El presidente de la Asamblea del Consejo de Europa (APCE), Theodoros Rousopoulos, considera que Letonia envía "un mensaje peligroso" al retirarse del llamado Convenio de Estambul para prevenir la violencia contra las mujeres, el de que "la seguridad y la dignidad de las mujeres se puede cuestionar o negociar", según informa EFE.

En un comunicado publicado este viernes, un día después del voto del Parlamento letón para salir de ese convenio, Rousopoulos dice estar "profundamente" alarmado porque esa decisión constituye "un retroceso sin precedentes y profundamente preocupante para los derechos de las mujeres y los derechos humanos en Europa".

A su juicio, el voto para esa retirada (56 diputados se pronunciaron a favor y 32 en contra) se lleva a cabo "precipitadamente y alimentado por la desinformación", ya que el debate se redujo en el tiempo, lo que "demuestra el escaso espacio que se le da al diálogo democrático en lo que respecta a los derechos de las mujeres".

En cuanto al supuesto "plan alternativo" propuesto por el Parlamento, el presidente de la APCE subraya que no puede sustituir al Convenio de Estambul que "ofrece un marco integral" que incluye prevención, protección, persecución y políticas, además de un mecanismo de seguimiento independiente.

"Nada de esto -añade- se encuentra en las vagas declaraciones que se ofrecen en su lugar" de forma que "el resultado será una menor protección para las mujeres y las niñas en Letonia.

Letonia es el segundo país, después de Turquía en 2021, que se retira de este tratado, el primer instrumento de alcance europeo con normas vinculantes para prevenir la violencia por razones de género, proteger a las víctimas y sancionar a los autores.

Para Rousopoulos, el mensaje será "devastador" porque ilustra que "la violencia contra las mujeres no se toma en serio".

De ahí su mensaje "a las autoridades y a los representantes electos de Letonia" para que reconsideren la decisión.

El borrador para retirarse del convenio fue introducido en el Parlamento por el partido populista Letonia Primero (LPV) y apoyado por otros partidos de la oposición e incluso por uno de los que forma parte de la coalición de centro izquierda en el Gobierno.

Los detractores del Convenio de Estambul le reprochaban que introdujera en Letonia una "ideología foránea" que supuestamente incita a los jóvenes a la homosexualidad o a cambiar su identidad de género. En paralelo, aseguraban que las leyes letonas en vigor son suficientes para proteger de la violencia a las mujeres y los grupos vulnerables.

Hasta que se formalice la retirada de Letonia, hay 39 países que la han ratificado. España estuvo entre los primeros, en 2014.

El político letón Edgars Rinkevics se ha convertido este sábado en el primer jefe de Estado homosexual declarado de la UE tras tomar posesión del máximo cargo de su país, informa Europa Press. Rinkevics fue elegido por el Parlamento letón en mayo para ocupar el máximo cargo del Estado tras tres rondas de votación. Este sábado ha prometido en su discurso de toma de posesión seguir apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia.

La política exterior letona "no tiene margen para cometer errores", por lo que se ha comprometido a actuar "rápidamente, con decisión y sabiamente". Además, ha emplazado a la juventud a "romper el techo de cristal" porque la desigualdad es un "problema importante".

"Durante mi Presidencia voy a defender la creación de una Letonia moderna y fuerte, una Letonia legal y justa, por el bienestar de la gente, por una sociedad inclusiva y respetuosa", por lo que ha emplazado a la ciudadanía a "trabajar junta".

Rinkevics tiene una larga trayectoria como ministro de Asuntos Exteriores, cargo que ocupa desde 2011, y ahora ocupará el puesto de presidente de Letonia, una posición fundamentalmente ceremonial, aunque con capacidad de vetar legislación y convocar referéndums.

En la UE ha habido jefes de gobierno abiertamente gays, pero nunca un jefe de Estado homosexual, hasta ahora. El primer jefe de gobierno gay de la UE fue el belga Elio di Rupo.

Rinkevics se declaró homosexual en 2014 y ha sido desde entonces uno de los principales defensores de los derechos LGTBI+. El matrimonio homosexual es ilegal en Letonia, aunque desde el año pasado el Tribunal Constitucional reconoce las uniones civiles de personas del mismo sexo.

España desplegará a partir del mes de abril y durante cuatro meses una batería de antimisiles 'Nasams' en Estonia para la protección de su espacio aéreo, similar a la enviada a Letonia en junio del pasado año, se´gun informa Europa Press.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y su homólogo estonio, Janno Pevkur, han cerrado el acuerdo en un encuentro bilateral mantenido este martes en los márgenes de la reunión de ministros de la OTAN en Bruselas. Robles ya avanzó hace un mes que España estudiaba "muy favorablemente" la petición de Estonia para el despliegue de esta batería de antimisiles, que va a acompañada de un despliegue de unos 80 efectivos.

Según ha informado el Ministerio de Defensa de Estonia, el despliegue tendrá lugar el próximo mes de abril y se prolongará durante cuatro meses, mientras el país espera la llegada de sus propios sistemas de defensa aérea."El flanco oriental de la OTAN ha crecido significativamente durante el último año. Teniendo en cuenta la necesidad de llenar este vacío crítico en nuestras capacidades de defensa aérea de mediano alcance, estoy muy contento de que hayamos llegado a un acuerdo con España sobre el despliegue de su sistema de defensa aérea terrestre de mediano alcance", ha explicado el ministro estonio. Según ha recordado, Estonia, Letonia y Lituania hicieron una propuesta en la OTAN para establecer un modelo de rotación de defensa aérea, similar a la misión de policía aérea en el Báltico que lleva años funcionando.

Estonia también espera aprender "detalles tácticos" del despliegue español —que se ubicará en la base de Ämari bajo el mando del Mando SACEUR de la OTAN— para el uso de un sistema de defensa aérea de medio alcance y su integración con otros sistemas de defensa aérea. Este sistema estará además vinculado con el desplegado desde hace más de seis meses en Letonia y ambos formarán parte de la defensa aérea y antimisiles del flanco oriental de la OTAN, reforzado desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania hace un año.

Desde el inicio de la ofensiva militar, España ha incrementado los efectivos en Letonia —han pasado de 350 militares a 600—, multiplicado las misiones de policía aérea en el Báltico y el Mar Negro y una aportación naval permanente en las misiones de la OTAN en el Mediterráneo.

Un avión privado Cessna procedente del aeropuerto de Jerez de la Frontera se ha estrellado en aguas del mar Báltico cerca de Ventspils, Letonia, cuando se dirigía a Colonia/Bonn, en Alemania, según su plan de vuelo e informa Europa Press.

El aparato habría tenido problemas por la presión en cabina, según recoge el diario sensacionalista alemán Bild, que asegura que en el avión viajaban una mujer, la piloto, un hombre y la hija de ambos.

Según la web de seguimiento de vuelos Flightradar el aparato partió de Jerez, en la mañana del domingo, atravesó España, Francia, Alemania y se adentró en el mar Báltico. El contacto se perdió tras superar las costas de Polonia, el enclave ruso de Kaliningrado y las costas de Lituania hasta entrar en la zona marítima más cercana a Letonia.

Aviones de combate españoles y franceses despegaron para comprobar la situación en el avión privado, pero los pilotos no pudieron distinguir a nadie en la cabina, siempre según Bild. Ya en Alemania un avión de combate Eurofighter despegó de la base aérea de Rostock para hacer el seguimiento del avión Cessna, pero tampoco pudo obtener información.

Más tarde, un avión de combate F-16 danés asumió la escolta del aparato y los pilotos pudieron ver cómo el avión viraba y se estrellaba frente a Letonia alrededor de las 19.45 horas. La Guardia Costera sueca ha enviado aviones de rescate, embarcaciones y un helicóptero al lugar del accidente.

A apenas 120 kilómetros de la frontera rusa se encuentra la base militar de Adazi (Letonia), uno de los principales centros de operaciones de la OTAN en el este de Europa. Bajo una intensa nevada y frente a una decena de carros de combate y vehículos acorazados custodiados por las tropas de la Alianza Atlántica, Pedro Sánchez compareció este martes junto a los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, y Letonia, Arturs Krišjānis, así como con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en un claro intento de exhibir unidad y despliegue militar ante Vladimir Putin.

"Venimos a garantizar la seguridad de las fronteras europeas", afirmó el presidente español antes de comprometerse a que su Gobierno "estará siempre donde tiene que estar y hará lo que deba hacer". Al igual que sus homólogos, durante la comparecencia Pedro Sánchez quiso hacer hincapié en que "el vínculo trasatlántico está más fuerte y unido que nunca" e hizo un llamamiento de aislamiento global al régimen ruso: "Lo crucial es estar unidos  como vemos hoy. Las sanciones económicas son uno de los medios más contundentes de que disponemos para hacer frente a una guerra tan injustificada como la que está librando Putin. Todo el mundo está con Ucrania, Putin está solo y eso se tiene que notar en su aislamiento", dijo el presidente. Sobre las consecuencias económicas que podrían sufrir también las economías europeas, admitió que "va a costar, aunque mayor sería el coste si no actuáramos contra Putin".

En la base de Adazi se encuentran desplegados 1.500 soldados en una misión de la OTAN que lidera Canadá y en la que España es el segundo país que más tropas aporta. Hasta ahora España contaba con un destacamento de 350 soldados, aunque con el aumento del despliegue de la OTAN llegarán 150 más en los próximos días.

En la Moncloa enmarcan la visita de Pedro Sánchez junto al primer ministro de Canadá y el secretario general de la OTAN como un mensaje de apoyo a los países bálticos y al este de Europa y como refuerzo del flanco oriental del continente ante la amenaza expansionista rusa.

Según fuentes del Ejecutivo, el compromiso de España ante la OTAN se refuerza con ese nuevo despliegue de 150 soldados del llamado Plan de Repuesta Graduada, compuesto por fuerzas de muy alta disponibilidad de la alianza atlántica preparadas para ser desplegadas entre 5 y 7 días. Aclara el Gobierno que, en todo casi, la misión de desarrolla en el contexto de planes de disuasión y no de defensa con el objetivo de mandar un mensaje claro: "Estamos preparados".

Durante su visita oficial, Pedro Sánchez ha mantenido una intensa agenda de trabajo diplomático con reuniones bilaterales con el primer ministro de Letonia, de Canadá y con el secretario general de la OTAN. El presidente del Gobierno también ha visitado a los soldados españoles desplegados en Letonia.

Un total de 19 países de la UE, entre ellos España, han acordado este lunes una declaración conjunta por la cual "reconocen y apoyan a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional democráticamente elegida, como presidente encargado de Venezuela, a fin de que convoque elecciones presidenciales libres, justas y democráticas"; informa Europa Press.

El reconocimiento, señala la declaración difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, se hace "de acuerdo con los preceptos de la Constitución venezolana".

Los países que han adoptado esta posición son España, Portugal, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos, Francia, Hungría, Austria, Finlandia, Bélgica, Luxemburgo, la República Checa, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Suecia y Croacia.

No hay acuerdo de los 28

En cambio, no se han sumado a ella Italia, Grecia, Irlanda, Malta, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y Bulgaria.

El ministro español, Josep Borrell, ya daba por hecho por la mañana que no habría una declaración común de los Veintiocho.

El texto acordado empieza por recordar que el 26 de enero varios Estados Miembros de la UE instaron a Nicolás Maduro a poner en marcha el procedimiento legal para la convocatoria de elecciones presidenciales democráticas dentro de un plazo de ocho días. Ahora, los 19 países "toman nota" de que Nicolás Maduro ha optado por no hacerlo. También recuerdan que, ese mismo día, la Alta Representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, emitió un comunicado en nombre de los 28 Estados Miembros de la UE, llamando igualmente a la celebración urgente de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles.

En ese comunicado indicaba que, "en ausencia de un anuncio sobre la organización de nuevas elecciones con las garantías necesarias en los días siguientes, la UE tomaría otras medidas, incluyendo en lo concerniente al reconocimiento del liderazgo del país, en línea con el artículo 233 de la Constitución venezolana".

Macron le reconoce como "presidente encargado" para convocar elecciones

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha reconocido este lunes a Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela con el cometido de convocar elecciones en el país latinoamericano después de que Nicolás Maduro no haya atendido el ultimátum que se le había dado en este sentido. "Los venezolanos tienen el derecho de expresarse libremente y democráticamente", ha defendido Macron en un mensaje en Twitter escrito en español. "Francia reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado para implementar un proceso electoral", ha indicado el presidente francés.

Asimismo, Macron ha expresado su apoyo al "grupo de contacto, creado con la UE, en este período de transición". La UE se ha sumado como coanfitriona a la reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela que se celebrará el próximo jueves en Montevideo.

Reino Unido también lo reconoce

Reino Unido también ha reconocido este lunes a Juan Guaidó como "presidente interino constitucional" de Venezuela después de que Nicolás Maduro no haya convocado elecciones en el plazo de ocho días que se le había dado. "Nicolás Maduro no ha convocado elecciones presidenciales en el plazo de ocho días que habíamos fijado", ha subrayado el ministro de Exteriores británico, Jeremuy Hunt, en Twitter.

"Por ello, Reino Unido junto con sus aliados europeos reconoce ahora a Juan Guaidó como presidente interino constitucional hasta que puedan celebrarse elecciones creíbles", ha anunciado. "Esperemos que esto nos lleve más cerca de poner fin a la crisis humanitaria", ha confiado el jefe de la diplomacia británica.

Alemania y Países Bajos siguen la estela de la UE

El Gobierno de Alemania también ha anunciado su reconocimiento a Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela. El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, ha resaltado que el reconocimiento a Guaidó "va en línea con la Constitución" venezolana y ha resaltado que su mandato incluye la organización de unas presidenciales "libres, justas y democráticas".

El Gobierno de Países Bajos ha hecho lo propio reconociendo la legitimidad de Guaidó y ha recalcado que quiere que "la libertad y la democracia vuelvan lo antes posible al país". "El periodo de ocho días para convocar elecciones libres, democráticas y transparentes en Venezuela ha expirado hoy", ha resaltado el ministro de Exteriores neerlandés, Stef Blok. "El reino de países Bajos reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Queremos que la libertad y la democracia vuelvan a Venezuela lo antes posible", ha manifestado.

Suecia, Dinamarca, Austria y Portugal se suman a los reconocimientos

El Gobierno sueco también ha reconocido este lunes a Guaidó como presidente interino y, como muchos países europeos, ha apostado por una solución política y pacífica. "En esta situación apoyamos y consideramos a Guaidó como legítimo presidente interino", ha declarado la ministra de Exteriores sueca, Margot Wallström, a la televisión pública SVT. Wallström ha recordado que Suecia "nunca" reconoció los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado, boicoteadas parcialmente por la oposición y en las que ganó Nicolás Maduro, por lo que considera a Guaidó como "único representante legítimo del pueblo venezolano".

Dinamarca se ha sumado a la lista de países de la UE que han reconocido a Juan Guaidó como "presidente interino" del país a la espera de que se celebren elecciones. Así lo ha anunciado el ministro de Exteriores danés, Anders Samuelsen, en su Twitter.

El canciller de Austria, Sebastian Kurz, también ha reconocido al líder opositor como "presidente interino legítimo", una vez expirado el ultimátum dado al mandatario. "El régimen de Maduro se ha negado hasta la fecha a aceptar unas elecciones presidenciales libres y justas. Por este motivo, consideramos desde este momento al presidente Guaidó como presidente interino legítimo de conformidad con la Constitución venezolana", ha dicho en un mensaje en español en su cuenta en la red social Twitter.

Austria, uno de los países que rechazó en un primer momento su reconocimiento a Guaidó, cambió de opinión el domingo después de la conversación que mantuvo Kurz con el presidente de la Asamblea venezolana. "Si Maduro no responde a la petición de la UE para elecciones libres y justas, aceptaremos y apoyaremos a Juan Guaidó como presidente 'ad interim' de Venezuela", dijo en Twitter el canciller.

El mismo camino ha seguido Portugal que, a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, ha reconocido la legitimidad del autoproclamado presidente encargado de Venezuela.

Grecia admite el papel de Guaidó para organizar elecciones, aunque evita su reconocimiento explícito

El ministro de Asuntos Exteriores alterno de Grecia, George Katrougalos, ha asegurado que el Gobierno griego admite el papel de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional para organizar nuevas elecciones presidenciales en Venezuela, aunque ha evitado su reconocimiento explícito.

"Admitimos y respetamos el papel de la Asamblea Nacional y de su presidencia para preparar las elecciones pero lo esencial para nosotros es la iniciativa diplomática de la UE de proponer la creación de un grupo de contacto internacional", ha resumido el ministro en declaraciones a la prensa en Bruselas.

Grecia e Italia se han mantenido entre los países más reacios a un reconocimiento explícito de Guaidó, aunque Atenas acabó aceptando la fórmula de compromiso en la UE –que solo rechazó Italia– para aceptar el papel de Guaidó para avanzar en los preparativos de nuevas elecciones.

Katrougalos ha insistido en la necesidad de "garantizar una solución democrática y pacífica" a la crisis venezolana, insistiendo en que "sólo la gente de Venezuela puede tener algo que decir en su propio futuro".

"Interferencias sobre esto deben excluirse", ha insistido, dejando claro que el papel de la comunidad internacional debe limitarse a "rebajar la tensión y garantizar elecciones justas e imparciales" para evitar "una guerra civil y reunir una sociedad y sistema político muy polarizados".

Katrougalos se ha mostrado "seguro" de que "Europa puede jugar un papel constructivo", que contribuya a una solución "pacífica y democrática", algo que "todos" quieren.

Venezuela "revisará integralmente" las relaciones con los gobiernos europeos que han reconocido a Guaidó

El Gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado este lunes que "revisará integralmente" las relaciones bilaterales con los gobiernos europeos que han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, después de que España y otros estados miembro hayan respaldado al líder opositor.

"El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela revisará integralmente las relaciones bilaterales con esos gobiernos a partir de ese momento, hasta tanto se produzca una rectificación que descarte su respaldo a los planes golpistas y los reencauce hacia el respeto estricto del Derecho Internacional", ha dicho el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

La Cancillería ha expresado "su más enérgico rechazo a la decisión adoptada por algunos Gobierno de Europa", a los que les ha pedido "transitar el sendero de la moderación y el equilibrio para que sean capaces de aportar constructivamente a una vía política, pacífica y dialogada que permita abordar las diferencias entre las fuerzas políticas venezolanas".

Para el departamento que dirige Jorge Arreaza, estos gobiernos "se pliegan oficialmente a la estrategia de la Administración estadounidense de derrocar al Gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro que el pueblo venezolano eligió de forma soberana, libre y democrática".

"Resulta alarmante el grado de subordinación de esos gobiernos a la política guerrerista liderada por el actual Gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela, la cual a su vez atenta contra la paz y estabilidad de toda la región (...), sentando un precedente peligroso para la convivencia pacífica entre las naciones", ha considerado.

La diplomacia venezolana ha advertido a estos países de que "están tomando partido por la fracción más extremista de la derecha venezolana que, actuando bajo la dirección de Washington, busca desesperadamente tomar el control del poder político que le ha sido negado por decisión soberana de la mayoría del pueblo venezolano".

Además, ha defendido que "la soberanía del pueblo venezolano no está sujeta a ninguna clase de reconocimiento por parte de autoridad extranjera alguna, mucho menos luego de 200 años de haber roto las cadenas coloniales, gracias a la gesta independentista liderada por el libertador Simón Bolívar".

España desplegará "más de 300" militares y seis carros de combate Leopard –la primera vez que se utilizarán en misión exterior– en Letonia en el marco del batallón de la OTAN que liderará Canadá en esta exrepública soviética como parte del refuerzo militar en el flanco este para disuadir a Rusia, según han informado fuentes de Defensa.

El Gobierno español también desplegará en Letonia "unos 15" vehículos blindado Pizarro para reforzar la contribución española al batallón liderado por Canadá, han precisado las fuentes. El despliegue comenzará en mayo y concluirá en junio, según han precisado otras fuentes diplomáticas.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha detallado al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la contribución española para Estonia en su primer encuentro bilateral que han mantenido previo a la reunión.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN dieron luz verde en la cumbre de julio en Varsovia al despliegue por rotaciones de cuatro batallones a los países bálticos y Polonia –algo más de 4.000 militares– para reforzar el flanco este y disuadir a Rusia. Los cuatro batallones deberán estar "plenamente operativos" en junio, ha avanzado este martes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Estados Unidos liderará el batallón en Polonia, Alemania liderará el batallón en Lituania y Reino Unido asumirá el mando del contingente en Estonia.

El despliegue ha comenzado este mes de enero con el despliegue de efectivos alemanes y belgas en Lituania y soldados estadounidenses en Polonia y los bálticos. Estados Unidos se comprometió a desplegar una brigada acorazada de forma permanente en Europa todo el año para disuadir a Rusia.

La propia Cospedal avanzó en declaraciones a la prensa que trasladaría a Stoltenberg el "compromiso" de España con mantener su participación "muy activa" en las misiones de la Alianza Atlántica, tanto en el sur como en el este, pero también la importancia de garantizar una OTAN "equilibrada en todos los ámbitos y ejes geográficos" y una presencia "más real" y "más operacional de la OTAN en el ámbito sur", entre otras cuestiones para contribuir a consolidar las capacidades de los países del sur "que necesitan un reforzamiento de sus instituciones" y "una íntima colaboración" con la UE, la Liga Árabe y la Unión Africana.

Contribuciones a misiones

La ministra ha trasladado al secretario general de la OTAN "el compromiso de España" de cumplir la meta de destinar el 2% del Producto Interior Bruto a defensa, tal y como acordaron los líderes aliados en la cumbre de Gales en 2014 cuando se comprometieron a parar los recortes en defensa y se dieron un plazo de diez años para alcanzar dicho porcentaje.

Pero Cospedal ha reclamado a Stoltenberg que también "se valore" la aportación "cualitativa" que hacen países como España a la OTAN en términos de contribuciones a operaciones y misiones, han explicado fuentes de Defensa.

Intercambio con Mattis

Cospedal ha tenido la oportunidad de hablar "un rato" con el nuevo jefe del Pentágono, James Mattis, antes del arranque de la reunión, aunque no ha trascendido de lo que han hablado.

Mattis ha defendido antes de la reunión con sus homólogos de la OTAN la "petición justa" de Washington de que "todos los que se benefician de la mejor defensa del mundo asuman su parte proporcional del coste necesario de defender la libertad" para pedirles que aumenten su gasto en defensa. Informa Europa Press.

Dentro de la reunión, el jefe del Pentágono ha ido más lejos y ha avisado de que si el resto de países "no quieren ver que América modera su compromiso con esta Alianza, cada una de vuestras capitales debe mostrar más apoyo a nuestra defensa común", según fuentes diplomáticas.

La ministra de Defensa española también ha tenido oportunidad de reunirse en bilateral con su homólogo turco, Fikri Isik, quien ha agradecido a España el despliegue de su batería Patriot para contribuir a su defensa aérea, según fuentes de Defensa. Y este jueves tiene previsto mantener un encuentro bilateral con el viceministro de Defensa saudí, Mohammed bin Abdullah Al Ayesh, aprovechando que asistirá a la reunión de la coalición contra el Estado Islámico en Siria e Irak convocada por Estados Unidos al término de la reunión ministerial de la OTAN.

El número de trabajadores empleados en España en instituciones de crédito domésticas se situó al cierre de 2013 en 215.663 personas, lo que representa un descenso de 18.629 personas (-7,9%) respecto al año anterior y de 60.834 empleados (-22%) en relación con 2008, año en el que la quiebra de Lehman Brothers marcó el estallido de la crisis financiera global, según las estadísticas del Banco Central Europeo (BCE).

De hecho, fue en 2008 cuando España alcanzó su máximo número de trabajadores en el sector bancario con un total de 276.497 personas, tras lo que ha experimentado cinco años consecutivos de descensos, siendo el más pronunciado 2013, año en el que además se registró la cifra de empleados de banca doméstica más bajo desde 1997.

Este significativo descenso del 22% en la cifra de empleados del sector en España desde 2008 se convierte en el tercero más grande de todos los países de la eurozona, sólo por detrás de la reducción del 27,8% de Letonia, que necesitó ayuda externa a principios de la crisis, y del 22,5% de Grecia, que aún permanece bajo el paraguas de la Troika.

Paralelamente a esta reducción en el número de empleados, España también protagonizó una significativa reducción en la cifra de oficinas locales, que en 2013 bajaron a un total de 33.713, frente a las 38.142 de 2012 (-11,6%) y lejos de las 46.065 del récord de 2008 (-26,8%).

En el conjunto de la zona euro, el número de empleados de instituciones domésticas de crédito se situó en 2,027 millones, un 4% menos que la cifra de 2012 y un 9,3% por debajo del dato de 2008.

Desde el comienzo de la crisis financiera en 2008, la totalidad de los países de la eurozona han visto significativamente reducidas las plantillas de su sector bancario doméstico, con la excepción de Malta, único país del bloque que ha experimentado un incremento (+8,3%).

En cuanto al número de oficinas, en 2013 se contaban un total de 163.171 en toda la eurozona, lo que implica un retroceso del 5% respecto al dato de 2012 y del 12,4% en relación con 2008.

De este modo, al cierre de 2013, según los datos del BCE, España registraba una ratio de empleados por oficina significativamente más baja que la del resto de países de la eurozona, al alcanzar una proporción de 6,4 trabajadores por oficina, frente a la media de la eurozona de 12,4.

Así, mientras que España en 2013 representaba un 10,6% del total de trabajadores en el sector en toda la zona euro, su peso en el número de oficinas alcanzaba el 20,6%.

El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ha anunciado este miércoles el despliegue inmediato de buques, aviones y efectivos terrestres en los países aliados próximos a la frontera con Rusia que se sienten amenazados por la intervención de Moscú en Ucrania, como los bálticos.

"Hemos acordado un paquete de medidas militares adicionales para reforzar nuestra defensa colectiva y demostrar la fuerza de la solidaridad aliada", ha anunciado Rasmussen tras la reunión del Consejo Atlántico en la que han participado los representantes de los 28 Estados miembros. "Tendremos más aviones en el aire, más barcos en el mar y más operativos en tierra", ha explicado el secretario general de la OTAN, que ha eludido concretar cifras. El despliegue, ha agregado, será "inmediato, lo que significa en cuestión de días".

"Por ejemplo, los aviones de vigilancia aérea realizarán más salidas sobre la región báltica. Los barcos aliados se desplegarán en el mar Báltico, el Mediterráneo oriental y en otros lugares, según sea necesario. Personal militar de los países aliados se desplegará para mejorar nuestra preparación, entrenamiento y ejercicios", ha indicado Rasmussen. Además, los planes de defensa de los países de la región se revisarán y reforzarán. El secretario general de la OTAN ha asegurado que ya cuenta con capacidades suficientes para realizar este despliegue y que los países aliados ya se han comprometido a realizar contribuciones, aunque tampoco sobre esta cuestión ha dado detalles.

Pese a este despliegue militar reforzado, Rasmussen ha sostenido que "la OTAN respalda plenamente las conversaciones de Ginebra [que reunirán este jueves a los responsables de Exteriores de Ucrania, Rusia, la UE y EEUU] y todos los esfuerzos de la comunidad internacional para encontrar una solución política".

Sólo el 5% de los españoles admite que trabaja en negro, pero hasta el 33% conoce a alguien que se encuentra en esa precaria, e ilícita, situación laboral. El Eurobarómetro sobre Trabajo no Declarado que acaba de publicar la Comisión Europea revela que España y Eslovenia son los países donde más ha crecido el número de personas que declaran trabajar pero no cotizan –ni ellas ni sus empresas– a la Seguridad Social o pagan los impuestos correspondientes. Dos puntos más desde 2007, cuando se hizo el anterior sondeo. También son un escaso 5% los españoles que reconocen percibir parte de su sueldo en negro. Aun así, suman dos puntos más que la media de la Unión Europea. Sólo Grecia supera la cifra –con un 7%–. Además, otro 8% de españoles se negó a contestar a esa pregunta de la encuesta, el mayor porcentaje de los 27 países incluidos en la muestra. En cualquier caso, los autores advierten de que las cifras de la encuesta deben interpretarse como “el umbral inferior” del trabajo no declarado que realmente se realiza.

“Las diferencias entre el trabajo en negro real y el que se declara son más significativas en países donde algunas formas de trabajo sumergido son tan comunes que no se perciben como trabajo en negro y, por tanto, no se declaran como tales; donde hay una persecución muy estricta de quienes son descubiertos trabajando en negro, y donde la opinión pública muestra poca tolerancia hacia las personas implicadas en el trabajo sumergido”, explican los autores de la encuesta.

Esas diferencias entre países son patentes incluso con los datos declarados. Por ejemplo, para calcular el dinero que ganan los trabajadores en negro en Europa, los técnicos de la Comisión Europea hallaron la mediana –el valor que ocupa el lugar central de una serie de datos ordenados de menor a mayor–, en lugar de la media, de esos salarios. Resultó ser 300 euros al año. Pero en los países nórdicos –Dinamarca, Finlancia y Suecia– son más elevados: 465 euros. El 46% de los europeos declara no ganar más de 500 euros al año; el 20%, menos de 100 euros; un 11% consigue llegar a mileurista. No obstante, en los seis países del sur europeo –Grecia, Chipre, Italia, Malta, España y Portugal– destaca el hecho de que el 30% de los encuestados rehusó contestar a la pregunta, el doble de la media de la UE, y 10 veces más que en los países nórdicos.

Otro tanto ocurre con la parte de los salarios que se cobra pero no cotiza. En la Unión Europea los sobres en negro suponen un 36% de los ingresos anuales brutos de los trabajadores que cobran de esta manera. De media. Pero en los seis países del sur el salario en negro asciende al 69% de los ingresos. En los países nórdicos no supera el 7%. Para la tercera parte de los encuestados del sur, además, los sobres equivalen a entre el 75% y el 100% de sus ingresos, por sólo un 9% del resto de los europeos con esa proporción.

Retrato del trabajo sumergido

La siguiente lista de datos dibuja el retrato del trabajo sumergido europeo. Para las mujeres, el salario en negro supone el 45% de sus ingresos anuales, mientras que para los hombres sólo el 29%. El 69% de quienes declaran cobrar en un sobre parte de su sueldo abandonaron los estudios a los 15 años. Y se trata en un 41% de trabajadores manuales. Más de la mitad están empleados en empresas de menos de 20 trabajadores. Sólo el 7% han sido contratados por compañías de más de 500 trabajadores. El 37% cobra en negro su trabajo habitual, y el 31% las horas extraordinarias. Los sectores donde es más habitual eludir la cotización son las reparaciones del hogar y el automóvil, la limpieza y jardinería, el cuidado de niños y la hostelería.

La encuesta desvela más diferencias entre el sur, la zona más azotada por la crisis económica, y el resto de la UE. Mientras que la mitad de los europeos señala que el motivo por el que trabajan en negro es que ambas partes –empleado y empresario– se benefician del arreglo, en el sur sólo lo aduce el 26%. En estos seis países el 41% aduce que no ha podido encontrar un trabajo legal. Y el 26%, que no tiene otra manera de conseguir ingresos, 11 puntos porcentuales por encima de la media comunitaria.

Es más, cuando se pregunta a los españoles por qué creen que existe el trabajo sumergido, el 45% lo achaca a la falta de puestos de trabajo en el mercado laboral, por sólo un 29% en el resto de Europa. Una respuesta lógica en el segundo país con mayor tasa de paro de la UE, el 26,03% según la EPA, sólo por detrás de Grecia. Los seis millones de desempleados también explican, según los autores de la encuesta, que España sea el segundo país –una vez más sólo detrás de Grecia– en que más ha crecido –seis puntos porcentuales– el número de personas que afirman conocer a alguien que trabaja en la economía sumergida.

También el trabajo en negro tiene peores consecuencias para los implicados en los seis países del sur. El 37% carece de Seguridad Social y el 34% de seguro de accidentes; esto es, 17 y 15 puntos porcentuales por encima de la media europea, respectivamente. Además, en España, Italia, Grecia, Portugal, Chipre y Malta el 15% de los encuestados advierten un mayor riesgo de perder su precario empleo, el doble que en el resto de la UE.

“Totalmente inaceptable”

Mientras el 53% de los europeos, como media, cree que los trabajadores en negro tienen “poco” riesgo de ser descubiertos, son seis puntos porcentuales más los españoles que opinan lo mismo, 10 puntos más que en 2007. Es decir, con la crisis ha bajado la percepción sobre la eficacia de los controles públicos en este tipo de prácticas. De hecho, un 19% de los encuestados en España asegura desconocer qué sanciones sancionesrecibe el trabajo sumergido, siete puntos más que el resto de los europeos.

Abrumadoramente mayoritario es el rechazo de los europeos al incumplimiento de las obligaciones fiscales y de cotización del trabajo. La práctica que menor tolerancia suscita es el cobro de ayudas sociales sin tener derecho a ellas: un 90% lo considera “totalmente inaceptable”. En España el rechazo de este comportamiento ha crecido seis puntos desde que estalló la crisis. Lo curioso es que los menos tolerantes con el trabajo sumergido son los chipriotas, seguidos de los tres países nórdicos y Grecia, Malta y España. Los ciudadanos más permisivos, por el contrario, viven en los países del este: Lituania, República Checa, Eslovaquia, Polonia y Estonia.

Así, en España el 91% considera totalmente inaceptable la evasión fiscal –siete puntos más que en 2007–, por sólo el 53% de los letones. Aunque los españoles declaran su rechazo a estas prácticas elusivas por encima de la media comunitaria en los siete supuestos por los que pregunta la encuesta, no deja de llamar la atención que casi un tercio considera “aceptable” o “bastante aceptable” que un trabajador no cotice a la Seguridad Social ni declare a Hacienda el salario abonado por otro particular. En cualquier caso, es éste el caso que menos rechazo suscita entre los europeos en general: un 67%.

El Gobierno lleva meses asegurando que la recuperación económica ya ha comenzado. Tanto en España como en el extranjero, los miembros del Ejecutivo y el propio presidente Mariano Rajoy han afirmado que la situación ya ha tocado fondo y que a partir de ahora tan sólo puede mejorar. Pero más allá del debate sobre si la recuperación ha comenzado o no, cabe analizar la situación en la que ha quedado España después de seis años de crisis. Los informes de diversos colectivos destacan que el aumento de la pobreza y la desigualdad tiene un papel protagonista.

Una de las organizaciones que más claramente se expresa en este sentido es Cáritas, que en octubre de 2013 lanzó su octavo informe del Observatorio de la Realidad Social encabezándolo con un elocuente título: Emprobrecimiento y desigualdad social. El aumento de la fractura social en una sociedad vulnerable que se empobrece. El contenido del documento es igual de esclarecedor, ya que en su misma introducción la ONG alerta de que "más allá de la coyuntura de la crisis" se está consolidando "una nueva estructura social donde crece la espiral de la escasez y el espacio de la vulnerabilidad".

En este sentido, Cáritas ofrece datos demoledores y asegura que tres millones de personas –el doble que al inicio de la crisis, según destaca la organización– viven en una situación de "pobreza severa", es decir, con menos de 307 euros mensuales. Y el Estado, tal y como denuncia la ONG, no cubre "necesidades básicas" de estos ciudadanos –la alimentación, los gastos relativos a la vivienda o la ropa y el calzado–; de hecho, según Cáritas, la restricción de las "condiciones de acceso a derechos como la sanidad, la educación los servicios sociales y la dependencia" han agravado "la desprotección social de las personas y familias más vulnerables".

"Aquellas personas cuya situación les impide cubrir por sus propios medios estas necesidades están obligadas a acudir a la familia o a entidades sociales de carácter privado en busca de ayuda", explica Cáritas, que informa de que desde que se inició la crisis el número de personas a las que atiende se ha triplicado hasta alcanzar 1.300.000 y alerta de que existe el riesgo que el apoyo familiar se vea desbordado. "El empeoramiento de la situación económica (debido al paro o al endeudamiento), el agotamiento emocional y la pérdida de la vivienda son los factores más críticos" en este sentido, señala la ONG.

Pero no sólo las personas en paro son incapaces de mantener un mínimo nivel de vida. Según el Informe anual sobre la situación social en España que hizo público hace unos días la Fundación Primero de Mayo, vinculada a CCOO, en España en el año 2012 el 12,3% de las personas que trabajaban vivía por debajo del umbral de la pobreza, lo que supone que nuestro país sea el tercero de la UE en el que más personas sufren esta situación. Y si existe un gran número de ciudadanos que viven por debajo del umbral de la pobreza aún teniendo trabajo, los datos son todavía menos alentadores desde un punto de vista general, ya que la fundación también informa de que un 28,2% de los ciudadanos de nuestro país viven en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que en términos absolutos suponen 13 millones de personas.

Hacia un modelo caracterizado por la brecha social

Y el empobrecimiento va a más, ya que Cáritas señala que "nos aproximamos a un modelo social darwinista –anglosajón–, con pocos ganadores y muchos perdedores". ¿Su primera consecuencia? "La configuración de un empleo dual entre unos pruestos de trabajo más o menos estables y bien remunerados y otros puestos de trabajo más frágiles [...], con condiciones laborales y salariales precarizadas". En este sentido, la organización avisa de que los trabajadores precarios "se encontrarán al final de sus carreras con cotizaciones bajas e irregulares al sistema de Seguridad Social que condicionarán la existencia de exiguas pensiones por jubilación".

De igual forma, la ONG señala que como resultado de este paso a un modelo de sociedad "dual y fracturada" se está produciendo "el recorte progresivo de los derechos que nos igualaban como ciudadanos y que cumplían una función social de redistribución de la riqueza", como sanidad, educación y servicios sociales, así como la aparición de un "comportamiento contracíclico de la desigualdad en la renta", unas diferencias que aumentan en etapas de recesión pero que no se reducen en época de bonanza. El problema, según Cáritas, "viene gestándose desde los años ochenta en Europa y Estados Unidos".

En este último extremo abundan otras organizaciones, como la Fundación Alternativas –vinculada al PSOE–, que en suPrimer informe sobre la desigualdad en España, relativo a 2013, afirma que el último análisis de la OCDE "sobre la evolución de la desigualdad en los países desarrollados, publicado en 2011, concluye que la mayoría de los países experimentaron aumentos de la desigualdad durante las décadas previas al inicio de la crisis". No obstante, en el caso concreto de España, la fundación asegura que "contrariamente a otros países europeos, no se experimentó un gran aumento de la desigualdad en los últimos años del siglo XX", manteniéndose estable este parámetro.

Pero esta tendencia se ha invertido al llegar la crisis económica. Según Alternativas, "la ralentización de la actividad económica y el vertiginoso aumento del desempleo dieron lugar al mayor aumento de la desigualdad desde que se dispone de información anual sobre los ingresos de los hogares". La consecuencia, según la fundación, ha sido la ampliación de la brecha entre los hogares más ricos y los más pobres, de los cuales se explica en el informe que han sido "los que han visto más mermados sus recursos".

España, con Gracia, Letonia, Rumanía o Bulgaria

No obstante, explica Alternativas, esto no tendría por qué ser necesariamente así, ya que "la desigualdad puede tanto aumentar como disminuir a causa de una recesión", en base a parámetros como el mercado de trabajo y el nivel de protección social que facilite el Estado. Y España no sale bien parada en este sentido, ya que la organización alerta de que "en el medio plazo, cabe esperar que el alargamiento de la recesión y las políticas de recortes desarrolladas no hagan sino agravar estas tendencias" de aumento de la desigualdad.

La Fundación Primero de Mayo también señala el aumento drástico de la desigualdad en España. Los datos son demoledores: el coeficiente de Gini –la tasa que mide el nivel de desigualdad– aumentó en España entre 2011 y 2012, y no precisamente de forma discreta: el incremento ha supuesto que nuestro país se haya convertido en el segundo más desigual de la UE, tras Letonia. "Entre los países con una mayor desigualdad de rentas puede destacarse países como Grecia, Portugal, España o Letonia. Mientras que entre los que existe una menor desigualdad se encuentran Eslovenia, República Checa, Suecia, Eslovaquia o Países Bajos", ejemplifica el informe.

Ahondando en este mismo concepto, el informe de la fundación también analiza la proporción entre la cantidad de ingresos que tiene el 20% de la población más rica de cada país con respecto a los ingresos del 20% más pobre. Y los resultados tampoco son alentadores para España, ya que mientras en Europa los más ricos cobran de media cinco veces más que los más pobres, en España la cifra aumenta hasta las siete veces, lo que convierte al país en el Estado miembro "donde se produce la mayor desigualdad de ingresos entre ricos y pobres". En la cabeza de este ranking, junto a España, se encuentran países como Grecia, Letonia, Rumanía o Bulgaria.

El riesgo de perder "tres generaciones de bienestar"

Pero estas dos no son las únicas entidades que pronostican un futuro poco alentador para España. Hace pocos días, Oxfam publicaba un durísimo informe titulado Gobernar para las élites: secuestro democrático y desigualdad económica, en cuyo anexo sobre el caso español se afirmaba que el país "se encuentra en el punto en el que rectifica [en sus políticas económicas] o pierde tres generaciones de bienestar, derechos sociales y democracia, para convertirse en una sociedad dual de ricos y pobres". Por lo pronto, según denuncia la ONG, España ya es el segundo país más desigual de Europa, tan sólo por detrás de Letonia.

Oxfam ya publicó el pasado septiembre otro informe bajo el título El verdadero coste de la austeridad y la desigualdad, en el que alertaba de que, si en el año 2012 el porcentaje de ciudadanos que vivía en riesgo de pobreza o exclusión social en España era del 25%, de continuar con las políticas económicas de austeridad el 42% de la población –20 millones de personas– estaría en esta situación en el año 2025. "España no está rectificando los abusos de su sistema financiero [que ha tenido desde el inicio de la crisis casi 59.000 millones de euros de beneficios] ni haciendo que rindan cuentas quienes acabaron con los ahorros y planes de vida de miles de familias", concluía este informe.

De igual forma, la ONG alertaba de que "en el nuevo equilibro de poder, la participación de los ciudadanos en las políticas públicas se está restringiendo de forma acelerada y el poder del Gobierno se está cediendo a los mercados [...]. A medida que se despliegan las medidas de austeridad, España tiene cada vez más probabilidades de volverse un país más pobre y desigual, con menos derechos sociales y con una democracia más débil. Este panorama se hará realidad si los argumentos financieros continúan poniéndose por delante de los sociales y políticos".

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha convocado al embajador de Letonia en España para el próximo lunes, después de que su primer ministro, Valdis Dombrovskis, realizara unas declaraciones sobre el reconocimiento a una eventual independencia de Cataluña, han informado a Europa Press fuentes diplomáticas.

Exteriores ha reaccionado así después de que el primer ministro letón se refiriera en una entrevista al reconocimiento de la independencia de Cataluña. Al ser preguntado sobre si reconocería la secesión de Cataluña, el jefe del Gobierno letón ha respondido: "Si hay legitimidad en el proceso diría, teóricamente hablando, ¿por qué no?".

A la reunión, que se celebrará el lunes por la mañana en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, también asistirá el secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo.

Según ha podido saber Europa Press, García-Margallo transmitirá su protesta al embajador letón por las declaraciones del primer ministro y le pedirá explicaciones sobre el contexto y las razones por las que se ha pronunciado de ese modo.

El jefe de la diplomacia española aprovechará para recordar al representante diplomático de Letonia –país miembro de la UE– la normativa europea sobre la entrada de nuevos estados en el bloque comunitario y el marco constitucional que existe en España. García-Margallo ya ha dejado claro en diversas ocasiones que si cataluña se sale de la UE, tendría que volver a negociar su entrada en el club comunitario.

La pobreza en la jerga de la UE se denomina privación material severa y se produce cuando el ciudadano tiene unas condiciones de vida muy limitadas por la falta de recursos, según la definición que ofrece Eurostat. Para que se contabilice como tal dentro de esta estadística, un ciudadano debe no poder permitirse afrontar al menos cuatro de las siguientes nueve situaciones: pagar el alquiler o las facturas de servicios; hacer frente a gastos inesperados; mantener su casa adecuadamente caliente; garantizarse una comida de carne, pescado o un equivalente proteínico cada dos días; disfrutar de una semana de vacaciones fuera de casa; poder adquirir un coche; una lavadora; un televisor en color; o un teléfono.

En los últimos años, la dureza de la crisis económica ha provocado que los niveles de privación material severa, que se habían reducido en la media de la Unión Europea ininterrumpidamente desde 2005 hasta 2009, hayan aumentado de nuevo: así, en 2011 –último año del que Eurostat ofrece datos-, el 8,8% de la población de la UE –más de 44 millones de personas- se encontraba en esta situación, aunque esto supone solo 0,4 puntos más que en el año 2008. No obstante, los países que el comisario de Economía de la UE, Olli Rehn, puso días atrás como ejemplo de buen hacer económico en época de crisis –Irlanda y Letonia- presentan un aumento más pronunciado del número de ciudadanos que sufren privación material, lo que se une a la pérdida de poder adquisitivo de su población.

Letonia, que ya en 2008 era uno de los países más pobres de la UE, ha pasado de tener en ese año un 19% de su población con privación material severa (su nivel más bajo desde que Eurostat recoge la estadística) a sufrir un repunte de esta tendencia que le llevó, en 2011, hasta un 31,4% de ciudadanos sufriendo este problema (si bien es cierto que los datos de 2012 –es uno de los pocos estados que los ofrece- indican un descenso de más de cinco puntos porcentuales hasta el 26%, aún siete puntos por encima de la cifra al inicio de la crisis). Esto supone que en 2011 más de 650.000 letones –de una población de poco más de dos millones- sufrían una falta grave de recursos, que incluye que, por ejemplo y según datos de Latvijas Statistika, que un 81,4% de sus ciudadanos no pueda hacer frente a gastos imprevistos y un 32,9% no pueda comer carne, pollo o pescado cada dos días.

Por su parte, Irlanda ha pasado de tener una tasa en este aspecto del 5,5% en 2008 al 7,8% en 2011, lo que supone que unos 350.000 de sus casi 4 millones y medio de habitantes estan en esa situación de pobreza. Datos de la Oficina Central de Estadísticas (CSO, en sus siglas en inglés) dan más detalles sobre este aumento: el 12,2% de los irlandeses no tuvo calefacción durante algún momento de 2011, frente a un 6,3% en 2008. Un 6,8% de los ciudadanos no pudo mantener su casa adecuadamente caliente en invierno en 2011, frente al 3,7% del año 2008. De igual manera, un 6,7% de los irlandeses no podían permitirse comer un asado de carne a la semana en el año 2011, en contraposición con el 3,8% de 2008, aunque la posibilidad de comer carne, pollo o pescado una vez cada dos días se mantiene estable desde el inicio de la crisis.

España también ha sufrido las consecuencias de la crisis y la pérdida de poder adquisitivo desde 2008, aunque el aumento de las cifras de privación material severa no ha sido tan pronunciado como en Irlanda o Letonia, aunque también ha crecido: de un 2,5% de la población en 2008 se ha pasado al 3,9% en 2011, cifra que se sitúa como la más alta desde el año 2004 y que supone que casi 180.000 españoles sufran estas circunstancias. En nuestro país, según informa el INE, un 35,4% de los ciudadanos no podían hacer frente a gastos imprevistos en 2011 –frente al 27,2% en 2008- y un 3% no podían permitirse una comida de carne, pescado o pollo cada dos días, 1,1 puntos más que en el año 2008.

El deterioro económico no explica por sí solo la expansión de la brecha social en España. Otros países del Sur de Europa, como Grecia y Portugal, han refrenado en estos años de recesión el auge de la desigualdad social. Según muestra un Informe recientemente publicado por la Fundación Alternativas, la altísima tasa de paro, especialmente entre los responsables del hogar, así como la debilidad de nuestro sistema de protección social, aún más endeble tras los recortes, explican en gran medida por qué España empeora más que otros países su posición en la clasificación del índice Gini.

Es inevitable asociar la descomposición del sistema de partidos que se observa en las encuestas al aumento de la desigualdad social. Obviamente, no es el único factor, pero posiblemente sí sea, junto con la corrupción, uno de los más relevantes. El último barómetro del CIS, del mes de enero, revela que casi la mitad de los españoles con derecho a voto se siente políticamente huérfano: de celebrarse elecciones generales, casi uno de cada dos no acudiría a las urnas, votaría en blanco, votaría nulo, no sabría a quién votar o no lo revela. En enero, el porcentaje de potenciales abstencionistas era el más alto desde 1996, cuando arranca la publicación de la serie histórica. Igualmente, la valoración de la situación política era la peor, así como también lo eran las valoraciones del gobierno y del principal partido de la oposición. En la España democrática, la política, medida por el crédito que le otorgan los ciudadanos, nunca había atravesado un momento tan negativo como éste.

La descomposición del sistema de partidos español es, en estos momentos, un escenario posible, si nos atenemos a los estudios demoscópicos. Hay razones para pensar que estamos entrando en un período convulso.

Una razón fundamental es el choque entre el aumento de la desigualdad y las preferencias políticas ciudadanas. Las encuestas muestran que los españoles se inclinan más por la igualdad que los ciudadanos de otras democracias europeas. España es el país europeo con un mayor porcentaje de ciudadanos ubicados en la izquierda. Los estudios del CIS sobre actitudes ante la fiscalidad y las políticas de gasto, además, muestran una preferencia clara por la redistribución: son más los españoles dispuestos a pagar más impuestos para aumentar la protección social, que los que optan por una menor carga fiscal con menos políticas de bienestar. A diferencia de lo que ocurre en otros países, en España las personas que se definen de derechas también defienden la igualdad. Por ello, no es de extrañar que la sanidad haya saltado ya a los primeros puestos del ranking de principales problemas del país: los ciudadanos están alertas y dispuestos a señalar los ataques al Estado de Bienestar.

El efecto de la desigualdad en la convulsión del sistema de partidos podría, sin embargo, concentrase en mayor medida en la izquierda que en la derecha. Los conservadores cuentan con dos frenos importantes en su posible descomposición. Por un lado, la disciplina de voto de los electores de derechas, que se coordinan en su apoyo a un solo partido y lo hacen, al menos muchos de ellos, contra viento y marea. La intención de voto al Partido Popular ha descendido considerablemente en esta legislatura, pero es probable que el suelo electoral del PP le permita situarse nuevamente como partido más votado. Por otro lado, en un estudio que llevé a cabo hace unos años de 83 democracias entre 1950 y 2000, mostraba que las caídas de gasto público incidían sobre todo en el apoyo a los partidos progresistas en el gobierno, que perdían votos, mientras que apenas afectaba a los partidos conservadores. Los ciudadanos de las democracias premian a la izquierda cuando ésta apuesta por la redistribución, pero no castigan a la derecha cuando no lo hace.

El empobrecimiento de la sociedad española y la desigualdad creciente podrían descomponer el mapa político del centro izquierda y de la izquierda, desembocando en un sistema desigualmente fragmentado. El principal beneficiario de esta desintegración sería el PP, que lograría amortiguar el coste político de su gestión de la crisis económica.