Un pequeño grupo de manifestantes ha interrumpido el acto en el que las ministras de Vivienda, Isabel Rodríguez, y Ciencia, Diana Morant, han firmado un protocolo sobre vivienda para estudiantes universitarios al grito de "la ley de vivienda es una mierda", informa EFE.

En un acto en la Residencia de Estudiantes en Madrid, en que las ministras han firmado un protocolo para la promoción de vivienda asequible para universitarios, varios manifestantes, en torno a una decena, han interrumpido el principio del acto con consignas como "hoy en la foto mañana desahuciando" o "gobierno progresista, cómplice derechista".

Los manifestantes han sido desalojados rápidamente por la seguridad, tras lo cual el acto de la firma ha continuado con plena normalidad. Ambas ministras han subido al escenario, han firmado los documentos que recogen los protocolos y se han estrechado la mano. Tras ello han posado para los medios de comunicación presentes mientras el público aplaudía.

La jueza de lo Penal número 14 de Madrid ha absuelto a Miguel Ángel Frontera de varios delitos de injurias graves y de acoso respecto al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la exministra de Igualdad Irene Montero al situar los escraches en los que participó durante siete meses en el domicilio familiar de Galapagar en el contexto temporal y político del covid.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que la jueza le exonera de un delito continuado de injurias graves respecto a Irene Montero por prescripción, así como de los delitos de descubrimiento de secretos, coacciones, acoso e injurias graves con publicidad a la autoridad y contra las instituciones del Estado en relación a Pablo Iglesias.

El ahora absuelto afrontaba una petición fiscal de tres años de prisión por acoso e injurias a la pareja. La acusación particular solicitaba un año y medio de cárcel para el procesado.

En el juicio, Iglesias y Montero relataron la situación de "angustia" y "estrés" que soportaban a diario con insultos a diferentes horas del día, lo que cesó en diciembre de 2020 hasta que intervino un juzgado.

En la argumentación, la jueza expone que las concentraciones en el domicilio de Iglesias arrancaron antes de que Miguel Frontera acudiera a las mismas y se mantuvieron tras la medida cautelar que le impidió acudir a las protestas por la gestión del Gobierno en relación al covid, por lo que continuó "el ruido y las molestias que dichas concentraciones generaban".

La magistrado afirma que a pesar de que la acusación particular situaba a Frontera como el instigador de las protestas en la vivienda, no hay corroboración periférica alguna más allá de lo que manifestaron los querellantes, por lo que no ha quedado acreditado.

Considerando lo sucedido como 'un escrache', la jueza recalca que en este caso hay que tener en cuenta "el contexto temporal y político en el que se produjeron los hechos tras la suspensión del derecho fundamental de circulación de las personas" por la pandemia, que en aquella época vivía sus peores momento.

Así, expone que las alegaciones del acusado en el juicio de que solo pretendía protestar contra la política del Gobierno en relación a la gestión de la pandemia no se pueden considerar "ni absurdas ni arbitrarias".

Conforme a las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil que testificaron en la vista, descarta que el absuelto tuviera intención de vigilar a los querellantes, lo que considera "imposible al existir vigilancia en la vivienda durante 24 horas" y existir un perímetro de seguridad que fue ampliado. De igual modo, no considera probado que Frontera tuviera intención de contactar con ellos o "buscar su cercanía física".

El fiscal mantenía que el acoso que ejerció el denunciado arrancó en mayo de 2020 y provocó una alteración de su vida familiar diaria y de sus actividades "derivada de los ruidos constantes en horarios de descanso de niños de corta edad, así como limitación de movimientos en compañía de los menores".

En las conclusiones, la fiscal aseveró que el procesado "traspasó la línea que sitúa la conducta en delito", manifestando que incurrió en injurias graves al grabar y publicar imágenes de la vivienda. A su juicio, este comportamiento excedía la libertad de expresión y supone unas injurias continuadas.

La sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz, se ha convertido en el epicentro de las protestas contra la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez. La concentración del lunes, organizada por Revuelta —una asociación juvenil vinculada a Vox— reunió a 3.800 personas frente a la sede del PSOE en la calle de Ferraz, según la Delegación del Gobierno. Este martes se repitieron las protestas, en este caso frente a la sede de los socialistas y en las inmediaciones del Congreso. El lunes, algunos de los participantes, auspiciados por organizaciones ultras como Hogar Social o Desokupa, intentaron derribar las vallas que les separaban de las sede de los socialistas y lanzaron botellas a la zona en la que se encontraban las furgonetas policiales. Aunque en un primer momento los agentes de policía únicamente se dedicaron a sujetar las vallas con los brazos, más tarde utilizaron gases lacrimógenos y cargas para dispersar la zona.

Este martes el líder de Vox, Santiago Abascal, que acudió a la concentración —al igual que el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo — pero se marchó antes de que se produjeran los primeros altercados, ha acusado al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, de ser el "vil mamporrero" de Sánchez por "ordenar" a la Policía Nacional que apaleara a "miles de españoles de bien". El líder ultra, que ha mostrado su apoyo a "todas las movilizaciones de resistencia pacífica al golpe de Sánchez", ha pedido a los policías que "no obedezcan orden ilegales": "Ante un golpe de Estado, no vamos a andarnos con remilgos", ha llegado a afirmar.

Por su parte, el Partido Popular ha evitado condenar de manera expresa los altercados y se ha limitado a defender sus convocatorias "pacíficas". En Génova 13 se han mostrado más preocupados por el rédito que Sánchez pueda sacar de las protestas que por el daño que puedan causar a algún ciudadano. “La forma de protestar contra las indignas negociaciones del PSOE es hacerlo de manera que Pedro Sánchez no logre que se desvíe la atención de su indecencia", señalaban fuentes de la formación a primera hora de la mañana. La incomodidad del PP se ha evidenciado con la rueda de prensa de su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, en la que afirmado que "hay acciones que por ellas mismas son condenables" pero que también hay un malestar "que tienen derecho a poder expresar" los manifestantes.

La formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo tampoco ha dudado en comparar la concentración ante la sede de Ferraz con las manifestaciones del 13 de marzo de 2004, en protesta por los atentados del 11M. "Es posible que algunas de las personas que se concentraron ayer ante la sede del PSOE, en noviembre de 2023, lo hiciera también ante la sede del PP en marzo de 2004", señala la formación conservadora en el primer punto del comunicado emitido este martes. "Entonces fue el PSOE quien mandó a la gente a protestar a Génova diciendo ‘España no merece un Gobierno que le mienta'", añadían estas mismas fuentes, pese a que los socialistas no la convocaron y, a diferencia de lo que sucedió en Ferraz, fue una protesta pacífica.

Dos días después de que se produjeran los atentados en Madrid, el siguiente SMS corrió como la pólvora: "¿Aznar de rositas? ¿Lo llaman jornada de reflexión y Urdaci trabajando? Hoy 13M, a las 18h. Sede PP, C/ Génova 13. Sin partidos. Silencio por la verdad. ¡Pásalo!". El texto era de Emilio Silva, periodista y uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y lo remitió a una docena de amigos, entre ellos a Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos y entonces asesor de Gaspar Llamazares en el Congreso.

El propio Monedero lo relata así en conversación con infoLibre: "Lo convocamos porque el PP suspendió la campaña electoral el jueves y dijo que había sido ETA. El viernes convocó una manifestación con el lema 'Por la paz, contra el terrorismo y con la Constitución' cuando uno de los asuntos de esa campaña era cambiar la Constitución y el sábado era jornada de reflexión. El Mundo sacó una entrevista a doble página a Rajoy. Ahí decidimos convocar con las redes del 'No a la guerra'. Nunca imaginamos que fuera a tener tanta convocatoria", asegura.

Monedero subraya que "había mucha rabia acumulada contra el PP" por haber involucrado a España en la guerra de Irak y haber mentido diciendo que había sido ETA. "La concentración era pacífica. Solo queríamos la verdad antes de votar. En ningún momento se amenazó a la sede del PP ni se hizo intento alguno de entrar dentro. Sólo queríamos que el gobierno dejara de mentirnos, que RTVE dejara de mentir, que los medios de la derecha dejaran de mentir. Acababan de asesinar a 191 personas y el gobierno seguía mintiéndonos. Cuando al final de la noche reconocieron que el atentado era islamista, nos fuimos", zanja.

Según se recoge en las crónicas de los diarios El País y El Mundo —y como se puede comprobar también en el archivo de RTVE—, se trató de una protesta pacífica en la que hubo un fuerte dispositivo de seguridad, compuesto por 20 furgonetas policiales y al menos 50 antidisturbios, que custodió la sede del PP en Madrid. Es más, los agentes trataron de pedir el DNI a los manifestantes, pero ante el éxito de convocatoria tuvieron que desistir y en los periódicos se recoge que el agente de la Policía Nacional al frente de los efectivos policiales afirmó ante la prensa que no tenía órdenes de disolver a la masa congregada hasta las 12 de la noche, pero ese momento nunca llegó porque la muchedumbre se desplazó masivamente a la Puerta del Sol.

El entonces candidato del PP, Mariano Rajoy, aseguró que esa concentración y el resto de las que se produjeron frente a otras sedes territoriales del partido iban "dirigidas a influir negativamente en las elecciones". "No vamos a permitir esta manipulación", llegó a asegurar ante los medios para pedir a los convocantes de estas manifestaciones "ilegales" que cesaran por ser "antidemocráticos actos de presión" sobre las elecciones que se iban a celebrar al día siguiente.

A  juicio de Javier Lorente, profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y experto en opinión pública, la principal diferencia entre la manifestación frente a Ferraz de la que se vivió veinte años antes en Génova radica en el uso de la violencia. "La protesta es fundamental para la democracia y no hay que verla con desconfianza cuando los que protestan son los demás. Tiene un valor social positivo, pero lo que no es tolerable es la violencia", sintetiza en declaraciones a este periódico. "Si te concentras a las puertas de la sede de un partido o lo haces frente al Congreso, como pasó en su día, de manera pacífica y sin amagos de violentarla o de agredir a nadie no le veo mayor problema", prosigue.

Lorente cree que el problema se produce en el momento en el que "se infiltran grupos violentos". Es lo que, según el atestado policial, ocurrió el lunes. El documento recoge que durante la concentración se detectó la presencia de unos 200 individuos “con el rostro cubierto y estética ultra" e intervino una barra de hierro, palos y tres barras extensibles. El experto identifica un problema frecuente en las manifestaciones de la derecha que no acusa en la izquierda y es la falta de "organizaciones intermedias" acostumbradas a llevar a cabo este tipo de protestas que son las que, a su modo de ver, identifican rápidamente a los sujetos más conflictivos de los que no lo son. "Si se te cuelan organizaciones ultras que solo quieren ir a reventar el acto, la protesta queda deslucida", afirma.

El profesor de la URJC también destaca la incoherencia de las proclamas que acusan a Sánchez de querer instaurar una dictadura. "Es legítimo oponerse a la amnistía, pero la amnistía no desafía el orden constitucional. En primer lugar, porque se tiene que aprobar en el Congreso y después enfrentar al veredicto de los tribunales", subraya. En ese sentido afirma que, precisamente, si en España no hubiera democracia estas protestas estarían directamente prohibidas o la Policía "abriría fuego" contra los manifestantes como sucedió en Vitoria en el año 1976, cuando ametralló a cinco trabajadores en el interior de una Iglesia.

Lorente no cree que las cargas del lunes fueran "especialmente violentas" y considera que en otras manifestaciones se actúa de la misma manera o con mucha más contundencia. Sin embargo, sí que le genera dudas la utilización de los gases lacrimógenos. "La reacción de los manifestantes tiene un componente emocional, porque se creen que la Policía es suya, pero al final son servidores públicos que cumplen las directrices de sus superiores".

El escrache es un término popularizado en los noventa en Argentina que supone la intimidación de un personaje público, pero en su espacio privado y alterando su cotidianidad. En España este tipo de actos se dieron a conocer gracias a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y lo han sufrido dirigentes políticos de todo color y condición. Desde el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la actual ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero (Podemos), a la exvicepresidenta en el Ejecutivo de Rajoy, Soraya Saénz de Santamaría (PP), al exministro José Luis Ábalos (PSOE) o a la exvicepresidenta del Govern, Mónica Oltra (Compromís).

Esta forma de manifestarse y expresar una protesta por decisiones políticas concretas ha sido avalada por nuestros tribunales, que la consideran amparada por la libertad de reunión, manifestación y expresión. No obstante no se puede olvidar que, al mismo tiempo, la tranquilidad domiciliaria tiene que ver con la libertad personal y además está en una estrecha relación con el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 18.1 de la Constitución.

Sin embargo, el acoso continuado frente al domicilio de Iglesias y Montero planteó algunos interrogantes por la periodicidad de esas protestas. ¿Era lo mismo un escrache de un día como el de Sáenz de Santamaría y otro de dos meses seguidos? ¿Es igual esta presión sostenida que simpatizantes o militantes de la derecha ejercen cada día sobre Iglesias y Montero que el que una mañana o una tarde sufrieron también distintos dirigentes del PP como Cristina Cifuentes o Esperanza Aguirre o Esteban González Pons? Tal y como fue concebida la práctica del escrache, ni se hacía si había niños presentes, ni se acosaba físicamente al destinatario. El límite era la intimidación.

Lorente confiesa que siempre le ha generado "inquietud" esta práctica porque "traslada la imagen de que el político lo es todo el tiempo": "Al final los políticos asumen un rol, están representando unos intereses a unos ciudadanos, pero no son políticos todo el tiempo, tienen familia, tiempo para el descanso", sintetiza. Por ese motivo cree que aunque sea una práctica "legítima" y "amparada por los tribunales" a su juicio "no son deseables porque generan un nivel de crispación y de violencia" muy alto en la sociedad.

Junio comenzará con huelga de carteros. Los tres primeros días del mes CCOO y UGT han convocado a los trabajadores de Correos a parar en protesta contra el “plan de desguace” que, según dicen, está ejecutando el presidente de la empresa pública, Juan Manuel Serrano, desde que llegó al cargo hace casi cuatro años. Es el penúltimo episodio de la guerra que libran ambos sindicatos con la dirección del grupo y a la que se añade un segundo frente con el resto de las organizaciones sindicales, desde CSIF y el Sindicato Libre hasta la CGT el gallego CIG o los vascos ELA y LAB.

Hace apenas dos semanas, la primera reunión para negociar el convenio colectivo no llegó a celebrarse tras el “escrache”, dice CSIF, que varias decenas de miembros CCOO y UGT realizaron al resto de los sindicatos y los representantes de la empresa. “Entraron por la fuerza 25 personas con megáfonos y abarrotaron la sala con con consignas y voces, algunos en actitud agresiva e impidieron la reunión“, relata el presidente de CSIF Correos, Óscar Venteo. Las dos organizaciones mayoritarias, con el 75% de los delegados, aseguran que se encerraron en la sede de Correos en protesta por la “farsa” de negociación que Serrano pretende abrir sólo con los minoritarios y que los vigilantes de seguridad agredieron a dos delegadas de CCOO y UGT. Según critican, la empresa pretende acometer una negociación “clandestina” con sindicatos que representan sólo al 25% de la plantilla. Y firmar un convenio de eficacia limitada; es decir, se aplicará sólo a los trabajadores de los sindicatos firmantes y a los que expresamente se adhieran al pacto. “Es la mayor ruptura del Diálogo Social que se ha producido nunca”, sostienen los representantes de CCOO y UGT con los que ha hablado infoLibre. “Les hemos invitado para que se sumen, pero no nos han contestado”, replica Óscar Venteo.

La negociación no es un asunto baladí si se tiene en cuenta que el convenio lleva caducado desde 2013. En estos nueve años, algunos de sus artículos han quedado derogados por sentencias judiciales y las leyes laborales aprobadas desde entonces. Pero CCOO y UGT creen que no es el momento para entrar en harina con el convenio. “No es la prioridad”, recalcan, “sino el modelo de desarrollo del servicio postal y de la actividad de paquetería, para después diseñar un plan estratégico acorde con ese modelo y luego negociar un convenio que dé respuesta a ambos”. A su juicio, Juan Manuel Serrano pretende validar en el convenio “los desajustes laborales” que ha infligido a la plantilla en estos últimos cuatro años. La próxima reunión está prevista para el 18 de mayo. “No vamos a participar en ese teatro”, zanjan los portavoces de CCOO y UGT.

Exjefe del gabinete de la Ejecutiva federal del PSOE y persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez, Serrano es el blanco de todos los dardos de ambos sindicatos. Ingeniero técnico informático y licenciado en Derecho, hizo toda su carrera profesional en la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). A su llegada a Correos, no tenía, por tanto, experiencia en el sector postal. Y se ha convertido en la bestia negra de CCOO y UGT, que no dudan en tacharle de “mal gestor” del “juguete” que Pedro Sánchez le ha regalado.

Aunque ambos sindicatos rechazan que estén embarcados en una cruzada personal contra Serrano –“Es un problema de modelo de servicio postal y de modelo de gestión, que no hemos podido discutir en estos cuatro años”, razonan—, lo cierto es que culpan al actual presidente de las pérdidas de 264 millones con que cerró Correos en 2020, así como de los más de 100 millones en rojo con que terminará 2021. La empresa aún no ha hecho públicos los resultados del año pasado. A preguntas de infoLibre se limita a avanzar que las pérdidas rondarán los 91 millones de euros, la cifra que figura como previsión en el Plan Operativo Anual. En esa cifra incluye la provisión de los 24 millones de euros de una sanción que ha impuesto Correos a la CNMV por aplicar entre 2015 y 2019 descuentos a grandes clientes, remitentes de envíos masivos de cartas –bancos, recibos de luz, teléfono o gas…–, lo que excluía a sus competidores y constituía un abuso de posición de dominio: su cuota de mercado alcanza el 95%. CCOO y UGT aseguran que los números negativos son superiores porque en el último minuto del año pasado Correos vendió por 24 millones de euros su edificio en Valencia para “maquillar” las cuentas. Y, de paso, permitir el cobro de sus bonus a la dirección de la empresa pública por haber contenido las pérdidas en las cifras previstas. Según dicen, Juan Manuel Serrano ha cobrado un premio de 40.000 euros. La empresa ni lo confirma ni lo desmiente. “Las retribuciones variables se aplican de acuerdo con la normativa vigente y están sujetas al cumplimiento de objetivos, que se establecen a través de un procedimiento y sistema de evaluación”, ha sido toda su respuesta.

El dirigente postal de CSIF, por su parte, recuerda que Correos “nunca ha ganado dinero, excepto un par de años”. En 2018 tuvo unos beneficios de 14,8 millones de euros, después de encadenar cinco años de pérdidas. En 2013 también cerró con 48,4 millones de números positivos tras haber vuelto a pérdidas en 2012 –3,9 millones—. En 2011 los beneficios fueron de sólo 400.000 euros; en 2010 alcanzaron los 6,27 millones y en 2009 se quedaron en 2,96 millones.

Los sindicatos mayoritarios no dudan en asegurar incluso que Correos se encuentra en quiebra técnica, no sólo por las pérdidas acumuladas, sino también porque tiene un flujo de caja negativo por primera vez en su historia, lo que le ha obligado a pedir préstamos de 433 millones para atender los pagos a corto plazo, resaltan.

En lo que sí coinciden todas las organizaciones sindicales es en criticar las políticas de personal de Correos. CCOO y UGT cifran en 7.000 los puestos de trabajo perdidos desde que llegó Serrano a la dirección. CSIF dice que se han perdido 15.000 empleos en los últimos 10 años, a razón de casi cinco al día. La empresa niega que esté “realizando despidos ni destruyendo empleo” sino, por el contrario, “trabajando por el empleo estable y de calidad”. Asegura que ha convocado 13.297 plazas para personal laboral indefinido, de las cuales 7.730 ya se han incorporado. Correos es la empresa pública con la mayor plantilla. De acuerdo con los números que aparecen en los informes anuales de la empresa, en 2009 el grupo contaba con 65.781 trabajadores. En 2020 tenía 54.456. Por tanto, se han perdido 11.325 empleos en 11 años, un 17,2%. Entre 2019 y 2020, la plantilla ha encogido en 2.233 personas.

Además, CCOO y UGT acusan a Serrano de incentivar los “contratos basura”, que cifran en un 23%. CSIF eleva al 30% la cuota de empleo temporal en la compañía pública, donde hasta un 8% de los trabajadores aún son funcionarios. Hay que recordar que hasta 1992, cuando se convirtió en organismo autónomo –en 2001 pasó a ser una sociedad mercantil estatal–, Correos era una dirección general del Ministerio de Fomento. En 2011, el empleo temporal representaba el 20% de la plantilla del grupo, de acuerdo con el informe anual. La empresa ya no hace público ese dato en sus últimas cuentas y no ha contestado a este periódico cuando le ha preguntado por esa cifra.

Los tres sindicatos explican que abundan los contratos a tiempo parcial. Unos 1.500 son de sólo dos días a la semana: martes y jueves, por ejemplo; o de fin de semana. Con sueldos, por tanto, exiguos de 300 euros al mes. La empresa tampoco ha precisado a este periódico cuántos trabajadores tiene contratados con este tipo de jornadas.

infoLibre ha preguntado a Correos cómo está aplicando la reforma laboral, que le obliga a fijar cuál es su plantilla estructural y convertir en indefinidos los contratos temporales que encajen en esa definición. La empresa sólo responde que está convocando reuniones semanales con los sindicatos para adaptarse a la nueva norma.

Pero la política laboral no es, a juicio de CCOO y UGT, más que el resultado del “plan de desguace” de Correos. Dicen que son conscientes de que ya no se envían cartas. De hecho, España es el país de Europa en que más ha caído el uso del producto postal tradicional. Y de ese brusco desplome culpan, más que al cambio de hábitos provocado por la digitalización, a Juan Manuel Serrano. “Siempre dice que la carta ha muerto, pero más bien le está aplicando la eutanasia”, resumen. Según denuncian, si cuando llegó los postales representaban casi el 65% de los ingresos del grupo, ahora no llegan al 50%.

El descenso lo atribuyen a una política deliberada, a un “vaciamiento de la actividad postal tradicional” de Correos, por culpa de una subida de tarifas continua que espanta a los clientes: el 7% las cartas, un 10% los certificados, el paquete azul –hasta 20 kilos– hasta un 20%, un 60% el publicorreo… También critican la pérdida de calidad del servicio. El pasado diciembre la CNMC multó a Correos por incumplir los plazos de entrega –uno de los estándares de calidad— del paquete azul. Se trata de una infracción muy grave, pero la sanción asciende a sólo 80.000 euros. En 2020, el año de la pandemia, las reclamaciones de usuarios contra Correos crecieron un 23%, hasta sumar casi 250.000.

La calidad es una cuestión primordial en Correos, puesto que cada año percibe una compensación de los Presupuestos del Estado por la prestación del servicio postal universal: debe tener una red suficiente para garantizar que llegan cartas y paquetes de hasta 20 kilos hasta el último pueblo de España. Aunque ese servicio resulte deficitario. Como es el caso. Ninguna empresa privada se lanzaría a cubrir esa necesidad básica ciudadana que sólo le reportaría pérdidas.

El cálculo de esa compensación siempre ha sido controvertido. Ha sido denunciado ante la Comisión Europea, que en sus últimas dos decisiones recortó las cantidades abonadas a Correos. CCOO y UGT se quejan de que la cantidad es menor cada año y que, desde la llegada de Serrano, acumula un recorte de 460 millones de euros. En 2021 se ha quedado en 110 millones. Según ambos sindicatos, esa cantidad es sustancial menor que la destinada por otros Estados europeos a sus respectivos sectores postales. La Poste Italiane recibe 260 millones al año, La Poste francesa, 520 millones; Česká pošta (Chequia), 181 millones en dos años en un país con el 21% de la población española y el 15% de su extensión, y 126 millones BPost en Bélgica, que tiene el 11% de los habitantes de España y una superficie 17 veces menor.

El abandono del servicio postal se refleja también en el cierre de oficinas y de centros de reparto, dicen CCOO y UGT. Más de 300, precisan, en los últimos cuatro años. Sobre todo, en zonas rurales. La empresa lo niega. “No estamos cerrando ninguna oficina ni centro de distribución”, resaltan. En todo caso, se está “adecuando la estructura de distribución para hacerla más eficiente”. Según Correos, el número de sus oficinas es de 2.370 ahora; en 2017 ascendían a 2.396. Óscar Venteo, por su parte, explica que Correos está “unificando carterías en pabellones logísticos y uniéndolas con Correos Express”, la filial de paquetería del grupo.

“Una carta de Padrón a Santiago de Compostela, distante a 20 kilómetros, va ahora al centro de clasificación de Valladolid”, aseguran CCOO y UGT, “y lo mismo una que vaya de Toro a Zamora, antes se da una vuelta por Valladolid”. Al menos es así para los envíos masivos desde principios de este año en Santiago. Esas cartas tardarán cuatro días en lugar de uno, denuncian ambos sindicatos. El motivo es el desmantelamiento de la única máquina de clasificación que quedaba en el centro de tratamiento de Lavacolla, cerca de Santiago. Antes había cinco. Será sustituida a finales de este ejercicio por una máquina de paquetería. Óscar Venteo, sin embargo, aduce que esos viajes de las cartas hasta centros de reparto lejanos llevan ocurriendo muchos años, antes de que llegara Serrano a Correos, y que es una forma de control de los envíos.

Y ése es el segundo caballo de batalla sindical contra la dirección de Correos. Incentivar la paquetería, habida cuenta del auge del comercio electrónico, es el paso lógico, conceden CCOO y UGT, pero advierten de que la conversión de la empresa pública en operador logístico tampoco la está haciendo bien la dirección encabezada por Juan Manuel Serrano. “Los paquetes han caído un 40% desde 2020”, aseguran. Correos, por el contrario, publica que la paquetería creció un 24,8% en el primer semestre de este año.

En una entrevista en El Economista el pasado día 6, Juan Manuel Serrano subrayaba que en 2020 Correos había perdido 560 millones de cartas respecto al año anterior, que en 2021 se había perdido otro 14% del negocio –212 millones de cartas menos– y que en enero de este año el retroceso era de un 18%. En 2018 trataban 11 millones de cartas; hoy sólo cuatro millones. Por eso quiere “diversificar” el negocio e internacionalizarlo. Paquetería y mucho más.

Así, acaba de inaugurar Correos Cargo, un servicio de transporte aéreo de paquetería y mercancías entre Hong Kong y Madrid. De momento es sólo un avión, pero el plan es que lleguen a ser tres en 2024. También han abierto Correos Market, un mercado en línea, donde las empresas –pymes locales– ofertan sus productos. Correos Pay –servicio de pagos para empresas–, Correos Cash –ingresos y pagos con bancos–, Correos Frío –para el envío de medicamentos o productos que precisen una temperatura controlada–… son nuevas unidades de negocio que se añaden a las filiales Correos Express, Correos Telecom y Nexea –gestión documental–. Los sindicatos temen que el “plan oculto” de Serrano es “segmentar” la empresa en “estructuras de negocio” como primer paso para la privatización de las que sean rentables. Correos lo desmiente: ni hay un plan de privatización, ni se está trasvasando la actividad de Correos a Correos Express, ni se va a despiezar la compañía, sólo se “reorganiza internamente” y especializa por áreas de negocio. Garantizando, además, el servicio postal universal con la incorporación de nuevos servicios en oficinas rurales y dotando a 6.000 carteros rurales de PDA con las que los ciudadanos pueden pagar recibos e impuestos, asegura la empresa.

CCOO y UGT culpan de la política “errática” de la dirección de Correos al informe que sobre la empresa publicó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en julio de 2019 y que Serrano ha adoptado “como un catecismo”, destacan. El documento concluye que el servicio postal universal tiene un coste “elevado” en comparación con otros países europeos, además de presentar un “déficit operativo” en los últimos cinco años. “España es el país donde más ha caído la demanda postal en los últimos años, con un descenso de los envíos del 31% en 2012-2017 frente a un promedio [europeo] del 18%”, apunta la AIReF. También resalta la subida de tarifas, como han hecho otros países, pero objeta que no ha tenido los efectos esperados debido a los descuentos que Correos aplica a los grandes clientes, de mayor cuantía que otras empresas postales de la UE.

Según la Autoridad Fiscal, la compañía recortó su plantilla un 9% entre 2012 y 2017, menos de lo que lo han hecho sus homólogos europeos, pese a que éstos han sufrido una caída de su volumen de negocio menor. De ahí que el informe, primero, recomiende al Gobierno reducir la compensación que paga cada año a Correos, sufragando sólo el despliegue de la red en zonas rurales o sólo determinados centros de costes con mayor volumen de envíos o con mayores niveles de eficiencia. Y segundo, que la empresa se mueva hacia “mercados distintos y muy competitivos como la paquetería urgente”.

Además, los sindicatos mayoritarios acusan a Serrano de prescindir de directivos de la casa y gastarse hasta 60 millones de euros en consultorías. En concreto, en pagar a Deloitte y KPMG, a los que señalan como “responsables intelectuales del desmantelamiento” de Correos. “Ha liquidado hasta el 80% del expertise [experiencia]”, precisan. Por ejemplo, aseguran que la empresa ha tenido tres directores de Recursos Humanos en los últimos cuatro años y que ahora mismo, a punto de negociar el convenio colectivo, el departamento lleva un año sin responsable, pero han contratado a KPMG para que les asesore.

El dirigente de CSIF también critica el cese de “personas con recorrido en la empresa”, pero al mismo tiempo acusa a CCOO y UGT de haber “cogestionado” Correos durante años. “Ponían y quitaban directivos y jefes”, asegura. Venteo atribuye la guerra que han desatado contra Juan Manuel Serrano a una “lucha de poder” después de haberlo perdido.

Para los sindicatos mayoritarios, la política “fracasada” de Serrano, apoyada en “servicios con los pies de barro”, está poniendo a Correos “al pie de los caballos de los operadores privados”, que ganan en cuota de mercado en lo que a las cartas se refiere aprovechando las “debilidades” de la empresa pública. “Llevamos tres años”, lamentan, “intentando poner en evidencia ante el Gobierno y el PSOE la insensatez de los gestores de Correos”. 

Parece evidente. Horas antes de que se conociera que el rey emérito se iba de España comenzó esta entrevista. Irene Montero (Madrid, 1988), ministra de Igualdad, no sabía que iba a ocurrir. Tampoco el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ni ningún ministro de Unidas Podemos. La primera pregunta del cuestionario inicial sobre Juan Carlos I era si debía abandonar el palacio de la Zarzuela. La titular de Igualdad, en una sala de su departamento, con sede en el comienzo de la calle Alcalá de Madrid, pedía ir a lo importante: la ejemplaridad.

Pasó el día, se marchó el emérito y el debate sobre lo importante seguía allí, acaso más abierto que antes por unas formas que molestaron profundamente a los morados. Tres días después, cuando se actualizó por teléfono esta entrevista en lo concerniente a la monarquía (la única parte no recogida en el vídeo), otra conclusión resulta igualmente evidente. El tono de Montero es más suave que cuando el comunicado de la Casa Real acababa de salir del horno. No así el fondo. Para ella, figura indiscutible dentro de Unidas Podemos (quién sabe si futura líder), está "clarísimo" que la república es imparable. Aunque sea un horizonte más o menos lejano.

¿Son suficientes las explicaciones que ha dado la Casa Real sobre la marcha del rey emérito?

La sensación evidente de que hay personas y familias que tienen impunidad y que, además, gozan de una cierta protección de determinados poderes ha generado un gran escándalo y una gran alarma en la ciudadanía. No se ha percibido bien la forma en la que han intentado dar punto y final a un presunto caso de corrupción muy grave. Para la mayoría, el rey emérito debería estar en España para dar la cara ante los ciudadanos y, si es necesario, ante la Justicia. 

La vicepresidenta Calvo dice que lo del emérito no es una huida porque no tiene causas abiertas con la Justicia. Desde Unidas Podemos sí se considera así. ¿En qué quedamos? ¿Por qué se va?

Respeto a la vicepresidenta primera, pero no hay más que ver la prensa internacional. Si se hubiese ido de vacaciones o por cualquier otro motivo, nadie lo habría relacionado con los casos de corrupción

Respeto a la vicepresidenta primera, pero no hay más que ver la prensa internacional. Si se hubiese ido de vacaciones o por cualquier otro motivo, nadie lo habría relacionado con los casos de corrupción que presuntamente ha cometido. De alguna manera, también lo considera así el propio comunicado de la Casa Real.

Los actos del Rey están siempre refrendados por el Gobierno. ¿Cuál es la responsabilidad del presidente? ¿Es “cómplice” o responsable de esa “huida”, como denuncia Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos?

El presidente Sánchez ha respondido como ha considerado. Como bien sabes, no ha sido una decisión que hayamos tomado en el marco de la coalición. Creo que debo ser respetuosa con las decisiones que toma Moncloa y esa pregunta debe responderla el propio presidente.

¿Debe haber más explicaciones, por ejemplo de Calvo en el Congreso?

Las explicaciones nunca sobran. Más en un caso como este. El propio emérito debería estar en su país para darlas y rendir cuentas. El Gobierno está permanentemente disponible.

Hay quien cree que ante la imposibilidad de abrir un debate de verdad sobre la forma de gobierno por falta de mayorías, la discrepancia que tienen Unidas Podemos y el PSOE es sobre todo retórica y declarativa. ¿Reconoce que Unidas Podemos no tiene capacidad para influir en prácticamente nada sobre este asunto?

España tiene un horizonte republicano clarísimo, empujado especialmente por las generaciones más jóvenes que entienden que todas las instituciones del Estado deben ser elegidas. Es una cuestión de democracia. Ese debate social sobre para qué sirve la monarquía y si sería mejor una república es imparable. La cuestión ahora no tiene que ver sólo con ese debate, sobre el que el como Gobierno tenemos la responsabilidad de ser sensibles. En lo más inmediato hay una necesidad de ejemplaridad y limpieza de las instituciones. Estamos en una situación muy difícil, con una crisis sanitaria complicada y una dura de tipo económico. Ante ella, las instituciones tienen que arrimar el hombro, no contribuir a dar una imagen bochornosa a nivel europeo, como la monarquía.

Sobre lo concreto, lo que depende del Gobierno, ¿impulsará el Ejecutivo una reforma para que se pueda conocer el patrimonio del jefe del Estado, como ocurre con el de más de 70.000 cargos públicos de este país? ¿Lo pedirá Unidas Podemos?

No forma parte específicamente del acuerdo de Gobierno, pero yo tengo clarísimo que la limpieza y la transparencia de las instituciones es fundamental. Muchas veces mi grupo parlamentario lo ha defendido y reclamado. Todo lo que ahonde en la transparencia es positivo.

¿Lo pedirán o promoverán en el seno del Gobierno?

Cuando tengamos propuestas como Gobierno, las haremos saber. Todo el mundo puede imaginarse la postura que defenderemos.

¿Debe Juan Carlos de Borbón perder sus honores como rey a título vitalicio?

Me parece que el rey va a seguir siendo rey con cierta independencia de lo que pueda decir un real decreto. Por eso es tan importante que dé la cara ante los ciudadanos. Lo que más indigna a la gente no es si tiene o no ese reconocimiento sino que huya del país.

¿Dónde acaban los comportamientos de Juan Carlos I y empieza el conocimiento o incluso la complicidad de Felipe VI?

Conozco muy poco al actual jefe del Estado y no tengo mala opinión personal de él. Pero es imposible separar las acciones del rey emérito de la familia Borbón y de la institución a la que representa. Es una evidencia.

Horas antes de la marcha del rey, cuando se hizo el grueso de esta entrevista, le pregunté si creía que vería el advenimiento de la república y me constestó que es un debate que está muy presente. ¿Los acontecimientos de estos días la acercan o le da argumentos? ¿Ha cambiado su percepción?

¿Para qué sirve la monarquía? ¿Cómo puede España modernizarse y acercarse más a Europa? Creo lo mismo: es un debate que existe, especialmente entre las generaciones más jóvenes, donde es abrumador no sólo el debate sino la posición. Para ellos, la república significa modernidad, fraternidad, igualdad, más feminismo o transición ecológica.

¿Hay una operación o una conspiración para sacar a Podemos del Gobierno?

La hubo para intentar que no llegásemos a gobernar. Ha quedado plenamente acreditado que el PP recurrió a unas cloacas con una pata parapolicial -utilizando y manchando el nombre de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para fabricar pruebas falsas- y una pata mediática. ¡Cuántas horas de tertulias y portadas de periódicos se utilizaron para difundir fabricaciones contra nosotros, y en particular contra Pablo Iglesias! El objetivo explícito era intentar influir en la voluntad ciudadana en unas elecciones y que no gobernásemos.

Hay una diferencia entre que haya a quien no le guste Podemos y cruzar límites legales o utilizar estructuras del Estado. ¿Eso está pasando?

Digo lo que dice la comisión que investigó las cloacas del Estado en el Congreso. Se hizo uso de la Policía y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También hubo una pauta mediática con personas que dicen ser periodistas, pero que han colaborado con esa estructura de cloacas. Me refiero al señor [Eduardo] Inda o al señor [Esteban] Urreiztieta, que salen en los papeles de Villarejo.

"Mientras se investiga a Podemos hay muchas horas de tertulia, una gran cantidad de portadas... Pero después, cuando eso se archiva... silencio"

La gestión del partido copa portadas en muchos medios. ¿Ha hecho Podemos lo correcto durante estos años?

Tenemos que ser muy humildes. Somos una fuerza política que nació hace seis años con una construcción organizativa muy débil, que muchas veces ha abierto en canal disputas de poder y peleas internas. Otros partidos las tienen, pero no las muestran como nosotros. Siendo importante reconocer los errores, creo que no justifican que existan unas cloacas del Estado. Probablemente Podemos sea la formación política más investigada. Tenemos querellas archivadas por decenas. Curiosamente, mientras se está investigando, hay una gran cantidad de horas de tertulia, una gran cantidad de portadas insinuando o afirmando ilegalidades, supuestas cajas b... Pero después, cuando eso se archiva, no volvemos a hablar del tema.

¿Es desaconsejable desde el Gobierno, un Ministerio o una Vicepresidencia criticar constantemente la labor de la prensa y a periodistas concretos?

La relación entre la política y los medios de comunicación tiene momentos mejores y otros de tensión. La función de los periodistas es conseguir informaciones y, a veces, ofrecer enfoques que a un determinado político pueden no gustarle. Eso es consustancial a la democracia. Pero hablamos de otra cosa. Hay una estructura mafiosa que utiliza el poder que tiene para tratar de acabar con el adversario político y cambiar la voluntad de los ciudadanos en las urnas. Eso trasciende la relación de los medios con la política y daña a la propia democracia.

¿Teme que lo que está trascendiendo sobre la abogada Marta Flor y la polémica en torno al caso [de Dina Bousselham] pueda perjudicar al caso Villarejo en otras piezas muy importantes, como la del BBVA o Kitchen, sobre [Luis] Bárcenas?

No me cabe duda de que es la intención de muchas personas. Después de meses diciendo que Pablo Iglesias rompió la tarjeta [SIM del teléfono de Bousselham], se ha comprobado que es mentira y ya no se ha vuelto a hablar de ello. Estaba intacta y, de repente... silencio. No es muy difícil imaginarse a quién le puede interesar que termine perjudicando a la investigación judicial de las cloacas del Estado. No me cabe duda de que es la intención de mucha gente poderosa.

"Yo creo a Marta Flor"

Se ha archivado la querella contra José Manuel Calvente, antiguo abogado de Podemos, por acoso a Marta Flor. ¿Sigue pensando que ese acoso existió?

Yo creo a Marta Flor. A la vista de lo que se ha publicado en los medios de comunicación, ninguna mujer se querría ver en una situación como la que se vio ella.

¿Tiene que escoger el PSOE entre ERC y Ciudadanos para los Presupuestos?

"Necesitamos unos Presupuestos progresistas. Se consiguen con la mayoría que hizo posible este Gobierno de coalición"

Estamos en un Parlamento muy fragmentado y eso no tiene por qué ser algo malo. La democracia es pactar, dialogar y buscar fórmulas de consenso. Las políticas que tocan en España no son las de 2008, regresivas o de contención del gasto público sino unos Presupuestos expansivos en línea con lo que está haciendo Europa: inyectar dinero para que la economía se reactive, diversificar el modelo productivo o tener muy en cuenta que no podemos seguir dependiendo de un mercado internacional feroz. Por tanto, necesitamos unos Presupuestos progresistas. Se consiguen con la mayoría progresista que ha hecho posible que este Gobierno de coalición exista. Soy consciente de que el PSOE va a buscar a Ciudadanos y a la derecha, pero a Unidas Podemos, que también formamos parte del Gobierno, no nos van a encontrar en una estrategia de blanqueamiento de quienes pactan con la extrema derecha.

¿Avala el acuerdo europeo la derogación de la reforma laboral?

Lo que avala o indica es que el acuerdo de coalición está más vigente que nunca, incluyendo los aspectos que hablan de dignificar nuestro mercado de trabajo y, por tanto, de derogar una reforma laboral que todo el mundo reconoce que es lesiva para los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras.

"La geometría variable no funciona"

¿El PSOE tiene que escoger entre ERC y Ciudadanos o se trata más bien de lograr que los Presupuestos sean aprobados con uno de los dos?

Es bueno acudir a los ejemplos prácticos como los acuerdos de reconstrucción. Demuestran que la geometría variable no funciona. Hay materias como la violencia machista en la que es necesario llegar a acuerdos de Estado. Pero los Presupuestos no son eso, porque incluyen una mayor o menor inversión para la sanidad pública o una fiscalidad más o menos progresiva. Son la política nuclear de un Gobierno.

Ya sabe que Iván Redondo, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, habla de geometría total o geometría absoluta.

Creo que eso ha demostrado ser poco eficaz. A Unidas Podemos no nos van a encontrar en una estrategia de blanqueamiento o de justificación de una derecha que está gobernando gracias y con la extrema derecha en este país.

Se ha dicho que el coronavirus no entiende de clases y, desde el Gobierno, que del covid-19 salimos unidos y más fuertes. ¿Cómo sale de la crisis la igualdad entre hombres y mujeres?

Es indudable que la crisis entiende de clase y también de género, como dicen todos los organismos internacionales. A quien más golpea es a las mujeres, especialmente a las que ya partían de una situación de mayor precariedad o vulnerabilidad en aspectos como las violencias machistas. También en el ámbito laboral. Las mujeres son las que han sufrido más las consecuencias negativas del teletrabajo, ocupándose más de los niños y niñas mientras sus parejas varones salían fuera. Pero también fregar, planchar, hacer la comida y la compra. De las administraciones públicas depende que salgamos con perspectiva de género porque, si no, el peso de esta crisis la van a volver a soportar las mujeres. Si a alguien no le convence lo que estoy diciendo, puede ver cómo salimos de la de 2008.

¿Teme que con la vuelta a la normalidad haya más asesinatos machistas?

Cuando se declaró el estado de alarma, lo primero que hicimos fue garantizar que la atención a víctimas de violencia de género era un servicio esencial. Éramos conscientes de que en el confinamiento se podían multiplicar las situaciones de violencia, sobre todo entre convivientes. Los datos nos demuestran que tomamos decisiones adecuadas. Las formas de comunicación que más se han utilizado son aquellas que podemos llamar silenciosas.

Desde que tomaron posesión, hemos visto algunas medidas en favor de la igualdad, como un reciente acuerdo con los sindicatos, el anuncio de una ley de cuidados o el ingreso mínimo vital. Pero en cuanto a la violencia machista, el grado de cumplimiento del Pacto de Estado es muy bajo y la cifra de mujeres asesinadas sigue siendo inaceptable pese a que la ley está en vigor desde 2004. ¿Cuándo se convertirán los pasos en la buena dirección en avances tangibles?

Habrá diferentes hitos, aunque somos muy conscientes de que nunca va a ser suficiente mientras haya un asesinato machista. El Pacto de Estado tiene unos compromisos económicos insuficientes para muchas feministas, pero es un avance indudable. Creo que en los Presupuestos Generales del Estado se tiene que notar la inversión para que todas las administraciones lo implementen. La aprobación de la Ley de Libertades Sexuales será otro hito importante, heredera de la de 2004, que ya fue pionera en España y en el mundo. Necesitamos, por tanto, que haya un reconocimiento legal de todas las formas de violencias machistas, que el Código Penal reconozca que solo sí es sí para transitar hacia un modelo con el consentimiento como centro. También necesitamos un sistema de atención integral a las víctimas y un mejor reparto de los fondos. Hay que institucionalizar el Pacto de Estado, mejorar las formas, las dinámicas y los marcadores que nos permiten saber a qué nivel se están cumpliendo los diferentes puntos del acuerdo.

"Hay un verdadero riesgo de involución en la lucha contra la violencia machista. Los derechos siempre son reversibles"

¿Hay riesgo de involución en la lucha contra la violencia de género?

Estamos en un momento en el que el avance del movimiento feminista en España y en el mundo ha tenido una respuesta reaccionaria. En España está encabezada por la tercera fuerza política del Parlamento. Hay un verdadero riesgo de involución. Los derechos siempre son reversibles. Son conquistas con el sudor, con la sangre y muchas veces con la vida de miles de personas que han luchado antes que tú. Si la ciudadanía no los defiende, claro que pueden retroceder

¿Por qué está dividida la izquierda sobre la ley trans que prepara su Ministerio?

"Imagínate lo que supone para una persona trans entrar a la consulta de un médico por un nombre que no es el suyo. Es muy difícil"

El movimiento feminista y la izquierda siempre han tenido muchos debates. Lo que nos corresponde como Gobierno es cumplir con el acuerdo de coalición y con una ley de garantía integral de los derechos LGTBI, pero no sólo eso. Necesitamos prestar especial atención a la problemática que sufren las personas trans, muy castigadas por el hecho de serlo. Un 85% de las personas trans no tiene acceso al empleo. Sufren discriminación en muchos ámbitos, como el sanitario, porque ni siquiera se entiende su situación. Imagínate lo que supone para una persona trans entrar a la consulta de un médico por un nombre que no es el suyo. Imagínate lo que es para muchos o muchas adolescentes trans enfrentarse a las burlas o a la incomprensión en su cole o en su instituto. Es muy difícil. La función de la administración pública es garantizar derechos. El feminismo, y las mujeres como su sujeto político, ganamos cuando hacemos ver que nuestras propuestas no sólo sirven para mejorar la vida de las mujeres sino de hombres y de mujeres y también de personas que se identifican con lo no binario.

El debate está siendo feroz en algunos ámbitos y alude a la esencia propia de qué es ser hombre o mujer. ¿Existen los hombres y mujeres más allá que como un concepto o un sentimiento al que uno se puede adherir?

Respeto mucho el debate. Y voy a entrar en él, pero quiero dejar claro que la existencia de las personas trans es una realidad. El género que se les asignó al nacer no es con el que se identifican. Eso no está sujeto a debate y, por tanto, mi obligación como ministra es garantizar sus derechos. ¿Existen los hombres y las mujeres? ¿Qué es ser hombre y mujer? ¿Cómo se conceptualiza en las diversas teorías el binomio sexo-género y cómo se traslada a los derechos y políticas públicas? ¿Cuál es el nivel de hormonas que tenemos que tener para ser consideradas hombres o mujeres? ¿Cuánta talla de pecho tenemos que tener para ser hombre o mujer? ¿El sexo son sólo los genitales externos o es también el nivel de hormonas tradicionalmente consideradas por la biología masculinas o femeninas? ¿Es el sexo algo genético? Ese debate es muy interesante. No es nuevo en el movimiento feminista, pero quizá nos aporte una visión poco útil a la hora de diseñar políticas públicas. Lo cierto es que todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, sufren discriminaciones propias que no sufren los hombres.

"El debate sobre qué es ser hombre o mujer quizá nos aporte una visión poco útil a la hora de diseñar políticas públicas"

Por tanto, ¿cuando una persona nace con genitales considerados femeninos debe ser registrada como una mujer?

Lo que plantean todos los consensos internacionales, desde la ONU a la propia UE, es que aquellas personas que no se identifican con el género del sexo que se les ha asignado al nacer puedan hacerlo con el que sienten. Y que eso se haga sin la patologización, es decir, sin la mediación de un proceso de hormonas que tiene efectos durísimos para el cuerpo. Yo no creo que eso cuestione los derechos de las mujeres.

¿Cómo se imagina la manifestación del 8-M del año que viene?

Creo que va a depender mucho de la situación sanitaria en la que nos encontremos, pero el movimiento feminista encontrará las maneras y las formas de que sea una movilización multitudinaria y una nueva demostración de fuerza. Me preguntabas por los derechos trans o qué es ser mujer, pero yo creo que los debates centrales ahora mismo en España y a nivel mundial tienen que ver con el reparto de la riqueza, del tiempo y de los cuidados. No habrá igualdad real hasta que acabemos con todas las violencias machistas, hasta que dejemos de cobrar un 21% menos por el hecho de ser mujeres, los cuidados sean tareas que compartimos en igualdad con los hombres o la mayoría de las trabajadoras del hogar, de la limpieza o de las profesiones sanitarias no sean mujeres. Hasta que no tengas más posibilidades de ser pobre o de caer en pobreza por el hecho de ser mujer.

¿Cómo ve el drama de las residencias? ¿Cómo debe cambiar el modelo? ¿Por qué la izquierda, que defiende la sanidad y educación públicas, no defiende las residencias públicas?

"Felicito a infoLibre y la maravillosa investigación que explica las bases del problema de las residencias: un amplísimo porcentaje están privatizadas"

Somos una sociedad que lleva demasiado tiempo sin preocuparse mucho ni de sus mayores ni de sus niños y niñas. Nos olvidarnos de que seremos mayores y que los mayores son los que han hecho posibles nuestros derechos. Por tanto, hay que cuidarles. Creo también que es muy importante felicitar a un medio como infoLibre. Sobre las residencias habéis hecho una investigación maravillosa explicando una de las bases del problema. Un amplísimo porcentaje están privatizadas a través de las concesiones o gestionadas desde lo privado. Ni es eficiente económicamente ni aporta bienestar a nuestros mayores, sobre todo cuando se trata de fondos de inversión, corruptos que quieren hacer dinero de lo que debería ser un derecho, empresas que trabajan en muchos más ámbitos o con sedes en algún paraíso fiscal, como DomuVi.

Los cuidados en tu vejez son un derecho y tienen que ser garantizados desde lo público. Ese debate tiene que tener traducción en el tipo de Presupuestos que hagamos. Los modelos nórdicos, por ejemplo, transitan más hacia la atención domiciliaria y que la persona se encuentre en su ciudad, en su barrio y con su red social. Tenemos que plantearnos seriamente la economía de los cuidados como un vector de desarrollo democrático, en igualdad y también económico. Puede generar muchos empleos que además revierten en la comunidad muy rápido. Los cuidados en la vejez no pueden ser un negocio o, al menos, no en detrimento de la garantía de ese derecho.

¿Debería cualquier administración que concierte esos servicios saber quién es el dueño último de las empresas?

Eso es un derecho de la ciudadanía.

Que ahora no se cumple.

Lo que sorprende es la opacidad y que no podamos saber cuántas residencias están gestionadas por Florentino Pérez o por DomusVi.

En infoLibre publicamos recientemente que usted y su pareja sufren un escrache diario en su domicilio particular desde hace más de dos meses. ¿Cómo le está afectando? ¿Cómo ha cambiado su opinión de lo que es un escrache?

A la política una viene llorada de casa. La parte más personal la voy a dejar de lado. Llevamos ya muchos años, pocos pero intensos, en los que nos hemos dado cuenta de que con nosotros valen cosas que con el resto, no. El hecho de ser una formación política que no le pide un euro a los bancos, que no tiene puertas giratorias, que dice las cosas, que cumple lo que dice, que podrá cometer muchos errores, pero que no se puede comprar…. Hemos demostrado que en este país se podían hacer mucho que todo el mundo decía que era imposible. La moción de censura, el Gobierno de coalición, el salario mínimo vital… Contra nosotras vale todo, pero insisto: yo vengo llorada de casa. Eso sí, no sé si alguien me puede poner un ejemplo de un escrache que haya durado más de unas horas.

"Los escraches son legítimos. Lo que pasa en la puerta de mi casa es otra cosa. Va por la semana 11"

Lo que está ocurriendo en las puertas de mi casa es otra cosa. Los escraches son movilizaciones puntuales que están avaladas por la judicatura de nuestro país como una forma de protesta legítima. Puede ser desagradable, puede merecer censura social, pero es legítimo. Quiero dejar claro que la forma de protesta social que los afectados por la hipoteca han utilizado en este país para reivindicar una ley de vivienda justa no tiene nada que ver con esto. Lo que está pasando a las puertas de mi casa va por la semana 11.

¿Se ve asumiendo más responsabilidades en su partido o en el Gobierno?

No estoy reflexionando mucho sobre el futuro porque tengo un presente muy intenso. Tengo tres hijos muy pequeñitos a los que procuro dedicar todo el tiempo en el que no estoy trabajando. Me gusta tener una maternidad presente en sus vidas. He sido madre porque quería y quiero cuidarles. Además, tengo una responsabilidad ministerial y una responsabilidad en la dirección de mi formación política. Y creo que tengo suficiente. Sí pienso que la política institucional no es algo para toda la vida y más con el nivel de exposición que te tengo yo o mi pareja. Eso es temporal. La política, no.

En los últimos años, se ha extendido en el mundo la organización de acciones preparadas que buscan simular una crítica directa de la ciudadanía hacia algún líder en concreto. La técnica ha tenido especial profusión entre formaciones de clara inspiración populista que buscan difundir la imagen de un político perseguido por el pueblo. No cabe ataque más directo: un representante democrático reprendido por los electores. La plasmación práctica más extendida de esta estrategia son los conocidos como escraches.

En origen, este tipo de actuaciones que parece que tuvieron su punto de origen en Argentina en la década de los 90. Nacieron como una forma de expresión de colectivos desfavorecidos que reivindicaban públicamente una protesta ante un poder superior inaccesible para ellos por métodos ordinarios. Como explica el sociólogo y especialista en comunicación política, David Redolí, "solía tratarse de personas muy vinculadas a organizaciones como una ONG, una plataforma de afectados o una formación política y que tienen que tener mucha implicación y compromiso con el movimiento que lo está promoviendo".

Pablo Iglesias e Irene Montero, escrachadosescrachados

En el caso español, recientemente, ha tenido especial repercusión el escrache mantenido alrededor de la vivienda privada de Irene Montero y Pablo Iglesias. Los promotores de la iniciativa han sido identificados incluso como cargos públicos de Vox. La excepcionalidad del acoso tiene que ver con la reiteración en la acción que abre la duda de donde termina una libre muestra de protesta y donde empieza un acoso organizado que violenta el círculo de intimidad de una familia y su vecindario. El peculiar exceso que ha supuesto esta protesta reivindicativa que busca expulsarles de su residencia, tal y como han afirmado públicamente algunos de los asistentes habituales, lleva a plantearse si debe existir algún tipo de límite en esta práctica.

Para Antoni Gutiérrez Rubí, experto en comunicación política y asesor de Ideograma, "los escraches, como práctica de agitación y acción política, deberían descartarse porque es muy difícil marcar la línea entre la libertad de expresión y la persecución o la invasión en la privacidad". Gutiérrez Rubí mantiene que "desde el punto de vista de una sociedad democrática, el señalamiento a una persona por el simple hecho de ser quien es, es algo que no deberíamos aceptar".

Los detractores de Iglesias y Montero alegan que ellos también promovieron escraches antes de estar en el gobierno y los defendían como práctica democrática. Entienden que, de alguna manera, supone que sufran en su propia experiencia lo que ellos han incitado y protagonizado en otras ocasiones. Resulta más que evidente que si alguien pretendía compensar acciones realizadas con anterioridad, en este caso, hace ya mucho tiempo que las sobrepasaron ampliamente. Antoni Gutiérrez-Rubí entiende que "los políticos también tienen derecho a cambiar y a evolucionar y parte de ese derecho también es su obligación: tener la capacidad de evolucionar, cambiar y adecuarse. Esto no necesariamente significa una contradicción sino la aceptación de que ahora lo ven de otra manera".

La política busca el foco mediático

Uno de los grandes problemas que suelen tener las formaciones políticas es el de cómo atraer a los medios para que presten atención a sus iniciativas. Es habitual que los periodistas sean reacios a hacer simple seguidismo informativo de aquello que los partidos desean. Básicamente, el problema radica en que los líderes lo que pretenden es que el mundo de la comunicación se limite a extender sus mensajes para hacerlos llegar al mayor número posible de ciudadanos. Que hagan de altavoces de sus declaraciones.

De manera natural, los periodistas son contrarios a limitarse a reproducir aquello que los partidos quieren. Hay una evidente diferencia entre la información y la propaganda. De alguna manera, en política el trabajo de la prensa en muchos casos consiste en filtrar la publicidad para convertirla en noticia. Es decir, eliminar los elementos de pura venta electoral y extraer la parte que tiene auténtico valor informativo. Lo mismo ocurre con los electores. Su interés por la política no es el de atender a mensajes publicitarios lanzados por cada formación. Lo que suelen buscar es conocer la realidad de lo que cada formación piensa realmente y entender cómo pretende llevarlo a cabo. Aplicado a los escraches, el expresidente de ACOP, David Redolí, mantiene que los medios no deberían darles cobertura a los escraches porque esa es la única manera de neutralizarlos. Su principal objetivo es tener gran impacto mediático y si no lo tienen acabarán diluyéndose".

Un doble juego de mutua persecución

En realidad, alrededor de este tipo de técnicas, se abre un curioso juego de doble persecución mutua. Por un lado, los periodistas van detrás de los políticos en busca de noticias. Pero, por otra parte, también se produce el efecto a la inversa. Los diferentes grupos ideológicos intentan desesperadamente atraer la atención de los medios hacia ellos. Necesitan que los focos les coloquen en el centro del escenario para poder trasladar públicamente sus mensajes. En opinión de Antonio Gutiérrez Rubi, "Los escraches están sobrerrepresentados en los medios", aunque reconoce que al final "siempre se llevan la fotografía porque son un elemento muy atractivo para ellos".

Aunque muchos no seamos conocedores del mundo de la caza, todos hemos visto en alguna ocasión una escena similar. Sucede cuando se usan perros entrenados que buscan piezas escondidas a las que atacan para que intenten escapar. En ese momento, se ponen a tiro de los cazadores que pueden alcanzar el blanco sin ningún tipo de barrera. En la jerga profesional de la comunicación política anglosajona, se ha acuñado un término que asemeja esta situación a una práctica habitual en el uso de los medios. La técnica se bautizó como Bird Dogging. Se refiere a la caza de pájaros utilizando perros para obligarles a volar y poder abatirlosBird Dogging. En el mundo de la política, esta estrategia se plasma en la provocación de algún tipo de incidente alrededor de algún líder político. A la vez se garantiza que tenga lugar ante la presencia de los medios de comunicación que, con total seguridad, le prestarán máxima atención. Se trata de provocar una noticia que inevitablemente va a ser recogida por los medios. El ideal, siempre será que tenga una cierta espectacularización que garantice su difusión posterior a través de las televisiones y las redes sociales.

El Bird-dogging constructivo y el destructivoBird-dogging

Hay una larga tradición en el uso de esa técnica. En algunas ocasiones, las menos, puede promoverse el Bird-dogging con intención positiva. Es decir, es el propio protagonista el que prepara alguna escena para sí mismo. Son fáciles de recordar casos de políticos que aparecen disfrazados en algún acto público para llamar la atención de las cámaras o que convocan a la prensa en algún lugar inesperado para buscar una imagen que despierte el interés mediático y de la audiencia.

Hay un factor clave que a menudo se escapa a la atención de los medios y a la valoración de los ciudadanos. El Bird-dogging supone una simulación de una acción natural.Bird-dogging El escrache suele ser tan falso como pueda serlo una escena de una serie que vemos a continuación del telediario. El problema es que no suelen advertirlo. En realidad, la noticia, si es que debe recogerse, debería siempre informar no sólo de quien lo ha recibido como, sobre todo, de quien lo ha organizado. El escrache se considera legalmente un ejercicio de libertad de expresión. También debería ser libertad de información dar a conocer la organización premeditada de una escena de acoso a cualquier ciudadano.

El riesgo de una mala utilización

Al final, como toda estrategia de batalla política, la cuestión clave está en determinar su eficacia ¿Es realmente útil acosar a un responsable político? ¿Para qué sirve? ¿Tiene algún tipo de riesgo? El sociólogo David Redolí cree que "estas acciones logran un gran efecto de notoriedad, pero tienen dos grandes problemas: uno, que señalan al entorno, familia, vivienda y vecinos de la persona a la que quieren señalar y lo segunda es que esa persona tiene derecho a la presunción de inocencia". Por su parte, Gutiérrez Rubí defiende la idea de que "la eficacia política del escrache es limitada porque la ciudadanía en general rechaza la intimidación, la persecución y el señalamiento a las personas, aunque por otro lado los representantes públicos tienen que asumir que un cierto grado de contestación y rechazo público a su actuación les viene en el cargo".

El ejemplo del desmedido y abusivo escrache a Irene Montero y Pablo Iglesias por parte de la extrema derecha puede marcar en España un antes y un después. El Bird-dogging, como toda técnica de presión mediática, tiene su riesgo en la falta de una mínima mesura y puede acabar por tener un efecto contrario al originalmente perseguido. Es posible que a algunos pertinaces odiadores de la militancia ideológica pueda servirles de terapia para dar salida a sus insanos sentimientos. Por el contrario, con total seguridad, para la mayor parte de la población el violento acoso sufrido puede acabar por despertar cierto grado de simpatía hacia los escrachados por un mínimo efecto de solidaridad. Más que ante una cuestión ideológica, nos encontramos, como tan a menudo ocurre en la política actual en todo el mundo, ante un combate de pulsiones emocionales. Tal y como resume David Redolí: "Los escraches tienen mucho que ver con las tripas, con las emociones, se basan en llevar la política a un plano muy emocional y visceral".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este martes que las protestas frente a su domicilio en las que participa una concejal de Vox en Galapagar no son escraches, sino acoso enmascarado en el que participan militantes de extrema derecha. En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', recogida por Europa Press, Montero ha sostenido que "compara a afectados por la hipoteca" con simpatizantes de este espectro político "no tiene nada que ver" y es, incluso, "osado".

"Los escraches son una forma legítima de reivindicación, y después está acudir a diario durante más de un mes a casa de un político, en este caso un vicepresidente y una ministra, a decir que no van a parar hasta que nos vayamos a vivir a Venezuela", ha lamentado. En este sentido, la titular de Igualdad ha insistido en que la dirigente de Vox y el resto de personas que acuden a su domicilio no se congregan porque tengan una reclamación política que quieran trasladarle, sino porque su intención es "no parar" hasta que abandonen la casa.

"Creo que puede ser constitutivo de delito", ha opinado Montero, que ha explicado que "hará unas cinco semanas" desde que comenzaron las visitas frente a su hogar. "Ponen música. Antes con cacerolas, ahora no", ha añadido. Así, Montero ha calificado de "inexplicable" que haya personas que asistan día tras día a su casa sin ninguna motivación política. "Esas manifestaciones de odio y tanta rabia lógicamente forman parte de un escenario de confrontación, son conocidos militantes de extrema derecha, ni siquiera del municipio o de la zona", ha insistido.

En esta línea, la ministra ha explicado que ella misma ha "defendido el derecho de manifestación y de reunión", pero que "otra cosa diferente es intentar enmascarar el acoso y la rabia" de estas personas "como una protesta legítima". Por último, Montero ha reconocido que intenta que su familia, y en especial sus hijos, "sean felices y vivan de la forma más normal posible". "Que no sufran las consecuencias negativas de las decisiones de sus padres, en este caso de querer participar en política y querer cambiar las cosas", ha zanjado.

Una decena de activistas de Stop Desahucios ha irrumpido en un acto de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el distrito de Moratalaz donde estaba manteniendo un desayuno con vecinos al grito de "No toleramos ni un desahucio más", según informa Europa Press.

Los activistas portaban carteles sobre el caso de los desahucios en el número 11 de la calle Argumosa o censuraban que se hayan producido 60.000 lanzamientos durante el año pasado en el conjunto del país, a la par que proferían pitos y gritos como "Botella desahuciaba, Carmena también". Además, llevaban una pancarta de grandes dimensiones con el lema "Carmena, cómplice de los desahucios" y otros carteles que recriminaba la presencia de agentes de Policía Municipal de Madrid o que "Un albergue no es una alternativa habitacional".

Ante la movilización de los activistas, la propia alcaldesa se ha levantado a conversar con los manifestantes y pedirles que le dejaran hacer el acto y emplazarles a mantener una reunión para atender sus reivindicaciones. Uno de los miembros del colectivo Stop Desahucios le ha dicho que no quieren palabras sino acciones para evitar los desahucios, manteniendo el grupo su actitud de protesta. "Queremos que se paren los desahucios", ha remachado.

Carmena ha emplazado a estas personas que, como "buenos demócratas", le permitieran continuar con el evento y les ha recordado que ha mantenido anteriormente reuniones con estos colectivos para hablar de sus peticiones. "He escuchado vuestros planteamientos", ha enfatizado la alcaldesa para recalcar que la "democracia es escuchar a unos y a otros". Ante la negativa a desistir de su protesta, Carmena se ha dirigido a los presentes para decir que "siempre" va a haber gente a la que no le guste su gestión y resaltar que "lo importante en democracia" es que "nunca se impida escuchar". "Nunca dispuestos en democracia a romper actos", ha apostillado.

Los asistentes al encuentro con Manuela Carmena han aplaudido su intervención y le han dado su apoyo al grito de "alcaldesa". En el lugar se encontraban cinco agentes de Policía Municipal de Madrid, pendientes de que no se produjeran altercados.

Uno de los portavoces de los activistas que han irrumpido en un acto de la alcaldesa en el distrito de Moratalaz ha señalado que no pertenecen a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y que querían trasladar que, a su juicio, la regidora "no ha hecho nada" contra los lanzamientos durante la legislatura. Así lo ha detallado a los medios de comunicación Jorge Jiménez, que pertenece al colectivo Distrito 14 y ha recalcado que esta protesta surge por un grupo de vecinos que exigen la paralización de los desahucios en Madrid y que entiende que Carmena es "cómplice" de esta situación.

A su juicio, Carmena simplemente se ha dedicado a dar alternativas temporales por "poco tiempo" y que eso "no es una alternativa ni es nada", para censurar el papel del Consistorio en los desalojos de Argumosa 11 así como las declaraciones de la regidora en las que, en su opinión, restaba responsabilidad a las entidades financieras en los desahucios. "En cuatro años no ha ofrecido ninguna alternativa ni ninguna solución", ha remachado Jiménez para opinar también que Carmena "ha negado la realidad" de los desahucios durante esta legislatura y ha desplegado medidas, como la Oficina de Intermediación Hipotecaria, que "no han servido para nada".

Este mismo miércoles, los candidatos de Ciudadanos y PP, Begoña Villacís y José Luis Martínez Almeida, padecieron en la Pradera de San Isidro un escrache por medio de activistas antidesahucios. Villacís acusó a "los amigos de Carmena y Colau" de organizar esta protesta que, según la líder municipal naranja ha sido un "acoso". "Si creen que nos vamos a amedrentar, no es así", ha aseverado la portavoz municipal. Además, ha recordado a este colectivo que en Madrid ha habido 12.000 desahucios, y "se han producido en una ciudad gobernada por Manuela Carmena". "A ver si van a una caseta más adelante y se lo recuerdan", ha lanzado la líder municipal de la formación naranja.

La candidata del PP por Barcelona a las elecciones generales, Cayetana Álvarez de Toledo, ha salido este jueves del acto en el campus de la UAB, mientras seguían concentrados los más de 200 estudiantes que habían intentado impedirle la entrada. Los concentrados han arrojado botes de humo contra la candidata y sus acompañantes, aunque no han sido alcanzados.

A las 15.20 ya se habían dispersado los concentrados, tras salir los asistentes al coloquio de la entidad S'ha Acabat!; entre ellos, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández; los candidatos a la Alcaldía de Barcelona Josep Bou (PP) y Manuel Valls (independiente apoyado por Cs), y la eurodiputada Maite Pagazaurtundua.

Han salido por la misma puerta por donde habían entrado, pero esta vez, no en dirección hacia los concentrados en la Plaza Cívica, sino hacia un aparcamiento, inaccesible para los concentrados porque les separaba un cordón de Mossos d'Esquadra. Al salir, los concentrados han encendido botes de humo y los han lanzado en dirección a los asistentes, que estaban a casi 20 metros de distancia, y con el cordón policial de por medio, y los botes no han alcanzado a nadie.

Han gritado Fuera fascistas de la universidad, Nazis no y Mossos d'Esquadra torturadores, entre otras consignas.

La asistencia de la candidata del PP por Barcelona a un acto en la Universitat Autònoma de Barcelona ha causado tensión cuando más de 200 estudiantes han protestado por su presencia. La candidata ha hecho unas declaraciones antes de entrar en el acto, como estaba previsto, y ha logrado entrar en la sala de la Plaza Cívica junto al líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y el alcaldable de Barcelona, Josep Bou, ayudados por escoltas y Mossos d'Esquadra.

Para acceder ha atravesado entre forcejeos el grupo de estudiantes, lo que ha causado los momentos de más tensión, y una vez dentro, una veintena de Mossos han empezado a custodiar la entrada y ha habido golpes de porra contra algunos estudiantes.

Antes de entrar en el acto, Álvarez de Toledo ha defendido no dar "ni un paso atrás" ante la protesta. "Pijos, reaccionarios, niñatos totalitarios, consentidos, subvencionados, a los que pagamos todos para que secuestren la universidad pública, que es el lugar del debate y la democracia. Ni un paso atrás por nuestra parte", ha añadido.

Y les ha exigido "que vayan a la biblioteca, a leer, a aprender; que aprendan que existen diferencias, opiniones diversas, que eso es la democracia". Ha insistido en que "no forma parte de la normalidad tener que acudir a una universidad pública en una gran democracia europea, del siglo XXI", y encontrarse con esta protesta, que ha tachado de espectáculo dantesco. Les ha acusado de querer secuestrar la universidad y ponerla "al servicio de un proyecto totalitario y nacionalista", ante lo cual ha reivindicado el derecho al debate y a discrepar.

Lo ha afirmado en referencia que había acudido a la UAB para participar en un acto de la entidad S'ha Acabat?, que precisamente se organiza para debatir, y ha expresado su apoyo a la asociación por ésta y otras actividades "en defensa de los derechos civiles y la libertad de expresión", y no ha querido hacer declaraciones más que sobre esta protesta.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha asegurado que es "inadmisible" el "escrache" de los "totalitarios independentistas" que ha sufrido la candidata de su partido por Barcelona al Congreso. "Esto se tiene que parar y como presidente del Gobierno lo voy a parar y lo voy a parar aplicando la Constitución de inmediato en Cataluña", ha manifestado Casado en un acto en Valencia con empresarios, en el que ha denunciado el "apartheid" que sufren los cargos de su partido en Cataluña.

El presidente del PP ha asegurado que "por encima de todo está la posibilidad de salir a la calle, ir a la universidad o abrir un negocio" sin que a una persona le "peguen, la agredan o la intimiden". En su opinión, es "insufrible" que sigan viendo cómo la convivencia entre catalanes "se ha destrozado" y la "prosperidad se ha evaporado".

El candidato a la Alcaldía de Barcelona Manuel Valls (independiente apoyado por Cs) ha afirmado que "hay mucha cobardía en Cataluña y en Barcelona, que mira de lado, que no acepta mirar a los intolerantes", tras el acoso y boicot que ha sufrido esta mañana la candidata del PP por Barcelona Cayetana Alvarez Toledo.

"Entré en el debate catalán y español en septiembre de 2017, como europeo, barcelonés, catalán, español y francés, porque tenía siempre en la mente esa frase del presidente Miterrand en el Parlamento Europeo, que decía que 'el nacionalismo es la guerra'", ha añadido.

La portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha condenado los hechos calificando de "intolerable" este boicot contra los "constitucionalistas".  A través de un mensaje en Twitter, Arrimadas ha afirmado que las "escalofriantes imágenes" de lo ocurrido en la Plaza Cívica de la UAB "son intolerables en una democracia del siglo XXI".

La polémica se traslada al Parlament

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha expulsado este jueves al diputado del PP Santi Rodríguez del pleno de la Cámara tras llamarle al orden varias veces durante una discusión. El incidente se ha producido después de que se colase en la sesión del Parlament la polémica por la situación de acoso sufrida esta mañana en la Universidad Autónoma de Barcelona por la cabeza del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo.

La controversia ha comenzado durante el debate de una moción, en la que Natàlia Sànchez (CUP) ha mostrado una foto del escrache a Álvarez de Toledo, en la UAB junto a un acompañante con el brazo alzado, lo que ha interpretado como un "saludo fascista".

Tras el debate, la conservadora Esperanza García ha pedido la palabra para replicarle. "Al PP –ha asegurado– siempre nos encontrarán con el brazo y la voz firme para defender la libertad y la democracia y para que no se produzcan hechos como los de la UAB".

Tras ello, ha habido un rifirrafe entre diputados de CUP, PP y ERC y, desde su escaño, Rodríguez ha asegurado a Torrent que les estaban "increpando", pero el presidente le ha recordado que no tenía el uso de la palabra y le ha llamado al orden tres veces seguidas, mientras el diputado hacía gestos de negación con los brazos.

Así, Torrent le ha pedido que saliera del hemiciclo y ha salido de él acompañado de García, dirigiendo unas palabras al presidente del Parlament antes de dejar el hemiciclo. A continuación, el portavoz de Cs en la Cámara, Carlos Carrizosa, ha pedido la palabra por una cuestión de orden y ha tachado de intolerable que "aquellos que apoyan a los grupos que insultan y rompen las sedes insulten a un diputado del Parlament y se expulse al insultado".

"¡Es indignante! ¡Es indignante! Es lamentable que usted expulse a un compañero diputado insultado por los fascistas", ha gritado Carrizosa en referencia a la CUP, y Torrent le ha pedido bajar el tono. La diputada cupaire, que ha vuelto a intervenir por alusiones, ha replicado que su partido sabe que "el fascismo mata y el único compromiso de la CUP con la democracia es el antifascismo".

"Ustedes, hoy, lo que defienden con el brazo alzado lo ha visto todo el mundo. Un nazi al lado de la señora Cayetana Álvarez de Toledo, cabeza de lista del PP. Con su vehemencia desatada están defendiendo este brazo alzado", ha dicho. Carrizosa ha vuelto a tomar la palabra para explicar que este mismo jueves "los amigos de los que han insultado al compañero del Parlament" han agredido a una compañera de su partido a la que han vendado el tobillo por recibir patadas, según ha narrado. El diputado de JxCat Eduard Pujol ha recordado que otro diputado les ha tachado de racistas y xenófobos, y que no han dicho nada, pero ahora no querían estar callados cuando "algunos convierten el Parlament en un espectáculo de taberna".

Por último, el diputado de ERC Ruben Wagensberg, que está en la zona del hemiciclo junto a la CUP y al PP, ha asegurado que no se ha insultado a nadie: "Solo le hemos preguntado si, cuando decía que habían sido increpados, se refería también al que ha levantado el brazo en saludo fascista".

Unos jóvenes del Frente Obrero que se encontraron en la noche del pasado martes con el candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, a su salida del espacio asociativo de la UVA, en Hortaleza, trataron de realizarle un "escrache", como ellos mismos lo han definido, acusando al exdiputado de Podemos y a otros compañeros de "traidores" y culpándoles del auge de "partidos fascistas". "Los obreros votan a Vox por algo", llegan a decirle, ha informado Europa Press.

En un vídeo que se está difundiendo por las redes sociales y que ha adelantado El Español, los jóvenes, que en alguno de los momentos del encuentro explican que son del barrio de toda la vida, empiezan a afear a Errejón su trabajo. "Os habéis ganado un sillón en el Congreso y habéis dejado a los trabajadores en la calle", comienza uno de ellos.

Mientras que Errejón sigue escuchando, continúa diciendo que aparte de poner "carril bici, huertos y otras gilipolleces, la vida de los trabajadores no ha cambiado absolutamente nada". "Os dedicáis a poner parches a un sistema que no se puede parchear, no vais a la raíz del problema y habéis dejado a los trabajadores. La culpa de que haya partidos fascistas es vuestra", añade el joven.

En este punto, Errejón dice que no está de acuerdo con eso, pero apenas puede hablar porque uno de los jóvenes vuelve a interrumpirle para decirle que se han dedicado a "vender humo" y que son unos "traidores".

"Tú luchas de una forma y consigues X", contesta Errejón, a lo que le responde el joven: "Yo lucho por unos principios, vosotros lucháis de una forma oportunista por cuestiones de dinero". Otro añade que la juventud obrera "sigue igual", en las "drogas" y que si los obreros "votan a Vox" es por algo. "Vamos a tener una mierda de futuro", señala.

"¿Y qué proponéis compa?", les pregunta Errejón en tono sosegado, intentado llegar a un entendimiento. "Políticas reales, no sólo salir por la tele, organizar a las familias obreras (...) El problema es que si llegáis vosotros al poder vais a hacer lo mismo, no vais a hacer nada", le espetan.

En otro punto, Errejón les dice que está seguro de que alguno de ellos ha estado a punto de ser multado por la conocida como ley mordaza, momento que aprovecha para decir que "no da igual quién haga las leyes". "Es muy sencillo, a ti te parece que nuestra vía de lucha no sirve para nada y parece que la tuya sirve más, perfecto", termina añadiendo, al ver que no atienden a sus argumentos.

Durante la conversación difundida en las redes, también le reprochan que no hayan acudido "ni una puta vez" al centro de menores de Hortaleza, que se ha llegado a encontrar saturado con menores extranjeros no acompañados durmiendo en colchones en el suelo, e insisten en llamarles "traidores".

Junto con las imágenes que están difundiendo como "escrache", Juventud Frente Obrero asegura que van "a echar" de los barrios "a todos los políticos que se dedican a engañar a los trabajadores y a vender humo, políticos que se lucran a base de la miseria de los trabajadores y que por lo único que miran es por su sillón en el congreso". "Construyamos", concluyen.

La magistrada juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número seis de Llíria (València) absolvió a los cuatro miembros de España 2000 España 2000acusados de amenazar y coaccionar a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, a las puertas de su vivienda, al considerar que la acción desarrollada era "innecesaria" desde el punto de vista de la libertad de expresión pero no constituye ilícito penal, informa Europa Press.

Para la magistrada, esta conducta tendría cabida únicamente en el delito de acoso "pero sólo si tuviera una reiteración en el tiempo", lo que no sucede en este caso, según se señala en la sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El acoso sucede en supuestos donde, sin llegar a producirse necesariamente el "anuncio explícito o no la intención de causar algún mal (amenazas) o el empleo directo de violencia para coartar la libertad de la víctima (coacciones), se producen conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, a la que se somete a persecuciones o vigilancias constantes, llamadas reiteradas y otros actos continuos de hostigamiento".

Por ello, absuelve al asesor jurídico de España 2000 y expresidente de esta formación, José Luis Roberto, y a otros dos hombres y una mujer miembros de este partido, para quienes la fiscal pedía, para cada uno de ellos, 900 euros de multa por un delito leve de amenazas y la prohibición de acercarse a 300 metros de Oltra o, subsidiariamente, la misma condena por coacciones leves. La Abogacía de la Generalitat reclamaba la misma pena pero elevaba la multa a Roberto a los 1.800 euros.

Los hechos ocurrieron el 18 de octubre de 2017, sobre las 21.00 horas, cuando un grupo de personas, algunas de las cuales llevaban la cara tapada con caretas de la película Scream, llegó en coche ante la casa de Oltra, desplegaron una bandera española sobre la que se podía leer "Viva la Unidad de España" y pusieron la canción de Manolo Escobar Que viva España al tiempo que emitían consignas como "Mira, esta es tu bandera" y grababan un vídeo.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha tachado este lunes de "miserables" a los que comparan los escraches que hace años realizaba la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para señalar a políticos, con las "convocatorias" y "amenazas fascistas" que, según ha denunciado, está recibiendo en la casa que acaba de comprar con su pareja, la portavoz parlamentaria Irene Montero, en la sierra madrileña.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso recogidas por Europa Press, al ser preguntado sobre si se arrepiente ahora de las opiniones que manifestó en 2013, cuando dijo que los escraches de los activistas antidesahucios a políticos, muchas veces en sus casas, eran "jarabe democrático de los de abajo".

"Al contrario. Creo que los escraches expresaban en este país a movimientos sociales que estaban pidiendo a algunos dirigentes políticos que no siguieran llevando a cabo desahucios y aplicando políticas de dolor. Quien compara eso con las amenazas fascistas o convocatorias fascistas es un miserable", ha zanjado.

"Estamos comparando hechos diferentes"

Del mismo modo se ha expresado este lunes la coportavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, Noelia Vera, al ser preguntada en concreto por el escrache que sufrió la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. A este respecto, ha asegurado que no tiene nada que ver con "la persecución" a cargo de "fascistas", como a su juicio padece el secretario general de Podemos.

De este modo, Vera contestaba a las palabras de Sáenz de Santamaría, que este lunes recordaba el escrache que sufrió su familia durante 2013: "¿Qué pasa, que nuestros hijos y nuestras madres son de peor condición que la suya?", planteaba en la toma de posesión del nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.

"De su madre, de su padre y de sus hijos no se ha publicado nada. Estamos comparando hechos diferentes", ha defendido Vera en declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press, para incidir en que "ahora mismo en las puertas de la casa de Iglesias y Montero hay asociaciones fascistas que quieren hacer daño" y "eso no le ha pasado a Sáenz de Santamaría".

Convocatorias de barbacoas multitudinarias

Precisamente, el Ayuntamiento de Galapagar este lunes ha dado traslado a la Guardia Civil y a la Delegación del Gobierno de las convocatorias de barbacoas multitudinarias que han tenido lugar a través de Facebook en el chalet que han adquirido Iglesias y Montero en el municipio.

Fuentes municipales han señalado a Europa Press que al tener conocimiento de que se había realizado una convocatoria en Facebook, a la que habrían confirmado su asistencia más de 60.000 personas, se ha informado a la Guardia Civil y a la Delegación del Gobierno "ante las posibles aglomeraciones" que se pudieran producir en la zona.

En cuanto a si la Policía Local había incrementado la vigilancia en la urbanización, a raíz de la colocación de una pancarta en la valla del chalet y de esta convocatoria, han señalado que "no se ha puesto un dispositivo extraordinario" ya que hay uno de vigilancia "por las diferentes urbanizaciones". Por su parte, fuentes de la Guardia Civil han indicado a Europa Press que tampoco se ha puesto en marcha "ningún dispositivo especial".

A su vez, Facebook ha cerrado el grupo que promovió la barbacoa en la casa de los líderes de Podemos, aunque este lunes se ha creado otra convocatoria bajo la denominación Barbacoa en la mansión de Pablo Iglesias e Irene Montero, para el 2 de junio.

El juicio por el escrache que sufrió la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, el pasado mes de octubre se celebrará el 23 de mayo y se sentarán en el banquillo de los acusados el presidente del partido político España 2000 y dos personas más, informa Europa Press.

Así lo ha indicado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha precisado que el órgano encargado del enjuiciamiento será el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Llíria. La vista se celebrará por un delito leve de amenazas contra tres personas que se concentraron en la vivienda particular de Oltra el pasado 18 de octubre.

Se trata del presidente de España 2000, José Luis Roberto, contra el que se dirigía la denuncia interpuesta por la parte perjudicada, y de otras dos personas cuya identidad ha aportado la Guardia Civil después de que en diciembre la jueza pidiera a los agentes que identificaran a los participantes en la protesta que tuvo lugar delante del domicilio particular de Oltra.

La jueza considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito leve de amenazas, castigados con una pena de multa, en el marco del artículo 171.7 del Código Penal, según el cual "el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal".

El día del juicio los denunciados pueden estar asistidos por un abogado si lo desean y acudir con los medios de prueba que consideren oportunos para defenderse, han informado las mismas fuentes.

La Fiscalía Provincial de Valencia abrió diligencias de investigación por este asunto tras recibir una denuncia de la Abogacía de la Generalitat y las remitió al juzgado para que se averiguasen y se depurasen las presuntas responsabilidades.

Tras los hechos, Roberto difundió en su cuenta de la red social un "aviso a navegantes" afirmando que irá al banquillo "con toda la dignidad" y advirtiendo a la vicepresidenta de que si "quiere guerra" la tendrá. "Llegará el momento de aplicar con todo el peso de la ley (...) todas las irregularidades que está cometiendo en su Conselleria", subrayaba.

Al respecto, Oltra censuró el mensaje y afirmó: "Este señor que casi no quiero ni nombrar, es como lo de Voldemort, es una muestra de cuando las posiciones más extremistas se instalan en una sociedad", aseveró en su momento.

Hechos denunciados

El Consell denunció que el día 18 de octubre, sobre las 21.30 horas, un grupo de personas llegó en coche y "encapuchados y/o con caretas de la película Scream" y se concentraron ante el domicilio de la vicepresidenta donde desplegaron una gran bandera española sobre la que aparecía escrito "Viva la unidad de España".

Los concentrados, con un altavoz portátil, emitieron consignas "haciendo sonar un pasodoble seguido del himno de España, mientras grababan hacia el interior del domicilio familia". "Comentaros que estamos en casa de nuestra amiga Oltra de Compromís, hemos venido a poner un poco de música española, para decirle que estamos en España y en la C. Valenciana (dice que pueden ser la marca blanca de la CUP)", recoge textualmente la denuncia, aludiendo a las palabras pronunciadas en el escrache.

La denuncia adjuntaba el vídeo de la acción, que fue difundido a través de una red social de España 2000, y otros más grabados por allegados a Oltra que estaban en el domicilio.

Según el mismo escrito, estos hechos "produjeron una evidente intimidación y desazón" tanto a la vicepresidenta como a sus hijos, que en esos momentos se encontraban cenando en el domicilio familiar, "todo ello con la consiguiente alteración de su convivencia ante el acoso producido".

La Abogacía de la Generalitat Valenciana, a solicitud y previa autorización del presidente, Ximo Puig, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia por el escrache sufrido el pasado miércoles por la noche por la vicepresidenta y consellera, Mónica Oltra, a las puertas de su casa, al considerar que esta acción, que le produjo una "evidente intimidación y desazón", puede ser constitutiva de un delito de acoso u otros como odio o desórdenes públicos.

Así consta en el texto de la denuncia, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la Abogacía relata los hechos ocurridos sobre las 21.30 horas del miércoles frente a la casa de Oltra, cuando un grupo de personas llegó en coche y "encapuchados y/o con caretas de la película Scream"Scream, se concentraron ante el domicilio de la vicepresidenta donde desplegaron una gran bandera española sobre la que aparecía escrito "Viva la unidad de España".

Los concentrados, con un altavoz portátil, emitieron consignas "haciendo sonar un pasodoble seguido del himno de España, mientras grababan hacia el interior del domicilio familia".

"Comentaros que estamos en casa de nuestra amiga Oltra de Compromís, hemos venido a poner un poco de música española, para decirle que estamos en España y en la C. Valenciana (dice que pueden ser la marca blanca de la CUP)", recoge textualmente la denuncia, aludiendo a las palabras pronunciadas en el escrache.

La denuncia adjunta el video de la acción, que fue difundido a través de una red social de España 2000, y otros más grabados por allegados a Oltra que estaban en el domicilio.

Según se señala en la denuncia, estos hechos "produjeron una evidente intimidación y desazón" tanto a la vicepresidenta como a sus hijos, que en esos momentos se encontraban cenando en el domicilio familiar, "todo ello con la consiguiente alteración de su convivencia ante el acoso producido".

Actuaciones similares

El escrito recalca que actuaciones similares se han producido en Valencia en la Fiesta del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat, "protagonizadas por grupos extremistas y que suponen un altercado de la paz social". Estos hechos dieron lugar a la apertura de diligencias de investigación por la Sección Especial de delitos de Odio y Contra la Discriminación de la Fiscalía.

En este sentido, también hace referencia a que en el escrache algunos participantes "no ocultaron su identidad ante las cámaras" y rememoraron "con tono jocoso" la concentración de España 2000 de finales de septiembre ante el Teatre Micalet, un grupo que estaba encabezado por José Luis Roberto, líder de ese colectivo.

Esa concentración, en la que se vivieron momentos de tensión, se celebró frente a la sede donde la plataforma Pel dret a decidir había convocado un acto en favor del referéndum del 1 de octubre en Cataluña.

La Abogacía de la Generalitat pide a la fiscal jefe de Valencia que inicie la investigación de los hechos relatados y "proceda en consecuencia a los efectos de la apertura del proceso penal que pueda corresponder".

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha asegurado este jueves que denunciará el escrache que padeció en la noche del miércoles en su casa por parte de miembros de España 2000, un grupo de extrema derecha, un "episodio de intento de intimidación por parte de unos fascistas", ha dicho, que no tienen cabida en la democracia.

"Ayer vinieron a por mí, pero mañana pueden ir a por cualquiera; si no frenamos al fascismo, al final se apodera de todo y, lamentablemente, en la historia hay ejemplos de esto", ha advertido.

Así se ha pronunciado Oltra en declaraciones a los medios a las puertas de las Corts Valencianes, donde se celebra la sesión de control al gobierno de la Generalitat, en las que ha explicado cómo vivió ese escrache, que a su juicio tenía un mensaje claro: "Sabemos dónde vives y sabemos dónde está tu familia, es un mensaje intimidatorio de que yo sepa que nos pueden hacer daño".

Oltra ha lanzado un mensaje a los partidos políticos, recordando que "las aguas se dividen entre demócratas y no demócratas, ahí está la línea divisoria", y ha instado a realizar una reflexión colectiva: "Ningún partido tiene que alimentar y envalentonar al fascismo, cuando un partido político extrema sus declaraciones, cuando se sitúa en el extremismo político, lo que está haciendo es poner una diana y los fascistas lo que hacen con esa diana es disparar", ha remarcado.

La Guardia Civil abre una investigación

La Guardia Civil ha abierto una investigación por el escrache fascista a Oltra, y está practicando identificaciones. Así lo ha indicado este jueves en una comparecencia ante los medios de comunicación el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, quien no ha concretado el número de identificados.

Varios dirigentes políticos e intituciones han condenado el escrache contra la vicepresidenta del Gobierno Valenciano, Mónica Oltra, en su casa por parte de un grupo de fascistas encapuchados con máscaras de 'Scream'.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter: "Cualquier amenaza o acoso es absolutamente condenable e inaceptable en una democracia. Todo mi apoyo a @monicaoltra".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha expresado su solidaridad con Oltra y ha considerado que los que lo llevaron a cabo "no son patriotas", sino "basura fascista que amenaza y defiende a los corruptos". En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el líder de Podemos escribe: "No son patriotas, son basura fascista que amenaza y defiende a los corruptos. Toda mi solidaridad con @monicaoltra".

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, hablaron ya anoche con Oltra para trasladarle su apoyo y condenar estos actos violentos. Además, en su cuenta de Twitter Moragues señala: "Rechazamos cualquier tipo de intimidación. La tensión en la calle hay que rebajarla entre todos".

Las Corts ha mostrado su "más absoluto rechazo" a la "intimidación sufrida por la familia" de Oltra y el presidente del parlamento valenciano, Enric Morera, añade: "No aceptamos amenazas a ninguno de nuestros diputados. La impunidad de los delincuentes fascistas cada día es más preocupante. Amenaza la vida, los derechos y la convivencia pacífica. Ánimo".

El grupo parlamentario del PP ha mostrado asimismo su "enérgica condena a este tipo de actos, lamentables, traspasando todos los límites. Intolerable" y la diputada del PP Elena Bastidas añade: "Lamentable, estas cosas y más en el ámbito privado. Mi solidaridad con Mónica Oltra y repulsa a autores".

El portavoz del grupo socialista, Manuel Mata, ha mostrado asimismo "muchos ánimos" a Oltra. "No van a poder, no pueden y no podrán. No les tenemos miedo", recalca.

El secretario y portavoz parlamentario de Podemos, Antonio Estañ, le ha mandado un "abrazo cálido". "El fascismo quiere imponer el régimen del miedo. No se lo permitiremos", ha señalado mientras que la síndica de Cs, Mari Carmen Sánchez, ha mostrado "su apoyo" a Oltra por "el escrache sufrido anoche". "Este tipo de acoso es intolerable y flaco favor hacen a la libertad", ha señalado.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, recuerda en su cuenta: "Mónica juntos hemos hecho frente a los poderosos que robaban y destruían. Juntos combatimos el fascismos porque la democracia ganará. Estoy contigo".

Según un vídeo difundido a través de la red social Twitter, alrededor de una decena de personas intimidaron a la líder de Compromís, agrupándose ante su domicilio mientras coreaban cánticos de Viva España y portaban una pancarta a favor de la unidad de España. Iban encapuchados y con las caras cubiertas con máscaras de la película 'Scream'.

El escrache fue retransmitido en directo través del Facebook del partido de extrema derecha España 2000 Valencia bajo el título "Escrache a Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalidad Valenciana por Compromis, partido político que apoya els paisos Catalans". Este video cuenta con más de 9.000 reproducciones.

"Mónica se encuentra mal, conmocionada y escandalizada de que esto pueda ocurrir en Valencia", ha afirmado Ribó. A su juicio, este suceso es preocupante porque supone "una vulneración de derechos constitucionales". La dirigente de Compromís se encontraba en ese momento en el domicilio, acompañada por sus hijos.

Asimismo, ha recordado el ataque de ultraderechistas del pasado 9 de octubre durante una manifestación en favor de la independencia de Cataluña y ha dicho que es "importante" controlar a estas bandas. Por ello, ha pedido al delegado del Gobierno que tome medidas "urgentemente". "Es importante que los delitos de odio se traten a nivel judicial porque no es solo una cuestión policial", sostiene el regidor valenciano.

"Te podemos hacer daño"

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha relatado en una entrevista en la Ser que se encontraba cenando con sus hijos cuando el mayor le dijo: "Mira mamá, hay una fiesta". Oltra, que ya se encuentra "más tranquila", ha alertado no obstante de que "El mensaje era sabemos dónde vives y dónde está tu familia. El objetivo es un mensaje bien claro: sabemos dónde vive tu familia, sabemos cómo podemos hacerte daño".

La dirigente de Compromís ha afirmado que sus propios vecinos llamaron a la policía al ver ante el domicilio a José Luis Roberto, de España 2000: "Es un personaje muy conocido, los vecinos llamaron a la policía en cuanto lo vieron. Un personaje peligroso, que forma parte de la extrema derecha y de los fascistas, porque hay que llamarlos por su nombre: gente que se cree en derecho de agredir a los demás porque no comparten sus ideas".

"La extrema derecha en Valencia siempre ha tenido este envalentonamiento, pero ahora están especialmente envalentonados. Hay que preguntarse qué estamos haciendo para que se sientan impunes", ha inquirido Oltra, que también ha reconocido  que "ha habido 13 detenciones [relacionadas con el 9 de octubre], se está reaccionando. Por la conversación de ayer con el delegado creo que se está dando cuenta de la dimensión que tiene".

La Federación de Estudiantes Libertaria (FEL), cuyos miembros protagonizaron la protesta contra el expresidente del Gobierno Felipe González y al presidente ejecutivo de Prisa, Juan Luis Cebrián, este miércoles en la Universidad Autónoma de Madrid, agradecen los apoyos recibidos y advierten de que "meterse con dos capos del Régimen tiene consecuencias", según recoge Europa Press.

En su cuenta en la red social Twitter, esta organización, que además de en la UAM también tiene simpatizantes en la Universidad Carlos III, reaccionaba así un día después de lo ocurrido: "Muchas gracias por todas las muestras de solidaridad. Meterse con dos capos del Régimen tiene consecuencias".

También ha retuiteado un mensaje en el que se criticaba al Sindicato de Estudiantes, que representa a alumnos de Secundaria y Formación Profesional, por "apropiarse de las luchas que no realiza" y otro de la publicación anarquista 'Todo por Hacer' en el que señala, con ironía, que no ha sido el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el que ha dirigido el escrache sino que esta federación "ha seguido instrucciones del PP".

La FEL se define como una "organización anarquista", creada en 2014 tras la "desmovilización estudiantil post-Bolonia" y para hacer frente a una universidad "cada día más elitizada". Apuesta por la "autoorganización" del estudiantado a través de estructuras asamblearias y busca la "gestión comunitaria de los centros educativos", entre otros objetivos.

La puerta contigua al edificio donde reside la exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, ha aparecido con una pintada en la que se amenaza a la que fuera primera edil y le llama "corrupta". La frase, Rita corrupta al paredón, incluye una flecha que se dirige al portal de su vivienda, en el centro de la ciudad. Sobre las 12.10 horas, un pintor ha comenzado a eliminar la pintada de la persiana, una acción que ha sido recogida por los medios de comunicación, según Europa Press.

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha expresado este jueves en un comunicado su condena ante "actos vandálicos" cometidos "recientemente" en el domicilio particular de Barberá. El PPCV ha apuntado que "siempre" ha condenado y condenará "cualquier tipo de acción violenta, sin menoscabo de la libertad de expresión".

Asimismo, ha lamentado que "desde determinados sectores se alienten este tipo de actitudes violentas, tanto contra sedes del Partido Popular en diferentes localidades valencianas como contra los domicilios particulares de miembros del PPCV".

Al respecto, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha condenado este acto en declaraciones a los medios en los pasillos de las Corts y ha señalado que "algunos sectores deberían, cuando lancen sus acusaciones, moderar el lenguaje porque algunas actitudes están incitando a ciertos actos vandálicos".

Así, Bonig, ha mostrado "la condena" del PPCV a estas actitudes y ha recalcado que "siempre" han condenado "cualquier acto violento contra partidos, contra sedes, organizaciones o personas". Por tanto, "condenamos estas actitudes" y "al igual que cuando se atacan a las sedes, nosotros repulsa total en este caso con independencia de que el proceso judicial está ahí y está en marcha".

En ese sentido, no ha querido valorar el informe que apunta a Barberá –sobre la que el Tribunal Supremo debe decidir si la investiga o no por un presunto delito de blanqueo en el grupo municipal del PP en el consistorio, dentro de la Operación Taula derivada del caso Imelsa– como "la superior jerárquica" en la trama de blanqueo de dinero porque en relación a "decisiones judiciales no nos vamos a pronunciar". "Este caso está en los tribunales y total y absoluto respeto", ha concluido.

Pintadas "inadmisibles" e "inaceptables"

Compromís y Ciudadanos han coincidido en condenar por "inadmisible" e "indignante" la aparición de pintadas insultantes contra Rita Barberá en el domicilio de la senadora y exalcaldesa de Valencia.

La puerta contigua al edificio donde reside Barberá ha aparecido este jueves con una pintada en la que se amenaza a la que fuera primera edil y le llama "corrupta". La frase, Rita corrupta al paredón, incluye una flecha que se dirige al portal de su vivienda, en el centro de la ciudad.

Para el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, esa pintada resulta "indignante" y "absolutamente reprobable", y "nunca en la vida se `puede justificar" una acción de ese estilo. "Rita Barberá tiene que seguir su proceso judicial, pero nunca jamás se debe poner en esos términos insultantes", ha enfatizado en los pasillos del Congreso.

También el diputado de Ciudadanos por Valencia Toni Cantó ha condenado las pintadas subrayando que "todo tipo de violencia es inadmisible". "Lo único que hay que pedir es que se haga justicia", ha remachado.

Podríamos incluso plantear que es una situación violenta (que no agresiva), de confrontación como último recurso ante la negativa constante al diálogo por parte del político de turno durante su gestión. Es una situación incómoda, pero profundamente pacífica, donde no se atenta contra la integridad mental -salvo que le suponga un trauma al escracheado, cosa improbable teniendo en cuenta lo mucho que se la ha sudado el sufrimiento ajeno hasta ese momento- ni contra su integridad física. Si no, no sería un escrache.

Cuando 300 policías increpan, insultan y zarandean el coche de Javier Barbero, concejal de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid porque quiere disolver el cuerpo de antidisturbios, la rancia y poco original derecha política y mediática de este país grita al unísono: “¡Es un escrache! ¿Ahora no les gusta?”. Como a ellos se los han hecho bastantes veces debido a su sordera voluntaria, ahora tratan de apuntar a la supuesta “doble vara de medir” de la izquierda, que hace escraches pero que no le gusta recibirlos.

La cosa es que dicho concejal afirma que ha mantenido reuniones constantes con los sindicatos de policías, de manera que lo primero sería aclarar esto, porque de ser cierto, no habría existido esa ausencia de diálogo que justifica los escraches. Así que a uno le podría dar por pensar o bien que eran muy novatos en lo de escrachear y les pudo la emoción, o que se trata de un grupo de matones que se ha cogido el berrinche porque le van a quitar el desahogo de moler a palos a algún perroflauta de vez en cuando o que, sencillamente, son enemigos ideológicos del Gobierno legítimo de Manuela Carmena. Pero eso es solo lo que uno podría pensar, nunca afirmarlo. Objetivamente, solo se puede decir que sus razones tendrán y que hay que escucharlas, de la misma manera que es objetivo decir que una actuación en la que un grupo de personas llama “rojo de mierda”, “gordo”, “perroflauta”, “hijo de puta” o “dictador” a un cargo público que asegura haber dialogado, al tiempo que zarandean el coche en el que se monta y golpean a una periodista y, por consiguiente, se ve amenazada su integridad física, NO ES UN ESCRACHE.

Se ponga la derecha como se ponga.

Y como no es un escrache, no se acepta la supuesta legitimidad que le han intentado dar al suceso periodistas y políticos básicamente anti-Podemos, como por ejemplo el Ministro en funciones Fernández Díaz, muy dado últimamente a ocurrencias y a soltar barbaridades por la boca.

En otro orden de cosas, por añadir (en esta guerra sucia contra Carmena y su Gobierno) fango al terreno, basura a los cuarteles y ruido a las comunicaciones, empezó el juicio a Rita Maestre, esa hereje enseña-tetas que según el PP tendría que dimitir por su imputación, pretendiendo equipararla a las interminables imputaciones peperas por pasarse, presuntamente –Dios me libre– años y años trincando a manos llenas.

Si además añadimos que Carmena arranca plantas en peligro de extinción, manda a los estudiantes a limpiar las calles, destruye la Navidad con Reyes Magos cutres y atenta contra todo Dios contratando titiriteros filo-etarras en Carnavales, lo único que uno puede esperar para Semana Santa es el mismísimo Apocalipsis.

Basta ya de tanta desinformación: hay que dejar de contribuir a los falsos debates que tratan de instalar en la agenda pública los medios de comunicación y los políticos con su política “en minúsculas”. Ya va siendo hora de que dejemos de caer en la trampa de posicionarnos políticamente a partir de anécdotas, producto sensacionalista de medios en crisis, pero no en crisis económica, sino ética y profesional.

No ha habido ningún escrache a Javier Barbero, sino intimidación pura y dura, de la que hace recordar eso que Salvador Allende sintió en sus propias carnes aquel triste 11 de septiembre de 1973: tenemos el Gobierno, pero no el Poder. Solo que no hay evidencia alguna de que nuestra Policía no esté plenamente comprometida con la defensa de la Ley y de nuestra seguridad, y algunos estamos convencidos de que la mayoría está avergonzada del espectáculo subversivo de estas personas. Manifestarse es un derecho que los policías tienen, al igual que el resto de ciudadanos, y hay que garantizar su bienestar y la eficiencia en su coordinación. Y por supuesto hay que dialogar en cuanto las cosas no estén funcionando, pero el episodio del otro día no es de recibo, ni es un escrache.

Tampoco es normal en un Estado de derecho que se pida un año de cárcel para una mujer que defendió -con mejores o peores formas- la laicidad de un Estado que se dice laico, negándose a contemplar una capilla en la Universidad pública. Ni es tolerable que dos titiriteros que se pasaron tres pueblos representando una obra para adultos a unos cuantos niños, pero en la que se criticaba el uso de ciertos fantasmas como el terrorismo por parte del Poder para aplastar la disidencia, y no se realizaba exaltación alguna del mismo, pasen cinco días en la cárcel sin fianza, se les retire el pasaporte y estén obligados a firmar en Comisaría todos los días sencillamente porque sirve para atacar a rivales políticos. Es vomitivo contemplar la utilización infame que hacen ciertas fuerzas políticas del dolor de las víctimas del terrorismo, manteniendo viva una llama que ya se ha apagado y que no tienen que recordarnos diariamente como para dejar un 'run run' de odio y quebranto con tal de atacar a otros.

Ni es de recibo leer o ver prensa amarilla y prensa rosa en los medios que nos cuentan el mundo. ¿Qué mundo, el real o el que ellos quieren? ¿Es que hay varias realidades? ¿Acaso esto es Matrix? No hay blanco ni negro, pero tampoco grises (en plural). La verdad es la que es: no se puede ser corrupto o inocente, según para quién. Un escrache no puede ser pacífico y agresivo a la vez, o es una cosa o es otra.

No se puede dar información objetiva e interpretarla a la vez. Y no se puede informar objetivamente si se está interpretando la realidad.

Y una petición: ante rivales políticos, utilicen argumentos. Mientras sigan usando la Máquina del Fango como única arma para tumbar Gobiernos electos como el de Manuela Carmena, nos tendrán en frente.

_______________Himar Reyes Afonso es socio de infoLibre