El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que incluye ayudas por más de 7.000 millones de euros para los afectados por las últimas borrascas, según informa EFE.

Entre otras ayudas, los vecinos que hayan tenido que ser desalojados de sus viviendas recibirán 150 euros por persona y día.

Asimismo se transferirán 2.000 millones de euros a los municipios afectados para la reparación de las infraestructuras municipales, entre otras medidas que ha detallado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa.

Dos capitales españolas, Barcelona y Bilbao, alcanzan la “excelencia” en inversión de Servicios Sociales, y otras dos, Badajoz y Toledo, se quedan en “pobres” en este ámbito, según el último estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

El estudio, publicado este martes, analiza, por undécimo año consecutivo, los presupuestos que los 404 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de España dedican a la partida de Servicios Sociales y Promoción Social, según datos correspondientes al Presupuesto liquidado 2024 que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su portal de servicios telemáticos.

“Los datos vuelen a reflejar claramente la enorme desigualdad de la inversión en servicios sociales —también entre capitales de provincia— reforzando la teoría de que el código postal es determinante en la inversión y en los derechos sociales que reciben los ciudadanos, en contraposición a los principios de universalidad y equidad que debieran operar sistemáticamente en el Sistema Público”, señala la asociación en una nota de prensa.

Para ser considerados "excelentes" en este ámbito, Barcelona, Bilbao y otras 27 ciudades de al menos 20.000 habitantes presupuestaron más de 200 euros por habitante ese año, mientras que Badajoz, Toledo y otros 45 municipios consignaron menos de 63,89 euros (que es el 60% de la mediana de gasto del conjunto de esos ayuntamientos, que se situó en 106,48 euros por habitante).

Por comunidades autónomas, las que agrupan municipios con menor gasto por habitante son Madrid (58,11 euros), Extremadura (64,89 euros) Cantabria (69,57 euros) y Murcia (81,70 euros). En contraposición, los municipios vascos llegan a los 164 euros y Andalucía a los 163 euros por habitante.

Además, se han tenido en cuenta otros criterios, entre ellos que el Gasto en Servicios Sociales y Promoción Social por habitante no se haya reducido respecto a la liquidación de 2023 y que represente al menos un 10% del Presupuesto Total No Financiero liquidado en 2024.

Para el conjunto de esas 404 localidades, la inversión total en Servicios Sociales superó los 4.261 millones de euros, un 6,2% más que en 2023, y la mediana de gasto aumentó un 4,36% hasta los 106,48 euros por habitante mencionados.

De los 27 municipios que llegan a la “excelencia” en inversión de Servicios Sociales, 18 son andaluces. Según el informe debido fundamentalmente a la incidencia económica que tiene en sus cuentas públicas el Servicio de Ayuda a Domicilio derivado del Sistema de la dependencia y que en esta comunidad autónoma se presta en cooperación con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de ciudades mayores precisamente de 20.000 habitantes.

Estos municipios son, por este orden: Isla Cristina, Alcalá la Real, San Roque, Baza, Morón de la Frontera, Ayamonte, Montilla, La Rinconada, Puente Genil, Palma del Río, Moguer, Linares, Antequera, Martos, La Línea de la Concepción, Almuñecar, Lucena y Jerez de la Frontera.

También figuran los catalanes Barcelona y El Prat de Llobregat; los vascos Zarautz, Basauri y Bilbao; los valencianos La Vall d'Uixó, Quart de Poblet y Catarroja; y el balear Maó.

Por territorios, son 11 las comunidades autónomas cuyos municipios de más de 20.000 habitantes no alcanzan la mediana de gasto de 106,48 euros por persona, con Madrid en el último lugar (58,11 euros), por detrás de Extremadura (64,89 euros) y Cantabria (69,57 euros).

Tampoco llegan los de Murcia (81,70 euros), Baleares (87,01 euros) y Castilla-La Mancha (89,79 euros) y se quedan muy cerca, aunque también por debajo, los de Navarra (101,02 euros), Galicia (102,28 euros), Comunidad Valenciana (104,07 euros), Canarias (106,05 euros) y Asturias (106,25 euros).

En cabeza por comunidades están el conjunto de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de País Vasco (164,03 euros por persona) y Andalucía (163,09 euros), por delante de los de Aragón (140,05 euros), La Rioja (122,70 euros), Castilla y León (118,61 euros) y Cataluña (116,38 euros).

Más de 70 jóvenes que corrían el riesgo de no tener la posibilidad de continuar con sus estudios podrán finalmente ir a la universidad. Aunque parecía que su sueño se iba a frustrar por lo de siempre, el dinero, 76 estudiantes de toda España seguirán con su formación gracias a la Fundación Dádoris.

El pasado 22 de septiembre esta organización celebró la octava edición de sus premios, dedicados a alumnos brillantes que corren el riesgo de no poder continuar sus estudios por su situación económica. Estos galardones suponen una aportación para la formación de estos jóvenes de 387.500 euros, es decir, unos 5.000 euros por estudiante. Una cuantía que permite a los alumnos poder acceder a la educación superior universitaria.

La Fundación Dádoris se creó en el año 2018 con el objetivo de evitar que se desperdicie el talento. Desde entonces, esta organización ha ayudado a 137 estudiantes, de los cuales 40 ya se han graduado. “Con las becas públicas, muchas veces no llega para los estudiantes que no tienen recursos si se tienen que desplazar o cambiar de domicilio”, expone Aurelio Medel, portavoz de la Fundación Dádoris, en declaraciones a infoLibre. 

El dinero que permite que estas chicas y chicos puedan continuar con su formación proviene de los socios y mecenas de la fundación, quienes a lo largo de todas las ediciones han aportado casi 2,1 millones de euros. Se trata de particulares y empresas que, según cuentan desde la Fundación, se identifican con perfiles parecidos a los de estos jóvenes, es decir, partieron en muchos casos de un origen humilde pero consiguieron labrarse un futuro próspero gracias a los estudios. “Lo que les motiva es que pueda haber más personas que puedan llegar a tener una transformación real gracias a la formación académica”, comenta Medel. 

También participan más de 38 empresas colaboradoras y 302 voluntarios que acompañan a los jóvenes, asumiendo el rol de mentores para seguirles en su camino. Estos voluntarios no solo les acompañan si no que les prestan ayuda para que puedan avanzar en su trayectoria profesional, explicándoles cómo es entrar al mercado laboral, por ejemplo, ayudándoles a conseguir prácticas. Desde la Fundación se encuentran con casos en los que el entorno familiar no les puede asesorar y, por lo tanto, nadie les advierte de la situación del mercado laboral que pide más aptitudes aparte de buenas notas. 

Casi seis de cada diez ayudas las reciben mujeres. Un 57%, en concreto. Esto, según explican, se debe a la propia situación de las universidades, que en los últimos años cuentan con una mayor participación femenina. Según datos del INE, las mujeres formaban el 54,4% de los graduados en educación superior en el 2022, mientras que los hombres se quedaban en el 45,4%. 

“Exprimid esta oportunidad. Profundizad en la vida de adultos y no os limitéis a ver pasar por la vida. Tenéis que hacer el cambio y ser referentes para los demás. Os toca construir vuestro propio camino. Disfrutad del viaje”, pidió a los estudiantes Pedro Alonso, presidente y fundador de Fundación Dádoris. 

Y así lo hacen. Al recibir las ayudas, los alumnos se comprometen a que su rendimiento en la universidad sea excelente. De todas formas, desde la Fundación explican que son flexibles, puesto que entienden que mantener el mismo nivel siempre es demasiado, aunque asumen que “el esfuerzo hay que premiarlo y valorarlo”. Aún así, hay que tener unos límites, explican. “Cuando damos el premio a una persona que está en primero, lo que queremos es que acabe la carrera y por ello nos comprometemos a seguir manteniéndolos económicamente. También el alumno tiene que tener un compromiso con nosotros”, argumenta Medel. 

Al recibir el premio, los alumnos también se comprometen a continuar esa solidaridad. Los jóvenes ayudan a los más desfavorecidos en forma de unas 50 horas, como mínimo, a tareas sociales para colectivos en riesgo de exclusión. “El voluntariado lo pedimos para que ellos sean conscientes de que igual que ellos han sido ayudados, también ellos tienen que ayudar, para que la cadena de apoyo se extienda”, apuntan. 

Los jóvenes, que se enfrentan a un mercado laboral desgastado y que no tiene hueco para todos, pueden continuar estudiando sin la preocupación de tener que dejar los estudios por la necesidad de trabajar, gracias a la dotación de estos premios. 

“Hay gente que estudia y que accede a un trabajo que no le da para vivir, tenemos casos muy crudos en los que los graduados ni se hubieran podido imaginar que hubieran llegado a la universidad o que habrían conseguido tener el mejor expediente”, manifiesta Medel. Por ello, no es sorpresa que los alumnos se decanten más por las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), conocidas por tener una gran inserción laboral. Un 63% de los jóvenes optan por alguna de ellas, aunque Medicina y Odontología se lleva todo el protagonismo, con 16 de los alumnos eligiendo este como su futuro. 

“Hay que tener en cuenta que en muchos casos lo que los chicos necesitan es trabajar e, incluso sus familias necesitan ese dinero, por eso puede ser complicado que accedan a solo estar estudiando, de ahí las ayudas económicas”, argumenta Medel. 

La falta de consenso político se cobra una nueva víctima: las políticas sociales. A pesar del aumento en los presupuestos destinados a cada una de las comunidades autónomas, lo que invierten para políticas sociales se ha visto reducido significativamente, con un recorte de 2.364 millones de euros en 2024 respecto al año anterior. En un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, vinculan esta reducción en el gasto con la falta de unos Presupuestos Generales del Estado renovados. Su aprobación habría llevado en el pasado, aunque no de forma homogénea por parte de las comunidades autónomas, al aumento en inversión de políticas sociales. El declive actual llega, según denuncian, precisamente ante la ausencia de la aprobación de unos nuevos en los años 2024 y 2025. 

Aún así, su reducción no es algo reciente. En los últimos años, el presupuesto destinado por las autonomías ha ido bajando hasta llegar al punto actual. Si en el 2010, un 67,4% del presupuesto se destinaba a estas partidas, la cifra ha mermado hasta un 59,1% en 2024.

La crisis del covid 19 puso de manifiesto la importancia de políticas sociales efectivas. Algo que no parecen haber asimilado los gobiernos regionales, que en los últimos años sólo han incrementado un 14,5% el dinero que destinan a estas medidas, mientras que, en el resto de políticas hubo un aumento hasta 4,5 veces mayor. 

La educación, la sanidad y los servicios sociales se han visto golpeados por una caída del presupuesto en 8 puntos porcentuales. Si se ejemplifica en números, el gasto en sanidad ha caído en 6,4 puntos desde el año 2012, cuando el porcentaje se encontraba en un 37,3%. Aunque la reducción es menos brusca en la educación, esta se ha visto igualmente afectada con un contraste entre el 23,9% que recibía en 2010 y el 20,4% que ostenta ahora. 

La única política social que, no solo no se ha visto afectada, sino que ha aumentado en presupuesto han sido los servicios sociales. A pesar de lo positivo de esto, el aumento es solo de unas décimas entre el 7,3% de 2011 o 2019 y el 7,8% actual. 

En conjunto, las comunidades han aumentado el gasto en 34.542,30 millones de euros, aunque no de manera uniforme, con distintas aplicaciones e inversiones por parte de cada región. Unas dando mucho peso a lo social y otras con una discriminación presupuestaría en esta materia, como es el caso de Cataluña, Murcia o Madrid. Esto supone un aumento de la desigualdad entre comunidades, denuncian desde la Asociación, ya que las que menos invierten son precisamente las que menos han aumentado su gasto en políticas sociales por habitante en los últimos años. 

De todas ellas, la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, es la que menos destina por habitante a lo social, con 574 euros menos que la media nacional. Esto contrasta con otras comunidades como Navarra, que destina 4.500 euros por ciudadano, o como el País Vasco con 4.343. Los madrileños reciben casi la mitad, con 2.703 euros por persona. 

En términos de aumento, desde el 2019 al 2024, Madrid ha sido la comunidad que menos ha aumentado su presupuesto social por habitante con 381,3 euros, mientras que la media de todo el territorio se sitúa en los 658,1 euros. 

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) cierra este miércoles el plazo para solicitar su programa de turismo social correspondiente a la temporada 2025/2026, que ofrece un total de 879.213 plazas para personas mayores de 55 años, según informa EFE.

Como medida destacada, el Imserso presenta una tarifa plana de 50 euros para personas con ingresos equivalentes o inferiores a las pensiones no contributivas, con 7.447 plazas subvencionadas específicamente para este colectivo, según figura en la convocatoria.

La nueva edición del programa comenzará en octubre y, como novedad, se permitirá viajar con mascotas en un número limitado de hoteles de la costa peninsular y de las islas, donde se reservará hasta un 2 % de plazas para este fin.

Además, se aplicará un suplemento de 100 euros a quienes viajen en temporada alta (octubre, mayo y junio en península e Islas Baleares; diciembre, enero y febrero en las Islas Canarias) o realicen una segunda reserva durante la campaña.

El pasado 11 de junio, durante su participación en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Competencia y Protección del Consumidor en Ginebra, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, animó a los familiares más jóvenes de los pensionistas a inscribirles en la web del Imserso.

"A sus hijos, hijas, nietos y nietas, si quieren regalarle unas vacaciones a su abuela, que se las merece, que la ayuden a inscribirse en la web del Imserso para que puedan optar a las plazas que se distribuirán en septiembre", afirmó Bustinduy en declaraciones a EFE.

Las personas que ya estén acreditadas por el Imserso en temporadas anteriores no necesitan presentar una nueva solicitud, ya que deben haber recibido un documento con sus datos personales y preferencias de destino, que deben devolver antes de este miércoles únicamente si desean realizar alguna modificación.

Las tarifas oscilan entre 132,91 euros por una estancia de cuatro días en capitales de provincia y 564,72 euros por viajes de diez días a Canarias con transporte incluido.

La reserva de plaza requiere un anticipo de hasta el 20 % del importe total y el resto debe abonarse 45 días antes del inicio del viaje.

Las personas que este año hayan cumplido o cumplan 18 años pueden solicitar, desde este lunes y hasta el 31 de octubre, el Bono Cultural Joven, una tarjeta prepago con 400 euros que podrán destinar a actividades artísticas y productos culturales en formato físico, digital y artes escénicas, según informa EFE.

Según ha informado el Ministerio de Cultura en una nota de prensa, los beneficiarios del bono podrán utilizarlo durante todo un año desde la fecha de la concesión en alguno de los 3.700 establecimientos adheridos al programa. Se trata de 543.526 potenciales beneficiarios en todo el país, según datos del INE.

A esta ayuda tienen derecho los jóvenes que cumplan 18 años en 2025, sean de nacionalidad española, posean residencia legal en España, sean solicitantes de asilo o desplazados temporales o extranjeros extutelados.

El Bono Cultural Joven funciona como una tarjeta prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio. Con esta tarjeta pueden disfrutar de experiencias y productos culturales que se dividen en tres categorías para favorecer la diversificación del gasto.

La distribución de los 400 euros es la siguiente: 100 euros para productos físicos (libros, prensa o discos), 100 euros para productos digitales (suscripciones a plataformas, prensa digital, podcast o videojuegos en línea) y 200 euros para artes escénicas: teatro, ópera, cine, danza y museos.

El objetivo del Ministerio con esta iniciativa es facilitar el acceso a la cultura de un amplio espectro de la población joven española, fidelizar a los jóvenes como público y consumidor cultural y ofrecer un respaldo al sector. El Bono Cultural Joven está regulado por real decreto, con vigencia indefinida. Cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

En 2022, primer año de la iniciativa, obtuvieron el bono un total de 277.607 personas; en 2023, la cifra llegó a 319.237 y en 2024 fueron 334.435 los beneficiarios.

El número dos del PP de Madrid, Alfonso Serrano, volvió a cobrar en 2024 el bono social térmico para familias vulnerables, que va acompañado del bono social eléctrico. El primero supone una subvención anual de 209,13 euros que recibió el pasado mes de marzo, mientras que el segundo consiste en una rebaja mensual en el recibo de la luz del 65%. Serrano accede a esta ayuda destinada a "paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables" gracias a su condición de familia numerosa. También se ha beneficiado un año más de estas ayudas Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea de Madrid por el PP y anterior número dos de la presidenta madrileña.

Hace dos años que infoLibre desveló que los dos altos cargos recibían los bonos de pobreza energética, pero ninguno ha renunciado a este beneficio pese a que cobran salarios públicos astronómicos. Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea de Madrid, tiene un sueldo de 106.223 euros y en 2023 declaró más de 1,3 millones de euros en inversiones. Serrano tiene un sueldo anual de 67.848 euros como diputado de la Asamblea de Madrid y ejerce también de mano derecha de la presidenta Isabel Díaz Ayuso como secretario general del PP de Madrid. Serrano está además en pleno ascenso dentro del PP nacional y acaba de ser designado por Alberto Núñez Feijóo para organizar el congreso nacional del partido el próximo 4 de julio.

infoLibre ha pedido al PP de Madrid su opinión sobre estos dos casos. "No hay bono social que tape toda la mierda que está saliendo del PSOE y de Sánchez", han contestado. No han respondido a la pregunta de por qué Alfonso Serrano cobró en 2022 el bono social térmico para consumidores vulnerables severos, destinado a hogares en una situación dramática. Para que una familia numerosa se considere en vulnerabilidad severa tiene que tener unos ingresos anuales iguales o inferiores a 16.600 euros, una fracción de los declarados por Serrano. Un año después, tras publicar infoLibre que recibía este bono, cambió su condición a consumidor vulnerable.

Después de que se conociese la noticia hace dos años, los altos cargos populares sacaron pecho de las ayudas y confirmaron que seguirían cobrándolas. "Para mí ha sido un gran esfuerzo tener cuatro hijos. Si alguien tiene envidia le invito a ser familia numerosa y verá si le compensa", dijo entonces Ossorio. Isabel Díaz Ayuso defendió a sus allegados tras conocerse la noticia con el argumento de que no son solo ayudas para los más vulnerables. "Se llama [bono] social, pero no es solo para las personas vulnerables. Se entiende que es un gesto del Gobierno hacia las familias numerosas", dijo la presidenta.

Ninguno puede alegar que lo recibió de manera automática el bono social eléctrico por ser familia numerosa porque solo se entrega a quien lo pide de manera explícita a la comercializadora de referencia que tiene contratada rellenando una solicitud. El bono social térmico se otorga de manera automática a quien disfruta del bono eléctrico. Las dos ayudas se deben renovar cada dos años para garantizar que se cumplen las condiciones económicas, pero las familias numerosas lo reciben indefinidamente mientras tengan en su poder este título. 

Aunque el bono social eléctrico y el térmico están conectados, tienen regulaciones muy diferentes. El bono para el gas natural se financia con los presupuestos nacionales y consiste en un pago anual cuya cuantía varía por comunidades autónomas y por la zona térmica en la que se ubique la vivienda, beneficiando más a quienes viven en lugares fríos.

El bono eléctrico, por su parte, es un descuento sobre el coste de la luz en la factura mensual (con un máximo de consumo) que se financia con un pequeño extra que pagan todos los clientes en su recibo. El descuento fue el año pasado del 65% para consumidores vulnerables y del 80% para vulnerables severos, aunque este año se ha reducido poco a poco hasta el 35% y el 50%, respectivamente, porque se infló temporalmente durante la crisis energética.

El Gobierno incumple su promesa de regularlo

Desde que se aprobó la creación del bono social eléctrico en 2009, uno de los requisitos para obtenerlo ha sido contar con el título de familia numerosa, sin ningún tipo de criterio económico. En 2017 se concreta la figura del "consumidor vulnerable", donde de nuevo se incluye la figura de la familia numerosa, sin más concreción. Tras destaparse hace dos años que Ossorio y Serrano disfrutaban de las ayudas, el Ministerio de Transición Ecológica se comprometió a reformar la ley para incluir un criterio económico, pero todavía no ha cumplido con su promesa. 

En marzo de 2023, la entonces titular del ministerio, Teresa Ribera, dijo que pondría un tope de renta para familias numerosas que estaría alrededor de los 26.000 euros, que incluiría un multiplicador que incrementaría la cifra cuantos más hijos tuviese la unidad familiar. Según un estudio de Esade, se eliminarían dos de cada tres familias numerosas que ahora lo cobran con ese cambio.

Sin embargo, la fuerte presión e influencia del colectivo de familias numerosas obligó a posponer la reforma y todavía no se ha llevado a cabo. En España hay 421.316 beneficiarios del bono social eléctrico con la condición de familia numerosa, y suponen el 25,6% de los beneficiarios totales de esta ayuda. 

José Carlos Romero, investigador de la Cátedra de Pobreza Energética en la Universidad Pontificia Comillas, subraya que hay que arreglar cuanto antes esta situación. "Hay que excluir el criterio de familia numerosa, punto", dice el experto.

En este momento, cualquier hogar puede acceder al bono si su renta conjunta anual en 2025 sea menor o igual a 12.600 euros, con un multiplicador extra de 0,3 por cada miembro adicional mayor de edad y de 0,5 por cada menor de edad. Romero añade que para dar un apoyo especial a las familias numerosas se pueden elevar los multiplicadores ligeramente para ellas. "No lo veo imprescindible, pero quizás sea una vía para mantener la consideración especial de este colectivo.

La política está hecha de parches. No existe, ni con revoluciones ni con reformas, un momento que lo cambie todo, porque no existe algo parecido a un evento definitivo en el que se alcance el fin de la política: no puede existir la Ciudad de Dios de San Agustín, una República perfecta, una Nación purificada o un libre mercado armonioso en la Tierra. La política, por definición, excluye la posibilidad de que todo se haya logrado de manera definitiva y para siempre; esto es, excluye la posibilidad de que algo se llene por completo. Es una dialéctica eterna que nunca alcanza una síntesis y siempre permanece abierta.

Esa imposibilidad de un final que acabe con el agonismo y el antagonismo —es decir, con la disputa y con el conflicto— es lo que deja abierta la puerta a una transformación, a un avance o un retroceso. Esto no significa que los horizontes no existan y las aspiraciones carezcan de sentido. Al contrario, los horizontes proyectados son la gasolina que mueve a la política. La paradoja reside en la imposibilidad de alcanzar ese horizonte de un modo concluyente, pero es esa aproximación asintótica hacia el horizonte lo que hace posible la política: esa distancia infinita permite su construcción y avance cotidiano.

¿Cuál es la verdad de la política? El conflicto infinito entre las partes que componen una sociedad. De ahí que la democracia nunca pueda ser plena; eso es una aberración. Se avanza o se retrocede, pero nunca se alcanza su plenitud. La política, como el deseo, nunca se puede satisfacer y colmar del todo, porque siempre queda un resto. De lo contrario, el deseo dejaría de existir. El deseo existe porque se desea lo que falta, lo que no se alcanza, y se mueve eternamente por conseguir lo posible, intentando lo imposible una y otra vez.

Parches, conflicto, deseo y horizontes. ¿Qué tiene que ver todo esto con la universalidad de las políticas públicas? Que los parches se inscriben en un horizonte deseable dentro de un conflicto de fuerzas. El derecho se sustenta sobre la capacidad de hacerlo real, es decir, sobre la fuerza que lo impulsa.

Un derecho es algo que obtienes por el mero hecho de existir y una ayuda se da a cambio de cumplir unas condiciones: si eres padre o madre, permiso de maternidad y paternidad; si eres mayor de edad, puedes votar; si alcanzas determinada edad, accedes a la jubilación… Que algo sea universal no quiere decir que, necesariamente, sea para todo el mundo: si no tienes hijos, no tienes el permiso; si no tienes 18 años, no puedes votar; si no alcanzas una edad, no te puedes jubilar. Que la prestación para las gafas tenga un límite de edad no lo hace menos universal, porque incluye a todas las personas dentro de un límite de 16 años.

¿Qué se critica? ¿Que solo se garantice la prestación hasta los 16 años o que se garantice a cualquiera que tenga 16 años? La primera objeción se resuelve ahondando y ampliando a más grupos de edad la misma lógica de la universalidad. Un siguiente paso sería apuntar hacia otro objetivo: que exista un proveedor público de gafas y, así, ampliar la libertad de elección ciudadana. Otro paso, en la misma senda, sería ampliar la cartera de servicios ofrecida por el servicio público: dentista, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo…, y, a partir de ahí, combinarlo con una renta básica incondicional, vivienda barata y segura, menos tiempo de trabajo… Ese sería un enfoque ambicioso que marca un horizonte deseable para ir sumando nuevos parches a la ecuación.

La segunda crítica, la de que se garantice a cualquiera acceder al derecho, lo que hace es poner en cuestión el propio horizonte. La crítica la plantean, seguramente motivados por razones diferentes, tanto neoliberales como algunas personas que se autodenominan de izquierdas. Ambos cuestionan la propia universalidad y consideran que deben establecerse ayudas solo para quienes “de verdad lo necesitan”.

Los primeros consideran una aberración la universalidad porque implica obligar a quien no quiere a asumir el coste de otros. Si el mercado lo puede proveer, aunque sea más caro, ¿para qué tiene que hacerlo el Estado? En todo caso, si alguien no puede acceder por la vía del mercado, que se le ofrezca una ayuda temporal y controlada. Es el modelo neoliberal para denigrar lo público y retroceder de la condición de ciudadanía a un modelo de beneficencia.

Los segundos también opinan lo mismo: les parece una aberración la universalidad porque implica obligar a quien no quiere a asumir el coste de otros, solo que, en este caso, se considera que es el obrero quien le paga el derecho al millonario. Lo que debe hacerse, según esta visión, es asignar una ayuda por renta, para que la obtenga quien de verdad lo necesita. Pero la universalidad funciona a la inversa: se trata de que los más ricos —tanto más cuanto más ricos— financien el derecho de aquella población que no se lo puede permitir. Si alguien gana 1.000, recibe 10 y paga 100, no se le está regalando nada. Si esa fiscalidad no opera así, entonces lo que habrá que adecuar es la fiscalidad, no poner en duda la implementación de un derecho universal.

La universalidad es la mejor forma de hacer llegar un derecho a quien más lo necesita porque se eliminan todas las trabas condicionantes. Es la mejor forma de evitar que se estigmatice a los más pobres, y es la mejor forma de evitar agravios entre quienes se ven excluidos por no ser suficientemente pobres. Lo contrario no es un derecho, es una ayuda, y se requiere que se demuestre que uno es pobre y merecedor de ella, lo cual suele dejar fuera a los más pobres que ni siquiera hacen la declaración de la renta y se ven obligados a entrar en un laberinto burocrático que, además, tiene un coste económico de control añadido.

Un derecho puede ser un servicio o una prestación: puede ser tener acceso al pediatra o puede ser implementar una prestación económica por hijo a cargo, o una renta básica universal. Que sea o no monetario no determina si es o no un derecho universal. Lo que sí importa es intensificar la ambición y el deseo por avanzar hacia ese horizonte que acelere la implantación de parches. 

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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM y actualmente diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una ayuda de 100 euros anuales para los menores de 16 años de edad que necesiten gafas o lentillas, con independencia de la situación económica de la familia o de su lugar de residencia. Según informa EFE, el jefe del Ejecutivo ha indicado este lunes durante una visita al Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas que estas ayudas, denominadas Plan Veo, comenzarán a materializarse el próximo curso escolar y ascenderán a 48 millones de euros.

La dotación económica para estas ayudas procede de una línea de financiación directa del Ministerio Sanidad, que calcula que beneficiarán a medio millón de niños y niñas. Se podrá acceder a esta prestación con independencia de las necesidades visuales de cada menor y de la renta de sus familias o de la comunidad autónoma en la que vivan.

"Hoy damos un pasó más para ampliar las prestaciones de nuestro Sistema Nacional de Salud y lo hacemos poniendo en marcha un programa de ayudas directas a menores de 16 años con problemas de visión para que puedan adquirir gafas o lentillas de cara al próximo curso escolar", ha sostenido Sánchez. El programa, que se tramitará como real decreto, dotará al Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas de una transferencia directa de 48 millones de euros, con la que se cubrirá 100 euros de la factura del centro óptico al que haya acudido el menor para adquirir sus gafas o lentillas para corregir la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo.

Sánchez ha explicado que 721.000 niños y niñas necesitan gafas o lentillas en España, "pero no pueden permitírselas". "Y eso repercute en problemas en los estudios y, a la larga, en dificultades para prosperar. El propio Consejo de Colegios de Ópticos-Optometristas apunta otro dato: que el 30 % de los casos de fracaso escolar está relacionado con alteraciones de la visión. (...) Que un niño pueda ver bien la pizarra de su colegio no puede depender del bolsillo de su familia", ha enfatizado.

El presidente ha asegurado que el Gobierno va a seguir blindando el sistema público de salud "frente a quienes tengan la tentación de malversarlo o de privatizarlo". "Tenemos que escuchar a la inmensa mayoría de la sociedad española, que quiere una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad. La salud tiene un coste, pero no tiene precio. Un buen sistema público de salud es la inversión más segura para una sociedad que protege a los vulnerables y que no se rinde ni ante la enfermedad, ni ante la adversidad", ha concluido.

La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha intervenido en el acto para recalcar que con el nuevo programa de ayudas a la visión de la infancia y la adolescencia se inaugura un nuevo derecho, "el derecho a ver bien". "Los derechos tienen que ser universales, y la salud visual, también", ha señalado García, para quien el Plan Veo y la ayuda que va a impulsar es una de las medidas más relevantes del acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar y también una de las más transformadoras. Ha afirmado que esta iniciativa tiene vocación de permanencia y, al igual que el presidente del Gobierno, ha hecho hincapié en poner en valor la sanidad pública.

El Ministerio de Sanidad hace así realidad el programa de subvenciones que García anunció en los primeros meses de su mandato. De forma paralela, el Congreso de los Diputados tramita la propuesta del Parlamento de Andalucía para que la sanidad pública asuma la prestación de gafas y otros productos ópticos. La iniciativa parlamentaria, apoyada por todos los grupos, plantea la gratuidad de productos ópticos para todos los menores, mientras que los adultos deberán establecer un máximo de aportación en función de su situación socioeconómica.

Según la Encuesta Europea de Salud de 2020, el 61% de la población utiliza algún producto de salud visual, especialmente gafas y lentillas, aunque con una enorme brecha en función de los recursos, que alcanza hasta 12 puntos de diferencia entre trabajadores no cualificados y directores y gerentes en favor de los segundos.

Un terremoto de magnitud 7.0 no podría haber causado mayor destrucción que la que ha provocado la decisión –ilegal– de la Administración Trump de desmantelar USAID, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. 

En enero, a golpe de tweet, falsedades, acusaciones de wokismo y bajo la influencia del milmillonario Elon Musk, quien calificó a la agencia de “un nido de víboras marxistas de izquierda radical”, se anunció la suspensión y posteriormente la disolución de una de las principales fuentes de ayuda humanitaria mundial. Un hachazo de repercusiones planetarias.

Este acto, cargado de cinismo y crueldad, pone en jaque la vida de millones de personas, las más pobres y vulnerables del planeta. Con un presupuesto de 44 mil millones de dólares en 2024, USAID representaba casi el 30% del total de la ayuda internacional, siendo el mayor contribuyente mundial. Hasta hoy, sus recursos han financiado alimentos, atención médica o acceso a agua potable; han luchado contra enfermedades como el VIH, la polio, la tuberculosis o el ébola; además de apoyar iniciativas de desarrollo agrícola y económico o de reducir la violencia contra las mujeres y las niñas.

Tan solo 100 días después de que el Gobierno de Donald Trump congelara la ayuda exterior y anunciara recortes definitivos del 83%, las consecuencias catastróficas de los recortes son palpables en medio mundo. 

Recortes mortales para millones de personas que a diario se enfrentan situaciones inimaginables, especialmente mujeres, niños y comunidades enteras en países como Yemen, Sudán, Siria o Gaza, golpeados por la guerra y la violencia. Se estima que, si esta política persiste, más de 3,3 millones de vidas podrían perderse antes de 2025 por la falta de vacunas, tratamientos y ayuda humanitaria esencial.

En Afganistán, nueve millones de personas se quedarán sin atención sanitaria, agravando los riesgos de epidemias como el cólera. En Burkina Faso, más de un millón de niños y niñas y 250.000 mujeres verán desaparecer los servicios de salud de los que dependen. Sudán del Sur sufrirá la suspensión del soporte básico a miles de personas desplazadas internamente. Mientras tanto, en Etiopía y Bangladesh, decenas de miles de personas, incluidas comunidades refugiadas Rohingya, perderán el acceso al agua potable. En todo el mundo 23 millones de niños se quedarán sin acceso a la educación.

Los impactos del embate de Trump se multiplican: 95 millones han perdido el acceso a atención médica básica. En 2024, Estados Unidos gastó aproximadamente 12.000 millones de dólares en salud mundial. Sin esta inversión anual, 25 millones de personas podrían morir en los próximos 15 años. Veremos más VIH y malaria por culpa de este tijeretazo debido al cierre de clínicas y a despidos masivos en países como Haití, Mozambique y Nigeria. 

El hachazo no solo impacta en las necesidades más básicas e inmediatas: nos encaminamos hacia un mundo más inestable, desigual e inseguro, donde la ley del más fuerte se impone sin disimulo. Durante décadas, Estados Unidos ha sido un pilar en el financiamiento de instituciones y programas globales. Ahora, su decisión de abandonar esa responsabilidad debilita el sistema multilateral y fractura el orden internacional.

Las consecuencias son devastadoras. Pero (spoiler) lamentablemente nadie vendrá a cubrir este vacío. En los últimos meses, los gobiernos de Reino Unido, Bélgica y Francia también han anunciado recortes drásticos de sus presupuestos de cooperación internacional. Éstos siguen la corriente iniciada por gobiernos como el de Suiza, Suecia y o Países Bajos, que después de haber sido grandes donantes tradicionales, también cercenan inversiones.

En nombre de la seguridad nacional, muchos gobiernos están redirigiendo estos recursos hacia el gasto en defensa, una estrategia que, además de ser un descalabro moral, resulta ser un error estratégico. En España, vimos hace unas semanas cómo el Gobierno ha encontrado 10.500 millones extra para invertir en defensa, exactamente la cantidad que necesitaríamos para alcanzar el compromiso histórico del 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) destinado a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). 

La verdadera seguridad no solo reside en el poder militar y las armas, sino en la estabilidad, la diplomacia, la democracia y el desarrollo sostenible. El multilateralismo y la defensa de derechos son las mejores políticas de paz y seguridad frente a un militarismo que amenaza la convivencia y acentúa las desigualdades en todo el planeta. En lugar de dar un paso al frente, los países ricos vuelven a incumplir sus compromisos históricos, justo cuando más necesario es redoblar esfuerzos políticos y financieros para enfrentar los desafíos globales. Los países empobrecidos volverán a ser los más perjudicados. Asfixiados por deudas eternas y atrapados en lógicas extractivistas, observan con preocupación cómo líderes ultraconservadores y movimientos extremistas socavan los espacios multilaterales y dinamitan los acuerdos basados en el derecho internacional, al tiempo que recortan sus fondos de cooperación.

Renunciar a la idea de que, como sociedad global, debemos seguir cooperando y colaborando es renunciar a la justicia social y a la dignidad de las personas, a la empatía, la solidaridad y el cuidado del planeta.

Muchos dirán que el modelo de cooperación actual adolecía de muchas debilidades, imposiciones y pedía a gritos una reforma. Y no están desencaminados. Aun así, la ayuda humanitaria y el desarrollo sostenible han aliviado sufrimiento, evitado conflictos, reducido flujos migratorios forzados y creado redes de solidaridad entre pueblos. Acabar con ella es abrir la puerta a la desestabilización y dispararse al pie.

Frente a la política trumpista del matonismo, defender a ultranza la cooperación es defender la democracia y el bienestar en todas partes. Hay demasiado en juego.

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Franc Cortada es director de Oxfam Intermón.

“No podemos más”, es la desesperanza de Laura. Reside en el madrileño barrio de Carabanchel junto a su marido y sus dos hijos, uno de ellos, Álex, de 17 años, con autismo en grado máximo reconocido y conductas violentas. "Estamos en una situación límite", asegura la mujer a infoLibre. “Solo podemos ir a la calle con un monitor especializado en autismo, que ahora está de baja porque Álex le hizo una distensión en la mano”, añade, explicando que por este motivo lleva “un mes y pico sin salir de casa”.  “Cuando Álex se pone mal, el colegio me llama para que vaya a recogerlo”, relata. “Si allí no pueden con él, entre varias personas, si un monitor no puede con él, ¿qué se espera que haga yo?”, se pregunta la mujer.

“Ya no puedo llevarlo al cole sola, tiene que ayudarme mi marido entrando más tarde al trabajo”, cuenta Laura. Hay días en los que es imposible moverlo, así que la solución que encontró la familia fue poner un cerrojo en la habitación del menor que solo pudiera abrirse desde fuera. Ahora bien, ni es plato de buen gusto para su madre tenerlo encerrado y que pueda golpearse o ponerse nervioso, ni siempre consiguen que entre al cuarto, ya que físicamente es mucho más grande y fuerte que sus progenitores. “Cuando era pequeño era más manejable, ahora me saca una cabeza y media”, describe la mujer.

Patadas, golpes, bocados, puñetazos… Y hasta en una ocasión, Álex arañó las manos de su madre hasta el punto de que el portero del edificio tuvo que acudir a auxiliarla. “Ese día fue mortal, estaba todo manchado de sangre”, relata. Llegados a ese punto, lo único que queda es llamar a la Policía y al Summa, de quienes Laura dice no tener ninguna queja. Sin embargo, ellos no pueden hacer gran cosa. Por un lado, la Policía no puede llevárselo dado que el joven no está cometiendo un delito de manera consciente, sino fruto de su discapacidad. Además, en una situación así, la falta de especialización en el trastorno del menor podría jugar malas pasadas, ya que se podría poner nervioso en el coche patrulla y hacer daño a los agentes o a sí mismo. Por otro lado, el Summa, según confirma a este medio la responsable de Comunicación del servicio, Elena Mohíno, se ocupa de “si requiere atención sanitaria en domicilio por un brote o cualquier patología y, si es necesario, del traslado” a un centro sanitario.

“Sola” es la palabra que Laura utiliza para explicar cómo se siente al tratar de hacer frente a esta situación. Sola, entre otras cosas, ante el abandono de la Administración Pública, de la cual solo recibe 450 euros mensuales por un grado 3 de dependencia del menor y otros 100 de ayuda para pagar al monitor que tienen contratado. “Con esto y el sueldo de mi marido no alcanzamos para pagar todo”, cuenta. Preguntada por a qué se refiere con ese “todo” hablando de los gastos a los que tiene que hacer frente, la mujer enumera psicólogos para sus dos hijos, un monitor de lunes a viernes desde las 16.00 horas, cuando Álex sale del Colegio de Educación Especial, y los gastos propios de una familia: comida, ropa, transporte... “Y yo no trabajo. Estoy dedicada en cuerpo y alma a mi hijo”, dice. “Lo ideal sería alguien que me acompañe todo el tiempo, pero tampoco quiere venir nadie, ni hombres ni mujeres, nadie”, lamenta la mujer.

La Comunidad de Madrid cuenta con el espacio para atender las necesidades del joven, concretamente, el Hogar Residencia APANID de Getafe, especializado en personas con trastornos intelectuales, alto nivel de dependencia y alteraciones de conducta. Sin embargo, para ingresar en este centro es necesario cumplir con una serie de requisitos, como tener reconocida la discapacidad y que “el usuario carezca de familia o no pueda ser atendido por esta en razón de su discapacidad u otras circunstancias”, según se refleja en su página web.

El caso concreto de esta familia es que cuentan con informes favorables de Asuntos Sociales y las áreas de Psiquiatría y Trabajos Sociales del hospital para que Álex consiga una plaza en dicho centro. Sin embargo, la solicitud de ingreso acaba en papel mojado una vez llega a manos del Área de Protección y Familia de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, que deniegan el ingreso alegando que la familia puede hacerse cargo de él por sí misma y que esas plazas están reservadas a menores en situaciones de vulnerabilidad, como abandono o malos tratos. “Nos dicen que lo estamos haciendo bien y que busquemos ayuda profesional, que es precisamente lo que hacemos al pedir la ayuda”, cuenta la madre de Álex. "Básicamente, nos invitan a buscarnos la vida".

“A veces me pregunto si, para que nos concedan una de las plazas del centro, deberíamos de abandonar a Álex en alguno de sus ingresos al hospital o decir que algunas de las heridas que se ha hecho él, se las hicimos nosotros”, confiesa Laura. "Lo que ocurre es que ahí entraría la ley, tendríamos miedo a consecuencias legales o que nos 'castiguen' con no volver a verlo", reflexiona. “Todo esto ya no lo hacemos por nosotros, sino por su propia seguridad. Una vez le dio una patada a una ventana y, además de acabar con la pierna llena de heridas, tuvimos miedo de que se cayera hacia fuera”.

infoLibre se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid y el Área de Protección y Familia de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales para conocer su valoración sobre el tema, pero no ha obtenido respuesta.

La familia denuncia también la falta de especialización y recursos de los hospitales y centros educativos que atienden a su hijo cuando sufre picos de agresividad. "Cuando en el colegio, uno concreto de Educación Especial, no pueden controlarlo, me llaman con la excusa de que tienen a más niños y no se pueden hacer cargo de él". Y de igual manera en el hospital, cuando Álex debe ser ingresado en pleno brote, piden a la madre que ingrese junto a él, en la misma habitación. "En los ingresos todo es aún peor, al cambiar las rutinas de mi hijo se pone más nervioso y agrede más", recalca la madre, que relata que en una ocasión incluso recibió un empujó que la dejó en el suelo y recibió sendas patadas en la cabeza. "Siempre pido la cama más cercana a la puerta, por si tengo que salir corriendo".

Sobre los motivos, la entrevistada asegura que, al preguntar en el hospital el porqué de la decisión, los médicos apelan a la falta de recursos y personal. "Nos comentan que necesitarían a alguien que le atendiese las 24 horas", relata. Asimismo, la madre también apela a la falta de especialización de los centros médicos, señalado que la planta de psiquiatría es una especie de cajón de sastre donde "entra todo": "Juntan a mi hijo con pacientes de anorexia, trastornos de la personalidad, etc. y solo le medican. Ese no es su sitio".

Pareciera que según la política europea y los medios de creación de opinión pública al servicio de los intereses bélicos, ha llegado el fin de la historia y desde este día tuviéramos una nueva medición del tiempo y del miedo. ¿Recuerdas aquel 14 precioso de febrero antes de la Amenaza Rusa (a. AR)? Qué días tan apacibles… pero qué Carnaval tan terrorífico en el día 10 después de la Amenaza Rusa (d. AR), cuando todos/as sentimos el pánico en aquella cabalgata pensando que los drones que grababan el desfile podían haber sido enviados desde Moscú y atacarnos, como si estuviéramos viviendo una ficción hollywoodiense o en Beit Hanoun (Gaza).

Soy un inepto porque no entiendo la desinversión antidemocrática de la Unión Europea de 800.000 millones de euros en armamento para 2030. ¿Estaba eso acaso en algún logo en miniatura de esa agenda –panfleto que la derecha extrema– y el centro y la derecha moderada, si es que siguen existiendo, califican como “woke”?

Soy un incrédulo porque no asimilo que en la era d. AR todo ha cambiado: si lo dice la tele, si Feijóo apenas ha hecho oposición… será porque es verdad.

Soy un ingenuo. ¿Recuerdas en la era a. AR? Cuando uno pensaba o hablaba sobre el uso de dinero público para el Estado del bienestar y decían que no había, lo llamaban gasto, te llamaban comunista... Pues desde el 28 de febrero, no es así: al parecer sí hay dinero, que debe ser mágico, intangible e infinito porque el rearme europeo se llevará a cabo, según el líder Pedro Sánchez, "sin tocar un céntimo del gasto social". Además, ahora se escuchan encuestas en los medios con la siguiente pregunta: ¿crees que el rearme europeo afectará al gasto social? No entiendo la pregunta; la respuesta es claramente sí. El hecho solamente de plantearla pretende crear un marco de opinión pública que normalice y acepte esta barbaridad milmillonaria y casi billonaria de inversión en muerte.

Soy un inadaptado, un nostálgico anclado en la izquierda anti-OTAN de los 80, de Podemos porque Ione Belarra opina como yo y, seguramente, en última instancia, judeo–masón, putinista… por no visualizar esa panorámica tan clara del ataque ruso para 2030 en suelo europeo.

Hablemos de Groenlandia, perteneciente a Dinamarca, amenazada públicamente por Trump. Sí, pero mejor lo dejamos para otro día, hay que priorizar, estamos en la era d. AR –te dirán.

¿Y qué hay del kit de emergencia propuesto por la Unión Europea? Propaganda de guerra.

Quienes seguimos el conflicto entre Estados Unidos y Rusia en suelo ucraniano con criterios periodísticos y fuentes alternativas a los medios convencionales y la propaganda del imperio que se desmorona, comprendemos o tratamos de entender el origen de la guerra, cómo y quién pudo estar detrás de la rotura del Nord Stream y sus consecuencias en nuestro día a día, sintiendo el bolsillo menguado al comprar el gas ahora a Estados Unidos en lugar de a Rusia, y que Europa es aquel niño manipulado por el adolescente matón que ya agotó su tiempo de uso y utilidad.

En fin, hay mucha gente que se tragó el Fran Perea el que lo lea y que 1 + 1 son 7, movido por la popularidad de su melodía.

Pero 1 + 1 son 2, armas + armas = rearme y guerra; y armas – armas = 0, es igual a paz.

Soy maestro y no quiero más ucranianos muertos. Tampoco gazatíes asesinados. No quiero un mundo violento y trabajo para ello; es nuestro oficio.

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Paco Ochoa es socio de infoLibre.

La inmensa mayoría de las ayudas públicas que se dan en España ignoran la emergencia climática. La organización ecologista Greenpeace ha analizado casi 60.000 millones de euros que el Gobierno repartió entre 2023 y 2024 a cientos de empresas del país y a millones de ciudadanos en forma de subvenciones y exenciones fiscales para transporte, agricultura y ganadería. La conclusión es que casi nueve de cada diez euros se consideran "total o parcialmente dañinos" para el medioambiente. Algunos de los grandes beneficiarios fueron Repsol, Ryanair o Fertiberia, que forman parte de las empresas más contaminantes del país.

"Muchas de estas ayudas se activaron con el covid y la crisis energética. En teoría iban a ayudar a hogares y empresas a superar el bache, pero ahora vemos que no fueron eficaces ni desde el punto de vista social ni ambiental", opina Carlos García, coordinador de Incidencia Política de Greenpeace y autor del informe. La ONG también concluye que el 92% de las subvenciones dadas fueron regresivas; es decir, no acabaron en manos de familias o empresas vulnerables.

Del volumen total de ayudas que dio el Estado en 2023 y 2024, Greenpeace ha estudiado las que se destinaron a transporte, vivienda y agricultura porque esos tres sectores generan el 50% de la contaminación del país, y si se hubieran incluido en las subvenciones criterios verdes se habría fomentado la reducción de las emisiones. Estos sectores también son especialmente relevantes porque en 2023 absorbieron el 41% de las subvenciones públicas de España: 32.075 millones de euros, o el 1,7% del PIB. En 2024 recibieron menos apoyo (27.100 millones) porque desaparecieron ayudas muy caras, como la ayuda de 20 céntimos a los carburantes.

En la partida de 2024, las subvenciones verdes solo representaron el 13,9% del total, frente al 35,7% de las marrones y el 50,4% de las naranjas. Esta clasificación por color es la manera en que Greenpeace divide lo que considera subvenciones ambientalmente sostenibles (verdes), ambiguas (naranjas) o contaminantes (marrones). El grupo naranja incluye el apoyo económico a políticas que en principio son negativas, aunque alguno de sus criterios son positivos para el planeta.

Entre las subvenciones naranjas, destaca la Política Agraria Común (PAC), que es de lejos la mayor ayuda pública que recibe la economía española (27,1% del total) y procede de las arcas de Bruselas. Carlos García explica que han incluido la PAC entre las políticas naranjas porque solo el 16% de su presupuesto está condicionado a las buenas prácticas ambientales. También han incluido en ese bloque naranja el bono social eléctrico porque su ayuda no discrimina entre energía renovable y fósil, y al IVA reducido en alimentos porque no incentiva la compra de productos ecológicos.

En el escueto apartado de subvenciones verdes destacan la gratuidad al transporte público y el plan de choque de movilidad sostenible, que ayudan a reducir los coches en las carreteras, o el plan eco vivienda. En el extremo opuesto están las ayudas marrones, como la fiscalidad reducida en la aviación (que tiene un IVA del 10%), las exenciones del combustible aéreo (el queroseno no paga impuesto de hidrocarburos) o la reducción del IRPF del 35% para el combustible agrícola.

El informe también calcula quiénes fueron en 2023 las empresas españolas más beneficiadas por estas ayudas, y señalan que 100 compañías recibieron 4.321 millones de euros en subvenciones, de los que 2.995 millones provenían de los fondos europeos Next Generation. Entre los grandes beneficiarios están gigantes como Iberdrola, ArcelorMittal, Naturgy, EdP, Endesa o Repsol.

"Esas cifras evidencian que quien más se beneficia son las empresas contaminantes. Y estamos hablando de ayudas a fondo perdido, que no se devuelven", recuerda García. "El caso paradigmático es el de Repsol, la empresa con más emisiones de España, que por mucho dinero público que reciba para descarbonizarse, 7 de cada 10 euros de sus inversiones van para su negocio tradicional petrolero. ¿Están las ayudas sirviendo para cambiar la compañía? Evidentemente no", añade el portavoz ecologista.

El Gobierno, y especialmente el Ministerio de Transición Ecológica, está en teoría comprometido con regular estas ayudas para redirigirlas hacia políticas verdes, pero por ahora quedan importantes subvenciones contaminantes activas. El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), actualizado en 2024, recoge la meta de eliminar subvenciones energéticas, como la rebaja de impuestos al carburante agrícola y al gas natural profesional, o la exención del impuesto de hidrocarburos para barcos.

Sin embargo, como destaca Greenpeace, todavía no hay un plan concreto para retirar estas subvenciones, que suponen un agujero en las arcas públicas. Solo las ayudas públicas al transporte cuestan al año a España 10.293 millones (44% en forma de subvenciones directas y el 56% en ayudas indirectas) y el 62,9% de ellas son consideradas marrones, o contaminantes.

La única ayuda que Transición Ecológica planea retirar a corto plazo es la brecha fiscal a favor del diésel (que tiene menos impuestos que la gasolina), un diferencial que cuesta unos 1.000 millones de euros al Estado cada año. La ministra de esta cartera, Sara Aagesen, ha reiterado varias veces en los últimos meses que planea retirar este beneficio lo antes posible porque además forma parte de las promesas del Gobierno a Bruselas a cambio de los Fondos Next Generation. De hecho, según EFE, antes del 11 de abril la medida debería estar implementada para evitar una posible sanción desde la Comisión Europea.

En 2024 se hicieron en el transporte público 5.584,5 millones de viajes, un 7% más que en el ejercicio anterior, impulsado en parte por el sistema de ayudas al transporte público arbitrado por el Gobierno. Según las cifras de todo el año 2024 publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidas por EFE, 3.451 millones de viajes se concentraron en el transporte urbano (con un alza del 8,1%) en tanto que el interurbano registró 1.659 millones de viajes, el 7,1% más.

La política de ayudas al transporte desarrollada por el Gobierno, en la que colaboran también en algunos casos las comunidades autónomas, por las que está bonificado tanto el transporte de cercanías como los viajes recurrentes de media distancia, ha impulsado el alza de los desplazamientos en medios públicos.

Los mayores crecimientos se dieron en los movimientos de larga distancia, con avances del 23,2% en los realizados en bus (19,4 millones), y del 16,8% en tren, hasta 48,27 millones. Entre estos últimos, los desplazamientos en tren de alta velocidad aumentaron un 22,8%, animados por el aumento de la competencia entre los tres operadores que prestan servicio en España (Renfe -con sus dos marcas AVE y Avlo- Ouigo e Iryo).

En el urbano, los viajes en autobús sumaron 2.032 millones, con un alza del 8,7 %, y los viajes en metro sumaron 1.419 millones, el 7,4 % de incremento. Entre el transporte interurbano, el autobús concentra el mayor número de viajes (casi 860 millones, un 9,5 % más que en 2023), el ferrocarril sumó algo más de 693 millones (el 4,6 % más) y el avión (en vuelos interiores) añade otros 94 millones, el 5,3 % más.

De los desplazamientos entre distintas poblaciones la gran mayoría se concentran en las cercanías, en las que se hicieron casi 1.200 millones de viajes: cerca de 593 millones en autobús (el 8,5 % más) y otros 591 millones en tren (el 3,2 % de aumento). La media distancia, por su parte, contabilizó 247,5 millones en bus (11 % más) y 53,8 millones en tren (6,6 % más).

En larga distancia se registraron 48,3 millones de viajes por tren (16,6 % más) de los que más de 39 millones fueron en alta velocidad (22,8 % de incremento sobre 2023), animado por la entrada de nuevos operadores y por las mayores frecuencias en los corredores de Cataluña, Levante y Andalucía, que han tirado de los precios a la baja. La larga distancia convencional (no de alta velocidad), sin embargo, bajó un 3,2 % y cerró con 9,3 millones de viajes.

Entre el tráfico aéreo destaca la subida de los enlaces entre la península y las islas y Ceuta y Melilla, que anotó un avance del 6,2 % (47,7 millones de viajes), el interinsular creció el 5,2 % (cerca de 12 millones de viajes) y el peninsular creció el 4,1 % (34,3 millones de viajes). El transporte marítimo (entre puertos españoles) registró 12 millones de viajes (el 1,4 %).

El transporte especial y discrecional computó 473,6 millones de viajeros (un 0,5 % menos). El especial sumó algo más de 298 millones de viajeros (un 0,2 % menos) y el discrecional, 175 millones, el 1 % menos.

Los datos del mes de diciembre reflejan un aumento de los usuarios del transporte público del 5,7% sobre ese mes del año anterior, con más de 497 millones de viajes.

Una jueza federal bloqueó temporalmente la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de congelar de forma inmediata todas las subvenciones y préstamos federales a partir de este martes, una medida que podría afectar a programas esenciales de educación y sanidad de los que dependen millones de estadounidenses.

La orden de la magistrada Loren L. AliKhan llegó minutos antes de que la directiva del mandatario republicano se aplicara a partir de las 17.00 hora local (22.00 GMT) y estará en vigor hasta el lunes de la semana que viene, se acuerdo con EFE.

Según la cadena CNBC News, la jueza apuntó en una audiencia efectuada por Zoom que su suspensión administrativa expiraría a las 17.00 del 3 de febrero a menos que decida otorgar una orden de restricción temporal, tal y como lo habían solicitado este martes organizaciones demandantes.

La Administración estadounidense había justificado su decisión argumentando que es necesario garantizar que todos los fondos cumplan con las recientes órdenes ejecutivas firmadas por Trump, que incluyen restricciones a los derechos de las personas transgénero y recortes en programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés). En un memorando emitido el lunes, el director interino de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), Matthew J. Vaeth, señaló que la congelación también afecta a fondos destinados a la ayuda exterior y a organizaciones no gubernamentales, entre otras partidas.

La pausa ordenada por Trump podría retrasar el desembolso de miles de millones de dólares para partidas como los préstamos estudiantiles y tendría un impacto negativo en la investigación sanitaria, la asistencia alimentaria y la financiación de organizaciones de apoyo a veteranos y personas con discapacidad.

Asimismo, la medida podría afectar la ayuda destinada a las zonas devastadas por incendios en California e inundaciones en Carolina del Norte, regiones que Trump visitó la semana pasada y donde había prometido apoyo federal.

La congelación había sido demandada por organizaciones como National Council of Nonprofits, American Public Health Association o Main Street Alliance, que destacaron que aunque la Administración de Trump tiene la libertad para hacer avanzar sus prioridades, debe hacerlo "dentro de los confines de la ley", algo que en su opinión no es el caso.

La megafonía de las estaciones anunciando el fin de las ayudas estatales al transporte público. Postcard from Spain, enésima semana de enero de 2025. Estos días todo el mundo sabe lo que ha pasado en el Congreso. La política, de repente para muchas personas, ya no es algo teatral, tragicómico, ajeno, tedioso, ininteligible. La política es, por ejemplo, que de un día para el siguiente no puedas pagar el medio que te lleva a trabajar o a estudiar, o que para hacerlo tengas que reorganizar una economía doméstica ya muy apretada. La política siempre es así de decisiva, pero pocas veces puede verse tan claro, tan inmediato, como en esta ocasión.

Sería bueno aprovechar esta oportunidad pedagógica. Una megafonía en las salas de los centros de salud que explique por qué vas a estar dos horas esperando para una consulta que pediste hace días y te van a atender pocos minutos: Buenos días, aquí faltan otros tres médicos de cabecera para poder cubrir el servicio de forma adecuada. Buenos días, no hay especialista porque las condiciones de esta comunidad autónoma son pésimas. Buenos días, trate mejor a esa enfermera porque está a otras dos mañanas malas de mudarse a Noruega. 

Otra postal: la cara de satisfacción de Míriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, como si hubieran ejecutado una hazaña. Oh, qué audaces, hacerle una jugarreta a un Gobierno al que marean y exprimen continuamente con un material tan real como la vida cotidiana de millones de españoles. Esperar algo diferente de Junts es temerario, también es cierto. Lo realmente impresionante es la cantidad de gente que ha salido a la calle estos días y se ha manifestado por las redes con la misma expresión de Nogueras: como si ganaran algo porque pierda el Gobierno. Dispuestos a quedarse tuertos para que otros no vean. 

Ese rasgo no es lo mejor que tenemos en este país. Hay personas hablando de “paguitas” y de “mantenidos” que están a una mala racha, a un despido, de necesitar su propio rescate del Estado. Es urgente mucha megafonía: Buenas noches, gracias a las protecciones sociales puede pasear esta fresca madrugada sin la seguridad de que le vayan a asaltar. Yo me resignaría a apelar al egoísmo. El Estado del bienestar es lo mejor que le puede pasar incluso si cree que no lo necesita. 

En el trayecto bonificado de autobús entre Zamora y Salamanca he conocido en estos años a gente que ha descubierto en la mitad de su vida lo mucho más conveniente que es el transporte público: pueden descansar o aprovechar para hacer alguna tarea, conduce un profesional, desaparece la preocupación de aparcar y hasta se presenta la oportunidad de dar después esos pasos necesarios para mantenerse saludable. Estoy convencida de que unas ayudas al transporte todavía mucho más ambiciosas que las que han decaído cambiarían este país de una forma revolucionaria. Lo habían empezado a hacer: gente de la que sacaba el coche para todo que ha visto que hay otra vida, gente que ha podido salir de las capitales masificadas aunque sea para dormir en un sitio más barato y tranquilo, gente pudiendo elegir. Pero cómo convencer a quienes han encontrado en la individualidad del coche particular una ilusión de poder, de estatus. Esa energía que transmiten cada vez que no esperan en un paso de cebra, esa energía que es exactamente eso: arriesgarse a quedarse tuertos para que no olvides que pueden dejarte sin ver.

El déficit de plazas residenciales para personas mayores sigue aumentando y serían necesarias al menos 35.000 plazas para atender la demanda actual de personas en Dependencia Severa y Grandes Dependientes, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales que ha recogido EFE.

En los tres años posteriores a la pandemia (2021, 2022 y 2023) han aumentado en 6.031 las plazas residenciales, mientras que la población mayor de 65 años se ha incrementado en más de 600.000 personas en ese periodo, explica el informe basado en datos del Imserso. A comienzo de 2024 había en España 395.065 plazas residenciales para mayores, 3.510 menos que el año anterior.

"Los datos recientemente publicados por Imserso indican un retroceso del sector residencial en 2023, tanto en el número absoluto de plazas como en el índice de cobertura (porcentaje de plazas sobre mayores de 65 años), que es el más bajo desde 2010", señala a EFE el coordinador del estudio, Gustavo García. Según el análisis, serían necesarias 89.324 plazas residenciales para alcanzar las cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.

Las comunidades con mayor déficit de plazas son Andalucía y Comunitat Valenciana, con 35.857 y 24.801 respectivamente; entre las dos suman más de las tres cuartas partes del déficit (67,9%). Mientras tanto, en seis comunidades hay un exceso de plazas respecto a su ratio de plazas por personas mayores de 65 años: Castilla y León 17.764, Castilla-La Mancha 7.072, Aragón 4.859, Extremadura 4.096, Asturias 1.237 y La Rioja 408.

El 69,6% de las plazas para mayores son de financiación pública, un total de 275.094, frente a las 119.971 exclusivamente privadas. Se incluyen dentro de financiación pública plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.

Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón; las que menos son Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana.

La asociación lamenta que no se hayan dado "pasos decididos" en la aplicación de la estrategia del nuevo modelo de cuidados, reforzando los servicios de atención domiciliaria. Explica que la ayuda a domicilio se mantiene en 2023 prácticamente igual que el año anterior en una cobertura de 5,5%, sólo seis décimas más que en el año previo a la pandemia.

Además, la media de horas de atención y cuidados sólo alcanza 21,1 horas mensuales, el mismo número que en el año 2012.

"Estos datos tan pobres y la escasa o nula evolución que registran en los últimos años, impiden avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en prejuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres", concluye García.

La proporción de personas que perciben las rentas mínimas de inserción que ofrecen las comunidades autónomas no llega actualmente ni al 6% de la población bajo el umbral de la pobreza y su cuantía no alcanza ni el 16% de la renta media por hogar en España. Esta son las principales conclusiones del Informe de la Situación y evolución de las Rentas Mínimas de Inserción en España y en cada una de las Comunidades Autónomas (2011/2022) dado a conocer este martes por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

El informe, recogido por EFE, señala que en los tres últimos años —desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV)—, se han perdido casi uno de cada tres beneficiarios de las rentas mínimas (RMI) y que 13 comunidades han reducido su gasto en este apartado.

En cuanto al número de beneficiarios, en cinco comunidades ni siquiera alcanzan al 2% de las personas bajo el umbral de la Pobreza: Castilla y León (1,7%), Murcia (1,2%), Madrid (0,8%) Andalucía (0,7%) y Castilla La Mancha (0,3%); y en Aragón la cuantía media no llega al 1% de la renta media de la comunidad. Por el contrario, en País Vasco y Navarra la rentas de inserción llegan al 51,2 % y al 38,2 %, respectivamente, de su población por debajo del umbral de la pobreza.

Respecto al gasto, Aragón (-96,2%) y Madrid (-91,1%) lideran la reducción y les siguen Castilla-La Mancha (-82,2%), Castilla y León (-69,7%), Andalucía (-65,4%) y La Rioja (-64,5%), mientras en el otro extremo Canarias ha aumentado su presupuesto un 103%, Baleares un 74,7%, la Comunidad Valenciana un 18,6 % y País Vasco un 4% (con datos de 2023).

La cuantía media por persona perceptora de las RMI en el conjunto de España supone el 15,9% de la renta media por hogar, pero en Baleares alcanza el 36,4 %; en Cataluña (18,3%), Canarias (17,9 %), Asturias (16,5%) y la Comunidad Valenciana (15,2%) se sitúa alrededor de la media; Murcia (9%) y Madrid (9,1%) están claramente por debajo y el caso más extremo, como dice el informe, es el de Aragón, que se queda en el 0,7%.

La reducción de los presupuestos de las RMI en la mayor parte de las Comunidades, supone que, en los tres años desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011, con una pérdida global de 320 millones de euros.

Los directores y gerentes de servicios sociales argumentan que pobreza y exclusión social son conceptos diferentes y que la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) hubiera sido la oportunidad de destinar los recursos de las rentas mínimas de las comunidades a implementar políticas y actuaciones eficaces de inclusión social, más allá de la aportación de recursos económicos a personas con rentas bajas.

Todavía caía la noche en València cuando miles de personas se agolpaban en uno de los lugares más icónicos de la ciudad: la Ciudad de las Artes y las Ciencias, transformada por un día en el centro de la solidaridad de España con los afectados de la dana, que ha dejado ya 211 muertos en todo el país. Tras las imágenes de este viernes, donde cientos de voluntarios se agolpaban en los puentes de la ciudad de València para cruzar, con agua, comida y escobas a cuestas, a los lugares más golpeadas, la ola solidaria ha tenido este sábado un nuevo capítulo, si cabe, aún más desbordante.

Las cifras hablan por sí solas: entre 10.000 y 15.000 personas se han presentado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias para que alguno de los autobuses de la Generalitat Valenciana les llevaran a los diferentes pueblos, algunos todavía sin la presencia a esas horas de los servicios de emergencias cuatro días después del paso de la dana. Ya a altas horas de la madrugaba comenzaban a llegar los primeros voluntarios, pese a que la convocatoria del Gobierno autonómico estaba fijada a las 7:00. “Lo que me ha encantado es que a las 6.30 horas, había un montón de cola y eso es bonito”, celebraba Teo Colombia, un estudiante de Medicina montado en un bus con destino a Aldaia (Valencia), en declaraciones a Efe.

Preguntado por las imágenes de estos días y el horror del temporal, el joven lo tiene claro: la solidaridad con las víctimas es lo primero. “Sabes lo que vas a encontrar. Si te encuentras personas fallecidas, es lo que puede pasar. Lodo, fango... eso es lo de menos, pero lo importante es de algún modo ayudar a las personas", señalaba Colombia. Algo parecido relataba Andrés Figueres, que con sus hijas, de 15 y 14 años, se dirigía, en su caso por sus propios medios, a Algemesí, una de las localidades donde no existían restricciones a la movilidad. "He ido a comprar lo básico, guantes, mascarillas, palos de escoba, lo que hemos oído que se precisa en los trabajos de limpieza y nos dirigimos hacia allí para echar una mano en lo que se pueda", decía Figueres, que también relataba como varios de sus familiares habían acudido a la convocatoria de la Ciudad de las Artes y las Ciencias para ayudar.

La Generalitat Valenciana decidió en la tarde de este viernes la centralización de los esfuerzos solidarios en los edificios diseñados por Santiago Calatrava, después de que, según afirmó el president valenciano, Carlos Mazón, las riadas de voluntarios hubieran “colapsado” los accesos a los pueblos más afectados y las carreteras de la provincia. Así, el Ejecutivo autonómico puso en marcha una página web, en la que ya se han apuntado más de 100.000 personas, para coordinar los esfuerzos, además de informar de que se iban a fletar autobuses desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias para acudir a las zonas afectadas de forma más eficiente. "Somos muchos y es mejor que nos organicen", decía uno de los voluntarios congregados en el lugar.

Sin embargo, una vez más, la Generalitat quedó desbordada por las muestras de solidaridad y, lejos de canalizar esa oleada de personas dispuestas a ayudar, terminó frustrando a muchos de los que se acercaron a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y es que, de esos 10.000 a 15.000 voluntarios que acudieron, tan solo 5.000 pudieron montarse por la mañana en los 100  autobuses fletados por la Generalitat. De hecho, en un primer momento, el Gobierno de Mazón había previsto tan solo 50 autobuses, y ante la oleada de personas, se dobló el transporte.

Aun así, muchas personas se quedaron en tierra precisamente cuando, desde las localidades afectadas, llevan pidiendo día tras día que llegaran cuantos más voluntarios mejor. El presidente de la de la Plataforma del Voluntariado de la Comunitat Valenciana, Miguel Salvador, aseguró que las personas que no pudieran ir en los autobuses de la mañana podrían ir a partir de las 14:00, pero finalmente miles de voluntarios se quedaron en tierra. Ante esta situación, la Generalitat emplazó todos ellos a volver en los días siguientes, pero haciéndolo de forma más gradual para que se pudieran realizar los traslados de forma escalonada y organizar así mejor la ayuda.

Con todo, la gran polémica ha venido con quienes sí entraron en alguno de los 100 autobuses, pero que finalmente, por culpa de los problemas organizativos, no pudieron ayudar tanto como les hubiera gustado. Uno de los voluntarios explicaba en un vídeo en redes sociales como una fila de varios autobuses estaba completamente bloqueada por haber tomado un camino que estaba inundado y completamente inaccesible. “La odisea de los voluntarios convocados por la Generalitat. En estos momentos nos encontramos en un punto sin retorno en un paraje del término de Riba-roja. No encuentro palabras”, escribía en su publicación en redes.

Su relato se repetía entre muchos otros voluntarios, que denunciaban la falta de organización y la improvisación en la gestión de la Generalitat. “Los 19 autobuses que hemos venido a Chiva, desde las 7 de la mañana en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y después de esperar 3 horas para subir a los autobuses, hemos llegado y nos han dicho que no hacía falta más ayuda. Aquí estamos parados y nos van a devolver a Valencia, es decir, no hemos hecho absolutamente nada”, denunciaba otra voluntaria en redes sociales. “Estamos parados dentro del autobús sin hacer nada después de 5 horas y media arriba y abajo. 750 personas organizadas por la Generalitat de Mazón para no hacer nada. Parece turismo de catástrofes”, comentaba otro frustrado.

Pero quizás el momento más tenso de la mañana se vivió en un autobús donde los propios voluntarios se rebelaron al saber que les iban a enviar a limpiar el centro comercial de Bonaire en vez de a ayudar en los pueblos. “No queremos ir a limpiar el Zara”, recogía el periódico valenciano Levante como una de las principales quejas de las personas de dentro del autobús. Ante eso, las autoridades, según denuncian varios usuarios en redes sociales, les tuvieron en torno a 4 horas esperando y, después de que muchos amenazaran con ir por sus propios medios a Aldaia, uno de los pueblos más golpeados por la catástrofe, finalmente accedieron a llevarles en los autobuses.

Desde el Gobierno autonómico se defienden asegurando que Bonaire era un centro de distribución intermedio que servía para, una vez allí, repartir a los voluntarios por los distintos lugares. Una máxima que niegan los voluntarios, los cuales señalan que desde el principio se les dijo que iban a limpiar las tiendas. A estos relatos se suman otros de voluntarios que tuvieron que soportar esperas interminables para entrar en los autobuses, sin conocer el destino de su viaje y con varios cambios de rutas y paradas que retrasaron la llegada de ayuda.

Por si todo eso fuera poco, a media tarde se conocía que 17 voluntarios se habían intoxicado con monóxido de carbono mientras limpiaban un garaje en Chiva. Al parecer, todo vino propiciado por la mala combustión de un motor de una bomba de desagüe que provocó la intoxicación. Rápidamente fueron atendidos por los servicios médicos y dos de ellos están heridos de gravedad.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado este lunes que han ofrecido ayudas directas para apoyar a las pymes más pequeñas, las que tienen menos de cinco trabajadores, a adoptar la reducción de jornada, según EFE. En declaraciones a los medios, Díaz ha señalado que se quiere ayudar a las pequeñas empresas "para que aprovechen la oportunidad del cambio y la reducción de jornada para modernizarse, para mejorar su productividad".

La vicepresidenta ha insistido en que la negociación para reducir la jornada laboral a las 37,5 horas está en la recta final y que es la patronal CEOE la que tiene que estar "a la altura de las circunstancias" y dar una respuesta a esta última propuesta. "Tiene que decidir si quieren negociar y ayudar al tejido empresarial (...) o se dedican a hacer otra cosa que no tiene nada que ver con el diálogo social ni con el bienestar de las empresas españolas", ha enfatizado.

La vicepresidenta ha emplazado a la patronal a dar una respuesta a esta última medida. "La oportunidad de cambio está ahí", ha subrayado.

Hasta ahora, el Ministerio de Trabajo ha ofrecido bonificaciones a las empresas de hasta diez trabajadores que, como consecuencia de la reducción de jornada a 37,5 horas en 2025, conviertan contratos a tiempo parcial en completo. También medidas para incentivar la formación y el acompañamiento a través de los centros de orientación y emprendimiento del SEPE.

El objetivo de Trabajo con estas medidas es atraer al acuerdo a la patronal en una mesa que prevé volver a reunirse el 29 de octubre.