El color de 2026 es el blanco. Así lo ha decidido la famosa compañía de color para las artes gráficas Pantone, que cada año toma esta decisión. El del año que acaba fue el Mocha Mousse, un marrón cálido, y el del 2024 un melocotón vibrante que bautizaron como Peach Fuzz. Puede parecer irrelevante, hasta anecdótico, pero la elección de este año, bajo el nombre de Cloud Dancer, destaca por encima de los años anteriores, no por su innovación o riesgo, sino por justo lo contrario. Es neutro, adaptable y parece funcionar casi como anestesia, según insinúa la propia compañía. “Presentamos Cloud Dancer, un blanco sublime que sirve como símbolo de influencia calmante en una sociedad que redescubre el valor de la reflexión calmada”, declaran en su web.

“Vivimos en una época de transición en la que las personas buscan la verdad, nuevas posibilidades y nuevas formas de vida”, ha asegurado Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute al justificar la elección del color. “Sobrecargados y sobreestimulados por nuestra cultura del ajetreo constante, buscamos un respiro y un alivio de la estimulación emocional y física desconectándonos y alejándonos de las incesantes exigencias de la vida cotidiana para rejuvenecernos profundamente a nivel mental, físico y emocional”, ha añadido. Después de revelar la decisión, las redes sociales (como casi siempre) han sido rápidas en dictar sentencia. 

Los temas de los que hablamos habitualmente evidencian que vivimos al límite de nuestro aguante: las subidas de los precios de la vivienda, la imposibilidad de emancipación –solo un 15,2% de los jóvenes viven independizados–, la continuidad de los trabajos precarios y la sensación de inestabilidad constante ante (también) el contexto internacional, con líderes tan volátiles como Donald Trump o Javier Milei... Y las estéticas lo reflejan. 

Desde la compañía hablan de calma, pausa y reflexión, ingredientes que se demandan ante esta inestabilidad. Aunque a primera vista puede parecer que no es algo que se vea en el discurso mayoritario, ante la rapidez de los nuevos tiempos y el auge de las tecnologías que permiten realizar casi cualquier acción en solo un clic, la pausa es algo que atraviesa los fenómenos virales que ya llevamos meses observando en las redes sociales. 

En un artículo de The Guardian, la periodista Eva Wiseman habla del auge de las tradwives y de cómo su éxito se relaciona con toda una generación de mujeres feministas que, aunque han conseguido una supuesta liberación, se encuentran con que no solo tienen que rendir en el trabajo a los ritmos de la maquinaria capitalista, sino que también tienen que llevar la casa y encargarse de los niños, aunque sus maridos autodeclarados feministas también ayuden. Trabajo y cuidados, todo a la vez. Mientras que la mujer trabajadora moderna tiene que tirar de precocinados, la tradwife tiene tiempo de todo, incluyendo hacer la cena desde cero. Ellas tienen, ante todo, calma y pausa, y por eso no podemos dejar de mirarlas, según la periodista. 

En esta misma línea se sitúa la elección del color blanco como color del año. “El auge del blanco y de todas estas estéticas más minimalistas pueden entenderse como una forma de refugio simbólico ante el contexto también de saturación que estamos viviendo ahora mismo: la crisis económica, política, las guerras, la hiperconectividad y el exceso de todos los estímulos visuales que estamos absorbiendo”, argumenta Lara López Millán, doctora en Historia del Arte y Cultura Visual por la Universitat de València. 

Patricia Soley, socióloga cultural y autora de ¡Divinas, modelos, poder y mentiras!, premio Anagrama de ensayo del 2015, coincide: “Es una reacción al horror que estamos viviendo. Vivimos guerras muy cercanas, una violencia constante, una sensación de colapso global. En ese contexto, el blanco aparece como un lugar simbólico donde preservar la inocencia, descansar, mantener la esperanza. El blanco no emite, no grita. Está asociado a la luz, a la pureza, al descanso”, matiza. 

Después de que Pantone dictara sentencia, las revistas de moda han sido rápidas en sacar sus predicciones sobre las tendencias de moda que veremos el año que viene. Entre ellas está, por supuesto, el color Cloud Dancer. Esto –como todo– habla de política. En su libro Códigos de vestimenta: cómo las leyes de la moda hicieron historia, el profesor de derecho de Stanford Richard Thompson Ford asegura que la moda ha servido siempre tanto para mantener las jerarquías sociales y el control político como para desafiarlos y promover nuevos ideales. Parece que, en este caso, la situación representa la primera de las opciones. 

El color blanco tiene significados que recuerdan a un ideal de mujer que ya pensábamos superado. Según el grupo CAPIRE (Colectivo para el Análisis Pluridisciplinar de la Iconografía Religiosa Europea) de la Universidad Complutense de Madrid, este color se asocia directamente con la pureza o la santidad, dos valores que ya atraviesan sutilmente algunos de los contenidos que consumimos.

En los últimos meses, las redes se han convertido en un escaparate para las nuevas estéticas que imperan entre las mujeres, desde los colores más neutros en la moda, como el blanco, el beige o el marrón, hasta el clean look, un moño apretado y tirante con la raya en medio del que no puede escaparse ni un solo mechón. También en el maquillaje, se popularizan más las rutinas sencillas (solo en apariencia) y limpias antes que la sobrecarga de colores, por ejemplo. 

Más allá de la estética, todo ello se basa en unos productos y cuidados que solo unas pocas pueden permitirse. “Después de la pandemia se ha implantado mucho este minimalismo en la estética femenina. Se presenta como algo natural y sencillo, pero en realidad exige tiempo, recursos económicos y disciplina. Transmite a las mujeres una sensación de control, autocontención y orden”, razona López Millán. 

Hace ya unos años, la empresaria y socialité estadounidense Kim Kardashian, una de las mujeres más ricas en el mundo según la revista Forbes, enseñó la casa en Los Ángeles que compartía con su entonces marido, el rapero Kanye West. La mansión era completamente blanca, sin color, sin casi muebles y sin nada que no fuera a medida. Toda una muestra de la riqueza y estatus de la pareja. 

“Kim Kardashian convierte el minimalismo blanco en un ideal aspiracional, pero a nivel global. No se presenta solamente como una vivienda, sino también como una experiencia estética asociada a la calma, a la pureza y, en su caso, lo que quiere también reflejar es un éxito extremo. Su espacio no comunica austeridad, sino lujo. Poder tener una casa así implica no necesitar acumular nada, no tener urgencias materiales y poder también delegar el trabajo doméstico y el mantenimiento”, explica López Millán. 

Ahora parece que este tipo de estética de minimalismo absoluto se ha traspasado a las clases más humildes. Los bloques cebra –como han sido bautizados en las redes sociales– inundan los paisajes de la periferia con nuevas construcciones que dejan calles y calles de edificios blancos y negros. 

Su estilo es un intento de modernidad, de pasar de los años ochenta a algo nuevo y atractivo. Sin embargo, esta supuesta modernidad no se traduce en sus construcciones ya que sus materiales permiten construir mucho y con muy bajo coste. “Hay una dimensión aspiracional. Pero también hay algo muy práctico: el blanco con materiales “naturales” es relativamente barato y da apariencia de clase alta con poco dinero. Es una estética que se puede escalar a distintos niveles económicos. Además, interesa al mercado porque los materiales baratos se desgastan rápido y hay que volver a consumir”, asegura Soley. 

Pero entonces, ¿por qué el blanco y el negro? Son un símbolo, ante todo, de estatus y de una clase social determinada. “En muchos casos estas estéticas neutralizan la identidad estética de los barrios trabajadores. Borran visualmente las huellas de la vida cotidiana, del trabajo y de la historia social del barrio", zanja López Millán. 

Uno de los próximos grandes sectores en reducir su huella ambiental son los edificios, que el año pasado fueron responsables del 9,1% de las emisiones contaminantes de España al sumar la vivienda, los comercios y las oficinas. España ya fijó en 2020 la meta de rehabilitar antes de 2030 nada menos que 1,2 millones de viviendas para reducir el gasto energético de los edificios, un objetivo que ya apuntaba muy optimista. Ahora, el Ministerio de Transición Ecológica ha elevado todavía más las previsiones y calcula que a finales de la década se habrán rehabilitado 1.377.000 hogares en la actualización del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), publicado este martes.

Si en los últimos tres años se han reformado alrededor de 62.000 fachadas al año, el Gobierno espera acelerar esta cifra hasta las 96.000 en 2025 y las 150.000 en 2027, y quiere alcanzar las 300.000 rehabilitaciones en 2030, una cifra que en el sector ponen muy en entredicho. El principal motivo es que en este momento el interés por la modernización de edificios está muy por debajo de esas cifras pese a que en los últimos dos años el sector ha estado dopado con las ayudas europeas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia , pero en junio de 2026 terminan oficialmente estas subvenciones.

Los expertos consultados coinciden en que el coste de estas reformas es el principal bache para que las comunidades de vecinos se aventuren a rehabilitar su fachada, por eso anticipan una caída de las rehabilitaciones en la segunda mitad de esta década, de manera que la meta no se alcanzaría de ninguna manera. "Yo no cuestiono las previsiones, de hecho ahora sí te diría que vamos por el buen camino, pero en el momento en que se agoten las ayudas, esto se acaba", opina Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM)

El COAM, como muchos otros colegios profesionales de España, se ha metido de lleno en el negocio de la rehabilitación, que el sector considera el gran filón de la construcción en este momento, y en los últimos tres años ha coordinado la reforma de unas 6.000 viviendas en Madrid. Sigfrido explica que con las ayudas del Plan de Recuperación europeo, cada hogar suele pagar de su bolsillo al rededor de un tercio de lo que supone la reforma. El problema es que hay que la comunidad de vecinos tiene que adelantar el coste total de la obra, y con el tiempo recibe la subvención europea, por lo que una opción habitual es financiar el coste total de la obra con un banco, pero no todos pueden permitírselo.

Montserrat Bosch, arquitecta técnica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), opina que el plan de rehabilitación energética es una buena idea, pero que su ejecución está dejando mucho que desear. "La tramitación es complicada y poner de acuerdo a una comunidad de vecinos para que adelanten el dinero no es fácil. Además, donde más hay que rehabilitar es precisamente en los barrios de la periferia con menos recursos, y allí es donde más cara sale la obra", afirma.

Uno de sus alumnos analizó, tutelado por Bosch, la inversión óptima para rehabilitar una serie de viviendas en L'Hospitalet de Llobregat, y calculó que, cada familia tenía que desembolsar 6.000 euros —sin contar con las subvenciones— para alcanzar un ahorro energético importante mediante la rehabilitación de la fachada, el aislamiento de la cubierta y la renovación de calderas. Para acometer estas reformas se necesita una mayoría simple en la junta de vecinos o un apoyo de tres quintos, en función de la profundidad de la obra.

En concreto, la cuantía de las ayudas europeas cubren entre el 40% y el 80% de la rehabilitación, en función del grado de ahorro energético, aunque puede llegar al 100% para comunidades en vulnerabilidad económica. Para acceder a la subvención máxima (80%) el ahorro energético tiene que ser superior al 60%, para lo que hace falta una combinación de actuaciones, entre las que destacan el aislamiento de la fachada, la renovación de las ventanas y la sustitución de las estufas y aires acondicionado por bombas de calor eléctricas.

La combinación de las tres actuaciones puede perfectamente reducir un 70% el consumo de energía de un edificio, según Sigfrido Herráez, aunque afirma que reducir un 40% o un 50% la factura "ya es un éxito". "El gasto en carpintería puede ser desproporcionado, por eso hay comunidades de edificios que quizá pueden conformarse con llegar a un ahorro del 50%", añade.

Agustín Berzal, director de Gestión Energética en Grupo Remica, una empresa dedicada a la mejora de instalaciones térmicas, ha coordinado la rehabilitación energética de varios edificios en Madrid, y señala que ahora mismo es no hay ayudas europeas del plan Next Generation tanto en Madrid como en otras comunidades. "Ahora mismo no quedan fondos, pero en teoría se van a reponer próximamente con nuevas partidas", señala.

Sin embargo, hay otras formas de compensar el gasto de la obra, detalla Berzal, como la deducción del IRPF que concede Hacienda en todo el país de 5.000 euros anuales durante cinco años, hasta un máximo de 15.000 euros, sobre el 60% de los gastos de instalación. Los ayuntamientos también bonifican el IBI para los inmuebles que han recibido este tipo de reformas, y en la ciudad de Madrid, por ejemplo, se contempla una rebaja del 50% durante cinco años. Recientemente también se han puesto en marcha los llamados Certificados de Ahorro Energético (CAE), unos bonos que reciben las comunidades de vecinos que realizan estas obras de eficiencia energética y que luego venden a las empresas energéticas, una operación que permite cubrir hasta el 60% de las intervenciones en el edificio.

Cinco trabajadores han resultado heridos en el derrumbe de parte de la cubierta de un edificio en obras ubicado en el Casco Viejo de Bilbao, según han informado a Europa Press fuentes de la Ertzaintza.

El accidente se ha registrado a las diez y media de la mañana, hora a la que los bomberos han recibido un aviso por derrumbe en un edificio de cinco alturas en el número 24 de la calle Tendería.

Se trata de un inmueble que está en obras y, en un momento dado, los trabajos han podido afectar a la estructura, lo que habría ocasionado el desplome de la cubierta del edificio sobre los operarios.

Cinco trabajadores que se encontraban en el interior han resultado heridos y, a las 11.15 horas, se desconocía todavía si todos ellos habían podido ser rescatados por los bomberos o logrado abandonar el lugar por su propio pie. Los bomberos continúan en el lugar para conseguir evacuar a todas las personas.

Hay momentos de los que nunca olvidaremos dónde estábamos. Cuando mataron a Miguel Ángel Blanco, cuando cayeron las Torres Gemelas, cuando explotaron los cercanías de Madrid, aquella noche de viernes con París acribillada... Son sucesos que no pertenecen a nuestra estricta biografía, pero la detienen. Cómo nos enteramos, quién nos lo contó, cuál fue la primera grieta en la normalidad de ese día.

Todos recordaremos dónde estábamos cuando comenzó a arder un edificio de 138 viviendas en Valencia. Cuando los bomberos rescataron a una pareja atrapada durante dos horas en un balcón rodeado de fuego; cuando se supo que una familia con dos hijos pequeños había muerto refugiada en su baño. Algunos dicen que corremos a poner la televisión o la radio y no nos despegamos por morbo. Yo nos tengo en mejor consideración: creo que lo hacemos porque es lo único que podemos hacer. Creo que es una manera de acompañarnos. De estar menos solos tras cada brutal recordatorio de lo que olvidamos para poder vivir: que en un segundo todo puede cambiar, dejar de ser.

Cuando una tragedia interrumpe la rutina y nos pone frente a la fragilidad de la vida, entra en máximo funcionamiento la empatía, lo que en la clasificación temática del periodismo se llama “interés humano”. Nos mantenemos atentos a los directos que repiten las mismas imágenes a la espera de conocer las historias, con la esperanza de que la brutal tragedia encierre un cierto milagro: que la mayoría de los casi 500 vecinos de un edificio de 14 plantas lograran escapar de un fuego voraz y velocísimo.

Los milagros suelen tener nombre. En el incendio de Valencia uno se llama Julián, el portero del edificio que pudo haber salido corriendo por su vida y no lo hizo. Fue tocando puerta por puerta para advertir del fuego y ayudó, junto con otros vecinos, a que pudieran escapar personas con dificultades de movilidad. Cuentan también que hosteleros de la zona comenzaron a llamar a sus habituales, porque sabían que vivían ahí. El fuego se vio antes desde fuera y algunos de los de dentro pudieron salir a tiempo porque alguien les avisó. El milagro tuvo otro nombre: comunidad.

Pasaron apenas diez minutos entre que salieron del edificio y vieron cómo ardían sus casas. Diez minutos entre lamentar haberse quedado sin nada y entre no tener la oportunidad de lamentarlo. Las instituciones y la sociedad, como suele ocurrir en este país solidario, se han volcado en acciones con un mensaje: no estáis solos. Estado del bienestar es exactamente eso. Que después de ti mismo, de tu salud, de tu familia, de tus amigos, de tu casa, de tu trabajo, de tu buena o mala suerte, hay una red más amplia que no te dejará caer. Es incondicional y es para todos.

Ojalá quienes se quejan de pagar impuestos, quienes los esquivan, pusieran la televisión este jueves. Eso que vimos en directo son nuestros impuestos. Y gente extraordinaria que, de todas las profesiones que hay, escoge unas en las que cualquier tarde puede parecerse a ese horror. Un despliegue impresionante y conmovedor de lo que conseguimos juntos con nuestra aportación: unos servicios públicos que están listos, con su capacidad de reacción y su excelencia, para esos momentos cuando todo estalla. 

La catástrofe ocurrida durante la tarde del jueves en Valencia tiene al sector de la construcción y la arquitectura en vilo. Las familias de los diez fallecidos y los dueños de las 138 viviendas quieren respuestas mientras la sociedad se pregunta si el voraz incendio es una señal de alarma sobre los miles de edificios en España que tienen una fachada metálica o aislantes similares a los de este bloque.

Si en un primer momento se dijo que el aislante de la fachada del edificio era de poliuretano (un polímero esponjoso muy inflamable), el viernes el Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de València corrigió esta información, y dijo que en realidad estaba formado por mineral de lana de roca, un aislante inerte que no arde. Los técnicos piden, por tanto, cautela a la hora de buscar un culpable, aunque hay consenso en que las llamas se distribuyeron por la fachada y que el fuerte viento fue indispensable para avivar el fuego. "No podemos concluir a priori que haya sido el aislante", indicó en un comunicado del Colegio, que añadió que sus técnicos están estudiando el caso.

Lo único que está claro por el momento es que los dos edificios de 10 y 14 plantas eran relativamente nuevos, construidos en el año 2005, y que ambos contaban con una fachada estilo alucobond, recubierta por paneles metálicos que aíslan las viviendas, abaratan la construcción y embellecen el bloque. El nombre proviene de Alucobond, un fabricante alemán que es un referente en el sector, aunque la empresa ha desmentido que fabricase los paneles de los edificios valencianos.

El nombre técnico de este diseño de edificio es fachada ventilada, un sistema de aislamiento utilizado en construcciones modernas o en rehabilitaciones de edificios. Consiste en pegar un aislante (flamable o no) sobre la pared de ladrillo del edificio. A continuación se deja un espacio vacío en forma de cámara de aire, y sobre esta se instala un aplacado exterior, llamado composite o alucobond. Estas placas de aluminio suelen estar rellenas de plástico (polietileno) para hacerlas más ligeras.

Ricardo Aroca, exdirector de la escuela de arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, cree que la virulencia del incendio proviene de estos paneles metálicos. "Estoy convencido de que la causa no es el aislante. En cambio, el aluminio arde, aunque parezca un contrasentido, y desprende un calor muy, muy intenso", señala el arquitecto. Su teoría es que al alcanzarse la temperatura suficiente para que arda la chapa (que se derrite a unos entre 500 y 650 grados y puede arder en determinadas condiciones), el fuego se fue desplazando de planta a planta. Al derretirse el plástico que está en el interior de estas planchas (que funde a 120 grados) también se formó un goteo que incendió los pisos inferiores.

La teoría de que el fuego pudo extenderse debido al aislamiento interior está descartado si su composición es de mineral de roca, como afirma el Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de València. Laia Haurie, doctora en Químicas y experta en fuego y arquitectura de la Universidad Politécnica de Barcelona, afirma que los aislantes minerales son inorgánicos y no combustibles, por lo que no pueden arder.

En cambio, la versión original difundida el jueves por Esther Puchades, que peritó la finca de la catástrofe en el pasado, era que este aislante interior estaba compuesto de poliuretano. En ese caso habría sido diferente, porque este polímero es muy inflamable. "El poliuretano es una espuma que ocupa mucho, pero que tiene muy poca densidad, por eso arde muy rápido. Incluso aunque esté fabricado con un retardante de llama, pueden arder a menos de 300 grados", concreta Eva Paz, experta en Materiales de la Universidad Pontificia Comillas.

Otro de los puntos a estudiar es la cámara de aire que separa el aislante de los paneles de aluminio, ya que actúa como una chimenea durante un incendio: da oxígeno a la llama y permite que ascienda por toda la fachada. En teoría, la normativa actual obliga a que cada cierta altura haya un separador ignífugo para evitar estas situaciones, aunque los expertos dudan que en este caso existiese por la rápida propagación del fuego.

Por ahora, sin embargo, no hay evidencia de que el edificio incumpliese la normativa de construcción de la época, que era extremadamente laxa con la normativa antiincendios en las fachadas. La actual legislación, el Código Técnico de la Edificación (CTE) es de 2006, y como el edificio es anterior, su construcción se rige por la Normativa Básica de la Edificación de 1996. Según explican los expertos, las normativas más duras para proteger las fachadas de los incendios entraron en vigor en 2019 en toda la Unión Europea, después de que ardiese el edificio Grenfell de Londres, donde murieron 72 personas en 2017.

La empresa Alucobond ha negado este viernes que suministrase los paneles a esta construcción, si no que su nombre se ha usado a modo de genérico, ya que fabrica paneles que se usan en todo el mundo y es una marca muy conocida en el sector. En la ficha de producto de esta marca se indica que "el panel composite de aluminio se puede adquirir en versión difícilmente inflamable y no inflamable para responder a los requisitos de incendio en el edificio específicos de cada país" y el fabricante recoge cuatro de sus principales proyectos donde se usan sus paneles en España: las oficinas de Orona (Gipuzkoa), el Technology Park de Huesca, la sede de Metrovacesa (Barcelona) y el centro de salud de Arona Vilaflor (Arona, Tenerife). También tiene dos modelos de placas más modernas e ignífugas que se han usado en otros edificios de la península.

Los paneles de aluminio de los edificios valencianos eran similares a los de la fachada del Grenfell de Londres, aunque de fabricante diferente. En Reino Unido, la investigación posterior determinó, según la prensa local, que la propagación del fuego se debió principalmente a los paneles de composite de aluminio, fabricados por la compañía estadounidense Arconic (antigua Alcoa), "que ardían como la gasolina", relató entonces The Guardian. El fabricante de los paneles fue una de las compañías que tuvo que indemnizar a las familias y a los bomberos, junto con el fabricante del aislante térmico y al contratista de la obra.

Ricardo Aroca, de la Politécnica de Madrid, insiste en que el caso valenciano es calcado al del incendio de Londres, y reconoce que desde que vio arder el Grenfell tiene completamente vetado el composite en sus construcciones. "Hace 10 o 15 años lo usé en un edificio de poca altura, pero no lo he vuelto a usar. Yo tomé la decisión de no volver a usarlo, pero no tengo la sensación de que haya habido una campaña contra este material [entre los arquitectos]", añade.

Laia Haurie, de la UPB, cree que el caso de Valencia debe servir para revisar el parque inmobiliario de España en busca de edificios que puedan generar las mismas condiciones en caso de incendio. Habla de los que tienen una estructura metálica, pero también de aquellos que se están rehabilitando a toda prisa para mejorar el aislamiento térmico, donde se emplean pastas que pueden acelerar las llamas.

Tras la catástrofe británica, el Reino Unido estudió centenares de edificios de nueva construcción en el país y superiores a 11 metros de altura, y encontró que 1.325 eran inseguros ante incendios. La factura por reparar esos edificios se estimó el pasado enero en más de 3.100 millones de euros, más de 2,3 millones de euros por bloque.

Los edificios de oficinas están en el punto de mira al ser el nuevo punto débil del sector financiero e inmobiliario. Empezó a ser una preocupación en Estados Unidos, donde las valoraciones se están desplomando por el auge del teletrabajo y el menor uso de este tipo de oficinas, así como por la crisis de las empresas tecnológicas, que dejan a sus espaldas cada vez más edificios vacíos. El cierre de muchas empresas pequeñas y emergentes ya provocó la quiebra en tiempo récord del Silicon Valley Bank, banco muy expuesto al sector tecnológico, que llegó a Europa en forma de crisis de confianza del sector financiero, que hizo temblar los cimientos de Credit Suisse.

También la crisis de las oficinas ha llegado a Europa. Según el bróker Savills Plc., citado por Bloomberg, el precio de los edificios de oficinas se ha desplomado un 30% en ciudades como París, Berlín o Amsterdam. Paralelamente, las subidas de tipos de interés encarecen el crédito y las empresas propietarias de los edificios tienen bonos valorados en 165.000 millones de dólares con vencimiento en 2026. El aumento de costes y pérdida de valoración ya ha supuesto 148.000 millones de valor perdido para las propietarias, según estimaciones de Bloomberg.

Los reguladores en EEUU están desde hace meses muy alerta. Desde que se extendió el teletrabajo tras los confinamientos, los niveles de presencialidad laboral no han recuperado los niveles previos a la pandemia, y eso está dejando cientos de miles de edificios de oficinas infrautilizados a lo largo del país, lo que ha hecho desplomar su rentabilidad. El problema de esto es la alta exposición que tienen muchos bancos regionales al sector, que a su vez están sufriendo por las subidas de tipos de interés, y que se tienen que deshacer de parte de sus carteras para obtener dinero líquido y pagar los vencimientos de deuda. 

Según la consultora CBRE, la tasa de disponibilidad de oficinas en Estados Unidos –edificios que se encuentran vacíos– ha pasado del 12,3% al 17,8% en tres años, en una curva ascendente que no frena, pese al fin de los confinamientos entre 2021 y 2022. Los edificios han seguido vaciándose. La mencionada consultora espera que se alcance el 19% antes de que termine este año, lo que supone que uno de cada cinco edificios de oficinas se encuentra vacío. 

Según cita el diario económico The Wall Street Journal, ante la escasa demanda existente, el valor de los edificios de oficinas podría desplomarse más de un 30%, que se agravaría en algunas zonas hasta llegar a un 80%, lo que supondría pérdidas de unos 24.000 millones de euros, al cambio en dólares. Según informa el diario, las pérdidas son lo suficientemente importantes para provocar que muchos propietarios entren en crisis y dejen de pagar sus deudas. 

“En Estados Unidos hay un problema muy grande con las oficinas, aunque no es del todo extrapolable a España”, explica a infoLibre Mikel Echavarren, presidente y CEO en España de la consultora Colliers. “En primer lugar, porque las urbes allí no son ciudades-dormitorio, como en España. La gente vive en el extrarradio y va a la ciudad a trabajar, que pueden ser más de 100 kilómetros diarios. Eso va unido a que en España hay un gran porcentaje de empresas tecnológicas que permite el teletrabajo y que se da como un complemento al sueldo”, explica Echavarren.

El presidente en España de Colliers ve riesgo en Estados Unidos: “Los bancos pequeños y medianos han puesto mucha financiación en la construcción de oficinas”. Coincide el economista Gonzalo Bernardos: “Si te encuentras un banco muy especializado en la construcción de oficinas, que han firmado la mayoría de créditos a tipos variables, con las subidas de tipos de interés, y si encima el banco no es muy grande… pues adiós”, resume. “En España no creo que sea tan dramático”, añade. 

El presidente de Blackstone, Jonathan Gray, ha mencionado en EEUU la “debilidad sin precedentes” de los edificios de oficinas más antiguos, aunque para esta gestora de activos no es un problema: solo ocupa un 2% de su cartera de activos. Esta está considerada en España un fondo buitre, al adquirir a través de sus socimis Testa y Fidere vivienda pública de alquiler y empeorar las condiciones de vida de los inquilinos. En España ya se ha empezado a desprender de parte de su cartera inmobiliaria. Blackstone puso a la venta en febrero tres edificios de oficinas en Madrid y Barcelona valorados en 350 millones de euros.

 “En España es un fenómeno que se circunscribe a Madrid y Barcelona. En estas dos ciudades es cierto que hay una diferencia notable entre los edificios de oficinas en los distritos financieros y el extrarradio”, explica Mikel Echavarren. “Por ejemplo, las oficinas en el eje Castellana han aguantado muy bien. Los propietarios han podido trasladar la inflación a las empresas inquilinas. Pero, en Madrid, las radicadas fuera de la M-30 cuentan con muchísima desocupación. Y el mercado en general está muy muy muy parado”, incide Echavarren.  

Según un informe de la consultora CBRE, la tasa de disponibilidad de oficinas es de un 11,6% en Madrid, cifra que se dispara al 16% en el extrarradio. El director de Colliers en España ha afirmado a infoLibre que las transacciones del sector han bajado en el primer trimestre un 76% respecto a la media de los últimos cinco años. 

“En Barcelona se han combinado tres factores: el aumento de oficinas construidas, ¡más de 200.000 metros cuadrados desde la pandemia! Por otro lado, el teletrabajo ha reducido el número de metros cuadrados que necesitan las empresas. Por último, la crisis de las start-up. El distrito 22@ está compuesto en un 80% por empresas tecnológicas. Estamos viendo un incremento del espacio libre brutal y bajadas de rentas de hasta el 30%. Que no te extrañe que el dato sea superior si la tendencia continúa”, añade Bernardos.

Es lo que Bernardos califica de “guerra total” por el alquiler. Propietarios de edificios de oficinas que, cuando se va una empresa inquilina, hacen ofertas agresivas a los negocios de alrededor. “Estamos viendo rebajas que pasan de 18 euros el metro cuadrado a 13 o 14. Si como empresa tienes un contrato a largo plazo, te interesa muchísimo”, añade el economista. 

Estos factores son los que están provocando una caída de los precios. Y con eso, el fracaso del plan de negocio de empresas propietarias: “Cuando la rentabilidad de esos beneficios cae más que el interés que pagan por el crédito, las cuentas no salen”. La preocupación en Estados Unidos y en algunos países de Europa no es cómo afecta a la rentabilidad de estas empresas, sino cómo puede impactar en el resto de la economía. 

“No es preocupante para España”, sostiene Gonzalo Bernardos. “Creo que veremos casos puntuales. Por ejemplo, creo que Colonial sí va a tener problemas”, en referencia a una de las dos inmobiliarias que cotizan en el Ibex 35, altamente expuestas a estos edificios.

“En Alemania sí estamos viendo fondos que están obligados a vender a toda costa, pero creo que en España las grandes inmobiliarias pueden aguantar todavía carros y carretas”, añade Bernardos. La otra gran inmobiliaria del Ibex, Merlin Properties, espera una devaluación de su cartera de oficinas en España de unos 500 millones, como informó El País.

Paralelamente a los problemas que presentan las oficinas, hay uno último: están en riesgo de obsolescencia, un fenómeno que ocurre en España, en Europa y a nivel global. Un estudio de la inmobiliaria Cushman & Wakefield considera que el parque de las oficinas se ha convertido en un lastre en parte del balance de las grandes inmobiliarias. 

El estudio analizó más de 218 millones de metros cuadrados de oficinas en 14 mercados de 11 países y el resultado es que solo el 24% de los edificios de oficinas tienen menos de 10 años de antigüedad y sí están adaptados a los nuevos negocios y a las formas de ver el trabajo después de la pandemia: con espacios de coworking, áreas al área libre, accesible para las personas con movilidad limitada y adaptados energéticamente.

El resto, es decir, el 74%, está en riesgo de no adaptarse a las necesidades de las empresas, lo que puede provocar que para muchos grandes tenedores tengan que hacer una gran inversión. En España, el 53% de los edificios de oficina se construyeron antes del año 2000. En Madrid, casi el 60% de los edificios de oficinas tienen más de 20 años. Está por ver cómo afectan todos estos factores a los bancos y las inmobiliarias y las consecuencias de esto al resto de la economía.

Cuanto más verde mejor. Lo dice la ciencia. El Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) asegura que implementar ejes verdes en toda Barcelona, como se ha empezado a hacer esta legislatura en el Eixample, podría reducir hasta un 13% el consumo de antidepresivos y las consultas a médicos especialistas. También haría lo propio con el uso de tranquilizantes y ansiolíticos, que en este caso podrían caer un 8%. Igualmente, bajaría la sensación de mala salud mental autopercibida, hasta un 14%. Al final de cuentas, supondría un ahorro de 45 millones de euros anuales, estiman los estudiosos. “Tener árboles cerca evita ir tan medicado”, declara a infoLibre Evelise Pereira, investigadora de ISGlobal y coautora del estudio, publicado en la revista Environment International.

A menos de dos meses para las municipales, el informe de ISGlobal supone un balón de oxígeno para el ejecutivo de Ada Colau. En especial, para los comunes, porque el PSC, a pesar de ser el socio de gobierno y haber avalado la profunda y polémica transformación urbanística que está emprendiendo la capital catalana, ahora critica buena parte de lo acordado hasta hace prácticamente dos días, mientras sigue formando parte del gobierno municipal. Eso sí, con la salvedad de Jaume Collboni, líder del PSC en Barcelona y otra vez candidato de los socialistas a la alcaldía, que se marchó a finales de enero del ejecutivo de coalición para preparar la campaña.

Figuras como Janet Sanz, teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad, ya se han apresurado a publicitar el estudio, que de bien seguro será una de las grandes armas con las que los de Colau van a defender un proyecto de ciudad que inquieta a sectores poderosos, como lo son el RACC, que vela por los intereses de los que se mueven en coche, Foment del Treball, la patronal del empresariado catalán, o partidos como Junts per Catalunya, que según las encuestas tiene muchos números de hacerse con la victoria en Barcelona, con el exalcalde de Convergència Xavier Trias como candidato.

Aumentar el verde no es garantía de nada. Hay que hacerlo con conocimiento y equidad territorial, aseguran los investigadores. “Barcelona y otras ciudades densamente pobladas tienen grandes zonas verdes que no están conectadas con la rutina de su población, porque se encuentran en la periferia. Eso genera inequidad ante la posibilidad de beneficiarse de estos espacios”, argumenta Pereira. Un ejemplo de ello, la montaña de Collserola, paseo de fin de semana por excelencia para barceloneses que no quieren salir de la ciudad pero quieren disfrutar del monte.

La OMS recomienda que todo el mundo disponga de un espacio verde de 5.000 metros cuadrados, como mínimo, a un máximo de 300 metros de casa. Actualmente solo el 20% de los barceloneses y el 40% de los europeos que viven en grandes ciudades gozan de ello, explica la investigadora de ISGlobal.

“Barcelona tiene un problema que debe solucionar de manera urgente. Actualmente, solo el 11% de la ciudad está ocupado por espacio verde, y eso contando Collserola, que aglutina el 60% del espacio verde municipal. En el Eixample, por ejemplo, tan solo el 6,5% de la superficie está destinada a espacio verde, cuando calculamos que para cumplir con la recomendación de la OMS de al menos un espacio verde de al menos 5.000 metros cuadrados a no más de 300 metros de casa, habría que llegar al 25% de la superficie”, explica Natalie Mueller, otra investigadora de ISGlobal y última autora del estudio.

Aumentar la cubierta arbórea hasta el 30% podría llegar a reducir 1,3 grados la temperatura en zonas urbanas y, por ende, reducir en un tercio las muertes prematuras atribuibles a las islas de calor que se forman en verano en las grandes ciudades, a consecuencia del hormigón y el asfalto, que atrapan las altas temperaturas, según otro informe publicado en The Lancet.

Desde el mundo académico se apuesta por cumplir la regla del 3-30-300, una teoría impulsada por el profesor Cecil Konijnendijk y que consiste en que todo el mundo que vive en una gran ciudad tenga al alcance de la vista tres árboles desde la ventana de su casa, un 30% de cubierta vegetal en su barrio y una zona verde a menos de 300 metros. De este modo, se mejoraría la vida en la urbe y, por tanto, el bienestar físico y emocional del ciudadano. En Barcelona tan solo el 4,7% de la población puede disfrutar de esos tres requisitos, afirma un trabajo de ISGlobal.

El plan Cerdà, arma arrojadiza en campaña electoral

La transformación urbanística no solo consiste en poner más árboles y vegetación, sino también en quitar coches de las carreteras, reducir los kilómetros de asfalto, aumentar los de paseo, los carriles bici y pacificar los entornos escolares, entre otros. Todo ello forma parte de un plan que el Ayuntamiento ha bautizado como Superilla [Supermanzana, en castellano] y que aspira a ser el gran reto urbanístico de los próximos años, conectando también el tranvía por la Diagonal, además de convertir la plaza de las Glorias en una suerte de nuevo centro de la ciudad, como en su día dibujó Ildefons Cerdà, el padre de la Barcelona actual.

“Si se hacen más zonas verdes, si la gente sale más a la calle, hacen más actividades y se ponen en marcha dinámicas de socialización me parece genial”, dice a este medio Jose Mansilla, antropólogo urbano y profesor del departamento de Antropología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), aunque añade: “Hay una aproximación de los comunes muy naif en este sentido, de narrativa, de hacer renders y fotos donde la gente sale muy contenta, pero esto esconde los impactos negativos que esto genera, como lo es profundizar en las dinámicas de gentrificación, crear cierta homogeneización del paisaje comercial y un incremento del presupuesto dedicado al mantenimiento”.

En campaña electoral los partidos vuelven a 1859, cuando el urbanista, ingeniero, arquitecto, jurista, economista y político Ildefons Cerdà (1815-1876) diseñó por encargo de Madrid –y con enfado mayúsculo de Barcelona, que no tuvo ni voz ni voto– la construcción de la nueva capital de Cataluña, superando la ciudad que vivía encerrada entre murallas y que hoy se ubicaría en el actual Raval, Gòtic y Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Todos se declaran los legítimos herederos de Cerdà y acusan al resto de mancillar su obra, que en un inicio fue muy criticada por los vecinos. Ahora, sin embargo, es de las pocas cosas que une tanto a gente que piensa distinto.

Cerdà dibujó la Barcelona ortogonal, con los típicos chaflanes y las grandes avenidas, como la Gran Via de les Corts Catalanes, o parques como la Ciutadella. También proyectó los edificios, que debían ser paralelos y con espacios abiertos en el centro, para que la gente pudiera socializar en medio. Su plan buscaba amplitud, descongestionar una ciudad muy densa –hoy aún lo es, porque, por poner un ejemplo, triplica el número de habitantes por kilómetro cuadrado que hay en Madrid–.

Desde el primer momento los inversores vieron la oportunidad de negocio que suponía construir dos hileras más de edificios en cada manzana y cerrar los bloques, en forma de cuadrado, porque se duplicaban las viviendas disponibles. ¿La consecuencia? Se perdieron los espacios abiertos entre edificios y se confeccionaron los interiores de isla, que de forma tímida el ejecutivo de Colau está intentando abrir al público y que el PSC pretende impulsar de forma decidida, prometiendo 30 nuevos espacios en ocho años. Todo para evitar, también, que el coche pierda tanto peso en la ecuación de la movilidad y la convivencia, a diferencia de la propuesta de los comunes, que de forma clara apuesta por su reducción drástica, en favor del peatón y el transporte público.

Actualmente hay 46 interiores de isla, ocho más que en 2015. “Lo ideal serían los ejes verdes y recuperar los interiores de isla, porque solo con los primeros no se llegan a los valores que recomienda la OMS”, dice Pereira.

“Hay especialistas que recetan pasar tiempo en la naturaleza en casos de depresión crónica, es una oportunidad increíble”, asegura Pereira. La investigadora del ISGlobal afirma que cada vez hay más estudios sobre la terapia natural y cuenta que cada vez surgen más investigaciones que prueban como algo tan simple como ver árboles produce un efecto de relajación y bienestar emocional. “La proximidad con espacios verdes está asociada a oportunidades de hacer actividad física e interacción social”, añade.

Mientras no se cumplan con las recomendaciones de los expertos, la sobremedicación está a la orden del día, considera Mansilla. “Hay un negocio muy grande de las farmacéuticas”, afirma el antropólogo, que considera que la receta consiste en la socialización y en la comunión con otra gente. “Lo que crea sociedades enfermizas es el individualismo”, concluye.

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 12% el pasado mes de junio respecto al mismo mes de 2021, hasta sumar 42.767 préstamos, la mayor cifra en un mes de junio desde 2010, cuando se firmaron más de 56.700 hipotecas, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), según informa Europa Press.

Con el avance interanual de junio, que modera en más de 12 puntos el registrado en mayo, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena 16 meses de ascensos interanuales consecutivos.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 6% interanual en el sexto mes del año, hasta los 147.539 euros, mientras que el capital prestado creció un 18,7%, hasta los 6.309,8 millones de euros.

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en junio de 2022 fueron Madrid (8.026), Andalucía (7.918) y Cataluña (6.905).

En tasa intermensual (junio sobre mayo), las hipotecas sobre viviendas bajaron un 3,2%, mientras que el capital prestado retrocedió un 4,3%. En ambos casos son sus mayores descensos en un mes de junio desde 2019.

En el sexto mes del año, el tipo de interés medio para el total de préstamos hipotecarios se situó en el 2,48%, con un plazo medio de 23 años. En el caso de las viviendas, el interés medio fue del 2,47%, por encima del 2,44% de un año antes, con un plazo medio de 24 años.

El 27% de las hipotecas sobre viviendas se constituyeron el pasado mes de junio a tipo variable, mientras que el 73% se firmaron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,06% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,64% en el caso de las de tipo fijo.

El número tres de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, se acaba de ver en vuelto en su primer problema legal relacionado con su actividad profesional antes de su etapa política. El empresario Juan Carlos Grande ha demandado a sus tíos, Paz y Jorge Espinosa de los Monteros, por unos trabajos que hicieron en un edificio de Madrid para, supuestamente, forzar a los inquilinos a marcharse y poder vender el edificio. Les reclama a la familia 275.000 euros, ha informado la Cadena Ser. Este inmueble se encuentra en el número tres de la calle General Castaños, al lado del Tribunal Supremo, y algunos medios calificaron en su día la operación inmobiliaria como la venta del edificio "más caro de España". Cuando todas las personas que residían allí abandonaron su vivienda, este fue vendido por la familia Espinosa de los Monteros al grupo Mabel por 25 millones de euros.

Según ha podido saber la Cadena Ser, el intermediario de la operación fue Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, aunque este no figura entre los demandados. El empresario demandante ha revelado al juez que los propietarios del edificio se inventaron una Inspección Técnica del Edificio (ITE) y unas obras "para empujar a los inquilinos a abandonar el edificio". Las obras conllevaban, entre otras cosas, la inhabilitación del ascensor o el corte de la energía eléctrica de forma indefinida. 

Grande fue resolviendo los contratos de alquiler de todos los habitantes del edificio hasta que solo quedó una vecina. Esta mujer se puso en manos de un abogado que remitió un escrito en agosto de 2016 en el que aseguraba que las obras que se estaban realizando se basaban "en un expediente de ITE inexistente y que no tienen más objeto que presionar a mi cliente para que abandone su vivienda en un comportamiento claramente coactivo y de acoso inmobiliario". 

Semanas después, los Espinosa de los Monteros apartaron al empresario de esta negociación para que se encargara de ella su sobrino y dirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, motivo por el que el demandante considera que se ha incumplido su contrato y pide por ello 275.000 euros a la familia. 

La Asamblea de Madrid ha aprobado este miércoles con los votos a favor de PSOE, PP y Ciudadanos (Cs) y la abstención de Podemos, una proposición no de ley (PNL) para que se someta en diciembre a consulta previa del Consejo Regional de Patrimonio Histórico la declaración como Bien de Interés Patrimonial (BIP) de la casa situada en la calle Peironcely 10 de Madrid, conocida por haber sido inmortalizada en la Guerra Civil española por el fotógrafo Robert Capa, ha informado Europa Press.

La PNL fue defendida por la diputada socialista Carmen Martínez Ten, que ha hecho un repaso por la importancia histórica y patrimonial de la fachada icónica sobre la Guerra Civil, "que convirtieron en el símbolo de los bombardeos sobre objetivos civiles por primera vez en una ciudad", como luego fue el Gernika de Picasso.

"La plataforma lleva meses reivindicando este inmueble. El Ayuntamiento ha iniciado el proceso para elementos protegidos pero la Comunidad lo ha negado a pesar de que la comisión de Patrimonio dice que hay que protegerlo. Consejos vendo que para mí no tengo", ha señalado la parlamentaria, que ha pedido primeramente que en un plazo de tres meses se incoara el expediente de declaración como BIP.

Pero la PNL ha quedado modificada después de aceptar las enmiendas del PP, que solicitaba que se sometiera a consulta previa del Consejo regional de Patrimonio Histórico y en la que se insta al Ayuntamiento al cumplimiento de la moción aprobada en el Pleno municipal el 20 de julio relativa a esta casa en todos sus términos y, en particular, en lo referente a la mejora de la calidad de vida de los vecinos del inmueble.

De esta manera, la diputada del PP Isabel González ha defendido instar al Ayuntamiento de Madrid a proteger el inmueble, incluyéndolo en el Catálogo municipal de Bienes y Espacios Protegidos. Como ha recordado, los técnicos de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad descartaron que Peironcely 10 pudiera ser catalogado BIC o BIP debido a que no tiene valor arquitectónico ni artístico ni de conformación de ciudad, pero sí reconocieron el valor cultural de la fachada. "Consultemos al Consejo Regional de Patrimonio y que emita su opinión al respecto", ha defendido González.

Por su parte, la parlamentaria de Ciudadanos Esther Ruiz también ha destacado la petición de realojo a las familias y ha acusado al PSOE municipal de "no haber hecho absolutamente nada" para realojar a las familias de este inmueble. "Lo verdaderamente importante es la situación de las familias que viven allí, que están por encima de todo. Desde el mes de julio de este año no han hecho nada en este Ayuntamiento", ha insistido.

Ruiz ha criticado la "precipitación e incoherencia" de la PNL original presentada por el PSOE y se ha mostrado a favor de que debata este asunto en el Consejo de Patrimonio regional y de darle "algún tipo de protección" a este inmueble porque considera que es "indiscutible" su valor, y así lo hará el representante de Cs en dicho Consejo.

Por último, la diputada de Podemos Jazmín Beirak ha defendido la acción municipal sobre la casa de Peironcely 10 para que se convierta en un contenedor de cultura. "El Ayuntamiento ya está actuando y ahora la Comunidad tiene que actuar nombrando al edificio Bien de Interés Patrimonial y debe hacerse en la categoría de hecho cultural", ha esgrimido.

"Es el edificio que queremos salvaguardar por su carácter icónico como protagonista de una fotografía como símbolo de la guerra. Es la casa, el lugar, los niños del pasado y del presente. Es lo que permite enlazar el pasado con el proceso. Y por eso es inmaterial", ha proseguido Beirak, que iba a apoyar la PNL original socialista, pero al haber añadido la enmienda del PP se ha abstenido.

Las entidades y personalidades que integran la plataforma #SalvaPeironcely10, que pide la protección del edificio vallecano (Madrid) que el fotoperiodista húngaro Robert Capa fotografió tras un bombardeo durante la Guerra Civil, remitieron este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la carta abierta en la que solicitan que el inmueble sea declarado Bien de Interés Patrimonial (BIP), leída en público por el hispanista Ian Gibson el pasado sábado en el acto que celebraron.

Así, en su escrito, volvieron a rechazar los dos argumentos, a su juicio “insostenibles”, por los que la responsable de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, Paloma Sobrini, decidió desestimar el pasado mes de agosto su petición, como ya habían hecho en el recurso de alzada que presentaron en septiembre.

Sobrini argumentó su decisión calificando el edificio de “infravivienda” y afirmando que la fotografía de Capa fue captada con figurantes conducidos intencionadamente a la vivienda. En la carta, los defensores de la protección de Peironcely 10 admitieron la “vergonzosa obviedad” acerca del estado del inmueble, pero señalaron que ésta “para nada pone en tela de juicio su indudable significación histórica”.

“Esta injusta situación que los servicios sociales no resuelven no debe servir de excusa para anular el valor de este lugar como referencia histórica de los hechos que aquí sucedieron y que lo convirtieron en un icono del horror de la guerra y de la vulnerabilidad de la infancia”, sostuvieron. Igualmente, negaron la segunda aseveración, que defendieron carece de base histórica alguna.

Además, en la misiva volvieron a recordar que la ley de patrimonio de la Comunidad de Madrid establece que “serán Bienes de Interés Patrimonial (BIP)” aquellos que “sin tener valor excepcional, posean una especial significación histórica”, y arguyeron que ese es “el caso claro y patente del edificio de Peironcely 10" y lo que motivó su solicitud.

En el mismo sentido, expresaron no entender “cuáles son las resistencias a admitir lo que es incuestionable: la especial significación histórica de Peironcely 10”. “Reconocer y dotar de la protección necesaria a este inmueble sólo puede aportar beneficios políticos a su administración, y ello sin suponer coste alguno para las arcas públicas de la Comunidad”, indicaron a Cifuentes.

“Señora presidenta de la Comunidad de Madrid, todavía está usted a tiempo de enmendar el error de la Dirección General de Patrimonio; está a tiempo de otorgar a este lugar la protección que merece, acorde con su reconocimiento internacional; está a tiempo de dignificar la situación de los que hoy viven aquí; está a tiempo de aportar su granito de arena para que recuperemos un entorno degradado de la ciudad de Madrid; está a tiempo de rescatar este conmovedor rincón olvidado de la memoria de Europa”, exhortaron a la presidenta del PP madrileño.

Respaldo

Entre los firmantes de la carta abierta a Cifuentes se encuentran la Asociación de la Memoria Social y Democrática de España; CRAI Biblioteca del Pabelló de la Republica de la Universitat de Barcelona; Casa Velázquez, Academié de France à Madrid; Centre de Recursos per a l'Aprentatge i la Investigació; Comisión General de Justicia y Paz de España; Editorial Sial Pigmalión; Fotodoc, Grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Anastasio de Gracia, entre otras.

También han suscrito la misiva escritores como Juan José Millás, Luis García Montero, Almudena Grandes y Rosa Regàs; el director de cine Agustí Villaronga, la fotógrafa Colita, el cantautor Ismael Serrano, el filósofo Josep Ramoneda o el actor Carlos Olalla, entre otros.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Junta Municipal de Puente de Vallecas, ha denegado a la licencia de demolición del inmueble situado en la calle Peironcelly 10, conocido por haber sido inmortalizado por el fotoperiodista húngaro Robert Capa durante la Guerra Civil, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Como ha adelantado la Cadena Ser, la solicitud de licencia, presentada por una entidad privada, ha sido denegada dado que no cumpliría los requerimientos de documentación necesarios para dar comienzo al expediente administrativo.

Vecinos de Peironcely 10 alertaron el pasado viernes de que Luis Santiago Barrena, el propietario mayoritario del inmueble, les había comunicado su intención de derribar el edificio en dos meses, una vez desalojados los inquilinos. Una demolición, que según los residentes, comenzaría con el derribo parcial de la edificación este mismo mes.

"En total 21 adultos y 13 niños, que oscilan entre los 2 y los 17 años, pasarán las navidades a la intemperie por la repentina decisión del dueño mayoritario del edificio", advirtió la plataforma #SalvaPeironcely10, que pide la protección de la vivienda. Además, aseguró que esa misma jornada el dueño había tapado con yeso las marcas de la metralla que quedaban en la fachada del edificio.

Compromiso del Ayuntamiento

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó en el pasado mes de julio que la vivienda fuese incluida en el catálogo de Bienes y Elementos Protegidos del Ayuntamiento de Madrid, que contribuirá a su vez a mejorar las infraviviendas de este número.

Según han recordado desde el Ayuntamiento, esta propuesta también incluye realizar las acciones necesarias para mejorar las condiciones de habitabilidadcondiciones de habitabilidad del inmueble y mejorar así la calidad de vida de los vecinos, unas actuaciones que actualmente "se encuentran en estudio".

Por su parte, la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid comunicó que no daría categoría de Bien de Interés Patrimonial (BIP) a la casa inmortalizada por Robert Capa, como había solicitado la plataforma, ya que, alegó, sería dar "carta de naturaleza" a lo que consideran "infravivienda" pues "incumple todos los parámetros de habitabilidad". 

Por ello, el pasado mes de septiembre #SalvaPeironcely10 presentó un recurso de alzada ante la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid en contra de la negativa de su responsable, Paloma Sobrini, a otorgar la categoría de bien de interés patrimonial (BIP) al mencionado inmueble, como solicitaron. La plataforma informó este viernes de que aúnno ha recibido una respuesta.

"Consideramos que no se ha prestado la atención debida a esta solicitud [de declarar BIP la edificación], no nos han tomado en serio", expresó el coordinador de la iniciativa, que incidió en su sorpresa por que "no se haya tenido en cuenta el amplio consenso de expertos internacionales de todos los ámbitos que expresaron su apoyo en la petición", recogida en el recurso que presentaron.

Por ello, han organizado un acto el próximo 28 de octubre en la propia Peironcely 10, en el que el especialista en historia contemporánea Ian Gibson leerá una carta abierta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la que reclamará que la vivienda vallecana sea declarada BIP. Además, se realizará una reivindicación vecinal y se llevará a cabo una "inauguración popular" de la plaza del fotógrafo Robert Capa.

El propietario mayoritario del edificio de Vallecas (Madrid) que el fotoperiodista húngaro Robert Capa fotografió tras un bombardeo durante la Guerra Civil, y que la iniciativa internacional #SalvaPeironcely10 pide proteger, comunicó este martes a los vecinos su intención de derribar el edificio en dos meses una vez este sea desalojado.

Según informaron algunos vecinos a la plataforma, el derribo parcial de la edificación comenzará a finales de este mes de octubre, "cuando los inquilinos del piso número 1 —una pareja joven que apenas ha estado alquilada tres meses— dejen la vivienda".

Una vecina de Peironcely 10, razonó a infoLibre que el Ayuntamiento estaría presionando al propietario, a través de una denuncia por mediación de Sanidad, para que rehabilitara las viviendas. Y, para ahorrarse el dinero de la reforma, está negociando con los inquilinos su desalojo para así poder derribar el edificio y construir nuevas casas.

El propietario comunicó en persona a los inquilinos su decisión y este viernes algunos de ellos recibieron a través de un burofax la notificación con la negativa de prórroga de su contrato a partir del día 15 de diciembre. Además, los residentes se encontraron con la sorpresa de que el dueño había dado orden a un operario para que tapara con yeso las huellas de la metralla de los bombardeos alemanes que aún permanecían en la fachada. 

"Nos ha pillado a todos por sorpresa", explicó a infoLibre el coordinador de #SalvaPeironcely10, José María Uría Fernández, que además expresó su extrañeza por que se hayan tapado los restos de munición una vez manifestada la intención de derribar el edificio. "Es una decisión absurda, parece una pataleta", sostuvo. 

Ante la nueva situación del inmueble, varios vecinos manifestaron su inquietud: "Estamos entre la espada y la pared". Así, explicaron que, por un lado, el dueño les había planteado una oferta económica y les había dado dos meses para desalojar el piso, mientras que, por otro, el Ayuntamiento les había hablado de su pretensión de adquirir la vivienda y realojarles.

"No vemos que prospere [la iniciativa municipal]. Vemos que nos vamos a la calle, con niños y todo", expresaron y añadieron que "cada uno tira para lo suyo y los únicos perjudicados somos los inquilinos, que somos los que nos vamos a ver en la calle sin nada". "Si el Ayuntamiento no se da prisa, los perjudicados vamos a ser nosotros", advirtieron.

Por ello, Uría comunicó que están "lanzando la voz de alarma para que el Ayuntamiento reaccione" y que ya lo han puesto en conocimiento del Consistorio "para que todo se mueva y lo paralicen". La concejala socialista Mar Espinar, cuyo grupo presentó la proposición aprobada el pasado julio para la inclusión del edificio en el catálogo de Bienes y Elementos Protegidos del Ayuntamiento de Madrid, aseguró este viernes a Europa Press que su partido llevará este asunto a la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible porque el Ayuntamiento se comprometió a protegerlo y para conocer las medidas de protección.

Recurso a la negativa de Patrimonio

El pasado mes de septiembre, #SalvaPeironcely10 presentó un recurso de alzada ante la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid en contra de la negativa de su responsable, Paloma Sobrini, a otorgar la categoría de bien de interés patrimonial (BIP) al mencionado inmueble, como solicitaron. La plataforma aún no ha recibido una respuesta.

"Consideramos que no se ha prestado la atención debida a esta solicitud [de declarar BIP la edificación], no nos han tomado en serio", expresó el coordinador de la iniciativa, que incidió en su sorpresa por que "no se haya tenido en cuenta el amplio consenso de expertos internacionales de todos los ámbitos que expresaron su apoyo en la petición", recogida en el recurso que presentaron.

Por ello, han organizado un acto el próximo 28 de octubre en la propia Peironcely 10, en el que el especialista en historia contemporánea Ian Gibson leerá una carta abierta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la que reclamará que la vivienda vallecana sea declarada BIP. Además, se realizará una reivindicación vecinal y se llevará a cabo una "inauguración popular" de la plaza del fotógrafo Robert Capa. 

La Seguridad Social ha ingresado casi 87 millones de euros desde 2013 vendiendo 11 edificios singulares de su propiedad. Son la parte más apetitosa de los 107 inmuebles de todo tipo, desde fincas rústicas hasta locales comerciales, que el organismo público ha sacado a subasta como parte del Programa para la Puesta en Valor de Activos Inmobiliarios del Estado. En estos momentos, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) tramita la venta de otros tres grandes edificios, dos en Madrid y uno en Bilbao, por importe de 25,73 millones de euros. Cuando se formalicen las operaciones, la TGSS habrá percibido un total de 112,67 millones de euros, que destina a “financiar prestaciones y servicios” de la Seguridad Social, incluido el pago de pensiones.

La Seguridad Social no ha querido precisar a infoLibre el importe total ingresado por los 56 inmuebles que ha enajenado desde 2013. Los 51 restantes también salieron a subasta pública, pero ésta quedó desierta y no fueron adjudicados. El real decreto que regula el patrimonio de la Seguridad Social establece que, si una subasta queda desierta, el edificio puede adjudicarse directamente, previa autorización del Consejo de Ministros, antes de que transcurra un año. Y deberá hacerse con el mismo precio con que salió a subasta. La Seguridad Social tampoco ha aclarado a este periódico si ése ha sido el destino de los 51 inmuebles cuya subasta resultó fallida.

Aunque sí fue el caso de uno de los edificios cuya venta está tramitando ahora la TGSS, situado en la calle de Cartagena de Madrid. Su subasta quedó desierta el 14 de junio del año pasado, con un precio de salida de 6,16 millones de euros. Consta de tres sótanos y siete plantas incluida la baja. También saldrá a subasta, el 30 de marzo, un inmueble de seis pisos ubicado en el número 14 del Paseo de la Castellana, cuyo precio de partida será de 17,48 millones de euros. Finalmente, está prevista la venta de otro edificio en la calle de Juan de Ajuriaguerra de Bilbao, detrás del Guggenheim, por un mínimo de 2,08 millones de euros.

Por adjudicación directa fueron igualmente cedidos un inmueble en Barcelona, en el Paseo de Joan de Borbó, con un precio de 3,66 millones de euros, y otro en Rúa do Reloxo de Pontevedra, que se valoró en 165.000 euros. En estos dos casos no medió subasta porque se los quedaron administraciones públicas: el Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Lo mismo ocurrió con otro edificio, situado en la calle Podavines de San Sebastián. En principio, la Seguridad Social se lo ofreció al Ayuntamiento de San Sebastián, que terminó rechazándolo por su elevado precio. La única empresa que pujó por el inmueble fue una guipuzcoana, Etxa, que se lo quedó por 9,95 millones de euros.

Pisos de  lujo

Buena parte de estos inmuebles, muchos de ellos situados en los barrios más caros de sus ciudades, han sido comprados para convertirlos en viviendas de lujo. Es el caso del edificio de San Sebastián, ubicado en el barrio de Amara: 9.534 metros cuadrados distribuidos en tres plantas de sótano y cuatro alturas. Etxa los transformará en 80 viviendas de dos y tres habitaciones, con terrazas de hasta 64 metros cuadrados. Costarán entre 300.000 y 400.000 euros, según publicó Diario Vasco.

La Seguridad Social vendió el año pasado dos inmuebles en la zona alta de Barcelona, en la calle de Balmes. El primero, en el número 433, salió a subasta con un precio de 6,32 millones de euros y fue vendido por ocho millones al grupo inmobiliario Alting. El segundo, en el número 443, partió de 4,99 millones y se lo llevó Alta Premium Connect por 7,4 millones de euros. Alting, un grupo inmobiliario de propiedad familiar que factura 50 millones de euros al año, se gastará ahora cinco millones de euros en convertir los seis pisos del inmueble en 15 viviendas de lujo, con jardín y piscina, publicó Expansión.

Según publicita Alting, pondrá a la venta o en alquiler pisos de entre 150 y 170 metros cuadrados, además de un ático de 190 metros cuadrados con una terraza privada de otros 170 metros cuadrados que incluye piscina.

También se convertirán en pisos de alto nivel los que Domo Gestora, a través de su cooperativa Valnova, adquirió en 2014 a la Seguridad Social por 7,56 millones de euros en la calle de Bretón de los Herreros de Madrid. El precio de salida fue de 5,72 millones. Seis plantas y un ático albergarán pisos de uno a tres dormitorios, de hasta 135 metros cuadrados, con piscina, pista de pádel y jardín interior. Los precios, de entre 220.000 y 570.000 euros sin IVA, según puede comprobarse en su página web.

El edificio saltó a las primeras páginas de los periódicos cuando fue ocupado por el grupo neonazi Hogar Social Ramiro LedesmaHogar Social Ramiro Ledesma en diciembre de 2014. Fueron desalojados por la Policía cinco meses después.

Un fondo buitre, un 'pelotazo', Inditex

Pero la joya de la corona de las ventas fue el inmueble de la calle de Fuencarral de Madrid que la TGSS vendió por 21 millones de euros en septiembre de 2015. Lo adquirió Inversiones Lombok, cuyo único socio es Gore Spain Holdings, una socimi (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria) que empezó a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el pasado mes de enero. Valorada en 144 millones de euros, Gore Spain es la dominante de un grupo que integra 18 filiales participadas al 100% y posee 20 activos. Su accionista único es el fondo buitre GreenOak Spain Investment.

La socimi ha puesto en manos del grupo Aguirre Newman la venta de los pisos de superlujo que espera entregar en el último trimestre de 2018. Serán 38 viviendas de hasta cuatro dormitorios y 145 metros cuadrados. También ofrecen dúplex, un tríplex con terraza y un loft. El bloque tendrá piscina, solarium y jardines. Desde 327.000 euros los estudios de 55 metros cuadrados. Según puede comprobarse en su página web, ya tienen reservados siete pisos.

La historia del inmueble de la calle de Colón, en Valencia, tiene un final diferente. Lo compró en julio de 2015 Riera y Nat, una sociedad del expresidente de la Asociación de Promotores Turísticos de Dénia Enrique Pla, por 14,2 millones de euros: el precio casi duplicó el de salida, 7,95 millones. El edificio tiene ocho plantas y un par de locales. Esos bajos y las dos primeras plantas fueron vendidos sólo un año después por 20 millones de euros, según publicó el periódico Levante. En ellos se ha instalado Inditex, que los ha convertido en su mayor tienda de la marca Pull&Bear en Valencia.

En concreto, el empresario gallego presentó su oferta, a través de la firma de inversión Pontegadea, a IPIC, el fondo estatal de Abu Dabi, dueño de la petrolera Cepsa, actual inquilina desde 2013 del edificio, a su vez propiedad de Bankia.

Según informa este viernes el diario Cinco Dias, la operación se ha realizado en dos fases. En la primera, Khadem Al Qubaisi, ex director general de IPIC, ha ejercido su opción de compra por valor de unos 400 millones de euros. Una vez que el emiratí se ha hecho con el edificio, lo ha vendido a Pontegadea por un importe aproximado a los 490 millones de euros.

En octubre de 2013, Bankia cerró el acuerdo para el alquiler de la torre diseñada por Norman Foster, donde se ubica la sede corporativa de Cepsa. El contrato de alquiler se estableció por un periodo de ocho años más otros siete años prorrogables ejercicio a ejercicio.

El acuerdo incorporaba una opción de compra futura para su posible ejercicio por un precio que se determinaría en el momento de la transmisión de las acciones con arreglo a criterios objetivos ya convenidos.

El edificio, una de las cuatro torres del Norte de la Castellana, cuenta con una superficie de más de 109.000 metros cuadrados de oficinas, incluyendo superficie bruta alquilable de 56.250 metros cuadrados y 37.500 metros cuadrados en sus 5 plantas de garaje.

Además de la Torre Cepsa, el segundo hombre más rico del mundo adquirió también el edificio de la Gran Vía número 32 de Madrid, lo que le convirtió en "casero" de algunas de las principales marcas competidoras de Zara como Mango, H&M y Primark. Ortega también es dueño en Madrid de la Torre Picasso, después de que en 2011 desembolsara unos 400 millones de euros.

Imperio inmobiliario a nivel mundial

El fundador de Inditex refuerza con esta adquisición su imperio inmobiliario y de edificios emblemáticos tras sus últimas compras en Estados Unidos y en Inglaterra.

En concreto, la última adquisición fue un hotel de lujo en Nueva York, situado en la prestigiosa zona de Park Avenue, por valor de unos 61 millones de euros.

El edificio Murray Hill, de estilo neoclásico y construido en 1928, está siendo gestionado en la actualidad por el grupo hotelero español Iberostar. Esta no es la primera inversión hotelera del fundador de Inditex en Estados Unidos, ya que en 2008 invirtió en Miami en un proyecto de lujo residencial.

Amancio Ortega dio también en febrero el salto al continente asiático con inversiones inmobiliarias tras adquirir un edificio en Seúl por un importe aproximado de 328 millones de euros.

Ortega cerró el pasado año con la adquisición del mítico edificio Haughwout en Nueva York, por un importe de unos 133 millones de euros. Un inmueble situado en Broadway, en el Soho neoyorkino, que cuenta con un total de cinco pisos y fue el primero en disponer de ascensor en Manhattan.

Esta compra fue la última que realizó en 2015, tras adquirir en septiembre una manzana de locales comerciales en Miami Beach por un importe de 341 millones de euros.

Fuera de Estados Unidos, el empresario gallego compró posteriormente un edificio en Londres, uno de las ciudades favoritas a la hora de invertir su patrimonio, teniendo en cuenta que en los últimos años ha destinado más de 1.500 millones de libras esterlinas (unos 2.150 millones de euros) a la compra de inmuebles, tanto espacios comerciales como oficinas, en la capital británica.

En concreto, la última adquisición en la capital británica ha sido un edificio de oficinas en el barrio de St James, denominado Almack House, por un importe aproximado de unos 320 millones de euros.

En su día fue la entrada principal al chalet, pero ahora las escaleras se sumergen al mar, que ha cubierto el primer escalón. Y en las paredes colindantes, las olas han abierto boquetes a puñetazos. En la playa de Les Marines, en la turística Denia, el tramo conocido como Blay Beach es uno de los más erosionados de la costa valenciana. Decenas de bungalós trazan una línea irregular, sin ley, del litoral urbanizado. Y el agua, cada invierno, salta muros, llega a las casas y recorre los caminos comunales. De poco sirven las miles de toneladas que cada junio cargan desde la vecina playa de la Almadrava. A finales de agosto el mar ha regresado a su sitio.

En este emplazamiento, la firma EuroHolding, a través de la promotora Sun Valle, propone levantar una urbanización de cuatro plantas con 20 viviendas de lujo. El espacio lo ocupa un puñado de chalets junto a un grupo de largiruchos pinos mediterráneos y palmeras. “Residencial Las Olas. Inicio de obra octubre de 2016” se lee en una gran valla junto a la carretera de Les Marines. Un anuncio que a muchos vecinos les resulta amenazante. Es el caso de la estadounidense Lisa Luippold, presidenta de la comunidad Retiro III, IV y V, empecinada en dejar “un medio ambiente mejor para mis nietos” e “impedir el regreso del ladrillo a la costa”.

Ella y otros vecinos califican el proyecto de “aberración”. Así lo explicaron este sábado en una asamblea que reunió cerca de 70 residentes. La obra alcanzará 20 metros de altura en un espacio donde la mayoría de edificaciones son de planta baja. Y también 20 metros es la distancia con el mar, cuando la Ley de Costas impide construir a menos de 100. El anterior Ayuntamiento, del Partido Popular, solicitó una reducción de la zona de servidumbre por la erosión de la zona. “¡Pero esta singularidad no puede ser la excusa para nuevas construcciones!”, se queja Luippold.

Los vecinos han presentado varias alegaciones al Ayuntamiento y al Servicio Provincial de Costas con anexos de normativas e informes. Uno de ellos es de 2015, redactado por técnicos del ministerio de Medio Ambiente, donde se describe este tramo litoral como “en un estado de grave deterioro”, por lo que se precisan actuaciones de defensa “de alta prioridad para evitar su regresión”. También denuncian que no se atiende al Protocolo Relativo a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras del Mediterráneo, firmado por España en 2011 y que exige actuar “por encima de intereses particulares”.

Imagen promocional de la urbanización con una imposible puesta de sol en el Mediterráneo

“No solo no se derriba lo que se tiene que derribar sino que se dan permisos para construir edificios de cuatro plantas”, critican Alfredo Solana y Rosa Valero, un matrimonio de Madrid, con propiedad en El Retiro, y que han viajado para asistir a la asamblea. “Me romperían el corazón”, se duele la irlandesa Maireat Huurman, e insiste: “No quiero que destruyan este rincón como ya he visto destrozar otros en España”. El principal reto de los vecinos es fortalecer el músculo asociativo en un lugar especialmente disperso. Según Luippold, en la zona desde hace 12 años, existen unas 400 viviendas, pero solo el 30% habitadas todo el año. “En muchos casos son matrimonios extranjeros, mayores, que han llegado aquí para retirarse y vivir tranquilos”.

“Un lugar ideal”

Al otro lado del teléfono, la voz comercial de la operadora intenta minimizar cualquier duda del periodista, que se hace pasar por un recién casado en busca de un nido de amor junto al mar. “El lugar es ideal, delante estará la piscina y unos jardines enormes. La parcela entra un poco en la playa, pero después retranquea mucho hacia atrás y deja lo que será como vuestra playita privada”, explica. De hecho, la promoción se vende como un espacio muy exclusivo con terrazas individuales de 42 metros y chill out, con precios que oscilan entre los 385.000 y los 420.000 euros. En la web destacan la proximidad de campos de golf y las recreaciones de las casas llegan al paroxismo publicitario con puestas de sol sobre el mar.

Sobre la proximidad del agua, la operadora señala: “Lo que la Ley de Costas prohíbe es construir antes de los 20 metros del mojón que hay en la playa”. Unos mojones arrancados y lanzados a un solar cercano. Y en referencia a las protestas, chasquea los labios: “Un vecino se quejó, pero por nuestra parte está todo claro”. Y acto seguido indica que ya se han vendido cuatro viviendas y aclara que cuentan con licencia del Ayuntamiento, algo que niega Maria Josep Ripoll, concejal de Territorio y Calidad Urbana: “¿Octubre o noviembre? Ya te digo que no”. Según Ripoll, el Ayuntamiento está pendiente de, por un lado, el informe del departamento autonómico de Costas sobre las viviendas y, por otro, el estatal sobre un paseo marítimo de 200 metros que complementará la nueva urbanización. “Ese uso puede ser interesante porque ganaríamos un espacio libre y expedito”, aprecia Ripoll, quien acto seguido subraya que actuará “de forma objetiva”. Y sobre las críticas a las cuatro alturas, se muestra categórica: “El planeamiento lo permite”. Ubicación de la promoción en en litoral alicantino.

Un argumento, indican los vecinos, que podría chocar con el espíritu del Acuerdo del Botánico, que cimenta al Gobierno valenciano, donde se pone énfasis en la protección de la costa frente al urbanismo desenfrenado de otras épocas. Una filosofía impresa en el programa electoral del alcalde de Denia, Vicent Grimalt, quien se comprometió “a crear una ciudad más sostenible y respetuosa con la costa y el medio ambiente”. De hecho, Grimalt era portavoz del PSPV cuando, en julio de 2008, una moción de censura con un tránsfuga socialista aupó a la alcaldía a Ana Kringe (PP). Detrás de aquella operación estuvieron algunos de los promotores de la zona (entre ellos Enrique Pla, de EuroHolding), hastiados por las medidas proteccionistas de la anterior primera edil, Paqui Viciano. En aquel tenso pleno que abrió el litoral al gremio del ladrillo, el entonces portavoz y actual alcalde señaló: “El nuevo equipo tiene el objetivo de llevar de hormigón la costa. Nuestra política urbanística viene avalada por múltiples sentencias favorables que nos han dado la razón a la hora de evitar edificar en primera línea de Les Marines”.

Los vecinos opuestos a la obras, tienen previsto solicitar en los próximos días una reunión con un alto cargo de la consejería de Vivienda y con el concejal de Medio Ambiente. Pero sobre todo con el alcalde para recordarle que, como en los poemas de Rafael Alberti, el mar siempre devuelve el recuerdo de lo hecho y lo dicho.

El Grupo Villar Mir ha acordado la venta de Torre Espacio, el rascacielos que tiene en el Norte de Madrid, al grupo del magnate filipino Andrew L.Tan por un importe de 558 millones de euros, según confirmaron a Europa Press en fuentes de la corporación.

Se trata de una de las cuatro torres del Norte del Paseo de la Castellana de Madrid, un edificio de 230 metros de altura y 57 plantas, que suma una superficie total de 56.250 metros cuadrados computables, además de unas 1.200 plazas de aparcamiento.

Su nuevo propietario es el grupo Emperador, una compañía filipina dedicada a la fabricación de vinos y licores, y que, según sus datos, figura como la primera firma mundial por ventas de brandy.

La compañía está controlada por Andrew L. Tan, una de las mayores fortunas de Filipinas, que además cuenta con una empresa inmobiliaria denominada MegaWorld Corporation.

Esta macrooperación marca un nuevo hito en el atractivo que el sector inmobiliario español viene registrando en los últimos años para los inversores extranjeros.

La compra de Torre Espacio, uno de los edificios emblemáticos de Madrid, por parte de esta compañía filipina tiene lugar después de que el grupo chino Wanda se hiciera con el Edificio España de la capital y de que el mexicano Carlos Slim pasara a controlar una de las Torres Kio al hacerse con la inmobiliaria Realia.

En cuanto a Torre Espacio, en la actualidad, algo más de la mitad de su superficie (el 55%) está ocupada por las sedes del grupo de Juan Miguel Villar Mir, de OHL y el resto de sociedades de la corporación, que a partir de ahora seguirán ocupando estas oficinas en régimen de alquiler.

Además de las oficinas de las firmas del hasta ahora propietario, la torre también alberga varias embajadas (la británica, la australiana y la holandesa), y las sedes en España de las empresas British American Tobacco, Red Bull y Sonatrach.

Torre Espacio cambia de manos ocho años después de su inauguración en 2007, una vez concluida su construcción a partir del diseño de la firma de arquitectos Pei, Cobb, Fred & Partners.

Las otras tres torres que conforman el complejo de rascacielos de esta zona de negocios de la capital son propiedad de Mutua Madrileña, Testa (Merlín) y Bankia.

Villar Mir logra cerrar la venta de la torre cinco meses después de ponerla a la venta, en un principio para lograr fondos que inyectar en la ampliación de capital que recientemente realizó OHL.

En la actualidad, el Grupo Villar Mir tiene pendiente la construcción de una quinta torre en un terreno colindante a las que se ubican las cuatro ya construidas, que albergará un hospital u otro establecimiento de uso social, y que supondrá una inversión de unos 400 millones de euros.

En paralelo, la compañía desarrolla complejos hoteleros, comerciales y residenciales en edificios históricos del centro de Madrid (la denominada Operación Canalejas) y de Londres.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que el próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará el indulto de Josefa Hernández, que desde el lunes cumple en la cárcel de Tahíche (Lanzarote) una pena de seis meses por no derribar su casa, construida en un paraje protegido. "El Gobierno la va a indultar, creo que es una cosa de sentido común, se ha creado una situación profundamente injusta, y yo diría hasta absurda", dijo el presidente en los pasillos del Congreso.

Rajoy también dijo que sería "bueno e imprescindible" que el Gobierno canario pudiera resolver el asunto de la vivienda y poner a disposición de la familia de Josefa Hernández una nueva.

Minetras, este martes se conoció que la Fiscalía se dirigió este mismo sábado por escrito al Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario (Fuerteventura) para recomendar que se suspendiera el ingreso en prisión de Josefa Hernández, encarcelada por no derribar su casa, mientras se tramitaba el indulto, informó Europa Press.

A través de un comunicado, el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco, informó de que el ingreso en prisión de Josefa Hernández se ha llevado a cabo sin tener en cuenta dos dictámenes emitidos por el Ministerio Fiscal, uno el 6 de julio y otro el pasado 22 de agosto.

En el primer dictamen, aclara García Panasco, la Fiscalía no se oponía a la concesión de la suspensión de la ejecución de la pena (art. 80 CP), siempre que Josefa Hernández se comprometiera a demoler las dos edificaciones ilegalmente construidas en un espacio natural protegido.

En el segundo dictamen, emitido el pasado sábado, la Fiscalía se mostró favorable a suspender el ingreso en prisión mientras se tramitaba el indulto solicitado por Josefa Hernández, en coherencia con los criterios establecidos desde hace tiempo por la Fiscalía General del Estado.

El fiscal jefe precisa que este dictamen fue remitido el pasado sábado al mediodía a través de un fax al órgano judicial competente, y que esta mañana se ha comprobado que el mismo tuvo entrada efectiva en el Juzgado.

Sin embargo, García Panasco aclara que no se tiene constancia hasta el momento de que el órgano judicial haya dictado resolución alguna que tenga en cuenta el dictamen del Ministerio Fiscal.

El Ejecutivo muestra su solidaridad

La viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Isabel Mena, ha garantizado que la familia de Josefa Hernández "no quedará en situación de desamparo" después de que este lunes haya entrado en la prisión de Tahíche (Lanzarote).

A través de un comunicado, la viceconsejera recuerda que la familia de Josefa Hernández se encuentra en una "situación compleja", al estar conformada por varios menores de edad.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aaron Afonso, ha querido mostrar su solidaridad con Josefa Hernández y urge a que su situación se solucione "en el menor tiempo posible".

Asimismo, ha expresado su apoyo a la familia afectada y reitera su disposición para reunirse con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a fin de acelerar el proceso de indulto, tal y como ya ha manifestado con anterioridad.

La vicepresidenta, portavoz del Consell y titular de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha advertido al arquitecto Santiago Calatrava que si reclama para terminar las obras del Ágora de Valencia "lo que se va a encontrar es que quienes le vamos a reclamar somos los valencianos, que hemos pagado muchos millones de euros para tener tantos problemas en estos edificios".

Así lo ha indicado en declaraciones de los medios al ser preguntada, durante una visita a la zona de El Saler, sobre su existe algún planteamiento de finalizar la cubierta del Ágora tal y como pide el ingeniero valenciano, que ha remitido a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) un listado de cuestiones pendientes que consideran "más urgentes" para acometer en el edificio, que incluyen reparaciones en la fachada relacionadas con la mejora en la fijación de las planchas de acero que la componen, algo que consideran "fundamental" para "evitar cualquier riesgo de desprendimiento".

A juicio de la vicepresidenta, "Calatrava tendría que hacer caso a lo que se le reclama a él, porque es una persona que después de su trayectoria y su paso por la Comunitat, lo que mejor podría hacer es no reclamar demasiado porque ha dejado un reguero de problemas en los edificios que ha diseñado que nos han costado mucho dinero, por los que se le ha pagado mucho dinero y que han tenido demasiadas disfunciones para lo que han costado".

En este sentido, ha reiterado que los diez millones de euros en los que está presupuestado que costaría terminar la cubierta del Ágora "no están entre las prioridades del gobierno" autonómico.

No obstante, ha reconocido que "obviamente" quieren que el edificio "se pueda usar porque ahora está inhabilitado porque no es seguro, porque se cae el 'trencadís', porque por la cubierta entra agua y la puerta se rompe cada vez que se meten 6.000 personas dentro y hay una diferencia térmica entre interior y exterior". Según Oltra, se trata de "deficencias" de las que el arquitecto "tiene mucha resposanbilidad".

Calatrava remite un listado de cuestiones "urgentes"

El estudio del arquitecto valenciano Santiago Calatrava había remitido a la Ciudad de las Artes y las Ciencias un listado actualizado de las cuestiones pendientes que consideran "más urgentes" para acometer en el edificio del Ágora, que incluyen reparaciones en la fachada relacionadas con la mejora en la fijación de las planchas de acero que la componen, algo que consideran "urgente y fundamental" para "evitar cualquier riesgo de desprendimiento".

Así consta en el listado remitido por la oficina de Calatrava a Cacsa con la parte de cuestiones pendientes urgentes ya que la lista completa se incluye en el Anexo III del Certificado Final Parcial de Obra. El estudio señala en la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, que las observaciones se realizan de acuerdo con recientes visitas a la obra donde han podido constatar que, desde que fue suspendida, "se han acometido actuaciones relevantes" sin ser supervisadas por la dirección de obra y sin que sepan el fin y alcance de esos trabajos.

En estas visitas se ha comprobado el "deterioro" de algunas de las zonas inacabadas de la obra, que se encuentra en situación de suspensión temporal desde el 1 de febrero de 2013. En este sentido, recomienda la contratación de una consultora experta independiente para hacer un levantamiento completo del estado de las obras y elabore con sus recomendaciones para garantizar su durabilidad.

El pasado martes, infoLibre publicó que la UPM había adjudicado sin concurso público los derechos de edificabilidad de un terreno de 12.000 metros cuadrados ubicado en la ciudad universitaria de Madrid a la empresa IDC Salud –antigua Capio– por 6.537.000 euros. De la ejecución de esa venta, el nombre de la entidad adjudicataria y el precio acordado, Conde Lázaro sólo informó al Consejo de Gobierno de la Universidad cuando la transacción ya se había producido. Así consta en el acta de la reunión que este órgano celebró el 30 de abril de 2015.

 explicó que "el rector hizo alusión, en la reunión del Consejo de Gobierno del 30 de abril, a un informe vinculante de la Abogacía del Estado que determinó que se podía hacer la venta directa de los derechos" sin pasar por un concurso público.

De hecho, en su comunicado, Conde Lázaro aporta más detalles sobre las fechas en las que se solicitó y elaboró el informe de la Abogacía del Estado, en el que claramente se escuda para justificar su decisión de adjudicar a dedo los terrenos públicos. La Abogacía del Estado, señala el rector de la UPM, finalmente determinó que concurrían "razones de excepcionalidad para la adjudicación directa de la transferencia de la edificabilidad que permita la legalización del edificio destinado a Hospital Universitario por las siguientes razones: se trata de un Equipamiento Público de carácter singular en su categoría de Salud que es considerado como un Sistema General, que forma parte de la Red Pública integral del equipamiento existente y, por tanto, ofrece un servicio esencial al municipio de Madrid”. Este periódico pidió el lunes al equipo rector de la UPM, antes de publicar la noticia, copia del citado informe de la Abogacía del Estado. La respuesta fue el silencio: ni facilitó el informe, ni contestó a ninguna de las preguntas planteadas.

La información de infoLibre sostenía que "antes de esa reunión, el rector Conde Lázaro sólo había informado en dos citas previas al Consejo de Gobierno y al Consejo Social de que había 'una entidad' interesada en 'comprar los derechos de edificabilidad' de los terrenos, equivalentes a algo más de un campo de fútbol. En ambas reuniones se aprobó la venta por mayoría, aunque los asistentes no fueron informados ni del precio al que se iban a vender los terrenos, ni a quién".

Eso es precisamente lo que confirma la circular de Conde Lázaro, que explica que fue en la sesión del Consejo de Gobierno del 30 de abril cuando se informó "a los señores consejeros de que la entidad interesada era la Fundación Jiménez Díaz", así como "de que una empresa especializada había tasado el importe de la cesión de 12.000 metros cuadrados de edificabilidad en 6.375.000 euros, cantidad que contribuiría a aliviar la delicada situación económica que atraviesa la universidad".

"El 29 de enero de 2015 el rector informó al Consejo de Gobierno de que 'no hace mucho' había 'surgido' el interés 'de una entidad ubicada en la ciudad universitaria' por adquirir los derechos de edificabilidad de 12.000 metros cuadrados que 'al parecer, corresponderían a la UPM'", sin dar más detalles, explicaba la información de este diario. Exactamente lo mismo que reconoce el propio Conde Lázaro, que explica en su circular que "tal y como informé al Consejo de Gobierno, esta actuación se debía al interés de una entidad ubicada en la Ciudad Universitaria por adquirir derechos de edificabilidad que al parecer pertenecían a la UPM".

De igual forma, en la reunión que mantuvo el Consejo de Gobierno el 12 de febrero tampoco se dieron más detalles sobre la empresa que quería edificar en el terreno, tal y como contó infoLibre y confirma el propio rector, que sólo sostiene que en esa reunión se acordó autorizar la enajenación "de los derechos de 12.000 metros cuadrados de edificabilidad disponibles en la parcela ubicada dentro del ámbito de la Ficha de Desarrollo y Ordenación Específica DOE 067/15, con sujeción a lo dispuesto en la legislación sobre Patrimonio".

"Lamento que, una vez más, algunos medios hayan tergiversado los hechos, dañando la imagen de la universidad, por lo que la UPM se reserva los derechos de actuación jurídica contra los responsables", termina su misiva el rector. También se plantean tomar acciones legales, aunque en este caso contra la universidad, los sindicatos, disconformes con la venta de los terrenos.