Telegram más allá del dislate de Pedraz: una privacidad llevada tan al límite que da refugio a los delincuentes

Plataforma de mensajeria Telegram.

Lo que el viernes era una medida "necesaria, idónea y proporcional" este lunes pasó a ser una decisión "excesiva". En apenas 72 horas, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha girado 180 grados su opinión respecto a Telegram, que finalmente no será bloqueado en España. Hacerlo, sostiene el magistrado ahora, "supondría un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan", que en nuestro país son más de ocho millones. Ya lo habían avisado expertos y organizaciones de consumidores, y por eso este lunes paralizó la cautelar a la espera de tener sobre su mesa un informe solicitado a la Comisaría General de Información sobre la incidencia que podría tener el bloqueo. Pero no hará falta que llegue: Telegram no será bloqueado. Pero eso no quita que lo sea en otro momento. Y no sólo en España.

Este fin de semana la Audiencia Nacional informó a las operadoras españolas de que tenían un plazo de tres horas para cumplir la suspensión de los recursos asociados a la aplicación cumpliendo la medida cautelar ordenada por Pedraz en el marco de un procedimiento por un delito de vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual contra los titulares de diversos canales creados en la red social. En concreto, todo surgió a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por un presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor.

En ese momento, el magistrado dijo que la medida era la única que podía "detener la reiteración de los hechos denunciados", puesto que las autoridades de las Islas Vírgenes —donde esta domiciliada la tecnológica— no habían "colaborado con la comisión rogatoria" enviada el pasado mes de julio para que Telegram informase de determinados datos técnicos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción de los derechos de propiedad intelectual.

Es decir, el caso no es contra Telegram, sino que la plataforma es tan sólo el canal en el que, presuntamente, unos usuarios concretos han cometido un delito contra los derechos de autor.

Desde primera hora del sábado, la decisión fue duramente criticada desde varios flancos. FACUA-Consumidores en Acción fue una de las primeras organizaciones en hacerlo. En concreto, alertaron de "los enormes perjuicios" para "los millones de usuarios y para las empresas, organizaciones e instituciones publicas y privadas que difunden contenidos de forma lícita a través de sus canales en esta plataforma".

Los expertos hicieron lo propio. Y aun hoy siguen reafirmándose en su opinión inicial. "El juez adoptó una medida desproporcionada. Por perseguir a unos delincuentes tomó una decisión que vulneraría los derechos de la libertad de expresión e información de muchísimos ciudadanos", explica Borja Adsuara, experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital, que aplaude la marcha atrás de Pedraz. "Está bien que, aunque tarde, rectifique", celebra.

Natalia Martos, CEO y fundadora de Legal Army, coincide. "Se estaban poniendo en peligro los derechos y las libertades de los ciudadanos. Telegram es una aplicación de uso masivo por ciudadanos y colectivos y un eventual bloqueo por perseguir determinados comportamientos ilícitos de unos pocos no parece tener sentido", señala.

Martín Piqueras, profesor de OBS Business School y experto en estrategia digital en Gartner, lo explica con el siguiente ejemplo: "Bloquear todo Telegram porque unas personas determinadas comparten contenido ilícito es como cerrar todas las carreteras porque alguien está transportando armas ilegales".

Terrorismo o pornografía infantil: un agujero negro para la delincuencia

El debate abierto este fin de semana, no obstante, continúa. El Estado Islámico tiene canal en la aplicación de mensajería y, a través de él, reivindican atentados como el cometido el pasado viernes en una sala de conciertos de Moscú (Rusia) que ha dejado, al menos, 133 muertos. Otros espacios dentro de la app comparten pornografía infantil. Y algunos, como es este caso, ofrecen contenido pirateado. En todos los casos, explican los expertos consultados, independientemente de la gravedad del presunto delito cometido, Telegram mantiene la privacidad de sus usuarios.

Es el ADN de la tecnológica y, también, lo que la popularizó. "La aplicación fue creada por dos hermanos rusos que pretendían blindar las comunicaciones secretas de gente perseguida en Rusia. Idearon una red que les permitiera hablar sin miedo a que el gobierno ruso les espiara. El gran inconveniente es que es un efecto llamada para delincuentes, porque tampoco pueden ser identificados", señala el experto.

No ocurre lo mismo con Whatsapp, donde por ejemplo las autoridades pudieron actuar contra los grupos de esta aplicación que compartían entre menores imágenes pornográficas o mensajes de extrema derecha. "En este caso fue posible actuar contra los delincuentes sin tener que adoptar una medida tan desproporcionada", señala Martos.

Ocurrió porque pertenece a Meta y, por tanto, tiene establecimiento en Europa. Es a lo que se agarra Telegram para seguir llevando hasta el extremo su bandera de aplicación de mensajería respetuosa con la privacidad de sus usuarios. Su empresa matriz está ubicada en las Islas Vírgenes y su empresa operativa tiene sede en Dubai. "Tenemos un problema de base y es que Europa no está generando tecnologías ni liderando ni invirtiendo para tener plataformas de mensajería propias. Sólo invierten en tecnología Estados Unidos y los países asiáticos, y estos no tienen motivación para cumplir con las leyes", lamenta Piqueras.

Por eso, critica, ponemos "tiritas". "Lo único que podemos hacer con este tipo de aplicación es obligar a que los que quieran operar en la Unión Europea cumplan con nuestras leyes, y tener una mano dura con ellos", explica.

Un futuro bloqueo no sería "descabellado"

En este sentido, Adsuara vaticina que un futuro bloqueo de la aplicación no sería "descabellado". Según explica, la Unión Europea ha aprobado —o está a punto de hacerlo— tres normativas digitales —Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), Reglamento de Servicios Digitales (DSA), Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA)— que exigen a todas las tecnológicas que quieran operar en su territorio que se establezcan en Europa y que cumplan sus leyes, así como que obedezcan a sus autoridades. "Teniendo esto en cuenta, Telegram tiene dos opciones: o abrir una delegación en Europa y adaptarse o acatar un posible bloqueo", explica el experto.

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Piqueras también lo ve factible, aunque él incide en que esto debe realizarse "de forma selectiva". "Hay que hilar muy fino para llevar a cabo bloqueos", sostiene. Un ejemplo es Alemania, donde el Gobierno ordenó el cierre de 64 canales que consideraban que vulneraban las leyes nacionales contra los discursos de odio. Casos como el que casi decide el juez Pedraz, por su parte, sólo ha habido en Brasil.

Fue por algo muy similar. Un tribunal que investigaba la publicación de contenidos de carácter neonazi y antisemita en un contexto de ataques en colegios requirió información a la compañía, que tampoco quiso revelar ningún dato. La justicia brasileña ordenó también el bloqueo, pero fue revertido también por la propia justicia, algo que Adsuara cree que es lo que habría ocurrido en España si el juez Pedraz hubiera seguido adelante con sus intenciones iniciales. "Si hubieran recurrido la cautelar, habría anulado la medida, puesto que no estaba suficientemente motivada en el auto", sostiene.

Otros cinco países sí que no permiten a sus ciudadanos el uso de la aplicación de mensajería. Pero en este caso es para impedir la oposición a sus respectivos gobiernos: se trata de China, Cuba, Irán, Pakistán y Tailandia.

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