El Ministerio de Igualdad ha impuesto a la empresa responsable del servicio de las pulseras antimaltrato, una Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Vodafone y Securitas, una multa de 25.285 euros por las incidencias detectadas en el sistema del pasado 11 de noviembre de 2025 por una caída del servidor.

La decisión se ha tomado, según han informado fuentes de Igualdad, tras la investigación derivada de la apertura de un expediente por las incidencias detectadas en el sistema, denominado Cometa, entre las cuatro de la mañana y las cinco de la tarde del 11 de noviembre. En ese momento, la empresa adjudicataria del servicio era una UTE formada por Vodafone y Securitas y se registró una incidencia técnica por la caída del servidor durante 12 horas.

Eso produjo retrasos en la recepción de la información de las geolocalizaciones de víctimas y agresores en los otros tres servidores, por lo que se activó el plan de contingencia con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para que las víctimas no estuvieran en riesgo, según informó Igualdad pocos días después.

Esta incidencia se conocía tras la agitada polémica por anteriores fallos de las pulseras antimaltrato, que habían afectado —entre otras cuestiones— a la geolocalización de las víctimas o sus agresores. "Ninguna tecnología es infalible. Pero desde el Ministerio de Igualdad insistimos en que el sistema funciona con normalidad, gracias también a la implicación de la empresa en la prestación del mejor servicio posible", ha aseverado el departamento dirigido por Ana Redondo, según el cual, la sanción se hará efectiva mediante la deducción de cantidades.

"Esto es inconstitucional. Es como si se cerrara un edificio entero porque en uno de los pisos se trafica". Así resume Eduardo Saldaña, codirector de El Orden Mundial, la impotencia que llevan sufriendo en este medio de análisis internacional durante los últimos dos meses. Con cada partido de LaLiga, da igual que sea sábado, domingo o entre semana, su web se apaga impidiendo que los usuarios accedan a sus informaciones y que sus propios empleados puedan entrar al sistema para trabajar durante horas. 

Lo que le está pasando a El Orden Mundial no es una anomalía. Decenas de webs totalmente legales y legítimas llevan desde principios de febrero sufriendo estos bloqueos por la lucha contra el fraude y la piratería audiovisual de LaLiga para proteger sus derechos audiovisuales. En el sitio ¿Hay ahora fútbol? es posible monitorizar el estado de los cortes y se puede comprobar cómo durante el fin de semana son notables desde las 16 horas hasta medianoche. "Hay un silencio absoluto por parte de las autoridades porque es LaLiga. Estamos luchando contra un Goliat dopado", asegura Saldaña.

La entidad presidida por Javier Tebas cuenta con una orden judicial que le permite solicitar a las operadoras de telefonía cuando hay fútbol estos "bloqueos dinámicos y temporales" de rangos de IPs que hacen retransmisiones ilegales de partidos y que están vinculadas al servidor Cloudflare, uno de los principales proveedores a nivel mundial. Fuentes de LaLiga consultadas por infoLibre señalan que "a día de hoy, no hemos recibido tampoco ninguna reclamación formal". 

"Estos bloqueos son una buena idea contra la piratería, el problema es cómo se está ejecutando. Se puede hacer a cañonazos o de forma selectiva. Como el juez no decide cómo, lo están haciendo a cañonazos", explica Ofelia Tejerina, abogada y presidenta de la Asociación de Internautas, para la que la idea puede ser "aceptable" en el sentido de "proteger el dinero de una empresa privada": "Pero esto no es admisible en un estado democrático como España porque se afectan a derechos fundamentales como la libertad de expresión, de información o de empresa". 

"LaLiga tiene una política judicial más agresiva que la que tuvo la SGAE, que se convirtió en el objetivo número uno de los internautas", admite Carlos Sánchez Almeida, abogado director de Bufet Almeida y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. Por que estos bloqueos recuerdan a todo lo que ocurrió en la época de la pirateria de cine y series tras la aprobación de la Ley Sinde, que modificó la ley de Propiedad Intelectual para permitir a los titulares de derechos de autor demandar el cierre de páginas web que faciliten la distribución ilegal de sus obras. 

Tal y como detalla Xataka, lo que está ocurriendo ahora es que entre estas IPs que se apagan hay algunas que no están dedicadas a un único servicio, es decir, se comparten entre decenas, cientos e incluso miles de ellos. Si el proveedor de internet no realiza un bloqueo selectivo, también se afecta a otros servicios que son totalmente legítimos. Y no pueden hacerlo porque Cloudflare anonimiza los datos de sus clientes. Fuentes de LaLiga defienden que no se trata de un movimiento "masivo e indiscriminado" sino que "algunos proveedores se niegan a colaborar y prefieren perjudicar a sus usuarios legales y legítimos mientras se lucran de la piratería y otras actividades ilegales". Los usan como "un escudo digital". La entidad que preside Tebas recuerda que esta plataforma ya ha sido sentenciada en Francia, Italia y Alemania por no colaborar en la lucha contra la piratería.

No obstante, el efecto dominó ha provocado que patrocinadores de clubes, como Kelme, la web de soporte de Samsung o la RAE hayan vivido puntualmente alguno de estos bloqueos desde el pasado febrero. Otros como El Orden Mundial, Only Tenis o plataformas de eCommerce lo sufren partido tras partido y juegue quien juegue. Y, cuando afectan a un medio, tal y como recuerda Tejerina, "hablamos ya de un derecho fundamental como el de la libertad de información". 

"Nos afecta al tráfico web y a la conversión de suscriptores. Tampoco podemos acceder a nuestro espacio de trabajo", reconoce Saldaña en conversación con infoLibre. Una lista de afectados por estos bloqueos con decenas de empresas y negocios valoran ya en casi 200.000 euros las pérdidas económicas. 

Desde El Orden Mundial aún no ponen una cifra exacta a las pérdidas que le supone esta situación aunque ya han notado que durante el último mes han bajado las suscripciones debido a que "el fin de semana es cuando más se producen" y el bloqueo de la web en determinadas horas estos días supone "un obstáculo para que cualquier persona pueda acceder con normalidad". "Es desesperante. El pasado sábado tenía que trabajar y no pude desde las 18 hasta las 21", relata Saldaña. 

"Todos aquellos que están en Cloudflare y no tienen nada que con retransmisiones piratas de fútbol son víctimas de una medida judicial excesiva y de un abuso de derecho que se ha perpetrado por un contubernio entre la parte demandada y la demandante", explica Sánchez Almeida porque las operadoras "no han defendido los derechos de sus clientes". 

¿Qué soluciones tienen? LaLiga ha puesto un buzón de comunicación a disposición de las empresas legales que se vean afectadas. Por su parte, El Orden Mundial ya tiene sobre la mesa buscar un servicio alternativo a Cloudflare porque desde la plataforma no les ofrecen alternativas y pagar tampoco les asegura que no les bloqueen: "Todo el mundo nos está diciendo que la situación es complicada y que se puede prolongar en el tiempo". 

Además, El Orden Mundial también se plantea sumarse a la demanda colectiva que se está preparando porque todo hace pensar que los bloqueos continuarán en las cuatro jornadas que restan esta temporada, quizás incluso de forma más intensa en la de este mismo domingo con el clásico entre Barcelona y Real Madrid que se juega a partir de las 16.15 horas. Asimismo, la sentencia en la que se apoya LaLiga se extiende hasta el curso 2026/27. El problema aquí es que estas empresas para poder reclamar tienen que contratar un abogado y, según Tejerina, supone unos gastos de "unos 2.000 euros" que no todas se pueden permitir.

También, tal y como adelanta Tejerina, se está preparando un recurso ante el Tribunal Constitucional. "Tiene la relevancia suficiente para que la corte de garantías no se lo pueda quitar de encima sin entrar en el fondo", indica esta abogada. 

Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La lucha de LaLiga contra estas prácticas piratas vienen de lejos. En palabras del propio Tebas en un Desayuno Deportivo de Europa Press el pasado febrero, "la piratería es el mayor competidor que tenemos". En concreto, afirmó que en España "el 30% paga menos o gratis" por ver un partido: "Si esto sigue así en cuatro o cinco años el fútbol español estará en la ruina, no es ser valientes, es ser coherentes y responsables". Fuentes de la LaLiga estiman que las pérdidas económicas derivadas de la piratería oscilan entre los 600 y 700 millones de euros anuales.

Así, en 2019, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso al ente una multa de 250.000 euros por espiar a los bares con su app para analizar si retransmitían partidos sin pagar, aunque finalmente el Supremo absolvió al ente en 2024. En 2021, logró una orden para bloquear dominios pertenecientes a varios proveedores de IPTV y cardsharing, un método para compartir el acceso a servicios de pago. En 2024, la Audiencia Nacional hizo un amago de cerrar Telegram, por compartir contenido con copyright, incluyendo el fútbol, aunque finalmente dio marcha atrás porque calificó esta decisión de "excesiva y no proporcional".

Ahora, después de identificar que muchas plataformas "piratas" utilizaban los servicios de Cloudflare para ocultar su identidad y evadir sus medidas antipiratería, presentó una demanda junto a Telefónica y logró una orden en diciembre de 2024 para solicitar a operadoras como Movistar, O2, DIGI y MásOrange bloqueos temporales de IPs. "Telefónica y Movistar se autodemandan y esto es un abuso de derechos porque se allanan (que se refiere a la conformidad o aceptación de una parte ante la petición de la parte contraria, que en este caso es la misma empresa) y el juez no entra en el fondo del procedimiento", explica Tejerina. 

"Intentar eliminar Telegram sin entender cómo funciona es lo que hace ambos casos tan parecidos. La idea es buena, pero la ejecución es torpe", reconoce Tejerina. "Bloquear contenido sin revisar lo que bloquean lo que hace es demostrar a todo el mundo es que se te olvida que tu objetivo son los malos y el resto te da igual", detalla esta experta que apunta que los que piratean el fútbol van a seguir creando contenido pirata porque pueden "recurrir a otros métodos" ya que "la tecnológica no se crea ni se destruye, se transforma". En cambio,  "están dejando a gente normal sin servicio para sus clientes o sin poder informar"  

Esta sentencia fue respaldada este mismo marzo por el juzgado de lo mercantil nº6 de Barcelona que desestimó las solicitudes de nulidad de actuaciones presentadas por Cloudflare y RootedCON al ratificar, según fuentes de LaLiga, "la validez del procedimiento seguido, descartando que exista un procedimiento de bloqueos masivos ni indiscriminados, declarando expresamente que no existe merma de garantías"."Al haber un allanamiento previo, el juez concluye que no existen daños y vuelve a no entrar en el fondo del asunto", apostilla Tejerina. 

En esta línea de ofensiva contra Cloudflare, esta misma semana, LaLiga ha anunciado que una alianza con Twitch, Vercel, Scaleway y Gcoreque, varios de los competidores del servidor, para trabajar en su estrategia antipiratería y desactivar las transmisiones piratas de partidos bloqueando de forma específica estos dominios. 

¿Qué base legal respalda estas sentencias? Los expertos consultados por infoLibre coinciden en que ninguna. Sánchez Almeida recuerda que "el fútbol carece de propiedad intelectual" por lo que "los artículos que se han invocado no pueden ser aplicados a acontecimientos deportivos". En este caso, tal y como señala Tejerina, tendría que tratarse de "los derechos de retransmisión" pero "LaLiga los tienen cedidos".

La sentencia de diciembre de 2024 se basa en el artículo 270.2 del Código Penal que penaliza "la facilitación, distribución o puesta a disposición de listas clasificadas de obras protegidas por derechos de autor sin autorización". Sin embargo, en 2022, una sentencia del Tribunal Supremo estableció que la emisión de un partido de fútbol no encaja en la noción de "obra o prestación literaria, artística o científica" porque "es un espectáculo deportivo, no artístico". "Es una sentencia desgraciada de un juzgado de lo mercantil", indica Sánchez Almeida que apunta que LaLiga tiene "un derecho civil a cobrar por las entradas o por las retransmisiones, pero no es un derecho fundamental". 

Todos estos bloqueos, ¿vulneran derechos fundamentales como el acceso a la información o la libertad de expresión? "Sí, pero no llegan al nivel de la censura previa o a impedir a alguien un derecho, esto son delitos. Pero, en este caso, lo que han hecho es pactar sin considerar los derechos de los usuarios, que son los grandes perjudicados", sostiene Sánchez Almeida. 

Ofelia Tejerina considera que estos bloqueos abren la puerta a una censura técnica porque "si no controlan a donde disparan", es decir, a que webs afecta, su finalidad legítima se "distorsiona" porque al final solo "protegen los negocios privados de una empresa": "Nunca se ha usado este método en delitos como la pederastia o el terrorismo".

Para Eduardo Saldaña, que se pregunta qué tipo de jurisprudencia se crea con estos bloqueos, asegura que el principal riesgo que existe es que estas decisiones se normalicen. "Es una violación de los derechos digitales", defiende el codirector de El Orden Mundial que además recuerda que, a pesar de esta ofensiva, lo cierto es que en redes sociales se sigue viendo cómo la gente sigue consumiendo fútbol en retransmisiones piratas: "No está funcionando". "No podemos permitir que una organización como LaLiga tenga tantísima impunidad", concluye. 

Como recibir un mazazo. Así percibieron los trabajadores de Vodafone España, ahora propiedad del fondo británico Zegona, la noticia de que tendrían que afrontar un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE), el quinto en poco más de una década. Aunque, tras días de intensas reuniones, los sindicatos han logrado que la compañía reduzca la afectación máxima del despido colectivo de los 1.198 que se plantearon de inicio a los 938 empleados, 260 menos, junto a algún otro compromiso como que al menos 60 de 68 vacantes salgan de la plantilla. La representación laboral de los trabajadores sigue considerando la oferta “insuficiente” e “inaceptable”.

De ahí que hayan puesto en juego otras armas como la protesta. Este martes 9 de julio, alrededor de un millar de personas han llevado a cabo una concentración ante el Ministerio de Transformación Digital, al entender que “es uno de los que ha autorizado la venta de Vodafone España a Zegona sin una cláusula de garantía de empleo". "Eso nos ha llevado a esta situación porque está claro que el fondo británico viene a hacer una política ultraliberal”, explica a infoLibre Diego Gallart, coordinador de UGT Vodafone. “Durante las sesiones de la mesa -une- se ha demostrado que este ERE no va a resolver los problemas de la compañía. De hecho, lo que se quieren ahorrar en masa salarial, sólo es un 2,6% de lo que pretenden resolver. Vodafone factura unos 4.000 millones y tiene 3.500 de gastos que le llevan a las pérdidas que está presentando. Es decir, es un ERE ideológico porque ese 2,6% vinculado a los trabajadores es prescindible, es el margen de error de cualquier operación y no es necesario”, argumenta.

Durante la jornada, varios representantes sindicales han conseguido “sentarse” con el titular del ministerio, José Luis Escrivá. “Le hemos solicitado su ayuda para que intervenga e influya en la dirección de la compañía, especialmente en Zegona que es el que está poniendo palos en la rueda a la negociación de este ERE”, resume Gallart. Y concluye: “Esperamos que de verdad lo haga, y a ver si la situación en mesa cambia”.

De su lado, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha anotado que le habían trasladado “la necesidad de que el Gobierno sea más ofensivo a la hora de cambiar las condiciones en las que Vodafone ha planteado el ERE”. “Puede hacer cosas, este es un sector estratégico donde los nuevos inversores acceden en unas determinadas condiciones y luego no pueden hacer un expediente de regulación de empleo que afecta a prácticamente a 1.000 personas de cualquier manera”. Ha dejado claro que su sindicato continuará con las movilizaciones, mientras confían en que se pueda “abrir una vía para mover la posición, porque hasta ahora no se ha dado una negociación”. “Estas empresas están acostumbradas a hacer un planteamiento, no mover su posición, dejar que transcurran los periodos de consulta de los ERE, ejecutar y en todo caso que los trabajadores luego vayan a la Justicia ordinaria”, ha sintetizado. Un “esquema” que, a su entender, “no puede ser”. “El Gobierno se tiene que hacer valer frente a un ERE” con unas condiciones que “pasan por encima de los derechos y la dignidad de la plantilla”, ha sostenido.

Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, quien ha definido el proceso negociador del ERE de “comedia”, ha lanzado un mensaje rotundo: "No sólo vamos a movilizarnos, vamos a intentar que este atropello no se produzca", ha proclamado. En ese sentido, ha instado al Gobierno a “regular el sector” de la telefonía y ha advertido de que la ciudadanía "está absolutamente desprotegida ante las multinacionales, por lo que le tienen que dar una bofetada inmensa a Vodafone, ya que no se puede jugar con la vida de las personas". Desde UGT buscan que el Gobierno "abandere un cambio regulatorio que permita detener la destrucción de empleo y la merma de inversiones a la que está conduciendo una regulación basada únicamente en una competencia feroz en precios". Desde ambos sindicatos reclaman “una negociación seria” y que el Ejecutivo “presione” a Zegona.

Antes, Sordo ya había abogado por una cierta ruptura de reglas al exhortar al Ejecutivo a dificultar el despido colectivo para impedir que fondos de inversión vengan al país con el único objetivo de sacar réditos "inmediatos y especulativos", como está pasado, a su juicio, con Zegona. "Vienen a España porque está chupado despedir", aseguró en una reciente entrevista en RTVE, en la que afirmó que “no es de recibo cómo está actuando la empresa” en este caso y avisó del problema que puede suponer para el Estado que compañías situadas en sectores estratégicos comiencen a despedir trabajadores para dar una mayor retribución a los accionistas o facilitar un alza del precio de la acción en actividades que son puramente especulativas.

Pero, ¿se puede hacer algo para frenar el despido colectivo en el marco legislativo actual? El líder de CCOO no dijo cómo se podrían poner trabas a los ERE masivos. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, echa la vista atrás para mirar hacia adelante. "Hasta el 2012 –recuerda–, cuando se producía un despido colectivo, un ERE, se trataba de un trámite administrativo. Es decir, resolvía la autoridad laboral, la Dirección General de Trabajo de la comunidad, si sólo afectaba a una autonomía; o el Ministerio de Trabajo, si alcanzaba a más de una comunidad". Encadena que, "cuando se producía uno que podía afectar a la economía de una zona o a los niveles de empleo, por ejemplo, además de las razones económicas, organizativas, técnicas o productivas que siguen vigentes, se necesitaba que la Administración pública, que el Estado, autorizara ese despido colectivo, una vez finalizado el correspondiente expediente administrativo con la intervención de la Inspección de Trabajo y de todos los interesados en una decisión de trascendencia social y económica". 

Ese paso ya no existe y el movimiento sindical aspira a "recuperar, al menos en parte, la vieja autorización administrativa que se derogó en la reforma laboral" del PP. ¿La causa? "Que aquellas decisiones de naturaleza económico-laboral-social que puedan afectar mucho a una comarca, provincia o incluso a todo el Estado, además de los trámites normales tengan ese otro control", sintetiza Luján. A su entender, "el Estado debe pedir garantías cuando concede determinados beneficios y ayudas, si no, desgraciadamente, como ha desaparecido esa autorización que evaluaba el impacto social y económico de la medida, se puede hacer poco. No parece que tenga mucho sentido, sobre todo si encima la propia aportación del Estado ha podido ser fuente de los beneficios empresariales, que no se tenga ningún tipo de supervisión o de verificación previa para destruir de manera masiva puestos de trabajo".

Insiste en que sería "necesaria" esa herramienta que permitiera vigilar el impacto y la adecuación a la legislación por la autoridad laboral, "añadido a la existencia de las causas" que pueda argumentar la empresa "en extinciones de contratos de trabajo" múltiples. "Si empresas como la actual Vodafone no tienen ningún tipo de freno para hacer lo que quieran, porque la legislación del 2012 lo eliminó, se dan situaciones injustas que pueden afectar a la economía nacional", alerta, para apostar por que se legisle para reestablecerlo, más si cabe en sectores estratégicos.

Tiene claro que de los polvos aquella reforma de 2012, "que se hizo en 50 días de espaldas a los sindicatos, sin negociación y sin dialogo social de ningún tipo pese a que se tocaron aspectos esenciales del Estatuto de los Trabajadores", estos lodos. "Una de las cosas que derogaron en función del sacrosanto liberalismo fue la autorización administrativa, con lo que ahora, si la empresa decide despedir, lo hace. Se ejecuta el despido, se va a juicio y se estima que no había razones y que no está justificado la destrucción de tanto empleo, le pagarán 33 días por año trabajado con el límite de 24 mensualidades, porque la empresa no tenía causa para despedir. Y ya puede ser un fondo o estar en cualquiera de los paraísos fiscales", abrocha Luján.

Junto al encuentro con Escrivá de este martes, los sindicatos han anunciado otra reunión para este jueves 11 de julio, esta vez con el Ministerio de Trabajo que capitanea Yolanda Díaz, al que también pretenden implicar en el rastreo de soluciones. Fuentes de ese departamento hacen notar que han "reforzado la vigilancia de los ERE" y han puesto el foco "en la causalidad de estos expedientes". "La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene que elaborar un informe sobre cada ERE que se presenta, para determinar si se ajusta o no a las razones que alega y, además, desde el 13 de julio de 2023, la empresa debe avisar a la parte social con seis meses de antelación" a su formulación, arguyen.

Si bien, no descartan más avances. Matizan que plantean, asimismo, que, "a través de la próxima Ley de Industria se ponga coto a prácticas, especialmente en el caso de compañías que reciben ayudas públicas, como las deslocalizaciones y las ventas de empresas que ponen en peligro la viabilidad de estos proyectos y la garantía de la protección de los derechos de las personas trabajadoras".

Zegona ha ofrecido a los sindicatos la posibilidad de que, en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE) que están negociando para 1.198 trabajadores en Vodafone España, los despidos se produzcan mediante un mecanismo de salidas voluntarias en el que el fondo británico pueda ejercer un "derecho a veto" para frenar la salida de trabajadores que considere esenciales, según han señalado fuentes sindicales a Europa Press.

Asimismo, si la voluntariedad no cubre los despidos que Zegona considere finalmente necesarios, estos se cubrirán con salidas forzosas.

En cuanto a la reducción de la afectación del despido colectivo, los sindicatos han subrayado que en la presentación del informe de justificación del ERE la firma británica ha indicado que existen 68 vacantes en las distintas áreas afectadas.

Según han explicado las fuentes consultadas, esa situación resulta "contradictoria" con el hecho de poner en marcha un ERE y, ante esta situación, una de las peticiones trasladadas a Zegona es que se comprometa a cubrir esas vacantes con empleados que ya estén en la compañía.

Por otro lado, en la reunión de este miércoles no ha habido avances en cuanto a la indemnización para los trabajadores afectados por este despido colectivo.

Hasta el momento, Zegona ha propuesto una indemnización de 24 días de salario por año trabajado con un tope de 14 mensualidades, sin embargo, esta oferta inicial no convence a los sindicatos dado que supone la mitad que las condiciones acordadas en el ERE que tuvo lugar en 2021, que se saldó con la salida de 442 trabajadores con una indemnización general de 50 días de salario por año trabajado con un tope de 33 mensualidades y un bonus lineal de 6.000 euros para los afectados que cobrasen menos de 30.000 euros brutos.

El fondo británico también propuso el establecimiento de un plan de recolocación externo y un convenio especial de la Seguridad Social para los trabajadores mayores de 55 años.

No obstante, en el ERE que tuvo lugar en 2021 se produjeron prejubilaciones para los afectados de 54 y 55 años con un 85% del salario fijo más un 50% del salario variable.

En este contexto, las fuentes sindicales consultadas por Europa Press consideran que el estado actual de las negociaciones del ERE se encuentra "lejos de la posibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo".

Cabe recordar que este nuevo ERE en Vodafone es el quinto que afecta a la compañía en España desde 2013, unos despidos colectivos que, sin tener en cuenta el proceso actual, han supuesto la salida de la empresa de alrededor de 3.200 empleados.

En concreto, en 2013 la empresa ejecutó un ERE que afectó a 620 trabajadores, mientras que en 2015 hubo otro que supuso el despido de 1.059 personas. A ese le siguió otro en 2019 en el que salieron 1.102 empleados, mientras que en 2021 la plantilla se redujo en 442 efectivos.

Ya es oficial y van tres distintas en 2024. Este martes 18 de junio ha quedado constituida la mesa para la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) que el fondo británico Zegona ha impulsado en Vodafone España para un máximo de 1.198 trabajadores, lo que supone el 36,65% de una plantilla, que esta integrada por 3.268 empleados.

El despido colectivo llega como el impacto de un buque poco después de que una nueva dirección se haya puesto este mismo junio al frente de la compañía, tras la toma de control por parte de Zegona, una empresa que opera como vehículo de inversión en el sector europeo de tecnología, gracias a una operación de venta valorada en 5.000 millones de euros.

Vodafone España, con una cuota de mercado de líneas móviles superior al 20%, es el tercer operador del mercado nacional después de Telefónica y de Masorange, esta última fruto de la fusión entre Orange España y MásMóvil, que empezó a actuar el pasado abril, según fuentes del sector. Facturó en su último ejercicio 3.846 millones, lo que fue un 1,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, tras una caída en los ingresos por servicio, aunque llegó a lo 3.429 millones, a la luz de los datos que comunicó la entidad al organismo regulador británico.

La compañía justifica ahora poner en la calle a hasta casi 1.200 personas por razones "económicas, productivas y organizativas, determinadas por el fuerte deterioro financiero y comercial", pues, según asevera, sus ingresos totales han caído un 8% y ha perdido aproximadamente 400.000 clientes de contrato en los dos últimos años. A esto, suma la "necesidad urgente", a juicio empresarial, de efectuar un cambio organizativo y operativo, para redimensionar la organización, adaptarla a la nueva realidad del mercado y recuperar la competitividad.

Este ERE es el quinto que acumula la compañía en una oleada que arrancó en 2013. Entre estos y externalizaciones, se han contabilizado desde entonces 3.481 personas afectadas, 3.121 de ellas se han quedado sin empleo por el camino, de acuerdo a las cifras que maneja CCOO. Es decir, desde 2013 la "sangría" laboral superaría los 4.300 trabajadores, agregados los despidos de 2024.

Los sindicatos buscarán doblarle el pulso a la empresa para reducir el número de afectados y lograr las mejores condiciones para los que se vean obligados a dejar sus puestos. De arranque, Vodafone ha ofrecido indemnizaciones de "24 días, con un tope de 14 mensualidades, un plan de recolocación externo y convenio especial de la Seguridad Social para mayores de 55 años", según fuentes sindicales. Las negociaciones entre ambas partes pueden extenderse hasta el próximo 17 de julio.

De momento, UGT, CCOO y STC han rechazado con rotundidad el ERE y solicitado su retirada. El último, al entender que la viabilidad de la compañía pasa por el mantenimiento de los puestos de trabajo, reclama que haya un 100% de voluntariedad. Del lado de UGT, adelantan que presentarán "una memoria económica alternativa" a la que les ha entregado la empresa e iniciarán "un proceso de protestas" al considerar "injustificable" que la compañía se agarre a "unas pérdidas económicas que eran conocidas y pudo constatar en la due dilingence previa a la compra" para "destruir el futuro de 1.198 familias". Y desde CCOO garantizan que trabajarán "de manera minuciosa intentando desmontar" las "argumentaciones" de Zegona para, "en todo caso, estudiar opciones que tengan que ver con procesos basados en la voluntariedad o con alternativas pactadas que enlacen con la jubilación, como se plantea en otras operadoras del sector". Exigen, asimismo, garantías de empleo para el futuro.

Y es que, el nuevo ERE en Vodafone se producirá en un sector ya cojo, al encadenarse a los atravesados en otras empresas como Telefónica y Avatel Telecom en los últimos meses. El de la multinacional española se cerró de forma definitiva este febrero con la expulsión de 3.421 trabajadores de forma voluntaria de sus tres principales filiales en España, Telefónica de España, Móviles y Soluciones. En el caso de Avatel Telecom, el expediente de regulación se ha saldado este mismo junio con la marcha de 674 empleados y contempla de la misma forma adhesiones voluntarias.

¿Qué esta pasando? El responsable de Acción Sindical en Vodafone de UGT, Diego Gallart, apunta a "la regulación del mercado de las telecomunicaciones que se ha impulsado desde la Unión Europea, y con la aquiescencia de los gobiernos españoles que no la han modulado nada". Se explica: "Se ha optado por una competencia basada únicamente en una guerra de precios con la idea de que eso iba a beneficiar al usuario final, pero lo cierto es que ha llevado a las operadoras que invierten en infraestructuras y en plantillas a tener que revender sus redes para que las operadoras virtuales, que no invierten en nada, bajen los precios de manera artificial y a una destrucción de ingresos". Alude a entes como Digi Mobil o Pepephone, que "llegó a tener alrededor de dos millones de clientes con 15 personas porque no hacía nada, excepto facturar", afea.

Gallart sostiene que, "en lugar de reconocer el error, se ha incidido en él, tanto en la legislación europea como en la española", lo que "ha provocado una situación en la que las operadoras, dada la magnitud de la pérdida de ingresos, han empezado a ajustar sus costes y lo primero en tocarse suele ser la plantilla". Incide en que "la legislación que iba a beneficiar supuestamente a los usuarios finales, está destruyendo riqueza, porque estas plantillas son de las mejores pagadas de España y toda esta destrucción de empleo es gasto que no se genera en las economías locales, lo que acaba empobreciendo al país", argumenta. En UGT tienen un temor sólido en ese sentido: "Las operadoras españolas que han sido líderes, hasta el punto de que somos uno de los principales países en fibra desplegada, no pueden seguir afrontando los costes que tienen y esto va a ser una pérdida en infraestructuras y está siendo una pérdida económica real. Se han destruido en los últimos años en torno a los 50.000 puestos de trabajo en el sector de las telecomunicaciones nacional", avisa. En CCOO tampoco son ajenos a "la deficiente regulación" de ese mercado, ni a "la feroz competencia de las low cost y los operadores virtuales", si bien matizan que "estos problemas son comunes a más empresas", incluso de otras áreas de actividad, y hay que buscar soluciones.

De vuelta al ERE en concreto de Vodafone, UGT "culpa" al ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, "de parte de lo que está pasando", dado que, cuando el Gobierno autorizó la venta de Vodafone al fondo británico "no pidió ninguna garantía de empleo y se ha dejado engañar", resume Gallart. "Una empresa que para su viabilidad necesita tocar la masa salarial –señala–, le ha prometido inversiones para mantener y mejorar la red. Eso no es creíble, si para sobrevivir necesitas tocar la plantilla, no vas a hacer inversiones", desliza el responsable sindical.

Por su parte, en CCOO quieren dejar claro que "la plantilla de Vodafone/Zegona no se merece este trato, este continuo menosprecio a su aportación a la compañía". "No puede ser que con una mano se pidan fondos europeos para fomentar el empleo y con la otra se destruya el mismo", concluyen, para rematar: "Y aquí es donde también trataremos de ejercer presión política para la prevención de dudosas compra-ventas que puedan encubrir movimientos exclusivamente lucrativos".

El fondo británico Zegona, que gestiona el negocio de Vodafone en España desde comienzos de este mes, ha planteado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) para un máximo de 1.198 empleados, lo que supone el 36,65% de la plantilla, integrada por un total de 3.268 trabajadores, según ha informado la compañía en un comunicado.

Vodafone España ha convocado a los sindicatos para iniciar el periodo de consultas, si bien todavía no se ha fijado la fecha de inicio para la negociación de este despido colectivo.

"Dicho procedimiento surge desde el convencimiento de que es la única fórmula para garantizar la viabilidad y competitividad de la empresa a futuro y se aborda con una actitud responsable y dialogante, desde la operadora, y con la voluntad de alcanzar el mejor acuerdo posible para todas las partes", ha subrayado la empresa.

La compañía ha argumentado que el ERE se debe a "razones económicas, productivas y organizativas" ante el "fuerte deterioro financiero y comercial".

En concreto, y según los datos ofrecidos por la empresa, la teleco ha disminuido sus ingresos totales en un 8% y ha perdido aproximadamente 400.000 clientes de contrato en los dos últimos años.

"También se debe a la necesidad urgente de efectuar un cambio organizativo y operativo, con el objetivo de redimensionar la organización para adaptarse a la nueva realidad de mercado y recuperar la competitividad. Este procedimiento de despido colectivo no afectará ni a la calidad del servicio ni al soporte que se presta a los clientes", ha añadido la empresa.

Ni por edad y formación ni por talante debería haber sido César Alierta la persona destinada a dirigir con éxito una compañía tecnológica, convirtiéndola en una multinacional y adaptándola al reto digital. Pero el financiero zaragozano, que acaba de fallecer a los 78 años, llevó a una Telefónica recién salida del monopolio público hasta la máxima capitalización bursátil y el récord histórico de beneficios tras lanzarla a la expansión internacional y situarla como uno de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo. Además, capitaneó con mano firme el barco durante 16 años bregando con habilidad tanto con gobiernos del PP y PSOE.

Pese a que lo suyo eran las finanzas –fue director general de Mercado de Capitales en el Banco Urquijo durante 15 años y fundó la sociedad de valores Beta Capital–, se estrenó a lo grande en la gestión empresarial con Tabacalera, que privatizó y fusionó con la francesa Seita para tansformarlas en Altadis. Nombrado para ese puesto por José María Aznar en 1996, fue también la persona elegida cuatro años más tarde para enderezar Telefónica tras el escandaloso paso de Juan de Villalonga por la compañía, que había dejado de ser pública sólo un año antes.

Y lo consiguió, mediante una mezcla de intuición, talante y una ambición innegable pero, sobre todo, gracias al uso inteligente del poder. Dentro de la empresa y fuera de ella, según coinciden las fuentes consultadas. “No tenía un estilo de gestión, no existe un aliertismo de gestión”, explican. Por el contrario, las claves de su éxito en Telefónica y de su longevidad al frente de ella –sólo sus dos primeros presidentes duraron más que él– fueron su capacidad para las relaciones –“se hacía querer”, repiten– y su habilísimo manejo del poder. Dentro de Telefónica lo monopolizó, dando –y quitando– atribuciones a quienes, a diferencia de él, conocían el campo tecnológico, azuzando así una competencia interna por el éxito que redundaba en beneficio de la organización, detallan fuentes próximas al empresario.

“En Telefónica había ideas, mercado y capital, y Alierta respetó y potenció esos equipos; Alierta dejó hacer”, explica Mariano Guindal, periodista económico autor de El declive de los dioses, sobre los grandes empresarios de la Transición. El zaragozano, por tanto, se dedicó a las “fusiones y las compras, que era lo que sabía hacer, no a la digitalización”, precisa Guindal.

Todo ello estaba al servicio de un objetivo: convertir a Telefónica en una gran compañía. Mientras el mundo pasaba de analógico a digital, Alierta compraba las filiales de la estadounidense Bellsouth en América Latina, la brasileña Vivo, la checa Cesky Telecom y la británica O2, que le permitió acceder también a los mercados alemán e irlandés. Fue con Alierta cuando Telefónica alcanzó su récord de capitalización bursátil, casi 107.000 millones de euros, en octubre de 2007. Ahora sólo suma 21.400 millones, aunque lejos de los mínimos, por debajo de 16.000 millones, en que se hundió en septiembre de 2020. También explotaron con Alierta los beneficios: los 10.167 millones de euros conseguidos en 2010 no han sido aún superados. En 2022 ganó sólo 2.011 millones. A falta de conocerse cómo ha cerrado 2023, hasta el tercer trimestre suma 1.262 millones en ganancias. En el lado negativo, al irse, en 2016, dejó una deuda enorme, de 53.116 millones de euros que, a día de hoy, su sucesor, José María Álvarez Pallete, ha recortado hasta dejarla en menos de la mitad –26.687 millones–.

“El hombre poderoso”, tituló una periodista alemana el reportaje sobre César Alierta que la llevó hace años a Madrid y Zaragoza, la ciudad natal del expresidente de Telefónica. “Es tan poderoso que hasta el jefe de Estado chino le visita”, abría el suyo el diario Die Welt en mayo de 2008 para presentar a los lectores alemanes al empresario español que quería “conquistar” Europa.

Mariano Guindal dice que era “influyente” por su poder sobre los medios de comunicación. Telefónica fue durante años el primer anunciante de España. En 2008, aún con la economía en pleno auge, Telefónica se gastaba 173,8 millones de euros en publicidad, lo que representaba el 2,6% de la inversión, según Infoadex, y una lluvia fundamental de ingresos para periódicos y televisiones. Pero su influencia iba mucho más allá de los medios de comunicación. “Supo mantener los equilibrios mediáticos y también los políticos”, resume Guindal. Para ello, Alierta se dedicó sin disimulo al fichaje de políticos, tanto de PP como de PSOE. La lista es jugosa. “Fue muy hábil, jugando a dos barajas, mimaba a unos y a otros”, admite el periodista.

Del PSOE: el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, la exministra de Exteriores Trinidad Jiménez, el exsecretario de las Juventudes Socialistas Javier de Paz, la mujer de Eduardo Madina, Paloma Villa, y Carlos Escó, marido de la exlíder socialista en Aragón Eva Almunia.

Del PP: el exvicepresidente Rodrigo Rato, los exministros Eduardo Zaplana y Manuel Pizarro; Iván Rojas, marido de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; Vanesa Arriola Villalobos, hija del asesor de Aznar Pedro Arriola y la exministra Celia Villalobos; la expresidenta de Navarra (UPN) Yolanda Barcina, el ex secretario de Estado Alfredo Timermans... También contrató a Iñaki Urdangarín y al exjefe de la Casa Real Fernando Almansa.

Según Guindal, “llevarse bien con todos” le permitía a Alierta “sobrevivir”. Conseguía que “[los políticos] le dejaran en paz”, remacha. Y que la regulación se hiciera “a medida de Telefónica”. Fuentes próximas al expresidente, sin embargo, niegan que la compañía obtuviera ningún trato de favor en ese aspecto, sino más bien al contrario. Con el tiempo, perdió inevitablemente su posición de dominio en el mercado. “Perdió todo lo que tenía que perder”, concluyen. Las puertas giratorias con la política podían tener “cierto efecto externo”, admiten las fuentes, pero Alierta las consideraba más bien “un peaje que tenía que pagar”, sobre todo tratándose de una “empresa regulada”.

Una buena muestra de esta dualidad es la enmienda que lleva el nombre de la empresa y que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 para frenar el escándalo que siguió al anuncio de un ERE de 6.500 despidos sólo meses después de haber publicado los mayores beneficios de su historia. Tampoco era el primero. Telefónica se había acostumbrado a ofrecer condiciones de lujo a quienes querían prejubilarse, pero el coste para las arcas públicas –para el Inem de entonces– de esos retiros anticipados era millonario.

Así que ahora las empresas con beneficios que despidan a trabajadores mayores de 50 años deben hacer una aportación al Tesoro equivalente al importe de las prestaciones públicas que recibirán sus exempleados hasta la jubilación. En los últimos 20 años, Telefónica ha recortado en un 65% su plantilla a base de ERE y bajas incentivadas: ha pasado de 60.000 a poco más de 20.000 trabajadores en España. El ERE que acaba de presentar este año, para 3.241 empleados, le costará a la empresa 1.300 millones de euros.

El expresidente de Telefónica, que nunca ocultó su afinidad con el PP, llegó a confesarse “socialdemócrata” en alguna ocasión. Lo cuenta el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, en su libro Al fondo a la izquierda: En un restaurante, en 2016, le contó que había insistido durante “mucho tiempo” a Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, en que debía “subir el salario mínimo un 20% y aprobar una renta básica para los hogares sin ingresos”. “Mi receta es muy clara: crecimiento y solidaridad. Ésa es la clave de lo que necesita Europa, hasta a [Angela] Merkel se lo he dicho. Y los números salen. Les hice los numericos y se los mandé a Rajoy y a Álvaro Nadal [jefe de la Oficina Económica del Gobierno]. Ni puñetero caso. Y la gente, con razón, cada vez más encabronada”, se explayó.

Solidaridad con los de abajo e impuestos a los de arriba. “A quienes más ganamos, a quienes ganamos millones, deberían gravarnos hasta un 65% en la renta personal. Y sin demagogias, ¿eh?”, defendió entonces. César Alierta dejó la presidencia de Telefónica ese mismo año, con un plan de pensiones de 54,2 millones de euros.

Sólo unos meses después, en 2017, se disolvió el Consejo Empresarial para la Competitividad, el lobby de las 15 mayores empresas españolas que presidió César Alierta desde su nacimiento en 2011. La iniciativa corrió a cargo de Emilio Botín (Santander), Isidro Fainé (Caixabank) y el propio Alierta, pero fue éste quien se puso al frente del grupo. El foro se presentó con el objetivo de impulsar la recuperación económica y la marca España, en los meses previos al rescate europeo de la banca española y mientras la CEOE sufría una tremenda crisis por culpa de los negocios y fraudes de Gerardo Díaz Ferrán.

Querían que se les considerara un think tank, un laboratorio de ideas, pero la foto de los empresarios más poderosos de España –Florentino Pérez (ACS), Francisco González (BBVA), Dimas Gimeno (El Corte Inglés), Antonio Brufau (Repsol), Pablo Isla (Inditex), Rafael del Pino (Ferrovial), Juan Roig (Mercadona) e Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), entre otros– proyectaba más bien la imagen de un grupo de presión. El apoyo de esta superélite económica a los sucesivos recortes del Gobierno aquellos años de austeridad tampoco dejaba margen para el equívoco. “Fue fruto de una visión patriótica, pero también interesada: lo que es bueno para el país también será bueno para mi empresa”, interpretan fuentes cercanas a Alierta.

El expresidente de Telefónica contaba además con una agenda de contactos internacionales “restringida pero profunda”, destacan las mismas fuentes. Tomaba cafés con Angela Merkel, que ha enviado un mensaje de condolencia al saber de la muerte de Alierta, y tenía una buena relación personal con el presidente brasileño, Lula da Silva, y con el papa Francisco, e incluso con competidores como el ex consejero delegado de Vodafone, Vittorio Colao, y el principal accionista de Vivendi, Vincent Bolleré.

César Alierta pertenecía a la misma generación de empresarios de, por ejemplo, Francisco González, el expresidente del BBVA. Ambos proceden del mundo de las finanzas –González también fundó su propia sociedad de valores– y de los círculos de amistad políticos del PP –a González y a Alierta los nombró Rodrigo Rato al frente de Argentaria y Tabacalera–, triunfaron en la vida empresarial gracias a las privatizaciones de grandes compañías públicas y llevaron el timón de la expansión internacional y digitalización de Telefónica y BBVA mientras aprovechaban los vientos de los distintos gobiernos. Se fueron casi al mismo tiempo: González en 2018 –tiene un año más que Alierta–.

Además, compartieron problemas judiciales. El zaragozano pasó por los tribunales en el llamado caso Tabacalera, cuando se le acusó –también a su sobrino– de información privilegiada: junto con su mujer habían ganado 1,86 millones de euros al comprar acciones de la empresa poco antes que de que ésta adquiriera en 1997 una compañía estadounidense, una operación que multiplicó el valor de las acciones de la española. En 2010 fue absuelto finalmente por el Tribunal Supremo, que declaró prescrito el supuesto delito. Francisco González, en cambio, sigue aún pendiente de que la Audiencia Nacional decida sobre su responsabilidad en la contratación del comisario Villarejo por el BBVA. La misma camada y trayectorias paralelas.

Pero a Alierta y a González les separaba una diferencia fundamental: el carácter. Según las fuentes consultadas, González es una persona de difícil trato. Hasta José María Aznar reconoció en una entrevista a El País Semanal que el banquero de Chantada (Lugo) “no es demasiado simpático”. Todo lo contrario que el “nacionalista aragonés” –como lo califica Mariano Guindal– Alierta. “Era tímido, pero cercano, tenía una capacidad de relacionarse muy curiosa”, le describen las fuentes. Siempre fue “César, no le gustaba que le llamaran presidente”, recalcan, pero nunca hubo dudas sobre quién ejercía el poder absoluto en la empresa y cuánto poder tenía Telefónica en España.

Es altamente probable que al lector le haya subido la factura del teléfono, aunque aún no lo haya advertido. Los cuatro grandes grupos, que gestionan 9 de cada 10 líneas, han anunciado subidas de precios desde noviembre. Movistar y Vodafone los subirán entre un 6,8% y 6,5% respectivamente a partir de este mes. Orange, los subirá entre dos y cinco euros a partir de marzo. El grupo MásMóvil los ha subido a su propia marca y también los de Yoigo, marca bajo el paraguas del grupo. El mercado es un espejismo de opciones, ya que este oligopolio controla decenas de marcas como O2, Lowi, Jazztel o Yoigo aunque algunas, de momento, no se han visto afectadas por las subidas de precios. ¿Cómo puede esquivar el usuario el aumento de la tarifa? 

Este pasado miércoles, la CNMC ha avanzado que está a punto de cruzarse un récord. En noviembre de 2022, último dato disponible, hubo 49,9 millones de líneas de teléfonos móviles con conexión a Internet de banda ancha. Esto es un 2,9% más que en el mismo mes de 2021 y un 18,5% del mismo mes de cinco años antes, 2017. En este último lustro, España ha sumado casi 8 millones de líneas de teléfonos móviles con acceso a Internet.  

Pese el crecimiento sostenido de las líneas y un gran número de marcas, la oferta se concentra en los cuatro grandes grupos empresariales. Según los datos de la CNMC, en noviembre Movistar controla el 27,7% del mercado; Orange, el 22,5%; Vodafone, el 22,2% y MásMóvil, el 20,7%. Esto suma el 93%. El 7% restante lo componen pequeñas compañías que alquilan las redes de las grandes. En el mercado de las líneas fijas de Internet no difiere mucho: las cuatro grandes amplían su presencia al 95%. 

En poco tiempo, es posible que estos cuatro principales actores pasen a ser tres. La potencial fusión entre Orange y MásMóvil crearía el grupo de telefonía más grande de España, con una cuota del mercado de entorno al 43%. Está previsto que en el primer trimestre ambas compañías comuniquen su decisión a Bruselas, para que las autoridades de la competencia europeas den el visto bueno.

El mercado está compuesto por operadores con red propia y los llamados OMV (Operadores Móviles Virtuales): empresas sin red de cobertura propia que alquilan el uso a las más grandes. Aparentemente, la oferta de OMV es amplia: O2, Lowi, Jazztel, Simyo, CableMóvil, Embou, YouMobile, Yoigo, Pepephone, LlamaYa, Virgin, Euskaltel, R, Telecable, Lebara… Pero todas estas marcas pertenecen a los cuatro grupos mayoritarios. O2 es marca de Telefónica (dueña de Movistar), Lowi pertenece a Vodafone; Simyo y Jazztel, a Orange y todas las demás al grupo MásMóvil. 

En este proceso, donde las grandes operadoras van devorando a las pequeñas, muchas acaban diluyéndose completamente. Es lo que pasó con Amena, Tuenti o República Móvil: fueron absorbidas por las grandes, que acabaron empujando a sus clientes a migrar a otras marcas de la compañía. Por ejemplo, Orange está transfiriendo los clientes de Amena a Simyo; Telefónica hace lo suyo con los de Tuenti, hacia O2. 

Las principales marcas han subido. Movistar anunció una subida del 6,8% de media a partir de enero, justificando los costes crecientes de la prestación del servicio entre otros motivos, por la inflación y por cambios regulatorios. El paquete de televisión básica y el fútbol subirá un 5,6%. Vodafone subirá a finales de mes una media de cuatro euros sus servicios, lo que supone una subida del 6,5%. El comparador Kelisto ha calculado que este aumento de precios supondrá 486 millones en ingresos adicionales para ambas compañías.

Orange subirá los precios a partir del 12 de marzo. Todos los paquetes de móvil y fibra costarán dos euros más; los canales de televisión que incluyen el fútbol, cinco euros más. La justificación ha sido la necesidad de realizar inversiones en la red. "Hemos sido los últimos en aumentar los precios, hemos aguantado un tiempo pero ante la elevada inflación del año 2022 nos hemos visto obligados a tomar esta decisión", explicaron fuentes de la compañía tras el anuncio.

Otras marcas controladas por estos cuatro grupos sí han mantenido los precios. Es el caso de O2 (Telefónica), Lowi (Vodafone), Simyo (Orange) o Pepephone (Másmóvil). No obstante, los portales especializados en comparar tarifas han advertido que estas marcas han ido eliminando ofertas, promociones y sus tarifas más baratas, lo que en la práctica supone un recorte en la elección del consumidor.  

En este panorama, una empresa pequeña ha copado todos los titulares este lunes, al ir contracorriente y anunciar una bajada de precios, en un evidente esfuerzo por aumentar su cuota de mercado, aprovechando el encarecimiento de los servicios de los grandes. Se trata de Digi, el quinto operador móvil. Es de una OMV que usa la red de Movistar. La CNMC no dispone de datos precisos sobre su actual cuota de mercado, pero en cualquier caso, queda muy por debajo de las cuatro primeras compañías. 

La oferta de Digi es muy agresiva, a tal nivel, que ha sido recogida por numerosos medios de comunicación: fibra en casa por 500 megas por 15 euros al mes. A este servicio se le puede añadir una línea móvil con llamadas ilimitadas y varias opciones de tarifas de datos: 10GB (5 euros más), 20GB (6 euros más) o 50 gigas (8 euros más). Es decir, que por 23 euros ofrece un paquete completo de internet en casa y móvil, muy por debajo de los precios del sector.  

Con esto, Digi se corona en el ranking de los paquetes más baratos que incluyen servicio de internet y móvil. Según los datos comparativos que ha recabado infoLibre, la segunda en el ranking es Fi Network, otra OMV independiente, que ofrece servicio de fibra de 300Mbps, con llamadas ilimitadas y 10GB de datos por 29,90 euros. Le siguen Lowi, O2 y Simyo tres marcas pertenecientes a MásMóvil, Vodafone y Telefónica, por alrededor de 35 euros cada una.

La Agencia Española de Protección de Datos ha dictado una resolución por la que multa a Google con 10 millones de euros y a Vodafone España con 3,94 millones por incumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), según recoge Europa Press. El RGPD es el reglamento europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de los mismos.

Según la resolución del organismo español, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y con fecha de 9 de mayo, la sanción impuesta a Google se debe al incumplimiento del artículo 6 y del artículo 17 del RGPD, en los que se regulan la licitud del tratamiento de los datos y el derecho al olvido, respectivamente.

Por su parte, Vodafone España ha sido multada con casi 4 millones de euros por infringir parte del artículo 5 del Reglamento, en el que se regulan las garantías para la confidencialidad e integridad de los datos personales.

En virtud de la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, la Agencia Española de Protección de Datos está obligada a publicar en el BOE estas sanciones cuando afecten a personas jurídicas y su importe supere el millón de euros.

El juzgado de Primera Instancia número 11 de Zaragoza ha condenado a la compañía Vodafone a indemnizar a un ciudadano con 6.000 euros por intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad personal. El hombre demandó a la compañía por las constantes y reiteradas llamadas que recibía en sus horas de descanso, aún habiendo manifestado su deseo de no ser molestado, según informa Europa Press.

El fallo de la sentencia, que lleva por fecha el 10 de febrero, pide a la empresa la cesación de esta conducta por constituir una vulneración en el derecho a la intimidad. Las partes pueden interponer recurso de apelación, ante el mismo juzgado, en el plazo de los 20 días siguientes a su notificación.

El procedimiento se inició el 29 de abril de 2021 y el juicio se celebró el pasado 4 de febrero. Según la sentencia, se acreditan como hechos que este ciudadano, ante la insistente reiteración de llamadas de la operadora con la finalidad de suscribirse a su línea telefónica, decidió efectuar dicha suscripción, si bien nunca llegó a portabilizarse.

El 12 de septiembre de 2020, remitió un correo electrónico a la compañía solicitando la cancelación de sus datos a fin de que cesaran las llamadas telefónicas y no se le molestase, ya que interrumpían sus horas de descanso.

Tras pedirle la compañía que aportara una serie de documentos, le remitió un correo el 16 de septiembre haciendo constar que se habían suprimido los datos personales de sus ficheros, a pesar de lo cual, ese mismo día, a las 21.00 horas, esta persona recibió una nueva llamada, lo que comunicó a la empresa. Al día siguiente, sobre las 15.30 horas, recibió otra, de la que también informó a la compañía.

Este ciudadano solicitó a la mediadora Autocontrol que interviniera, mientras que Vodafone manifestó que en un plazo de unos siete días se haría efectivo lo acordado. Tras nuevas alegaciones efectuadas por este hombre ante la mediadora, la compañía dijo que el número desde el que recibía las llamadas no pertenecía a ningún agente que trabajara con Vodafone, quedando "fuera de nuestro control".

Después de nuevas llamadas, este ciudadano envió un correo el 28 de marzo poniéndolo en conocimiento de la operadora, así como su situación laboral respecto a horarios, rogando que cesara dicha actuación, quien le contestó que no disponía de sus datos personales, si bien, en ocasiones, se realizaban llamadas a listas de numeraciones "que se generan de manera aleatoria".

El juzgado ha sostenido, en la sentencia, que la relación existente entre este ciudadano y la empresa demandada "es desproporcionada en cuanto a la posición de una y otra parte en la relación contractual que les une" ya que el demandante es un consumidor "que merece le sea aplicable la legislación sobre defensa de consumidores y usuarios" y la demandada una gran operadora telefónica "con una enorme proyección y desarrollo a nivel internacional".

Asimismo, ha esgrimido que no debe ser minusvalorada la gran actividad desplegada por este ciudadano antes de interponer la demanda judicial, "adoptando una actitud claramente activa en la defensa de sus intereses, pero muy especialmente, en intentar conseguir que cesaran las llamadas que, desde el primer momento, puso en conocimiento de la parte demandada".

Para el juzgado, "existen indicios, claros y contundentes" que acreditan que la demandada ha desarrollado una actividad "insuficiente" para conseguir lo que esta persona "legítimamente reclamaba".

Además, manifiesta que si bien el número de teléfono desde el que este hombre recibía las llamadas no era de Vodafone, sí lo había sido y "la facilidad probatoria en este sentido le hubiese correspondido a la gran operadora", pero "su actividad probatoria ha sido muy limitada".

El juzgado de Primera Instancia número 11 de Zaragoza ha concluido que resulta acreditado que lo denunciado desde el primer momento por este ciudadano procede de una actividad comercial "calificable como avasalladora y acosadora", que entra "de lleno" en la defensa que efectúa la Ley Orgánica reguladora del derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

El juzgado la considera como un "ataque" y "ofensa" a la intimidad, tranquilidad y descanso de esta persona esta actividad, tanto por su horario laboral, como a los problemas de salud derivados "de la falta del necesario y preciso descanso".

Los operadores de telecomunicaciones han ofrecido su colaboración al Gobierno para ayudar a contener la expansión del brote de coronavirus con sus herramientas de Big Data y de gestión de datos agregados y anonimizados y otras capacidades tecnológicas, respetando en todo momento la legislación de protección de datos.

Fuentes de Telefónica señalan que, como ya indicó la semana pasada su presidente ejecutivo, José María Álvarez-Pallete, ha puesto a disposición de las administraciones públicas y las instituciones sanitarias sus servicios y capacidades para ayudar a contribuir a los esfuerzos para contener el brote.

"Capacidades de Big Data y de gestión de datos anonimizados y agregados de nuestra red, datos de movilidad, centros de procesamiento de datos en la nube, así como capacidades de atención telefónica o digital", detallan desde la compañía, que remarcan que "aún no se ha concretado ningún proyecto".

Por su parte, el Grupo Vodafone ha incluido entre sus cinco propuestas para ayudar a afrontar el brote de coronavirus en las comunidades en las que presta servicio la operadora en Europa, entre ellos España, la de aportar información al Gobierno sobre los movimientos de la población en las áreas afectadas.

La compañía remarca que cada vez es más importante que las autoridades controlen los movimientos de las personas para contener la expansión del virus, sobre todo dentro y desde o hacia las áreas que se encuentran en cuarentena.

Por ello, "siempre que sea técnicamente viable y la legislación lo permita", Vodafone se ofrece a ayudar a las autoridades proporcionando información basada en grandes bloques de datos anonimizados.

Por su parte, desde Orange señalan que se han puesto a disposición del Gobierno para ofrecerles sus servicios de Big Data e Inteligencia Artificial con el objetivo de "relacionar los movimientos de la población con la propagación del virus y poder adoptar así las medidas para su contención".

"Estamos ya trabajando con los servicios de emergencia con el mismo propósito, conocer cuáles son los movimientos de los ciudadanos y tomar las medidas oportunas en base a los datos agregados", remarcan desde la operadora.

Vodafone Italia

El grupo Vodafone tiene actualmente en marcha un proyecto en Italia para elaborar un mapa de calor agregado y anónimo para la región de Lombardía que ayude a las autoridades a conocer mejor los movimientos de la población con el fin de frenar la extensión del Covid-19.

Italia, Alemania o Austria son algunos de los países donde las instituciones sanitarias, en colaboración con los datos de los operadores, están elaborando mapas de movimientos de población a partir de datos anonimizados y agregados de los clientes para ayudar a luchar contra la expansión del coronavirus.

Anteriormente otros países como Irán o China también desarrollaron proyectos similares. Por ejemplo, según informa el Observatorio Español de Internet, en China una aplicación clasificaba a los ciudadanos con tres colores: el verde (identifica a los sanos con libertad de movimientos); el rojo (destinado a los infectados) y el amarillo que identifica a quien reside muy cerca de otros contagiados.

En España, las operadoras de telecomunicaciones ya colaboraron el año pasado con el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la elaboración de un estudio sobre movilidad a partir de datos obtenidos de los teléfonos móviles, pero siempre tratados de forma agregada y anonimizada, por lo que es imposible recabar datos individuales de los usuarios.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha llegado a un acuerdo con Vodafone, Movistar y Orange que permitirá, durante ocho días, al organismo seguir la pista a los teléfonos móviles en toda España con el objetivo de obtener información sobre la movilidad de los españoles, han confirmado a Europa Press en fuentes del organismo.

Los datos telefónicos que facilitarán las operadoras al INE serán completamente anónimos y el "rastreo" comprenderá estos ocho días: 18, 19, 20 y 21 noviembre (todos ellos días laborables); 24 de noviembre (domingo); 25 de diciembre (festivo); 20 de julio, y 15 de agosto.

De esta forma, se podrá obtener información sobre la movilidad de los españoles en días de trabajo, en domingo, en algunos momentos del verano y en un festivo tan destacado como el Día de Navidad, cuando muchas familias se reúnen para celebrar esta fiesta.

Fuentes del organismo han indicado a Europa Press que los datos que proporcionarán las operadoras no son posicionales, es decir, no consistirán en dar la posición de los teléfonos móviles, sino en el recuento de terminales que haya en un lugar a una hora determinada. De este modo, no se entra en colisión con la Ley de Protección de Datos.

Con estos estos datos se podrá, por ejemplo, saber dónde se desplaza la población para trabajar o a qué partes de España viaja cuando se coge vacaciones, lo que a su vez proporciona información sobre los transportes y servicios públicos que podrían mejorarse.

Según publica este lunes El País, para realizar esta estadística, el INE dividirá el territorio nacional en 3.500 celdas con un mínimo de 5.000 personas en cada una y durante los días de "rastreo" se recontarán los móviles entre las doce de la noche y las seis de la mañana para establecer el lugar de residencia y entre las nueve de la mañana y las seis de la tarde para analizar dónde se desplazan. Para considerarlo destino cotidiano, el móvil tendrá que permanecer en una misma zona al menos cuatro horas en dos de los cuatro días.

La tecnología 5G ha llegado a España. No para todo el mundo, no en todas las zonas, no para todas las compañías… y las ventajas que aporta, a día de hoy, son muy limitadas. Pero es el primer paso, aseguran los expertos, de una revolución que afectará a todos los órdenes de una sociedad ya de por sí hiperconectada. El 5G, abreviatura de la quinta generación de tecnologías de la telefonía móvil, además de conllevar un aumento de la velocidad más que exponencial, permitirá el desarrollo del llamado Internet de las Cosas: que aparatos y dispositivos que hasta ahora no estaban conectados a través de Internet se enchufen a la red global. Desde el coche, que podrá ser autónomo o conducido a distancia, hasta electrodomésticos de la cocina.

A día de hoy aún no se cuenta con la capacidad técnica para llegar a ese escenario, pero Vodafone ha decidido adelantarse a las previsiones y a partir de este sábado 15 de junio ofrecerá las primeras conexiones 5G: solo a determinados clientes con dispositivos muy específicos, y en zonas muy acotadas de las grandes ciudades españolas. La mayoría de usuarios de smartphones no pueden aún disfrutar de este nuevo servicio… aunque por poco tiempo. Con la ayuda de expertos, infoLibre intenta resolver las principales dudas acerca de la llegada de la nueva, y dicen que transformadora, tecnología móvil a España.

  ¿Qué compañías ofrecen 5G? ¿Con qué móviles se podrá disfrutar?

Desde el sábado 15, y por el momento, solo Vodafone. Únicamente tres modelos de Smartphone podrán usar la nueva generación de conectividad móvil: Samsung Galaxy S10, LG V50 ThinQ y Xiaomi Mi MIX 3. Huawei, protagonista de la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China, ha quedado excluida: "Está pendiente de certificación", asegura António Coimbra, presidente de Vodafone España. Paradójicamente, el despliegue de la red por parte de la compañía se ha efectuado de la mano tanto de Huawei como de la sueca Ericsson.

Solo los usuarios de las tarifas de datos ilimitadas de Vodafone, y que tengan estos terminales, podrán disfrutar del 5G: tiene sentido, ya que con limitaciones de descargas al mes, la gran cantidad de información que puede transmitir una conexión de quinta generación casi al instante agotaría los megas contratados en el primer vídeo de calidad 4K que se pretenda visualizar. A día de hoy, y para particulares, estos contratos tienen un precio de 49,99 euros al mes. Junto una conexión de fibra óptica en  casa, el coste sube a 54,99 euros los tres primeros meses, para posteriormente pasar a 109,99 euros al mes.

  ¿Qué mejoras técnicas conlleva?

Más velocidad y mejor latencia. Estas dos características, en el futuro, prometen revolucionar el mercado de la telefonía móvil y de la tecnología, en general, pero por ahora no pasan de ser un capricho. La velocidad tanto de descarga como de subida de datos aumenta drásticamente: Vodafone promete multiplicarla por 10, aunque pruebas de laboratorio apuntan a que la mejora puede multiplicarse por 200. A efectos prácticos, con los servicios que consumimos en la actualidad, no es necesario, más allá de la práctica supresión de tiempos de carga para el consumo más exigente en cuanto a tráfico, como la visualización de vídeos: pero el futuro no está escrito y es posible que futuros desarrollos que traigan nuevos servicios conlleven nuevas necesidades.

La latencia, por otro lado, es el tiempo que transcurre entre que un usuario de un dispositivo digital envía una petición hasta que se recibe el primer bit de respuesta. Esto servirá para una navegación más fluida, pero la principal ventaja radica en operaciones que necesitan una latencia muy alta para evitar imprecisiones: por ejemplo, para el control de aparatos a distancia, como vehículos, maquinaria pesada o incluso brazos mecánicos dentro del quirófano. Un retraso entre la señal y la ejecución haría imposible dichas actividades.

Pero a día de hoy, y con el desarrollo actual de la tecnología, esos escenarios son ciencia ficción. La  ventaja que los usuarios del 5G pueden obtener de la mejora de la latencia solo pasa por el rendimiento de videojuegos en la nube, que necesitan que la orden que se transmite al protagonista de la acción (moverse, saltar, disparar) se ejecute casi al instante, para que la experiencia de juego no se resienta. Vodafone, de hecho, acompaña a sus tarifas de datos ilimitados con 5G un servicio de ocio digital de este estilo, para que sus usuarios noten la mejora de su conexión.

  ¿Dónde?

En este mapa de Vodafone se puede comprobar qué zonas de España contarán a partir de este sábado con cobertura 5G. Solo estará disponible en 15 ciudades: Barcelona, Bilbao, Gijón, A Coruña, Logroño, Madrid, Málaga, Pamplona, San Sebastián,  Santander, Sevilla, València, Vigo, Vitoria y Zaragoza. Dentro de las ciudades, solo barrios y manzanas muy concretas disfrutarán de la nueva conexión. Por ejemplo, en Madrid, la cobertura se limita al distrito centro,  la zona de negocios alrededor del Paseo de la Castellana, el barrio de Las Tablas donde se ubican las oficinas de Telefónica, los alrededores del Palacio de la Moncloa, el campus de la Universidad Complutense de Madrid y algunos puntos aislados del sur de la ciudad. En Málaga, por poner un ejemplo de ciudad más pequeña, el 5G llega a prácticamente el conjunto de la franja litoral y al Parque Tecnológico, situado a las afueras.

Federico Ruiz, presidente del Observatorio Nacional de 5G, explica que la idea es que, progresivamente, la cobertura 5G se vaya ampliando, mediante la instalación de repetidores a todas las zonas donde ya existe cobertura 3G y 4G, para posteriormente sobrepasar su campo de acción.

  ¿Qué se espera a medio plazo?

Ruiz asegura que "es razonable pensar que a mediados de 2021 la oferta de 5G se generalizará" entre todos los usuarios de smartphonessmartphones y otros dispositivos inteligentes en nuestro país. Para ello, tendremos que resintonizar de nuevo nuestros televisores: el espacio que ocupa en el espectro radioeléctrico la Televisión Digital Terrestre (TDT) se destinará a las nuevas tecnologías móviles, y así lo ha determinado el Gobierno mediante un decreto ley tramitado de urgencia en marzo. Una vez se libere ese espacio, el terreno estará abonado para que, también a mediados de 2021 según los pronósticos, "vayan apareciendo aplicaciones 5G en otros ámbitos", dando forma en el país a lo que se conoce como el Internet de las Cosas.

La nueva tecnología permite que un número mucho mayor de dispositivos se conecten a Internet simultáneamente, lo que no solo tendrá consecuencias en el ocio digital o las comodidades domésticas, sino que permitirá, por ejemplo, un gran avance en materia de teletrabajo, o en cuanto a la comunicación –casi instantánea, en cualquier lugar– en diversos ámbitos profesionales.

  ¿Y qué problemas pueden surgir?

Vodafone ha desarrollado su red de 5G gracias a la tecnología de Huawei. La compañía china es el centro de la batalla, al principio soterrada y ahora a pecho descubierto, entre EEUU y China. La guerra es comercial, es de seguridad, es tecnológica y es política, todo a la vez. Si ahora mismo el desarrollo de la tecnología es, en parte, gracias a los adelantos de una empresa vetada por Estados Unidos, ¿eso no puede frenar la implantación de la red en países como España? "No debe afectar, y el éxito de estos primeros pasos de Vodafone lo demuestra", opina Ruiz.

Depende de la posición de las compañías europeas ante el conflicto. El país norteamericano teme que China, dado el adelanto de años del que disfruta, se haga con la hegemonía del nuevo sistema de comunicaciones: y lo aproveche para espiar, instalando capas ocultas en toda la tecnología que ponga en mercados extranjeros. Algo que desmienten desde el Lejano Oriente, claro. También hay un interés económico: quien gane la carrera, gana para sí todos los beneficios que conlleva la transición hacia la quinta generación en todos los países desarrollados.

La preocupación se amplía hacia las consecuencias de una sociedad –aún más– hiperconectada, donde la conexión a Internet se establezca desde la ropa, el lavavajillas, el televisor, el reloj, el móvil o el vehículo privado. A más conexiones, más datos sobre nuestra rutina y nuestros hábitos que las grandes empresas que hacen negocio con ellos –Faceboo, Google– pueden extraer y usar… a veces con nuestro consentimiento, implícito o explícito, y a veces sin él, como en el caso de Cambridge Analytica.

Y además, cuantos más dispositivos conectados, más dispositivos vulnerables a ataques informáticos que puedan, incluso, guardar registro ilícitamente de nuestras actividades más íntimas o dejar inoperativo un número mayor de aparatos: no solo el móvil o el ordenador. "Las consideraciones de seguridad de la red 5G están evolucionando al ritmo que evoluciona la red. Y la Comisión Europea, más allá de las acciones de los Estados miembro, está examinando con cuidado esta cuestión", asegura el director del Observatorio Nacional de 5G.

Según informa Europa Press, Vodafone lanzará el próximo 15 de junio la primera red comercial de 5G que se pone en marcha en España, que estará a disposición de los clientes de la operadora en 15 ciudades y en la que cuenta con Huawei y Ericsson como suministradores de red y con dispositivos de Samsung, LG y Xiaomi compatibles con la nueva tecnología móvil.

Entre las primeras ciudades conectadas por 5G se encuentran Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao y Valencia, donde la compañía ya anunció en julio de 2018 el despliegue precomercial, a las que se suman Zaragoza, Vitoria, San Sebastián, La Coruña, Vigo, Gijón, Pamplona, Logroño y Santander. En todas ellos se alcanzará inicialmente una cobertura de aproximadamente el 50%.

De esta manera, España se convierte en el primer país en el que el grupo Vodafone lanza su red 5G, ya que también se ha anunciado la puesta en marcha de la nueva tecnología móvil el 17 de junio en Italia y el 3 de julio en Reino Unido. Así, la operadora ha señalado que habrá 5G en roaming en Reino Unido, Italia y Alemania este verano.

El despliegue se ha realizado sobre la frecuencia de 3,7 Ghz, donde la operadora se adjudicó 90 Mhz en la subasta de espectro realizada el pasado mes de junio. La velocidad de la red es de hasta 1 Gbps en descarga de datos y a finales de año se podrán alcanzar hasta 2 Gbps, multiplicando por diez las velocidades 5G.

El servicio de 5G estará incluido sin coste adicional en todos los nuevos planes de contratos lanzados por la operadora el pasado mes de abril, que ya cuentan con 200.000 líneas y 140.000 clientes, pero no para los clientes de las tarifas anteriores, a los que se invitará a migrar a las nuevas para que puedan disfrutar de las ventajas de la nueva tecnología móvil.

En este sentido, la operadora remarca que los clientes que tengan contratadas las tarifas Vodafone Ilimitada Total (49,99 euros al mes) y Vodafone One Ilimitada Total (109,99 euros al mes) serán los que puedan disfrutar de todas las ventajas que ofrece el 5G: capacidad ilimitada de datos, baja latencia y máxima velocidad.

"Este viernes España pasa a ser uno de los países pioneros del 5G en Europa de la mano de Vodafone", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, en rueda de prensa, donde ha señalado que este lanzamiento es "un hito histórico" y marca "un antes y un después" en los servicios de telecomunicaciones.

Terminales y servicios

En esta línea, la operadora ha empezado a vender este lunes también los primeros smartphones 5G en su catálogo de terminales. En concreto, Vodafone podrá inicialmente a disposición de sus clientes tres dispositivos, el Samsung Galaxy S10 5G, el LG V50 ThinQ 5G y el Mi Mix 3 5G de Xiaomi, aunque su intención es próximamente incorporar nuevos dispositivos.

A este respecto, ha señalado que los clientes podrán adquirirlos a un precio que oscila entre los 19,99 euros y los 29,99 euros al mes con pagos a plazos en hasta 36 meses, ligados a planes móviles y convergentes con portabilidad y permanencia de 18 meses en la compañía.

Preguntado por qué no se ha incluido el Huawei Mate X 5G en lista de teléfonos a la venta, Coimbra ha explicado que este dispositivo aún sigue en proceso de certificación "por un tema de prudencia" ante las últimas informaciones sobre el acceso a los servicios de Google, aunque ha señalado que una vez que esté certificado estará también disponible para sus clientes.

Por otro lado, el lanzamiento del 5G también irá acompañado de nuevos servicios, como el acuerdo en exclusiva con la plataforma de cloud gaming Hatch, que incluye actualmente más de 160 juegos en el móvil. La compañía ha lanzado una promoción hasta el 30 de septiembre por la que durante el primer año será gratuito para los clientes de las tarifas Ilimitadas Total. Su precio sin promoción es de 6,99 euros al mes.

La red de Huawei

Por otra parte, Coimbra ha confirmado que Huawei y Ericsson son los proveedores del core de la red, aunque ha recordado que, desde que se anunció el posible veto de Estados Unidos al fabricante chino en el despliegue de 5G, todo el grupo ha puesto en pausa el uso de los equipos de Huawei en nuevos despliegues en el núcleo de la red hasta que comprobar cómo evoluciona esta situación.

En este sentido, ha asegurado que, en caso de que finalmente se prohíba en Europa usar los equipos de Huawei y Vodafone tenga que sustituir las redes desplegadas con este fabricante, esto no será "un gran problema" para la operadora en España, ya que tiene definido cómo hacerlo, que será de una forma "sencilla" y sin afectar a los clientes.

Respecto a la próxima subasta de espectro en la banda de los 700 Mhz, Coimbra se ha mostrado optimista y espera que se mantenga el actual sistema de adjudicación en "condiciones razonables y asequibles" que ha permitido que España sea el país de Europa "más avanzado en infraestructuras de nueva generación". "Esperemos que esta lógica de equilibrio se mantenga y no vemos ninguna razón para que no", ha añadido.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Medio Cudeyo ha condenado a la empresa Vodafone a indemnizar a un cliente con 6.000 euros por vulneración de su derecho al honor al incluirlo de forma irregular en una lista de morosos por una deuda no reclamada de 245 euros derivada de servicios de los que se había dado de baja. El fallo, contra el que se puede interponer recurso de apelación, estima la demanda interpuesta por el cliente e impone las costas a la compañía de telefonía.

Según consta en la sentencia, el cliente contrató con la compañía los servicios de teléfono fijo, ADSL, televisión y dos líneas de móviles en 2016, pero se dio de baja en septiembre de ese año por cambio de operador, al no poder efectuar el cambio de titularidad a nombre de su esposa. Tras efectuar varios pagos por la prestación de los servicios, fue incluido en mayo de 2017 en el registro de morosos sin que la compañía aportara "prueba alguna de reclamación" sobre la existencia de una deuda exigible por ese contrato. El fallo considera acreditado que de esta manera se vulneró de forma "infundada y arbitraria" el derecho al honor del demandante, al "no tener conocimiento ni ser requerido de pago alguno".

Los tres sindicatos con representación en Vodafone, UGT, STC y CCOO, han aceptado la propuesta final presentada por la dirección de la empresa sobre las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que supondrá la salida de un máximo de 1.102 empleados y en la que la compañía acepta que sea un proceso totalmente voluntario.

Las tres organizaciones han transmitido en la última reunión de la Mesa Negociadora, celebrada este viernes, su intención de adherirse a la propuesta final que presentó la dirección el pasado martes para proceder a la "firma con acuerdo" del documento final del ERE. Fuentes de STC han explicado que la dirección está redactando en estos momentos el acuerdo definitivo para intentar que en el mismo se refleje "con la mayor claridad" todos sus aspectos y que se resuelvan cuantas dudas que manifiesten las organizaciones sindicales.

El 93,9% de los afiliados del sindicato han votado a favor de aceptar la última propuesta de la compañía en un referéndum interno, tras el cual la representación de STC en la operadora se ha comprometido a realizar las gestiones oportunas para llevar a buen término el resultado de esta votación. Por su parte, UGT informó este jueves que las asambleas de la plantilla afectada decidieron dar su apoyo de forma mayoritaria a las últimas condiciones negociadas, frente a "la incertidumbre y el empeoramiento de las mismas que significaría un no acuerdo y la subsiguiente demanda".

Propuesta Final

Vodafone España presentó el pasado martes su última propuesta a los representantes de los trabajadores en la mesa negociadora del ERE, en la que rebajaba a un máximo de 1.102 los trabajadores afectados por este procedimiento y aceptaba que sea un proceso totalmente voluntario. En concreto, la operadora cifró los trabajadores afectados por el ERE en un máximo de 1.000 para 2019 (198 menos que en la propuesta inicial), a los que se podrían sumarse voluntariamente y de manera excepcional aquellos empleados que durante 2020 cumplan 55 años y tengan 10 o más años de antigüedad, colectivo formado por un máximo de 102 trabajadores.

Asimismo, Vodafone admitirá el total de las solicitudes voluntarias de adhesión al ERE, hasta el límite del número de posiciones finalmente afectadas a nivel de división, y con derecho de veto por parte del grupo. El plazo para la adscripción voluntaria se iniciará el 25 de febrero y se cerrará el 4 de marzo y, en caso de no alcanzarse los 1.000 voluntarios, se recurrirá a despidos forzosos.

Por otro lado, la empresa mejoraba en su última propuesta las indemnizaciones establecidas para los afectados. Frente a la anterior, que planteaba 50 días de salario por año de trabajo con un máximo de 30 mensualidades, al final ofrece 50 días de salario por año de servicio pero con un máximo de 33 mensualidades.

En lo referente al plan de rentas (prejubilaciones), la dirección ha situado finalmente la edad a la que se puede optar en los 55 o más años y con diez o más años de antigüedad. Se establece, como complemento a las prestaciones contributivas por desempleo, una renta bruta mensual que, junto a dichas prestaciones, alcancen el 85% del salario fijo neto más el 50% del variable.

Vodafone España ha presentado este miércoles su última propuesta a los representantes de los trabajadores en la mesa negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), en la que rebaja a un máximo de 1.102 los trabajadores afectados por este procedimiento y acepta que sea un proceso totalmente voluntario , según informa Europa Press.

En concreto, cifra los trabajadores afectados por el ERE en un máximo de 1.000 para 2019 (198 menos que en la propuesta inicial), a los que se podrían sumarse voluntariamente y de manera excepcional aquellos empleados que durante 2020 cumplan 55 años y tengan 10 o más años de antigüedad, colectivo formado por un máximo de 102 trabajadores, según la compañía.

Asimismo, Vodafone asegura en su propuesta final que admitirá el total de las solicitudes voluntarias de adhesión al ERE, hasta el límite del número de posiciones finalmente afectadas a nivel de división, y con derecho de veto por parte del grupo. El plazo para la adscripción voluntaria se iniciará el 25 de febrero y se cerrará el 4 de marzo y, en caso de no alcanzarse los 1.000 voluntarios, se recurrirá a despidos forzosos.

La primera propuesta de la empresa no contemplaba la posibilidad de que existieran salidas voluntarias, una de las medidas más reclamadas por los sindicatos. En su anterior propuesta, presentada la pasada semana, Vodafone España admitía una voluntariedad máxima del 30% en cada área organizativa con una capacidad de veto del 10%.

Por otro lado, la empresa ha mejorado de nuevo las indemnizaciones establecidas para los afectados. Frente a la anterior propuesta, que planteaba 50 días de salario por año de trabajo con un máximo de 30 mensualidades, ahora ofrece 50 días de salario por año de servicio pero con un máximo de 33 mensualidades.

Adicionalmente, para los empleados con un salario fijo igual o inferior a 28.000 euros brutos anuales que tengan al menos cinco o más años de antigüedad se le ofrecerá un complemento a su indemnización de 6.000 euros brutos, si bien la suma de este complemento más la indemnización no podrá superar el máximo de 33 mensualidades.

Plan de prejubilaciones 

En lo referente al plan de rentas (prejubilaciones), la dirección ha situado finalmente la edad a la que se puede optar en los 55 o más años y con diez o más años de antigüedad. Se establece, como complemento a las prestaciones contributivas por desempleo, una renta bruta mensual que, junto a dichas prestaciones, alcancen el 85% del salario fijo neto más el 50% del variable.

Los trabajadores que durante 2020 cumplan 55 años, con 10 o más años de antigüedad, que decidan voluntariamente adherirse al despido colectivo (un máximo de 102 personas), se incluirán en el plan de rentas. No obstante, todos aquellos empleados a los que se les aplique el plan de rentas, no tendrán derecho a indemnización.

Por otro lado, el grupo se compromete a no acometer ningún otro despido colectivo hasta el frente al 31 de marzo de 2021, un año más de lo que recogía la anterior propuesta, así como a no adoptar ninguna movilidad geográfica unilateral (individual o colectiva) hasta al 31 de marzo de 2020.

Además, la empresa propone un plan de recolocación gestionado por la empresa Lee Hecht Harrison para los empleados afectados hasta alcanzar el 80% de la recolocación total, así como un programa de emprendimiento para los trabajadores afectados forzosamente mayores de 45 años. y a no adoptar ninguna movilidad geográfica unilateral (individual o colectiva) hasta al 31 de marzo de 2020.

Consulta a los trabajadores

Sindicatos y empresa volverán a reunirse el próximo viernes 22 de enero para firmar el acta final del proceso, haya o no acuerdo entre las partes. La dirección de la compañía ha afirmado en la mesa, que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, aplicaría las condiciones de inicio de esta negociación, es decir, 1200 despidos forzosos y 32 días por año trabajado hasta 20 mensualidades.

Fuentes de UGT han explicado a Europa Press que someterán a asamblea la oferta final realizada por la empresa, que consideran "menos mala de lo que podrían esperar" y mejora las condiciones del anterior ERE. La formación ve probable que los afiliados respalden esta propuesta ante la dificultad de lograr la nulidad de un despido por vía judicial.

Por su parte, STC ha informado de que también realizarán asambleas en todos los centros de trabajo para resolver todas las dudas e inquietudes de los empleados y el jueves celebrará un referéndum vinculante nacional dentro de la organización en Vodafone para que se decida directamente si aceptan el acuerdo o no.

La formación sindical asegura que ha sido "una negociación difícil", en la que no se han conseguido muchas de las reivindicaciones que ha defendido en la Mesa de Negociación. "Ahora debemos decidir sobre la propuesta final que realiza la dirección, después de este duro proceso de negociación", agrega.

CCOO también someterá a votación entre sus afiliados si firman o no el acuerdo sobre el ERE y ha lamentado que, debido a la falta de acuerdo de los otros sindicatos, no se pueda hacer un referéndum vinculante para consultar a toda la plantilla la aceptación de la última propuesta.

CCOO lamenta que el documento final no recoja algunas de las muchas propuestas presentadas en la mesa para no hacer traumático este expediente, ya que finalmente sigue suponiendo una destrucción masiva de empleo (1.000 empleos) y "sin duda tendrá un impacto negativo importante en las personas despedidas de manera forzosa, además de dejar un futuro incierto para los que se queden".

Vodafone España ha comunicado a los representantes de los trabajadores la apertura de un procedimiento de despido colectivo "por razones económicas, productivas y organizativas" que afectará a un máximo de 1.200 empleados, el 23,5% de la plantilla.

La operador ha detallado que ha convocado a los sindicatos para iniciar a finales de enero el periodo de consultas de este Expediente de Regulación de Empleo (ERE), un proceso que se prolongará durante un mes y en el que la empresa buscará un acuerdo con los representantes de los trabajadores.

A este respecto, afirma que, "siendo sensible al impacto de esta medida, aborda la negociación con la determinación de alcanzar con la representación social "el mejor acuerdo posible tanto para los empleados como para la empresa".

Vodafone España explica que el procedimiento que este jueves arranca persigue "revertir la negativa evolución del negocio, reforzar su sostenibilidad, proteger la capacidad de inversión y diseñar una organización más competitiva y mejor adaptada a lo que piden los clientes"

Así, señala que en el actual contexto de mercado la demanda de servicios sigue creciendo de forma exponencial, pero en cambio los precios no aumentan, como refleja que cerca del 50% de las altas brutas están asociadas con ofertas low y medium cost.

La compañía asegura que esto le obliga a tener una estructura de costes preparada para competir con éxito en todos los segmentos, una situación ha llevado ya a caídas de los ingresos y del resultado bruto de explotación (Ebitda) en el primer semestre del actual ejercicio.

Asimismo, también agrega que las actuales expectativas de los clientes, que exigen una relación ágil, sencilla e inmediata, llevan a Vodafone a buscar un modelo organizativo más simplificado y que refuerce la coordinación y sinergias entre los equipos.

Vodafone tendrá que devolver más de 4 millones de euros a medio millón de usuarios por el cobro indebido derivado de la liberación de móviles, ha informado Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae). 

La sentencia dictada este lunes por la Audiencia Provincial de A Coruña confirma el abuso en el cobro por desbloqueo y liberación de móviles una vez finalizado el periodo de permanencia. 

Adicae ha habilitado una plataforma para reunirr a los afectados y a través de la cual facilitar la devolución de unas cantidades que, aunque son de pequeño importe, 9,68 euros, deben ser reembolsadas a los clientes. 

Adicae y la Fiscalía de Galicia consiguen gracias a esta demanda colectiva interpuesta contra Vodafone poner sobre la mesa un fraude masivo que afectó a un total de 519.360 afectados. La asociación ha pedido a la empresa de telecomunicaciones el listado de clientes afectados, subraya la asociación. 

La Audiencia Provincial condena a Vodafone a suprimir el uso de estas claúsulas en los nuevos contratos  y eliminarlas en los contratos que todavía las contengan, así como reembolsar el cobro indebido con una indemnización que se han incrementado en un 2% de penalización.

La Audiencia Nacional ha anulado la resolución sancionadora de alrededor de 120 millones de euros que la Comisión Nacional de Competencia (CNC) impuso en 2012 a los tres operadores de telecomunicaciones Movistar, Vodafone y Orange por abuso de posición de dominio al aplicar precios excesivos a los servicios mayoristas de terminación y acceso de SMS y MMS.

En concreto, en la resolución de la CNC, cuyas competencias asumió posteriormente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y que fue recurrida por los tres operadores, se determinaba que Telefónica Móviles debía abonar un total de 46,49 millones de euros; Vodafone, 43,525 millones de euros, y Orange, 29,95 millones de euros.

Fuentes de las operadoras han confirmado la decisión de la Audiencia Nacional de anular la resolución de la CNC y la condena del pago de las costas judiciales a la Administración, aunque en el caso de Telefónica la compañía todavía no ha recibido la notificación oficial. Sin embargo, todo apunta que la sentencia irá en la misma línea que la dictada para Vodafone y Orange.

La sentencia, contra la que la Administración tiene 30 días para presentar un recurso de casación, se fundamenta en que no se justifica la existencia de una posición de dominio individual de las tres operadoras en el mercado mayorista de terminación de SMS, por lo que ha decidido no entrar a valorar otras consideraciones.

Asimismo, tampoco entra a analizar la posición de dominio conjunta declarada en el mercado de acceso y originación, ya que la resolución la consideraba un refuerzo de la posición de dominio individual en mercados de terminación, al mismo tiempo que cuestiona la definición de un mercado mayorista de terminación de SMS diferente del mercado de voz, así como la definición de cada red como mercado individual.

En esta línea, en la sentencia de Vodafone también menciona la falta de análisis actualizado del mercado, por haber asumido análisis y conclusiones realizados por la autoridad regulatoria en otro contexto (y otro momento), por haberse limitado a responder vaga e insuficientemente las alegaciones presentadas en contrario por la operadora en el expediente administrativo, entre otros motivos.

La sanción de 120 millones de euros fue en su momento la segunda mayor sanción impuesta por las autoridades de competencia en la historia en España detrás de la que en 2009 impuso a las aseguradoras por pactar precios en el sector de los seguros decenales.

La CNC argumentaba que estos operadores ostentaban una posición de "monopolio" en los mensajes enviados a los usuarios de su red, lo que les permitió establecer precios "muy elevados" al resto de compañías, que se trasladaron al precio que pagaban los usuarios.

En opinión del antiguo regulador de competencia, las compañías pudieron "así sostener unos precios minoristas de los mensajes cortos a pagar por los usuarios más elevados" y generar "mayores barreras" de entrada y expansión a los operadores móviles virtuales (OMV).