Leire Díez, la exmilitante del PSOE investigada por presuntamente maniobrar contra la Guardia Civil o la Fiscalía, le dijo el pasado mes de mayo al fiscal Ignacio Stampa que ella era la "mano derecha" del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Esta afirmación aparece en la grabación que Stampa hizo del encuentro que mantuvo el pasado 7 de mayo con Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el también empresario Luis del Rivero, y que este fiscal ha entregado al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde se investiga a la exmilitante del PSOE por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

En el audio, al que ha tenido acceso EFE, se escucha a Stampa preguntar a Leire Díez si es la mano derecha de Santos Cerdán, a lo que esta responde que sí y después añade: "soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado". "Digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto", dice Díez en el encuentro, refiriéndose a supuestas irregularidades policiales y de la Fiscalía que dice que no comprendía y que por eso empezó a investigar.

En un punto, Stampa pregunta a Leire Díez si el fiscal general, Álvaro García Ortiz, sabe de su encuentro, a lo que esta responde que no, aunque posteriormente sostiene que "lo va a saber" y que también lo va a saber "el jefe de Álvaro" y preguntada si se refiere al ministro o al presidente dice: "a todos".

Pese a todo lo que mantuvo en este encuentro con Stampa, desde que estalló este caso Leire Díez ha negado ser "fontanera" del PSOE, tal como le acusaba Víctor de Aldama, sino que actuaba como periodista haciendo un trabajo de investigación y pidió la baja en su formación.

El pasado lunes el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García solicitaron personarse como acusación particular en el juicio. Díaz ha declarado supuestas reuniones con el exministro en las que "habría manifestado que encabezaría una operación de inteligencia paralela" con la que "modificar la línea de defensa" del exministro, para "llegar a un pacto de no agresión" con el PSOE. Ábalos ha declarado que se enteró de esas "reuniones" a través de los medios de comunicación.

Ábalos y Koldo se han sumado a la lista de acusaciones personadas en la causa contra Leire Díez, en la que ya están el presunto comisionista Víctor de Aldama -investigado como ellos en el Tribunal Supremo- y el magistrado jubilado Manuel García-Castellón.

En la grabación también se escucha cómo el empresario Pérez Dolset, también investigado, le dice a Stampa que tiene archivos en los que consta el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que cuando salió la imputación de su mujer, Begoña Gómez, Leire Díez le pidió los audios sobre estos espionajes.

Entonces, relata Pérez Dolset, "el presidente ya dijo que se limpie todo". "Límpiese", agrega en ese punto Leire Díez. "Límpiese, sin límite. Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera. Y la politización del sistema judicial…", retoma el empresario.

En ese momento, Díez dice algo ininteligible y el fiscal Stampa apunta: "y los fiscales que trabajábamos sin respiro con esto, fuera", en alusión a cómo fue retirado del caso Tándem, en el que se investigaba los negocios del comisario jubilado José Manuel Villarejo en octubre de 2020, cuando gobernaba el PSOE y Dolores Delgado era la fiscal general del Estado. Al respecto, sus interlocutores le dicen que él fue una "víctima más" y que ellos solo se reúnen con víctimas.

Leire Díez agrega que Baltasar, en alusión a Baltasar Garzón, "tenía un negocio de puñetera madre" con Villarejo y en otro momento apunta a que a Lola, en referencia a Dolores Delgado, no le interesaba que ella supiese "todo".

Díez expresa además sus discrepancias con la exministra de Justicia Dolores Delgado, detallando que en 2018 le ofrecieron ser su directora de comunicación pero lo rechazó porque no le gustó lo que vio, y añade que "todo el mundo sale en las agendas" de Villarejo y por eso "gente como Lola tiene que estar inquieta".

También apunta a que Villarejo tenía detrás una "estructura" y que en todas las causas siempre aparecían los fiscales José Grinda y Alejandro Luzón, de los que dice que actuaron sintiéndose "completamente impunes" porque tenían al juez Manuel García-Castellón "como dique". También apunta que a la Fiscalía Anticorrupción "le sobra el anti".

El juez que investiga a Leire Díez y Pérez Dolset parte de la premisa, compartida con la Fiscalía, de que la búsqueda de "información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores procesales o profesionales" tenía como meta "anular o malbaratar" investigaciones que afectan a políticos y empresarios.

El artículo 56 de la Constitución proclama que el rey es el Jefe del Estado y que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Difícilmente se puede cumplir con esta misión constitucional cuando sus comportamientos son un compendio de irregularidades, algunas de las cuales han merecido el calificativo de delictivas.

Las andanzas personales del rey Juan Carlos I eran de sobra conocidas, toleradas y encubiertas por los poderes públicos y gran parte de los medios de comunicación. Sus apetencias crematísticas y de enriquecimiento personal afloraron por la publicación en el diario New York Times de una información en la que se decía que la fortuna personal del rey Juan Carlos ascendía a mil ochocientos millones de euros. Esta información, que data del año 2012, fue compartida por otros prestigiosos medios de comunicación internacionales y por la famosa Lista Forbes.  

Como dice un proverbio árabe, hay tres cosas que no se pueden ocultar: el humo, un hombre montado en un camello y el dinero. Precisamente siguiendo la pista del dinero, se ha llegado a conocer el alcance de las actividades delictivas que la Fiscalía General del Estado (Diligencias de Investigación 40/2020 [ver aquí]), atribuye al rey honorífico pero que no puede perseguir por alcanzarle la inviolabilidad y la prescripción. Entre las causas que motivan su incoación se mencionan las Diligencias tramitadas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y su remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo al estimar que de lo actuado se deducían elementos de los que pudieran derivarse implicaciones penalmente relevantes para quien fue Jefe del Estado, S.M. D. Juan Carlos de Borbón y Borbón.  

Cualquiera que tenga interés en leer las Diligencias de Investigación podrá comprobar la existencia de numerosas actividades económicas que pudieran ser calificadas como delitos de corrupción en los negocios, cohecho pasivo, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, pero estarían prescritos o amparados por la inviolabilidad. Entre otros hechos, se confirma que el 8 de agosto de 2008 el entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, había ingresado la cantidad de 64.884.405 euros en la cuenta de la Fundación LUCUM de la que S.M. D. Juan Carlos de Borbón sería su verdadero titular. Según la Fiscalía Anticorrupción, de las conversaciones reveladas (Comisario Villarejo-Corina) se desprende la posible existencia de potenciales contingencias tributarias que pudieran derivar en denuncias por delito fiscal.  

Según la Fiscalía, cabe la posibilidad de que el ingreso de 100 millones de dólares (64.884.405 euros) en una cuenta de la fundación LUCUM en el banco Mirabeaud ordenado por el rey de Arabia en favor del entonces rey D. Juan Carlos I constituya un delito de cohecho pasivo impropio, pero esta conducta se encontraría claramente prescrita. En mi opinión, al tratarse de un regalo del rey de la Arabia Saudita a un monarca extranjero, en este caso español, debió pasar a Patrimonio del Estado. En el informe se da por probado que existen numerosas transferencias recibidas para el pago de cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento, entre otros, originados por S.M. D. Juan Carlos de Borbón y Borbón, así como sus familiares y allegados.

Las defraudaciones tributarias de S.M. D. Juan Carlos de Borbón y Borbón correspondientes a los ejercicios 2014 a 2018 son hechos delictivos irrefutables y por él mismo reconocidos, pero se le aplica la exención de pena y delito por haber sido regularizadas. Termina el Informe diciendo que es relevante señalar que la actuación de la Fiscalía ha permitido recuperar para las arcas públicas 5.095.148 euros correspondientes a las cuotas tributarias adeudadas por S.M. D. Juan Carlos de Borbón a la Hacienda Pública. Precisamente porque la intervención de la Fiscalía impide la regularización, un grupo de personas hemos interpuesto una querella por estimar que no procede aplicarla y, por tanto, se han cometido cinco delitos graves contra la Hacienda Pública. Estamos pendientes de la decisión del Tribunal Supremo. 

Si todo lo que se recoge en el informe de Fiscalía y otras muchas noticias que son públicas y notorias pudiera enmarcarse como un cuadro para colgar en una galería de arte, el rotulo sería: “Retrato de un corrupto”. Él mismo ha puesto en entredicho su honor. Por tanto, como personaje público de máxima relevancia política, cuya conducta no encuentra parangón en ninguna otra monarquía europea, tiene que someterse a la crítica política y personal. Desconozco el contenido de la demanda de protección al honor. Según lo que se ha publicado, pretende justificar la lesión a este derecho fundamental por las opiniones vertidas por Miguel Ángel Revilla durante un periodo de tiempo (años 2022 a 2025) incluidos los dos primeros en los que el demandado era Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria. La ley y un razonable sentido del orden exigen que en una demanda se consignen de forma separada y precisa los hechos. No creo que la abogada pretenda que el juez o la jueza a la que le caiga su tramitación (Juzgado nº 13 de Primera Instancia de Santander) visione todas las intervenciones de Miguel Ángel Revilla en platós de las televisiones o intervenciones públicas. La práctica de esta prueba alcanzaría tales dimensiones que a su lado Lo que el viento se llevó parecería un cortometraje.

No estamos ante un caso de colisión entre la libertad de información y el derecho al honor sino en un claro supuesto de ejercicio del derecho a la libre opinión y a la crítica que se integran en el concepto más amplio de la libertad de expresión como derecho fundamental. En este sentido el Tribunal Constitucional ha reiterado que la crítica legítima en asuntos de interés público ampara incluso aquellas expresiones u opiniones que puedan molestar, inquietar, disgustar o desazonar el ánimo de la persona a la que se dirigen. Como dijo Calderón de la Barca, “el honor es patrimonio del alma” y el sujeto lo valora y estima independientemente de la opinión ajena. Pero existe un concepto social del honor también llamado honra o reputación, que radica en la valoración o criterio que los demás tienen de una persona, según su comportamiento en la sociedad.  

Nos encontramos ante hechos perfectamente detallados y sobradamente conocidos que, en atención a la personalidad el sujeto activo (el anterior Rey y Jefe de Estado) ha provocado, además de la repulsa pública, un verdadero terremoto político que le ha obligado a una abdicación inevitable si se quería mantener el prestigio de la Corona y respetar la dignidad de los ciudadanos. Estoy deseando conocer el contenido de la demanda, cuya viabilidad me parece imposible. Espero que no se trate de una estratagema para justificar la venida a España del Rey Honorífico para lavar su honor mancillado por una parte importante de la sociedad española. Sabe que cuenta con el apoyo de sus fieles cortesanos y partidarios y que puede provocar una confrontación política innecesaria y peligrosa.

Me parece que es el momento apropiado para que Felipe VI proponga la urgente aprobación de una ley de la Corona o una fórmula legal que limite la inviolabilidad a las actuaciones propias de su cargo.

PD. Al Rey Honorífico: Usted y yo hemos llegado a una edad que no para todos es alcanzable. Reflexione. Pienso que los dos queremos lo mejor para nuestro país.

______________________________

José Antonio Martín Pallín es abogado. Antes, ha ejercido como fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Es, además, autor de los libros 'El Gobierno de las Togas' y 'La Guerra de los jueces' (Catarata).

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado por primera vez que el excomisario José Manuel Villarejo cometió un delito de cohecho al investigar irregularmente, a principios de 2014 y siendo policía en activo, a una persona en el marco de un conflicto entre Planeta y Kiss FM, según informa EFE.

El delito de cohecho está siendo uno de los principales puntos de discordia entre el tribunal que ha juzgado algunas de las múltiples ramas del juicio de Villarejo y la Fiscalía Anticorrupción, convencida de que el excomisario se valió de su condición policial para emprender investigaciones irregulares a terceras personas.

La sentencia relativa a este conflicto entre ambas empresas de comunicación fue la primera en la que la sección cuarta ya vio ese delito de cohecho pasivo, por el que impuso tres años y un día de cárcel al excomisario, que se encuentra en libertad al no ser ninguna de sus sentencias firmes.

Aquella resolución contó con el voto discrepante de la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, que no considera que la conducta de Villarejo entre en este delito, en contra del criterio de la Sala de Apelación, que acaba de avalar la sentencia. Lo hace al desestimar el recurso del excomisario y confirmar los tres años de prisión que se le impusieron por haber investigado de forma ilícita, entre enero y junio 2014 y por encargo de Planeta, a uno de los árbitros del laudo entre este grupo de comunicación y Kiss FM, el denominado proyecto July.

La resolución, que aún puede impugnarse ante el Tribunal Supremo, rebaja la condena al policía Antonio Giménez a dos años y nueve meses y acredita que Villarejo ofreció sus labores netamente policiales de forma extraoficial, "prometiendo incluso métodos ilícitos", como consultar bases de datos oficiales o retribuir a colaboradores.

Considera probado que Villarejo, entonces en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, y el otro agente se reunieron con exdirectivos del grupo Planeta que resultaron absueltos, para tratar un encargo que buscaba investigar si quien había sido uno de los árbitros designados en un procedimiento arbitral habría podido recibir sobornos a cuenta de tal intervención. Dicha investigación se puso en marcha con el pago anticipado de 48.400 euros, aunque Villarejo llegó a solicitar un millón de euros, "unas 333 veces el sueldo policial mensual de un comisario".

La Sala explica que el cohecho cometido se "perfeccionó" cuando el ex comisario pidió dinero por llevar a cabo su función pública, como es investigar un delito, de forma extraoficial y dirigiéndose a un posible cliente.

Villarejo era entonces un comisario en activo sin compatibilidad y actuó -dice la sentencia- movido por consideraciones lucrativas personales que iban mucho más allá de simples operaciones de mantenimiento y gestión de su conglomerado societario. "Vendía" su tarea policial y dejaba de cumplir así su obligación, "movido por ese lucro, manchando así la función pública que encarnaba".

Decidió llevar a cabo actuaciones propias de su cargo al margen de éste y de sus superiores -prosigue la resolución- "movido por su afán económico, corrompiendo así la función pública que encarna, poniendo antes y por dinero a disposición de una entidad privada su actividad profesional de servicio público propia" y "rindiéndola" a fines meramente particulares.

La condena de 19 años de prisión que la Audiencia impuso a Villarejo en su primer juicio por el caso Tándem está siendo objeto de un intenso debate entre los órganos judiciales. La sección cuarta, responsable de juzgar a Villarejo, ha dictado ya dos sentencias en las que no aprecia el delito de cohecho, en contra del criterio de una magistrada, y le impone esa pena por otros como revelación de secretos y falsedad.

La primera de ellas fue anulada por la Sala de Apelación, precisamente para que valorara la totalidad de la prueba en atención a un recurso de la Fiscalía, que pedía condenar por cohecho.

Tras la segunda sentencia que sigue absolviendo a Villarejo por este delito, Anticorrupción ha insistido de nuevo y ha recurrido ante la Sala de Apelación, que deberá volver a pronunciarse.

La Fiscalía Anticorrupción aprecia "riesgo de fuga" del exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana tras ser condenado a 10 años y cinco meses de prisión, por lo que ha solicitado su ingreso inmediato en prisión.

Fuentes fiscales han informado a EFE de que la razón para solicitar que Zaplana, de 68 años, entre en la cárcel aunque la sentencia aún no sea firme es que existe la posibilidad de que trate de fugarse y eludir la acción de la Justicia. En la actualidad hay dictadas medidas cautelares sobre Zaplana, que tiene que comparecer periódicamente ante el juzgado.

Zaplana fue condenado el 15 de octubre por la Audiencia de Valencia por cohecho, blanqueo de capitales, falsedad y prevaricación en la privatización de las ITV y las adjudicaciones del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. Además, el tribunal le impuso multas por importe superior a los 25 millones de euros en el marco del caso Erial.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha informado de que la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha convocado una vistilla el próximo 7 de noviembre, a partir de las 12:30 horas, para escuchar los argumentos de las partes y tomar una decisión sobre la petición de la Fiscalía.

Zaplana ya ha anunciado que recurrirá la sentencia de 10 años y 5 meses de prisión que le ha sido impuesta por delitos de corrupción por considerar que está "basada en acuerdos opacos" y "sin evidencias" contra él. 

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha anulado la primera sentencia del caso Villarejo que condenó a 19 años de cárcel al comisario jubilado José Manuel Villarejo y ha ordenado al mismo tribunal que elaboró la primera una nueva resolución que valore la totalidad de la prueba practicada en el juicio oral y que se pronuncie sobre todos los delitos objeto de acusación, incluido el cohecho, según ha recogido Europa Press.

Los magistrados estiman así parcialmente los recursos planteados por las acusaciones, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción -que pedía 83 años de cárcel para el comisario-, y los acusados que fueron juzgados por tres piezas -Iron, Land y Pintor- de la macrocausa Tándem. Cabe recordar que, en esa sentencia, ahora anulada, se condenó a Villarejo por delitos de revelación de secretos de empresas y particulares y falsedad documental al tiempo que se le absolvía del delito de cohecho y de extorsión en grado de conspiración.

La Sala de Apelación, en 172 páginas de sentencia recogida por Europa Press, estima el recurso de la Fiscalía Anticorrupción que rebatía la absolución del delito de cohecho, uno de los delitos nucleares de la macrocausa porque el Ministerio Público siempre ha sostenido que el comisario se valió de su condición de funcionario para esos proyectos privados.

Los magistrados evitan pronunciarse sobre ese cohecho dado que al haber acordado la nulidad dejan al tribunal sentenciador ese asunto para que lo plasmen en el nuevo fallo una vez que hayan valorado la totalidad de la prueba practicada en el juicio oral. "Una vez examinada toda la prueba, los magistrados, con libertad de criterio, deberán exponer suficientemente sus argumentos y establecer si se dan los elementos de los tipos por los que se solicita la condena o no concurren los mismos, pronunciamientos que, en su caso, pudieran afectar al relato de hechos probados", apuntan.

Y recuerdan que la Sección Cuarta justificó la absolución por el delito de cohecho en que los actos realizados por Villarejo no lo fueron en el ejercicio de su cargo ni guardaban relación con sus actividades públicas ya que quienes le contrataron, aunque conocían su condición de policía, lo hicieron por su entramado empresarial y sus contactos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Administración de Justicia, lo que le permitía conseguir grandes dosis de eficacia.

No obstante, apunta la Sala de Apelación que la sentencia contó con el voto particular de una magistrada -Carmen Paloma González- que entendió que sí se debería condenar por el delito de cohecho.

Los magistrados, si bien reiteran que no han de pronunciarse al respecto, sí que examinan la doctrina del Tribunal Supremo (TS) sobre ese delito "cuyo bien jurídico protegido es la recta imparcialidad en el ejercicio de la función pública, garantizando la probidad e imparcialidad de sus funcionarios" y explican que la jurisprudencia dice que el cohecho no precisa un daño a la causa pública entendido como "perjuicio verificado y acreditado" al margen del torcimiento que conlleva el principio de imparcialidad u objetividad en el desempeño de la actividad pública.

"Se trata de un delito que queda consumado por la mera solicitud u ofrecimiento de la dádiva" sin necesidad de que se produzca el resultado material externo o que se ejecute efectivamente el comportamiento contrario a derecho que se busca, ya que desde ese momento queda perjudicada la administración, así como la imparcialidad de sus funcionarios, explica.

Por otro lado, la Sala de Apelación indica que se debe llevar a cabo una valoración de las pruebas practicadas en el juicio y sobre las que no existe motivación alguna, y debe pronunciarse respecto de los delitos de extorsión en alguna de las piezas, la obstrucción a la Justicia y la falta de motivación de las indemnizaciones fijadas en concepto de responsabilidad civil.

También pide que se pronuncie sobre la cuota diaria de multa y las contradicciones en el pronunciamiento relativo a la participación de uno de los encausados, Mario Carpintero López, en el delito continuado de falsedad en documento mercantil y en el relativo a las costas de las acusaciones particulares y popular, así como sobre la absolución de las personas jurídicas Herrero y asociados y Procisa.

La Sala de Apelación indica por otro lado que la sentencia de instancia descartó la prescripción de los delitos porque computó el plazo del delito más grave por el que se formulaba acusación, el de cohecho, al apreciar su conexidad con los restantes delitos.

Ahora, los magistrados señalan que no pueden pronunciarse sobre la prescripción antes de la redacción de la nueva sentencia pero advierten de que la doctrina del Supremo en esta materia explica que no pueden ser tenidos en cuenta a los efectos de prescripción otros delitos que ya se han declarado inexistentes por resolución judicial firme y, por tanto, solo es posible tener en cuenta, a efectos de prescripción, los delito que el tribunal declare que se han cometido.

Así, subrayan que si se absuelve del delito más grave y que prevé un plazo mayor de prescripción "los restantes delitos no conexos recuperan su propio periodo de prescripción y, por tanto, no puede aplicarse el plazo de prescripción más amplio que preveía el delito por el que se absuelve".

No obstante, y a pesar de la nulidad de la sentencia, la Sala de Apelación confirma lo relacionado con todas las cuestiones previas que plantearon los acusados en las que denunciaban supuestas irregularidades procesales cometidas tanto en la forma de hacer llegar la información a la Fiscalía Anticorrupción al inicio de la causa, como las diligencias instruidas por el Ministerio Público, así como la propia judicialización de la causa y las entradas y registros efectuados y la cadena de custodia de la ingente cantidad de material intervenido.

Rechaza que se haya producido una violación de derechos fundamentales alegados por los acusados y niega la existencia del supuesto complot que denunciaba el comisario Villarejo para perseguirle a toda costa. No ve tampoco que se deban anular todas las actuaciones por supuestos fines espurios y sospechosos que dieron lugar a su inicio y que denunciaba el comisario y se admite como forma de hacer llegar la información al fiscal la denuncia considerada anónima.

La Fiscalía Anticorrupción solicita en su escrito de calificaciones provisionales hasta 15 años de prisión para el que fuera vicealcalde y mano derecha de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, por blanqueo, malversación de caudales y cohecho. Y otros cuatro años para 45 personas que fueron asesores y ediles en la etapa de la exalcaldesa del PP en el conocido como caso del pitufeo dentro del caso Taula.

Asimismo, reclama siete años de prisión para la exsecretaria del grupo municipal conservadora y exedil, María del Carmen García Fuster; cinco para el exconcejal y responsable de Centro de Estrategias y Desarrollo, Eduardo Santón, y para el exresponsable de Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, José Salinas. La Fiscalía atribuye un delito de blanqueo al PP, por el que solicita una multa de cuatro años, con una cuota de 100 euros diarios (146.000 euros), según informa Europa Press. 

El juez del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que ha instruido el caso, dictó a mediados de octubre auto de incoación de procedimiento abreviado -procesado- a medio centenar de personas (49) entre concejales y asesores del grupo municipal conservador en el Ayuntamiento de la capital en la época de Rita Barberá como alcaldesa, por un delito de blanqueo, en el conocido como pitufeo o pieza A, en las elecciones municipales de 2015.

Esta operativa consistía en ingresar por parte de los procesados 1.000 euros como donativo en la cuenta que gestionaba la secretaria del grupo municipal, que presuntamente les eran devueltos con dos billetes de 500 euros, procedentes de dinero negro supuestamente "recaudado" por el que fuera vicealcalde y mano derecha de Barberá, Alfonso Grau, que de esta forma quedaba blanqueado.

La causa comprende los comicios municipales de 2007, 2011 y 2015, elecciones estas últimas por las que la Fiscalía Anticorrupción acusa de blanqueo a 18 ediles: Ana María Albert; Vicente Aleixandre; Mayrén Beneyto; Lourdes Bernal; Félix Crespo; Cristóbal Grau; Vicente Igual; Juan Vicente Jurado; Francisco Lledó; Alberto Mendoza; Alfonso Novo; María Jesús Puchalt; Maria Àngels Ramón-Llin; Ramón Isidro Sanchis; Juan Eduardo Santón; Silvestre Senent y Miquel Domínguez. El resto son asesores de la formación.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo por unJosé Manuel Villarejo delito de cohecho pasivo por el Proyecto JulyProyecto July, donde se habría encargado de investigar un proceso arbitral entre el Grupo Planeta y Kiss FM para determinar si hubo soborno para que se resolviera a favor de la empresa editorial, según recoge Europa Press.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha puesto fin a la instrucción de esta pieza separada 12 de la macrocausa Tándem, proponiendo juzgar a Villarejo, pero también al ex policía Antonio Giménez Raso por cohecho pasivo, así como a los responsables de la asesoría jurídica y de seguridad del Grupo Planeta, Luis Elías Viñeta y Antonio López López, respectivamente, por cohecho activo.

En esta pieza, García-Castellón ha indagado en la presunta contratación de Villarejo por parte del Grupo Planeta para investigar a un árbitro que participó en el procedimiento de resolución del conflicto entre el Grupo Planeta y Kiss FM.

Villarejo elaboró el Proyecto July para averiguar si hubo un soborno al mencionado árbitro para que resolviera en contra del Grupo Planeta, un trabajo por el que la empresa editorial abonó 40.000 euros más IVA (48.400 euros) al despacho de abogados dirigido por el entonces comisario.

García-Castellón ha recordado en su escrito cuando se produjeron los hechos, entre febrero y junio de 2014, Villarejo todavía era miembro activo del Cuerpo Nacional de Policía, por lo que constituirían presuntos delitos de cohecho.

La revelación de que el presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP) medió en la operación quirúrgica de un familiar del secretario general de su partido y hombre fuerte de los conservadores en la comunidad, Teodoro García Egea, puso este martes en el centro de todas las miradas al número dos de Pablo Casado.

Las portavoces de los partidos se volvieron inmediatamente hacia él. Algunos para exigir explicaciones, que no llegaron. Otros para pedir la dimisión de la mano derecha de Casado, al que Unidas Podemos, basándose en la información publicada por infoLibre, planea acusar en los tribunales de un delito de cohecho.

El PP, sin embargo, no atendió ninguna de las preguntas de este diario para que Egea y López Miras diesen explicaciones. Ni el lunes previo a la publicación de la información ni este martes, cuando ya estaba en boca de todos. Tampoco fue posible preguntar en la única rueda de prensa que la dirección nacional del partido convocó a lo largo del día, la de la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.

La estrategia del silencio se ha convertido en una práctica habitual del PP para no hablar de las vicisitudes judiciales de sus exaltos cargos ni de cualquier asunto de los muchos que el partido tiene pendientes en los tribunales. Y ahora también la aplica a la mediación de López Miras en la operación quirúrgica del familiar de García Egea.

Génova se limitó a facilitar a este diario el comunicado difundido por el PP de Murcia en el que este partido desmiente “tajantemente” la información y acusa a infoLibre de“ hacer caso omiso” a la verdad y de haber decidido “publicar esta información falsa” a pesar de que, según la citada nota, en este caso se habían seguido “los protocolos médicos establecidos”. Al mismo tiempo, aseguran que lo que publicó este diario es una conversación “privada descontextualizada”, aunque en ningún momento precisan cuál era el contexto en el que según esta formación debería interpretarse el intercambio de mensajes entre López Miras y García Egea.

infoLibre se puso en contacto este lunes por escrito y por teléfono con responsables de comunicación y dirigentes del PP para conocer de primera mano cuál es su versión y darles la oportunidad de explicar la conversación por WhatsApp entre López Miras y García Egea. Todos los interlocutores contactados se negaron a entrar en el fondo de la cuestión: la mediación del presidente murciano en la intervención quirúrgica de un familiar del número dos de Casado. Y rechazaron responder preguntas.

Tal y como había anunciado el PP murciano, García Egea y López Miras presentaron una denuncia contra infoLibre en la que acusan a este diario de un delito de “descubrimiento y revelación de secretos” pero en ningún momento cuestionan que la información sea cierta. En ella el partido que preside López Miras solicita al juzgado de guardia “como medida cautelar” que “se proceda a la inmediata supresión y eliminación” de la información, antes incluso de escuchar a la parte demandada.

Cohecho

La querella del PP de López Miras no es la única que se ha dado a conocer en las últimas horas. Unidas Podemos denunciará al presidente de Murcia “por mediar en la operación quirúrgica de un familiar del número dos del Partido Popular, Teodoro García Egea” en la que le va a acusar de cometer “un delito de cohecho, tal y como recoge el Artículo 419 del Código Penal.

Este artículo señala como delito que una “autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase”.

El portavoz parlamentario de esta formación, Pablo Echenique, explicó que su formación pretende que “la justicia investigue si en esa mediación, por llamarla utilizando un sustantivo suave, que ha ejercido el señor López Miras para un familiar del secretario general del PP, se puede haber cometido cohecho”.

José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, no tiene dudas. “Si se prueba que hubo trato de favor, Teodoro García Egea tiene que dimitir”, porque “la Sanidad debe ser igual para todos”, escribió en Twitter.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, citó el caso López Miras como un ejemplo más de la corrupción sistémica que según ella no sólo forma parte del pasado del PP sino de su presente. “La corrupción en el PP”, señaló en rueda de prensa, “sigue siendo noticia y el señor Casado es incapaz de romper con ella. Y tiene que rendir cuentas de una corrupción que fue diseñada desde al dirección de un partido que hoy preside”.

En Murcia, prosiguió, “donde el PP se salto los grupos de edad para vacunar a sus amigos, ahora Teodoro García Egea se salta las listas de espera para adelantar la operación de un familiar. La corrupción no es el pasado, es el presente del PP y exigimos a Pablo Casado y a Teodoro García Egea que asuman sus responsabilidades y que den explicaciones”.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, no entró en el fondo de la cuestión. Pero sí pidió al número dos del PP que dé explicaciones: “Habrá que preguntar a Teodoro García Egea y que él dé explicaciones”. Mucho menos contundente, en todo caso, que la coordinadora autonómica de su propio partido en la Región de Murcia, Ana Martínez Vidal, según la cual la información de infoLibre demuestra, “una vez más, que el PP” murciano “utiliza las instituciones como si fueran su cortijo”. O que su compañero de partido y diputado por Málaga Guillermo Díaz, que emplazó al secretario general del PP a explicar “hoy mismo” lo ocurrido. “Esto debe aclararlo hoy mismo García Egea. Lo que hizo el PSOE con Andalucía lo van a hacer otros en Murcia. Convertir un territorio en sinónimo de corrupción. Es normal que quieran eliminar a Cs. Con nosotros en el Gobierno, esto sería imposible”, proclamó.

Las críticas al comportamiento del número dos de Casado arrecieran desde distintos frentes. El diputado de Compromís Joan Baldoví calificó lo ocurrido de “hecho muy grave” que debería obligar a dimitir a Egea y López Miras, a los que ha instado a “no escudarse en la intimidad” y a “aclarar punto por punto si se cumplieron todos los protocolos, si se respetaron las listas de espera o si hubo trato de favor”. “Es absolutamente inmoral”, sentenció.

Aina Vidal (En Comú Podem), consideró “absolutamente verosímil” la información de infoLibre, sobre todo teniendo en cuenta que Egea está denunciado “por presunto cohecho y soborno en la operación de transfuguismo de Murcia”. "Egea debe dar explicaciones igual que Casado, que no puede fingir que todo lo que está pasando no va con él”.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, aseguró por su parte que la mediación protagonizada por López Miras “es perseguible moral, ética y políticamente”.

Después de que en las en las elecciones parlamentarias anticipadas de 2009 en Israel el partido derechista y sionista Likud quedara segundo, su líder, Benjamín Netanyahu, consiguió aunar a los otros dos partidos ultraconservadores y nacionalistas para vertebrar un Gobierno de coalición. Desde ese momento Netanyahu ha mantenido el poder en el país y este martes, si vence en las urnas, puede volver a revalidarlo encadenando su quinto mandato consecutivo.

A pocas horas de las elecciones, que también han sido adelantadas —estaban previstas para el próximo mes de octubre— los sondeos electorales vaticinan otra victoria del actual primer ministro, aunque le auguran un triunfo mucho menos holgado que en las últimas elecciones. Según una encuesta publicada el pasado miércoles en el diario israelí Haaretz, el bloque de derechas rozará 70 de los 120 escaños con los que cuenta el Knéset (Parlamento israelí). Además, el Likud de Netanyahu finalmente conseguirá superar a la nueva formación Azul y Blanco, un partido de centro fundado por el exjefe del Estado Mayor Benny Gantz que, desde su nacimiento en febrero, ha ido creciendo hasta hacerle sombra al Likud. Atendiendo a la misma previsión, Netanyahu obtendrá unos 30 escaños, entre dos y cuatro más que Azul y Blanco, aunque el resultado es ajustado y muchos en el país hablan de un empate técnico entre las dos fuerzas.

Carteles electorales del Likud de Netahyahu y el partido Azul y Blanco, en una calle de Tel Aviv el pasado miércoles. EFE

  “Las encuestas en Israel muchas veces han dado sorpresas en el último momento”, y “tener el mayor número de votos no siempre significa convertirse automáticamente en primer ministro”. Lo comenta desde Jerusalén Daniel Rajmil, experto en relaciones internacionales de la Universitat Oberta de Catalunya, que insiste en que “Israel tiene un sistema electoral muy volátil […] después de las últimas elecciones, Netanyahu tardó unas siete semanas en formar un Gobierno donde hay hasta seis partidos”, explica. Aun así, y aunque pide no precipitarse, destaca la habilidad de Netanyahu para alcanzar acuerdos con otras formaciones.

Vinculado con varios casos de corrupción

En el último año y medio, Netanyahu se ha visto involucrado en diversos casos de corrupción por los que se le ha acusado de delitos como fraude, cohecho o tráfico de influencias. En febrero, la policía israelí llegó a pedirle al fiscal general la imputación penal del presidente por esos cargos, pero este ha anunciado que estudiará las peticiones de imputación después de las elecciones.

El caso más reciente, salido a la luz el pasado jueves en la cadena de televisión israelí Canal 12, revela que en una de sus múltiples declaraciones ante la Justicia, Netanyahu mintió al hablar de los bienes financieros que posee. La Oficina del Supervisor, el órgano israelí que autoriza o prohíbe a los políticos iniciar actividades que pueden causar conflicto de intereses, sospecha de los testimonios del presidente durante los últimos diez años y asegura que, de confirmarse el engaño, este pudo incurrir en un delito.

Otros ejemplos de mala praxis política que han sacudido a la Administración Netanyahu son la conexión con la presunta recepción de más de 200.000 euros en concepto de regalos multimillonarios a cambio de favores políticos (cohecho), y la relación con las supuestas filtraciones de información privilegiada al mayor operador telefónico de Israel a cambio de propaganda positiva en un medio de comunicación propiedad de la compañía de telecomunicaciones. A principios de marzo, y con respecto a este último caso, la policía antifraude interrogó a Netanyahu y su esposa.

Trump y Bolsonaro, aliados de Jerusalén

Entre la madeja de casos de corrupción que le hostigan y la previsible fragmentación del Parlamento, Netanyahu se ha lanzado a promocionar su candidatura más de cara al exterior que dentro de su país. Así, a finales de marzo, buscó el respaldo del aliado más poderoso que tiene Israel: Estados Unidos. En una visita a Washington, Netanyahu se fotografió con Donald Trump, quien aseguró que Israel tiene plena soberanía sobre los Altos del Golán, un territorio sirio que el Ejército israelí ocupó en 1967, y que protagoniza tensiones entre judíos colonos y musulmanes. Unos días antes del viaje a la capital de EEUU, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, había visitado Jerusalén para ratificar la alianza geoestratégica contra el mayor temor estadounidense en Oriente Medio: Irán.

Otro impulso de apoyo provino del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que la semana pasada se trasladó a Jerusalén en visita oficial. La amistad entre ambos líderes comenzó cuando, gobernando Dilma Rousseff, Bolsonaro remitió una carta a Israel lamentando y disculpándose por la condena pública que hizo la presidenta acerca de un ataque del Ejército israelí en la franja de Gaza. En aquel repunte del conflicto murieron más de 2.000 palestinos y unos 70 israelíes.

La división del centroizquierda fortalece a Netanyahu

Desde hace años la fragmentación de fuerzas políticas en el Knéset no era tan significativa. A propósito de esto, Daniel Rajmil advierte de que en Israel “los conceptos de izquierda y derecha se entienden en un eje político distinto al que tenemos en Europa”. Allí, “este eje gira en torno al conflicto palestino-israelí, donde izquierda significa más cerca de la posición proclive a la negociación y a alcanzar la paz”, aclara.

El experto recuerda que “el sistema electoral israelí es uninominal, y quien pasa el umbral electoral [3,25%] automáticamente tiene representación”. Aun así reconoce que durante décadas había dos bloques muy bien definidos, horadados claramente en las dos últimas citas electorales.

Acudiendo de nuevo a las encuestas, el centroizquierda apenas superará los 50 diputados. Entre ellos se encuentran los del Partido Laborista que, al contrario de lo que ocurrió en 2015, se queda muy lejos de repetir como principal fuerza de la oposición. También integran el bloque, con poca fuerza, los representantes de la izquierda pacifista y la minoría parlamentaria de diputados árabes —que representan en torno a un 20% de la población del país—. Rajmil hace referencia a que la negativa de los partidos sionistas a sentarse a hablar con dicha minoría de diputados árabes se debe al temor por el posible impacto negativo que esos hipotéticos encuentros puedan tener en el electorado.

Gaza pasa de puntillas por la campaña

El futuro de la franja de Gaza, el exiguo territorio donde han quedado confinados los palestinos desde la ocupación israelí tras la Segunda Guerra Mundial, ha quedado fuera de la campaña electoral ya que los candidatos más conservadores, y que defienden un sionismo activo incluso fomentando la creación de asentamientos en territorio palestino, consideran que este tema puede perjudicarles en las urnas. “Es verdad que la campaña se ha centrado en el rol que sobre este asunto ha jugado cada líder dentro de su partido”, apunta Rajmil. El conflicto, dice, “se ha usado de manera indirecta para reforzar la posición de liderazgo” dentro de las formaciones, buscando un “aspecto de fortaleza ante el desafío palestino”.

Mujeres palestinas muestran este lunes carteles de sus hijos detenidos en prisiones israelíes, durante una protesta en las oficinas de la Cruz Roja en la ciudad de Gaza. EFE

La tensión constante entre este territorio e Israel provocan que, a menudo, ambos contendientes utilicen la fuerza. Habitualmente, y debido a la superioridad logística y organizativa del Ejército israelí, los choques suelen acabar con represivas respuestas militares contra Gaza. Estos enfrentamientos puntuales han servido para que se edifique en torno a ellos una retórica electoralista de baja intensidad basada en la fortaleza de la resistencia ante los palestinos.

No obstante, a casi ningún partido de Israel —la extrema derecha sionista pide abiertamente expulsar a los palestinos de Gaza y Cisjordania— le interesa iniciar una guerra, o al menos no antes de que se resuelvan los comicios de este martes. A pesar de que el Gobierno israelí negocia indirectamente con Hamás (el movimiento de resistencia islámico de Palestina), nunca ha llegado a plantear iniciativas concretas que desemboquen en una solución duradera para un conflicto que tiene más de 70 años. “Tanto si sale Netanyahu como si lo hace Gantz, no va a haber un cambio radical en la postura de Israel ante el conflicto”, asevera el experto. “A nivel estratégico y de seguridad no creo que haya un cambio muy grande, porque Israel tiene muy bien definida su política interna con respecto a Palestina”, concluye.

Las referencias a Gaza y la situación de los palestinos allí han sido anecdóticas durante toda la campaña. Aunque tanto desde Azul y Blanco como desde el Partido Laborista se ha sugerido profundizar en las conversaciones con Hamás para alcanzar un desenlace satisfactorio para ambas partes, ninguna formación política contendiente en los comicios se ha arriesgado a exhibir el polémico asunto de los territorios palestinos y los asentamientos judíos.

Una de las pocas referencias que Netanhayu —partidario de levantar asentamientos en Cisjordania— ha hecho sobre el asunto tuvo lugar el pasado jueves durante una entrevista en la cadena de televisión KAN. Allí confesó que su Ejecutivo no descarta una nueva ocupación de Gaza, pero que no supone una prioridad para su Administración: "Todas las opciones están sobre la mesa, incluido entrar en Gaza y ocuparla. Pero actuaremos teniendo en cuenta lo que sea mejor para Israel […] esa es la última opción y no la primera", aseveró el presidente.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha rechazado el recurso de reforma que la defensa del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo presentó contra el auto del pasado 3 de enero con el que, por undécima vez, se le denegó la puesta en libertad, según han confirmado fuentes jurídicas. Informa Europa Press.

El comisario fue detenido en noviembre de 2017 y desde entonces se encuentra en la prisión madrileña de Estremera, pese a las sucesivas peticiones que ha cursado a la Audiencia Nacional para que le ponga en libertad. Se le investiga por organización criminal, extorsión, blanqueo, cohecho, revelación de secretos e incluso allanamiento de morada, entre otros delitos, por actividades que habría desarrollado a lo largo de los años prevaliéndose de su condición de policía.

El pasado 3 de enero, la Audiencia Nacional denegó su última petición de libertad argumentando que las motivaciones que le llevaron a prisión provisional no habían cambiado y persistían un elevado riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Descartaba además, que Villarejo estuviera en una situación de "indefensión" por la "masiva filtración de la investigación" que alegaba su defensa. La juez vio en aquel argumento el objetivo de "invocar una descalificación genérica del contenido de las diligencias de investigación".

La defensa del comisario recurrió en reforma esta resolución y tras la negativa de García Castellón, que rechaza poner en libertad a Villarejo, avanza que apelará centrándose especialmente en la cuestión de las filtraciones, pues señala a quienes manejan el sumario como los posibles divulgadores a los medios del material que le fue intervenido en los registros domiciliarios, de acuerdo a las fuentes consultadas.

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha renunciado a perseguir penalmente un pelotazo urbanístico que el propio banco malo denunció ante la Fiscalía General del Estado por estafa y tráfico de influencias. Un promotor, Proyectos Inmobiliarios Burke, le adeuda 34,8 millones de euros por un préstamo impagado a Caja Ávila, del que tras su fusión con Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja se hizo cargo Bankia y que, una vez rescatada ésta, pasó a la cartera de la Sareb. La operación tenía como garantía una finca rústica de 14,5 hectáreas situada en el muncipio madrileño de Torrelodones (Madrid), cuyo valor se infló gracias a la expectativa de una recalificación urbanística que nunca llegó a aprobarse.

Pese a la cuantía de la deuda y las sospechas sobre la legalidad de la operación urbanística detrás del préstamo, el banco malo no va a recurrir el archivo del caso, decretado en febrero de 2017 por la Fiscalía de Ávila –donde terminó recalando la investigación–. La decisión de la Sareb desoye un informe que ella misma encargó para consultar sobre el caso y que le recomendaba que recurriera el archivo para actuar por la vía penal. Así lo ha revelado a infoLibre un portavoz de la sociedad, que es propiedad en un 49% del Estado.

El fiscal de Ávila, que finalmente investigó el supuesto pelotazo sólo como un posible delito de administración desleal, lo consideró prescrito. La Sareb asegura que la notificación de ese archivo no le llegó hasta el pasado mes de junio, año y medio después de que el fiscal tomara su decisión. Entonces el banco malo encargó un informe a Ejaso ETL Global, el despacho del que son consejeros el exfiscal del Tribunal Supremo Carlos Castresana y la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas. Su dictamen jurídico, con fecha de 27 de julio y al que ha tenido acceso este periódico, aprecia en la operación urbanística vinculada al préstamo impagado los delitos de estafa, blanqueo de capitales, prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho y tráfico de influencias, “con especial gravedad debido a la elevada cuantía dineraria afectada”, así como otro más de administración desleal continuada.

En contra del criterio de la fiscalía, el informe concluye que los delitos de cohecho, estafa agravada y continuada y administración desleal no estarán prescritos hasta 2022, por lo que recomienda a la Sareb que interponga “denuncia o querella” ante el juzgado de instrucción competente (Ávila o Villalba) o ante los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Sobre el supuesto delito de prevaricación, el documento, que firma el propio Castresana como jefe del Departamento de Derecho Penal, establece que no estaba prescrito cuando fue denunciado por la Sareb ante la Fiscalía General, en 2016, pero prescribió en 2017. Sin embargo, considera que, si éste se aprecia en relación con los delitos más graves anteriores, la prevaricación tampoco ha prescrito. Además, aconseja al banco malo que ejerza, “al menos”, acciones civiles.

“Es una opinión más”, responde la Sareb cuando se le pregunta por el informe que ella misma encargó. “Ya ha decidido el fiscal la prescripción completa y no tiene sentido ir en contra”, justifica el portavoz. En cambio, añade, sí está estudiando el banco malo qué acciones civiles va a emprender para recuperar el dinero que se le adeuda.

1.536 viviendas, un hotel, un campo de golf y un centro comercial

En octubre de 2008 Proyectos Inmobiliarios Burke recibió de Caja Ávila 20,7 millones de euros hipotecando la finca 2266 del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, un terreno rústico y especialmente protegido cuyo valor entonces no superaba los 504.000 euros. La tasación de la finca se infló –la multiplicó por 41– gracias a la expectativa de una recalificación municipal como terreno urbanizable que no llegó a producirse. El Ayuntamiento de Torrelodones, entonces en manos del PP, pretendía construir en la zona 1.536 viviendas, un hotel, un campo de golf y un centro comercial.

Para ello, el consistorio aprobó la recalificación del terreno, que no sólo era rústico sino que además tenía la consideración de “especialmente protegido”. Pero en 2009 la Comunidad de Madrid no ratificó el cambio de uso, después de que la Dirección General de Evaluación Ambiental emitiera un informe desfavorable y dictaminara que el proyecto era “medioambientalmente inviable”.

Seis años después, el Ayuntamiento, con un nuevo grupo político al frente, Vecinos por Torrelodones, denunció el caso ante la Fiscalía Anticorrupción. Y en noviembre de 2016, tras examinar la operación y encargar un informe a la consultora FTI Consulting Spain, la Sareb presentó otra denuncia por estafa y tráfico de influencias ante la Fiscalía General del Estado, que la remitió a la Fiscalía de Madrid. Ésta, a su vez, incoó diligencias el 19 de diciembre de ese año y las mandó el 9 de febrero de 2017 a la Fiscalía de Ávila, donde tenía su sede social la caja de ahorros que concedió el préstamo. Un mes después, las diligencias fueron archivadas.

El pasado mes de julio la finca 2266 continuaba inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de Proyectos Inmobiliarios Burke, que la había adquirido en noviembre de 2006 por importe de 20,27 millones de euros a otra empresa, Styx. Ambas compartían entonces el mismo administrador único: Eduardo Morales Santiago, según consta en el informe elaborado por la Fiscalía de Madrid y al que también ha tenido acceso infoLibre. El ministerio público reproduce el documento encargado por la Sareb a FTI Consulting, donde se deja constancia de que Morales Santiago posee “vínculos personales y profesionales” con Mario Mingo, entonces presidente del PP local y alcalde de Torrelodones entre 1987 y 1996. También con Carlos Galbeño, que gobernó ese consistorio de la sierra madrileña entre 2003 y 2011, igualmente al frente del PP.

Cuando este periódico se puso en contacto con Eduardo Morales este verano para preguntarle por el caso, éste se limitó a contestar que había vendido la empresa hace tiempo y ya no tiene ninguna relación con ella.

Una finca difícil de vender

Aunque la Sareb compra los activos tóxicos con descuento, el importe de la deuda que el banco malo ha dejado de reclamar en el caso de la finca 2266 asciende a un total de 34,8 millones de euros, puesto que al préstamo propiamente dicho y los intereses se les suma una línea de crédito de 1,83 millones. Proyectos Inmobiliarios Burke no devolvió ni un solo euro desde 2008, pese a que Caja Ávila le concedió dos prórrogas antes de desaparecer como tal. De hecho, la propia Sareb destacaba en su denuncia la “especial gravedad” de los supuestos delitos cometidos “debido a la elevada cuantía del préstamo”.

Creada en 2012 a partir de los activos tóxicos que le traspasaron las entidades de crédito tras el rescate financiero, la Sareb está obligada a “maximizar la recuperabilidad” de los préstamos y activos tóxicos que adquiere, “vía recobro o venta”, según consta en su último informe anual de actividad. De hecho, su plan de negocio tiene como objetivo “acelerar” la conversión de los activos financieros –menos líquidos– en activos inmobiliarios. Pero de su cartera de inmuebles, sólo el 4% son suelo rústico, como es el caso de la finca de Torrelodones. El banco malo prima las “soluciones consensuadas con los deudores” de forma previa a la ejecución de las garantías de los préstamos. Así, negocia la modificación de plazos de vencimiento, tipos de interés y garantías aportadas. Incluso puede llegar a la condonación o quita parcial de la deuda. Si no hay acuerdo, abre la vía judicial.

Además, la Sareb prioriza la recuperación de unos activos sobre otros tras evaluarlos según “criterios comerciales”, puesto que su meta es vender viviendas y terrenos si no es posible conseguir la devolución del préstamo. Estos criterios son el tipo de producto, su localización, los precios de venta en cada momento, los costes de transformación… Como la finca de Torrelodones tiene carácter rústico y está especialmente protegido, no es un activo fácil de vender.

Y aunque lo vendiera, el banco malo no podría recuperar la totalidad del dinero perdido. Cuando pidió en 2015 a UVE Valoraciones que la tasara, le calculó un valor de mercado de sólo 915.082 euros. Una tasación que, además, no aumentará en el futuro debido a su especial protección, según reconocía el informe de la Fiscalía. “La Sareb está buscando cuál es la mejor fórmula para recuperar el dinero”, asegura el portavoz.

El futuro penal del el presidente del PP, Pablo Casado, depende en estos momentos de que el Tribunal Supremo decida o no exigirle la presentación de los trabajos del Máster Oficial en Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que asegura tener en su poder así como del ordenador con el que afirma haberlos escrito hace ahora casi una década y que, según su propia versión, todavía conserva.

Si el recién elegido líder de los conservadores hace entrega al Supremo de los trabajos y del ordenador y prueba con ello no sólo que los documentos académicos existen sino que fueron realizados en 2009, Casado habrá conseguido sembrar algo más que una duda razonable acerca de su connivencia con el resto de los implicados en la trama que está siendo investigada por haber logrado “que un grupo concreto y escogido de alumnos obtuvieran el título del máster sin efectivamente cursarlo, sin mérito académico alguno, regalándoselo a modo de prebenda o dádiva”. Asi describe la actividad de los imputados la juez Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción numero 51 de Madrid.

Claro que, antes de practicar las diligencias que le pide la juez, primero el Alto Tribunal debe decidir —oída la Fiscalía— si admite su petición. Rodríguez-Medel explica en el escrito que ha dirigido a la sala de admisiones del Supremo con todo lujo de detalles las diligencias que ha practicado hasta ahora, cómo ha recopilado indicios suficientes de la comisión de sendos delitos de cohecho pasivo y prevaricación administrativa y por qué no puede dar ni un paso más en la instrucción sin involucrar a Casado, al que no puede ni siquiera citar porque su condición de aforado —es diputado en el Congreso— le hace intocable para el juzgado de instrucción número 51.

Esa es la razón por la que la juez pide al Supremo que intervenga. Para tomar declaración a Casado en calidad de imputado, requerirle la entrega de “los trabajos que permitieron su calificación en cuatro asignaturas” —además de cualquier otro documento, incluidos correos electrónicos o acuses de recibo, “que evidencien que fueron efectivamente elaborados en el curso académico 2008-2009 y remitidos o entregados en dicha fecha para su calificación”— y pedirle que “aporte el ordenador portátil antiguo en el que se encontraban archivados los trabajos presentados para su calificación en el máster” y cuya existencia fue revelada por el propio presidente del PP en las declaraciones públicas que realizó el 10 de abril de 2018. “Todo ello a fin de que la policía judicial informe de la antigüedad de los documentos informáticos archivados como tales trabajos y si han sufrido modificaciones a partir del 20 de marzo de 2018”, precisa la juez en el escrito que ha enviado al Supremo.

Preguntado acerca de si está dispuesto a entregar al Supremo el ordenador que ahora se ha convertido en pieza clave de la investigación, Casado evitó responder a la pregunta y se limitó a decir que va a “colaborar en todo” lo que le pida la justicia, como ha hecho “hasta ahora”, pero, en una rueda de prensa convocada en la sede del PP poco antes de partir hacia Colombia, cuestionó que el Supremo tenga que dedicar su tiempo a ocuparse “de un curso de hace diez años por supuestas irregularidades que en todo caso estarían prescritas y que, sobre todo, no se cometieron”.

Los indicios contra Casado citados por la juez incluyen que, según sus propias declaraciones, no fue a clase, no se sometió a exámenes y los supuestos trabajos que entregó para ser evaluados los presentó en persona, sin que consten correos electrónicos ni documento alguno de aquellas fechas que corroboren su existencia.

Sólo falta “una sencilla diligencia”

Por eso la juez dirige toda su atención precisamente a esos trabajos: Pablo Casado, relata la instructora en su escrito, exhibió en rueda de prensa hace varias semanas “unos documentos que podrían corresponderse” con ellos. A juicio de esta instructora, lo decisivo no es sólo que se aporten los mismos sino, a falta de una evidencia documental de su entrega en aquel año, resulta esencial corroborar que se elaboraron efectivamente en ese año académico 2008-2009” y no fueron fabricados ex profeso a raíz del escándalo. Algo que, subraya Rodríguez-Mendel, puede establecer “una sencilla diligencia de investigación por la policía judicial” para “determinar la efectiva antigüedad de la creación del documento o su manipulación o elaboración posterior”. Basta con tener acceso al ordenador personal que el hoy líder del PP usaba en aquella época y que él, mismo, en esa rueda de prensa, aseguró conservar.

El líder del PP, en la rueda de prensa que ofreció este lunes, evitó los detalles, pero dedicó tiempo a señalar que su situación personal tiene, según él, mucho de extraordinaria. “Lo que se me ha hecho a mí”, afirmó, “no se ha hecho a nadie en este país. Y, por lo que tengo viajado, en ningún otro”, subrayó. E insistió en calificar este asunto como “algo irrelevante” en “términos políticos”.

El hecho “irrelevante” del que habla Casado es la supuesta comisión de delitos de cohecho impropio y prevaricación por parte de tres profesores de la Universidad Rey Juan Carlos y varios alumnos, entre los que indiciariamente se encuentra él mismo.

Según la jueza de instrucción, el Máster Oficial en Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid fue utilizado “como regalo o prebenda a determinados alumnos, que conseguían la titulación sin mérito académico alguno” mientras otros alumnos lo cursaban con normalidad. Los beneficiarios de esta conducta delictiva habrían sido exclusivamente “alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional" con el catedrático Enrique Álvarez Conde, máximo responsable del instituto que impartía el máster.

Casado mezcló este lunes el máster, por el que está siendo investigado, con la tesis que no llegó a hacer pero que podría haber llevado a cabo precisamente gracias a este máster. En vez de hablar del máster se refirió a la tesis para decir que “en ningún caso se puede tratar de regalo algo que sencillamente no se tiene. Era un curso de doctorado que habilitaba para escribir una tesis que finalmente no se hizo. Yo no tengo ningún título para colgar en ninguna pared” añadió, a pesar de que él mismo lo hizo constar en su currículum oficial en el Congreso de los Diputados.

“En ningún caso he recibido ningún regalo”, insistió, ni he solicitado absolutamente nada que fuera lo que se hiciera con el resto de los alumnos”. Una afirmación que choca con las conclusiones preliminares de la juez, según la cual existían dos clases bien diferentes de alumnos: los que iba a clase, hacían los trabajos y los conservan y los que no acudían a las aulas y no encuentran por ninguna parte rastro alguno de los documentos académicos que estaban obligados a presentar, entre los que supuestamente estaría el líder del PP. Es decir: los que cursaban el máster y los que lo recibían sin hacer nada. “[Yo] hice todo lo que se me pidió; hice todo correctamente”, repitió Casado en rueda de prensa tras conocer el escrito remitido por la juez al Supremo.

Para que el Supremo acepte ocuparse del caso, no basta que atienda los indicios hallados por la juez: es imprescindible que los supuestos delitos no hayan prescrito, tal y como asegura el propio Casado. Por eso dedica a este asunto la magistrada instructora una parte del escrito que remitió al Alto Tribunal: según su razonamiento, si bien el delito de cohecho impropio sí podría haber prescrito, no ocurre lo mismo con el de prevaricación administrativa. Y en este caso uno de ellos no tendría sentido sin el otro, porque el primero castigaría “recibir como regalo una titulación de máster” y el segundo penalizaría, según la juez, conceder o recibir el máster a sabiendas de que no se tiene derecho a él. La concurrencia de ambos, asegura la instructora, anularía el riesgo de prescripción.

La conducta de Casado, concluye Rodríguez-Medel, “puede ser calificada de cooperación necesaria en el delito de prevaricación administrativa” porque no sólo se matriculó en el máster sino que aceptó “el título, usándolo en su currículum vitae, tal y como se desprende de la página web del Congreso de los Diputados”. Y también de cohecho impropio, porque “la propia naturaleza del regalo (una titulación académica) exige una participación activa del sujeto que lo recibe y que esta participación sea anterior a obtener la dádiva”. Es precisamente “esta participación, activa, previa y necesaria por la naturaleza del regalo”, lo que “vincula el cohecho a la prevaricación administrativa que supone la concesión arbitraria del título académico”.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la causa de la presunta financiación irregular de Convèrgencia –el conocido como 3 por ciento–, ha imputado a CDC y PDeCAT como personas jurídicas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En su auto, el magistrado explica que el PDeCAT es un "mero continuador" de CDC que, según relata, puso en marcha una estructura para financiar ilegalmente la formación política, en forma encubierta mediante donaciones a fundaciones ligadas a dicho partido, CatDem y Forum Barcelona, en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política.

El Tribunal Militar Central condenó hace escasos días a dos tenientes coroneles a dos años de prisión cada uno por recibir dinero y regalos de empresarios a cambio de información privilegiada sobre contratos del Ministerio de Defensa. Al tiempo, la sentencia se limitaba a multar con 600 euros a los tres directivos que habían pagado a los militares para ganar los concursos públicos. Fuera del proceso quedaron el resto de los 13 empresarios que en un principio fueron imputados en la causa y cuyas conversaciones e intercambios con los oficiales el tribunal reconoce como hechos probados, aparecen prolijamente relatados en la sentencia e incluso en algunos casos fueron grabados por la policía judicial.

Los miembros del Tribunal Militar Central reconocen que las penas a los directivos son “extraordinariamente livianas”. Los tres encausados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía que redundó en una considerable reducción de las condenas, pese al cohecho cometido. Las penas para los tenientes coroneles también parecieron insuficientes al presidente del tribunal y ponente de la sentencia, que en un voto particular pidió tres años de cárcel para cada uno de ellos y, por consiguiente, su expulsión de las fuerzas armadas. Tal es así que la Fiscalía, que había solicitado seis años de prisión para cada uno de los oficiales, ha anunciado un recurso ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

Los jurídicos militares consultados por infoLibre coinciden con la liviandad de las penas, tanto para los oficiales como para los directivos de las empresas implicadas. Con dos años de prisión, los tenientes coroneles no pierden su condición militar. Han quedado suspendidos de empleo, según reconoce el Ministerio de Defensa. Ya lo estuvieron, el máximo de seis meses que permite la ley, tras ser detenidos en abril de 2015 y mientras eran procesados. “Las penas para los oficiales son discutibles, y bajísimas para las empresas”, critica Mariano Casado, asesor jurídico de la Junta Directiva de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). Casado coincide con el voto particular: “No son aptos para seguir como militares por el daño que han hecho a las fuerzas armadas”.

El presidente del tribunal, el general Rafael Eduardo Matamoros Martínez, destacaba en su opinión particular que el “comportamiento criminal” de los tenientes coroneles –“empleo que, sólo por debajo del de coronel, culmina la carrera profesional”– ha producido “la denigración de su imagen, así como la del cuerpo al que pertenecen y de las fuerzas armadas en general”. Por ese motivo, el general esgrimía la “inidoneidad” de los condenados para seguir desempeñando las funciones propias del cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra y exigía “una mayor severidad en el castigo del delito perpetrado”. Ambos recibieron cantidades en metálico, regalos como relojes e invitaciones al palco del Real Madrid e incluso pidieron, y consiguieron, contratos para sus hijos en las empresas que los sobornaban.

“Esto es la jurisdicción militar y la prevención general de las penas, la ejemplaridad, son determinantes, naturalmente los dos oficiales son inidóneos para seguir en el cuerpo de Intendencia: ¿qué destino, qué puesto podrían ocupar profesionalmente después de ser condenados por cohecho, en un cuerpo tan relacionado con la contratación pública?”, se pregunta un jurídico militar que pide el anonimato.

Además, la Fiscalía se sumó a las defensas en su petición al tribunal de que no se prohibiera a los empresarios condenados contratar con el sector público. La sentencia desoye la solicitud y pasa la pelota al tejado de “los órganos competentes de las diferentes administraciones públicas”. Tanto las penas “irrisorias” de multa a los empresarios como que no se les prohíba participar en concursos públicos incumplen el Código Penal. Su artículo 424 establece que los empresarios culpables de cohecho “serán castigados con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida”. Y si esa autoridad o funcionario tiene relación con un procedimiento de contratación, la pena impuesta debe ser de “inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de cinco a 10 años”.

Militares sin formación jurídica en los tribunales

La sentencia pone así de relieve algunas de las peculiaridades de la jurisdicción militar. El Tribunal Militar Central se compone de un presidente, cuatro vocales togados y un vocal militar por cada una de las fuerzas armadas – Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y la Guardia Civil–. El presidente y los cuatro vocales togados deben ser generales del Cuerpo Jurídico Militar, nombrados por real decreto a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero los vocales militares no son jurídicos, sino generales de Brigada o contralmirantes que se designen mediante sorteo para cada caso. Salen de una lista que se confecciona cada año y, antes de cada juicio, se elige a uno de ellos según la fuerza armada a la que pertenezca el inculpado. En el caso de los tenientes coroneles, la Sala que los juzgó estaba compuesta por el presidente; un vocal togado, el general Alfredo Fernández Benito y, como vocal militar, el general de Brigada José Luis Murga Martínez, del Cuerpo General del Ejército de Tierra. Los condenados pertenecen al cuerpo de Intendencia del mismo ejército. Murga Martínez es jefe de la División de Logística del Estado Mayor del Ejército.

“Esto hay que cambiarlo”, exige Mariano Casado, quien critica que el tribunal cuente entre sus miembros con mandos militares sin formación jurídica e integrados en la cadena de mando, lo que puede poner en cuestión la independencia con la que deben afrontar cada caso. La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, que verá el recurso sobre los tenientes coroneles está compuesta por cuatro magistrados de la carrera judicial y otros cuatro procedentes del Cuerpo Jurídico Militar, lo que Casado también considera una “peculiaridad” que debe cambiar.

Aunque desde 1987 la justicia militar está integrada en el Poder Judicial único del Estado, su organización continúa siendo singular. En 2015, una ley orgánica eliminó, en palabras de la propia norma, el “privilegio de que gozaba el Ministerio de Defensa” hasta ese momento de presentar “ternas” para designar a los magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo procedentes del Cuerpo Jurídico Militar. Aun así, los jurídicos consultados consideran que la permanencia de militares profesionales en los tribunales pone en duda la independencia e imparcialidad de sus decisiones, pues siguen vinculados a los mandos y de ellos depende el desarrollo de su carrera. “Es un anacronismo”, recalcan, “sin justificación alguna en la España actual”. A su juicio, la justicia militar debe estar integrada en la jurisdicción ordinaria, “como un orden jurisdiccional más, servida por jueces y magistrados ordinarios”.

De hecho, la misma ley orgánica antes citada emplazaba al Gobierno a presentar, en el plazo de dos años un proyecto de ley de reforma de Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar para adaptar ésta a la jurisdicción ordinaria. Pero el plazo expiró el pasado mes de octubre sin que se haya cumplido el mandato. “Ni hay previsión de hacerlo”, protesta Mariano Casado, “ni una palabra en el Plan Normativo de Defensa para este año”. “El Gobierno no quiere abrir el melón de la reforma de la jurisdicción militar, pese a que los militares no pueden tener la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental, fuera del escenario común del resto de las jurisdicciones”, argumenta.

“Sonrojo y preocupación”

El asesor jurídico de AUME también cree que debería permitirse que se persone la acusación popular en los juicios por corrupción en la jurisdicción militar. “Eso habría sido capital en este asunto”, asegura respecto a los dos tenientes coroneles condenados. Según explica, sólo las conversaciones y transacciones descritas en los hechos que la sentencia considera probados, y que implican a una docena de empresas, “deberían dar lugar a una investigación más amplia”, además de a “una reflexión sobre posibles mecanismos de control y vigilancia” ahora inexistentes. “La sentencia es demoledora y su lectura provoca sonrojo y preocupación enormes”, subraya Mariano Casado.

En sus casi 200 páginas, la sentencia describe una operativa que ambos tenientes coroneles llevaron a cabo de forma continuada entre 2010 y 2015. Los tenientes coroneles Cruz Picazo Ramírez y Epifanio Ramírez Requeno contactaban con empresas contratistas de Defensa o interesadas en serlo y les ofrecían y proporcionaban información sobre contratos “presentes o en proyecto o fase interna”, también les daban apoyo o consejo para presentar ofertas e incluso llegaron a redactar alegaciones y recursos para algunas de ellas cuando no resultaban las adjudicatarias. Para ello “se prevalieron” de su condición de oficiales destinados el primero como jefe del Área de Estrategia de Compras de la Subdirección General de Contratación del Ministerio de Defensa, y el segundo en la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios Económicos.

Por tanto, establece la sentencia, Cruz Picazo intervenía en los expedientes de contratación y en la adjudicación de los contratos, y participaba en la redacción de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas de los concursos. Epifanio Ramírez era el encargado de las “cuestiones prácticas” de los contratos que interesaban a las empresas.

A cambio de información y asesoría, el tribunal considera probado que ambos recibieron diferentes cantidades de dinero, como los 4.000 euros pagados por la empresa de seguridad Proman, en un sobre entregado en un restaurante de Madrid, y los 20.000 euros que Ucalsa transfirió a Epifanio Ramírez y con los que pagó parte de un Audi A5 Sportback, valorado en 43.777 euros. Otra firma, Tecnove, dedicada al carrozado de vehículos militares, regaló a Cruz Picazo un reloj Hublot con un precio de 2.870 euros.

Además, estas y otras empresas proporcionaron a ambos oficiales entradas para distintos partidos del Real Madrid en el palco del Santiago Bernabéu y para el Mutua Madrid Open de Tenis. Finalmente, el hijo del teniente coronel Ramírez fue contratado en Easy Sea East, del grupo Proman, en noviembre de 2014, con un contrato indefinido como auxiliar de servicio y un sueldo de 752 euros al mes. Y el hijo del teniente coronel Picazo consiguió otro contrato, primero como conductor y luego como coordinador de comidas a domicilio –1.203 euros al mes–, en Ucalsa.

Investigación

Según los jurídicos militares consultados, la deliberación del tribunal debió centrarse en si los oficiales debían o no ser expulsados de las fuerzas armadas. En cambio, lamentan, la mayoría del tribunal “se dejó influir por el acuerdo alcanzado por el fiscal” con los empresarios y aplicó “un criterio de justicia material y de equidad”. “Algo así como ‘si las empresas salen condenadas con multas, a los tenientes coroneles no se les puede castigar con un rigor tal que suponga su expulsión de las fuerzas armadas”, interpretan, “y se equivocaron”.

Para Mariano Casado mención aparte merece el hecho de que la investigación se iniciara por la denuncia de un particular, en concreto de uno de los empresarios finalmente desimputados pese a haber pagado 17.000 euros a los oficiales, el dueño de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez. “Los servicios de inteligencia propios no lo detectaron”, critica. Aunque, en realidad, el asunto es aún más grave. Un año antes de su detención, el teniente coronel Epifanio Ramírez había sido destituido de su puesto en la Unidad de Contratación del Ministerio de Defensa precisamente por un informe del CNI que había alertado a la Subsecretaría de Defensa de que solicitaba porcentajes a las empresas a cambio de contratos. Pero el ministerio se limitó a cambiarlo de destino, asignándolo a un puesto similar en otra junta de contratación, la del Ejército de Tierra. En el nuevo empleo, al que llegó seis meses después de su cese, siguió con las mismas prácticas hasta que fue detenido. “Sólo ese traslado requeriría una investigación”, apunta el asesor de AUME, “alguien debería aclarar cómo se pudo hacer algo así con los antecedentes del oficial”.

Sin responsabilidades civiles

Sorprendentemente, la sentencia no exige responsabilidades civiles a los dos tenientes coroneles, porque no considera acreditado que su “actividad criminal” perjudicara a terceros ni a los contratos públicos en los que intervinieron. Sin embargo, en su voto particular, el presidente del tribunal destaca como una de las circunstancias que deberían tenerse en cuenta para agravar la pena el hecho de que ese comportamiento criminal alcanzó a “una buena parte de los acuerdos marco generados por el Ministerio de Defensa”. En concreto, participaron en las comisiones de seguimiento de 12 o 14 de esos acuerdos marco, de los 18 que llegó a haber en el ministerio.

Esta modalidad de concurso sirve para centralizar multitud de contratos en uno solo, normalmente de ámbito nacional, lo que redunda en un ahorro de costes. Los acuerdos marco permiten, por ejemplo, el suministro de alimentos, vestuario, vehículos militares, productos informáticos, seguros o material NBQ (protección nuclear, biológica y química), “todos ellos equipamientos que tienen repercusión en la calidad de vida de los militares tanto aquí como en las misiones en el exterior”, protesta Mariano Casado. Los oficiales sólo han sido condenados a pagar entre los dos 24.000 euros, la misma cantidad que les fue exigida como fianza. A Cruz Picazo se le priva del reloj de lujo que le regalaron, pero a Epifanio Ramírez la sentencia le devuelve el Audi que se le había incautado.  

Según resalta el abogado de AUME, los votos particulares son muy poco frecuentes en la jurisdicción militar. Menos aún cuando el firmante es quien preside la sala y el ponente de la sentencia. “Es extrañísimo, los he visto muy con cuentagotas”, añade Casado. El pasado día 16 el CGPJ eligió como nuevo presidente del Tribunal Militar Central al general Carlos Melón, ya que Rafael Matamoros pasa a la reserva. El general Melón lleva en ese mismo tribunal como vocal togado desde octubre de 2014.

La magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Margarita Varona, ha acordado la apertura de juicio oral contra el también magistrado Salvador AlbaSalvador Alba, miembro de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, como presunto autor de los delitos de prevaricación judicial (por presuntamente dictar una resolución manifiestamente injusta a sabiendas), cohecho (soborno), falsedad, revelación de secretos y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

El auto en el que se acuerda el inicio de la fase de juicio oral del proceso sólo es susceptible de recurso en cuanto a la situación personal del acusado, que se encuentra en libertad. De este modo, el juez andaluz Salvador Alba tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados aunque por su condición de letrado podrá ocupar asiento junto a su abogado para evitar su ubicación física en el lugar donde se colocan los acusados, según informó el TSJC en un comunicado.

Además la magistrada instructora del proceso, que ha declarado abierta la última fase del proceso penal en primera instancia, también requiere al juez Alba para que en el plazo de 24 horas preste fianza por importe de 85.000 euros para satisfacer las responsabilidades civiles en las que pudiera incurrir. En este sentido, avisa que de no prestarse esta caución, se le embargarán bienes hasta cubrir la suma indicada.

Los delitos por lo que está acusado Salvador Alba se encuentran relacionados con la entrevista privada que el juez mantuvo en marzo de 2016 con el empresario Miguel Ángel Ramírez, en la que supuestamente conspiró para perjudicar profesionalmente a la magistrada Victoria Rosell cuando era candidata al Congreso por Podemos.

Así, según la investigación, Alba prometió a Ramírez un supuesto trato de favor en un proceso penal contra éste, a cambio de que facilitara datos para actuar contra Rosell.

Por su parte, el Ministerio Fiscal avanza en su escrito de calificaciones provisionales que solicitará para el juez un total de 10 años de cárcel y 29 de inhabilitación.

En la causa también está personada Victoria Rosell en calidad de víctima, y como acusación particular su pareja sentimental, el periodista Carlos Sosa y el partido político Podemos, éstos dos últimos en condición de acciones populares. Estas tres acusaciones interesan penas más severas que el Ministerio Público.

Por su parte, Salvador Alba sostiene, a través de su dirección legal, que es inocente de los cargos que se le imputan, por lo que pide su libre absolución. La fecha del juicio se señalará en los próximos meses.

El auto da cuenta de la situación en la que queda Salvador Alba al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ahora podría iniciar el proceso para suspenderle cautelarmente en sus funciones como magistrado.

Por último, indican que en el caso de que, cuando se suspenda al magistrado de sus funciones, no esté terminada la redacción de la sentencia del llamado caso Faycán (del que Alba es a fecha de hoy ponente), la Sección Sexta de la Audiencia Provincial adoptará la resolución que proceda, evitando si es posible la repetición del juicio.

La Sección Diecisiete de la Audiencia Provincial de Madrid absolvió este jueves al exjefe de la Policía Local de Coslada Ginés Jiménez Buendía de los delitos de extorsión, amenazas, cohecho, blanqueo de capitales y depósito y tenencia ilícita de armas, por el que se enfrentaba a una pena de más de 26 años de prisión, informó el Tribunal Superior de la Justicia de Madrid.

Los magistrados, tras el juicio que comenzó el pasado 15 de enero y concluyó a finales de marzo, absolvieron también a los otros ocho procesados en el llamado caso Bloque, encausados por los delitos de prostitución (Catalin Avramescu), comisión del deber de perseguir delitos y cohecho (Carlos Martínez Gil), cohecho (Felipe Guerrero Lerma, Mario Fonseca Novoa, Antonio Carrascosa Chacón, Fernando Jiménez Martínez y Antonio José Carvajal Álvarez) y blanqueo de capitales (Carmen Pérez Martínez y Ginés Jiménez Pérez).

Los magistrados tomaron la decisión de absolver a los procesados al no haberse probado en la vista oral del juicio los hechos objeto de debate. Así, remarcan que no pudo acreditarse ni la extorsión, ni las amenazas, ni el cohecho, ni el blanqueo de capitales ni el depósito y tenencia ilícita de armas.

La sentencia establece que no se acreditó que el principal procesado, Jiménez Buendía, vulnerara el ordenamiento legal de forma abusiva y arbitraria, al objeto de controlar de manera personal o por vías de hecho, independientes al cauce marcado por el ordenamiento jurídico, la tramitación de licencias y autorizaciones de apertura, de actividad o similares, de distintos establecimientos de ocio bajo la amenaza en caso contrario de inspecciones continuas y acoso del aparato policial.

Tampoco pudo acreditarse que este mismo procesado, en compañía de otros policías, se personara en un establecimiento mostrándose contrario a la apertura sin su permiso y prevaliéndose de su condición consumiera todo tipo de bebidas alcohólicas sin abonar las consumiciones.

Ni tampoco que Ginés Jiménez y su esposa, también acusada, abonaran los gastos con los que hicieron frente a préstamos hipotecarios, inversiones inmobiliarias o adquisición de vehículos con un dinero de origen ilícito; como tampoco quedó acreditado, "sino lo contrario, que las armas halladas en su poder carecieran de permiso", según la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press.

En idénticos términos se refiere la sentencia al resto de acusados, de los que tampoco se probó su participación en los hechos descritos en el escrito de calificación pública y en el auto de procesamiento. Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Motivación y hechos probados

En el fallo, los jueces desmontan las acusaciones que vertían sobre el exjefe policial sobre supuestos sobornos para que algunos establecimientos obtuvieran licencias o para evitar inspecciones arbitrarias. Así, señalan que "atribuciones genéricas de responsabilidad no sustentan válidamente una condena".

Por ejemplo, señalan que los testimonios de varios responsables de establecimientos reflejan que "a parte de los comentarios y determinada práctica de la Policía Local en sus actuaciones inspectores y que estos testigos no comparten, al margen de ello tampoco refieren haber sido testigos de actuaciones constitutivas de los ilícitos que se le atribuyen".

Los jueces citan los testimonios de otros responsables de establecimientos que negaron que el acusado les solicitara dinero, presentes o regalos a cambio de no realizar inspecciones. Por otra parte, el hecho de que hosteleros de Coslada visitaran dependencias de la Policía Local "no constituye indicio suficiente que acredite las imputaciones". Acudían, apuntan, para aportar documentación relativa al funcionamiento de los locales e información sobre horarios de apertura y cierre, consumo de alcohol y presencia de menores.

Respecto al delito de blanqueo, la Audiencia Provincial "no considera acreditado que Ginés haya cometido un delito que le proporcione ingresos que justifiquen una adquisición de bienes como la descrita en las actas acusatorias y, por consiguiente, no resulta acreditado el ilícito que se le imputa".

"No sólo no se aprecia responsabilidad penal en el acusado que pudiera justificar unos ingresos que no proceden de una actividad lícita, sino que, a mayor abundamiento, las imputaciones de las que era sujeto paciente únicamente hubieran supuesto un beneficio para el acusado de 12.000 euros en 5 años", agregan.

Sobre la tenencia ni depósito ilícito de armas, la Sala no ve delito por la "conexión de antijuricidad" que aprecian entre la nulidad del auto que ordena la entrada y registro en el domicilio del exjefe de la Policía Local de Coslada y el hallazgo de la armas.

Los jueces también absuelven a los policías locales de los delitos de blanqueo y de cohecho porque "no aparece sustentado en el relato de los hechos suficientemente preciso y determinados". Además, han expresado su discrepancia con el encaje de la conducta que se les atribuye con este último tipo penal.

Por último, el fallo judicial procede la declaración de las costas de oficio y no procede imponérselas a la acusación particular, ya que no ve atisbo de temeridad ni de mala fe en su actuación.

Noticia "normal y esperada"

El exjefe de la Policía Local de Coslada consideró "bastante normal" la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le absuelve de los delitos del llamado caso Bloque y aseguró que esperaba el fallo "desde hace mucho tiempo, dado que desde la instrucción se ha venido demostrando que no existía trama alguna".

En declaraciones a Europa Press, Jiménez se mostró "contento" con la resolución judicial e insistió en que fue "algo esperado" tanto para él como para su abogado. "Hemos sufrido dos meses y medio de juicios y al final tres profesionales han llegado a la conclusión que no existe delito", expresó, en referencia a los jueces que dictaron la sentencia.

Además, el exjefe policial cree que los hechos que le imputaban "podían haber quedado archivados en la fase de instrucción" y que fue el "factor mediático" lo que hizo que, a su juicio, la Fiscalía, "al ser una institución jerarquizada, llevase la causa a cabo".

Del mismo modo, Jiménez afirmó que la inspección en locales de ocio es una "actividad común" que deben realizar las policías locales de cada municipio para mantener la seguridad en los locales y que en Coslada se realizaba con "absoluta normalidad".

Igualmente, el expolicía añadió que el caso fue archivado no "no por las nulidades que se dieron de pruebas en la fase de instrucción, sino porque cada caso ha sido investigado a fondo y se ha demostrado que no hay delito".

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quiere que el Ministerio de Defensa le aclare por qué ha adjudicado el contrato para la limpieza de los cuarteles de La Zarzuela y El Pardo a la empresa de un familiar de Carmen Franco, hija del dictador Francisco Franco, recientemente fallecida.

Con este objetivo, el diputado independentista ha presentado una batería de preguntas escrita al Gobierno en el Congreso, en las que reclama datos sobre los motivos que han llevado al departamento que dirige María Dolores de Cospedal a elegir a Imperium Servicios Globales SL, cuyo administrador único es Jaime José Martínez-Bordiú Aznar, sobrino nieto de la Duquesa de Franco, según Rufián.

En su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Rufián reseña que el contrato con la citada compañía tiene una duración inicial de nueve meses prorrogable otros nueve y tiene un valor de 147.351,11 euros. También señala que Imperium Servicios Globales se constituyó en 2014 y facturó poco más de 47.000 euros en 2016.

¿Es mera casualidad?

El diputado de ERC añade que esta empresa "no acredita gran experiencia y, por eso pregunta a Defensa por qué la considera la "más adecuada" para hacerse con un contrato que, "según parece se cerró justo unos días después de la muerte de la tía abuela de su administrador único". "¿Es una mera casualidad? ¿Ha habido algún tipo de contacto del Ministerio de Defensa con la familia", se interesa Rufián que quiere saber qué tipo de contacto ha sido de haberse producido.

Además, tras explicar que según la plataforma de contratación del Estado Imperium Servicios Globales fue la empresa que ofreció el precio más ventajoso de las siete que concursaron, Rufián pide conocer las ofertas económicas de las demás y qué valor se ha dado a la experiencia acreditada por cada una de las aspirantes.

Otra de las preguntas versa sobre si los servicios que ofrece la adjudicataria se ajustan a las necesidades de los cuarteles, habida cuenta de que, su objeto social es ofrecer servicios auxiliares, de conserjería, controladores, cuidado de mascotas, limpieza general de edificios así como de limpieza industrial, actividades de jardinería, reformas en general y acompañamientos VIP.

"¿Los acompañamientos VIP, en particular, a qué se refieren en estos casos?", reza la última cuestión registrada por el portavoz adjunto de ERC.

Alfonso Grau, exvicealcalde de València, será juzgado por aceptar dos relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. En el banquillo de los acusados también se sentará el empresario Urbano Catalán, responsable de Transvia y Viajes Privilege, que gestionan el bus turístic en la ciudad.

El Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra Grau –investigado en el conocido como caso Imelsa– y Catalán por presuntos delitos de blanqueo de capitales y de cohecho. El órgano competente para el enjuiciamiento será la Audiencia Provincial.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Grau una pena de seis años de prisión y el pago de una multa de 75.000 euros, mientras que para el empresario reclama un año de cárcel por cohecho.

En la resolución judicial, el magistrado indica que no es preciso abrir en este momento la pieza de responsabilidad civil y/o pecuniaria puesto que no se han concretado las posibles responsabilidades en las que habrían incurrido los acusados y porque tampoco existe una resolución firme que les condene.

Esta causa se abrió a finales de 2015, cuando el juzgado recibió una denuncia de la Fiscalía contra ambos procesados. Según el escrito fiscal, Transvia regalaba supuestamente a cambio de contratos relojes de alta gama al exvicealcalde, que el exedil del PP en el consistorio presuntamente cambiaba por otros de precio superior y abonaba la diferencia, sistema que constituiría un blanqueo.

Los investigadores han podido rastrear esta actuación porque en los relojes figura el número de serie, que han podido cotejar en el establecimiento donde se hacían los cambios, y así comprobar el proceso.

Entre 2006 y 2015, mercantiles relacionadas con Urbano Catalán firmaron con el Ayuntamiento un total de 16 contratos por un importe aproximado de 2,5 millones de euros. Uno de ellos, una fiesta de personas mayores adjudicado a Transvia por 652.748,55 euros. El resto hacen referencia a adquisiciones de vehículos, servicios de alojamiento y manutención del Certamen Internacional de bandas y otra serie de transportes.

El primer regalo se registró en 2010, cuando Grau adquirió de una conocida joyería de València un reloj de oro por importe de 25.680 euros que fue satisfecho parcialmente mediante la devolución de otro que costaba 13.500 euros y que le fue regalado por el empresario Urbano Catalán y facturado a Viajes Transvia.

Según estima el fiscal, este obsequio se efectuó en atención al cargo de teniente de alcalde y concejal del Ayuntamiento de València que ostentaba en ese momento Grau, por las relaciones comerciales existentes entre las empresas de las que el empresario era apoderado y el consistorio.

Con esta actuación, agrega el ministerio público, Grau compró un reloj nuevo obteniendo un "evidente lucro económico" ya que un reloj que valía 25.680 euros le costó 12.160 gracias al que le había regalado el empresario. Pagó la diferencia en metálico.

Similar operativa se llevó a cabo con el segundo obsequio a finales del año 2011. Catalán compró en la joyería un reloj el mismo día en que la mercantil Transvía recibió la adjudicación del contrato del consistorio de la fiesta de mayores por más de 652.000 euros.

La jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional ha decretado prisión incondicional para el comisario jubilado José Villarejo, para su socio el abogado Rafael Redondo y para el también comisario Carlos Salamanca.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, encargado de investigar la trama Púnica, citó a declarar como investigada el próximo 18 de octubre a la exjefa del Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid Tatiana Sonsoles Recorde en relación a las supuesta adjudicación irregular del servicio de cafetería, cocinas y comedoras de la Asamblea de Madrid a Grupo Cantoblanco entre los años 2009 y 2011, época en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, era la presidenta de la mesa de contratación, han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

El juez ha citado a Sonsoles por su presunta participación en esta adjudicación a la sociedad del expresidente de los empresarios madrileños Arturo Fernández, también investigado, después el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaborado el pasado 27 de marzo en el que destacaba que la comisión de una presunta prevaricación por parte del Comité de Expertos del que formó parte Cifuentes. Unos días antes los investigadores remitieron otro informe en el que se incidió también en la posible comisión del delito de cohecho.

Según la UCO, este Comité tuvo como única finalidad favorecer de manera preconcebida al Grupo Cantoblanco en los procesos de licitación y en la decisión de antemano de la adjudicación de los mismos. Este favorecimiento se habría materializado a través de conductas "arbitrarias que derivaron en actos injustos y de percepción paladina" en cuanto a la comisión de los mismos por parte de sus partícipes.

Además, relaciona estas adjudicaciones con donaciones realizadas por el entonces presidente de los empresarios madrileños a Fundescam –fundación del PP de Madrid–, que habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales, si bien el segundo informe no alude a esta circunstancia.

Testimonios contradictorios

La UCO llegó a estas conclusiones después de tomar declaración en las dependencias de la Guardia Civil a Tatiana Sonsoles Recorder, la jefa de relaciones externas y protocolo de la cámara Maria Merino –que formaba parte del comité de expertos–, y el también miembro de esta mesa Arturo Zubiri. Según los investigadores estos testimonios ponen de manifiesto la existencia de "significativas y evidentes contradicciones" que permiten concluir la existencia de "una pluralidad de acciones" por parte del Comité de Expertos.

La UCO señala que en ambas licitaciones, y concretamente en la licitación del año 2011, existe una diferencia de puntos que obtiene la empresa Cantoblanco tras haber valorado con cero puntos a la rival, CLECE S.A. bajo el falso argumento de que esa empresa no había aportado documentación alguna al respecto.

De esta circunstancia concluye la UCO, "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos María Cristina Cifuentes Cuencas y María Merino Muñoz, lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada respecto al criterio de adjudicación que valoraba otras mejoras de los licitadores".