La Reserva Federal estadounidense anunció este miércoles que recorta los tipos de interés en un cuarto de punto hasta dejarlos en una horquilla entre el 4% y el 3,75%, ante el incremento de "los riesgos a la baja para el empleo en meses recientes". En un comunicado emitido por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed al término de su reunión de política monetaria de dos días, el organismo aseguró que "la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo elevada", asegura EFE.

La Fed, que ya realizó un recorte similar de las tasas en su reunión de septiembre, también anunció que pondrá fin a la reducción de su balance de activos, el proceso conocido como ajuste cuantitativo, este próximo 1 de diciembre, con lo que intensificará aún más la flexibilización monetaria. El FOMC indicó que permanece atento a los riesgos que afectan a ambos lados de su doble mandato -el pleno empleo y una inflación de en torno al 2%- y que considera "que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado en los últimos meses".

Al actual enfriamiento del empleo en EE.UU. se une una inflación que en septiembre alcanzó el 3% interanual, un nivel lejos de los picos pospandemia pero que, en parte por los efectos de los aranceles del Gobierno de Donald Trump, se mantiene por encima del nivel deseado por la Fed.

El recorte está en línea con lo pronosticado por la mayoría de analistas, que esperaban un recorte del 0,25 % en el referencial incluso ante la actual falta de datos macroeconómicos publicados en EE.UU. debido al cierre del Gobierno Federal en el que la primera economía mundial lleva sumida desde el 1 de octubre.

Como ya sucediera en la reunión de septiembre, Stephen Miran, gobernador de la Fed recién nombrado por Trump con el objetivo de impulsar una mayor flexibilización monetaria, volvió a votar en contra de la decisión que aprobaron diez de los doce miembros con derecho a voto del FOMC, y afirmó que prefería un recorte de tipos de medio punto.

El otro voto en contra fue el del presidente de la Reserva Federal de San Luis, Jeffrey Schmid, que indicó que prefería mantener congelado por ahora el precio del dinero.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que en el seno del organismo existen "opiniones muy divergentes sobre cómo proceder en diciembre" y que por ello "está lejos de estar garantizado" un nuevo recorte de tipos de interés en la próxima reunión de política monetaria de la entidad.

Las palabras de Powell fueron un jarro de agua fría para Wall Street, donde los tres principales indicadores, tras sumar a lo largo de las operaciones de este miércoles subidas medias de en torno a un 0,5%, entraron de golpe en terreno negativo, con el Dow Jones de Industriales y el Nasdaq cediendo temporalmente alrededor de 200 puntos cada uno. "En las deliberaciones del comité durante esta reunión hubo opiniones muy divergentes sobre cómo proceder en diciembre", indicó en rueda de prensa el presidente de la Fed al término de la reunión.

Muchos economistas, así como la mayoría de miembros del FOMC, según el último resumen de proyecciones de la Fed, anticipaban ya otra rebaja similar del precio del dinero en la última reunión del organismo prevista para diciembre.

Sin embargo, Powell ha afirmado que "una nueva reducción de los tipos de interés oficiales en la reunión de diciembre no es una conclusión inevitable. Ni mucho menos". Añadió que en la Fed se están acercando al "punto neutro, sea cual sea. Hay un creciente coro que piensa que tal vez tenemos que esperar un ciclo".

Powell aseguró que en este momento "existe tensión entre nuestros dos objetivos (inflación del 2% y pleno empleo)" e insistió en que "hubo opiniones muy divergentes" en la reunión recién concluida del FOMC, por lo que la conclusión es que no se ha "tomado ninguna decisión sobre diciembre".

Hemos llegado aquí desde la ruina creada por la crisis financiera de 2008. Venimos de los escombros de un liberalismo agotado. La famosa crisis se originó en el sistema financiero, pero se extendió de inmediato hasta el último rincón del sistema capitalista.

El descontento generalizado desembarcó en protestas como las Primaveras Árabes, Occupy Wall Street, obra del Movimiento 15-O en Nueva York, el 15-M en España, o las Revoluciones de Colores que las precedieron o las sucedieron.

No habíamos aún digerido bien las consecuencias de la crisis de 2008, la precariedad en nuestras vidas y en nuestros trabajos, cuando nuestros jóvenes comenzaron a gritar que el sistema es ya medioambientalmente insostenible. Que el cambio climático es una realidad. 

La extinción de numerosas especies es una realidad ante la que ya no podemos cerrar los ojos. La extinción de la propia especie humana es mucho más que una posibilidad si no somos capaces de poner remedio inmediatamente. Pese a ello las instituciones mundiales se muestran incapaces de cumplir los limitados compromisos contraídos en las cumbres del clima.

Poco después la pandemia se convirtió en un elemento esencial para el advenimiento del imperio del miedo y la aceptación acrítica de un mundo nuevo, inestable y en descomposición. Y no es que el virus fuera un invento. No es que no contagiara y matara sin clemencia. Se trata de que los cambios económicos, sociales y políticos que se han producido nos encaminan hacia escenarios menos libres, más amedrentados, inseguros, amenazadores.

Y cuando parecía que podíamos comenzar a superar la pandemia, tras seis oleadas sucesivas de contagios y de muertes, llegó la guerra de Ucrania, el colapso de la guerra en Siria, la destrucción programada de Gaza, o la reaparición de focos de horror poco conocidos como la guerra del Congo.

De nuevo un mundo incapaz de encontrar tablas de salvación, entregado a la barbarie, la muerte, la esclavitud. Un mundo que a veces parece que gira sin control, sin posibilidad de que los humanos hagamos otra cosa que dar palos de ciego. Vamos implementando soluciones que se convierten en nuevos problemas.

Lo llaman mundo globalizado porque afrontamos procesos económicos generalizados, sustentados en poderosos componentes tecnológicos que transforman nuestras vidas y nuestras sociedades cada vez más interconectadas. Es la última fase del capitalismo de la extracción, la producción descontrolada, la distribución acelerada y el consumo infinito.

La globalización se justifica en el comercio libre, o moderadamente controlado, de todo tipo de bienes y de servicios. Los aranceles se terminan saldando con tratados que favorecen el intercambio. No es un libre comercio perfecto. Hay países sancionados, en guerra, conflictivos, a los que se imponen limitaciones arbitrarias. Rusia sí, pero Israel no. 

Globalización es imponer la fabricación de mascarillas en China y dejar de fabricarlas en España. Resulta más barato, nos cuentan y justifican, pero ahora tenemos a media clase política española implicada en el tráfico y el cobro de comisiones por traer mascarillas a cualquier precio cuando fueron absolutamente necesarias y nadie las fabricaba por estos lares.

Parece que la globalización integra economías. Llamamos a un servicio de atención al cliente y nos responden desde Latinoamérica, mientras somos incapaces de que nadie nos reciba sin cita en la sucursal bancaria de la esquina. Lo barato termina siendo caro y, al final, terminamos siendo atendidos por inteligencias artificiales mal entrenadas y por algoritmos interesados.

Los capitales se mueven libremente, pero las personas no. Las finanzas son ya globales. Podemos invertir en cualquier parte del mundo y hasta del no-mundo, en los países zombis virtuales. En bolsas de valores lejanas, en Fondos de Inversión planetarios, en criptomonedas, sellos, obras de arte, o en los Non-Fungible Tokens (NFTs).

No aprendimos nada del 2008, cuando fueron paquetes de inversión cargados de hipotecas basura los que se hundieron, afectando a todo el sistema financiero mundial y arrastrando al sistema productivo y de servicios. Volvemos a la burbuja y retornamos a la vieja fiesta de la especulación.

Precarizan los empleos y convierten nuestras vidas en inseguras. Un escenario que vimos nacer con esa crisis financiera, económica, social, política y cultural que se desencadenó con la caída de Lehman Brothers, aquella compañía global, tan bien considerada, especializada en banca de inversión, activos financieros, renta fija, banca comercial, gestión de inversiones y todo tipo de servicios financieros. De un día para otro sus paquetes de inversión, cargados de hipotecas basura, no valían nada.

Son las instituciones internacionales que actúan sobre las finanzas internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, los que deberían haber tomado nota y poner en marcha decisiones que frenen en seco la especulación y apaguen de raíz los focos de problemas que nos golpean cada vez con mayor fuerza. 

El problema es que, entregados al egoísmo más absurdo, dejamos que sean las grandes corporaciones las que dirigen los designios de los países y de los organismos internacionales, convirtiendo el paradigma de la globalización en una realidad cotidiana y mundial de crisis y precarización.

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Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013.

Poco más de un año después de su toma de posesión, el 22 de octubre de 2022, la ultraderechista Giorgia Meloni, presidenta del Gobierno italiano, ha presentado su primer presupuesto. Y lo menos que puede decirse es que la política económica del bloque de derecha y extrema derecha no brilla por su originalidad ni por su ambición. En el último año, la gestión de Meloni ha sido confusa y, en líneas generales, continuista de las políticas aplicadas por su predecesor, Mario Draghi. Ya en 2022, la cuestión económica no había estado en el centro de la campaña electoral, pero se detectaba la intención de cambiar algunas prioridades. 

En ese sentido, había ya algunas señales como el deseo de redefinir las condiciones del plan europeo de resiliencia, la promesa de rebajar la edad mínima de jubilación y de una política familiar más generosa, así como las críticas a la influencia de las grandes finanzas. Lo que surgió fue una política conservadora, favorable al capital nacional y a los hogares de clase media. 

Un año después, estamos lejos de cualquier agitación. La economía política de Italia sigue siendo en general la misma: un país que presiona sobre los salarios reales para mantener su cuota de mercado de exportación y que confía en el Estado para mantener la economía a flote lo mejor que puede. 

¿En qué consiste la marca Meloni? Ante todo, en aumentar la presión sobre el mundo del trabajo y sobre los más pobres, retomando la retórica clásica de la lucha contra los "beneficiarios" de las ayudas estatales. De hecho, esto es lo que más se conserva de sus discursos de campaña electoral. A finales de julio, marcó la pauta el anuncio de la supresión de la "renta de ciudadanía" para 169.000 personas y su sustitución por un subsidio condicional. 

El principal elemento del proyecto de presupuesto es la reforma de las pensiones. Contrariamente a sus promesas, el Gobierno ha endurecido las condiciones de acceso a la jubilación antes de la edad "normal" de 67 años. Hay algunas modificaciones para las madres, pero en general, la jubilación a los 62 y 64 años, que ahora es posible, quedará reservada a los empleados que más ganan, con descuentos y topes en las cuantías. 

Las condiciones serán aún más duras para los empleados de la función pública, de acuerdo con la ideología hostil de los partidos de la coalición. Los sindicatos se han puesto en pie de guerra contra el endurecimiento de laL ley Fornero, que lleva el nombre del ministro del Gobierno Monti que en 2011 impuso una reforma de las pensiones ya de por sí muy severa. 

El Gobierno de Meloni prevé recortar el gasto en 8.000 millones de euros, que serán absorbidos en su totalidad por los 24.000 millones previstos en recortes fiscales, tanto sobre el trabajo como sobre la renta. Recortes del gasto social y reducción de las prestaciones para financiar los recortes fiscales: un programa clásicamente neoliberal que, en realidad, apenas difiere de la política aplicada por ejemplo en Francia. 

Lo cierto es que el nuevo Gobierno italiano, al igual que sus predecesores, carece de una verdadera visión de su economía. De 2021 a principios de 2023, Italia experimentó una notable aceleración del crecimiento, en contraste con muchos países avanzados. A finales del segundo trimestre de 2023, el PIB italiano se situaba un 4,2% por encima de la tendencia 2009-2019. El PIB del primer trimestre fue el más alto en volumen desde la primavera de 2008. 

Entonces, ¿ha logrado Italia lo impensable: salir del marasmo en el que se ha hundido durante los últimos quince años e incluso, en algunos aspectos, durante los últimos treinta? En realidad, no. La parte del consumo de los hogares en el PIB se redujo en 1,95 puntos porcentuales, lastrada por una caída vertiginosa de los salarios reales. La industria ha seguido erosionándose, viendo caer su participación en el valor añadido del 19,6% al 19,2% en tres años. 

De hecho, el principal motor del crecimiento ha sido el sector de la construcción y de la vivienda. El aumento de la inversión en este sector supuso nada menos que el 95% del incremento del PIB entre 2019 y 2022. Y este aumento en sí tiene una y solo una causa: el "superbonus".

Esta medida fue introducida en mayo de 2020 por el Gobierno de Giuseppe Conte. Preveía una financiación del 110% de los gastos de renovación de la vivienda, ya fuera mediante una deducción fiscal, un descuento en las facturas pagadas por el Estado o vendiendo el crédito fiscal a un banco. La medida era muy generosa y sin duda causó problemas, sobre todo por el súbito aumento de la demanda de materiales en el peor momento posible, lo que alimentó la inflación, pero también por permitir algunos fraudes. Pero una cosa es cierta: aceleró la renovación energética de los hogares italianos y apoyó el crecimiento. 

Cuando Giorgia Meloni llegó al Palazzo Chigi, sede de la presidencia del Gobierno, cambió el sistema, que enseguida consideró demasiado costoso. Es cierto que, sobre el papel, ha lastrado las finanzas públicas italianas en 140.000 millones de euros. Pero además del efecto climático, la superbonificación ha aportado algo que hacía mucha falta en el presupuesto italiano desde hacía años: crecimiento y, por tanto, ingresos fiscales. De hecho, ese gasto no ha impedido que la deuda pública italiana caiga del 155% al 140% del PIB entre 2020 y 2023. Pero los efectos de esta bonificación sobre la economía italiana son claramente superficiales. No resuelve los verdaderos problemas de su economía, empezando por el descenso de su productividad en la última década. Entre el segundo trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2023, el empleo creció un 3,82% y el PIB apenas un 3,29%. 

La superbonificación dio un pequeño respiro a la economía italiana. En febrero de 2023, el Gobierno de Meloni la redujo a un simple crédito fiscal. Lógicamente, el atractivo de la medida se ha reducido, ya que deja parte del gasto a cargo de los hogares y resulta poco interesante para quienes pagan pocos impuestos. Al cortar este respiro a la economía, el Ejecutivo no tenía ninguna medida alternativa. El impacto sobre el crecimiento fue inmediato: tras aumentar un 0,6% en tres meses en el primer trimestre de 2023, la actividad se contrajo un 0,4% en el segundo trimestre, para luego estancarse entre julio y septiembre. 

Es una especie de vuelta a la normalidad anterior a la crisis para la economía italiana, es decir, al estancamiento. Peor aún, con la subida de los tipos de interés, la economía italiana podría verse doblemente afectada, no sólo en términos de su ya débil capacidad de inversión, sino también en términos de demanda internacional. El año que viene, el crecimiento debería ser del 0,7% según el FMI y del 0,8% según el Banco de Italia. 

La respuesta del Gobierno es una doble negación. En primer lugar sobre la situación actual, ya que el presupuesto se basa en una previsión de crecimiento irreal del 1,2% para 2024, y en segundo lugar sobre la política a seguir, ya que la única respuesta dada son las mismas medidas neoliberales de siempre. 

Además de los recortes fiscales y la reforma de las pensiones ya mencionados, el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, de la Liga, ha prometido 20.000 millones de euros en privatizaciones. Todas esas medidas llevan años aplicándose en Italia, sobre todo por parte de gobiernos "expertos" como el de Mario Monti entre 2011 y 2013. Pero las consecuencias han sido el estancamiento económico y una "década perdida". 

La derecha y la extrema derecha italianas parecen haber entrado en vereda. Algunos intentos de favorecer el capital nacional "productivo" fueron rápidamente corregidos. En agosto, para sorpresa de todos, Meloni anunció un impuesto sobre los beneficios de los bancos, pero a los pocos días, ante la reacción de los mercados, tuvo que aceptar reducir su alcance para hacerlo casi indoloro. 

En septiembre, varios planes de la coalición causaron inquietud en los mercados internacionales. El primero consistía en ofrecer a las pymes y a los hogares la posibilidad de recomprar a un precio reducido las deudas que no hubieran podido pagar. La medida pretendía ayudar a la recuperación financiera de esos agentes, pero en detrimento de los titulares de las deudas, en particular los inversores internacionales que las habían comprado a precios de derribo. Ante el mal humor de los mercados, la medida fue abandonada.

El Gobierno italiano intentó entonces enfrentarse a las compañías aéreas de bajo coste, en particular a Ryanair, a la que acusaba de abusar de su posición en el mercado para subir los precios de los vuelos entre la península y Sicilia y Cerdeña. En agosto se propuso un precio máximo, pero un mes más tarde dieron marcha atrás, contentándose con algunas medidas cosméticas y la apertura de una investigación. 

Se creó una comisión para dar luz verde a cualquier inversión extranjera superior a 1.000 millones de euros y se decidió controlar las transferencias de tecnología. Pero en el contexto europeo, esas medidas son simbólicas y sirven sobre todo a la narrativa que intenta construir Giorgia Meloni de que el gobierno "protege" la economía italiana de las finanzas internacionales. 

La realidad es muy distinta. Puede que el Gobierno de Meloni siga siendo muy popular, pero su supervivencia depende en gran medida de la buena voluntad de los mercados financieros, la Comisión Europea y las agencias de calificación. Al presentar su presupuesto para 2024, la primera ministra tuvo que modificar sus previsiones de déficit del 3,7% del PIB al 4,3%. La vuelta por debajo del 3% que esperaban los mercados el año que viene tendrá que esperar hasta 2026, mientras se financian las bajadas de impuestos. 

Esta decisión ha desatado la euforia en los mercados, que vigilan a Italia, el eslabón más débil de la eurozona por razones históricas y por el peso de su deuda en su presupuesto. En tiempos de tipos de interés al alza, la desconfianza se acentúa de forma natural. 

Por eso, cuando se elevaron las previsiones de déficit, el famoso spread financiero, diferencial entre el tipo italiano a diez años y su equivalente alemán, empezó a subir de nuevo. Este diferencial es la medida tradicional del riesgo italiano. A menudo ha ocupado las portadas de los medios italianos, y ha conseguido acabar con más de un gobierno electo y sustituirlo por un gobierno "técnico". En noviembre de 2011, Silvio Berlusconi fue expulsado del poder con la ayuda del BCE bajo la presión de ese spread. 

A pesar de su popularidad, Meloni no es inmune a un escenario así si el spread se descontrola. A lo largo de octubre estuvo bajo presión. El diferencial entre Alemania e Italia pasó de 163 puntos básicos (1,63 puntos porcentuales) en agosto a más de 210 puntos básicos a finales de octubre. Está muy lejos de los 563 puntos básicos de finales de 2011, pero el mes pasado se empezó a hablar de nuevo de un gobierno técnico. 

La cuestión de los tipos de interés es crucial para el Gobierno. Si los tipos de interés suben demasiado, Italia no sólo podría tener dificultades para refinanciarse, sino que el coste de su deuda podría dispararse y profundizar aún más al déficit, alimentando un círculo vicioso. Hasta ahora, la protección del BCE ha proporcionado cierta seguridad para la deuda, que ya no es tan segura. 

El segundo factor importante es el acuerdo de la Comisión Europea. La vuelta a las normas presupuestarias tradicionales somete a Roma a una presión aún mayor, ya que Italia depende en gran medida de las ayudas del plan de resiliencia para sostener su crecimiento. Bruselas estima, seguramente de forma un poco exagerada, que el efecto anual de este plan sobre el crecimiento italiano será de 0,5 puntos del PIB. Como lo que falta en las cuentas italianas es crecimiento, el Gobierno necesita que Bruselas dé luz verde a su presupuesto. 

Por el momento, Meloni se ha beneficiado de una tregua: el diferencial volvió a bajar a 183 puntos básicos el lunes 6 de noviembre, en gran parte debido a que las principales agencias de calificación no rebajaron la nota de Italia a finales de octubre. Pero la presidenta sabe que está bajo lupa: un rechazo de Bruselas a finales de noviembre o un deterioro del crecimiento y del déficit podrían costarle caro. 

La política de Meloni recuerda la experiencia de Liz Truss, la efímera primera ministra británica que intentó imponer recortes fiscales masivos en septiembre de 2022 y provocó una rápida respuesta de los mercados. Los inversores en deuda pública han dejado de creer en la fábula de que los recortes fiscales apoyan el crecimiento y ahora exigen medidas de garantía presupuestaria. 

La jefa del Gobierno italiano también está aprendiendo la lección: su neoliberalismo clásico se ha vuelto ineficaz. Como no le queda apenas narrativa alternativa, es muy posible que en el futuro se vea obligada a aceptar la ley de los mercados financieros. Es el precio que hay que pagar por la falta de ambición y de ideas en el frente económico.

Traducción de Miguel López

Las bolsas no lo dudan. Habrá recesión. Los inversores han empezado a multiplicar las órdenes de venta. El miedo a la inflación se ha convertido en pánico a un desplome de la economía global. Y los analistas llevan tiempo advirtiendo de las señales. Que cada vez parecen más nítidas. Las subidas de tipos de interés tienen esa consecuencia inevitable, asegura el analista financiero Juan Ignacio Crespo. Con ese objetivo las han aprobado tanto la Reserva Federal de EEUU como el Banco de Inglaterra, y las ordenará el próximo día 21 el Banco Central Europeo (BCE): enfriar la economía para bajar la inflación, que se encuentra en niveles desconocidos desde los años 80 a ambos lados del Atlántico.

De hecho, Crespo asegura que Estados Unidos ya se encuentra en recesión, después de un primer trimestre en el que su economía se ha contraído un 0,45% y en el segundo, de acuerdo con las estimaciones del servicio de estudios del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, ha sufrido un retroceso de magnitud similar. Es decir, EEUU cumple ya los requisitos de la definición técnica europea de recesión: dos trimestres consecutivos de caídas del PIB. Es más, el analista avanza que el mundo entró en recesión industrial el pasado marzo, por culpa de las paradas intermitentes de las factorías chinas.

En Alemania las perspectivas tampoco son precisamente halagüeñas. En mayo la gran potencia exportadora europea tuvo el primer déficit comercial en 31 años: compró en el exterior por 900 millones de euros más de los que vendió. Pero si, además, se cortara el suministro de gas ruso este otoño, su poderosa industria tendría que parar. Este lunes se cerrará el gasoducto Nord Stream 1, que abastece de gas ruso a Alemania, para ejecutar unas tareas de mantenimiento habituales que, en condiciones normales, deberían durar sólo 10 días. Pero el temor a que Putin convierta el cierre temporal en algo más que una advertencia existe. “No es algo que debamos descartar al 100%, porque puede producirse una situación de máxima tensión, no ya en otoño, sino en las próximas semanas”, advirtió este viernes la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Antena 3.

Ése sería el detonante que encendería la recesión en el resto de la Unión Europea, España incluida. El Banco de España calcula que el corte ruso de suministro energético le costaría a Europa 4,2 puntos de PIB, 600.000 millones de euros. Sólo un poco menos de los 750.000 millones del paquete de estímulo aprobado por Bruselas para recuperar a la UE de la pandemia. Aunque el BCE no incluye la entrada en recesión de la Unión Europea en su escenario central –el más probable– para los próximos meses, su vicepresidente, Luis de Guindos, previene ante una “desaceleración económica importante”, que en Alemania, debido al posible corte del gas ruso, puede conducir a la recesión, y ésta arrastrar al resto de la eurozona, según alertó la semana pasada en una entrevista en la Cope. Sí que aparece la recesión en su escenario adverso, con un embargo total de gas ruso en Europa, en cuyo caso el PIB del bloque caería un 1,7% en 2023.

Así que el estado de ánimo corporativo en Alemania comienza a resentirse. El índice de gestores de compras PMI –que elabora S&P Global a partir de encuestas mensuales a ejecutivos de miles de empresas de 40 países y muestra la evolución de sus pedidos– se situó el pasado junio en 51,3 puntos, 2,4 puntos por debajo de mayo y acercándose peligrosamente a 50, el límite por debajo del cual se revela una contracción económica. Si desciende de 42, hay recesión. En Francia, el PMI está en 52,8 puntos, 4,2 puntos menos que en mayo, el peor resultado desde que comenzó el año.

En España, aún se queda en 53,6 puntos, pero ha caído 2,1 puntos desde mayo. En toda la zona euro, el indicador es de 52 puntos. Según el análisis de S&P Global, el recorte del indicador en España refleja una caída de la demanda y de los pedidos de las empresas, la tercera en los últimos cuatro meses. No sólo los inversores, también las corporaciones, además de pertrecharse frente al alza de sus costes por la inflación, barruntan el parón de la demanda y se preparan.

Lo mismo está ocurriendo con los consumidores. Las encuestas desvelan cómo reducen o planean reducir sus compras en los próximos meses por culpa de los precios. Aún gastarán este verano parte del ahorro embalsado desde la pandemia. Pero en otoño empezarán a cerrar las billeteras. Según el informe de perspectivas del consumidor de Kantar Insights, es la primera vez desde 2012, en plena crisis financiera, en que los ciudadanos que recortan sus compras superan a los que las mantienen. Hay ganas de gastar, pero como los precios son más altos, el INE ha registrado entre enero y marzo de este año la primera tasa de ahorro negativa de los hogares españoles desde 2019. Porque por primera vez desde entonces han gastado más –un 14% más– de lo que han ganado. Es el efecto de la subida desbocada de los precios: este año las familias españolas han recortado su ahorro 1.427 millones de euros, mientras que, en el primer trimestre de 2021, cuando aún salían de la pandemia, habían conseguido guardar en la hucha nada menos que 14.516 millones.

Otro indicador de que la recesión se acerca son los precios de las materias primas, que con la guerra en Ucrania se instalaron en máximos al llegar marzo, pero ahora están cayendo. Los metales industriales pierden un 9,7% en lo que va de año, después de haber ganado un 26% en marzo, mientras que las materias primas agrícolas se recortan un 1%, frente a una subida del 36% cuando empezó la guerra, recuerda Juan Ignacio Crespo. Y el barril de petróleo Brent se situó por debajo de los 100 dólares –99,86– el pasado miércoles, desde los 130 que rozó en marzo. Los precios caen porque también lo ha hecho la demanda; la actividad se enfría. La inflación debería terminar moderándose, por tanto.

Al mismo tiempo, el euro se desploma frente al dólar y ya casi cotizan a la par. Lo que significa que el euro tiene ahora el peor cambio con la divisa estadounidense desde diciembre de 2002, tras acumular una depreciación del 10%. El motivo es el diferencial de los tipos de interés europeos y norteamericanos, explica María Jesús Fernández, analista de Funcas, el servicio de estudios de las cajas de ahorro. De modo que ahora los flujos financieros van hacia Estados Unidos. “Que se debilite el euro es algo que no nos conviene [a los europeos], por el contrario, debería generar confianza para atraer inversiones”, apunta, más allá del abaratamiento de las exportaciones, que favorece una baja cotización de la moneda, y del encarecimiento de las importaciones, sobre todo de las energéticas.

A la luz de todos estos síntomas, Juan Ignacio Crespo no duda en calificar de “horrenda” la coyuntura actual. E incluso se aventura a prever que la recesión global al acecho “durará 15 meses”. Por el contrario, Luciana Taft, consultora de Analistas Financieros (AFI), prefiere hablar de “desaceleración global” aunque también reconoce que han aumentado las probabilidades de que haya una recesión debido a los riesgos energéticos –el corte de suministro ruso a Europa– y las restricciones financieras –las subidas del precio del dinero que aprobará el BCE el día 21–. Pero, precisa, hay razones para pensar que, de producirse, la recesión será “más acotada y suave, más contenida” que en episodios anteriores. Como las crisis de 2008 y 2012.

Funcas pronostica que su escenario central no es de recesión, pero sí de “freno importante al crecimiento” por los dos factores antes citados, aliados con la inflación. Para llegar a una contracción del PIB es necesario que Europa quede desabastecida de gas, haya racionamientos y la industria alemana se paralice. Entonces será “inevitable”, dice María Jesús Fernández, que la recesión alcance a España.

También la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) descarta la posibilidad de una recesión en España. Al menos “ahora mismo”, precisó su presidenta, Cristina Herrero, este miércoles. “No en este momento, no para nuestro país”, abundó, “pero hay preocupación sobre qué puede pasar en invierno en la zona euro”, previno Herrero en el Nueva Economía Fórum. Es el mensaje que repiten los ministros del Gobierno. “En el segundo trimestre el crecimiento se ha acelerado, la campaña turística está siendo de récord, en un nivel muy próximo al de 2019, y las previsiones para la segunda mitad del año son de un crecimiento muy intenso, de más del 4%”, elogió la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, el pasado jueves. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, definió como “muy baja” la probabilidad de que España entre en recesión debido a la “resiliencia del mercado laboral”, con cifras históricas de afiliación, los fondos europeos y la “holgada” situación financiera de las familias. Lo que no quiere decir, matizó enseguida, que no se vaya a producir una “desaceleración significativa”.

Luciana Taft destaca el “importante blindaje a corto plazo” de que disfruta España de cara al frenazo económico que se avecina. El segundo trimestre, con un turismo de nuevo en máximos de actividad, unas exportaciones también al alza y el aumento del empleo, va a ser “muy bueno”, subraya. La patronal de las empresas turísticas, Exceltur, calcula que el PIB del sector está ya un 1,1% por encima de 2019 y el empleo, un 0,6% mejor. Mientras, el sector secundario todavía funciona a buen ritmo, con una subida del 6,5% del Índice General de Producción Industrial en mayo, 7,1 puntos superior a la de abril y la más alta desde junio de 2021. “Así que el tercer trimestre también aguantará”, continúa. Las dudas asomarán en el cuarto, cuando el deterioro de las rentas de los hogares por culpa de la inflación y la subida de los tipos de interés hagan mella.

Aun así, la analista de AFI cree que España crecerá por lo menos un 4% este año. Conforme discurra el ejercicio, además, deberían dejarse notar ya las ayudas de los millonarios fondos de la UE para la recuperación, cuyo reparto acumula retrasos. España no depende del gas ruso en la medida de otros países europeos, pero si Alemania tose este invierno por falta de suministro, la economía nacional puede terminar acatarrándose con el comienzo de 2023, augura Luciana Taft.

Además, María Jesús Fernández descarta que España ya esté sintiendo lo que los economistas anglosajones llaman “efectos de segunda ronda”: la subida de los precios hace subir los salarios y este aumento incentiva el consumo, subiendo más aún los precios. Los salarios firmados en los convenios colectivos hasta ahora sólo mejoran un 2,4%, muy lejos por tanto del 10,2% en que se ha encaramado el IPC en junio. Pero la analista de Funcas alerta ante la “presión al alza” que se va a dejar sentir en todas las mesas de negociación colectiva en lo que queda de año. Luciana Taft asegura, además, que las cláusulas de revisión salarial, cuya reincorporación a los convenios reclaman los sindicatos, “no van a volver”. Y defiende la conveniencia de ese pacto de rentas que el Gobierno pretende reactivar después del verano. La UE tampoco siente aún la espiral de precios, al contrario que en Estados Unidos, donde “la subida de salarios, en algunos sectores, ya ha escalado a los dos dígitos”, indica la consultora de AFI. Pero Juan Ignacio Crespo las rebate. “La inflación inducida está llegando ya vía materias primas”, zanja.

Todos estos elementos se suman a un contexto macroeconómico muy distinto al de la gran crisis de 2008, recalcan Fernández, Taft y Crespo. En 2022 no hay “excesos” como los que desequilibraban la economía española cuando Lehman Brothers quebró y se hundieron las cajas de ahorro. En 2022 no hay burbuja inmobiliaria, ni un endeudamiento privado récord, el sistema financiero está saneado, la actitud del BCE y de la UE es muy distinta tras la aprobación de los fondos de recuperación, el whatever it takes de Mario Draghi y el mecanismo de protección anunciado por Christine Lagarde para evitar desviaciones de las primas de riesgo como las sufridas en 2012.

Pero en la actual coyuntura, el “talón de Aquiles” español son la deuda y el déficit públicos, disparados tras la pandemia, coinciden las expertas de Funcas y AFI. Taft explica que la inflación está “licuando la deuda”, ayudando al Estado a pagarla, pero a su juicio el principal componente del “agujero fiscal” español son las pensiones, para las que pide una “reforma de calado”. “También es fundamental que el BCE nos resguarde de la ruptura del euro”, añade, con ese mecanismo de protección del que aún se desconocen los detalles.

Juan Ignacio Crespo es más escéptico sobre las ventajas de partida ante la inminente recesión. “De momento, no estamos tan mal como en 2008, porque la pata financiera [de la crisis] aún no ha asomado por debajo de la puerta, pero lo hará”, advierte. Hasta la caída histórica provocada por el coronavirus, España había estado en recesión –con caídas trimestrales continuadas del PIB— desde el cuarto trimestre de 2010 hasta el tercero de 2013, casi tres años. En 2021 la economía creció un 5,1% y para este año la previsión del Gobierno es del 4,3%.

Crespo culpa al exceso de liquidez, a los miles de millones inyectados por los bancos centrales y a las ayudas millonarias de los programas de estímulo de Joe Biden y de la UE de la crisis mundial de precios. “¿Cómo no iba a haber inflación?”, se pregunta. Califica de “milagro” el hecho de que España haya pasado la crisis del covid casi sin despeinarse. “Con el PIB hundido casi en el 11%, tenemos ahora un millón más de empleos, cuando en las anteriores superábamos el 20% de paro e incluso el salario medio ha subido”, resalta, “gracias a los 4.000 millones de deuda pública española que ha comprado el BCE y el aumento del gasto público”. Algo parecido ocurre en la UE, “donde no parece que estén al borde de la recesión porque la tasa de paro es muy baja y en EEUU, donde tienen pleno empleo porque todo está muy subsidiado”, resume. “Parece jauja, pero termina pasando factura”, lamenta el analista, que concluye con una recomendación: “Cuanto antes se haga el ajuste, mejor”.

 El Barómetro de Opinión de mayo realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, la primera encuesta tras la victoria del PP en Madrid, refleja una severa caída del PSOE, que pasa del 31,5% al 27,9% de estimación de voto, mientras que el PP sube y recorta la desventaja a la mitad situándose a sólo 4,5 puntos, según recoge Europa Press.

En concreto, el PSIE marca en mayo una estimación de voto del 27,9%, casi cuatro puntos menos que el mes anterior, mientras que el PP sube tres, pasando del 20,6% de abril al 23,4% tras la victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

También bajan Vox, que pasa del 15,4% al 13,7%, y Ciudadanos, que se anota un 5,3%, 1,4 puntos menos que el mes anterior y al filo de perder el grupo parlamentario. Unidas Podemos, en su su primera cita con el CIS tras la renuncia de Pablo Iglesias, se mantiene en un 10,4%, apenas tres décimas menos que en abril.

La crisis económica y el coronavirus siguen como principales problemas

La crisis económica y el coronavirus siguen siendo los principales problemas de España según el barómetro, que también recoge un incremento de la preocupación por el paro.

En concreto, según la encuesta hecha pública este martes, la crisis se mantiene, como viene haciendo desde febrero, como el primer problema nacional, con menciones en el 46,3% de los cuestionarios, bajando eso sí, 1,7 puntos respecto a abril.

También baja, en este caso hasta 3,5 puntos, la inquietud que genera el coronavirus, que pasa del 45,1 al 41,6%. Por contra, las alusiones al paro como un problema se anotan una subida de 1,6 puntos y llegan al 39,3%.

El gobierno de coalición, cuatro puntos por debajo de PP, Vox y Cs

Así las cosas, los dos partidos del Gobierno de coalición quedan cuatro puntos por debajo de la suma del PP, Vox y Cs, con un 38,3% frente al 42,4% de los tres partidos de oposición.

Por su parte, la coalición de Más País, cuyo representante de Madrid logró superar al PSOE en las elecciones autonómicas, duplica su estimación de voto en el CIS respecto al mes anterior y ahora se anota un 3,8%, muy por encima del 1,25% que les dio tres diputados en 2019 (dos de Más País-Equo y uno de Compromís).

En cuanto al resto de formaciones territoriales, en Cataluña suben ERC y Junts, que se anotan 2% y 1,6%, mientras que la CUP sigue en el 0,6%. También sube Bildu hasta el 1,1%, logrando empatar al PNV, que cae cuatro décimas en un mes.

Sin apenas cambios en la tabla de líderes

Respecto a la valoración de líderes, apenas hay cambios. El socialista Pedro Sánchez sigue siendo el mejor puntuado, con una nota de 4,3 puntos, aunque pierde una décima respecto a abril. Detrás aparecen Pablo Casado e Inés Arrimadas, con 3,6 y 3,5 puntos, y más lejos Pablo Iglesias (3,1) y Santiago Abascal (2,6).

En todo caso, Pedro Sánchez sigue siendo el preferido para presidir el Gobierno, mencionado por un 21,7% frente al 12,5% que cita a Pablo Casado, y presenta mejores índices de confianza que el líder del PP: un 26,2% mantiene mucha o bastante confianza en el presidente frente a un 70,6% que desconfía, unas cifras que en el caso de Casado son del 11,9% frente a un rechazo del 83,7%.

El PSOE-M dará a conocer la próxima semana a la dirección del grupo y al sustituto de Gabilondo

Isaura Leal, al frente de la Gestora del PSOE-M, ha insistido este lunes en que el partido dará a conocer los nombres que compondrán la dirección del grupo parlamentario, en el que entrará el portavoz que sustituirá a Ángel Gabilondo.

"A lo largo de la próxima semana se darán a conocer sus nombres, de la dirección del grupo parlamentario, que trabajará con ahínco para sacar adelante las propuestas socialistas y ejercer la acción de control al Gobierno", ha dicho Leal.

Asimismo, los 24 diputados que conformarán el grupo durante esta legislatura han mostrado su disposición y voluntad firme de recoger su acta y ponerse a trabajar.

Por último, Leal ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, que convoque "a la mayor brevedad posible y sin demoras" el Pleno de investidura, una vez quede constituida la Asamblea de Madrid, y que anuncie la formación de Gobierno "sin tacitismos para que se dediquen a lo que tienen que hacer, que es gobernar y gestionar".

En 2014, tras una reunión de un colectivo de camareras de piso en Lloret de Mar (Gerona), dos de ellas se animaron a crear un grupo de Facebook para difundir sus desvelos y reivindicaciones. El nombre del grupo fue Las kellys, palabra inventada que nos lleva a Ernest Cañada (Barcelona, 51 años), un investigador que había publicado en El País un artículo viral titulado Las que limpian los hotelesLas que limpian los hoteles, igual nombre que daría a un libro un año después. De "las que limpian" se pasó a "las que li". Y de ahí a "las kellys". Ese fue el nombre por el que empezó a conocerse popularmente a un colectivo que encarnaba la máxima expresión de la precariedad y la falta de equidad en el sector al que la economía había fiado la salida de la Gran Recesión.

Ha pasado más de un lustro. En esta era frenética, toda una eternidad. El nuevo emblema de la precariedad ahora es un rider que trabaja como autónomo para una plataforma digital mientras se le intenta convencer de que la inestabilidad es un estilo de vida joven y que la juventud, hoy día, dura hasta la jubilación. Cañada, doctor en Geografía y coordinador de Alba Sud, un centro de investigación sobre turismo con perspectiva crítica, ha ido anotando y analizando todos los cambios ocurridos desde entonces: agudización de un neoliberalismo discursivo que exalta el individualismo laboral, concentración del capital, avance del capitalismo de plataformas, penetración de fondos de inversión, mayor precariedad en el empleo...

Y, finalmente, la pandemia.

Cañada y su colega y también investigador Iván Murray han plasmado en Turistificación confinada un diagnóstico según el cual la pandemia, al mismo tiempo que ha interrumpido abruptamente la actividad turística, actúa como acelerador de tendencias ya existentes. ¿Cómo? Asfaltando el terreno para completar su dominio a los grandes fondos de inversión, agudizando el desequilibrio de poder entre una propiedad cada vez más blindada y una fuerza laboral necesitada y con frágil amparo legal. Este ensayo colectivo, lanzado con apoyo de la Universitat de les Illes Balears y de la Generalitat de Catalunya, escruta un sector machacado en el que el negocio hotelero tradicional se tambalea, el trabajo se devalúa bajo la hegemonía de oportunistas y capitalistas digitales, los camareros retroceden ante los riders y surgen las dark kitchens, que fortalecen la posición de las empresas de reparto. El parón del turismo es sólo en superficie. En el fondo, bulle en transformaciones. Los fenómenos rupturistas se suceden y van escribiendo a toda prisa las nuevas reglas.

Cañada es capaz de dar coherencia al conjunto en apariencia indescifrable.

PREGUNTA: ¿Han mejorado las kellys desde aquel 2014?kellys

R: Han ganado en visibilidad, sí. Se pudo ver su situación de arrinconamiento y debilidad mientras batíamos año a año el récord de turistas. Consiguieron una voz. Además, se produjo un reconocimiento de algunas enfermedades profesionales. Se quedaron cosas en el tintero, como la jubilación anticipada o el fin de las externalizaciones. Si lograron algún avance, fue por su movilización en un momento de asfixia. Lo que temo es que las luchas se puedan ver frenadas.

P: ¿Por la nueva crisis?

R: Sí. El empresariado turístico, en particular el hotelero, ha tenido como estrategia fundamental la devaluación del trabajo, con fórmulas de contratación para abaratar los costes, ratios imposibles y externalizaciones. La base del modelo ha sido la devaluación del trabajo. Al mismo tiempo, los mecanismos de protección social del Estado han dejado fuera a buena parte de los trabajadores. Ese es el punto de partida, al que llegamos tarde por no haber desmontado la reforma laboral. Ahora lo vamos a pagar con más precariedad. Hay años de lucha en riesgo. Si no cambia la estructura de contratos, el sector va a seguir funcionando en base a la precariedad. En el caso de las kellys, muchas han ido al paro –aunque no siempre cobrando desempleo, por no haber cotizado lo suficiente–, y las que quedan tienen más carga de trabajo. Hay razones para estar alerta ante esta nueva crisis, de la que podemos salir con más desigualdad y el poder peor repartido.

P: Es un fenómeno que va mucho más allá de las kellys.kellys

R: Claro. El sector turístico está extendiendo la precariedad a cada vez más colectivos. Por ejemplo, al trabajo de limpieza y mantenimiento de las viviendas de uso turístico, que sufre niveles de precariedad como el de las propias kellys y no tiene ni organización ni visibilidad. También a la atención al cliente en las plataformas, que no la lleva Airbnb o la plataforma que sea, sino que la subcontratan a call centers.

P: Usted defiende que, en contra de la extendida idea de que esta crisis está castigando a Airbnb, en realidad esta plataforma se ha preparado para salir fuerte, consiguiendo 1.000 millones de euros de financiación.

R: ¡Claro! Muchos han pensado que, como no hay turismo, Airbnb caerá... Hay que pensar que Airbnb tiene una estructura flexible. Puede cortar muchos pasos, porque no es propietaria de los pisos. Puede recortar empleo ahora y recuperarlo después. Su posición sale reforzada. La lógica de estas plataformas es nueva. No consiste en crear estructuras muy grandes, sino en conseguir el control estratégico sobre el sector. Y eso lo mantienen. Airbnb lo mantiene, porque tiene capacidad para conseguir fondos e invertir en marketing y en tecnología. Eso es lo fundamental: tener capacidad de concentrar capital y crear condiciones de monopolio. Ahora las plataformas, como Airbnb, son más flexibles y se pueden desprender de trabajadores. Como al empezar la pandemia, cuando Airbnb rescindió un contrato con un call center y 800 trabajadores se fueron a la calle. Todo este modelo de alojamiento que ha triunfado desde la crisis de 2008 se ha hecho sobre la base de un trabajo muy precario. Y no sólo ha sido en el alojamiento.

P: ¿También en la hostelería? Su trabajo destaca cómo los riders están desplazando a los camareros del centro del modelo.riders

R: La transformación está siendo enorme y la pandemia la acelera. Por un lado, tenemos al cocinero y al camarero que lleva el plato a la mesa, cuyas condiciones eran malas y ahora empeoran. Pero además ahora el grueso del negocio se está desplazando al envío a domicilio, que se hace con riders, trabajadores aún más precarios, con fórmulas de relación laboral todavía más desreguladas. Es verdad que hay intentos de regulación, como la nueva ley [ver aquí y aquí]. Pero cuidado, porque podemos ver que, hecha la ley, hecha la trampa, y que se acaben beneficiando las empresas de trabajo temporal.

P: ¿Algún otro colectivo sufre creciente precariedad?

R: Destacaría a los guías turísticos. Ya había una tendencia a la desregulación, con un intento de suprimir sus carnés profesionales. Su situación es difícil y puede complicarse. Nos encontramos con que, además de ser autónomos, lo cual les genera aún más inestabilidad, surgen los free tours, que trabajan por una parte de las propinas que entregan los turistas, de las cuales tienen que entregar una parte a las empresas, algunas muy grandes, como Sandemans. Son elementos que hacen temer que la precariedad se agudice cuando llegue esa supuesta recuperación del sector.

P: ¿Cómo prevé esa recuperación?

R: Habrá una cierta reactivación cuando se generalice la vacuna. Pero, más que la reactivación, es importante la transformación por debajo. Hay una aceleración de dinámicas previas. El capital financiero está ganando peso en el turismo, sobre todo en el hotelero y de intermediación. Eso llevará a mayor precariedad.

P: ¿Por qué?

R: Son capitales sin compromiso, ni con el destino ni con los trabajadores. Buscan un retorno rápido de su inversión. Prefieren estar un año o dos, vender e irse a otro lugar. Antes de salir, deben mejorar sus indicadores, como el Ebitda [beneficio antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones]. ¿Qué implica esto? Que el trabajo se ve siempre como un coste variable, no como un coste fijo. Y hay que buscar por todos los medios mecanismos para abaratarlo. Eso endurece las relaciones laborales. Vamos a ver una oleada de presión sobre los trabajadores del sector turístico. Más carga de trabajo, más polivalencia, más flexibilidad. La mitad de los convenios colectivos están en suspenso, sin negociar. Ni retroceden ni avanzan. El próximo ciclo de negociación será en peores condiciones. La entrada de fondos de inversión en el sector hotelero ha complicado las cosas. También la irrupción de plataformas como Airbnb, que no sólo desregulan el trabajo, sino que tienen mecanismos para evitar la organización sindical y llevan a una competición a la baja al sector hotelero.

P: Turistificación confinada sitúa a los fondos de inversión y plataformas digitales como los grandes ganadores. ¿Quién pierde?Turistificación confinada

R: En términos empresariales, el sector hotelero tradicional y las empresas independientes que no forman parte de los conglomerados, porque se produce un proceso de fuerte concentración, que viene de la crisis de 2008. Pero también pierden los trabajadores. Pierde una ciudadanía que ve cómo se destina gran cantidad de recursos públicos a un sector que se beneficia de una enorme desregulación. Y pierden los residentes.

P: ¿Los residentes?

R: Hay una gran pérdida de vivienda residencial, una subida de precios. Y un malestar social. Pensemos en las dark kitchens [cocinas fantasma, donde sólo se hace comida para las empresas de distribución], que suponen una nueva ocupación de estructuras urbanas, con más tráfico, más ruido... Hay una transformación de la ciudad, convertida en un espacio de negocio al servicio de un sector muy precario que contribuye poco a las arcas públicas a través de impuestos. El coste del turismo para la sociedad es enorme. Hay que ser conscientes de esto ante esta nueva crisis, que es distinta de la anterior y tendrá consecuencias propias.

P: ¿Cuáles?

R: De la crisis de 2008 se salió con un proceso de crecimiento del turismo. No es casualidad que haya sido en esta última década cuando se ha producido la expansión de las grandes plataformas. La pandemia va a dar una vuelta de tuerca más, si no actuamos para evitarlo. Lo estamos viendo. Tenemos que incorporar ya a empresas como Glovo, Deliveroo o Uber Eats al análisis, por su gran capacidad de control monopolístico y de imposición de las reglas en la hostelería. Ahí está el caso de las dark kitchens, que ponen toda la cadena de la hostelería en manos de las empresas de distribución. Esa es la clave. El éxito de las plataformas no viene, como tanto se dice, de la innovación o de la tecnología, sino de la capacidad de conseguir fondos, que les permiten invertir para crear condiciones de monopolio. Lo que distingue a las plataformas digitales no es la innovación, sino la búsqueda del monopolio.

P: Al arrancar la pandemia, los críticos con el modelo hablaron de una posibilidad para replantear las cosas. ¿Ha habido replanteamiento?

R: La crisis evidenció la vulnerabilidad de nuestra especialización e invitó a pensar en alternativas. Pero en términos de empleo, no es fácil. Hay una tendencia un poco naíf a pensar que la crisis es una oportunidad. Es como si antes no hubiéramos visto lo que pasaba, y ahora lo descubriéramos. No se trata de eso. Hay intereses de clase. Si hay transformación, será fruto de un conflicto social que parta de la defensa del empleo y de las ciudades. No va a haber otra. Ahora bien, en paralelo necesitamos propuestas.

P: ¿Qué propuestas?

R: Lo primero es invertir fondos públicos en mecanismos de protección social que tengan en cuenta la precariedad, que no dejen fuera a las trabajadoras externalizadas, a los autónomos... En segundo lugar, ayudas condicionadas a medidas fiscales, ambientales y de calidad laboral. Hay que condicionar cualquier tipo de recurso público, porque estamos generando una deuda que habrá que pagar, no lo olvidemos. No puede ser que compañías que salen de ERTE hagan un ERE y repartan beneficios a la cúpula. No podemos malgastar dinero público en volver al mismo modelo turístico. En tercer lugar, hacen malta mecanismos para dejar de ser una economía basada en el sol y playa. Ese cambio requiere inversión e intervenir en la economía para una transición ecológica. Por supuesto, no es fácil. Y tardará. Por eso necesitamos mecanismos de protección social que no sean la broma del Ingreso Mínimo Vital, que está embarrancado.

P: ¿Sigue el sector en el discurso del “cuanto más, mejor”, sin planificar una transformación real?

R: Sí. La lógica empresarial es la misma. Que hay que reactivar la maquinaria, que los turistas tienen que llegar ya, como antes. A pesar de la vulnerabilidad a la que nos condena ese modelo. Le pueden dar un tinte de sostenibilidad, o de digitalización, de reconversión de destinos maduros. Pero es un barniz. El fondo es el mismo: hay que pagar con fondos públicos y endeudamiento la recuperación del sector empresarial, para volver cuanto antes al mismo funcionamiento de antes de la pandemia. No se busca cómo evitar la repetición del esquema, sino cómo reactivar para volver a crecer. Y eso implica la entrega de fondos públicos. Estamos en un momento de “toma el dinero y corre”. El sector empresarial quiere fondos públicos para una vuelta al mismo modelo.

P: Usted habla de “condicionalidad” de las ayudas, “transición”, “diversificación”. Ese ya es el discurso oficial del Gobierno. ¿No es real? ¿Qué falla?

R: Que en nada se llega al fondo. Ni con los ERTE, ni con el Ingreso Mínimo Vital. Lo veo en ciudades como Lloret de Mar, construidas en torno al turismo, donde la gente resiste con las red familiar y el banco de alimentos. ¿Condicionalidad? No hay. Ahí está el caso de NH [que ha recibido ayudas y tiene un despido masivo en marcha]. Subvencionamos a un sector que continuamente exige ayudas públicas. ¿Diversificación? Necesitamos una apuesta en serio, y no la hay. El sector de los cuidados es precario, dependiente del trabajo no remunerado de las mujeres. Hacen falta planes que no repitan el esquema de dependencia del turismo. Y sin cerrar los ojos a la realidad. Porque el turismo no va a desaparecer, ni es razonable plantearlo. Por esa hace falta una transición sociecológica.

P: ¿En qué consiste?

R: La política turística ha consistido en que el Estado ayude a las empresas. Esto es coherente y lógico para las empresas, pero ignora las necesidades de la mayoría: buenas condiciones laborales, acceso a espacios al aire libre, salud, bienestar... Hace falta una nueva perspectiva que dé mayor peso al turismo doméstico, al turismo de interior, que esté pensado para la mayoría y sus necesidades. Esto no significa desmontar el turismo, pero sí cambiar sus prioridades. Por ejemplo, llevamos 12 años de recortes en políticas medioambientales, no hay una red de parques urbanos para bajar la presión sobre las áreas más saturadas. En este debate sobre las propuestas la izquierda está mal situada.

P: ¿Se refiere al Gobierno?

R: Me refiero a la izquierda política y social, en sentido amplio. Porque la izquierda ha pensado sólo en términos de resistencia. ¡Y suerte que lo ha hecho! Estaríamos peor sin la denuncia de la turistificación en ciudades como Barcelona o Sevilla. Pero nos hemos quedado cortos, porque parece que no concebimos que el turismo se pueda organizar de una forma que no sea al servicio de la reproducción del capital. Sí podemos pensar en políticas al servicio de la mayoría en empleo, educación, sanidad... Es fácil. En turismo, no. Nos cuesta mucho pensar en una política turística propia de la izquierda.

P: ¿Diría que la izquierda en España no tiene política turística propia?

R: Diría que hemos avanzado poco en su definición. La resistencia es necesaria frente a la explotación, la desposesión y la destrucción. Pero el turismo es demasiado importante como actividad económica como para no tener una perspectiva propia. Si no, cuando llegas a la institución, estás en peor situación, como ha ocurrido en el ámbito municipal, donde se han hecho cosas, sí, como un intento de controlar las viviendas ilegales, pero siempre con políticas reactivas.

P: ¿Cómo explicaría la falta de una planificación estatal en un sector, el turístico, con tanto peso en la economía?falta de una planificación estatal

R: No ha habido una política pública de turismo en España. Ha habido una política de uso de recursos públicos para las empresas. Ese es el drama. Hemos tenido unas políticas públicas dictadas por el sector empresarial para quedarse con los recursos públicos.

P: Cuando habla de aprovechamiento de recursos públicos por parte del sector turístico, ¿a qué se refiere? Lo entiendo ahora con los ERTE, pero, ¿qué más?

R: Hay mucho más. Subvenciones, abaratamientos de costes directos, promoción... Le hacemos el marketing a los empresarios con dinero público, con campañas en ocasiones dictadas por el sector. La medida sobre vivienda anunciada por el Gobierno [beneficios fiscales a cambio de rebajas en el alquiler] son ventajas para los propietarios de vivienda, que se ha convertido en un bien de mercado. Pero no es sólo todo eso. El sector turístico se beneficia de algo que no es suyo: las ciudades, los recursos naturales, las fiestas... Todo eso es utilizado para su beneficio por un sector parasitario del Estado, que necesita recursos públicos porque vende cosas que no son suyas.

P: ¿Diría que el sector turístico español vive de parasitar al Estado?

R: Sí. La gente no va al hotel por el wifi, va por unos bienes comunes de los que el sector se aprovecha, con un modelo que no extiende sus beneficios a la mayoría. Por eso el sector necesita el control del debate y reacciona cuando se le cuestiona.

P: Pienso en la reacción de la Mesa del Turismo contra Alberto Garzón, cuando pidió su dimisión por afirmar que era un sector de “bajo valor añadido”.

R: Y tenía razón. Lo que ocurre es que el sector necesita el control del debate para poder mantener su demanda de recursos públicos. Hay que recordar la acusación de turismofobia cuando se empezaron a cuestionar las consecuencias del proceso de turistificación. No hay fobia contra los turistas, sino una crítica a un modelo, que además implica nuestra subordinación dentro de la Unión Europea. Fuimos concebidos como la playa y el lugar de ocio para el norte de Europa y seguimos siendo eso. La pandemia nos ha puesto claramente ante el espejo, que nos muestra la consecuencia de destruir nuestro tejido industrial. Necesitamos cambiar las reglas del juego para alcanzar mayor margen de soberanía. Y, mientras tanto, hay muchas cosas que podemos hacer. Para empezar, escuchar más a los trabajadores, sus problemas y sus necesidades.

P: ¿El término “sostenibilidad” sigue siendo válido o está manido?

R: El problema de los conceptos manoseados es que pueden significar tantas cosas que acaban por no significar nada. O, como en este caso, que se ponen al servicio de una especialización y para la creación de un nicho para los espabilados de turno. Pasa como con el “turismo responsable” y el “turismo inclusivo”, que pueden quedarse sólo en palabras. Más que las palabras, me interesa ir al fondo del asunto. Si hablamos de sostenibilidad, responsabilidad e inclusividad, es porque hay insostenibilidad, irresponsabilidad y exclusión. Ante eso, hay que actuar. Debemos estar atentos, para que no se den facilidades económicas y regulatorias a un nuevo ciclo de reactivación del mismo modelo. Y cuando advierto esto lo hago porque creo que no hay una historia terminada, sino que la historia se construye en conflicto, actuando. Hay que prepararse. Porque crisis sanitarias y económicas a va haber más, no nos engañemos. Y además tenemos encima una crisis climática de caballo. La pandemia es también un aviso.

P: ¿Y qué solución hay para comunidades como Baleares, con casi un 40% de la economía dependiente del turismo?

R: La apuesta desbocada por el turismo ha sido una locura, una trampa. Ahora lo vemos con claridad. No ha generado desarrollo social. Baleares tiene muchos de los peores indicadores sociales de todas las comunidades. ¿Qué podemos hacer? Un giro de timón. Hay propuestas de transición ecológica urgente de colectivos como Terra Ferida, GOB... Porque la vulnerabilidad es tremenda. ¿Recuerdas la borrasca Gloria? Ahí se produjo un desabastecimiento de alimentos en los mercados en Baleares. Descubrimos que se habían abandonado mínimos fundamentales del sector primario por esa especialización en construcción, turismo y especulación. Fue un golpe. Luego, con la quiebra de Thomas Cook, volvimos a ver la gran dependencia de Baleares. Y ahora, con el covid, está en jaque mate toda la economía. Comunidades como Canarias y Baleares, y un montón de ciudades, como Lloret de Mar, Salou [Tarragona], Calviá [Mallorca], o en Los Cristianos [Tenerife], u otros lugares construidas en torno al turismo internacional, están rotas. Las ciudades construidas para el turismo deben mirar a lo que pasó en Detroit. Es la imagen que mejor explica el coste del abandono, en este caso industrial. Si no actuamos, si cerramos los ojos, vamos a un escenario parecido al de la caída de grandes ciudades industriales en Estados Unidos. Debemos tener muy presente esta imagen.

La economía española creció un 0,6% en el segundo trimestre del año, tasa similar a la del trimestre anterior, gracias al empuje de la inversión, ya que el consumo prácticamente se estancó. Por su parte, la tasa interanual se situó en el 2,5%, tres décimas menos que en el trimestre anterior, según la Contabilidad Nacional Trimestral publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta tasa del 2,5% es dos décimas inferior a la inicialmente estimada por Estadística a finales del mes pasado (2,7%). Sí ha coincidido, por el contrario, el dato trimestral que adelantó el INE, del 0,6%.

Debido a la revisión de la Contabilidad Nacional Anual de España, se han revisado las series desde el primer trimestre de 2015. Uno de los datos revisados ha sido el del primer trimestre de este año. Inicialmente se calculó un crecimiento trimestral del 0,7% para el periodo enero-marzo. Una vez revisados los datos, esta tasa se ha rebajado al 0,6%. De este modo, con la serie revisada en la mano, el PIB mostró tanto en el primer trimestre del año como en el segundo un crecimiento similar, del 0,6%.

Con el repunte interanual del 2,5% registrado en el segundo trimestre del ejercicio, la economía española acumula 18 trimestres consecutivos de tasas interanuales positivas, mientras que con el avance trimestral del 0,6% se acumulan 19 trimestres consecutivos de alzas.

La demanda nacional aportó 3,3 puntos al crecimiento del PIB interanual en el segundo trimestre, dos décimas más que en el trimestre anterior, en tanto que la demanda externa restó ocho décimas al crecimiento, cinco décimas inferior a la del trimestre anterior.

Sin embargo, no es esto lo que ha ocurrido. El aumento de los salarios nominales y reales, en estos años de generalizada recuperación de la actividad económica, medida a través del crecimiento del PIB, ha sido exiguo. En efecto, entre 2010 y 2016, en términos promedio, los primeros han progresado en la Unión Europea (UE) un 10,5% y los segundos un 2,4%; en la economía española los resultados aún son más discretos: el salario nominal ha aumentado un 2,1%, mientras que, en términos reales, se ha registrado una pérdida acumulada de capacidad adquisitiva del 2,5%.

Entre los factores que dan cuenta de esta evolución, el documento señala el exceso de oferta de trabajo en relación a su demanda, determinada a su vez por la de bienes y servicios. La resultante de ese desequilibrio ha sido una reducción en el número de horas trabajadas, que, entre otras cosas, se ha reflejado en la extensión (generalización en el caso de la economía española) de los contratos temporales y a tiempo parcial; involuntarios, esto es, los trabajadores afectados hubieran deseado contratos de mayor duración y jornadas laborales más largas. Otros factores manejados en el informe que, asimismo, han presionado a la baja sobre los salarios son la debilidad de la productividad del trabajo, la automatización y la competencia global.

Estamos acostumbrados a que esta y otras instituciones internacionales ignoren en sus análisis las relaciones de poder, quizá porque ellas mismas forman parte del entramado elitista y privilegiado que impone las hojas de ruta de las políticas que los gobiernos deben seguir (véase a modo de ejemplo las escandalosas retribuciones percibidas por la directora del FMI, Christine Lagarde, 350.000 euros cada año, a los que hay que sumar diferentes complementos y prebendas sobre los que apenas se dispone de información). Pero la consideración de esas relaciones es decisiva para analizar lo que se hace y lo que no se hace en economía; sin ellas resulta simplemente imposible entender la deriva salarial.

Por esa razón, es necesario reparar en la gestión que las oligarquías y las instituciones, que han sido tomadas al asalto por aquellas, han realizado de la crisis, pues esta gestión ha terminado de desnivelar las reglas del juego, a favor del capital y en detrimento de los trabajadores. Encontramos un buen ejemplo en las reformas laborales, introducidas en España y en otros países comunitarios –y que también ocupan un lugar prioritario en la agenda del europeísta presidente francés, Emmanuel Macron—, con la excusa de flexibilizar el mercado laboral para, de esta manera, crear empleo. Estas reformas han dado el poder a las empresas, debilitando a las organizaciones sindicales y a los representantes de los trabajadores, pervirtiendo y devaluando la negociación colectiva y abriendo las puertas de par en par a la represión, que no moderación, salarial. Esta ha afectado a la mayoría de trabajadores, pero no a las élites empresariales que, aprovechándose de su situación de privilegio, han continuado auto recompensándose generosamente.

Ello explica que la desigualdad salarial haya avanzado con carácter general. En nuestra economía, el aumento del índice de Gini ha sido de un punto porcentual entre 2010 y 2015 (último año para el ofrece datos el Instituto Nacional de Estadística). Asimismo, el grupo de trabajadores de bajos ingresos ha crecido, en idéntico período, en más de tres puntos, hasta situarse en el 16,7%; alcanzando el 13,2% el de los considerados pobres. Como se ha dicho antes, entre los factores contemplados por el FMI se encuentra el débil aumento de la productividad del trabajo (medida como producción por hora trabajada); como si, por definición, existiera un nexo entre esta variable y los salarios, como si el crecimiento de estos siguiera inexorablemente el de la productividad. Nada más lejos de la realidad.

En las décadas previas al estallido del crac financiero, las retribuciones de los trabajadores asalariados aumentaron, cuando lo hicieron, por debajo de la productividad, dibujando una tendencia de largo recorrido que apuntaba a su estancamiento. Eso explica que su peso en la renta nacional entre 1991 y 2007 en la UE15 (grupo de países para el que Eurostat ofrece información estadística para este período) haya pasado desde el 58,8% en 1991 hasta el 55,1% en 2007; los datos para la economía española son, respectivamente, del 61,3% y 56%. Precisamente, la desconexión entre ambas variables, y la desigualdad asociada a la misma, estuvo en el origen de la crisis; el aumento de la concentración de la renta y la riqueza y la creciente financierización de los procesos económicos tiene mucho que ver con esa brecha.

En los últimos años, el gap salarios/productividad ha permanecido y en algunos casos se ha hecho más pronunciado. En la UE, la productividad ha aumentado entre 2010 y 2016 un 4,7%, mientras que el avance de los salarios ha sido muy inferior, de dos puntos porcentuales. En la economía española la diferencia ha sido aún mayor: el alza de la productividad, del 6,7% –como consecuencia sobre todo de un acusado descenso en el número de horas trabajadas—, se ha dado en paralelo a una reducción en la compensación real por empleado del 3%. Estas dinámicas han cristalizado en una pérdida de peso de los salarios en la renta nacional; en algo menos de un punto porcentual en la UE y en un 3,2% en España; de nuevo batiendo récords... negativos.

Los datos anteriores apuntan a que la represión salarial se ha instalado en el engranaje económico, ha impregnado la denominada construcción europea y forma parte del ADN del capitalismo que emerge de la crisis, acentuando una tendencia que ya era evidente antes de la misma. Son ciertamente diversos los factores que dan cuenta de esa evolución, por lo que no caben simplificaciones ni conclusiones apresuradas al respecto, pero me parece evidente que la configuración de las relaciones de poder debe estar en el centro de cualquier explicación verosímil.

Una consideración adicional para concluir. La deriva salarial y su naturaleza estructural no sólo impide sostener que estamos saliendo de la crisis (lugar común de un planteamiento sesgado, erróneo e inmoral). Para superarla, es imprescindible que los salarios (especialmente los de aquellos grupos de población que han perdido más capacidad adquisitiva) recuperen lo perdido a lo largo de esta década. Es necesario, para ello, crear las condiciones sociales e institucionales que preserven y fortalezcan la negociación colectiva y la democratización de las relaciones laborales, legislar a favor del empleo decente, debilitar las posiciones oligopólicas de las grandes corporaciones y limitar los privilegios de las élites empresariales. ________________Fernando Luengo es miembro de la Secretaría de Europa de Podemos.

Fernando Luengo

Lo advirtió en junio de 2011, cuando todavía era candidato, el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: "Tendremos el Estado del bienestar que podamos permitirnos". Tras su llegada a la Moncloa, el líder del PP metió la tijera en sanidad y educación, recortó la protección social al desempleo, limitó el desarrollo de la ley de dependencia o desligó las pensiones del IPC, entre otras medidas. El terreno ya lo había abonado su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, que apenas un año antes había suprimido el cheque- bebé, restringido las ayudas a los dependientes o rebajado el 5% en el salario de los empleados públicos. También inició la reforma de las pensiones. 

Todas estas medidas se tomaron en momentos de extrema gravedad, con el país al borde del precipicio. El problema es que, tras la tormenta, amenazan con quedarse a través de reformas legislativas que consolidan estos recortes. Al mismo tiempo, también parece esfumarse la posibilidad de que el Estado del bienestar se expanda hacia nuevas áreas de protección social. infoLibre explica a continuación qué recortes llegaron para quedarse en los años de la crisis. 

  01. Pensiones

La crisis trajo consigo una reformulación del sistema de pensiones públicas en dos tiempos. En 2011, todavía bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años, medida que se está implantando de forma gradual hasta 2027; y la ampliación, también de forma progresiva, del periodo de cómputo para calcular la pensión de los últimos 15 años de la vida laboral a los últimos 25.

Dos años después, en 2013, el PP aprobó en solitario otra reforma que incluyó varias novedades. Entre ellas, la creación de un mecanismo de ajuste automático de las pensiones, llamado factor de sostenibilidad, que recorta estas prestaciones según aumente la esperanza de vida, por un lado, y de acuerdo con la relación entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, por otro. La reforma de 2011 ya preveía la creación de este factor de sostenibilidad, pero para 2027 y que actuara por primera vez en 2032.

Dicha reforma de 2013 también desligó del IPC el índice de revalorización de las pensiones. Desde entonces las pensiones sólo han subido un 0,25% anual, el mínimo legal mientras persista el déficit de la Seguridad Social, lo que les ha hecho perder poder adquisitivo. Hasta entonces, se actualizaban según la inflación de cada mes de noviembre. De hecho, la mayoría de los países de la OCDE y buena parte de los miembros de la UE siguen "anclados" en el IPC para revalorizar las pensiones. Por otro lado, el PP había aprobado meses antes, y por decreto, la reforma de la jubilación anticipada y parcial exigiendo más edad y más años cotizados.

Sobre el horizonte planean nuevas reformas, pues los grupos parlamentarios están debatiendo en la Comisión del Pacto de Toledo fórmulas para afrontar la crisis del sistema y garantizar tanto la sostenibilidad como la suficiencia de las pensiones. Hay que tener en cuenta que el Fondo de Reserva, la conocida como hucha de las pensiones, quedará agotado este año y que los Presupuestos del Estado incluyeron un préstamo de 10.192 millones de euros para pagar la extra del pasado julio.

  02. Desempleo

El sistema de protección social español también tiene síntomas de debilitamiento. En el verano de 2012, en plena recesión, el Gobierno del PP metió la tijera a las prestaciones contributivas, las que cobran durante un máximo de dos años tras perder el empleo. El Ejecutivo aprobó por decreto ley una rebaja de las prestaciones de quienes están en paro más de medio año que, desde el séptimo mes, pasaron a cobrar el 50% de la base reguladora media de los últimos 180 meses cotizados en lugar del 60%. 

El sistema de prestaciones por desempleo sólo protege a la mitad de los parados. Concretamente, al 55,1% de los registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al cierre de 2016. En 2010, la cobertura alcanzaba al 78,4%. En su última memoria anual, el Consejo Económico y Social señalaba que este recorte se debe no sólo a la reducción del paro, sino también a la pérdida de prestaciones que supone la prolongación del desempleo.

Lo cierto es que el Ejecutivo de Rajoy también recortó algunos de los subsidios más precarios que se cobran cuando ya se ha agotado la prestación de paro. En 2013 dificultó el acceso al subsidio para los mayores de 55 años, uno de los grupos más castigados por la crisis y el desempleo, endureciendo la prueba de rentas. A partir de entonces solo tienen derecho a percibir esta ayuda los desempleados que demuestren que los ingresos medios de su familia no superan el 75% del salario mínimo interprofesional. 

  03. Sanidad

Los efectos de la austeridad también han llegado a la sanidad. Sólo meses después de su desembarco en el Ministerio de Sanidad, la extitular de ese departamento Ana Mato defendió una reforma sanitaria que tenía como fin último hurtar más de 6.000 millones de euros a la sanidad pública. Según los últimos datos de Eurostat, la sanidad española se financió en 2015 con 6.307 millones de euros menos que en 2009 (de 72.939 millones a 66.632). 

El decreto impulsado por Mato consolidó un cambio de sistema: se perdió la universalidad –más de 870.000 inmigrantes sin papeles fueron expulsados de la atención normalizada– y los ciudadanos pasaron a ser asegurados en lugar de beneficiarios. Asimismo, llegó el copago para los pensionistas que hasta entonces sólo habían contribuido a pagar los medicamentos con sus impuestos. Empezaron así a abonar el 10% del precio de los fármacos con topes de 8, 18 o 60 euros mensuales en función de la renta. 

Para el resto de ciudadanos, el porcentaje de pago se estableció en función de los ingresos. Se mantuvo en el 40% para quienes ganan hasta 18.000 euros al año, se aumentó del 40% al 50% para los que tienen unos ingresos entre 18.000 y 100.000 y se incrementó del 40% al 60% para quienes ganan más de esa cifra. A cambio, quedaron exentos los parados sin prestación ni subsidio y quienes cobran pensiones mínimas o no contributivas.

A través de ese decreto también se puso en marcha el llamado medicamentazo. Es decir, la exclusión del sistema de recetas de 417 fármacos de uso común que desde el 1 de septiembre de 2012 los pacientes deben pagar íntegramente de su bolsillo. Entre ellos, Fortasec, para tratar la diarrea; Flumil o Flutox, para procesos catarrales; o el protector de estómago Almax. El último Barómetro Sanitario [consultar, aquí], el sondeo que realizan anualmente el Ministerio de Sanidad y el CIS, reveló que el 4,4% de los encuestados había dejado de tomar algún medicamento recetado por un médico de la sanidad pública en 2016 porque no se lo pudo permitir por motivos económicos

  04. Educación

España es el quinto país de la UE que más ha recortado en educación desde el inicio de la crisis solo por detrás de Grecia, Chipre y Portugal. En números absolutos son 5.713 millones de euros menos (de 49.692 a 43.979, entre 2009 y 2015). Esta cifra evidencia que aunque os presupuestos hayan empezado a subir en los últimos años, estos aumentos no han sido suficientes para mitigar los recortes de los primeros años de la crisis.

En relación a medidas concretas, docentes, estudiantes y familias se han mostrado muy combativos con el vuelco radical del sistema de becas que el PP impuso en 2012. Según datos aportados por los rectores, este modelo ha provocado que ganaran peso las ayudas menos cuantiosas, como la compensación por los precios de matrícula –antes de 2012 el 27% del presupuesto se dedicaba a estas ayudas y ahora es el 40%–; y han perdido las que suponen dar dinero al alumno para que pueda estudiar en otra comunidad o para compensar que los hijos de familias con rentas más bajas estudien en lugar de trabajar. Estas últimas han pasado de copar el 58% del presupuesto a apenas el 28%.

Por otro lado, los universitarios se han visto muy perjudicados por el decreto de "racionalización del gasto educativo" que, en 2012, promovió un cambio en la forma de pago en los campus públicos al dar a las autonomías la posibilidad de establecer la parte del coste educativo que asume directamente el estudiante en base a unas horquillas. Desde entonces, en primera matrícula, el crédito de los estudios de posgrado se podía posicionar entre el 40 y el 50% del coste real que supone impartirlo. Asfixiadas por el déficit, algunas autonomías llevaron esta norma hasta el extremo. Lo que supuso, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de las familias, un aumento de más del 30% en el precio de las carreras universitarias en hasta nueve comunidades.

  05. Nuevos derechos

En las nuevas áreas de derechos sociales conquistados en el preludio de la crisis destaca la aprobación de la ley de dependencia, la norma que reconoció en 2006 el derecho que tienen las personas que no pueden valerse por sí mismas a recibir una ayuda por parte del Estado. Sin duda, el dato más positivo es que, a día de hoy, 909.973 personas están recibiendo una prestación económica o un servicio (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día o de noche, atención residencial...) en virtud de esta ley.

Sin embargo, la estructura del sistema, que todavía no estaba consolidado, sufrió un gran deterioro durante el último periodo de intensos recortes. En 2010, el Gobierno socialista eliminó la retroactividad y a partir de entonces el derecho reconocido sólo comenzó a hacerse efectivo desde la fecha de resolución de la prestación y no desde la solicitud, como estaba previsto en el articulado inicial.

En 2012, ya con el PP en la Moncloa, llegó el gran tijeretazo. Se redujeron un 15% como mínimo las pagas que reciben los familiares por cuidar a dependientes; se aplazó la entrada al sistema de los dependientes moderados; y se suprimió un bloque entero de financiación, el llamado nivel acordado, al que se dedicaban 285 millones anualmente. En 2013, otro real decreto determinó la disminución de las intensidades de las prestaciones de servicios de centro de día/noche y del servicio de ayuda a domicilia.

En 2008 el Ejecutivo socialista aprobó la ampliación del permiso de paternidad desde los 13 días existentes hasta el mes de duración, si bien la medida no entró en vigor hasta el pasado enero, casi diez años después, porque no se dotaba económicamente en los Presupuestos. Otra derecho social que sí se puso en marcha, aunque por poco tiempo, fue el polémico cheque-bebé, la ayuda de 2.500 euros por cada hijo nacido o adoptado, que se anuló en 2010 sólo tres años después de su implantación. Esta medida había indignado a un sector de la izquierda porque la ayuda se proporcionaba a todas las familias por igual, al margen de sus ingresos. 

Tampoco tuvieron mucho recorrido las ayudas al alquiler para los jóvenes de entre 22 y 30 años con ingresos inferiores a 22.000 euros brutos anuales que los socialistas pusieron en marcha en 2007. El PP suprimió las nuevas altas nada más llegar al Gobierno, en diciembre de 2011. Y apenas medio año después, en julio de 2012, recortó la asignación para los jóvenes que la recibía de 210 euros a 147 euros al mes.

En España, a pesar de su significativa mejora macroeconómica, el panorama es muy similar. De hecho, el Gobierno acumula numerosas advertencias de organismos nacionales e internacionales –OCDE, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional...–, de ONG –Oxfam Intermón o Cáritas, entre ellas– y de sindicatos. También el INE ha constatado que la recuperación de las grandes cifras sigue sin llegar a todas las capas de la población. 

La última Encuesta de Condiciones de Vida del INE relativa a 2016 [consultar aquí] subrayó que la tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social representa el 27,9% de la población. Esa tasa, que era del 26% en 2010, es el principal indicador que utiliza la oficina estadística europea, Eurostat, para medir el peso de las personas menos favorecidas en una sociedad. El término –también denominado Arope, del inglés, at risk of poverty or social exclusion– se compone de tres variables: riesgo de pobreza, baja intensidad en el empleo o carencia material severa. Con los datos de población de 2016 (46,5 millones), unos 12,9 millones de personas cumplirían alguno de estos criterios.

Esa tasa se mantiene estable respecto a 2013, cuando fue del 27,3%. Ese año es considerado por los expertos como el más negativo en cuestiones de pobreza. Por un lado, porque la encuesta del INE siempre se realiza con los datos ingresos del año anterior, en este caso, de 2012; y, por otro, por la consecuencias que el desempleo tiene en estos indicadores y que se empiezan a notar entre uno y dos años después de la pérdida del empleo, cuando ya se han agotado prestaciones y subsidios.

Ayudas sociales 

La distribución de las consecuencias de la crisis ha sido muy dispar. El índice de Gini —que mide la distribución de la renta en una sociedad: un valor de cero marca la igualdad absoluta y uno la desigualdad total— ascendió en 2014 hasta el 0,344, cerca de máximos históricos y por encima de la media de la OCDE. "Esto en buena medida se debe a los bajos salarios de las personas con menores ingresos, cuya brecha salarial respecto de los salarios medios es una de las mayores entre los países de la OCDE", señaló el pasado marzo Ángel Gurría, secretario general del organismo, en la presentación del informe en el que se publicaron esos datos. 

La OCDE también detectó deficiencias a resolver en el sistema impositivo y de transferencias sociales –impuestos y ayudas–, dos elementos que contribuyen a reducir la desigualdad. "En líneas generales, las ayudas públicas para las familias son escasas. El gasto social por niño es inferior al promedio de las economías desarrolladas y es especialmente bajo en la primera infancia, lo que deriva de un gasto bajo en ayudas a las familias y en servicios públicos para el cuidado infantil", recoge el documento. 

Así, el organismo recomendó "aumentar el volumen" de los programas regionales de apoyo en materia de ingresos mínimos y las "ayudas en efectivo a familias con hijos". En este sentido, en su último informe anual relativo a España [consultar aquí], la Comisión Europea también alertó el pasado febrero de que el índice Gini, que aumentó durante la crisis, está "entre los más altos de la UE" incluso después de aplicar los efectos redistributivos que tienen los impuestos y las transferencias sociales. 

En su documento, el ejecutivo comunitario situó la rápida subida del desempleo y la persistente segmentación del mercado laboral –entre trabajadores con contratos indefinidos y temporales– como causas principales del aumento de la desigualdad en la distribución de la renta. Por su parte, la OCDE también alertó de que los trabajadores españoles con los sueldos más bajos sufrieron el mayor recorte salarial de entre todas las economías más industrializadas del mundo entre 2010 y 2014, solo por detrás de los empleados más precarios de Portugal. Los empleados españoles con los sueldos más altos se están quedando con los réditos de la recuperación. 

Según el informe El sistema de protección social en España 2017, elaborado por el sindicado Comisiones Obreras, una manera de combatir los fenómenos de desigualdad y exclusión social asociados a la devaluación salarial es aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), al que está asociada la base mínima de cotización. Entre 2009 y 2016 el SMI ha perdido un 4% de poder de compra. Según la organización sindical, el incremento del SMI en un 8% para 2017, aprobado por el Gobierno, es "claramente insuficiente" porque su efecto directo en términos de ingresos netos será poco relevante. Sí será importante, no obstante, en relación al "efecto arrastre" para otros salarios.

Precariedad laboral  

Por otro lado, la ONG Oxfam Intermon documentó en su informe España, un crecimiento económico que deja fuera a las personas más vulnerables cómo la riqueza en nuestro país está concentrada cada vez en menos manos: 4,7 millones de personas tienen lo mismo que 42,6 millones. Según la organización, el resultado de "una economía que promueve una distribución injusta de las rentas y las oportunidades que se generan" es que "la fortuna de tan sólo tres personas –Amancio Ortega (Inditex), su hija Sandra Ortega y Juan Roig (Mercadona)– equivale ya a la riqueza del 30% más pobre del país".

En el estudio, la ONG recordaba que uno de cada cuatro españoles estaba en riesgo de pobreza y exclusión social en 2015 y que, en el inicio de 2016, había 720.000 familias sin ingresos. Además, señalaba que "más de la mitad de los parados" registrados en el último trimestre de 2015 "llevaban sin trabajar más de un año", al tiempo que ponía el acento en una precariedad laboral que castiga, en mayor medida, a los que menos cobran. A todos estos elementos, Oxfam sumó uno más: el sistema tributario, que "recauda poco y mal" y es "regresivo en su diseño e injusto a la hora de frenar las fugas hacia paraísos fiscales".

Este verano se cumplen diez años de la caída de la gestora estadounidense Bear Stearns, cuya quiebra al no poder reembolsar la inversión a sus partícipes fue el inicio de una espiral que supuso el pinchazo de la burbuja inmobiliaria norteamericana y acabó arrastrando a la economía mundial y, muy especialmente, a los países en los que coincidían unos activos inmobiliarios sobrevalorados con una excesiva asunción de riesgos por parte del sector financiero como consecuencia la mala gestión de las hipotecas de alto riesgo. 

Las consecuencias de la crisis son de sobra conocidas: crecimiento del desempleo, aumento de la desigualdad entre ricos y pobres, incremento de la pobreza relativa, caída de los salarios, recortes del gasto público... Lo que era inicialmente una crisis financiera y bancaria se convirtió en una crisis de deuda soberana que acabó afectando a la economía real. Una década después sigue siendo necesario revisar qué se ha rectificado y qué no de las causas que dieron origen a la gran recesión.

Los economistas consultados por infoLibre no son demasiado optimistas al respecto. Coinciden en que los bajos tipos de interés, los altos niveles de endeudamiento público, la fiebre por el sector inmobiliario o la proliferación de productos financieros que prometen altos retornos –todos ellos elementos que propiciaron el crack de 2007– siguen siendo factores de vulnerabilidad que dejan a la economía mundial demasiado expuesta a un nuevo shock. 

Este miércoles la Comisión Europea dio por zanjada "la peor recesión sufrida en la Unión Europea en sus seis décadas de historia". En un comunicado [consultar, aquí] el ejecutivo comunitario resaltó que, en la actualidad, la economía de la UE crece por quinto año consecutivo, el desempleo registra sus cifras más bajas desde 2008, los bancos son más fuertes, la inversión está repuntando y las finanzas públicas están más saneadas. "La recuperación de la economía europea se ha consolidado y ampliado", declaró el comisario Pierre Moscovici, responsable de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas.

El economista Alejandro Inurrieta cree que tras el parón se está produciendo el mismo esquema pues, con tipos de interés negativos, hay que generar de nuevo activos con riesgo y con rentabilidad para que la maquinaria siga funcionando. "Vuelven a crecer los activos inmobiliarios mientras el sector productivo está cada vez peor. La inversión sigue por los suelos, el empleo agregado global de la economía mundial sigue cayendo a pesar de que haya recuperación en algunas zonas... el mundo va hacia otra economía con deuda en el que se sigue abusando de las operaciones especulativas de alto riesgo", señala.

Javier Santacruz, economista e investigador en la Universidad de Essex, pone el acento sobre los altos niveles de endeudamiento. "Es una cuestión muy relevante pues acaba generando problemas financieros tanto a la banca como a las grandes empresas. Lo que estamos observando es que el endeudamiento, lejos de reducirse, lo que ha hecho es incrementarse de una forma muy importante trasladándose desde el sector privado al público", asevera. De hecho, a su juicio, los bajos tipos de interés "perpetúan en el tiempo la cuestión del alto endeudamiento", lo que se une al "problema" del escaso ahorro. 

Otro de los "excesos" de antes la crisis que se siguen viendo en la actualidad, sin que se haya hecho nada para atajarlo, es el relativo al ámbito inmobiliario. "El precio de la vivienda en las principales ciudades de Estados Unidos está ya en el mismo nivel que en 2007", señala el economista José Carlos Díez. 

Más regulación  

En el marco europeo, el ejecutivo comunitario presume de que la UE ha trabajado para regular el sector financiero y mejorar la gobernanza económica; alentar nuevos marcos institucionales y jurídicos comunes; crear un cortafuegos financiero para la zona del euro; ayudar a los países que atravesaban por dificultades financieras; mejorar las finanzas públicas de los Estados miembros; llevar a cabo reformas estructurales y estimular la inversión; combatir el desempleo juvenil; mejorar la supervisión del sector bancario; aumentar la capacidad de las entidades financieras para hacer frente a los retos del futuro; así como establecer métodos para gestionar y prevenir mejor posibles crisis.

Sin embargo, según Santacruz, lo que hay ahora encima de la mesa tanto en Estados Unidos como en Europa son "toneladas de regulación" sin una aplicación efectiva. "Hay más regulación, pero menos productiva y eficaz. Lo que hay que hacer es establecer unas reglas claras y sencillas y que los reguladores, cuyo papel es fundamental, velen por su cumplimiento", señala. Lo cierto es que el estallido de 2007 puso muy en cuestión la actuación de los organismos supervisores, que no fueron capaces de detectar a tiempo la excesiva dimensión que estaban adquiriendo los créditos hipotecarios ni de tomar medidas para resolver el problema.

A este respecto, Díez saca a colación algunos recientes movimientos en el mercado de bonos. En concreto, el caso de la automovilística de vehículos de lujo Tesla, que esta semana hizo una emisión de bonos basura con un rating similar al que tenía el Banco Popular antes de quebrar, B-. También la propia quiebra de Popular, que evidenció las fisuras de la asunción de la supervisión bancaria por parte del BCE. 

A juicio de Inurrieta, los bancos centrales siguen alimentando la "burbuja bursátil" porque la teoría, sobre todo en el mundo más neoconservador norteamericano, es que la bolsa es un termómetro para que los ciudadanos consuman. "La ilusión monetaria dice que si las acciones van bien hay más sensación de riqueza y, por tanto, más consumo, aunque en algunos casos la plusvalía bursátil esté generando más endeudamiento", señala.

Los expertos consultados, no obstante, sí señalan que esa regulación ha traído aspectos positivos en la banca regulada. En concreto, el aumento de las exigencias de capital a las entidades financieras para que puedan asumir sus pérdidas. Es decir, el objetivo es que la banca tradicional cuente con mejores colchones de capitalización. Sin embargo, cuestionan que la llamada banca en la sombra (fondos de capital riesgo, hedge funds...), convertida en un  gran foco de inestabilidad, sigue escapando a la supervisión. 

Díez pone de ejemplo de reciente operación de compra del 51% de los activos inmobiliarios que el Banco Santander heredó del Popular por parte del fondo Blackstone. "Esos activos han pasado de estar en un banco regulado a un sistema en sombra. Aunque Blackstone es un gran fondo no tiene la misma regulación o las mismas exigencias de capital que la banca tradicional. Aunque quizá no al nivel de 2007, pero sí sigue habiendo excesos en el sistema financiero paralelo", sentencia. 

El presidente del Banco Central Europeo (BCE) ha marcado en el calendario la reunión del próximo mes de junio como la fecha indicada para que el Consejo de Gobierno del instituto emisor adopte medidas para combatir los riesgos de una inflación demasiado baja y frenar la escalada del euro, que este jueves se había aproximado hasta los 1,40 dólares, en máximos de dos años y medio.

"El Consejo de Gobierno se encuentra cómodo con la idea de actuar la próxima vez", dijo Draghi, quien destacó el consenso en el seno de la entidad en "no estar satisfechos con el camino proyectado de inflación", así como en "no resignarse" a aceptar este factor, "lo que llevaría a un consenso para actuar" después de conocer las proyecciones de junio.

"Esta reunión la veo como una previa de la que vamos a celebrar en junio", dijo Draghi en la rueda de prensa posterior al encuentro del Consejo de Gobierno del BCE, que decidió mantener estables los tipos de interés en el 0,25%.

Asimismo, el máximo responsable de la política monetaria del euro señaló que la evolución del tipo de cambio será observada "muy de cerca" por la entidad. "El tipo de cambio es causa de una gran preocupación para el objetivo de la estabilidad de los precios que habrá de afrontarse por lo tanto", afirmó Draghi.

En este sentido, el presidente del BCE aseguró que el organismo está listo para actuar con rapidez si fuera necesario y reiteró la unanimidad del Consejo para utilizar medidas no convencionales dentro de su mandato si es requerido por la situación.

El banquero italiano subrayó durante su discurso introductorio que las expectativas de inflación a medio y largo plazo se encuentran "firmemente ancladas" de acuerdo con la definición del estabilidad de precios de la institución, ligeramente por debajo del 2%.

Así, Draghi apuntó que los bajos niveles de inflación en la zona euro se corresponden en gran medida a la capacidad no utilizada y atribuyó en torno a un 80% del debilitamiento de los precios al impacto de los alimentos y la energía, aunque señaló que el BCE espera que la inflación repunte "gradualmente" a lo largo del próximo año.

No obstante, Draghi emplazó a esperar hasta el próximo mes de junio, cuando "habrá más información disponible", ya que a los datos de inflación se sumará la publicación de las proyecciones macroeconómicas del BCE.

De este modo, el presidente del BCE recordó que la entidad vigilará de cerca la evolución de la situación, así como del mercado de divisas y subrayó que los tipos de interés se mantendrán al nivel actual o incluso por debajo durante un periodo prolongado de tiempo.

Millones de españoles se baten en el ring día a día. Entre las cuerdas: el desempleo, las dificultades para llegar a fin de mes, los desahucios, la desesperanza y la frustración. La crisis económica está ganando el combate: depresión, estrés y ansiedad son sus principales reveses. Médicos y psicólogos alertan de que la salud mental está empeorando como consecuencia de la crisis y denuncian que la atención sanitaria es insuficiente.

En 2010, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advertía a todos los Estados de la repercusión de la crisis económica sobre la salud mental. Basándose en datos de crisis anteriores, como la de 1930, la OMS señalaba que los apuros económicos y el desempleo tendrían un importante impacto en las enfermedades de carácter psicológico. Instaba entonces a los Gobiernos a implantar medidas de apoyo social, incentivar el empleo y aliviar a los núcleos familiares de la carga de la deuda para evitar que la historia se repitiera. Sin embargo, Miguel Anxo García, especialista en Psicología Clínica del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, explica a infoLibre que el Ejecutivo español “ha hecho exactamente lo contrario”, y los resultados “han confirmado la advertencia: entre 2008 y 2012 el número de suicidios aumentó un 2,8%”.

Más estrés, más ansiedad, más depresión y más suicidios

Desde que comenzara la crisis económica, “los casos de depresión han aumentado un 19,4%, los relativos a ansiedad un 8,4% y el alcoholismo un 4,6%”, recalca García haciendo referencia a los datos del Congreso Catalán de Salud Mental de 2013. Estos trastornos mentales “están relacionados con el desempleo, con los problemas para pagar la hipoteca o con hacer frente a los gastos del día a día”, añade.

Los aprietos económicos desembocan en “conflictos interpersonales, en problemas de pareja y afectan tanto a hombres como a mujeres”, relata Elisa Sánchez, experta en salud laboral y miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. “A pesar de que no se suelen publicar datos exactos –no existe un registro del número de intentos de suicidio ni de los consumados en nuestro país–, los casos de suicidios relacionados con los desahucios, el desempleo o la presión laboral son reales”, subraya. A pesar de que en España se producen más muertes por suicidio que por homicidio, recuerda la psicóloga, “no hay políticas, ni atención, ni acción específica para abordar el problema”.

Los pacientes que sufren acoso laboral, dificultades para relacionarse o presentan síntomas de estrés “tardan mucho en ser atendidos por la Seguridad Social”, asegura Sánchez. Las listas de espera retrasan el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades mentales “que tratadas por un psicólogo se pueden controlar”. Sin los cuidados necesarios, explican los expertos, estas patologías se cronifican; lo que comienza como un pequeño estado de estrés se convierte en estrés crónico, y puede desembocar en una profunda depresión. Sin trabajo, sin ingresos y sin recursos suficientes para cubrir las necesidades más básicas, “muchas personas han terminado por normalizar el estrés”, alerta la psicóloga.

Cifras que corroboran el deterioro de la salud mental

Han aumentado los suicidios y se prescriben más fármacos para combatir el estrés, la ansiedad y la depresión, indicios que, para Isabel Ruiz, médica y miembro de la Escuela Andaluza de Salud Pública, corroboran que la crisis económica tiene un impacto significativo sobre la salud mental. La relación entre el empobrecimiento y las enfermedades mentales “no está clara –precisa Ruiz–, sin embargo, si existe una autopercepción peor de la salud, un mayor uso de los servicios sanitarios, un aumento de las prescripciones de ansiolíticos y una acentuación del número de suicidios”.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2012 el suicidio fue la principal causa externa de mortalidad: fallecieron 3.539 personas –2.724 hombres y 815 mujeres–. La tasa de suicidios se situó en 7,6 por cada 100.000 habitantes, la más alta desde 2005. Entre los hombres de 25 a 30 años, el suicidio pasó a ser la primera causa de muerte. La Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) ha documentado 24 suicidios, entre 2010 y 2014, relacionados con ejecuciones hipotecarios: personas que se quitaron la vida ante la idea de perder su hogar.

A estas alarmantes cifras se suman la demanda y el consumo de fármacos destinados a apaliar los trastornos mentales. “Entre 2009 y 2010 el número de envases de tranquilizantes saltó de 53 a 54,9 millones, la venta de antidepresivos pasó de 35,1 a 38,7 millones”, subraya el psicólogo Miguel Anxo García.

Los números confirman que existe un problema real: los aprietos económicos, la austeridad y el paro de larga duración enferman. “La salud mental y el suicidio son temas tabúes –apunta Ruiz–, no se habla de cómo la crisis afecta a las enfermedades mentales; se oculta esta realidad por miedo a un efecto de contagio, se minimiza”. El Estado ha conseguido, hasta ahora, desplazar a un segundo plano este escenario y restar importancia a un contexto económico y social que pasa factura a la vida de sus ciudadanos. Sin embargo, expertos y entidades sociales, que llevan denunciando el deterioro de la salud mental desde los inicios de la llamada recesión económica, han decidido poner en marcha un programa de actuación que aborde lo que está ocurriendo.

Sin recursos, sin tratamiento 

Este fin de semana se celebró en Madrid una reunión de profesionales de salud mental de toda España para, explica Anxo García, “colocar en la agenda política medidas específicas capaces de hacer frente a una situación que es preocupante a nivel nacional: el deterioro indiscutible de la salud mental”. Y es que, mientras en “Portugal o Grecia se habla claramente del impacto de la presión económica sobre la salud, en nuestro país no se menciona el boom de suicidios relacionados con el desempleo o los desahucios”, apuntan desde la Escuela de Salud Pública andaluza.

No sólo está empeorando la salud de los ciudadanos, sino también la atención que reciben. “Las personas con recursos suficientes acuden al ámbito privado al encontrarse en un estado depresivo –remarca Anxo García–, pero las personas que no tienen medios se enfrentan a una agravación, complicación y cronificación del trastorno por la disminución de recursos y ayuda asistencial de carácter público”.

La Escuela de Salud Pública Andaluza revela que el problema de la crisis es doble cuando se trata de salud: por un lado aparece el propio impacto de la tesitura económica –el desempleo, los desahucios y los recortes– en el bienestar de las personas; y por otro, las políticas de austeridad que constriñen el gasto sanitario. Esa disminución del gasto sanitario, sumado al incremento del copago, que impide a muchas personas acceder a los fármacos que necesitan, establece un panorama poco alentador para tratar las enfermedades mentales. 

'Más vale prevenir que curar'

En este sentido, los expertos coinciden en que la prevención es primordial para frenar la degradación del estado mental. “Igual que se invierte en campañas para evitar los accidentes de tráfico o las enfermedades cardiovasculares, prevenir el suicidio es posible –asegura Ruiz–; el único problema es que hay que invertir a nivel político, económico, social y cultural”.

Mientras la crisis se prolonga, miles de ciudadanos ven como empeora su salud, convierten su malestar en algo cotidiano y se dejan llevar por la desesperanza hasta los límites de la depresión. La Asamblea de Salud Mental de Galicia, cuyo portavoz es Miguel Anxo García, ha denunciado el grave deterioro de la asistencia pública y ha instado organismos civiles parejos a aunar fuerzas para exigir el respeto a los derechos democráticos, sociales y sanitarios.

El llamamiento unánime de los profesionales sanitarios a los políticos para atajar el evidente problema de la salud mental, acomete no sólo reivindicar el derecho a la asistencia sanitaria, sino también colocar en primera plana las consecuencias de la pobreza, los recortes sociales y las estrategias de austeridad en la cabeza de miles de ciudadanos.

Con las nuevas previsiones del Gobierno, recogidas en los Presupuestos del Estado para 2014, la deuda pública hasta agosto se encuentra a casi dos puntos del objetivo para todo el año, situado en el 94,2%, y todavía lejos del 98,9% que contempla el Ejecutivo para el próximo año.

En lo que va de año, la deuda de las administraciones públicas ha crecido todos los meses, salvo en enero, abril y agosto. El mayor incremento del endeudamiento se produjo en febrero, cuando la deuda aumentó en más de 30.000 millones de euros, y en mayo, cuando repuntó en más de 25.000 millones.

A pesar del descenso mensual del endeudamiento público, la deuda pública experimentó hasta agosto un incremento del 17,9% frente a los ocho primeros meses de 2012, cuando el endeudamiento de las administraciones públicas alcanzó los 801.590 millones de euros.

Deuda en valores a medio y largo plazo 

Del total de la deuda en manos de las administraciones hasta agosto, 83.451 millones de euros correspondían a valores a corto plazo, 4.209 millones menos que en julio, aunque el grueso de la deuda sigue colocada en valores a medio y largo plazo, hasta un total de 658.188 millones de euros, con un incremento de 3.676 millones respecto al mes anterior.

Por su parte, los créditos no comerciales en manos de las administraciones públicas sumaron hasta agosto 203.043 millones de euros, 2.624 millones menos que la cifra registrada un mes antes.

El Gobierno atribuye el incremento de la deuda pública a la aceleración del programa de financiación a medio y largo plazo del Tesoro. En lo que va de año, el organismo ha captado ya en los mercados el 90,1% de la emisión prevista para todo el año (121.300 millones).

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció este viernes que un gran acuerdo político entre Gobierno central y oposición es difícil de conseguir, pero necesario para dar "autoestima y cohesión" a España, algo que considera clave para afrontar la salida de la crisis.

Sentenció que cohesión equivale a productividad, al intervenir en la XXIX reunión del Círculo de Economía en Sitges (Barcelona), donde admitió que sellar este gran pacto será "difícil" porque las diferencias entre los dos grandes partidos del Estado son importantes. "Y las tentaciones también, pero creo que nuestra obligación como partido de la oposición, como partido de gobierno que hemos sido y que salimos como salimos, nuestra obligación política, moral e institucional, es plantearlo en los términos que lo hemos hecho", señaló. "En una situación como ésta, la política tiene que tomar iniciativas y lo más valiente es pactar". 

Ese gran acuerdo, dijo Rubalcaba, como ha defendido en más ocasiones, “daría confianza dentro y fuera de España, que falta hace. "Porque tenemos un problema de autoestima notable, nos daría certidumbre, permitiría equilibrar la salida de la crisis, que la gente supiera que sus esfuerzos son compartidos por el conjunto de los ciudadanos, y nos daría cohesión, que es productividad”.

"Si lo pones todo junto, tu margen es mayor"

El secretario general del PSOE reiteró, igualmente, que su propuesta es un acuerdo que contenga grandes temas (defensa del Estado del bienestar, educación, empleo, reforma laboral, pacto de rentas), pues así "las posibilidades de llegar a un acuerdo son mucho mayores". "Yo creo que si lo pones todo junto –reiteró-, tu margen es mayor”, porque en las negociaciones “cuantos más palos toques, más posibilidad hay de buscar acuerdos”. 

En el coloquio que siguió a su intervención, Rubalcaba se refirió también a la crisis institucional y al desapego de los españoles. Para el líder socialista, es “evidente” que se necesitan “acuerdos” para mejorar las instituciones y recuperar la confianza de los ciudadanos en ellas. Y puso como ejemplo que, si hay que reformar la Ley de Partidos, “hay que reformar la Constitución”. Hay que “afrontar de cara la desafección” de los ciudadanos que ven cómo la política no está resolviendo sus problemas y “a partir de ahí, los partidos tenemos cosas que hacer” y añadió: “Nosotros por ejemplo, estamos reflexionando sobre el PSOE”.

¿La mejor dieta para adelgazar? No comer nada de lo que a uno le gusta. Parece un chiste, pero se puede aplicar a lo que sucede en la economía de la UE, que languidece camino de la anorexia. En Europa se aplica una dieta de austeridad y ajuste que parece consistir, ante todo, en no hacer nada de lo que podría animar la demanda, el crédito y la inversión. Resultado: la economía de la zona euro cayó un 0,2% en el primer trimestre y Francia ha entrado en recesión.

La política de austeridad impuesta en la UE por los países del centro y del norte de Europa, con la Alemania de la canciller Angela Merkel a la cabeza, está agostando la economía. Mientras EE UU y Japón actúan de forma contundente, a través de sus bancos centrales, para animar sus economías, Europa languidece.

“En la práctica” explica el economista José Moisés Martín Carretero (Economistas Frente a la Crisis), “la Reserva Federal de EE UU (Fed) y el Banco de Japón han abandonado implícitamente el objetivo de control de precios, tradicional de los bancos centrales desde los años 90, para favorecer el crecimiento”. La razón: la política monetaria tradicional no daba resultados en un contexto de crisis.

Tipos de interés

“Con tipos de interés reales negativos” asegura Martín Carretero “ni aumentaban los préstamos, ni aumentaba el consumo, ni aumentaba la inversión”. De ahí que tanto EE UU com o Japón hayan decidido actuar inyectando dinero a espuertas al sistema (64.000 millones de euros al mes en EE UU, 55.000 en el caso de Japón).

¿Por qué no lo hace el Banco Central Europeo (BCE) en igual medida? Porque su mandato es otro. Frente a la primera obligación de la Fed, que es“fomentar, de forma eficaz un nivel máximo de empleo”, el BCE, controlado por Alemania, centra su acción en el control de la inflación.

La ausencia de medidas explica que la zona euro (17 países) haya caído en marzo un 0,2% respecto al trimestre anterior y acumule ya un año y medio de recesión. En el conjunto de la UE, la caída trimestral fue del 0,1%. En términos interanuales (primer trimestre de 2013 frente a primer trimestre de 2012), las caídas han sido del 1% en la eurozona y del 0,7% en toda la Unión. ¿Preocupante? Sí. Pero aún lo es más que la segunda economía del continente, Francia, haya entrado oficialmente en recesión Francia, (0,2% de caída en el primer trimestre) y que Alemania, la locomotora de la UE, sólo haya crecido un 0,1%. Esto no marcha.

Ni siquiera Finlandia, el país del comisario Olli Rhen, siempre al lado de las políticas de ajuste puede presumir de resultados. Finlandia comparte con Francia el preocupante hecho de haber entrado también en recesión en marzo al acumular dos trimestres seguidos de caída en su economía.

Pesadilla circular

Para España, la pesadilla es circular. Lo relata así el economista Jorge Blázquez Lidoy en un artículo reciente: “La austeridad pública a ultranza conlleva una menor demanda interna y, por tanto, un menor crecimiento. Sin crecimiento, las cuentas del sector público -y del sector privado, no nos olvidemos de él- se deterioran. Los mercados internacionales penalizan dicho deterioro y ello dificulta el acceso a la financiación exterior. Y, entonces, como es más complicado acceder a financiación exterior, el Gobierno debe reducir aún más la demanda interna para ir cerrando la brecha”. La dieta perfecta.

Mientras en Europa se discute sobre el ajuste y sus plazos, con leves, levísimos gestos que apuntan a una mayor flexibilidad en las exigencias de ajuste del décit, en EE UU, en Japón y también en el Reino Unido, los bancos centrales experimentan nuevas fórmulas para evitar caer en la trampa. Y sus economías crecen, aunque no faltan quienes enarcan las cejas por el atrevimiento que conllevan políticas monetarias tan expansivas.

¿Cómo están animando los bancos centrales de EE UU y de Japón sus respectivas economías? Inundando de dinero el país. Hay liquidez, el dinero fluye, los tipos de interés bajan, la moneda se deprecia, aumentan las exportaciones, crece el consumo y la economía (también los precios) se anima.

La economía de EEUU creció en el primer trimestre de 2013 un 2,5%. Son 15 trimestres de crecimiento. La base: la contundente política de la Fed, que inyecta 64.000 millones de euros mensuales en su economía (compra títulos de deuda, bonos y títulos hipotecarios) para cumplir con su primer mandato: “fomentar, de forma eficaz un nivel máximo de empleo”. Con ese fin mantiene los tipos entorno al 0%. Más aún, el presidente de la Fed, Ben Bernanke, ha advertido de que mantendrá esa política monetaria expansiva mientras el desempleo no baje del 6,5% (está en el 7,6%).

15 años de deflación

En Japón, el nuevo primer ministro Shinzo Abe, que llegó al poder en diciembre, decidió acabar con 15 años de deflación (precios negativos) y atonía económica. El arma: el Banco Central y su nuevo gobernador Aruhiko Kuroda y la munición, similar a la aplicada por la Reserva Federal de EE UU desde 2008: compra masiva de activos de renta fija, tanto pública como privada, para inyectar liquidez a la economía y mantener anclados los tipos de interés de referencia con los que se fijan los costes de financiación de hogares y empresas.

El resultado ha sido espectacular. En el primer trimestre, el país registró su mayor crecimiento en un año, el 3,5%. Los consumidores gastaron más (el consumo interno supone el 60% del PIB de Japón) y los expertos se quedaron cortos en sus previsiones (2,85). La locomotora japonesa se ha puesto en marcha.

Manuel de la Rocha, coordinador de Economía de la Fundación Alternativas resume el dilema al que se enfrenta la UE. “En definitiva" explica, "los Gobiernos en una unión monetaria, que no disponen de un banco central con mandato de actuar como prestamista de última instancia, se encuentran en la misma situación de fragilidad que los bancos en épocas de crisis bancarias, si no existieran los fondos de garantías de depósitos”.

Los niveles de pobreza en España han aumentado un 8% desde el inicio de la crisis, desde 2006 hasta el 2011, siendo el desarrollo humano un 4,4% menor que si no hubiera habido recesión. Sin embargo, la "diversidad" entre comunidades autónomas en cuanto a las cifras de pobreza y desigualdad se ha acentuado hasta llegar incluso a duplicarse.

Así se desprende del informe Desarrollo humano y pobreza en España y sus comunidades autónomas elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación Bancaja, que ha sido presentado este miércoles, 15 de mayo, en Valencia por sus autores, la catedrática de la Universidad de Alicante y el catedrático de la Universidad Pablo de Olavide Antonio Villar, junto al vicepresidente de la Fundación, Javier Quesada. El estudio recoge el nivel de desarrollo humano, un 4,4% menor que si no hubiera estallado la crisis, y el bienestar material, que se ha visto duramente afectado con una caída del 13,7% para el conjunto de España.

Además, el impacto sobre los índices de educación y salud se ha atenuado, y en el periodo analizado no se han visto influidos. No obstante, los expertos advierten que, de prolongarse la actual situación económica, también podrían verse afectados, como ya ha sucedido en Grecia o Rusia.

Las comunidades más afectadas son Canarias (21%), la Comunitat Valenciana (18%) o Andalucía (16%), cuyo índice de pobreza duplica incluso la media nacional. En cambio, las comunidades con los mejores datos son Navarra (-9%), País Vasco (-2%) o Madrid (4%). Por otra parte, regiones como Castilla y León, Galicia, Madrid, Cataluña y País Vasco han disminuido la desigualdad frente a las demás, en las que ha aumentado y el desarrollo humano ha caído respecto a un escenario sin recesión. De no haber crisis, este índice hubiera sido un 4,4% mayor para el conjunto de España, siendo Andalucía donde la caída ha sido mayor (6,4%) y Cataluña la mínima (2,7%). En cualquier caso, se observa una "inercia" en la posición relativa de las autonomías y la ordenación prácticamente no cambia a lo largo del tiempo.

El informe –que se basa en variables de bienestar material, educación y salud– muestra cómo los primeros años de la crisis han afectado fundamentalmente al bienestar material, calculado a partir de la renta, que se "resiente" con una caída del 13,7% de media estatal, con picos en Andalucía (20,4%) y Cataluña (8,4%). En este punto, los expertos han querido puntualizar las diferencias entre la percepción y los datos, ya que, comparativamente, las cifras arrojan resultados algo mejores que en los años anteriores 2006. En los años del boom, las rentas se incrementan rápidamente y es a partir de 2008 cuando se produce una caída importante.

Mejor recortes "selectivos"

Por el momento, los otros dos índices utilizados en el cálculo del desarrollo humano (salud y educación) no se han visto alterados, en el periodo estudiado. De hecho, una primera reacción al desempleo ha sido el aumento de los índices de matriculación, lo que ha mejorado la variable educativa, ya que ante la dificultad de encontrar empleo, se opta por seguir estudiando. "Pero la variable de salud se verá afectada si el sistema sanitario público sufre un deterioro importante y la pobreza se extiende", alerta el informe. "Si el periodo de crisis se prolonga, la tendencia previsible es de un mayor deterioro del bienestar material, un ligero deterioro de la variable de salud y un ligero repunte en educación". Un escenario que dibuja el "fuerte crecimiento" de la tasa de parados de larga duración, que según datos de este mismo año, "se ha multiplicado por siete entre 2006 y 2013" y "la situación empieza a ser muy seria".

Ante esta situación, se están llevando a cabo "recortes indiscriminados" de forma "horizontal", han criticado los expertos. A su entender, esto "nos está retrasando de salir de la crisis porque no podemos mantenerlo todo con menos dinero" y habría que hacer recortes "selectivos", "pensando realmente qué produce más" para cambiar el sistema productivo y salir con "estructuras más potentes". "Pero eso es más difícil de hacer y de vender", han lamentado, y se ha abogado por recortar por todas partes.

Los expertos han querido destacar el "entorno estable" de la estructura social y familiar en España que "está haciendo que se soporte mejor" la crisis. El núcleo familiar se comporta en este país como "un verdadero grupo supliendo las carencias" y "evitando un mayor conflictividad social", han resaltado.

Caso preocupante, el de la Comunitat Valenciana

En el caso de la Comunitat Valenciana, el aumento de la pobreza alcanza el 18%, más del doble de la media nacional (8%) y convirtiéndose en la segunda autonomía, por detrás de Canarias (21%) donde más sube. El nivel de desarrollo humano también ha descendido un 3,4% pero no tanto como la media estatal, que ha descendido un 4,4%. Aún así, la pérdida de bienestar material, calculada a partir de la renta, sí ha golpeado con fuerza la región valenciana con una pérdida de desarrollo de un 10,5%, más del doble que en el conjunto del país.

Para los expertos, la Comunitat cuenta además con "problemas muy serios de déficit en parte por gastos mal diseñados pero también porque desde el principio –pasando por todos los gobiernos autonómicos–, tenemos un sistema de financiación" que no entienden "como hemos soportado" tantos años y que, al menos hasta 2015, no se prevé modificar. A su juicio, es necesario un cambio en el sistema de financiación y han confiado en que "la crisis ayude a hacernos más conscientes y exigentes ante el político que se va y deja el déficit a otros y que se apañen". Se han permitido "algunas alegrías en los años de bonanza que quizá habría que repensar", han concluido.

120 millones de euros más. Más de 40.000 contratos de trabajo. Garantía de tres comidas al día para 46.800 escolares. 

Tres grandes cifras que resumen el decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Una norma coordinada por la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, cuyos detalles más concretos comenzaron a conocerse hace diez días y valieron al PP para lanzarse a la yugular. 

La Junta destinará unos recursos adicionales de más de 120 millones de euros a paliar el impacto de la crisis en los colectivos más vulnerables de la comunidad. 120 millones que se suman a los 74 millones ya consignados en los Presupuestos autonómicos para 2013. 

Unos 46.800 escolares recibirán tres comidas al día. Otros 5.600 se beneficiarán de la comida en periodo de vacaciones. Además, se servirá un cátering a domicilio a los mayores con problemas de movilidad. 

Ocho millones se reservarán para ayudas a comedores sociales, bancos de alimentos y ayuntamientos. En cuanto a la financiación complementaria para los servicios de ayuda al domicilio, el decreto ley consigna una dotación de 20 millones. De este programa se beneficiarán las personas que requieran ayuda en casa y no se vean cubiertas por la Ley de Dependencia, muy mermada en recursos por el tajo practicado por el Gobierno central. La previsión es de entre 12.000 y 15.000 beneficiarios con un promedio de 20 horas de servicio, así como la creación de 2.000 puestos de trabajo de auxiliares por seis meses.

Otro de los programas tiene apartados 40 millones de euros. Recoge ayudas extraordinarias a los ayuntamientos para la contratación laboral de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, por un tiempo de entre 15 días y tres meses, para el "desarrollo de actividades de especial interés para la comunidad". A la hora de adjudicar los contratos, se dará prioridad, según la Junta, a las familias con todos sus miembros en paro, a las familias numerosas de las que formen parte al menos una persona menor de edad, a los residentes en Zonas con Necesidades de Transformación Social (focos de marginación social o de pobreza); a los discapacitados o en situación de dependencia y a las familias monoparentales y víctimas de la violencia de género o con dos o más hijos a cargo. Las ayudas a la contratación se repartirán entre los consistorios de forma directamente proporcional al número de parados en cada municipio. La Junta cree que se podrán crear así 47.000 contratos. 

Griñán pedirá reunión a Rajoy

Además, el decreto ley se completa con diversas modificaciones normativas con el fin de agilizar los trámites relativos al Ingreso Mínimo de Solidaridad, unas peticiones que, según la Junta, se han duplicado desde el principio de la crisis. Así, en 2012 fueron 54.893 las solicitudes para este programa, al que se consignaron 69,3 millones de euros, cifra que creció ligeramente en los Presupuestos de 2013. Según el decreto ley, la cantidad adicional será de 44 millones de euros. 

En la presentación del texto, el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel Vázquez, señaló que sería bueno que las medidas que está adoptando la Junta para dar respuesta a los ciudadanos que peor lo están pasando con la crisis, como el decreto antidesahucios o el de exclusión social, las importase el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Vázquez anunció que José Antonio Griñán pedirá una reunión con el presidente una vez esté publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para plantearle la necesidad de una estrategia nacional de lucha contra la pobreza, pacto que ayer ya ofreció el jefe del Gabinete andaluz en un desayuno en Madrid. Vázquez señaló que la comunidad está demostrando que se puede gobernar de otra forma, "pensando en las personas y no sólo en los ajustes contable", todo ello cumpliendo "a rajatabla" con la reducción del déficit. 

Diego Valderas, vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de IU, aseguró que con el decreto ley aprobado hoy se dan "los primeros pasos" hacia la consecución de una renta básica. La Junta, dijo en Twitter, se pone así "al servicio de los más débiles" de la comunidad y "da respuesta a la emergencia social de miles de andaluces". 

Desde el PP andaluz, su vicesecretaria de Empleo y Economía, Carolina España, expresó su temor a que el plan contra la exclusión social no sea más una campaña "fantasma" o "virtual", ya que "esos 60 millones de euros" es la misma cantidad que "se recortó a los ayuntamientos" como fondos de libre disposición. 

Una de las noticias del día venía de la mano de José Antonio Griñán, de la oferta de pacto al Gobierno de Mariano Rajoy para buscar con urgencia una salida de la crisis por medio de un gran acuerdo de partidos y agentes sociales y económicos. No es tampoco la primera vez que lo dice el PSOE. Pero tampoco suena la propuesta ajena a Izquierda Unida, ya que la federación lleva planteándolo años, desde los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero en el poder. Por ello, cuando los periodistas preguntaron a Cayo Lara este lunes por la iniciativa del presidente de los socialistas y jefe de la Junta, el coordinador federal recuperó una frase que ha repetido mucho en los últimos años: "Bienvenido sea" el giro del PSOE. Su problema, en cambio, es su "poca credibilidad".

"Griñán ha leído los documentos de IU. Lo venimos pidiendo desde hace años, pero bienvenido sea", respondió. Lara remarcó que es "incomprensible" que en un país con 6,2 millones de parados todavía el Gobierno no se haya avenido a convocar un pleno monográfico sobre empleo en el Congreso y se haya dispuesto a escuchar a los sindicatos y los demás agentes sociales. 

Dar la razón al PSOE no equivale para IU borrar su experiencia pasada. Lara recordó que la federación llevó propuestas a los pactos de Zurbano de 2010, y Zapatero "hizo oídos sordos". "El PSOE miró hacia otro lado. Ahora en la oposición, si cambia la posición, bienvenido sea, pero no tiene credibilidad. Las propuestas debe hacerlas cuando está en el Gobierno, no cuando se está en la oposición y se acuerda de Santa Bárbara". 

La comparecencia de Lara en la sede federal, en la madrileña calle de Olimpo, giró en torno al paro. Con más razón aún a dos días de las manifestaciones del 1 de mayo. IU presentó un paquete de diez "medidas alternativas" para la creación de empleo, repescadas de anteriores planes de choque propuestos. Entre ellas, un programa de rehabilitación sostenible de viviendas, jornada de 35 horas semanales, un plan contra el empobrecimiento y la exclusión social, un programa de empleos verdes, una política de empleo público, ayudas para la pequeña empresa, los autónomos y la economía social o una "ambiciosa" propuesta de Seguridad Profesional, para que todo ciudadano tenga un trabajo o una formación remunerada o una renta básica. Medidas que fueron esta tarde discutidas por la ejecutiva federal y aprobadas sin obstáculos, según confirmaron fuentes de la cúpula a infoLibre. Ahora serán trasladadas al grupo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y servirán de columna vertebral del discurso del coordinador en la prevista comparecencia de Rajoy en el Congreso. 

"Shock, miedo y desesperanza"

"El Gobierno ha llevado a la población española un estado de shock, de miedo y de desesperanza para el futuroshock. El Gobierno ha reconocido su incapacidad para gobernar, y ha reconocido el fracaso más estrepitoso de todo su gabinete económico. El Gobierno ha cerrado toda la legislatura". Veredicto tajante y sin concesiones de IU después de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, donde el Ejecutivo tuvo que asumir, sin poner remedio, que la legislatura acabará con más paro que cuando Rajoy llegó a la Moncloa.

Una enmienda a la totalidad de sus previsiones, la "violación más flagrante", a juicio de Lara, del programa del PP, que hasta prometió crear más de tres millones de empleos. Hoy la situación es tan crítica que miles de jóvenes que no tienen un trabajo se tienen que marchar fuera de España. Pues bien, dijo, "si la esperanza es la emigración, el Gobierno debería emigrar sin ninguna duda de la Moncloa". Denuncia que engarza con la intensa campaña de IU para pedir la dimisión de todo el Ejecutivo. 

IU no atribuye buena fe al Gobierno. Lara sostuvo, como ha hecho en tantas otras ocasiones, que el Gabinete está "atado" a las pretensiones de la patronal, la CEOE, que pide bajar los salarios. ¿Cómo? Teniendo a su disposición una "legión de parados" que presionan a la baja los sueldos. No cabe además pedir "paciencia", como solicitó el presidente ayer domingo desde Granada, porque en España ya van "varios suicidios" y mucha gente se encuentra en una situación "terrorífica". "El Gobierno está matando a la sociedad española", reprobó. 

"Frente al individualismo, solidaridad"

Crítica y alternativa van de la mano, para IU, en las manifestaciones del Primero de mayo, a las que Lara llamó para que la "angustia y el miedo" tornen en "rebeldía, reivindicación y esperanza".

La federación complementó su llamada a la movilización con el lanzamiento, esta tarde, un nuevo vídeo, Somos miles, somos millones, hay alternativa. El spot, de tres minutos y medios, recorre tres partes. Uno, el señalamiento de PP y PSOE como "responsables" de la situación de "emergencia", de la "estafa a la que llaman crisis". Dos, el recuerdo de que sí "hay alternativa", por mucho que el Ejecutivo diga que no hay más camino. "Lo sabemos todos los que construimos respuestas colectivas a la crisis. Frente al individualismo, solidaridad", "Porque construimos redes con las que protegernos de la voracidad de los poderosos". Y tres, la apelación a los ciudadanos a acudir masivamente a las marchas del miércoles. "Saca tu orgullo de clase", finaliza. Un vídeo hilvanado con la radiofónica voz de la secretaria ejecutiva de Elaboración Política, Programática y Áreas de IU federal, Marga Ferré. 

Crisis generalizada, tasas elevadas de desempleo, inflación contenida y crecimiento escaso. Este es el panorama de las economías desarrolladas tras cinco años de un desplome que se compara con la Gran Depresión. En este contexto, para muchos países inmersos en la crisis, el mercado exterior aparece como un atractivo y casi único motor de recuperación económica. El riesgo: una carrera para devaluar divisas y abaratar las exportaciones que puede desatar una guerra entre monedas. La buena noticia: de creer a los expertos, esta vez no sucederá lo que en los años 30.

Y sin embargo, la espiral de acciones "no convencionales" dura ya cuatro años. El primero que utilizó la expresión "guerra de  divisas" fue el entonces ministro brasileño de Economía, Guido Mantega. Lo hizo en 2010 tras conocer los planes expansivos (QE2) de la Reserva Federal de EE UU. Desde entonces, muchos países como Japón (pero también Suiza) han adoptado o amagado con adoptar medidas para manejar sus monedas con ventaja.

Pese a todo, tampoco el Fondo Monetario Internacional (FMI) cree en la posibilidad de una guerra de divisas. Claro que la credibilidad del FMI es un asunto siempre en debate. Sus recetas han fracasado tanto y tan recientemente (crisis asiática de finales de los 90) que, a menudo, hacer lo contrario de lo que predica parece una buena alternativa.

Es lo que ha hecho mirando por el retrovisor, de alguna manera, el nuevo gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, empeñado en sacar al país de un estancamiento de 15 años inyectando en la economía el equivalente al 30% del PIB para elevar los precios al menos un 2% en dos años. Resultado, el dinero (el que está en circulación y el depositado en el propio banco central)  pasará de 1,08 billones de euros a 2,1 billones).

Petición de Rajoy

La de Kuroda es una estrategia que sigue la de la Reserva Federal de EE UU de los últimos años. Es la que reclama ahora al Banco Central Europeo (BCE) el presidente conservador español Mariano Rajoy y que se resume en prestar apoyo y estímulo a las economías en problemas, hasta donde sea necesario. Todo para evitar el desplome de los países del Sur y combatir el problema más acuciante, el desempleo, que en España se encamina hacia el 27% de la población activa.

Al Fondo Monetario Internacional (FMI), esas políticas expansivas, que considera y califica de "poco convencionales", no le parecen mal. El organismo, creado en 1945 para vigilar la política cambiaria internacional, facilitar el comercio y reducir la pobreza, considera en estos momentos que  los tipos de interés y las políticas no convencionales están bien. Porque son útiles. Aunque se cura en salud y pide también prudencia a los Estados para evitar burbujas especulativas.

En su Informe Global de Estabilidad Financiera, el organismo sostiene que las políticas aplicadas por los bancos centrales de la cuatro mayores regiones del mundo (la eurozona, Japón, Reino Unido y Estados Unidos) en general han ayudado a apoyar sus economías, evitando la deflación y la depresión, y han hecho frente a riesgos para la estabilidad financiera en el corto plazo.

Una de las consecuencias de esas políticas no convencionales es la devaluación de la divisa. En el último gran caso, el yen, la devaluación puede tener, al menos, dos efectos: más exportaciones y desplazamiento de inversiones a zonas que ofrezcan activos de mayor rentabilidad.

¿Guerra de divisas en ciernes? No, contestan los especialistas. ¿Por qué? Porque no hay grandes desequilibrios. Según el FMI, el renminbi chino está ligeramente infravalorado (8%); el euro y el dólar presentan una ligera sobrevaluación (en torno al 3% en el primer caso y en torno al 5% en el segundo) y el yen japonés, tras una fuerte devaluación (por encima del 20% en pocos meses), está cerca de sus valores de equilibrio. Sólo seis economías (Turquía, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Brasil y Australia) registran desviaciones en el valor de sus divisas de en torno al 10%.

Por lo tanto, y a diferencia de los años 30, cuando saltó por los aires el patrón oro (tipos de cambio fijos con las monedas ancladas al valor del metal en reserva), en esta ocasión la sangre no llegará al río. Razones: el sistema cambiario está muy rodado y probado; la intención de las medidas adoptadas  es más estimular la demanda interna que empobrecer al vecino y los mercados cambiarios han funcionado, en general, sin interrupciones, salvo con el cataclismo que supuso el desplome del gigante Lehman.