El reparto de las ayudas públicas
Un informe oficial camufla el fracaso de la renta mínima de Madrid con la supresión del porcentaje de excluidos
El informe de la Cámara de Cuentas de Madrid sobre el programa de lucha contra la exclusión social ha destapado, de forma indirecta, que solo el 5,58% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social recibió en 2020 la Renta Mínima de Inserción (RMI), de gestión autonómica. Dicho al revés, se quedó fuera el 94,42% de quienes cumplen los requisitos para cobrarla.
La referencia al carácter indirecto de una revelación como la del párrafo anterior obedece a que el documento oficial y difundido por la Cámara se limita a señalar el número de personas beneficiarias de tal prestación, 78.606, pero sin dos datos cruciales que sí aparecían en el anteproyecto remitido al Ejecutivo de Isabel Ayuso (PP) para el trámite de alegaciones.
El primero es qué porcentaje representa esa cifra de beneficiarios sobre el total de potenciales receptores de la RMI en Madrid. Y el segundo, cuántos son los ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que se conoce como la población AROPE (en inglés, siglas de At risk of poverty or social exclusion), uno de los indicadores básicos que manejan Eurostat –la Oficina Estadística de la UE– y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Eurostat categoriza como población AROPE a aquella que está en riesgo de pobreza o sufre carencia material severa o vive en hogares con baja intensidad en el empleo.
Aprobado el 31 de mayo, tres días después de las elecciones autonómicas y municipales, el informe final condensa en su capítulo de conclusiones lo que el anteproyecto explica de forma pormenorizada: “Según datos de los Informes anuales de Renta Mínima de Inserción en los ejercicios 2019 y 2020, el número de familias y beneficiarios perceptores de la prestación se eleva a 28.643 y 24.415, que agrupan a un total de 91.076 y 78.605 personas beneficiarias, respectivamente”.
El miércoles, infoLibre preguntó al departamento de comunicación de la Consejería de Hacienda, que vehicula el envío a otros departamentos de los anteproyectos de informes de la Cámara, por qué el Ejecutivo hizo que en el informe final de la Cámara de Cuentas se eliminase que la renta mínima solo se pagaba en 2020 a poco menos del 6% de la población Arope de Madrid. La respuesta ofrecida el viernes por los portavoces de la consejería que dirige Javier Fernández Lasquetty fue la siguiente: "Como viene siendo habitual, la Comunidad de Madrid presentó alegaciones al anteproyecto de informe. Entre ellas, se envió información actualizada respecto a la situación de la población AROPE, con los últimos datos de Encuesta de Condiciones de Vida, que la Cámara de Cuentas ha incorporado en el informe definitivo y aprobado. Lo que importa es el informe final y, al final, es la Cámara la que decide si las alegaciones se admiten o no y modifican el anteproyecto".
Este diario intentó también obtener la versión de la Cámara de Cuentas. No fue posible contactar con su equipo de comunicación.
Los datos eliminados
El sucinto relato del informe final elimina las explicaciones detalladas del anteproyecto, que citando como fuente el informe 2021 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES) exponía así la situación: “La población AROPE de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2020 se eleva al 20,9%, cifra que supone un total de 1.408.777 personas frente al 19% del ejercicio 2019”. Esa tasa, prosigue, “ha aumentado 1,9 puntos porcentuales, lo que supone un incremento del 10%, cifra dos veces y media más alta que el crecimiento medio nacional”. No obstante, “la tasa AROPE de la región se mantiene muy por debajo de su valor nacional (5,5 puntos porcentuales menos)”.
En el capítulo de conclusiones, el anteproyecto dibuja al final de ese punto un retrato aciago de lo que está sucediendo. Y ofrece los porcentajes eliminados del informe definitivo: “La Renta [la RMI] supone una tasa de cobertura de la población AROPE del 7,23% en 2019 y de 5,58% en 2020”. La disminución, continúa el texto, se debe a la implantación en junio de 2020 del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por el Estado. Existe –acaba el párrafo–un número elevado de hogares cuyos ingresos están por debajo del umbral de pobreza que no tienen acceso a la Renta [la RMI], bien porque son excluidos como beneficiarios por los diferentes requisitos de las normas que rigen la concesión de la prestación, bien porque no la solicitan”.
Aunque el glosario de siglas y abreviaturas incorporado al inicio del informe final incluye el término AROPE, una simple búsqueda en el pdf constata que ese término no vuelve a aparecer en ninguna de las 141 páginas del documento definitivo.
De la mofa de Ossorio a la "indefensión"
La versión extensa y luego borrada que la Cámara de Cuentas traza en su informe inicial sobre el riesgo de pobreza en Madrid retrotrae a la polémica suscitada en marzo de 2022 cuando el portavoz del Gobierno autonómico, Enrique Ossorio, se mofó del informe de Cáritas sobre el volumen de pobres en Madrid. Ossorio improvisó una parodia gesticulando ante los periodistas como quien busca por el suelo un objeto perdido, en este caso los pobres: “¿Pues por dónde estarán?”, fueron sus palabras.
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Pese al recorte –textual, en todos los sentidos–, el informe final de la Cámara de Cuentas lanza serios reproches al Ejecutivo de Ayuso. En sus conclusiones se lee que la Comunidad incumple su deber legal de emitir resolución sobre la Renta Mínima en el plazo máximo de tres meses. La demora en la tramitación “juega claramente en contra de los intereses del solicitante cuando se le reconoce el derecho a la prestación”, dado que la Comunidad “no abona las cantidades de Renta Mínima devengadas desde la fecha de vencimiento del plazo máximo para resolver”. Al hilo de lo anterior, la Cámara “insta al Ejecutivo a cambiar la legislación para que se proceda de oficio al abono de los atrasos cuando las resoluciones estimatorias se emitan fuera de plazo”.
El incumplimiento de plazos –“inexcusable”– no es el único, subraya la Cámara en otra de sus conclusiones. Cuando deniega o suspende la concesión de la Renta Mínima, la Consejería de Políticas Sociales dicta resoluciones en las que “no se recogen las circunstancias y hechos que sirven de fundamento” a su decisión. “Esta falta de motivación –agrega el informe– puede ocasionar al administrado indefensión al ignorar la causa o razón de la actuación administrativa”.
Como recoge el informe, la Renta Mínima (RMI) “no se concede a la persona, sino a la ‘unidad de convivencia’ que carezca de recursos económicos". Compatible en determinadas circunstancias con el Ingreso Mínimo Vital, la percepción de la RMI está condicionada “a la aceptación de un empleo y al cumplimiento de un programa individual de inserción”, señala el informe. Su prestación es de duración ilimitada siempre que se mantengan las causas y requisitos que motivaron su concesión, si bien sus beneficiarios deben acreditar cada año o cuando sean requeridos que persisten sus condiciones iniciales. En 2020 y dependiendo de las circunstancias económicas y familiares, el Ingreso Mínimo Vital oscilaba entre 461,50 y 1.015 euros. Y la Renta Mínima, entre 400 y 950 euros.
