empresa no ha avanzado el motivo del ERE, aunque ha recordado que debe basarse en causas de carácter económico, técnico, organizativo o productivo.

El sindicato mayoritario en el sector de las Telecomunicaciones ha garantizado que estará "vigilante de todo el proceso tanto desde el punto de vista justificativo, como de las medidas a negociar" y ha considerado "lamentable la dinámica adoptada por las empresas que buscan eficiencias de manera recurrente en modelos tan agresivos".

Masorange prevé invertir unos 4.000 millones de euros en los próximos tres años en España, especialmente en despliegues de 5G y fibra, además de nuevos servicios.

Según su plan industrial, desplegará hasta 6 millones de unidades inmobiliarias de fibra óptica incrementales (llegarían a 23 millones) y aumentará la cobertura 5G por encima del 90 %, frente a la actual que llega al 80 %.

La compañía, que está entre las 20 empresas más importantes de España, prevé unos ingresos anuales de 7.400 millones de euros y un ebitda presinergias de 2.650 millones.

El ministerio de Trabajo velará "con todos los medios a su disposición" por el respeto de la legislación laboral en el ERE que ha anunciado la operadora Masorange y vigilará para que existan las causas requeridas para la extinción de los empleos. "Las compañías tecnológicas, telefónicas, tienen que ser cuidadosas con el mantenimiento del empleo, especialmente si tienen beneficios", ha señalado este martes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en una rueda de prensa. 

Por su parte, la secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, ha pedido este martes que el ERE anunciado en Masorange sea lo menos doloroso posible, pactado con los sindicatos y ajustado a las necesidades reales. "Nosotros siempre somos muy claros con el sector al respecto. Queremos que sean eres lo menos dolorosos posibles, que sobre todo sean pactados con los sindicatos y que se ajusten a las necesidades reales", ha dicho González Veracruz tras participar en el 38 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones en Santander.

Orange y MásMóvil han cerrado este martes los flecos pendientes para sellar su fusión al 50% en España y, desde hoy mismo comenzarán a operar como una sola compañía, según Europa Press.

"Orange y MásMóvil han anunciado hoy la creación de su nueva joint venture completando así el acuerdo para combinar sus operaciones en España. Los accionistas de Orange y MásMóvil poseen cada uno una participación del 50% de la joint venture, con los mismos derechos de gobernanza en la entidad combinada", han señalado en un comunicado conjunto.

Según las estimaciones, se espera que la nueva compañía –de la cual todavía se desconoce su nombre comercial– genere unas sinergias de alrededor de 490 millones de euros al año a partir del cuarto año posterior al cierre.

Asimismo, según las cuentas de cierre preliminares, los respectivos ingresos al cierre serán aproximadamente de 4.400 millones de euros para Orange y de unos 1.650 millones de euros para los accionistas de MásMóvil.

"Las compañías (Orange España y Másmóvil) operarán como una entidad única. Las cuentas de ambas empresas serán consolidadas en una nueva entidad legal ya registrada. Según lo previsto, la nueva compañía está operativa a partir de hoy", han agregado.

Es altamente probable que al lector le haya subido la factura del teléfono, aunque aún no lo haya advertido. Los cuatro grandes grupos, que gestionan 9 de cada 10 líneas, han anunciado subidas de precios desde noviembre. Movistar y Vodafone los subirán entre un 6,8% y 6,5% respectivamente a partir de este mes. Orange, los subirá entre dos y cinco euros a partir de marzo. El grupo MásMóvil los ha subido a su propia marca y también los de Yoigo, marca bajo el paraguas del grupo. El mercado es un espejismo de opciones, ya que este oligopolio controla decenas de marcas como O2, Lowi, Jazztel o Yoigo aunque algunas, de momento, no se han visto afectadas por las subidas de precios. ¿Cómo puede esquivar el usuario el aumento de la tarifa? 

Este pasado miércoles, la CNMC ha avanzado que está a punto de cruzarse un récord. En noviembre de 2022, último dato disponible, hubo 49,9 millones de líneas de teléfonos móviles con conexión a Internet de banda ancha. Esto es un 2,9% más que en el mismo mes de 2021 y un 18,5% del mismo mes de cinco años antes, 2017. En este último lustro, España ha sumado casi 8 millones de líneas de teléfonos móviles con acceso a Internet.  

Pese el crecimiento sostenido de las líneas y un gran número de marcas, la oferta se concentra en los cuatro grandes grupos empresariales. Según los datos de la CNMC, en noviembre Movistar controla el 27,7% del mercado; Orange, el 22,5%; Vodafone, el 22,2% y MásMóvil, el 20,7%. Esto suma el 93%. El 7% restante lo componen pequeñas compañías que alquilan las redes de las grandes. En el mercado de las líneas fijas de Internet no difiere mucho: las cuatro grandes amplían su presencia al 95%. 

En poco tiempo, es posible que estos cuatro principales actores pasen a ser tres. La potencial fusión entre Orange y MásMóvil crearía el grupo de telefonía más grande de España, con una cuota del mercado de entorno al 43%. Está previsto que en el primer trimestre ambas compañías comuniquen su decisión a Bruselas, para que las autoridades de la competencia europeas den el visto bueno.

El mercado está compuesto por operadores con red propia y los llamados OMV (Operadores Móviles Virtuales): empresas sin red de cobertura propia que alquilan el uso a las más grandes. Aparentemente, la oferta de OMV es amplia: O2, Lowi, Jazztel, Simyo, CableMóvil, Embou, YouMobile, Yoigo, Pepephone, LlamaYa, Virgin, Euskaltel, R, Telecable, Lebara… Pero todas estas marcas pertenecen a los cuatro grupos mayoritarios. O2 es marca de Telefónica (dueña de Movistar), Lowi pertenece a Vodafone; Simyo y Jazztel, a Orange y todas las demás al grupo MásMóvil. 

En este proceso, donde las grandes operadoras van devorando a las pequeñas, muchas acaban diluyéndose completamente. Es lo que pasó con Amena, Tuenti o República Móvil: fueron absorbidas por las grandes, que acabaron empujando a sus clientes a migrar a otras marcas de la compañía. Por ejemplo, Orange está transfiriendo los clientes de Amena a Simyo; Telefónica hace lo suyo con los de Tuenti, hacia O2. 

Las principales marcas han subido. Movistar anunció una subida del 6,8% de media a partir de enero, justificando los costes crecientes de la prestación del servicio entre otros motivos, por la inflación y por cambios regulatorios. El paquete de televisión básica y el fútbol subirá un 5,6%. Vodafone subirá a finales de mes una media de cuatro euros sus servicios, lo que supone una subida del 6,5%. El comparador Kelisto ha calculado que este aumento de precios supondrá 486 millones en ingresos adicionales para ambas compañías.

Orange subirá los precios a partir del 12 de marzo. Todos los paquetes de móvil y fibra costarán dos euros más; los canales de televisión que incluyen el fútbol, cinco euros más. La justificación ha sido la necesidad de realizar inversiones en la red. "Hemos sido los últimos en aumentar los precios, hemos aguantado un tiempo pero ante la elevada inflación del año 2022 nos hemos visto obligados a tomar esta decisión", explicaron fuentes de la compañía tras el anuncio.

Otras marcas controladas por estos cuatro grupos sí han mantenido los precios. Es el caso de O2 (Telefónica), Lowi (Vodafone), Simyo (Orange) o Pepephone (Másmóvil). No obstante, los portales especializados en comparar tarifas han advertido que estas marcas han ido eliminando ofertas, promociones y sus tarifas más baratas, lo que en la práctica supone un recorte en la elección del consumidor.  

En este panorama, una empresa pequeña ha copado todos los titulares este lunes, al ir contracorriente y anunciar una bajada de precios, en un evidente esfuerzo por aumentar su cuota de mercado, aprovechando el encarecimiento de los servicios de los grandes. Se trata de Digi, el quinto operador móvil. Es de una OMV que usa la red de Movistar. La CNMC no dispone de datos precisos sobre su actual cuota de mercado, pero en cualquier caso, queda muy por debajo de las cuatro primeras compañías. 

La oferta de Digi es muy agresiva, a tal nivel, que ha sido recogida por numerosos medios de comunicación: fibra en casa por 500 megas por 15 euros al mes. A este servicio se le puede añadir una línea móvil con llamadas ilimitadas y varias opciones de tarifas de datos: 10GB (5 euros más), 20GB (6 euros más) o 50 gigas (8 euros más). Es decir, que por 23 euros ofrece un paquete completo de internet en casa y móvil, muy por debajo de los precios del sector.  

Con esto, Digi se corona en el ranking de los paquetes más baratos que incluyen servicio de internet y móvil. Según los datos comparativos que ha recabado infoLibre, la segunda en el ranking es Fi Network, otra OMV independiente, que ofrece servicio de fibra de 300Mbps, con llamadas ilimitadas y 10GB de datos por 29,90 euros. Le siguen Lowi, O2 y Simyo tres marcas pertenecientes a MásMóvil, Vodafone y Telefónica, por alrededor de 35 euros cada una.

Orange España ha anunciado el inicio de la negociación con la representación legal de los trabajadores de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a hasta 485 empleados de la compañía. En un comunicado recogido por Europa Press, la empresa asegura que convocará en los próximos días a una reunión a los trabajadores para iniciar un proceso de negociación que esperan que se desarrolle durante los meses de mayo y junio.

La empresa achaca esta decisión a la pérdida de ingresos como consecuencia de la hipercompetitividad del mercado y la multiplicidad de actores low cost. Orange ha argumentado que lleva más de 20 años asumiendo inversiones intensivas y "que necesita seguir haciéndolo en un entorno de transición ecológica", por lo que "garantizar la competitividad de la compañía" resulta imprescindible.

El consejero delegado de la empresa en España, Jean-François Fallacher, ya había dejado abierta la puerta a despidos como parte del plan de reestructuración de costes durante la presentación de los resultados del primer trimestre de la compañía.

El presidente del comité de empresa de la compañía en Madrid, Ernesto Serrano, en declaraciones a Europa Press, no ha dudado de calificarlo como un "despido colectivo" y asegura que la empresa ha alegado razones técnicas y de estructura para presentarlo.

Por su parte, desde Comisiones Obreras aseguran que les han emplazado a reunirse con la empresa a finales de mes para comenzar con las negociaciones y que los despidos afectarán únicamente a la sociedad principal del grupo y no a otras como los call-center, call-centerla fundación o las tiendas propias.

El Ministerio de Fomento ha negado que comprara datos de clientes de móvil para realizar un estudio de movilidad interprovincial de los españoles. "Fomento no compró datos de telefonía móvil de usuarios, sino un trabajo realizado con datos de movilidad interprovincial a partir de tecnología big data", ha afirmado en un comunicado que recoge Europa Press.

El Ministerio ha explicado que se trata de una herramienta de tipo cuantitativo que permite saber el valor medio del número de personas que se mueven diariamente entre dos provincias por carretera, ferrocarril, medios marítimos y aéreos.

El diario El País publica este sábado que el Ministerio de Fomento pagó 150.000 euros a Orange y la consultora Kineo para que analizaran datos anonimizados de geolocalización de los 16 millones de clientes de telefonía móvil que tenía entonces la operadora mediante las antenas de telefonía.

En este sentido, Fomento explica que en septiembre de 2017 se publicó en el BOE el anuncio de licitación mediante procedimiento abierto del contrato de servicio para realizar un estudio de movilidad interprovincial de viajeros, aplicando la tecnología big data. Así indica que este trabajo fue encargado por la anterior administración y recibido en diciembre de 2018 (seis meses después del cambio de Gobierno). "El estudio aporta una información anónima sobre los desplazamientos interprovinciales de los españoles que resulta muy útil para impulsar la Estrategia de Movilidad segura, sostenible y conectada que está desarrollando el Ministerio", explica.

Datos anonimizados y agregados

Fomento detalla que "los datos objetivizados, anonimizados y agregados" fueron recabados por la empresa de telefonía Orange e interpretados por la consultora Kineo, que fueron las empresas que conformaron la UTE adjudicataria del contrato. "Fomento no recibió datos de usuarios, sino la interpretación de esos datos en clave del comportamiento de la movilidad interprovincial en España", subraya.

Por último, resalta que este tipo de trabajos de movilidad, que reflejan los viajes reales de las personas entre orígenes y destinos, "son un trabajo necesario para el desarrollo de las políticas de infraestructuras y transporte y se realizan de manera habitual" y son complementarios de las encuestas de movilidad.

Además hace hincapié en que el estudio contratado "cumple con toda la normativa de protección de datos: son datos anonimizados y fue realizado con las máximas garantías". Fomento concluye que esta línea de trabajo se presentó en marzo de 2019 y anuncia que publicará próximamente en la web del ministerio la información correspondiente a la movilidad interprovincial en España.

Este lunes comenzó el juicio a la era Lombard en el Tribunal Correccional de París, un proceso judicial surgido de las decenas de suicidios de trabajadores de France Télécom entre 2006 y 2010. La empresa, ahora convertida en Orange, se encuentra en “alerta máxima”. El recuerdo de este periodo, doloroso para los trabajadores y sus familias, permite también tomar el pulso del gigante francés de las telecomunicaciones, dirigido desde marzo de 2010 por Stéphane Richard. Aunque el grupo parece haber pasado página a esta etapa de “acoso moral institucional”, ahora está enfrentado a otros males en un sector donde la competencia es feroz: intensificación del trabajo, lenta hemorragia de puestos de trabajo, especialmente en las tiendas, y una gestión atenazada.

“No es necesario imaginar que todo esto ha quedado atrás”, dice Sébastien Crozier, presidente del sindicato CFE-CGC en Orange, afectado personalmente por el suicidio de un colega en 2009, que sin embargo matiza: “La crisis por la que ha pasado la empresa hace que haya una especie de sobrevigilancia, legítima, respecto al pasado. Quedan zonas de vigilancia, limitadas a las tiendas y a los directivos, donde las cosas empeoran. Pero somos una casa muy grande, no todo va mal”. Jean-François Colin, que ha dirigido durante varios años la unidad de mediación de Orange, recuerda por su parte que más de 1.000 personas trabajan en la prevención de riesgos psicosociales y que la empresa dispone de un sistema de alerta eficaz. “No estoy aquí para contarle un cuento de hadas”, subraya este consejero especial de Stéphane Richard sobre las políticas de prevención. “Es imposible decir que toda va bien. Pero para nosotros, todas las alertas y los casos individuales no constituyen un cambio de política preocupante”.

Lejos de los rumores mediáticos, algunos trabajadores continúan no obstante pasando a la acción y el sistema de alerta sobre sufrimiento en el trabajo parece a veces seriamente atascado. El 14 de enero de este año, Michel*, de 33 años, empleado de Orange, fue encontrado inconsciente en el fondo de un almacén con una bolsa alrededor de la cabeza. Sobrevivió al intento de suicidio gracias a la intervención de los servicios de emergencia. El drama se produjo en la tienda de Orange del barrio de La Defensa, a las afueras de París, el tercero de Francia en términos de cifra de negocios.

Tras este suceso, más de 18 empleados de los 39 que tiene esa tienda han estado o estarán de baja por enfermedad. Nueve de ellos están ahora y otros nueve han declarado que se darán de baja. A día de hoy, Michel no ha podido retomar su actividad. Antes de nuestra entrevista nos ha precisado que, antes de su acción, había sido castigado con una suspensión de empleo y sueldo de dos meses. “Fue en enero de 2017, cometí el error de cambiar unos cascos por otros que valían 100 euros más. Fue una enorme torpeza y la pagué. A partir de ahí puse mucha atención. Yo no había tenido más que tres retrasos en un año y mis cifras de ventas estaban en la media. Pero el director hacía todo lo posible para hundirme”.

En enero de 2019 se abrió otro expediente contra el empleado. “Hubo un problema con una clienta que el director podía solucionar pero, en lugar de eso, dejó que se pudriera la situación. Cuando la clienta denunció a Orange, la empresa me cargó a mí la responsabilidad de ese error. Para mí fue la gota de que colma el vaso”. Esa mañana, al llegar al trabajo, a Michel le llaman de Recursos Humanos. “Descubrí el expediente que habían abierto contra mí, que incluía la convocatoria ante un comité disciplinario y exploté. Si me despedían, ¿cómo podría dar de comer a mi hija de cinco meses? Yo había hecho mucho por Orange y ahora ya no sabía en quién confiar. Me hundí”. Está de baja por accidente laboral desde hace tres meses y lamenta no haber “recibido ninguna llamada, ni de la dirección ni de Recursos Humanos. Me envían cartas certificadas sin tener en cuenta que he cambiado de dirección. No entiendo qué esperan de mí”.

La última carta recibida de Orange es la convocatoria para ir al comité disciplinario. “Estoy de baja por accidente laboral y con antidepresivos, es ilegal hacer eso”, protesta Michel. “Pero voy a defenderme y emprender acciones contra el grupo. Hace demasiado tiempo que se permiten abusar de sus empleados”. Preguntados por Mediapart, la dirección de Orange confirma el despido, aprobado por el comité disciplinario, por hechos que la empresa juzga de “extrema gravedad”. “Cualquiera que sea el motivo, los trabajadores no deben estar solos”, recuerda Jean-François Colin, “y no le estoy diciendo que, por otra parte, no haya problemas en esa tienda sobre las condiciones de trabajo y la gestión. Hemos recibido denuncias y no nos hemos quedado parados”.

No es en absoluto eso lo que piensan los trabajadores de La Defensa o los sindicatos, como han recordado los miembros del Comité de Higiene, Salud y Condiciones en el Trabajo (CHSCT) en una reunión extraordinaria organizada el 18 de enero tras el intento de suicidio de Michel. Las conclusiones del acta levantada en esta ocasión dejan ver un balance alarmante inapelable para la dirección. Se hace constar “un riesgo grave para la salud y la seguridad en la tienda de la Defensa que afecta a unos cuarenta trabajadores”. La lista de problemas enunciados es desoladora: “Rotación gerencial importante, aumento de problemas físicos y psicológicos de una parte del personal, relaciones muy tensas en el equipo, aumento de la violencia verbal y de los procedimientos disciplinarios”. Como resultado, empleados estresados que vienen cada día a trabajar “con una bola en el estómago”. Lamentan la “deshumanización de las relaciones, ningún reconocimiento y la pérdida del sentido del trabajo”.

Desde su apertura en 2016, y sobre todo a partir de 2017, se han hecho varias reclamaciones relativas a esta tienda en DP, es decir, en las reuniones entre los delegados de personal y la dirección de Orange. Normalmente se señalan la falta de personal, las presiones ejercidas para conseguir objetivos de venta y las tensiones con el director de la sede que utiliza palabras groseras. En junio de 2018 se firmó una petición por parte de la casi totalidad de los trabajadores después de haber dado más de 60 partes denunciando “prácticas gerenciales estresantes, humillantes y desestabilizadoras” y no haber “recibido ninguna contestación por parte de la dirección a pesar de los compromisos tomados”. La petición reclama “la suspensión inmediata de estos métodos gerenciales y condiciones laborales más dignas”.

Laurent, de 32 años, trabaja desde hace seis años en Orange y cuenta lo que ha padecido en esa tienda. “El director nos hacía reproches por tres minutos de retraso. Nos enviaba por eso un email y nos hacía retenciones salariales. Los insultos delante de los clientes eran violentos, como por ejemplo, ‘tonto del culo’, ‘eres un mierda’ cosas increíbles. Era un infierno. Nos presionaba para conseguir cifras de negocio, las conseguíamos y nunca reconocía nuestro trabajo. Era el divide y vencerás”. Laurent piensa desde entonces dejar el grupo y le preocupa la falta de memoria de la empresa: “No entiendo que con el pasivo de esta empresa, la dirección siga con estos métodos de gestión tan destructivos”.

“Todo irá bien porque nos llamamos Orange y ya no France Télécom…”

El 29 de noviembre de 2018, la preocupante situación de la tienda Orange de La Defensa es una vez más tratada en la reunión del CHSCT. Un delegado sindical de la CGT se dirige así a la dirección: “La presidencia no mide el estado de degradación del vínculo entre los trabajadores y el director. Espero que ningún suceso grave venga a manchar esta estampa ya tan lúgubre”. Unas semanas más tarde Michel trató de poner fin a sus días.

Tras el intento de suicidio, a petición del CHSCT, el bufete Technologia ha llevado a cabo una investigación sobre las condiciones de trabajo en esa tienda de La Defensa. En un informe titulado Riesgo grave, el experto recuerda las reestructuraciones decididas por Orange en el marco del Plan estratégico Essentiels2020”, que se traduce particularmente en “la apertura de grandes tiendas que conlleva el cierre de numerosas tiendas de tamaño más modesto y la supresión progresiva de consejeros técnicos”. En la zona de Paris-Haute-de-Seine, por ejemplo, el número de tiendas ha pasado de 48 a 17 en seis años.

Este estudio presenta a continuación un balance bastante negativo y señala “un problema recurrente de falta de personal”, “una gestión estresante”, “un ambiente de trabajo tóxico” y “situaciones de sufrimiento en el trabajo”. En cambio, Technologia no dice nada sobre la ausencia de respuesta de la dirección, que ha sido muchas veces informada de la situación. Este informe, presentado este lunes 6 de mayo a los trabajadores de La Defensa, viene a formar parte de una larga lista de estudios, catorce en tres años, enfocado a las tiendas. El más reciente, finalizado en abril, ofrece una síntesis en la que se citan regularmente “la carga suplementaria de trabajo, casos de sufrimiento en el trabajo o el agotamiento de los trabajadores, a menudo aislados en la gestión de situaciones problemáticas”.

“Asistimos a una aceleración de la destrucción de las redes de distribución, es decir, de las tiendas. Y esto engendra un malestar que se traduce en depresiones, bajas por enfermedad importantes o intentos de suicidio, como en La Defensa, o un año antes en la tienda de Campos Elíseos”, precisa un delegado sindical que prefiere guardar el anonimato.

En 2014 Nicolas Foucher, trabajador de una agencia dedicada a la fibra para profesionales, se suicidó tirándose a un tren de cercanías en París. Cuatro años más tarde, el 4 de marzo de 2019, su hermana Anne-Marie Servilla, recibió la comunicación de archivo de su denuncia por acoso moral en el trabajo presentada contra X.

Sindicalistas de la CGT también habían avisado sobre el difícil ambiente en ese servicio y sobre el malestar de su colega, que se quitó la vida tres días antes de un cambio de destino. La Inspección de Trabajo, tras la muerte de Nicolas Foucher, ha enviado al fiscal un parte muy severo contra Orange por no haber reaccionado con la suficiente rapidez o decisión para proteger a su trabajador. La decisión dramática de Nicolas Foucher ha sido finalmente reconocida por la empresa en 2016 como un accidente de trabajo, pero principalmente por el hecho de que se suicidó en su trayecto habitual al trabajo. “La dirección nunca ha dado su brazo a torcer, nunca ha habido para ellos acoso moral”, se lamenta hoy Anne-Marie Servilla. “Por eso he denunciado ante lo penal, para que su sufrimiento sea por fin reconocido. Dicen que ha terminado la época Lombard pero yo no lo creo. Para mi hermano era un cúmulo de cosas: exceso de trabajo añadido a la presión de su jefa. Se sentía culpable de no poder llegar”.

El año 2014 estuvo efectivamente marcado por un recrudecimiento del número de suicidios, 21 en total, y seis más a principios de 2015, motivo para desencadenar una denuncia presentada por unanimidad por los sindicatos al CHSCT nacional. Recursos Humanos de France Télécom, y después Orange, han tenido siempre por tradición comunicar, para su información, estos casos a los sindicatos. El año 2015 marca un cambio de doctrina: “La dirección ya no nos da ninguna cifra, como si hubiera parado de contar”, explica Thierry Franchi, delegado sindical central adjunto de la CGT. “Se sabe que ha habido casos desde entonces, pero nos enteramos por la gente. La dirección dice que es para proteger a las familias. Nosotros creemos que es también para evitar el efecto negativo del 2009”.

“Ya sé que las estadísticas pueden ser un medio para la toma de conciencia, pero creo que hemos cruzado los límites, desgraciadamente, como consecuencia de la crisis que ha pasado la empresa”, explica Jean-François Colin, que asegura además ser más bien “partidario” de la no contabilidadno contabilidad: “Las cifras ocultan las situaciones individuales y preferimos mirar cada caso de manera particular. A veces podemos decir lo que queramos de las estadísticas: en 2014 no hubo más que tres accidentes mortales laborales reconocidos, ¿qué se puede deducir de eso?”. Orange estima también que no tiene derecho a informar de los suicidios para respetar la vida privada y que, de alguna forma, se había situado “fuera de la ley” en el pasado. Asegura, no obstante, por motivos de transparencia, que informa sistemáticamente al secretario de los CHSCT locales sobre las “muertes violentas”. Cada autoridad es libre de abrir o no una investigación.

Patrick Ackerman, delegado central para el Sur, recordaba a Mediapart, el 17 de abril pasado, que entre 2010 y 2014 hubo en la empresa tantos suicidios como entre 2008 y 2010, en pleno auge de la crisis de France Télécom. “Eran una especie de efectos retardados de la era Lombard. Creo que ese período está relativamente terminado. Pero se abre otro período ¡porque simplemente estamos en la ruina! ¡La eliminación de empleos nunca han cesado y es enorme! Pues sí, los problemas no son de la misma naturaleza pero hoy trabajamos en una empresa que no va bien”.

En veinte años, el grupo de telecomunicaciones ha perdido en efecto la mitad de sus efectivos, con 90.000 trabajadores en Francia, dos veces menos que hace veinte años. Se jubiló un gran número de empleados y no han sido sustituidos, especialmente los que conservaban el estatus de funcionario. “Quedan verdaderas zonas de sufrimiento”, estima Thierry Franchi. “Las reestructuraciones continúan, aunque sean menos violentas que antes. Porque la comunicación oficial sigue siendo que todo irá bien porque nos llamamos Orange y ya no France Télécom…”.

Hélène Adams, miembro del CHSCT central y después del consejo de administración para el Sur de France Télécom y finalmente Orange, admite que ha habido “una tregua” después de la llegada de Stéphane Richard, el actual presidente, en sustitución de Didier Lombard, reconocido por su “trabajo sobre el terreno” por la mayoría de sindicatos. “Se han restablecido toda una serie de cosas, incluidos espacios de convivencia para los trabajadores, las cafeterías han vuelto, por ejemplo… Pero es una empresa que continúa funcionando bajo la presión de los mercados financieros y con la obsesión de la cotización en Bolsa. Esto engendra automáticamente situaciones de estrés y de intensificación del trabajo. Entramos en el terreno de una hiperexigencia a los trabajadores, lo que puede conducir al desgaste profesional o al suicidio”.

“Todo el mercado está bajo presión, es absolutamente aterrador”

Algunos empleados tienen también la impresión de padecer, ahora que la atención mediática se ha desviado, una gestión de una violencia similar a la de la época Lombard, que se manifiesta a base de procedimientos judiciales. Es el caso de Sophie*, trabajadora de Orange en el Caribe. Gerente de una tienda, en 2017 denuncia el acoso que ella estima haber sufrido por parte de una colega además de una agresión verbal de los que sale noqueada, con pérdida del conocimiento e intervención de los servicios de emergencia. Se llevo a cabo una investigación interna que concluyó que no hubo ninguna falta que reprochar pero tampoco se le llegó a comunicar a Sophie.

De baja por enfermedad durante varios meses, el regreso al trabajo de esta empleada ya no será nunca tranquilo. Desde el primer día, sin haber sido informada, la gerente descubre que la tienda está vacía, sin colegas de trabajo, mientras los clientes tocan a la puerta. Sola durante dos horas, acaba por enterarse por su superior, ante todo el equipo, de que los horarios se han cambiado y que debe ir pensando en cambiar de puesto. Nueva baja por enfermedad. Las conclusiones escritas del médico laboral, que vincula el estado de salud de Sophie al ambiente nocivo en el que se desenvuelve en su trabajo, serán recurridas por la empresa ante los tribunales, antes de que Orange renuncie al proceso.

La dirección propone entonces a Sophie otro puesto, de simple comercial, a 60 kilómetros de su domicilio, después de estar 22 años en el grupo, especialmente en numerosos puestos de responsabilidad. “El objetivo es que yo ceda y pida una excedencia, o que acabe en la trituradora, en fin, que la decisión venga de mí. Me proponen cosas inaceptables para que yo pueda librarles de mantenerme como trabajadora”. Sophie ha demandado a Orange ante lo penal por acoso moral y lucha para que le reconozcan los dos incidentes de los que ha sido víctima como “accidente de trabajo”. “Recursos humanos, en el plano nacional, no para de decir que todo está arreglado en Orange, pero sólo han pintado sobre unas paredes agrietadas”, señala.

Una antigua directiva, también de los DOM-TOM (los territorios franceses de ultramar), muy bien situada, con unos veinte años de experiencia, hace un relato bastante parecido. En 2010, su puesto cambia y se le da a un trabajador en París. “Yo estaba en funciones en mi puesto desde hacía diez años, eso ya no les convenía y hacía falta recortar personal”. La trabajadora se encuentra en un destino forzado y bajo la crítica permanente de su homólogo en París. Presenta una denuncia por acoso en 2011, sin respuesta. Un año más tarde, el médico laboral informa de sus problemas y pone en guardia a la empresa.

La directiva será finalmente despedida en 2013 y, un año más tarde, readmitida forzosamente tras una decisión de la Magistratura de Trabajo, decisión que recurre Orange. El asunto se arbitraría pronto en el Tribunal de Casación. “Es como si, fuera de la metrópolis, el periodo Lombard nos hubiera llegado en diferido”, estima hoy esta trabajadora, muy contrariada. En Orange, en París, juran que “no hay una zona de no-derecho en la empresa”, ni diferencias salariales entre la metrópolis y el Caribe, Reunión o Mayotte, regidas por una única dirección territorial. “Si hay problemas, no nos han sido comunicados”, señalan.

Esta señal de alerta sobre el regreso de un clima de trabajo a veces “patógeno” no procede únicamente de sindicalistas o de algunos trabajadores aislados. En 2018, los médicos laboraleso de Orange han emitido su informe, que Mediapart ha podido consultar, referidos a 2017. En él subrayan un riesgo particular para los trabajadores de las tiendas Orange: “Aumento de la carga mental, presión de horarios en aumento, obstáculos a la calidad (…), la sensación de que la solicitud de ayudas, correcciones y regulaciones no han sido seguidas de medidas concretas”. Varias denuncias presentadas por los delegados y los servicios de salud laboral “han quedado sin respuesta”, escriben los médicos. En este mismo informe llaman “con fuerza y vigor la atención de la empresa por la degradación de las condiciones de trabajo en las tiendas que impacta cada vez más en la salud de los trabajadores afectados”.

Los gerentes de proximidad, es decir, los mandos directos, tampoco son ya muy bien tratados. “Algunos gerentes se consideran como una variable de ajuste de la carga de trabajo del colectivo”, subraya el documento. “Habrá que tomar en serio esa problemática de semanas largas y horarios excesivos”. Más aún, vuelve a ponerse de relieve el pesado pasado de la empresa: “En estrecha relación con la historia de la empresa, a veces se les confía (no explícitamente la mayor parte del tiempo) un papel de rastreador de riesgos de suicidio, atribuido a los gerentes después de la alarma social creada, todavía muy presente, responsabilidad cuya exigencia emocional es importante y a veces desconocida”.

Después de la marcha de Didier Lombard, en 2009, los sindicatos y la dirección de Orange se habían puesto de acuerdo en que cada tres años se realizase una encuesta sobre el nivel de estrés en la empresa. Fueron realizados una serie de informes, en 2012 y en 2016, que Mediapart ha podido consultar, incluido el más reciente difundido en abril de 2019. Año tras año, la confianza en la empresa, que se había degradado fuertemente, ha vuelto a subir, sin que sin embargo el panorama general no sea totalmente rosa, pues pesan sobre los trabajadores a la vez una fuerte intensificación del trabajo y la preocupación de no saber con qué salsa serán devorados al hilo de nuevas reorganizaciones y reestructuraciones. “La situación global ha dejado de mejorar en 2019”, concluye esta misma encuesta. “Después de mi llegada a la cabeza del grupo, hemos instituido un barómetro social y hay que reconocer que recientemente muestra una ligera inflexión a la baja aunque hayamos progresado de manera espectacular desde 2010”, confirma el presidente Stéphane Richard en una entrevista reciente con Le Figaro.

Sébastien Crozier, delegado central por la CFE-CGC, insiste: la situación es “muy diferente” a la de la era Lombard. Nota también los progresos reales de la empresa en materia de relaciones sociales. “En diez años, el sentimiento de orgullo y de pertenencia, caído hasta el 39% con Lombard, ha subido hasta el 88%. Es un buen indicador. Pero la guerra de la competencia, desde que Drahi [Patrick Drahi, el magnate de las telecomunicaciones] compró SFR [segunda operadora francesa tras Orange], es un infierno. Todo el mercado está bajo presión, es absolutamente aterrador, por lo que los gerentes hacen de parachoques entre la producción y una dirección que debe mantener el rumbo y una línea frente a los accionistas y al Estado. Globalmente es insufrible”.

“Somos una empresa puntera”, confirma Jean-François Colin, de Orange. "Los trabajadores pueden en efecto tener la sensación de que tienen mucho trabajo pero el problema es ajustar los efectivos, encontrar el justo medio y eso no es fácil. Efectivamente, hay tiendas que cierran y hay reestructuraciones, es la vida  normal de los negocios, unida a un sector hipercompetitivo”. Orange recuerda que trata de ofrecer un “futuro a cada uno” dedicando el 6,5% de su masa salarial a la formación, una cifra nada despreciable.

¿Una parte de los problemas pasaría desapercibida? “Nosotros subcontratamos mucho en el tema del mantenimiento de la red, y lo mismo con la mayor parte de la fibra óptica”, explica Thierry Franchi, del sindicato CGT. “Y hay que vérselas con algunos subcontratistas que a veces emplean a gente en condiciones delirantes, casi de esclavitud. Orange hace contratos con grandes grupos pero no mira lo que hay detrás”. Ahí, también, Orange defiende “una práctica normal de empresa” sobre las actividades que no siempre constituyen su núcleo profesional y asegura que se emplea en poner un límite a las subcontratas en cadena. “Stéphane Richard ha sido muy claro: esta empresa no va a ser cortada en trozos”, recuerda su consejero especial. Por el momento, Orange se beneficia todavía de la comparación con alguna competencia, como Free o SFR, cuyo marco social es poco satisfactorio. El espectro de los años 2000 se agita como un espantapájaros eficaz. ¿Hasta cuándo?

  El asterisco * indica que el nombre ha sido cambiado.

Para esta investigación, entrevistamos a varios empleados de Orange, así como a sindicalistas locales y nacionales. La dirección de Orange, poco frecuente en este tipo de casos, nos recibió por un largo espacio de tiempo en las instalaciones de la empresa en París, y habló a través de Jean-François Colin, asesor especial de prevención del director general Stéphane Richard. También hemos consultado numerosos informes internos y opiniones de expertos, así como varias sentencias relativas a procedimientos civiles o penales entre los empleados y la empresa.

La cuestión de la publicidad de los suicidios y su tratamiento informativo fue objeto de un debate en el seno de nuestro equipo de redacción. Puedes encontrar información en este sitio y la lista de consultas sobre el sufrimiento en el trabajo aquí.

  Traducción de Miguel López

Puedes leer el texto original en francés aquí.

La Audiencia Nacional ha anulado la resolución sancionadora de alrededor de 120 millones de euros que la Comisión Nacional de Competencia (CNC) impuso en 2012 a los tres operadores de telecomunicaciones Movistar, Vodafone y Orange por abuso de posición de dominio al aplicar precios excesivos a los servicios mayoristas de terminación y acceso de SMS y MMS.

En concreto, en la resolución de la CNC, cuyas competencias asumió posteriormente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y que fue recurrida por los tres operadores, se determinaba que Telefónica Móviles debía abonar un total de 46,49 millones de euros; Vodafone, 43,525 millones de euros, y Orange, 29,95 millones de euros.

Fuentes de las operadoras han confirmado la decisión de la Audiencia Nacional de anular la resolución de la CNC y la condena del pago de las costas judiciales a la Administración, aunque en el caso de Telefónica la compañía todavía no ha recibido la notificación oficial. Sin embargo, todo apunta que la sentencia irá en la misma línea que la dictada para Vodafone y Orange.

La sentencia, contra la que la Administración tiene 30 días para presentar un recurso de casación, se fundamenta en que no se justifica la existencia de una posición de dominio individual de las tres operadoras en el mercado mayorista de terminación de SMS, por lo que ha decidido no entrar a valorar otras consideraciones.

Asimismo, tampoco entra a analizar la posición de dominio conjunta declarada en el mercado de acceso y originación, ya que la resolución la consideraba un refuerzo de la posición de dominio individual en mercados de terminación, al mismo tiempo que cuestiona la definición de un mercado mayorista de terminación de SMS diferente del mercado de voz, así como la definición de cada red como mercado individual.

En esta línea, en la sentencia de Vodafone también menciona la falta de análisis actualizado del mercado, por haber asumido análisis y conclusiones realizados por la autoridad regulatoria en otro contexto (y otro momento), por haberse limitado a responder vaga e insuficientemente las alegaciones presentadas en contrario por la operadora en el expediente administrativo, entre otros motivos.

La sanción de 120 millones de euros fue en su momento la segunda mayor sanción impuesta por las autoridades de competencia en la historia en España detrás de la que en 2009 impuso a las aseguradoras por pactar precios en el sector de los seguros decenales.

La CNC argumentaba que estos operadores ostentaban una posición de "monopolio" en los mensajes enviados a los usuarios de su red, lo que les permitió establecer precios "muy elevados" al resto de compañías, que se trasladaron al precio que pagaban los usuarios.

En opinión del antiguo regulador de competencia, las compañías pudieron "así sostener unos precios minoristas de los mensajes cortos a pagar por los usuarios más elevados" y generar "mayores barreras" de entrada y expansión a los operadores móviles virtuales (OMV).

Telefónica deberá compensar a algunos de sus competidores por el alquiler de sus canales de televisión de pago de fútbol, según ha resuelto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y recoge Europa Press. En concreto, la operadora tendrá que compensar a Vodafone, Telecable y Total Channel por desajustes en los importes que han pagado en concepto de coste mínimo garantizado por la distribución mayorista de los canales de fútbol Canal+ Liga y Canal+ Partidazo en la temporada 2015-2016.

La CNMC ha dictado esta resolución como parte de la vigilancia que lleva a cabo para comprobar si Telefónica está cumpliendo con los compromisos que tiene impuestos a raíz de su adquisición de la plataforma de televisión de pago DTS en 2015.

Asimismo, fruto de este análisis, la CNMC ha resuelto que Telefónica podrá reclamar a Orange y Open Cable, al haberles cobrado de menos por el coste mínimo garantizado de Canal+ Liga y Canal+ Partidazo en la temporada 2015-2016, conforme a los criterios de los compromisos de la concentración de Telefónica con DTS.

Monopolio en España es sinónimo de empresas públicas como Telefónica o Campsa. Nacidas en 1924 y 1927, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, no sólo han sido poderosas, también han despertado el recelo ciudadano. “Cómo Acaparan Millones Primo [de Rivera], [Calvo] Sotelo y [Martínez] Anido” fue el chascarrillo que corría de boca en boca en las primeras décadas del siglo XX para completar las siglas del monopolio de petróleos. En efecto, resultó un magnífico negocio que se prolongó hasta 1992. Los precios de los combustibles los fijaba el Gobierno, mientras la red de gasolineras era de las más reducidas de Europa: en 1985 el número de estaciones de servicio por cada 100 kilómetros cuadrados equivalía a 0,93 en España, pero ascendía a 6,4 en Francia, 8,7 en el Reino Unido, 12 en Italia, 22 en Holanda… En agosto de 1990, en plena guerra del Golfo, el monopolio multiplicó por cinco sus beneficios respecto al año anterior. Según publicaba entonces la prensa, la compañía estatal, dueña del 90% de las gasolineras, compraba el crudo a las refinerías a 32 pesetas el litro y lo vendía al consumidor a 72 pesetas el gasóleo y 94 la súper. Poco después, a Campsa se la llevó por delante el mismo viento que desmanteló la mayor parte de los monopolios estatales en España y buena parte del mundo.

Desde entonces, prohibidos también por las leyes europeas, los monopolios, entendidos como operadores únicos y exclusivos en un mercado, no existen en España. Pero sí sobreviven posiciones de dominio e inercias oligopólicas que, al restringir la competencia, siguen haciendo pagar un sobreprecio al consumidor. “Ser grande no es necesariamente ser malo”, resume Juan Luis Jiménez, profesor de la Universidad de Las Palmas. Y puede ocurrir que en un mercado con múltiples operadores tampoco haya competencia. Incluso la cuota de mercado puede ser “irrelevante” a la hora de determinar si existe monopolio, apunta.

Para detectar esos abusos, la lupa, explica Jiménez, hay que ponerla en la existencia o no de barreras de entrada a ese sector o mercado, en si existe innovación y procesos de concentración y, finalmente, en el precio que paga el consumidor. Además, las empresas con posición de dominio tienen una “especial responsabilidad”, abunda Joan-Ramon Borrell, de la Universitat de Barcelona: ni pueden cerrar el mercado –negarse a vender a alguien– ni pueden cobrar más a unos que a otros sin una razón objetiva.

¿Cumplen estos requisitos el sector energético, financiero, las telecomunicaciones, el transporte aéreo y por ferrocarril?

Superbeneficios

Un estudio elaborado por Santiago Díaz de Sarralde y Bruno Estrada para la Fundación Primero de Mayo de CCOO ha calculado las rentas de oligopolio obtenidas por los bancos, las eléctricas y las empresas de telecomunicaciones en la primera década del siglo. Es decir, la diferencia entre los beneficios de estos tres sectores y el Excedente Bruto Empresarial (EBE), las ganancias del conjunto de la economía, que mide la Contabilidad Nacional. El resultado asciende a 42.622 millones de euros en el caso de los bancos, 82.521 millones en el de las eléctricas y 77.700 millones en el de las telecos. Un total de 202.843 millones de euros en una década, de 2001 a 2009, casi el 20% del PIB.

Por establecer una comparación: el Estado gastó el año pasado en prestaciones de desempleo 20.609 millones de euros. La hucha de las pensiones guarda aún  24.207 milloneshucha. Es decir, los sobrebeneficios de estos tres oligopolios multiplican por 10 esas cifras.

Según el informe, las rentas de oligopolio del sector bancario se dispararon a partir de 2007, con la crisis financiera. La reestructuración forzó las fusiones y restringió la competencia. Sus beneficios se situaron 10 puntos por encima de la media de ganancias del conjunto de la economía. Si las rentas de oligopolio alcanzaban los 2.575 millones en 2006, un año más tarde se triplicaron –7.850 millones– y en 2009 se dispararon hasta los 13.752 millones de euros. Los autores atribuyen esta renta diferencial al “poder de mercado que tienen las entidades financieras, lo que les permite imponer precios (tipos de interés o comisiones) sobre otros agentes económicos, debido en gran medida a las barreras de entrada”. Para crear un banco o para que uno extranjero se instale en territorio nacional, el Banco de España debe autorizarlo. En una entrevista a El País, la directora general de ING, Almudena Román, reconocía recientemente que al banco holandés no le “compensa” pagar la “cara ficha bancaria” que le exige el supervisor para estar registrado como entidad española. Así que rinde cuentas ante el Banco Central de Holanda.

Las rentas de oligopolio de las eléctricas son producto de la “regulación ineficaz” a que están sometidas, continúa el estudio. Los 82.521 millones de “superbeneficios” supusieron un 86,4% en 2008 para este puñado de compañías –los tres gigantes, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, junto a las menores HC Energía y Viesgo–, casi el doble del margen obtenido por el conjunto de la economía ese año –46,6%–. Los autores atribuyen estas cifras y los altos precios de la luz a los costes de moratoria, los costes de transición a la competencia y el déficit de tarifa, las compensaciones que reciben del Estado –del contribuyente–estas empresas.

En el sector de las telecomunicaciones, la desaparición del monopolio estatal de Telefónica –en 1997– tampoco ha abierto mucho más el abanico. La facturación de Movistar, la nueva marca de la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete, representa el 44,7% del sector. Si se le suman las de los otros dos grandes, Vodafone y Orange, las tres se reparten casi el 80% del mercado. Si se cuentan las líneas, el trío acumula el 94% de las de telefonía fija y de banda ancha; el 83% de las líneas de voz de telefonía móvil y el 85% de las de banda ancha móvil, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) correspondientes al cierre de 2015.

Así, las rentas oligopólicas del sector se elevaron a 11.383 millones de euros en 2009, un margen del 84,7% que, de nuevo, casi duplica la media de la economía nacional.

Sin embargo, Joan Calzada, profesor de la Universitat de Barcelona, cree que, a diferencia de lo ocurrido con la electricidad, la liberalización de la telefonía ha funcionado razonablemente. Aunque reconoce que los precios soportados por el consumidor nacional son aún más altos que los del resto de Europa, señala que los cambios tecnológicos han potenciado las nuevas entradas en el mercado, algo que no puede decirse del sector eléctrico. Pese a ello, Calzada echa en falta más operadores. En España hay menos que en otros países de la UE “y sólo con que llegara uno más, se notaría”. “Un oligopolio clarísimo de las eléctricas”

“En España ha habido un oligopolio clarísimo de las eléctricas”. Así de contundente se despachaba en 2013 el excomisario europeo de la Competencia Joaquín Almunia, quien denunciaba también la persistencia en España de “las malas prácticas” a las que estaban acostumbrados los monopolios públicos. Joan-Ramon Borrell protesta por las reuniones que celebran públicamente los sucesivos ministros de Industria con las grandes compañías. “Que las empresas se reúnan y pacten no es legal”, asegura, “porque luego dan al Gobierno un mensaje coordinado que es precisamente lo que la ley intenta impedir”.

“Es un lobby muy fuerte, cierto”lobby, admite Mariano Bacigalupo, exsecretario del consejo de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE). También reconoce la existencia de “desequilibrios regulatorios” claros, como el déficit de tarifa –la diferencia entre lo que ingresan las compañías por la factura de la luz y lo que les cuesta suministrar la electricidad– o la sobrerretribución a determinadas tecnologías como la nuclear o la gran hidráulica. Pero precisa que el sector eléctrico español figura entre los avanzados en liberalización, “mejor que Francia o Italia” y sólo por detrás del Reino Unido en cuanto a número de operadores.

Aun así, Bacigalupo cree que todavía hay “mucho recorrido de mejora en la regulación sectorial, necesaria porque, según destaca, el eléctrico nunca será un mercado con la “suficiente madurez competitiva” como para que sólo se le aplique el derecho de defensa de la competencia.

“Ciertamente aún hoy existe una patología excesiva por la tendencia del Gobierno y del sector a pactar la regulación”, concede el exresponsable de la CNE, “una cultura regulatoria donde se da una interacción demasiado intensa y demasiado opaca”. Aunque ya lejos de lo que ocurría en épocas pasadas, cuando las órdenes ministeriales “se escribían en las empresas, se enviaban por fax al ministerio y se publicaban tal cual en el BOE”, relata. Bacigalupo considera “demasiado de brocha gorda” tachar de oligopolio a las eléctricas, un sector “crítico y sensible” donde tampoco sería razonable legislar “de espaldas a las empresas”. Y que ya cuenta con una regulación sectorial “preventiva” que este profesor de Derecho Administrativo considera “bastante incisiva”.

Sólo hay competencia en el 3,5% de las rutas ferroviarias

Donde el monopolio se resiste a desaparecer con más inercia es quizá en el transporte ferroviario. En 1997 Renfe quedó dividida en dos: el gestor de las infraestructuras, ADIF, y Renfe Operadora, la empresa que explota en exclusiva el transporte de viajeros por ferrocarril en España y casi el 90% del transporte de mercancías. En 2006 se liberalizó este último segmento del negocio. Pero, a día de hoy, sólo siete compañías compiten aquí con Renfe: Acciona, Comsa Rail Transport, ACS, Transfesa, Logitren Ferroviaria, Tracción Rail y Transitia Rail.

Uno de los motivos de esta escasez, según el profesor de la Universidad de Las Palmas Javier Campos Méndez, son los elevados cánones que los operadores privados deben pagar y que pueden llegar a equivaler al 40% de sus costes. Una barrera de entrada que puede calificarse “de manual”. El resultado, según los datos de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC), es que sólo existe competencia efectiva en menos del 3,5% de las rutas. De hecho, en 2014 la CNMC abrió un expediente sancionador a Renfe por abuso de posición dominante en este segmento que aún no ha cerrado.

En el transporte de viajeros, la entrada de operadores privados en la línea del AVE a Levante, prevista para 2015, ha quedado en suspenso. En cualquier caso, sólo se ofertaba una licencia para un competidor. El Gobierno primero se topó con el escaso interés de las empresas, que se quejaban de los elevados cánones. Y después, con la parálisis sobrevenida de encontrarse en funciones. El pasado enero el presidente de Renfe, Pablo Vázquez, aplazó a 2020 la liberalización total del transporte por tren.

“El sector ni crece ni es capaz de introducir dinamismo, en buena parte debido a deficiencias institucionales”, concluye Javier Campos en su estudio. Un buen síntoma de ese “poder de mercado” excesivo de Renfe es la falta de transparencia. A diferencia de Aena, operador único aeroportuario privatizado en 2015, Renfe no hace públicos sus datos sobre tráfico de viajeros, que considera información “sensible”.

Aeropuertos que compiten como centros comerciales

En efecto, Aena era otro monopolio público, uno de los que podían considerarse natural, aquél donde la necesidad tanto de inversiones iniciales como de costes de mantenimiento muy elevados hace que un solo competidor opere más eficientemente o que la entrada de nuevos operadores sea imposible. Es lo que ocurre con infraestructuras como la red de alta tensión –que en España gestiona Red Eléctrica Española (REE)– o la red de fibra óptica de Telefónica. También con los aeropuertos y redes ferroviarias. De ahí que, al mismo tiempo, sus propietarios y gestores sean los Estados. En estos casos, España no se distingue de los países de su entorno, casi todos han optado en general por su liberalización y paso a manos privadas.

A juicio de Ofelia Betancor y Mari Paz Espinosa, autoras de un informe sobre el sector publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), a los aeropuertos no se les deben aplicar muchos de los principios válidos para los oligopolios. Los denominan “plataformas multilaterales” y el grado de competencia con que operan depende de si existen rivales intermodales –otros medios de transporte–, y de los servicios comerciales que ofrecen. Es lo que ha ocurrido en España con el AVE, que ha obligado a los aeropuertos de Madrid y Barcelona y a las compañías aéreas a intentar frenar el trasvase de pasajeros a la alta velocidad.

En cuanto al segundo factor, en los aeropuertos más pequeños los ingresos “no aeronáuticos”, los comerciales, tienen más peso que en los de mayor tamaño. En el conjunto de los 46 gestionados por Aena, suponen el 28,1% de su facturación, una cifra muy por debajo de la media de la UE, que se sitúa en torno al 50%, según un informe de Juan Santaló y Pilar Socorro también publicado por Fedea.

Ambos profesores concluyen que los aeropuertos de Aena están sujetos a una “escasa competencia real con otros aeropuertos”. Pero, advierten, sus ingresos comerciales les impulsan a bajar las tarifas para atraer más pasajeros, sufren la presión competitiva de la alta velocidad y, en 13 de ellos, la cuota de mercado de la principal aerolínea es superior al 60%, por lo que su “poder de mercado” disminuye.

Las ayudas públicas a Correos

Correos acumula multas de Competencia por abuso de posición dominante. Suma 24,37 millones en sanciones desde 2004 que, posteriormente, han sido anuladas o recortadas en su mayor parte por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. También se encuentra bajo investigación de la Comisión Europea. Su responsable de Competencia, Margrethe Vestager, sospecha que el Estado compensa en exceso a la empresa pública por prestar el servicio postal universal: que las cartas lleguen hasta el último pueblo de España. Considerado como un servicio público irrenunciable, no es rentable para ningún operador privado y Correos lo tiene concedido en exclusiva al menos hasta 2025. Bruselas permite que las empresas perciban compensaciones en estos casos por el déficit que les supone hacerse cargo de esa función básica. Pero investiga si las recibidas del Estado por Correos le otorgan ventajas indebidas.

Es lo que opina Asempre, la asociación que aglutina a los competidores postales. También los órganos de defensa de la competencia, que en sus sucesivos expedientes sancionaban a Correos por dificultar la entrada de nuevas empresas y aplicar a sus grandes clientes –los que le contratan servicios postales por más de 100.000 euros al año– mayores descuentos de los que ofrece a los pequeños operadores, obligados a utilizar la red de la empresa pública.

La facturación de Correos –1.766 millones de euros en 2015–multiplica por 10 la de Unipost, su principal competidor. La Audiencia Nacional reconoció que esos descuentos diferentes estrechan los márgenes de las pequeñas empresas, pero como éstas no han sido “expulsadas del mercado”, rechaza que exista el abuso de posición de dominio que tan claramente constató la CNMC.

Después de cuadriplicar sus beneficios en 2014, hasta alcanzar los 193,9 millones de euros, Correos regresó a las pérdidas el año pasado, 34 millones, las mayores desde 2001. El motivo ha sido precisamente el recorte en la aportación del Estado por el servicio público universal, que descendió en 2015 de 518 a 180 millones.

Loterías gana, la ONCE pierde, el Estado la cubre

En España Loterías del Estado y la ONCE se reparten por ley el mercado del juego. El monopolio estatal de las apuestas se remonta al reinado de Carlos III. En 2011 el Gobierno socialista planeó privatizar el 30% de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, después de modificar la Ley del Juego para regularizar las apuestas online y liberalizar el sector. Pero el anuncio apenas duró unos días. El escaso interés de los inversores y el mal comportamiento de los mercados de capitales en plena crisis hicieron recular al Gobierno para no “malvender” la sociedad, que sólo el año pasado le reportó unos dividendos de 1.556 millones de euros, un 32% más que en 2014. El último ejercicio la sociedad cerró con unos beneficios de 1.778 millones, un 30% más que el anterior. Gestiona la Lotería Nacional, la Lotería Primitiva, los Euromillones y las apuestas deportivas (quiniela e hípicas).

Por el contrario, la ONCE, configurada como una corporación de derecho público de carácter social, pierde mucho dinero cada año. En 2015, 26,22 millones de euros. En 2013 sus números rojos alcanzaron los 87,5 millones. Pero un acuerdo firmado con el Gobierno en 2004 y renovado en 2011, permite a la ONCE cubrir sus pérdidas gracias a una “asignación financiera” del Estado que el Consejo de Ministros aprueba cada año. En el caso de que la ONCE no alcance los objetivos de venta aprobados por el Gobierno, Loterías y Apuestas del Estado le paga, con cargo a los resultados del Euromillones, una cantidad que en 2010 ascendió a 64,5 millones de euros y en 2011 a 88,4 millones, más otros 8,7 de asignación adicional. Así se cubrieron las pérdidas de la organización de ciegos registradas en 2008 y 2009.

Pese a una relación en apariencia tan amistosa, Gobierno y ONCE llegaron a los tribunales por culpa de esa asignación. El Consejo de Ministros acordó en diciembre de 2012 exigir a la organización de ciegos que devolviera 31 millones de euros. La ONCE recurrió y el Supremo falló a su favor en abril de 2014. En total, la organización de ciegos reclamaba el abono de 13 millones de asignación financiera ordinaria y otros 11,5 millones de euros de asignación adicional. En virtud del último acuerdo suscrito, el Estado seguirá cubriendo las pérdidas de la ONCE al menos hasta 2021.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó con 120.000 euros a Orange por impedir de forma injustificada el cambio de compañía a 525 usuarios de telefonía fija entre 2013 y 2014.

La portabilidad (el cambio de operador manteniendo el mismo número de teléfono) es un derecho esencial de los usuarios, según señaló el organismo presidido por José María Marín Quemada. Es el operador, en este caso Orange, el que se encuentra obligado a no realizar actuaciones que retrasen la portabilidad o a no utilizar causas que no corresponden para denegar portabilidades.

Según los datos de portabilidad analizados por la CNMC, Orange rechazó una de cada cinco portabilidades en 2013, lo que la situó por detrás de ONO como la operadora que más portabilidades rechazó.

En 2014, Orange fue la operadora que denegó un mayor número de portabilidades: casi el 16%. Dicho operador alegó la causa denominada "línea inactiva" en un 17% de los rechazos de portabilidad. Esta es una causa que se emplea para solicitudes de portabilidad de clientes que se habrían dado previamente de baja.

Del análisis de la CNMC se desprende que Orange impidió de forma injustificada y reiterada las portabilidades de 525 clientes.

Además, llevó a cabo esta conducta infractora durante un período de tiempo considerable: entre el 4 de enero de 2013 y el 9 de diciembre de 2014.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Senado una moción en la que se pide a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que reduzca las obligaciones impuestas a TelefónicaTelefónicaen fibra dentro de su propuesta regulatoria para el mercado mayorista de banda ancha.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el PP insta al regulador presidido por José María Marín Quemada a que analice los efectos "desfavorables" que se desprenderían para "el sector, el empleo y los objetivos de la Agenda Digital para España" de la modificación de la actual regulación para la banda ancha.

La CNMC ha propuesto obligar a Telefónica a abrir su red de fibra a sus rivales, con unos precios fijados con un test de replicabilidad económica, excepto en nueve municipios –Madrid, Barcelona, Alcalá de Henares, Badalona, Coslada, Móstoles, Málaga, Sevilla y Valencia–. Esta regulación afectará al mercado de acceso directo y se hará a través del VULA (acceso virtual a la fibra óptica).

El Grupo Parlamentario Popular señala que obligar a Telefónica a "ceder" a la competencia a precio regulado el servicio de fibra óptica que está desplegando por todo el territorio nacional puede traer como consecuencia que esta compañía deje de invertir en España durante el ejercicio 2015 alrededor de 800 millones de euros.

"La espiral de consecuencias indeseadas podría afectar, no solo a los 30.000 empleos que en la actualidad trabajan en Telefónica, sino a los 10.000 puestos de trabajo indirectos que el despliegue de fibra óptica estaba generando", añade.

Para el PP, no parece acorde con "los intereses generales del país" que en un momento de cambio de ciclo económico y de creación de empleo se vea privado de una inversión "tan importante" por una postura que carece de "perspectiva económica".

El Grupo Parlamentario Popular se alinea de esta forma con la petición de Telefónica, que instó a la CNMC a modificar la propuesta regulatoria y que ha amenazado con reducir el ritmo de despliegue de su red, y, en contra, de Orange y Vodafone, partidarios de la propuesta.

Efecto colateral

En este sentido, el ministro de Industria, José Manuel Soria, señaló el pasado mes de enero en un acto organizado por dicha compañía que la competencia "no servirá de nada" si las empresas no invierten.

Asimismo, el PP advierte de que una "desproporcionada intervención regulatoria" de la CNMC podría tener efectos "colaterales" en otros grupos privados, como Jazztel, Orange y Vodafone, que están invirtiendo "fuertemente" en redes de futuro.

Orange reiteró recientemente su plan de inversión en fibra, que incluye el objetivo de alcanzar 10 millones de hogares con esta tecnología de nueva generación en 2017, y aclaró que la regulación que propone la CNMC, lejos de desincentivar, les anima y les da una perspectiva "más clara" para hacerlo. Por su parte, Vodafone calificó la propuesta de "razonable, equilibrada, sensata, basada en datos empíricos" y aseguró va en la "buena dirección".

La multinacional francesa Anovo ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a toda la plantilla de su centro en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y cerrarlo. Según ha comunicado a su comité de empresa, el motivo es que ha perdido a su único cliente, el operador de telefonía Orange, después de que éste le exigiera centralizar todas sus operaciones en Madrid. Al tiempo, ya ha comunicado extraoficialmente a sus empleados en la capital española que deberá abrir un turno de noche y que las vacaciones quedan suspendidas para atender la carga de trabajo adicional que les va a llegar de Barcelona.

Anovo compró en 2010 una pequeña empresa de L'Hospitalet, Euroterminal Telecom, justo después de que ésta consiguiera la exclusiva para España de la reparación de los móviles de Orange. La multinacional también se había presentado al concurso, pero lo perdió ante la firma catalana. En sus mejores momentos, el centro de Anovo en Barcelona llegó a tener más de 200 trabajadores. Pero en 2013 empezó a sustituir a sus operarios de plantilla por trabajadores contratados a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y por subcontratas. También comenzó a “desviar” trabajo de L'Hospitalet a sus otros dos centros en España, situados en Málaga y Madrid, explican fuentes del comité de empresa. Precisamente, destacan, los servicios más rentables. Y seguía recortando personal. Hoy son sólo 106 personas en el centro barcelonés. En enero de 2014 perdió el contrato con Orange.

El ganador fue ICP-SMS, división de la empresa ICP Logística, que ya se encargaba de la distribución de los productos de telefonía fija y móvil de Orange. Ahora, por tanto, gestiona todo el servicio posventa de Orange en España, desde la reparación de los móviles hasta la atención telefónica al cliente. Esta empresa cuenta con instalaciones que suman casi 50.000 metros cuadrados, en Meco y Azuqueca de Henares, en Madrid. Anovo tiene plantas en San Sebastián de los Reyes y Getafe.

El final de este gradual adelgazamiento de Euroterminal llegó el pasado martes, cuando Anovo presentó a los representantes de los trabajadores su plan para cerrar las instalaciones en L'Hospitalet y atribuyó a las exigencias de ubicación geográfica de Orange la pérdida del contrato que había aportado hasta entonces el grueso de su facturación.

Un portavoz del operador de telefonía niega la mayor. “Es rotundamente falso”, explica, “tenemos un principio de trabajo multicentros, en el concurso no había ninguna obligación de ubicación geográfica y desde luego no vetamos al centro de Barcelona”. Si Anovo perdió el concurso fue porque Orange, destaca, “trabaja únicamente en función de calidad y coste”.

Anovo, por su parte, no ha contestado a los reiterados intentos de infoLibre por recabar su punto de vista, más allá de expresar su “mejor disposición para con los trabajadores”. Según el comité de empresa de L'Hospitalet, sus indicadores de calidad y productividad son los mejores dentro de Orange y de Anovo. La empresa no ha tenido pérdidas hasta ahora. En su página web, la multinacional destaca que todas sus filiales terminaron 2013 con resultados positivos. Y cifra en un 19% la aportación de la española a su volumen de negocio, sólo por detrás de Francia y Reino Unido. Para 2014 preveía ingresos y beneficios superiores a los del ejercicio precedente. Debe de ser un bocado apetitoso, porque el pasado diciembre la estadounidense Ingram Micro, el mayor distribuidor mundial de productos tecnológicos, lanzó una oferta para comprar Anovo que, curiosamente, excluye sus negocios en la Península Ibérica. La oferta se encuentra a la espera de que la aprueben las autoridades de competencia de la UE.

Catorce años trabajando desde Barcelona

Los trabajadores de Euroterminal-Anovo no saben si dar crédito a los argumentos de la empresa para cerrar: “causas económicas y productivas”. Menos aún si son ciertas las exigencias de Orange, después de llevar trabajando para ellos en Barcelona desde 2001, y en exclusiva desde 2010. “Nos han dicho que al quedarse sin ese contrato, han perdido el 75% de su negocio, y que con el 25% que aún conservan no nos pueden mantener”, se lamenta la presidenta del comité, Cristina Castañón. Sin embargo, el portavoz de Orange asegura que Anovo sigue haciendo el 50% de sus reparaciones.

De hecho, temen que haya otros motivos. Por ejemplo, que los salarios del convenio por el que se rige Euroterminal, el provincial del sector metalúrgico de Barcelona, son superiores a los del estatal que regula las condiciones laborales de los de Madrid. En L'Hospitalet un sueldo base medio asciende a 1.400 euros brutos al mes. La antigüedad la tienen congelada. En Madrid la plantilla de Anovo es de 540 trabajadores, que reparan también móviles de otras operadoras, como Vodafone o Movistar. Fuentes del comité de empresa madrileño esperan que se les comunique oficialmente el próximo lunes los nuevos turnos de trabajo. “Tenemos muchos trabajadores temporales, así que no podremos hacer otra cosa que aceptar”, se lamentan.

Mientras, en L'Hospitalet, no entienden cómo es posible que hayan pasado de ser “la gallina de los huevos de oro”, el Centro de Soluciones Globales de Orange, a una planta en fase de liquidación. “A la empresa le ofrecimos hasta reparar cafeteras”, confiesa Cristina Castañón, “tenemos la tecnología, así que podemos reparar lo que sea”. Anovo no contestó.

La CNMV ha tomado esta decisión al considerar que existe información suficiente de las circunstancias que aconsejaron el lunes la adopción del acuerdo de suspensión.

En el momento en el que el organismo supervisor de los mercados acordó la suspensión, sobre las 17.00 horas, los títulos de Jazztel se revalorizaban más de un 12% y se intercambiaban a un precio de 12,045 euros por acción.

En concreto, el grupo francés Orange ha ofrecido 13 euros por cada acción de Jazztel en una operación que se pagará en efectivo.

La oferta de Orange implica una prima del 7,97% respecto a la cotización de Jazztel en el momento en el que la CNVM suspendió su cotización este lunes y del 21,49% respecto de la cotización con la que cerró el pasado viernes.

El presidente del consejo de administración de Jazztel, Leopoldo Fernández Pujals, titular del 14,48% del capital social, ya ha alcanzado un acuerdo con la empresa francesa, al que también se han sumado el consejero delegado, José Miguel García Fernández, que tiene el 0,21%, y el consejero secretario general, José Ortiz Martínez, con un 0,041%.

Dicho acuerdo, no obstante, está condicionado a la aprobaciones regulatorias y a la aceptación del 50,01% del capital social de Jazztel, sin computar las acciones del presidente, según ha informado la empresa española en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los fondos gestionados por Alken Luxemburgo, que figuran entre los grandes accionistas de Jazztel con un 5% de la compañía, no se han pronunciado hasta el momento sobre una operación en la que Orange lleva meses trabajando y que le permitiría no sólo salir al paso de la adquisición de Ono por parte de Vodafone, sino también competir con Telefónica en telefonía fija.

Además, para dar validez a la compra tampoco se puede aprobar por los órganos de gobierno de Jazztel la operación de adquisición por parte de Xfera Móviles (Yoigo) que se remitió a la CNMV el pasado 11 de septiembre.

El presidente del consejo de administración de Jazztel se ha comprometido a aceptar "de forma irrevocable" la oferta de Orange a pesar de que se formulen otras ofertas de empresas competidoras, siempre que la empresa francesa decida mejorar estas nuevas ofertas.

En el hecho relevante también se hace mención a la aprobación de la operación por parte del consejero delegado de Jazztel, José Miguel García Fernández, y del consejero secretario, José Ortiz Martínez.

De esta forma, se materializaría una operación en la que Orange lleva meses trabajando y que le permitiría no solo salir al paso de la adquisición de Ono por parte de Vodafone, sino también competir con Telefónica en telefonía fija.

En el proceso de análisis de la compra, los directivos de Orange se habían quejado del alto valor de las acciones de Jazztel, si bien no llegaron a renunciar a una adquisición que procuraría al grupo francés 1,4 millones de clientes de banda ancha.

Este lunes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)suspendió la cotización de las acciones de Jazztel "por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones" sobre estos títulos, informa Europa Press.

Según informa en una nota el supervisor del mercado, la decisión, de carácter "cautelar", se produce con "efectos inmediatos". En el momento en el que la CNMV adoptó la medida, sobre las 17.00 horas, los títulos de Jazztel se revalorizaban más de un 12%, dado que se intercambiaban a 12,045 euros por acción, pero habían llegado a subir más de un 15% en algunos momentos.

Las acciones de Jazztel han experimentado una revalorización del 30% en lo que va de año y del 53,6% en los últimos doce meses. Por su parte, los títulos de Orange registraban pérdidas este lunes en Bolsa del 1,93%, mientras que los de Teliasonera se dejaban un 1,04% de su valor.

Los operadores de telecomunicaciones han pedido al Ministerio de Industria acortar al máximo los plazos para la liberación del dividendo digital y poder así disponer cuanto antes de las frecuencias de 800 MHz para servicios de cuarta generación móvil, según han informado fuentes de los operadores a Europa Press.

Las compañías han incluido esta petición entre las alegaciones que se presentarán a Industria en relación al plan técnico que va a permitir la liberación definitiva de esta parte del espectro radioeléctrico, ocupada ahora por cadenas de televisión, y que permitiría llevar el 4G a poblaciones más pequeñas, dar mayor cobertura geográfica y ofrecer una mejor calidad en el interior de edificios.

Con el objetivo de asegurar que las frecuencias de 800 MHz estén disponibles para el despliegue de redes LTE (Long Term Evolution) es fundamental llevar a cabo el cese de las emisiones de televisión que actualmente emplean esta banda.

Se contempla que pase de un mes a 15 días el plazo que se da para que desde la publicación del Real Decreto en el BOE, los titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual televisiva emitan en los nuevos múltiples asignados.

En caso de que no se acepte la reducción del plazo, se propone dar una fecha concreta con el fin de garantizar que se cumple con los periodos fijados, que establecen el 31 de diciembre de 2014 como fecha límite para el cese de las emisiones de televisión en la banda de 800 MHz.

Telefónica, Vodafone y Orange, que actualmente han desplegado en España el 4G en las bandas 1.800 Mhz y 2.600 Mhz, ya desembolsaron 1.300 millones de euros en 2011 para poder disponer de la banda de 800 Mhz.

Fuentes de los operadores han indicado que les hubiera gustado que el plan técnico incluyera alguna referencia al segundo dividendo digital al fin de atender a la futura liberación de la banda 700 MHz, también para comunicaciones móviles, de forma que se minore los costes y perjuicios para los ciudadanos.

Fue el viernes 17 de enero por la mañana. Avería en la línea de tren de cercanías RER A durante varias horas. “Accidente con víctimas personales”, se podía leer en las pantallas. Suicidio, según habrían de recoger poco después algunos despachos de agencia. N. F. se lanzó al paso de un tren por la estación de Auber. Trabajaba en Orange-France Télécom, en la división de atención al cliente, en Poncelet, en París. Tenía 42 años y sufría en el trabajo de ese malestar que carcome a la que fuera empresa pública de correos y telégrafos, tras su privatización y con la consiguiente puesta en marcha del plan de restructuración Next del expresidente ejecutivo Didier Lombard. Todo el mundo lo sabía. Su jefe responsable del supuesto acoso laboral. El comité de higiene, de seguridad y de condiciones laborales. La Inspección de trabajo que está llevando a cabo una investigación…

N.F. es el segundo trabajador de Orange-France Télécom que puso fin a su vida en 2014. El primero, R.C., directivo en la dirección técnica francesa de Arcueil, en Val-de-Marne [en las proximidades de París], se había ahorcado tres días antes, el 14 de enero. Tenía tres hijos, acaba de ser trasladado, no podía soportar el trato de sus nuevos jefes y había hablado a sus colegas, a los representantes sindicales del malestar que sentía.

Desde entonces, ochos trabajadores de Orange-France Télécom se han suicidado en Francia. En ocho de cada diez ocasiones, el suicido tiene una vinculación directa con el trabajo, aunque no suceda en el puesto de trabajo, según los sindicatos y el Observatorio del estrés y de los traslados voluntarios de France Télécom, creado a iniciativa sindical. La última de las víctimas tenía 25 años y trabajaba como aprendiz, en el área técnica de Eysines, cerca de Burdeos. Se suicidó el pasado 6 de marzo.

Diez suicidios entre el 14 de enero de 2014 y el 6 de marzo de 2014. Diez suicidios en menos de dos meses: tres mujeres, siete hombres, de todas las edades, con diferente cualificación, entre ellos asalariados “aislados”, con frecuencia separados de su puesto por razones salud (baja por enfermedad, a veces de larga duración). Prácticamente igual a la cifra que se registró en todo 2013, cuando, según las cifras del Observatorio, se contabilizaron 13 casos. “En los últimos dos años, con la llegada del nuevo presidente ejecutivo Stéphane Richard, el ambiente laboral había ido a mejor. Siempre ha habido suicidios, pero la media era de uno al mes”, rememora Patrick Ackerman, delegado sindical de SUD.

En 2008-2009, hubo en torno a una cuarentena de suicidios en apenas 24 meses, el peor momento de la crisis social que sacudió a la antigua France Télécom y que llevó en julio de 2012 a la imputación de la compañía por acoso moral (y al expresidente ejecutivo Didier Lombard y a dos de sus colaboradores, su antiguo número dos Louis-Pierre Wenes y el antiguo director de Recursos Humanos Olivier Barberot, a raíz de un informe de la Inspección del trabajo que cuestionaba la política de gestión de personal y de una denuncia de la federación sindical SUD-PTT). Los sindicatos (CFDT, CFE-CGC, CGT, FO, Sud) dieron la voz de alarma, temían una “escalada” suicida. Todavía más inquietante que la multiplicación de estos dramas es el hecho de que se producen de forma cada vez más violenta: trabajadores que se inmolan prendiéndose fuego, otros que se lanzan a las vías al paso de un tren, otro se apuñaló. La última vez que el grupo empresarial registró un aumento considerable de los suicidios fue en la época de Lombard, meses antes de dejar la presidencia del grupo en manos de Stéphane Richard. Entre enero y febrero de 2010, hubo nueve suicidios, es decir, un 180% más que en 2009.

Durante la celebración del Comité nacional de salud, higiene, seguridad y condiciones del trabajo (CNSHSCT), los sindicatos, de manera unánime, denunciaron que la salud y la seguridad de los trabajadores, en el seno del grupo, se encontraba en peligro. Reclamaron a la dirección medidas “inmediatas y correctivas” para acabar con este aumento de los suicidios que pone en evidencia que la “comunidad Orange” –en palabras de Bruno Mettling, director general adjunto del grupo–, está lejos de sentirse más tranquila, a pesar de la llegada en 2011 del nuevo presidente ejecutivo director general y de la firma de un nuevo “contrato social”, tras múltiples negociaciones.

“Inmolarse para que todo el mundo lo vea”

“No deseamos dañar la imagen de Orange, sino obligar a la empresa a que adopte las medidas adecuadas para que ponga fin a esta espiral infernal”. Philippe Méric es representante sindical de Sud en el comité CNSHSCT. Asegura estar “traumatizado, como todo el mundo, por la oleada de suicidios registrados en 2008-2009” –como consecuencia del plan Next que contemplaba la supresión de 22.000 puestos y la reubicación de 14.000 asalariados a otras tareas, todo ello llevado a cabo con gran despotismo empresarial, “por las buenas o por las malas”, en palabras de Lombard–. Ahora, Méric cree que “la empresa, después de un tiempo de calma, ha vuelto por sus fueros”.

“Con el pretexto de que la competencia es feroz y que ha caído la cifra de negocios, la empresa vuelve a presionar a sus empleados”, continúa Jean-Pierre Testi, representante sindical de CEFE-CGC. “A día de hoy nos encontramos frente a los mismos factores estructurales presentes durante la crisis de 2007-2009, pero uno de los más graves es el aumento fulgurante de los suicidios”.

Plan de supresión de empleos programados a lo largo de varios años, bajas que no se cubren, aceleración de las fusiones, restructuraciones, cierre de oficinas, cambio de puestos, cambios en el entorno laboral… Los sindicatos argumentan que los trabajadores se ven sometidos a presión por todas partes y la situación social se ha hecho más tensa desde hace 18 meses con la irrupción del operador Free en el mundo de la telefonía móvil.

En el área de salud de la empresa, departamento que se ha visto reforzado desde que surgió la crisis, dan buena fe de ello. Lejos quedan las encuestas internas de las que se desprendía que el 81% de los asalariados estaban orgullosos de pertenecer a la comunidad Orange (frente al 39% registrado en 2009), médicos, asistentes sociales, personal de prevención ven como la inquietud va ganando terreno entre el personal incluso entre los que afirman “sentirse bien en el trabajo”. “Los trabajadores a los que trato me hablan de que existe una presión comercial continua, basada en incentivos individuales (mensuales) en función del resultado, lo que deriva en malestar por las “ventas forzadas”, y que sufren tanto los que ejercen dicha presión como, con mayor frecuencia, los que la padecen en sus carnes. Ese malestar va a más debido a la situación de crisis económica por la que atraviesan los clientes, como los profesionales autónomos y las pymes, dado que los objetivos permanecen invariables mientras que las oportunidades de venta caen”, explica, una asistente social, que pide que no se revele su identidad, pero que ha conocido todo tipo de cambios en el grupo desde hace 30 años. En 2013, dos trabajadores en uno de sus momentos más bajos le confiaron su voluntad de inmolarse delante de una tienda de Orange “para que todo el mundo lo viese”…

También es testigo de cómo las reducciones de jornada de los trabajadores seniors (un total de 15.000 hasta 2015 y 30.000 hasta 2020) apenas se cubren (se prevén 4.000 contrataciones hasta 2015) causan inquietud entre los que se quedan, sobre todo en las unidades de intervención –en los servicios técnicos–, donde la tasa de suicidios es particularmente elevada “porque desconocen completamente cómo se va a organizar el trabajo y temen verse degradados nuevamente, tanto en la tarea que desempeñan como en la calidad del trabajo realizado”.

“La amortización de los puestos hace que los trabajadores no puedan plantearse un traslado, por ejemplo, para acabar con una mala situación laboral (plataforma de llamadas, venta)”, explica. “Esta ausencia de perspectivas genera una sensación de encierro y de irreversibilidad. Las personas consideradas no aptas para el puesto por existir riesgo para la salud o riesgos psicosociales tienen cada vez una peor reubicacación por las mismas razones”.

En un comunicado publicado en su página web, el Observatorio del estrés habla de “hacerlo mejor con menos” y “del regreso a los viejos métodos de gestión de personal que, a pesar de las investigaciones y de las advertencias, conducen a patologías de aislamiento del que forman parte los suicidios: traslados forzosos, evaluación individual de los resultados, puesta en competencia entre los asalariados, retos, coaching, etc.”. “Para tratar de hacer frente a las disfunciones que aparecen en todas partes, queriendo al mismo tiempo aumentar la productividad, los responsables llevan a cabo reorganizaciones incesantes y en ocasiones contradictorias, que dan como resultado un aumento de los traslados profesionales y geográficos, incertidumbre sobre la duración del trabajo”.

“Son necesarias medidas sobre el empleo, las restructuraciones, las fuentes de sufrimiento”

La dirección de la firma, por su parte, que dice actuar “respetando el convenio colectivo”, se niega a asociar el empeoramiento de la situación con las políticas llevadas a cabo en materia de empleo en Francia. En un extenso correo enviado el 11 de marzo a los miembros del CNSHSCT, Bruno Mettling, director general adjunto del grupo, desarrolla sus argumentos a este respecto.

Evoca los instrumentos de prevención puestos en marcha tras la crisis de 2008, que califica de “zócalo sólido para adelantarse a las tensiones”, “sin parangón en nuestro país”, y de su tristeza ante los recientes suicidios: “Aunque no se puede extraer ninguna conclusión, la sucesión de los mismos nos lleva a estar vigilantes y a preguntarnos sobre la eficacia de los numerosos instrumentos de prevención puestos en marcha desde hace varios años en el seno de la empresa”.

La “postura” de la empresa ante estos dramas pasa por: “El rechazo de la negación y el análisis caso a caso, bajo la supervisión del CHSCT, de las condiciones en las que se puede establecer, o no, una relación directa entre cada uno de estos dramas y el entorno laboral, enorme cautela en cuanto a la comunicación de los hechos que no se conocen de primera mano: los profesionales de la salud insisten en los riesgos asociados que puede conllevar para ciertas personas más frágiles conocer este tipo de informaciones; el rechazo de cualquier instrumentalización de estos dramas pero al mismo tiempo un compromiso fuerte y la total disposición empresarial para comprender los pormenores, sobre todo mediante el análisis con los representantes sociales”.

Las reuniones que de forma inmediata van a mantener las instancias nacionales del grupo, el Comité de salud, higiene, seguridad y condiciones de trabajo y el Comité nacional de prevención del estrés deberían confirmar, o no, este último punto. La reunión del comité CNSHSCT tendrá lugar el 21 de marzo. Jean-François Colin, presidente de acción social y de mediación lanzada por Stéphane Richard y dirigido “a ciertas personas frágiles” acudirá y presentará sus “recomendaciones”.

“La dirección debe encontrarse en un momento crítico para enviarnos al amigo de Richard, el bombero de la dirección desde su nombramiento a finales de 2010. Goza de una buena imagen para los sindicatos por su papel en la búsqueda de soluciones para los casos más extremos, pero creer que va a solucionar la crisis es un poco inocente. Son necesarias medidas para el empleo, las restructuraciones, las fuentes de sufrimiento en el trabajo, que la dirección niega”, comenta un sindicalista que habría preferido que el Observatorio nacional de los suicidios, puesto en marcha por la ministra de Sanidad para llegar al fondo de esta situación, elaborase un estudio .

Por su parte, el Observatorio del estrés ultima la publicación de una comparativa entre el segundo suicidio de 2014, uno de los pocos que tuvieron repercusión mediática, el de N.F. que se lanzó al RER A y la investigación llevada a cabo hace cuatro años por un experto con relación a un suicidio en Annecy, el 28 de septiembre de 2009, de un agente de France Télécom, que se tiró desde un viaducto situado sobre una autopista, después de haber cuestionado su trabajo y su empresa. Según el Observatorio, existen numerosas similitudes. Se constata por ejemplo que las demandas realizadas en febrero de 2010 reflejaban una reducción drástica del número de aplicaciones informáticas (38) que han de utilizar los agentes para atender las demandas de los clientes (que son una fuente de gran estrés), no se aplicaron. En la agencia de Poncelet donde tuvo lugar la muerte de N.F. se registró un “impacto de una violencia inaudita”, la Inspección de trabajo ha contabilizado 49. Algunas de ellas de enorme complejidad…

Traducción: Mariola Moreno

El Instituto Nacional de Consumo está estudiando emprender acciones contra Vodafone, Orange y Yoigo por no haber accedido a los requerimientos del organismo, que les pedía que eliminaran una cláusula abusiva en la modalidad de tarjetas prepago.

Esta cláusula a la que se refiere el organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, permite a las operadoras quedarse con los saldos no utilizados por el cliente bien por obligar a unos consumos mínimos o a unas recargas periódicas que, de no producirse, conllevan la pérdida del saldo disponible en ese momento.

Consumo señaló, sin mencionar nombres, que se pidió a nueve operadoras de telefonía móvil que cambiaran dicha cláusula al entender que la misma era abusiva. De ellas, seis han accedido al requerimiento y han suprimido la cláusula, por lo que se han archivado sus expedientes, mientras que otras tres no han atendido a la petición, razón por la cual Consumo está estudiando distintas acciones a emprender con el fin de que también la supriman.

Fuentes de Orange han indicado que la compañía ha presentado alegaciones al requerimiento al considerar que no existe "ninguna razón objetiva" para considerar como abusiva una práctica que "solo procura el uso razonable del espectro numérico, que es limitado".

Además, estas fuentes han recordado que en Francia una asociación de consumidores presentó una demanda por una cuestión similar ante los tribunales de Justicia, que consideraron la práctica "perfectamente válida y legal, no lesiva para los consumidores".

Perfectamente legal

Por su parte, fuentes de Yoigo han indicado que la firma devuelve el saldo a todo el que lo solicita tras la baja de la línea. "Hace algo más de un año eliminamos de las condiciones generales prepago la cláusula que nos permitía quedarnos con el saldo de la tarjeta si el cliente se daba de baja", puntualizaron.

En lo que respecta al consumo mínimo en prepago, Yoigo ha indicado que es una característica de algunas de sus tarifas de prepago desde diciembre de 2006 y ha añadido que es "perfectamente legal".

La petición de Consumo surge a raíz de una consulta del Servicio de Inspección de la Comunitat Valenciana sobre la incoación de un expediente sancionador a una operadora de telefonía móvil por la no devolución del saldo de una tarjeta prepago al cancelar la línea por falta de uso, procedió a estudiar las condiciones de contratación de nueve operadores de telefonía móvil y detectó que todas incluían una o varias cláusulas que les permitía quedarse con los saldos de los clientes en ciertos supuestos sin que estos pudieran recuperarlos.

Por esta razón, el organismo procedió a pedir a dichas compañías que retiraran la cláusula de sus contratos de prepago. Para este requerimiento a los operadores, el organismo se ha amparado en un informe propio, en colaboración con las autoridades de consumo de las comunidades autónomas, de 2011 sobre la posible calificación como abusivas de determinadas cláusulas de un contrato de tarjeta prepago utilizadas por una empresa de telefonía.

En concreto, este informe se elaboró a raíz de una consulta de la Junta de Andalucía sobre algunas de estas cláusulas incluidas en las condiciones de contratación de las operadoras en la modalidad de prepago. Así, el informe concluía que, según lo previsto por el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, estas cláusulas pueden calificarse "en efecto" de abusivas.

Facua anima a los usuarios a reclamar el saldo no consumido

Por su parte, Facua ha pedido a las autoridades autonómicas que impongan multas proporcionales a la cuantía del fraude y ha recordado a los usuarios que pueden reclamar a las compañías la devolución del dinero que se hayan "agenciado" con estas prácticas, a la vez que han exigido a las autoridades competentes que velen por su reembolso.

Facua, que denunció estas prácticas en 2009, hace mención en su denuncia al artículo 87.6 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que considera abusivas "las estipulaciones que impongan (...) la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado y el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente".

Facua denuncia a Jazztel, Vodafone y Yoigo por cobrar el papel de la factura

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Jazztel, Vodafone y Yoigo por cobrar o anunciar el cobro de 1 euro más IVA (1,21 euros) por emitir la factura física o de papel a los usuarios. La asociación pide a las autoridades de consumo que impongan las sanciones pertinentes a las compañías telefónicas que realicen esta práctica y advierte que la misma es abusiva y supone un atropello a los derechos de los consumidores.

Orange y Vodafone han solicitado a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) que obligue a Telefónica a negociar "de inmediato" un acuerdo para la compartición de infraestructuras verticales en el despliegue de fibra y a que este proceso concluya antes del 1 de junio con un compromiso "recíproco" de acceso a verticales.

Con este muevo paso, los rivales de Telefónica, que ya había manifestado su "profundo malestar" respecto a esta situación, dan un paso efectivo al requerir la intervención "urgente" de la CMT ante "la imposibilidad" de alcanzar un acuerdo con Telefónica.

El pasado mes de marzo ambas compañías anunciaron un acuerdo para desplegar en España de forma complementaria y coordinada una red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) con el objetivo de llegar, en más de 50 ciudades, a 6 millones de unidades inmobiliarias en los próximos 4 años y medio, con una inversión prevista aproximada de 1.000 millones de euros.

"Un elemento fundamental para la consecución de los objetivos de este acuerdo es la posibilidad de compartir cableados verticales con otros operadores presentes en las zonas de cobertura. Por este motivo, es urgente que se cierren acuerdos que aceleren el despliegue de la nueva infraestructura", han explicado las fuentes.

Telefónica hará una nueva oferta

Fuentes de Telefónica consultadas por Europa Press han indicado a este respecto que las negociaciones permanecen "abiertas" y muestran su disposición a continuar buscando un acuerdo "satisfactorio" para todas las partes que contribuya al desarrollo del sector, como "ha venido haciendo a lo largo de todo el proceso que se inició hace más de nueve meses".

Por esta razón, la compañía presidida por César Alierta remitirá en los próximos días una nueva propuesta con el objetivo de debatirla en el "seno de ese marco de negociación ", han asegurado las fuentes.

Telefónica tiene ya, según los datos de cierre del ejercicio 2012, más de 2,2 millones de hogares pasados con su red de fibra óptica hasta el domicilio. Además, de acuerdo con las cifras de la CMT, a enero de 2013, la compañía tenía 362.689 líneas de fibra contratadas, un 94,6% del total.

Además, Telefónica firmó un acuerdo el pasado mes de octubre con Jazztel para el despliegue conjunto de fibra que alcanzará los 3 millones de hogares.

Temor al monopolio

El pasado mes de marzo, en un encuentro con periodistas con motivo de la presentación de su plan de fibra, los máximos responsables de Vodafone y Orange en España, Antonio Coimbra y Jean Marc Vignolles, manifestaron su claro malestar ante la imposibilidad de llegar a acuerdos de compartición de infraestructuras verticales con Telefónica, a la que acusaron de poner trabas en la competencia en fibra, advirtiendo de que si no alcanzan un acuerdo en verticales, acudirían a la CMT para que obligue a la firma presidida por César Alierta a compartir estas infraestructuras e, incluso, de ser necesario, a la Comisión Nacional de Competencia (CNC) e, incluso, a Bruselas.

Los directivos advirtieron entonces que estos movimientos por parte de Telefónica podían reconducir a una vuelta al monopolio y eran negativos para la competencia y para la inversión de otras compañías del sector.

El organismo regulador ha explicado que la caída de casi 250.000 líneas se debió al descenso en prepago, que disminuyó en 253.000 líneas, y que fue especialmente "acusado" en Movistar y Vodafone.

Por operadores, Movistar perdió 243.130 líneas, seguido de Vodafone, con 217.630 líneas menos y Orange, con 50.930 líneas menos. Por el contrario, Yoigo ganó 85.340 líneas y el conjunto de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) sumaron 179.370 líneas.

De esta forma, enero cerró con 52,7 millones de líneas móviles, con una proporción de 114,1 líneas por cada 100 habitantes (si se computan líneas móviles y datacards).

Virtuales

En cuanto a las cifras de portabilidad por operadores, los ganadores volvieron a ser los OMV, con un saldo neto favorable de 170.414 números; seguidos de Yoigo, con 30.970 números y de Orange, con 16.769 números. Los operadores que obtuvieron un saldo negativo fueron Movistar y Vodafone, con 106.486 y 111.667 números menos, respectivamente.

En cuanto al mercado de Internet fijo, la banda ancha añadió 60.393 líneas al mercado durante el mes de enero y mantuvo la tendencia positiva que registra este segmento durante los últimos meses.

En concreto, la captación de líneas de banda ancha estuvo liderada por los operadores alternativos, con 30.090 líneas, seguida de Telefónica que ganó 27.920 líneas. Por su parte, los operadores de cable ganaron 2.390 líneas durante el mes.

Fibra

Del total de nuevas líneas contratadas, un 36,2%, es decir 21.918 líneas, correspondieron a conexiones de fibra hasta el hogar (FTTH), que superaron las 354.000 conexiones, de las cuales un 97% (345.164 líneas) pertenecen a Telefónica.

El número total de líneas de banda ancha en España alcanzó los 11,62 millones. Por cuota de mercado, Telefónica mantenía en enero un 48,32% del mercado, seguido de los operadores alternativos, con un 33,05%, y de los de cable, con un 18,63%.

Por su parte, siguiendo la tendencia habitual, las líneas fijas disminuyeron en 40.169 líneas, hasta los 18,97 millones de líneas. El saldo neto fue negativo en el segmento de negocios, con 59.073 líneas menos, mientras que en el ámbito residencial se registró un ligero aumento de 18.904 líneas.