Agricultores y ganaderos ahogados por alzas de costes del 200%, las víctimas insospechadas de Putin

Un ganadero y un niño de Outeiro de Rei (Lugo) vierten la leche al suelo después de que la industria láctea parase su actividad el 17 de marzo de 2022.

Nunca ha sido tan cierta la metáfora del aleteo de la mariposa y su efecto huracanado en la otra punta del planeta como con la globalización. La guerra en Ucrania, un conflicto en principio local, en una nación cuyo PIB es sólo la novena parte del español, ha hecho saltar los precios en todo el mundo hasta niveles desconocidos desde los años 80 y 90, además de provocar crisis en mercados sin conexión aparente con la débil economía de la nación gobernada por Volodímir Zelenski. Además, el ataque inicial lo recibió la economía mundial en su misma base –las materias primas y la energía–, lo que ha obligado a volver la mirada al eslabón más elemental de la cadena, en un mundo cada vez más pendiente de la sofisticación financiera y tecnológica.

Los primeros en sufrir el encarecimiento desorbitado de las materias primas y los combustibles, las víctimas adelantadas de la inflación, fueron los agricultores y los ganaderos. Aunque llovía sobre mojado, precisa Javier Alejandre, técnico de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Ya en el otoño de 2021 habían empezado a sentir el terremoto de unos precios que se han terminado de convertir en insoportables. “Entonces desconocíamos las razones de la tensión que se sentía en los mercados de fertilizantes y de cereales, pero ahora la guerra lo ha dinamitado todo”, se queja.

Las consecuencias de aquellas extrañas vibraciones tras el verano han tardado un tiempo en llegar hasta el consumidor, explotaron al mismo tiempo que la guerra: los precios de los alimentos se han multiplicado por ocho desde el campo a la mesa sólo en marzo. Según revela el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora otro sindicato agrario, COAG, las naranjas las vende el agricultor a 0,18 euros, pero el cliente las compra a 1,46 euros en el supermercado: un 711% más. Las patatas se pagan a 0,15 euros el kilo en origen, pero se compran a 11,9 euros en destino, casi ocho veces más. Los limones multiplican su precio por 7,71 desde el árbol hasta la tienda. La carne de cerdo se vende un 333% más cara, a 6,15 euros el kilo, al consumidor final, cuando al ganadero le han pagado sólo 1,42 euros.

Y no sólo en España. La FAO, la organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, alerta de que su índice de precios estaba en marzo en 159,3 puntos, el nivel más alto desde 1990, tras aumentar un 12,6% con respecto a febrero y un 33,6% en comparación con un año antes. El motivo de este “salto de gigante”, como lo califica la FAO, no es otro que los máximos alcanzados por los aceites vegetales, los cereales y la carne. Rusia y Ucrania son dos de los mayores graneros del planeta. Lo que para España y el resto de Europa es, sobre todo, una crisis de precios, para el norte de África y otras zonas vulnerables puede convertirse en una crisis alimentaria. Países como Burkina Faso, Egipto, Congo, Libia, Líbano, Somalia y Yemen importaban el 50% del trigo que consumen de Ucrania o Rusia, por lo que les amenaza un “huracán de hambre”, ha advertido el secretario general de la ONU, António Guterres.

Duplicando costes

En España, los ganaderos dependen de los cereales para dar de comer a sus animales. El 70% de sus gastos lo constituyen los piensos. Según los datos del Ministerio de Agricultura, entre febrero de 2021 y febrero de 2022, antes de que comenzara la guerra, por tanto, el precio de la cebada había subido un 48,33%, el del trigo un 34,45% y el del maíz un 31%. Pero si la comparación se hace con el mes de marzo, tras la invasión rusa de Ucrania, el alza interanual del trigo alcanza el 70%, el del maíz el 60% y el de la cebada supera el 90%.

Y si a esas subidas de los piensos se suman las de los combustibles, la electricidad, los fertilizantes, los fitosanitarios, los plásticos… se desata “la tormenta perfecta”, repite el tópico Javier Alejandre. Para una explotación de 100 hectáreas de cereal, los costes se dispararon este año un 208%. Para una de 25 hectáreas de maíz han subido un 195%. Para otra de 100 vacas de ordeño, el alza es del 144%. Todos son cálculos realizados por UPA, basándose a su vez en los aumentos de precio del gasóleo –un 45%–, de los fitosanitarios –entre un 5% y un 70%– y los plásticos –entre un 161% y un 200%–. Los fertilizantes han duplicado su precio. También la luz: una explotación moderna, con placas solares y eficiencia energética, pagaba unos 3.265 euros de electricidad en enero de 2021; en enero de 2022 –antes de la guerra– su recibo alcanzaba los 6.344 euros. Igualmente son grandes consumidores de electricidad los regadíos, que han quintuplicado sus costes.

Tirar la leche

Con estos sobreprecios inasumibles se hacen más patentes aún las asfixiantes condiciones en que desarrolla su actividad este pilar fundamental de la economía. Porque, en la mayoría de los casos, agricultores y ganaderos no pueden repercutir el aumento de precios de los suministros en sus clientes. Que no son los consumidores que compran sus productos en los supermercados, sino la industria alimentaria y la gran distribución. De ahí que haya sido necesario aprobar una ley, la de la Cadena Alimentaria, para impedir que se pague a los productores agrarios por debajo de costes. Por ejemplo, el 85% de los ganaderos gallegos malvenden la leche a las industrias. El coste de producir un litro es de 40 céntimos. Un precio que “nunca” han cobrado las explotaciones lácteas de Galicia, responde tajante el secretario general de Unións Agrarias, Roberto García cuando se le pregunta. “Nos están pagando cinco o seis céntimos por debajo de la media de la UE, en la cola de los precios europeos, pese a que España es deficitaria en leche”, protesta. En el supermercado, un litro de leche entera roza, y a veces supera, el euro.

El motivo de esa venta a pérdida, continúa, es que las industrias lácteas “siguen imponiendo unilateralmente los precios”. La CNMC ha multado dos veces88 millones en 2015 y 80,6 millones en 2019– a las mayores empresas lácteas, desde Nestlé y Danone hasta Lactalis y Puleva, por formar un cartel y pactar precios. Las sanciones fueron recurridas y la Audiencia Nacional está a punto de dictaminar si las grandes industrias violaron las normas de la competencia.  La patronal del sector, Fenil, admiten que la cadena del sector lácteo español es “realmente ineficiente”, pero también aseguran que el precio pagado por la industria a los ganaderos no ha dejado de crecer desde 2017, al tiempo que subrayan su compromiso con “la creación y el posterior reparto justo del valor a lo largo de la cadena láctea”.

Los contratos que los ganaderos firman ahora –durante décadas fueron verbales– “son de adhesión, no negociados”, asegura Roberto García, ante la amenaza permanente de las empresas lácteas de no recoger la leche a quien no acepte sus condiciones. Los paros del transporte de mediados de marzo les dieron después la puntilla. Entre 100 y 200 ganaderos gallegos, calcula Roberto García, terminaron tirando la leche que los camioneros no les recogían. “No puedo decir a mis vacas que dejen de producir”, hace ver Marta, una ganadera ecológica gallega, en un vídeo que grabó el 22 de marzo, antes de abrir la espita de un tanque de frío. “Aunque no hay nada más injusto y horrible que tirar un producto de primera necesidad como es la leche, no me queda más remedio”, lamenta.

La ternera gallega y pollos de Coren

Incluso la prestigiada ternera gallega sufre el mismo desajuste. El coste de producción de un kilo supera los seis euros, pero el ganadero está cobrando sólo 4,80 euros, mientras que el consumidor paga entre 11 y 15 euros en la tienda, denuncia Roberto García. El secretario general de Unións Agrarias confía en que dé resultado inmediato, en 15 o 20 días, la puesta en marcha de un Observatorio de Costes y una Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), nacidos al amparo del protocolo que acaba de firmar su organización con mataderos, ganaderos y cadenas de distribución. Sólo para Galicia. Se trata, destaca, de establecer cotizaciones de referencia para la carne de ternera gallega que todas las partes deben aceptar como vinculantes. Quien las incumpla, se enfrentará a sanciones de hasta 100.000 euros.

Parecido patrón de dependencia se repite en otro tipo de explotaciones. “No vendemos directamente al consumidor final ni podemos subir el precio sin acuerdo con la distribución”, aclara un portavoz de Coren, la principal cooperativa agroalimentaria de España. Sus 4.800 cooperativistas producen desde Galicia huevos y carne de pollo, pavo, conejo y cerdo hasta superar una facturación de 827,4 millones de euros en 2020. “El sector agroalimentario español ya estaba afectado antes [de la guerra] por una situación de low cost, con escasos márgenes para los productores o incluso a veces trabajando por debajo de costes de producción”, sostiene Coren, una precariedad que se ha agravado con la invasión de Ucrania y terminó estallando con los paros de los transportistas. “Necesitamos precios justos en toda la cadena, sin tener que depender de la importación de alimentos del extranjero”, reclama el portavoz de la macrocooperativa.

En marzo, Coren tuvo que implantar servicios mínimos en varias secciones de sus fábricas, aunque no llegaron al cierre que temían aun antes de que los piquetes impidieran el trabajo de sus camioneros, ni les llegara pienso porque los transportistas no permitieron descargar algunos barcos en el puerto de A Coruña.

Fertilizantes disparados

En cambio, sí suspendió, durante dos semanas el pasado marzo, Fertiberia la producción de urea en su planta en Palos de la Frontera (Huelva). El principal fabricante español de fertilizantes se vio obligado por el aumento del precio del gas natural, esencial en la producción de este abono y de amoniaco, que a su vez sirve como materia prima para fabricar otros nutrientes agrícolas. Fertiberia, que no ha respondido a las preguntas de infoLibre, ya tuvo que detener la actividad de esta factoría durante todo el mes de octubre del año pasado. Un mes antes, también habían parado dos fábricas de fertilizantes en Reino Unido propiedad de la estadounidense CF Industries por el mismo motivo: el gas natural había emprendido una escalada inasumible cuando Rusia aún no había atacado Ucrania. Igualmente la noruega Yara, el mayor fabricante mundial de fertilizantes, redujo de forma temporal su producción. En marzo de este año, anunció que ampliaba la medida a sus instalaciones de Le Havre (Francia) y Ferrara (Italia).

La amenaza para ellos es doble. Por un lado, el gas natural representa el 90% del coste de producción de los abonos minerales. Por otro, Rusia suministra el 30% de los fertilizantes nitrogenados que necesita la agricultura europea. Además, el Gobierno de Putin ha pedido a los productores rusos que suspendan sus exportaciones y tres de ellos han sido sancionados por Occidente. Es decir, la oferta de fertilizantes se ha restringido notablemente, disparando los precios.

Según los cálculos de Javier Alejandre, España debería importar entre 300.000 y 400.000 toneladas de fertilizantes para cubrir el aumento de la demanda que se produce en primavera y se centra en los productos nitrogenados. En el otoño precedente, para la siembra, se utilizan las potasas –de las que existe una gran mina en Barcelona– y fosfatos. Pero ya entonces se empezaron a disparar los precios. “No sabemos en qué medida [los fertilizantes] se encarecen por el recorte en la producción y por la guerra, y en qué medida por el acopio, en previsión de futuras carencias, o por la especulación”, apunta el técnico de UPA.

Fuentes del sector atribuyen el alza de precios del otoño pasado al desequilibrio entre oferta y demanda causado porque China dejó de exportar, Rusia redujo sus ventas el exterior para satisfacer su demanda interna y la India aumentó su consumo. “Éste es un mercado global”, resumen.

Sequía y heladas

Por si fuera poco, la meteorología tampoco ha ayudado al sector primario en este comienzo de año. A las sequías que azotaron los cultivos del Guadiana y el Guadalquivir en 2021 –el peor año hidrológico de la serie histórica, según las confederaciones hidrográficas afectadas--, se añadieron en abril las heladas, las peores en 42 años. Más de 37.000 hectáreas resultaron afectadas. El hielo dio al traste con los frutales justo cuando se encontraban en flor. Agroseguro, la entidad que gestiona los seguros agrarios, cifra en 150 millones de euros las indemnizaciones que habrá que pagar por las heladas de este mes.

En definitiva, para semejantes catálogo de catastróficas desdichas, Javier Alejandre cree necesarias no sólo “medidas de choque”, sino también cambios estructurales para que los mercados actúen de forma eficaz. Las ayudas directas, como las que se han puesto en marcha para los precios del combustible y la electricidad, “se las come el mercado en dos días”, recalca, por eso “hacen falta vías para atar el mercado”.

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