La organización del Primavera Sound se ha mostrado "satisfecha y con las expectativas cumplidas" sobre el desarrollo del festival en Madrid pese a los contratiempos meteorológicos y de movilidad sufridos, aunque no descarta ubicarlo en otro recinto el año que viene. En una rueda de prensa balance del evento musical recogida por Europa Press, la directora del Primavera Sound en Madrid, Almudena Heredero, ha afirmado, ante las preguntas de los periodistas, que la Ciudad del Rock de Arganda "es un recinto idóneo para un festival como éste".

"Es estupendo, con diversidad de escenarios. Pero hemos detectado cuestiones como la movilidad, que está conectada con la cuestión meteorológica. Es un recinto que con el agua sufre y hace sufrir. Todos nuestros esfuerzos estaban centrados en abrir puertas ayer y llevar a cabo el festival", ha indicado sobre la cancelación del jueves por las lluvias de la última semana y por el encarchamiento del recinto.

De hecho, el director de Comunicación del festival, Joan Pons, ha explicado que entre el 23 y 31 de mayo se registraron 50 litros por metro cuadrado de lluvia y otros 30 en los días que llevamos de junio. "Unas condiciones meteorológicas que tanto cuesta tanto encontrarlas en Madrid en esta época del año. Ha sido una cuestión excepcional", ha añadido Heredero.

La cuestión meteorológica, ha explicado, se conecta con la movilidad. "El sábado solo se pudieron habilitar el 50% de las plazas de parking. Nosotros apostamos por un modelo de transporte colectivo con lanzaderas, también de taxis muy importantes, pero es verdad que la falta de aparcamientos dificultó ayer los acceso al recinto y tuvo que ver con las zonas inhabilitadas por las lluvias", justificando así los atascos en la entrada y en la carretera registrados ayer, lo que provocó que llegaran tarde miles de personas y que se retrasara en 40 minutos el inicio del concierto de Depeche Mode.

Por todo ello, ante las reiteradas preguntas de los periodistas, la directora de Primavera Sound Madrid reconoce que tendrán que "sentarse, reflexionar, evaluar y ver qué implicaciones tiene todo lo ocurrido" para valorar si continuar o cambiar de recinto el año que viene, si bien sí han confirmado que seguirán apostando por Madrid. "La voluntad es continuar en Madrid, creemos en Madrid, en los madrileños, y trabajaremos en la edición de Primavera Sound aquí. Consideraremos este sitio pero lo tenemos que evaluar en su conjunto. Una primera edición es un aprendizaje en sí mismo y nos ha enseñado un montón de cosas. Hemos vivido una circunstancias excepcionales, que hay que aprender. Me he hecho un máster absoluto de movilidad de personas", ha admitido.

Por su parte, el director de Comunicación ha indicado que "ha habido mucho ruido alrededor de los festivales y aspectos laterales" pero que, en contra de las opiniones generales de que la Ciudad del Rock no es el mejor sitio para un festival de estas dimensiones, él responde que las actuaciones musicales del sábado demostraron que sí. "Nosotros defendemos un festival con diferentes escenarios y públicos como el nuestro. Creíamos que valía la pena que Arganda tuviera este tipo de espacios. Somos un festival más allá de la música, que es nuestro cogollo. Tenemos un cartel paritario, algo que no es habitual en los festivales y estamos orgullosos de ellos y nos gustaría que nos copiaran otros porque puede ser inspirador de la realidad", ha expuesto.

Pons ha destacado otros detalles, como la "emotividad" que transmitió el vienres la banda Depeche Mode, que Kendric tocara por primera vez en Madrid o volver a ver en la capital a los Blur o los Pet Shop Boys después de tanto tiempo, además de los conciertos en salas. "Estamos muy orgullosos y sido épico por ser capaces de sobreponernos a la adversidad", ha añadido.

Por otro lado, Joan Pons y Almudena Heredero han querido dar las gracias al personal, a los patrocinadores, a los ayuntamientos de Arganda del Rey y Madrid y al Gobierno regional por su apoyo, pero también al público que han disfrutado y hoy disfrutarán de una "magnífica experiencia". Además de los dos días del festival en la Ciudad del Rock de Arganda -el jueves no se pudo celebrar por la lluvia y la situación del recinto-, la directora ha destacado la jornada inaugural con los Pet Shops Boys, los conciertos en salas de Primavera en la Ciudad y el de Blur en La Riviera. En total, 222 conciertos, algunos "inauditos" en la Ciudad del Rock, el estadio Metropolitano y 12 salas de la capital.

En cuanto a cifras de asistentes, el viernes entraron en el festival 42.000 personas y el sábado prevén 48.000, aunque no han podido desglosar cuántas de ellas eran invitaciones. "El público ha respondido a lo que nosotros esperábamos. Nuestra media era de 40.000 personas al día. De momento no podemos calcular cuánta gente del jueves vienen estos días", ha indicado la organización sobre la posibilidad que dieron a quienes compraron la entrada del jueves de asistir gratis los otros dos días.

La directora del Primavera Sound señala que un recinto tan grande como la Ciudad del Rock permite un aforo "gigante" pero al comprobar otros factores como la movilidad se dieron cuenta que "no se podía absorber más de 50.000 personas por día por capacidad de acceso, así se ha demostrado". "Es un recinto que no permite que podamos tener un PS con el mismo número de escenarios que en Barcelona, pero no permite absorber un público mayor de 50.000 personas, que era nuestro máximo diario", ha recalcado.

En una nota de prensa, la organización del festival habla de un despliegue musical en sus 12 escenarios "incomparable, sin precedentes", destacando, entre otros puntos, el "milagro" del concierto improvisado de Blur en La Riviera. "Su regreso a Madrid dos décadas después no pudo ser el baño de masas previsto en la Ciudad el Rock el jueves, pero sí un inesperado sueño de fan desbloqueado", ha resumido.

Tras resaltar los shows de Carlota Flaneur, Fred Again, Japanese Breakfas, Alvvays, Karate o Four Tet, el Primavera Sound madrileño ha puesto en valor escenarios tan inusuales en un gran evento como el Warehouse by DICE, el Auditorio Primavera o el Boiler Romma.

La parálisis económica provocada por la pandemia destruyó 800.000 puestos de trabajo en marzo y abril, según revela el descenso en el número de afiliados a la Seguridad Social. Un 4,1% del empleo, por tanto, desapareció en dos meses de confinamiento y cierre de empresas. De ellos, 158.000 corresponden a la Comunidad de Madrid, zona cero del coronavirus. Aunque el daño se ha repartido de forma desigual entre sus municipios, en muchos la pandemia ha causado auténticos destrozos. De hecho, en el 70% la pérdida de empleo ha superado esa media nacional del 4,1%. Un 20% de los municipios más que la duplican. En Fuenlabrada la destrucción de puestos de trabajo alcanza el 7,8%; en Arroyomolinos, el 8,3%; en Parla, el 6,5% y en San Sebastián de los Reyes, el 6,1%. Todas las grandes ciudades que rodean la capital han sufrido más que ella –4,7%–, desde Alcalá de Henares hasta Pinto, pasando por Torrejón de Ardoz o Móstoles y Getafe, que han superado el 5%.

Un poco más lejos, la pandemia se ha llevado por delante el 9,4% del empleo en Brunete y el 8% en Chinchón o el 9,8% en Soto Real. Y en otros municipios más pequeños, y más dependientes del turismo, la pérdida de puestos de trabajos se mide con doble dígito: nada menos que un 17,1% en Patones o un 12,5% en Rascafría. El récord, no obstante, se lo lleva Valverde de Alcalá, un pueblo de sólo 430 habitantes en el este de la Comunidad que ha perdido a 16 de sus 57 ocupados, un 28%.

La foto que dejan las cifras del paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tampoco es mucho más favorecedora: casi la mitad de los municipios –un 40,5%– sufrió un aumento del desempleo superior al 15% en dos meses. En 23 de ellos, el número de parados se disparó por encima del 20%, de nuevo por encima de la media nacional de destrucción de empleo, que alcanzó el 18%. La diferencia entre las cifras de caída de la ocupación y paro registrado se explica porque no todos los que pierden su trabajo se inscriben en las oficinas de los servicios de empleo, y otros tampoco siguen buscando, pasan a ser inactivos, o se jubilan.

En Móstoles el paro registrado creció un 13% en abril, cinco puntos porcentuales por encima de la media nacional. “Tenemos todos los elementos para que el bofetón haya sido importante”, resume Gabriel Ortega Sanz, concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento mostoleño. La ciudad, de casi 210.000 habitantes, es una de las grandes del cinturón sur de la Comunidad y sufre con ellas el mismo “desequilibrio territorial estructural”, asegura Ortega Sanz. También ha padecido el desmontaje de la industria común a toda la zona: están rodeadas de polígonos industriales nacidos en los 80 y dedicados al almacenaje y la distribución, mientras que las actividades de mayor valor añadido, describe el edil, se van a la capital. El 70% de sus empresas son pequeños comercios, y microempresas. Hostelería y ladrillo, resume. La renta disponible por habitante es de 20.147 euros –en la capital se eleva hasta 30.096, según datos del INE–, como resultado de todo lo anterior y de otras especificidades laborales. “El 40% de las trabajadoras domésticas de la capital y del noroeste de la Comunidad residen en Móstoles, Leganés y Fuenlabrada”, cita el concejal un informe de CCOO. Los servicios sociales del Ayuntamiento atienden a unos 25.000 usuarios después de que la pandemia haya disparado un 138% la presión asistencial sobre ellos.

En Collado Villalba, situado en la otra punta de la Comunidad, en la sierra noroeste, el paro se disparó aún más en marzo y abril, un 18,76%. Con 63.680 habitantes, en el municipio abundan las segundas residencias de propietarios procedentes de la capital y la dependencia económica de la hostelería es aún mayor. Porque también en Collado Villalba los polígonos industriales están copados por empresas mayoristas de la construcción y la alimentación. La única industria del municipio, Material Auxiliar de Electrificaciones (MADE), luego rebautizada como Forjenor y que provee de piezas metálicas a factorías automovilísticas, llegó a tener más de 2.000 trabajadores en los años 80, de los que ahora sólo quedan 176, cuenta el concejal Gonzalo Díaz. Comprada por el grupo alemán Hay en 2014, éste pasó cuatro años después a manos de un conglomerado japonés, Musashi. La factoría está parada como consecuencia de un ERTE y el miedo al cierre es tan real como el que ha terminado con Nissan en Barcelona.

En el núcleo urbano de Collado el ánimo tampoco es festivo. Antes de la pandemia ya habían bajado la persiana en el centro del pueblo unos 16 comercios, explica Díaz, tras el proyecto municipal de trasladar el mercadillo del pueblo al polígono industrial. A su alrededor crecían un buen número de tiendas que ahora, con la desescalada, puede que tengan un motivo más para no volver a abrir, advierte el edil.

En Arganda del Rey, situada en el sureste de la Comunidad, el paisaje se repite: tiene el segundo polígono industrial de mayor extensión tras el de Cobo Calleja –famoso por ser el punto de distribución mayorista de los comercios regentados por ciudadanos chinos en Madrid– pero, al igual que en Móstoles y Collado Villalba, está ocupado principalmente por pequeñas y medianas empresas de la construcción y los servicios. “Como la mayoría no son sector esencial, han tenido que cerrar, así que el municipio ha resultado muy afectado”, lamenta su alcalde, Guillermo Hita (PSOE), quien también preside la Federación de Municipios de Madrid. Con 55.390 habitantes, Arganda tiene una tasa de 221,31 extranjeros por cada 1.000 habitantes, la más alta de estos tres municipios y casi el doble que Móstoles, y una renta disponible per cápita de 20.421 euros, de las más bajas de la Comunidad, destaca Hita. El paro aumentó un 13% en los dos meses de paralización económica.

“Lo primero debe ser que nos dejen gastar el dinero del superávit”“

“Parece que los ayuntamientos han desaparecido de la gestión de la pandemia, cuando deberían ser fundamentales: es el primer sitio al que se dirigen los ciudadanos si tienen problemas”, protesta Gabriel Ortega desde Móstoles, “pero sólo se habla de las comunidades autónomas”. Guillermo Hita reconoce que, aunque los ayuntamientos no tienen competencias directas en empleo, “sí que están acostumbrados a hacer lo que hay que hacer”. De hecho, los tres municipios están aplicando medidas similares para estimular la reactivación económica y proteger los puestos de trabajo. Han bonificado el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y reducido el IBI este año y el próximo. En Collado Villalba, por ejemplo, un 50% este ejercicio y un 25% en 2021. El problema, apunta el concejal Gonzalo Díaz, es que de las 500 empresas que lo pagan en el municipio, las seis primeras son grandes firmas de la distribución, desde Carrefour hasta Mediamarkt, que se han llevado 400.000 de los 600.000 euros bonificados. “Por un lado, es pegarse un tiro fiscal en el pie y, por otro, la ayuda no llega a los que más lo necesitan, los pequeños empresarios, los que más empleo crean dentro del municipio”, lamenta.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha pedido al Gobierno un fondo de 7.725 millones de euros no reembolsables para impulsar la recuperación tras la pandemia. También que permita a los consistorios disponer de los muchos millones de euros que tienen ahorrados de ejercicios anteriores, el superávit que la llamada Ley Montoro no les permite tocar excepto para pagar la deuda municipal y las denominadas inversiones financieramente sostenibles. Según sus cálculos, en ochos años consecutivos, han acumulado un remanente de casi 43.000 millones de euros.

La FEMP también quiere que el Gobierno autorice a los municipios a gastar en áreas como empleo o educación, pese a no tener competencias directas, para desarrollar “políticas propias o complementarias de otras estatales o autonómicas”. Y que no se consideren subvenciones las prestaciones sociales a personas y familias en situación o riesgo de emergencia social. Además, los ayuntamientos pretenden recuperar los contratos temporales de inserción, una figura creada en 2001 y derogada en 2006, con la que las administraciones públicas podían emplear a parados para hacer “obras y servicios de interés general y social”. En estos contratos el SEPE pagaba las cotizaciones a la Seguridad Social. Finalmente, con el superávit acumulado los municipios plantean sufragar gastos sociales extraordinarios y los gastos de personal necesarios para prestar servicios de limpieza, seguridad o desinfección dirigidos a “atender a la población más vulnerable”.

Por el momento, las entidades locales saneadas sólo han obtenido 67 millones de euros del llamado Fondo de Impulso Económico, que la FEMP quiere ampliar para cubrir servicios sociales. Otros 274,61 millones se destinarán a dotar de liquidez a los ayuntamientos con problemas financieros.

“A Móstoles le han caído 643.000 euros de los 300 millones que el Gobierno ha liberado a los ayuntamientos y que se podrán gastar en inversiones sociales”, explica Gabriel Ortega, quien los califica de “insuficientes”. A Collado Villalba le llegarán 246.000 euros, añade Gonzalo Díaz. “Lo primero debe ser que nos dejen gastar el dinero del superávit, que algunos ayuntamientos tienen depositados un banco”, reclama por su parte Guillermo Hita, contrario a subir impuestos en plena crisis económica.

Collado Villalba, por ejemplo, tiene 15 millones de euros de remanente de tesorería, asegura Gonzalo Díaz. En Móstoles, sólo en los dos últimos ejercicios, el superávit asciende a 14 millones, precisa Gabriel Ortega. “Si pudiéramos gastar aunque sólo fuera la mitad, sería una transformación revolucionaria, porque siete millones es más que el presupuesto de la Concejalía y un poco menos que la de Servicios Sociales”, destaca. El superávit de Arganda del Rey alcanza los cuatro millones de euros, aporta Guillermo Hita. Los tres suman 33 millones.

Sin derechos de participación en los ingresos autonómicos

Además, la Federación de Municipios de Madrid, continúa el alcalde socialista, ha pedido a la Comunidad un fondo de contingencia, también con partidas no reembolsables, pero aún no ha recibido respuesta. Porque, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, los municipios de Madrid carecen de derechos de participación en los ingresos autonómicos. No están incluidos en su Estatuto de Autonomía. En Cataluña, por el contrario, la Generalitat concede ayudas directas a los municipios. “Aquí eso no existe, sólo hemos tenido el Plan Prisma”, indica el Gabriel Ortega, un esquema de 700 millones de euros que a partir de 2011 fue sustituido por el Plan de Inversión Regional. “Pero en Móstoles llevamos cinco años esperando al Plan Prisma”, se queja. A su juicio, en España hay un “enorme vacío” en materia de financiación local, –“en Madrid no ha habido tiempo en 25 años para aprobar una ley al respecto”– por lo que los fondos destinados a los ayuntamientos “quedan a discrecionalidad del color político”, denuncia.

Mientras esperan los millones del Gobierno, de las comunidades autónomas e incluso de la UE, los alcaldes están negociando pactos locales por el empleo con los sindicatos y las patronales de sus municipios. Medidas sociales, de reactivación económica y promoción empresarial, así como fiscales, están sobre la mesa de las pequeñas competencias locales. Desde eximir del pago de cuotas a los autónomos hasta eliminar la tasa de ocupación de las terrazas durante un par de ejercicios. Gonzalo Díaz advierte de que no son soluciones “muy imaginativas”. Gabriel Ortega piensa más en el largo plazo: “El problema en Móstoles es que no hay un modelo de ciudad”. A continuación, menciona un proyecto de “reindustrialización verde” que proporcionaría empleos de más calidad, otro a fin de desarrollar la asistencia domiciliaria para los mayores de 65 años, también inversiones en rehabilitación energética de viviendas o la remunicipalización de servicios que han sido subcontratados con empresas privadas.

Pero sin financiación suficiente, y con la caída de ingresos tributarios que se avecina por culpa de la paralización económica, el temor de todos es que los ayuntamientos vayan a colapsar “justo cuando hay más necesidades de inversión que nunca”.

La Policía Nacional ha detenido a dos veterinarios y rescatado de dos criaderos ilegales de Madrid a 270 perros chihuahuas con las cuerdas vocales diseccionadas para que no ladrasen y pudieran alertar a los vecinos, localizando incluso un par de crías muertas y congeladas envueltas en papel de periódico.

Los agentes descubrieron el principal criadero en Arganda del Rey (Madrid) siguiendo la pista de otro desarticulado antes en Meco. Entre los cinco detenidos se encuentran dos veterinarios profesionales que facilitaban la actividad ilegal aportando cartillas sanitarias, medicamentos e instrumental.

Una denuncia anónima en enero de 2019, hace ahora un año, alertó del criadero ilegal en Meco. Se actuó por primera vez cuando la propietaria trató de deshacerse de doce animales maltratados, ya que habían sufrido una cordectomía (extirpación parcial o total de una cuerda vocal).

En noviembre de 2019 se detectó un criadero en el centro de Arganda gestionado por una familia que era el verdadero criadero de perros, ya que gracias a Internet se convirtió en uno de los principales distribuidores a nivel europeo, según han explicado los responsables policiales al frente de la investigación.

En esta vivienda de Arganda se descubrió un zulo construido en el sótano del chalet en unas pésimas condiciones higiénico-sanitarias y de habitabilidad repartidas en tres áreas: zona de cría, zona de venta y zona de animales listos para criar.

Registro desde 1990

Los perros chihuahuas y también de la raza pomerania, muy cotizados ambos y caracterizados por su pequeño tamaño, se vendían por un precio que oscilaba entre los 1.300 y los 3.000 euros. Los agentes han acreditado que en la Real Sociedad Canina consta que desde 1990 esta organización criminal, sin ningún tipo de licencia, registró unos 1.400 animales con pedigrí, calculando en unos dos millones de euros el volumen de negocio en este tiempo. Los 270 perros rescatados tendrían un valor de 300.000 euros.

Los veterinarios tenían sus clínicas en Leganés y Moratalaz. Los otros tres arrestados, sin otra profesión que este criadero ilegal, son el principal criador, un hombre de 56 años, y su esposa, de 59, así como el informático que montó la estructura informática para la venta y distribución de estos canes, que se producía en mano y algunas veces utilizando empresas de reparto.

De la investigación han dado cuenta este jueves en el Complejo Policial de Canillas (Madrid) el comisario jefe Enrique Juárez y el jefe de sección de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje, Juan José Castro. Los cinco detenidos se enfrentan a delitos de maltrato animal, organización criminal y falsificación documental, así como a una investigación patrimonial y una posible sanción administrativa por vender perros sin ningún tipo de licencia.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha abierto juicio oral a 21 investigados por las adjudicaciones irregulares a la trama Gürtelen el municipio madrileño de Arganda del Rey entre los años 1998 y 2009, y ha impuesto fianzas de hasta 80 millones de euros para algunos de ellos por la cuantía de las multas que afrontarán de ser condenados.

En concreto, en un auto dictado este lunes, De la Mata impone 78 millones de euros de fianza para el líder de la Gürtel, Francisco Correa y su mano derecha, Pablo Crespo, y 79,1 millones al empresario de la construcción Fernando Martín, por las actividades desplegadas en casi una década para enriquecerse ilícitamente manipulando la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de la localidad madrileña.

En el banquillo se sentarán además el exalcalde de Arganda Ginés López, el que fuera teniente de alcalde y diputado en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco y su hermano Joaquín, la exdiputada madrileña María Josefa Aguado, así como empleados en empresas públicas de esta localidad Juan Fernández Caballero (Sociedad de Fomento y Desarrollo), César Tomás Martín Morales (Suelo) y Álvaro García del Río, Isaac García Requena y José Ramón Gutiérrez Villar (Fomento).

De parte de las empresas de Gürtel, serán juzgados el contable de la trama, José Luis Izquierdo; así como la administradora del Grupo Correa Isabel Jordán, el 'cerebro financiero' Ramón Blanco Balín –a quien el juez impone 75 millones de euros de fianza– y Pablo Collado Serra, exgerente de la Fundación Baleares Sostenible y empleado de una de las empresas de Correa, Easy Concept.

También serán juzgados los empresarios Luis Bremond, José Luis Martínez Parra, Manuel Salinas y Amando Mayo, estos dos últimos con fianzas de 75 y 80 millones, respectivamente; el exresponsable de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo y las mercantiles Special Events, Easy Concept, Good & Better, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral, Teconsa, Constructora Hispánica y Martinsa.

Una "banda" con "afán depredatorio"

De este modo se pone así fin definitivamente a la instrucción de esta pieza separada de la trama Gürtel que investiga un complejo entramado societario encaminado a la obtención de adjudicaciones de contratos públicos de forma irregular a cambio o con ocasión de la entrega a funcionarios y autoridades con competencia en el ámbito de la contratación pública, de valiosos regalos o importantes cantidades de dinero.

Los juzgados, lo serán por delitos de prevaricación, continuado de fraude a las administraciones públicas, continuado de cohecho pasivo, continuado de falsedad en documento mercantil, continuado de cohecho activo, contra la Hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos.

Según explica De la Mata en el auto de apertura de juicio oral, los investigados se pusieron de acuerdo para defraudar a las entidades públicas de Arganda del Rey y de forma señalada al propio municipio y la Sociedad de Fomento, para lo que intervinieron en la sucesión de actos de planificación y ulterior ejecución de la "actividad depredatoria" que entre todos realizaron.

En el caso del ex alcalde, junto con Martín Vasco y Fernández Caballero, los tres en una posición privilegiada en la administración pública en Arganda y competencias muy relevantes en el área de contratación, el juez señala que esto permitía a la red asegurar que los contratos "se adjudicaran conforme a los designios de la banda", causando "enormes perjuicios al ente público".

Mientras, el resto de investigados que ocupaban puestos en las sociedades municipales de Arganda colaboraron aportando informes técnicos o de valoración dando el visto bueno a procedimientos y facturas y pagos que beneficiaban al conjunto de la trama.

La gente de Correa, por su parte, "corrompió activamente" a los cargos públicos con sus promesas y dádivas, siempre según el juez, "hasta comprometerlos como miembros de la comunidad criminal" de forma que llegaron a un acuerdo "permanente y sistemático" para el desfalco del ayuntamiento y sus sociedades públicas.

Por último, los empresarios, contribuyeron para conseguir que los contratos públicos les fueran adjudicados, para lo que presentaban las ofertas ya amañadas, sabiendo que serían los adjudicatarios, con precios desorbitados, plazos de cumplimiento imposibles o con conocimiento previo de las condiciones de los pliegos, y con "comisiones millonarias" de por medio.

"Diseñadora gráfica y máster en Diseño Publicitario". Es la formación que incluye Cristina Miguel Mambrilla, número uno de Ciudadanos en la localidad madrileña de Arganda del Rey, en su currículum oficial. La también concejala en el Ayuntamiento se presenta de esta manera en la web de la institución municipal. La preparación académica de Miguel Mambrilla, sin embargo, no se corresponde con los estudios postobligatorios de máster que imparten las universidades, según ha podido saber infoLibre. 

Ante las preguntas de este periódico, un portavoz del Ciudadanos indicó lo siguiente: "Es un máster de una academia privada, se llama Máster en Diseño Publicitario y Páginas Web y lo hizo en el año 1999-2000. No depende de ninguna universidad, es un máster privado no oficial". En realidad, el concepto "máster privado no oficial" no existe en España. Los másters sólo los puede ofrecer un centro universitario.

La academia que oferta el aprendizaje es CICE, una escuela profesional especializada en nuevas tecnologías. Actualmente, siempre según la versión de las fuentes consultadas en Cs, el curso no existe tal y como fue concebido, pero ha sido sustituido por otro denominado "Máster en Diseño Gráfico y UX/UI-Oficial de Adobe". Según su descripción, está dirigido a "estudiantes y profesionales del sector de la Comunicación, Diseño, Bellas Artes, Publicidad e Informática que deseen continuar sus estudios", pero también a "cualquier persona que, sin necesidad de conocimientos previos del área, quiera especializarse en el mundo del diseño de alto nivel".

Entre los requisitos "imprescindibles" que indica la academia para su seguimiento no se encuentra la posesión de un título universitario, sino que menciona cuestiones como tener "personalidad autodidacta" o "nociones básicas de uso de Internet". infoLibre llamó al CICE donde le confirmaron que sus cursos van dirigidos a personas que tengan los títulos de ESO o de Bachillerato.

Cristina Miguel Mambrilla sólo "cuenta con el título de Bachiller", admitieron en Ciudadanos a preguntas de este periódico.

El perfil de la candidata y concejala de Ciudadanos en Arganda del Rey, Cristina Miguel Mambrilla, que figura en la web del Ayuntamiento.

Este diario ha contactado con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para conocer la validez de este tipo de cursos. La respuesta fue rotunda: "No es posible impartir títulos máster por centros que no sean universitarios". Ni en CCOO ni en UGT conocen la existencia de este tipo de cursos y ambos sindicatos rechazan equipararlos a los estudios de posgrado y másteres.

No es la primera vez que el partido de Albert Rivera es objeto de polémica debido a información engañosa relacionada con la formación de sus políticos. En 2015, infoLibre desveló que César Zafra, diputado en la Asamblea de Madrid y portavoz adjunto de Ciudadanos, se había inventado una carrera profesional en una empresa donde colaboró dos días. Más recientemente, en septiembre de 2018, la líder de Ciudadanos en Barcelona admitió que dos de los másteres que incluía en su currículum eran en realidad un curso de 30 horas y otro de cinco créditos.

Cristina Miguel Membrilla aterrizó como candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Arganda del Rey este mes de abril. Sustutuía de esta forma al anterior portavoz, Carlos Jiménez Rodrigo, que abandonó su cargo, junto al 50% de los afiliados y cuatro miembros de la junta directiva, con la voluntad de construir una nueva formación: Contigo Arganda del Rey. Ciudadanos cuenta con otros dos concejales en el Consistorio del municipio, donde gobierna desde el año 2015 el PSOE de la mano del socialista Guillermo Hita Téllez.

En las elecciones generales del 28 de abril, la formación naranja obtuvo 5.753 votos en el municipio, por detrás del PSOE y por delante de Vox y del Partido Popular.

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado una menor pena para la diputada del PP madrileño María Josefa Aguado, sobre la que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del caso Gürtel, ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al considerar que la parlamentaria habría cometido los delitos de fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos por hechos que se remontan a su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid).

"El instructor expone detalladamente los sólidos indicios de participación de la aforada María Josefa Aguado del Olmo en los delitos continuados de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos atribuidos. Participación esta que el fiscal, a diferencia de lo que se infiere del auto impugnado, entiende lo es a título de cooperadora necesaria y no de autora en los delitos de prevaricación y malversación", completa el recurso de apelación remitido por la Fiscalía Anticorrupción a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que mantiene como autora del delito de fraude a la diputada.

Además, el Ministerio Público también reclama a la Sala que el juicio del caso en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid incluya también al resto de los procesados que no están aforados: Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabarís, Isabel Jordán Goncet, Ginés López Rodríguez, Juan Femández Caballero, César Tomás Martín Morales e Isaac García Requena.

Adjudicación directa a Correa

En concreto, a la diputada se le acusa de haber participado en la adjudicación directa a empresas vinculadas a Francisco Correa de los servicios referidos a la X edición de las Olimpiadas Escolares de Arganda por un importe total de 156.260 euros, ocultada mediante la formal tramitación de un concurso y de siete contratos menores y en el pago de varios conceptos por duplicado en perjuicio de la Sociedad de Fomento municipal. 

La diputada, como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento del Ayuntamiento de Arganda del Rey, dio su conformidad a dicha factura y al servicio prestado. "Con ello habría permitido que se aprobara el gasto y se ordenara su pago el mismo 9 de mayo por acuerdo de Juan Fernández Caballero y de Luis Bremond Triana, abonándose dicha factura el mismo día mediante talón bancario que fue cobrado, también el 9 de mayo, por Isabel Jordán Goncet", asegura el recurso de la Fiscalía.

Asimismo, el escrito del fiscal indica que la aforada "habría colaborado de forma necesaria, permitiendo que Juan Fernández Caballero dictara las resoluciones que se consideran injustas en cuanto suponían un fraccionamiento del contrato, así como que el mismo investigado pudiera disponer de los fondos de la Sociedad de Fomento en perjuicio de esta entidad pública. Esta colaboración necesaria de la aforada en hechos delictivos en los que habrían intervenido otros partícipes y en los que los autores serían otros investigados no aforados es la que determina, conforme a la jurisprudencia, la necesidad de su instrucción y enjuiciamiento conjuntos", completa el Ministerio Público.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ofrecido este miércoles a la diputada del PP en la Asamblea de Madrid María José Aguado que declare de forma voluntaria com imputada en el marco de las actividades que realizó la trama Gürtel en Arganda del Rey (Madrid) tras comprobar que es aforada.

El magistrado la había citado en un auto de este martes como investigada por hechos que se remontan a su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey Arganda del Reyy, en concreto, para preguntarle sobre el "fraccionamiento de los servicios relacionados con la X Olimpiada Escolar" del municipio madrileño. No obstante, y una vez que ha tenido conocimiento de su calidad de aforada, el juez elimina su condición de persona imputada por delitos de prevaricación y fraude a las administraciones públicas y le ofrece acudir voluntariamente a declarar en un plazo de 30 días.

Además de a María José Aguado, el magistrado ha citado a declarar como testigo, para el próximo 10 de enero, al director general de Transportes de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Arganda del Rey, Pablo José Rodríguez SardineroPablo José Rodríguez Sardinero. De la Mata quiere preguntarle sobre varios contratos adjudicados a una de las empresas de la Gürtel, Easy Concept, para la organización de ofrendas florales en dos fiestas del municipio.

Técnicos municipales

También ha citado, en este caso como imputados, a los técnicos municipales José Ramón Gutiérrez Villar e Isaac García Requena. Como testigos comparecerán la exedil de Cultura Amalia Guillén Sanz y el técnico José Fernández García, informa Europa Press.

En el marco de la pieza de Arganda De la Mata ha reclamado, además, a la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid que le remita el acta de la comisión que aprobó, en enero de 2006, el plan que facilitó uno de los mayores pelotazos urbanísticospelotazos urbanísticos de la trama Gürtel en la localidad madrileña, que la Policía Judicial estima en 25 millones de euros.

Una parte de este dinero habría acabado en las cuentas que las autoridades suizas han bloqueado a Francisco Correa, que disponía de 22,2 millones de euros en los bancos de este país.

El juez José de la Mata, que instruye en la Audiencia Nacional la pieza separada del caso Gürtel en el que se investiga en Arganda del Rey el mayor pelotazo de la trama liderada por Francisco Correa, ha reactivado sus pesquisas reclamando a la dirección general de Urbanismo del Gobierno de Cristina Cifuentes que remita "en el plazo de cinco días" el acta de la comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid en la que se aprobó en enero de 2006 el Plan Parcial de Reforma Interior de la urbanización conocida como Unidad de Ejecución 124 del municipio madrileño, según un auto al que ha tenido acceso infoLibre.

Según la información facilitada por la Policía Judicial, los ingresos que pudo haber obtenido Francisco Correa a cambio de intermediar en esta operación urbanística podrían alcanzar los 25 millones de euros25 millones . La justicia de Suiza mantiene bloqueados 22,2 millones de euros que Correa mantenía en los bancos de este país al margen del fisco español.

Las irregularidades en la adjudicación en noviembre de 2004 a la empresa promotora Martinsa de una parcela para construir en Arganda del Rey, que desembocaron en uno de los mayores pelotazos de la trama Gürtel, provocaron que la constructora elevara su previsión de ventas en 198,3 millones, según se desprende de un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) remitido al juez De la Mata, que basa sus conclusiones en la declaración del arquitecto contratado por Martinsa para desarrollar su proyecto en el municipio madrileño, Gilbert Barbany, que declaró como testigo en la causa.

Comisión de urbanismo

En el mencionado informe, la IGAE llama la atención al juez De la Mata que entre la documentación aportada para esta operación inmobiliaria no constaba que se hubiera remitido el acuerdo final a la Comunidad de Madrid. Tampoco se incluyeron los correspondientes informes técnicos y jurídicos ni el acuerdo adoptado por la comisión de Urbanismo.

En el documento, la Intervención analiza las irregularidades en la adjudicación de estos terrenos, situados en la llamada UE-124 o Área de Centralidad de la localidad del sur de la Comunidad de Madrid. Las variaciones introducidas en el plan inicial, y que ahora reclama el juez a la Comunidad de Madrid, provocaron, por ejemplo, que se pasara de las 1.580 viviendas previstas inicialmente a la aprobación definitiva de 2.731, un 72,85 por ciento más.

El "incremento tan importante" producido en el número de viviendas planificadas -a costa de reducir el número máximo de metros cuadrados de las mismas a 90- generó que Martinsa pasara de contar con una previsión de venta de 336,6 millones a 535 millones, un 58,93 por ciento más (198,3 millones), completa el documento, que alude en todo momento a los datos aportados por el testigo.

Cesión gratuita

Pero el juez también reclama al Ayuntamiento de Arganda del Rey el expediente completo de la cesión gratuita de las parcelas integradas en la UE-124 por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey a la entidad pública Fomento y Desarrollo Municipal SA tramitado en 2004, y que posteriormente acabaron en poder de Martinsa. 

Precisamente, el informe de la IGAE también refleja que el precio de licitación cerrado para llevar a cabo la operación fue de 77,2 millones, una valoración que -dice- no se corresponde con la real ofrecida por Aguirre Newman. Prueba de ello es que el propietario de Martinsa, Fernando Martín, vendió unos meses más tarde un tercio de los terrenos por 73 millones.

Fernando Martín se defiende

Fernando Martín, que está imputado en esta pieza separada de Gürtel, siempre ha defendido la legalidad de todas sus actuaciones, al mismo tiempo que ha asegurado que adquirió y vendió los terrenos mencionados al precio de mercado.

La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (Onif) señaló entonces que dos sociedades de Correa recibieron sendas comisiones de 12 y 12,8 millones de euros por esta operación. La primera la realizó el empresario Manuel Salinas en 2004 y la segunda el presidente de la constructora Martinsa, Fernando Martín, a través de una sociedad interpuesta, dos años después.

Salinas, un empresario de Zaragoza dedicado a la fabricación y comercialización de muebles de madera y el equipamiento integral de cuartos de baño cuyas empresas "estaban relacionadas" con el negocio de Martinsa, invirtió también cuatro millones para pagar la segunda comisión, que fue efectuada por la empresa Cedargrove Investments, vinculada a Martín, informa Europa Press.

Los técnicos del organismo tributario afirman que, coincidiendo con el pago de la comisión ilegal de 12,8 millones, una empresa de Salinas (Tasal SL) adquirió además de forma legal el 5 por ciento de las acciones de una sociedad en la que había invertido Martinsa denominada RTM por valor de cinco millones de euros. RTM fue el nombre de la división inmobiliaria vinculada a la operación para la construcción del nuevo estadio del club colchonero. Sin embargo, Salinas decidió en 2006 liquidar su participación en las empresas que se adjudicaron el pelotazo y recuperó estos cinco millones.

Director general de Transportes

En el auto, firmado este mismo martes 29 de noviembre, De la Mata cita también a declarar como testigo al actual director general de Transportes de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Arganda del Rey, Pablo José Rodríguez Sardinero, en relación a los contratos adjudicados a la empresa de Correa Easy Concept Comunicación SL sobre las ofrendas florales de las fiestas patronales del municipio de 2007 y 2008.

El juez también cita de declarar, pero en este caso como imputados, a los técnicos municipales Jose Ramón Gutiérrez Villar, Isaac García Requena y María Josefa Aguado del Olmo. Como testigo está citada la exedil de Cultura Amalia Guillén Sanz y el técnico municipal José Fernández García.

José de la Mata reclama asimismo al Ayuntamiento el expediente de resolución del contrato de construcción de centro deportivo integrado de la Poveda, suscrito con la empresa Teconsa.

Finalmente, el instructor solicita al Ministerio de Economía y Hacienda para que antes de cinco días "informe sobre la clasificación que la entidad Constructora Hispánica SA tenía entre 2004 a 2007", para determinar si esta sociedad podía contratar con la Administración pública.

El voluminoso informe tributario final sobre Francisco Correa y al que infoLibre ha tenido acceso acaba de destapar la magnitud de los beneficios personales que los manejos de la trama Gürtel bajo distintas administraciones del PP reportaron a su presunto jefe: nada menos que 48,8 millones de ingresos y ganancias ocultas en solo ocho años, los comprendidos entre 2000 y 2007.

A esa cifra asciende la base liquidable general que, de haber presentado la declaración anual de IRPF, cosa que no hizo, habría servido para fijar los impuestos que correspondían como persona física a Correa a lo largo del periodo analizado. Ese periodo acaba el año antes al del inicio de la investigación judicial. 

La base liquidable general es el resultado de restar distintas reducciones y deducciones a la suma total de ingresos y ganancias que constituyen la llamada base imponible. Pero en el caso de Correa esa base liquidable se ha visto incrementada por las llamadas "ganancias patrimoniales no justificadas".

Es decir, y así lo explica Hacienda en el informe entregado al juez José de la Mata, se trata de ganancias que, con independencia de su presunta ilegalidad, tienen una procedencia directamente desconocida. De los 48.815.466 euros que conforman la base liquidable general calculada por Hacienda para Correa en el periodo 2000-2007, el origen de casi tres millones de euros (2,7) continúa siendo una incógnita absoluta. 

El informe, de 586 páginas, considera que "los ejercicios 2000 a 2002 posiblemente se encuentren prescritos a efectos del delito contra la Hacienda Pública, por lo que la liquidación que se practica es por su posible incidencia en otros delitos no prescritos". Por ejemplo, el de blanqueo de capitales. Aunque no estalló hasta febrero de 2009, la investigación había comenzado en el verano de 2008.

En una verdadera labor detectivesca de rastreo en el ingente sumario y que ha ocupado más de cinco años a la oficina antifraude (ONIF), Hacienda ha localizado el origen y el destino del resto de esos 48,8 millones gracias a los documentos incautados al contable de la trama -el célebre pendrive de José Luis Izquierdo-, a otros papeles intervenidos durante la investigación y a las comisiones rogatorias atendidas por distintos países, entre ellos Suiza y Estados Unidos.

Según la Agencia Tributaria, el hombre que durante más de una década organizó mítines y congresos del PP, contribuyó a la supuesta financiación ilegal del partido, sobornó también supuestamente a múltiples cargos públicos a cambio de contratos para las empresas de la trama o como intermediario de terceros y participó activamente en eventos tan variopintos como la visita del Papa a Valencia, la boda de la hija de Aznar o el pago de regalos y viajes a la familia de la exministra Ana Mato, ese mismo hombre defraudó a Hacienda cuotas tributarias por un montante total de 22,3 millones de euros.

Un informe elaborado por Hacienda a comienzos de la investigación y que sirvió para imponerle en 2010 una fianza civil de 85 millones, adicional a la que luego le permitió salir de prisión, ya estimó que Correa había defraudado entre 2002 y 2007 más de 18 millones de euros. El cálculo final efectuado ahora por la Agencia Tributaria es mayor (20,5 millones para ese mismo sexenio). Y, sobre todo, ofrece detalles sobre las ganancias que año a año fue ocultando Correa gracias a sus cuentas secretas y a sus inversiones en el extranjero.

El pelotazo de Arganda disparó los números de 'Don Vito'

Los datos del informe indican que 2004 y 2006 fueron los mejores años para quien desde que Baltasar Garzón lanzó la primera redada en febrero de 2009 es también conocido como el Don Vito español. En 2004, Hacienda cuantifica la base liquidable general del IRPF de Correa en 16,09 millones de euros. Y en 2006, la sitúa en 15,9 millones. El primero de esos dos años, Correa habría defraudado 7,2 millones a la Agencia Tributaria. Y el segundo, 7,1 millones. 

¿Por qué en 2004 y 2006 los ingresos y ganancias anuales de Correa, que hasta entonces habían oscilado entre uno y dos millones como máximo -4,19 en 2003- se dispararon hasta esos picos? Según Hacienda, que basa sus conclusiones en los documentos ya incorporados al sumario, 2004 y 2006 fueron los ejercicios en que Correa recibió 12 y 12,8 millones respectivamente pagados como comisión por su papel de conseguidor en lo que los jueces del caso conocen como la Operación Arganda.

Materializado en diciembre de 2004, aquel pelotazo puso en manos de la constructora Martinsa suelo municipal para 2.600 viviendas en pleno boom inmobiliario y en un municipio situado a 30 kilómetros de la capital -Arganda del Rey- por 77 millones que no llegó a desembolsar al completo. En 2006, dos años después de lograr la adjudicación, la inmobiliaria vendió por 73 millones un tercio de los terrenos.

En 2013, Esperanza Aguirre admitió en su declaración como testigo ante el juez que en aquel momento instruía el caso, Pablo Ruz: que en 2004 el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, les avisó a ella misma y a Rajoy del pelotazo que se preparaba en Arganda. Semanas antes, Aguirre había alegado en el programa Las Mañanas de Cuatro que no hizo nada porque no estaba en su mano. 

El comisario José Manuel Villarejo, el responsable de la investigación sobre el caso del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, aseguró a la jueza de Estepona Isabel Conejo que un confidente policial alertó de que el político que se habría hecho "con la mayor parte del pastel" habría sido el propio González. 

Y este colaborador de la Policía especificó, además, que el que fuera número dos de Esperanza Aguirre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid podría haber recibido hasta dos millones de euros. El dúplex de lujo de Estepona sería de esta forma la parte en especie de esta mordida, un hecho que siempre ha negado el expresidente madrileño.

infoLibre ha tenido acceso al vídeo de la declaración del testigo de Gürtel Gilbert BarbanyGürtel, que en diciembre de 2012 tiró de la manta para reconocer que después de que la promotora Martinsa se hiciera con unos terrenos municipales en Arganda del Rey (Madrid), el Consistorio de Ginés López, imputado en Gürtel, aprobó con el aval de la Comunidad de Madrid una modificación sustancial del plan parcial que permitió a Martinsa construir un 70% de viviendas más, aunque sin aumentar los metros cuadrados edificables. 

25 millones para Correa

En el caso de Arganda del Rey, considerado el mayor pelotazo de la trama Gürtel, también está imputado el propietario de Martinsa, Fernando Martín, y el excargo de este Ayuntamiento y exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco. El juez acusa a Francisco Correa de haber cobrado 25 millones por su intermediación en esta operación.

El comisario Villarejo aportó por su parte en su declaración un dato sustancial: que los confidentes también dijeron que los fondos en metálico para la compra del inmueble de lujo podrían tener su origen en una cuenta corriente de Fernando Martín de Islas Caimán.

En este punto de la investigación, el testimonio del arquitecto catalán Gilbert Barbany, que recibió el encargo de Martinsa para diseñar la promoción urbanística, resultó de gran importancia para determinar el posible grado de implicación de la Comunidad de Madrid.

"Se iban a modificar"

Así, Barbany dijo en su primer testimonio ante el juez Pablo Ruz que desde un principio en Martinsa sabían que las condiciones del plan parcial "se iban a modificar para que fueran rentables". Según sus cálculos, que aportó en la Audiencia Nacional, la Comunidad de Madrid posibilitó unos cambios urbanísticas que suponían 199 millones más de beneficios.

"Las condiciones del concurso no eran favorables a nadie, eran inviables. Las bases del concurso decían que se podían edificar 1.500 viviendas, que es lo que marca a Ley del Suelo. Y nos salían viviendas de 170 metros cuadrados que eran invendibles", explicó Barbany al magistrado a preguntas de una de las fiscales.

Según la interpretación de Barbany, que reconoció que acudió a denunciar su caso porque Fernando Martín no le pagaba una deuda de más de 600.000 euros, la adjudicación de Arganda del Rey "no era en absoluto rentable, y Fernando Sáenz de Martinsa nos dijo que se iban a modificar".

Un 70% más de viviendas

De esta forma, y gracias a las modificaciones de la Comunidad de Madrid, según el testigo, Martinsa pudo pasar de poder construir 1.500 viviendas a 2.731, lo que suponía un aumento del 70%: "Nos daba la risa, porque era increíble, ya que nos daba una densidad de viviendas que no tenía ninguna ciudad de España. Por eso teníamos que hacer edificios de 14 y 15 plantas, cuando no los hay ni en Madrid", espetó el arquitecto en su testimonio de diciembre de 2012. 

"En algunas de estas reuniones sentía vergüenza", reconoció el testigo, que explicó al juez que estaba haciendo correcciones del plan parcial que estaban "fuera de toda lógica". Y para diseñar las nuevas viviendas, el aquitecto tuvo que aumentar las alturas de los inmuebles: "Había un edificio de 15 plantas y otros de 11 y 12 alturas", cuando no se podía superar las cinco plantas. "En las parcelas no cabían tantas viviendas", reconoció Barbany al juez Ruz, que explicó también que los 199 millones de beneficio se conseguía porque había unas 800 viviendas más, que a su vez eran más pequeñas para que se vendieran mejor.

La modificación aprobada por la Comunidad de Madrid era tan importante que el arquitecto aseguró que en las reuniones le dijeron que "ningún técnico quiso aprobarlo, y tuvo que hacerlo un político". Y entonces la fiscal preguntó sobre si sabía que la persona que rubricó la modificación del plan parcial de Martinsa había sido el entonces director general del Urbanismo, Enrique Porto. "Lo supe después", contestó el testigo.

"Diferencias desmesuradas"

De nuevo interpelado por la responsable del Ministerio Público, Gilbert Barbany explicó que nunca había visto un cambio tan radical entre las magnitudes de la adjudicación y el resultado final: "Yo nunca había visto unas diferencias tan desmesuradas. Creo recordar que con 2.200 viviendas ya había suficiente, y 2.700 ni se nos ocurrió". Por eso, Barbany estaba seguro de la Comunidad de Madrid "no lo iba a aprobar, porque en el Ayuntamiento no teníamos ninguna duda, ya que nos habíamos reunido con ellos y habíamos hecho lo que nos dijeron".

Además, Barbany aportó al juez tres correos electrónicos que documentaban las reuniones que el arquitecto de Martinsa mantuvo con responsables del Ayuntamiento de Arganda del Rey: "Mantuvimos una docena de reuniones con técnicos del Ayuntamiento de Arganda. Se produjeron antes, durante y después del concurso", completó.

Martín ataca al arquitecto

Por su parte, Fernando Martín registró en la Audiencia Nacional un escrito, al que también ha tenido acceso infoLibre, en el que aseguró que el arquitecto confundió conceptos esenciales del ámbito urbanístico como son "número de viviendas" y "aprovechamientos".

"Así, el señor Barbany alega constantemente que se modificó el número de viviendas, ignorando que lo realmente relevante en el ámbito del urbanismo y del Plan General de Ordenación Urbana es que no se altere el aprovechamiento. En este sentido, el Plan Parcial aprobado por el Pleno del Ayuntamiento [de Arganda] no sólo no alteró el planeamiento sino que ni siquiera llegó a consumir todo el aprovechamiento disponible", especifica el documento.

No fue la Comunidad

Martinsa también resalta que de forma contraria a lo manifestado por el arquitecto, "el Plan Parcial no debió de ser aprobado nunca por la Comunidad de Madrid sino por el Ayuntamiento de Arganda tal y como se llevó a efecto por mayoría de los miembros del Pleno de dicho Municipio". Sin embargo, el documento no alude a la modificación de la edificabilidad aprobada por el entonces responsable de Urbanismo del Gobierno madrileño, Enrique Porto.

En el escrito, Martín rechaza que el proyecto no fuera viable, tal y como explicó el testigo ante el juez, al que dijo que Barbany como arquitecto "carecía de la formación y la información necesaria para elaborar un informe de viabilidad que permitiese llegar a tal conclusión".

El juzgado de instrucción número 6 de Arganda del Rey ha admitido a trámite la querella del Partido Popular contra la excandidata de IU a la Comunidad de Madrid Tania Sánchez y contra el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, entre otros.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se acuerda incoar diligencias previas para investigar los hechos denunciados en la querella por delitos contra la administración pública, malversación y tráfico de influencias.

El juez sostiene que la querella reúne los requisitos que establece el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que procede su admisión a trámite, la incoación de diligencias y la práctica de diligencias para su investigación.

La querella se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pero este se declaró incompetente ante la pérdida de aforamiento de Tania Sánchez tras dejar su acta como diputada. Además, acuerda requerir al Ayuntamiento de Rivas para que en el plazo de diez días aporte una serie de expedientes relacionados con adjudicaciones a la Asociación Pecados Capitales y a Aúpa Sociedad Cooperativa Madrileña. También reclama los expedientes completos correspondientes a las demandas interpuestas ante los Juzgados de lo Social contra el Ayuntamiento de Rivas.

Hechos de la querella del PP

La denuncia también se dirigía contra su padre y actual concejal de Deportes de Rivas Vaciamadrid, Raúl Sánchez, y el actual alcalde y exconcejal de Infancia y Juventud, Pedro del Cura, entre otros.

Se les acusa a todos de participar en el diseño de un "entramado criminal continuado en el tiempo" para "beneficiar a amigos y familiares". Según la querella, esta relata que dicha "trama" se encargó de que tuviese lugar una "adjudicación sistemática de contratos públicos" a favor de Aúpa, la cooperativa en la que "participaban o tenían intereses de diversa clase los querellados", siendo administrador único de la misma Héctor Sánchez, hermano de la actual diputada regional.

Entre los querellados, aparte de los ya citados, se encuentran el propio Héctor Sánchez, y las dos funcionarias municipales que en su día pertenecieron a Aúpa, Yolanda Pérez y María Abril Barceló. De hecho, señala que tres de los querellados figuran como alumnos de los cursos adjudicados a la cooperativa, en alusión a Tania Sánchez, Héctor Sánchez y María Abril Barceló.

El presunto autor del doble crimen, Ioan P. y de origen rumano, fue detenido en el domicilio de su pareja en la calle Isaac Peral, número 5. En el momento de la detención, el detenido, nacido en 1982, había causado heridas con un arma blanca en el tórax y en miembros superiores a su pareja. También había degollado a la madre de su pareja, que tenía 50 años.

El autor del doble crimen había salido de la cárcel de Estremera el pasado jueves y las primeras hipótesis apuntan a que asesinó a su pareja y a la madre de ésta al acusarla de infidelidad.

La Policía Local ha detenido al sospechoso 'in fraganti' y ha tenido que aplicar primeros auxilios a la joven para evitar una mayor pérdida de sangre.

El fondo LBEIP BV, ligado al Lloyds Bank, radicado en Holanda, especializado en infraestructuras y cuya cartera de inversores constituye un misterio inextricable, acaba de hacerse con el control (55%) de la empresa Phunciona SA, que gestiona los servicios no médicos del hospital público de Arganda (Hospital del Sureste). Así lo han confirmado a infoLibre fuentes de FCC, que en unión de Bankia sumaba hasta ahora mayoría en Phunciona a través de la sociedad Global Vía Infraestructuras SA.

Autorizada por la UE el pasado día 18, la operación de Arganda es la segunda que en una semana introduce al fondo LBEIP en la sanidad pública madrileña. La primera, aprobada por la Comisión Europea el 5 de marzo, le permitió hacerse con el 49% de la compañía que explota los servicios no sanitarios de otros dos hospitales –los de Parla y Coslada-, aunque Sacyr, que ingresó 90 millones por la venta de esos títulos, sigue conservando ahí la mayoría al quedarse con el 51% de las acciones. 

Del fondo LBEIP BV (Lloyds Bank European Partners Infrastructure Partners BV) poco se sabe, más allá de que gestiona "fondos de pensiones". Su socio único es otra sociedad homónima pero con el sufijo LP (Limited Partnership, un tipo de sociedad en comandita), domiciliada en Londres y sobre el que este diario no ha logrado ninguna información mercantil o financiera. El Banco Sabadell gestiona el negocio local del Lloyds. Pero sus portavoces niegan poseer cualquier dato sobre el fondo de inversión en infraestructuras LBEIP dado que la operación no tiene su origen en España.

La operación llega en un momento en que las constructoras buscan soltar lastre para concentrarse en sectores prioritarios. "Estos eran activos no core [no básicos o estratégicos]", señalan fuentes cercanas a FCC que subrayan la pertenencia del LBEIP al Banco Lloyds. La batida en retirada de Sacyr y el tándem FCC-Bankia se produce, además, justo después de que el Gobierno de Madrid se viese forzado a renunciar a su plan para privatizar nuevos hospitales.

Siete hospitales con inversores desconocidos

Tras la llegada del fondo LBEIP BV, son ya siete los hospitales integrados en la red pública madrileña cuya gestión total o parcial está en manos de grandes fondos de composición opaca. Cuatro de esos hospitales permanecen bajo el mando de Capio –ahora llamada IDC Salud-, el gigante de la sanidad pública privatizada cuyos verdaderos propietarios se ocultan tras cinco sociedades radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Desde la segunda oleada privatizadora, lanzada en 2008 por Esperanza Aguirre  y que esta vez ya preveía la cesión de los servicios sanitarios a empresas privadas, Capio gestiona cuatro hospitales integrados en la red pública: Valdemoro –inaugurado en 2007–, Móstoles, la Fundación Jiménez Díaz y el de Collado Villalba, por el que cobra un canon mensual de 900.000 euros pese a que todavía no ha entrado en funcionamiento. 

Sujeto a una concesión administrativa para 30 años otorgada en junio de 2005, el hospital de Arganda pertenece a un grupo de hospitales anterior: aquel que el Gobierno de Madrid usó como banco de pruebas para su proyecto de privatización sanitaria. El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) seguiría prestando directamente los servicios sanitarios y las empresas concesionarias obtendrían una concesión de hasta tres décadas  y el pago de un canon anual a cambio de construir el edificio.

En el caso de Arganda, tres gigantes –FCC, Caja Madrid y OHL, que ahora sigue conservando su 33,33% original en Phunciona dado que, según sus portavoces, no ha vendido una sola de sus acciones a LBEIP– acudieron de modo conjunto al concurso.

Lo ganaron, se garantizaron el cobro de un canon global de 277,89 millones de euros con cargo al erario madrileño, construyeron el hospital y, una vez inaugurado en 2007, pasaron a explotar todos los servicios no sanitarios del complejo: desde la cafetería a los aparcamientos, de los locales comerciales a la lavandería y la administración.

Causa y efecto

En efecto, la venta de activos fue propuesta a la UE tanto por Sacyr como por Phunciona justo después del varapalo asestado por la justicia madrileña a la tercera fase de privatización hospitalaria y la consiguiente renuncia del Gobierno regional a seguir adelante con ella, lo que ocurrió el 27 de enero.

Diez días después, el 7 de febrero, Sacyr pidió a la UE autorización para vender al LBEIP BV el 49% de HC SL –la compañía que gestiona los servicios no sanitarios de los hospitales de Parla y Coslada–. Y el día 20, el conglomerado Phunciona –donde, junto con FCC-Bankia participa OHL– siguió la misma senda y comunicó a Europa que planeaba dar entrada al fondo.

Tras un año largo de protestas capitaneadas por la asociación de médicos Afem y con una querella estancada en espera de que la Audiencia de Madrid revalide o anule la imputación de la antigua cúpula sanitaria del Gobierno de Madrid, el Tribunal Superior de Madrid ratificó en enero la paralización del proceso por el que otros seis hospitales quedarían bajo gestión de distintas empresas. 

El nombre de una de ellas, la puertorriqueña Hima San Pablo Inc, había aflorado meses antes durante una investigación del Fondo de Garantía de Depósitos de EEUU: el impago del crédito concedido a una de sus filiales coadyuvó a la quiebra del Eurobank, una de las entidades financieras que en 2010 cayeron en el Estado Libre Asociado.

Renuncia tras el castigo judicial

El golpe del TSJM cayó a plomo sobre el Gobierno de Madrid tras una fallida maniobra del entonces presidente de la Sala de lo Contencioso y esposo de una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal, Gerardo Martínez Tristán, para buscar un escenario judicial –el pleno de la sala– hipotéticamente más favorable a las tesis privatizadoras.

Que el Tribunal Superior revalidase las tesis de los demandantes –que si la privatización no se paralizaba antes de que las empresas adjudicatarias tomasen posesión de los hospitales, el proceso sería irreversible– implicó un castigo de tal magnitud que el Ejecutivo regional renunció de inmediato a su plan. 

Anunciada ayer lunes por Sacyr, la venta del 49% de la sociedad que explota los servicios no sanitarios dos hospitales públicos madrileños, el de Parla y el de Coslada, ha introducido en escena a un nuevo fondo internacional que agrupa a inversores desconocidos y cuya estructura accionarial arranca en Holanda: exactamente igual que la de Capio –ahora llamada IDC Salud–, la opaca compañía que desarrolla la gestión sanitaria de cuatro hospitales de la red pública madrileña y cuyos verdaderos propietarios se ocultan tras cinco sociedades de las Islas Caimán.

Tras la operación, que ha reportado a la constructora Sacyr 90,2 millones de euros, su nuevo socio es ya el Lloyds Bank European Infrastructure Partners BV (LBEIP BV), una filial del conglomerado que encabeza el banco británico del que toma su nombre y focalizado en las infraestructuras.

Constituido como sociedad limitada (eso significan las siglas BV), el fondo holandés tiene como accionista único, según la nota oficial de Sacyr, a otra filial del Lloyds Bank, el Lloyds Bank European Infrastructure Partners LP, con sede en Reino Unido. Para Sacyr, la operación con Lloyds "se engloba dentro de la estrategia de Sacyr Concesiones de dar entrada en sus concesiones a un socio financiero que maximice la rentabilidad de sus activos y aporte capital para el desarrollo de nuevos proyectos (greenfield), sector en el que ostenta una posición de liderazgo mundial".

Pero los planes del fondo Lloyds para la sanidad madrileña van más allá: la Comisión Europea recibió el 20 de febrero otra solicitud de venta de acciones a LBEIP BV, esta planteada por OHL y FCC-Bankia, que, como Sacyr, explotan en régimen de concesión los servicios no sanitarios de otro hospital público de la comunidad, el de Arganda del Rey. Una información fechada en marzo de 2012 y divulgada por el Foro Institucional del Inversor detallaba que el mayor interés inversor en torno a Lloyds Bank European Infrastructure Partners Limited se había manifestado en "fondos de pensiones europeos". 

La venta de acciones de Hospitales Concesionados SL, la filial a través de la que Sacyr explotaba hasta ahora en solitario los hospitales de Parla y Coslada, no ha sido notificada a la CNMV pero sí a la Comisión Europea, que publicó el 5 de marzo su visto bueno a la operación. En lo que respecta al hospital de Arganda, la Comisión no se ha pronunciado todavía. En los dos casos hay un segundo nexo además de la presencia de Lloyds Bank European Infrastructre Partners BV: tanto OHL como Sacyr están siendo investigadas dentro de la pieza separada del caso Gürtelcaso Gürtel con la que el juez Pablo Ruz busca esclarecer si el PP aceptó donaciones ilegales de personas que luego se vieron beneficiadas con contratos públicos.

Tanto el hospital de Parla como el de Coslada y Arganda pertenecen a la primera hornada de la privatización de hospitales. En su caso, no fue la gestión sanitaria lo que pasó a manos privadas sino la de los servicios adicionales. Bajo el manto del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2011, el Ejecutivo regional adjudicó la construcción de varios hospitales a distintas empresas a cambio de concederles la explotación de distintos servicios por hasta 30 años.

El segundo paso privatizador ya afectó a la gestión sanitaria. Empresas como Capio y Ribera Salud asumieron la dirección de otros hospitales. Pero fue el tercer episodio de lo que parecía un proceso imparable el que dio al traste con los planes del PP madrileño: tras un año largo de protesta sostenidas capitaneadas por la asociación de médicos AFEM en contra de la privatización de seis nuevos hospitales y una vez que el Tribunal Superior de Madrid confirmó la suspensión del proceso, el Gobierno regional anunció que renunciaba al plan. 

La renuncia fue anunciada el 27 de enero. El 7 de febrero la Comisión Europea ya recibió la "notificación conjunta de un proyecto de concentración" para el hospital cuyos servicios gestiona Sacyr. Y dos semanas más tarde, llegó la comunicación del consorcio que lidera OHL.

El primer expediente aprobado por el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) para exhumar a una víctima de la Guerra Civil española acumula polvo desde hace meses entre los Juzgados y el Registro Civil de la localidad. Desde hace más de un año, Mames Palmero Muñoz, de 83 años, espera a poder sacar de la fosa común en la que lleva desde 1937 su hermano, desaparecido en la Batalla del Jarama mientras defendía la República y ejecutado el 25 de marzo de 1937 a los 17 años de edad.

Fue en enero de 2013 cuando Palmero se puso en contacto con el consistorio a través de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Meses después, el Ayuntamiento dictó una resolución autorizando la exhumación de la fosa pero delegó esas tareas en una empresa privada que realiza tareas de diversa índole en el cementerio de la localidad, Funespaña. ¿El problema? "Funespaña no tiene experiencia en exhumaciones", apunta Eduardo Ranz, abogado de la asociación.

Las conversaciones quedaron estancadas hasta después de verano. En octubre, el letrado se puso en contacto nuevamente con el Ayuntamiento y, en una reunión a tres bandas entre el afectado, responsables del Ayuntamiento y la empresa se decidió que tanto la ARMH como Funespaña abordarían esas tareas. Se decidió entonces solicitar en el juzgado de la localidad fecha y hora para realizar la exhumación. Desde el 29 de noviembre de 2013, no saben nada del expediente.

Limbo jurídico

"En los Juzgados de Arganda nos dijeron que habían enviado el expediente al Registro Civil, que está físicamente en el mismo edificio", explica Ranz. Cuando acudieron allí, añade, el expediente estaba "en una estantería perdida, sin que se le hubiera dado un número de procedimiento, que es lo habitual, y sin que se hubiera asignado a ninguno de los seis juzgados de la localidad". Ranz asegura que los funcionarios reconocieron su error y que prometieron llamar. No ha sido así, y tampoco ha dado resultados hasta ahora una segunda petición.

"Lo curioso del caso es que no se discute ni la identificación del ejecutado ni su localización", explica el abogado, que considera que la administración "retrasa la resolución del expediente con la idea de que los familiares abandonen". "Mi suposición es que son completamente contrarios a la causa", añade. De llevarse a cabo, la exhumación de Guillermo Palmero Muñoz sería la primera realizada en la Comunidad de Madrid a instancias de familiares.

Esperanza Aguirre declaró el martes por escrito al juez que investiga el caso Gürtel que el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estaba presente en su despacho de la Calle Génova, en la sede nacional del PP, cuando ella misma se reunió con el entonces tesorero del partido, Álvaro Lapuerta, para hablar del pelotazo urbanístico de Arganda del Rey (Madrid), el mayor cometido por la trama de Francisco Correa (21 millones). La cita tuvo lugar en 2004, cinco años antes de que la investigación del juez Baltasar Garzón sacase el caso de corrupción a la luz.

La presidenta del PP de Madrid testificó que fue Lapuerta quien convocó la reunión en la sede del partido. En el mismo despacho del hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y "en su presencia", le advirtió de que en los Ayuntamientos de Majadahonda y Arganda pretendían vender "parcelas edificables a un precio tasado".

"La advertencia del tesorero iba en la dirección de tratar de impedir que los ayuntamientos sufrieran una pérdida patrimonial importante porque el precio tasado es inferior al del mercado", explicó Aguirre en su declaración, así que llamó "inmediatamente" a los alcaldes de los municipios afectados.

El entonces alcalde de Arganda, Ginés López, le indicó en una conversación telefónica que la parcela estaba ya adjudicada, a precio tasado, y que el procedimiento había sido absolutamente legal, con la unanimidad de todos los grupos políticos, destaca Aguirre.

En su declaración judicial, Aguirre negó que Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel y al que ella mismo nombró consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, fuese "en absoluto hombre de su total confianza". "Yo no puse a López Viejo en la lista, no era presidenta del partido entonces y no lo fui en noviembre de 2004", indicó antes de negar que le prohibiera contratar actos con estas empresas, entre ellas Special Events y Easy Concept. El presidente del PP madrileño en aquel entonces era el hoy presidente del Senado, Pío García-Escudero.

"Yo no prohibí nada", insistió la expresidenta. Según su versión, habló con su consejero tras conocer a través de la revista Interviú que personas vinculadas al PP podían estar obteniendo contratos gracias a su mediación y él se lo negó.

"Yo me quedo tranquila porque era raro. Yo había leído en algún sitio que esas empresas de las amistades peligrosas, que luego se han llamado grupo Correa, tenían algo que ver con paraísos fiscales", señaló.

Aguirre negó también tener conocimiento sobre las empresas con las que contrataba su Comunidad y la forma de contratación. Aseguró que "nunca" dio instrucciones "para contratar con ninguna empresa y que no se ocupaba "de la organización de actos ni en el Gobierno ni en el partido". "Mi gabinete jamás tuvo ningún contacto con las empresas de Correa".

"No me ocupaba de quién ponía la iluminación, el sonido para que se pudieran enchufar las radios y televisiones, las sillas, las traseras, los atriles etc. No creo que ningún presidente de empresa, alcalde, ministro o presidente autonómico sepa quién es el encargado de poner la megafonía en sus actos", indicó.

"Yo estaba segura de que todos los contratos de la Comunidad de Madrid se realizaban por los procedimientos legalmente establecidos", destacó Aguirre, según la cual no supo hasta que estalló el escándalo que López Viejo "amenazaba" con su no asistencia a los actos "para vencer resistencias en el caso de que existieran".

Aguirre aseguró también no conocer al cabecilla de la trama, Francisco Correa. "No le he visto en mi vida, salvo en fotografía, después del auto de febrero de 2009. En las grabaciones que se entregaron al juez Garzón el señor Correa me ponía a escurrir", subrayó.

Fraccionamiento de contratos

Aguirre también adujo desconocimiento respecto al fraccionamiento de los contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid a las empresas de Correa para que no superaran el límite de 12.000 euros y evitar de este modo que se sometieran a concurso público. "Si lo hubiera sabido lo habría impedido", destacó antes de añadir que cuando tuvo conocimiento de esta situación, decidió "cesar inmediatamente" a López Viejo.

En las 48 páginas de declaración, Aguirre mantiene que se enteró de las actuaciones que llevaba a cabo su consejero "por el auto del juez Garzón en febrero de 2009", cuando ordenó la detención de los principales cabecillas de la trama Gürtel. "La medida que adopté fue exigirle la dimisión y ordenar que la Comunidad de Madrid se personara como acusación en el procedimiento", afirmó por escrito ante el juez.

Consejos sobre maquillaje 

El abogado del presunto número dos de la trama, Pablo Crespo, preguntó a Aguirre si conocía a Isabel Jordan, administradora de Easy Concept. "La he conocido por fotos que han aparecido de ella", respondió. "¿Recuerda usted, incluso, cómo solicitaba a dicha señora consejos sobre maquillaje?", insistió el abogado de Crespo, Miguel Durán. "No", zanjó la presidenta regional del PP.

Esperanza Aguirre afirma que destapó la trama Gürtel al denunciar irregularidades en el Ayuntamiento de Majadahonda en Madrid. Hay otras versiones como la del juez Ruz, que reconoce el origen de las investigaciones en las denuncias del exconcejal de ese pueblo José Luis Peñas, que llegó a grabar al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, contando cómo daba dinero a cargos del PP –concretamente a Bárcenas, 1.000 millones de las antiguas pesetas– cintas que, por cierto, el juez ha admitido como prueba.

Antes de ir a los juzgados, el señor Peñas elaboró un informe que puso en manos de su partido, el PP, denunciando fechorías de todo tipo. Cuando vio que aquello no prosperaba, intentó reunirse con Esperanza Aguirre y, según su versión, pudo escuchar como la expresidenta de la Comunidad de Madrid decía: “Con ese hijo de puta no tengo nada que hablar”. No parecía entonces doña Esperanza, a juzgar por esta versión, muy partidaria de destapar esa trama de corrupción que crecía como un cáncer en el seno de su Comunidad, a la que se adjudicaron cientos de contratos al margen de la ley.

Ella, ingenua, engañada por todos, confiada, no se enteraba de nada y consentía. Así, los de la Gürtel hicieron el agosto en Madrid, aprovechando que esta presidenta cumplía a la perfección con el prejuicio que se tiene sobre las rubias. Esperanza Aguirre es dual: tonta ante la Justicia, la elección de colaboradores y la corrupción, e implacable Dama de Hierro, honrada y trabajadora, paradigma de la privatización en manos de empresas de sus colaboradores cuando está al frente de la Comunidad. Su vocación de servicio la lleva a estar preparada en la retaguardia para sustituir a Rajoy y regenerar la democracia si España y su partido se lo solicitan. Por ella, encantada.

Esta señora, siempre dispuesta a hacer declaraciones en todos los medios que la solicitan menos delante del juez, ante quien se acogió a su derecho a declarar por escrito como testigo del caso Gürtel, sale de nuevo a la palestra por unas imprecisiones, que en otros sitios dan en llamar mentiras, pronunciadas al desmarcarse del famoso pelotazo de Arganda, donde la adjudicación de unos terrenos produjo todo tipo de beneficios al alcalde, los intermediarios y adjudicatarios, con pagos de comisiones, por lo que se sabe, de 24,8 millones de euros y además, según el SUP (Sindicato Unificado de Policía), el famoso ático de Marbella de propietario desconocido y hoy escriturado a nombre de Ignacio González.

Hay que ver cómo caminaba esta señora entre la ciénaga sin mojarse un pelo. Ni el mismísimo Moisés separando las aguas del Mar Rojo fue capaz de semejante prodigio. En su afán de declararlo todo y evitar el delito, cuenta Esperanza que fue testigo en una reunión en el despacho de Rajoy, debemos suponer que en su presencia, del relato de un supuesto trato de favor en la adjudicación de esos terrenos en beneficio de una empresa, Martinsa, y cómo intentó pararlo todo, pero no pudo: ¡No pudo! Aquí debemos preguntarnos dos veces: ¿Por qué?

En primer lugar, ¿por qué intentó pararlo todo? Eso es tanto como reconocer que la operación era ilegal. Los ciudadanos que padecen los recortes y son testigos crónicos del baile de millones que saltan de la caja al bolsillo de sus colegas de partido desean que, en tal caso, más que un gesto voluntarioso de la heroína neoliberal se organice una investigación a fondo y las fechorías acaben en manos de la Justicia, si procede.

En segundo lugar, ¿por qué no pudo parar el pelotazo?. La explicación es graciosa. Según cuenta: “Cuando me dijeron que se había hecho por unanimidad de todos los grupos políticos, que lo había hecho la mesa de contratación. pues yo quité el cuidado”. No está mal, si todos trincan, no hay más que hablar. Es curioso, porque dice que recuerda esto “perfectamente”, pero ante la pregunta de si estaba Bárcenas en esa reunión responde que no se acuerda, cuando fueron precisamente Bárcenas y Lapuerta los que denunciaron la cuestión, al parecer porque entonces se habían peleado con Correa.

Otra vez la Espe “lista” se convierte en “tonta” en una fracción de segundo. En fin, al margen de lo curioso de esa memoria selectiva de Esperanza Aguirre, concluimos que si lo recuerda todo “perfectamente” falta a la verdad, porque dicho pelotazo no se aprobó por “unanimidad”, todo lo contrario, salió adelante con los únicos votos del PP. De hecho, el PSOE no sólo votó en contra sino que llevó el caso a los tribunales.

Como conclusión podemos afirmar, a juzgar por su testimonio, que lejos de intentar evitar el gigantesco pelotazo, no hizo nada. Se limitó a llamar al alcalde y a un concejal del municipio, que afirmaron actuar conforme a la ley, y se quedó tan contenta. Tal vez Esperanza Aguirre esperaba que respondiendo a su llamada los presuntos corruptos le dijeran: “Sí, nos lo estamos llevando muerto, estamos trincando millones y millones, pero no te preocupes que lo estamos repartiendo con tus colegas”.

Es una pena que esta nueva Agustina, arrogante, intransigente, suspicaz e implacable con los rivales, que se puso al frente de aquella denuncia anónima en la que se acusaba a un grupo de médicos de haber cometido 200 asesinatos, a pesar de saber que eran inocentes, esa misma luchadora neoliberal que ha privatizado nuestra sanidad generando grandes beneficios a empresas de sus colaboradores, pierda la memoria de forma selectiva y se diga engañada por los que la rodean, que, al parecer, la toman por tonta.

Está claro: contra la corrupción no hay quien pueda. Ni siquiera la Justicia, que rebaja la petición de trece años de la fiscalía a cuatro de condena al señor Fabraque rebaja la petición de trece años de la fiscalía a cuatro de condena al señor Fabra, al que absuelve de los delitos de cohecho y tráfico de influencias por declararse incapaz de entender en base a qué le pagaban a este señor las distintas empresas y cómo era capaz de ingresar más de setecientos mil euros en sus cuentas si sólo declara en su renta sesenta mil.

No sabe encontrar el magistrado explicación a todo esto y, de paso, rebaja a la mitad la pena por delito fiscal por la dilación en el tiempo del proceso, a pesar de reconocer que dicha dilación ha sido provocada por el propio acusado y su defensa. Dicen que la distancia es el olvido y, en este caso, también el perdón.

Hacienda somos todos, idiotas también, o por eso nos toman. La justicia y la corrupción tienen una relación inversa: a más justicia, menos corrupción, y viceversa. Visto el panorama, pone los pelos de punta pensar en la calidad de este sistema.

Nuestra Justicia se apunta a entonar el bolero que, cual banda sonora, pone música a esta opereta de corrupción en la que se ha convertido nuestro país: “Llovía y yo pasaba por allí”. Nadie quiere líos.

Mientras, el príncipe Felipe se queda en tierra porque el avión que tenía que llevarle a Brasil a vender la Marca España no pudo despegar. Buena metáfora del hundimiento al que nos están llevando estos patriotas de toda la vida.

Álvaro Lapuerta, predecesor de Luis Bárcenas al frente de la tesorería del PP, avisó a la dirección del partido en 2008 de sus sospechas sobre las relaciones entre altos cargos municipales y autonómicos madrileños con el grupo de empresas de Francisco Correa. Según fuentes cercanas a Lapuerta, sobre cuyo estado de salud ha pedido un informe el juez Pablo Ruz para dirimir si está o no en condiciones de declarar como imputado en la pieza de los papeles de Bárcenas, el aviso se produjo en 2008. Es decir, meses antes de que el entonces juez Baltasar Garzón hiciera estallar el caso Gürtel y decretase la imputación de varios alcaldes del PP madrileño y de Alberto López Viejo, entonces consejero de Deportes y exdirector de campaña de Esperanza Aguirre.

Las fuentes consultadas sugieren que de aquel episodio –Lapuerta habría alertado al equipo de Rajoy o al propio presidente tras reunirse con los cargos implicados– queda constancia escrita. Otra fuente va más allá y asegura que posee copia del resumen que Lapuerta fue haciendo de aquellas reuniones con aquellos alcaldes y diputados cuya carrera política acabó en 2009 sepultada por un alud de indicios delictivos vinculados al caso Gürtel. Ninguna de las personas consultadas ha detallado a cuántos de los cuatro exalcaldes –Boadilla, Majadahonda, Pozuelo y Arganda- y exdiputados –tres, contando a López Viejo- habría llamado Lapuerta a capítulo ni en qué fecha exacta se celebraron las reuniones.

El viernes, infoLibre preguntó sobre este asunto a portavoces oficiales del PP. No hubo respuesta. Pero otras fuentes del PP ajenas a Lapuerta y su entorno matizaron que “es probable” que tal aviso existiera. Cuál fue la reacción de Rajoy y su equipo constituye una incógnita, aunque la secuencia de hechos –ninguno de los que eran alcaldes ni los tres diputados fueron apartados de la formación ni de los cargos que entonces ostentaban– apunta a que el aviso no tuvo consecuencias.

El predecesor y mentor de Luis Bárcenas, con quien ahora mantiene no solo un ostensible alejamiento sino un cúmulo de recelos –cambió de abogado en julio, después de que el que hasta entonces le representaba, Javier Iglesias, fuese a ver a su antiguo pupilo a prisión– posee un largo historial de enfrentamientos con el PP de Madrid. Son empleados de la Comunidad los que permanecen imputados por el caso espionaje interno contra varios desafectos de Aguirre, cuya citación como testigo en la pieza principal del caso Gürtel han solicitado los socialistas. El PSM sostiene que la expresidenta debe aclarar lo que sabe sobre los contratos fraudulentos que la Comunidad de Madrid adjudicó a empresas de la red corrupta, máxime porque fue ella misma quien, en febrero de 2009 y tras el cese de Alberto López Viejo como consejero, remarcó que había dado orden de no contratar con el grupo de Correa. Entre 2004 y 2008, la constelación empresarial de Correa logró del Gobierno de Aguirre 104 contratos fraccionados por 3,16 millones de euros. Al trocearlos y minorar así su importe, la Comunidad eludía la obligación de convocar concurso y daba vía libre a la adjudicación a dedo.

Fue en el escenario madrileño donde se produjo el mayor pelotazo investigado en el caso Gürtel: la adjudicación a Martinsa, supuestamente amañada, de una enorme bolsa de suelo en el municipio de Arganda del Rey, a 30 kilómetros de la capital. De aquel pelotazo, Lapuerta y Bárcenas advirtieron en noviembre de 2004 a Aguirre y al propio Rajoy. Al mes siguiente, la adjudicación se hizo oficial. Y nada, salvo que Martinsa obtuvo enormes plusvalías, ocurrió hasta que la investigación del caso Gürtel halló conexiones entre aquel pelotazo y los manejos conjuntos del grupo de Francisco Correa y los dirigentes del PP madrileño imputados en el caso.

Entre las víctimas del caso de espionaje, que avanza a trancas y barrancas en un juzgado de Madrid, se cuenta la diputada Carmen Rodríguez Flores, muy próxima a Lapuerta y cuyo incremento patrimonial atribuye el diario El Mundo a su buena relación con donantes del PP que luego obtuvieron contratos públicos. Allegados a Flores, que niega tajante cualquier relación entre sus compras de inmuebles y el dinero opaco que pudiera haber fluido hacia el partido y se ha pertrechado de documentación registral y tributaria de manera precautoria, ven en esas informaciones la mano de Bárcenas. E interpretan el ataque como un signo inequívoco de que el extesorero ha puesto la proa contra su predecesor. O sea, contra Lapuerta.Declaración de cascos y Arenas

Pero, con o sin Rodríguez Flores, Lapuerta, cuyos hijos denunciaron a comienzos de julio las “extrañas” caídas que llevaron a su padre al hospital e hicieron temer por su vida –el extesorero ya ha vuelto a su domicilio–, aparece hoy situado en el ojo del huracán. Allí lo colocaron la semana pasada Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas, ambos exsecretarios generales del PP, cuando le señalaron en sus respectivas declaraciones testificales como el máximo responsable de las finanzas del PP. Tanto Cascos como Arenas subrayaron de forma florida –especialmente el segundo– la honorabilidad de Lapuerta. Pero, aun envuelto entre algodones, dispararon el dardo al destacar su papel nuclear como tesorero, puesto que desempeñó entre 1993 y 2008.

La coincidencia entre el ataque atribuido a Bárcenas y la florentina declaración de Cascos y Arenas plantea la incógnita de si, aun embarcados hoy en una guerra abierta, han encontrado en Lapuerta un punto de coincidencia. A punto de cumplir 86 años, Lapuerta adolece de una frágil salud física y mental. Endosarle el papel de chivo expiatorio se perfila como una opción tentadora aunque el cambio en la defensa de Lapuerta, ahora representado por el independiente Cristóbal Martell, podría deparar sorpresas.

Ahora, Ruz se encuentra a la espera de que los peritos calígrafos verifiquen si las rúbricas o “visés” que aparecen en los papeles de Bárcenas fueron obra de Lapuerta, quien en febrero negó la autoría. De momento, los próximos a Lapuerta se aferran a la tesis de que el extesorero no está en condiciones de declarar, lo que, objetivamente, le hace ganar tiempo.

Pero si los peritos concluyen lo contrario, Lapuerta tendrá que desfilar ante el juez y está por ver si se ratificará en la declaración que, con un desmentido tajante sobre la existencia de una contabilidad paralela, prestó en febrero ante la Fiscalía Anticorrupción. En todo caso, y si los peritos le obligan a comparecer ante el juez, la citación marcará una fecha posterior a la del juicio donde el día 2 de septiembre se verá en Toledo la demanda de María Dolores de Cospedal contra Bárcenas. Antes del hipotético interrogatorio judicial de Lapuerta ya habrán declarado las secretarias de los dos extesoreros, convocadas como testigos para el próximo día 10. Entonces, ya habrá expirado el plazo de cinco días que el magistrado dio el viernes al PP para que entregue los dos ordenadores que Bárcenas utilizaba en la sede central de Génova. Según el entorno de Bárcenas, uno de ellos contenía copia informática de la contabilidad B. De todo ello podría arrojar luz Lapuerta. Pero, de momento, persiste en el silencio. Y su entorno asegura que, hoy por hoy, no está dispuesto a “hacer barcenadas”.

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Pablo Ruz, ha decidido estrechar el cerco contra los participantes en el mayor pelotazo del caso, que supera los 25 millones de euros, según el sumario, que el presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, cobró por su intermediación en la adjudicación de unas parcelas por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey, municipio del sur de Madrid gobernado por el PP.

Y para estrechar este cerco, el magistrado ha dictado este martes, a petición de las fiscales, un auto en el que solicita una ampliación de la comisión rogatoria para que el Principado rastree las cuentas de los empresarios Fernando Martín y Amando Mayo, así como las del exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid, Benjamín Martín Vasco, y de su mujer, María Esther A. H. En concreto, en el caso de este mujer Ruz pide conocer los extractos de seis cuentas, así como las cajas de seguridad o productos financieros en las que sea la titular.

La Agencia Tributaria destaca que la empresa Fermayor, que atribuye a Martín Vasco pese a que está a nombre de un presunto testaferro, cobró cerca de 200.000 euros de los 25 millones de euros pagados por Fernando Martín a Correa por las parcelas de Arganda del Rey, que según un arquitecto que trabajó para Martinsa pudo suponer unos ingresos de 500 millones de euros, 200 más de los previstos inicialmente. Fernando Martín siempre ha negado la existencia de un pelotazo, resaltando en todo momento la legalidad del expediente de las parcelas.

Precisamente, Ruz ha solicitado que se amplíe la comisión rogatoria judicial con Mónaco en relación a Fernando Martín, el empresario que junto Amando Mayo y Manuel Salinas pagó 13 millones a Correa en 2006 (el segundo pago por la comisión de Arganda, que es de un total de 25 millones). En esta ocasión se especifican las empresas Butler Propierties, y la ficha del cliente KYC Information, así como "cualquier otra cuenta bancaria, depósito, títulos o valores, cajas de seguridad o cualquier otro producto de Fernando Martín o Martinsa". En similares términos se expresa Ruz con respecto a otras cuentas de Martín en Mónaco, en este caso en el Lloyds TBS, que recibió hasta cuatro millones de euros de Salinas, que la Agencia Tributaria atribuye al pago de una comisión por su entrada en RTM, la empresa que compró el 10% de la División Inmobiliaria del Atlético de Madrid. 

En el auto, el magistrado también requiere al empresario Amando Mayo para que este aporte toda la documentación de sus empresas que van de 2006 a 2009. En concreto, el juez le exige la información específica de 17 movimientos bancarios, que en total superan los 4 millones de euros, siendo los movimientos más elevados fueron dos transferencias de 800.000 y un millón de euros. 

La decisión de las fiscales y del juez de rastrear las cuentas de los implicados se basa en el contenido de un informe de la Agencia Tributaria que tuvo su entrada en el juzgado el pasado 8 de marzo, en el que también se indicaba quiénes eran las personas que participaron en el pelotazo de Arganda Entre estas personas se encontraban el propio Benjamín Martín Vasco, el exalcalde de Arganda del Rey Ginés López y el actual cargo del Consistorio Juan Fernández Caballero, todos ellos imputados. Para la Fiscalía, este informe de Hacienda aporta documentación de sobre los delitos contra la Hacienda Pública que podrían haber cometido los imputados "como consecuencia de los fondos y regalos que habrían recibido del entorno de Francisco Correa".

En este sentido, la Fiscalía resalta que el informe de la Agencia Tributaria "omite" el análisis del origen de los fondos con los que habrían efectuado los pagos o los regalos (en forma de viajes y objetos de joyería), por lo que ve necesario "una ampliación del informe" de Hacienda.