La justicia andorrana investiga al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus exministros de Economía e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, respectivamente, por su presunta relación con los intentos de conocer "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras, dentro de la conocida como operación Cataluña.

Según consta en la comisión rogatoria de la justicia andorrana enviada a las autoridades judiciales españolas, consultada por Europa Press, la juez de instrucción especializada número 2 de Andorra, Stéphanie Garcia Garcia, insta a los investigados a designar un abogado o, en su defecto, en el plazo de 15 días a contar desde la notificación de las querellas, se les asignará uno de oficio.

En la comisión rogatoria, del 20 de mayo de 2022, constan como querellados Mariano Rajoy, Crostóbal Montoro, Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado Francisco Martínez y el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, así como los exmandos policiales Eugenio Pino y Bonifacio Díez.

Según recoge dicho escrito, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantage desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) para conocer "mediante vías ilegales" una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana" de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares, entre ellos Pujol, Mas y Junqueras.

Por ello, los querellados están investigados por presuntos delitos de coacciones, amenazas de un mal constitutivo de delito, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso.

Según un comunicado de los abogados impulsores de la querella, la justicia andorrana ha ampliado la querella interpuesta por dos entidades, Juristes Drets y l'Institut de Drets Humans d'Andorra (Idha), a la que posteriormente se adhirieron el presidente de Banca Privada d'Andorra (BPA), Higini Cierco i Noguer, y el ceo de la entidad, Joan Pau Miquel.

En 2020 Andorra admitió una segunda ampliación de la querella inicial: investiga a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz por un supuesto delito de falsedad de documentos por remitir información falsa a autoridades estadounidenses para perjudicar a la BPA; y a Rajoy y a Montoro por un supuesto delito contra los órganos constitucionales por supuestamente intimidar al jefe del Gobierno andorrano y sus ministros para que liquidasen la entidad financiera.

También a Fernández Díaz, y a sus entonces subordinados, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y al exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, por los presuntos delitos de amenazas, extorsiones y chantaje.

En un primer momento, la querella se dirigía contra el inspector jefe de la Policía Nacional que fue agregado en la Embajada española de Andorra, Celestino Barroso Sánchez, y el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) Marcelino Martín Blas, quienes presuntamente coaccionaron y extorsionaron a los dirigentes de la BPA para conseguir datos de supuestas cuentas bancarias andorranas a titularidad de los Mas, Pujol y su familia y Junqueras.

La primera ampliación de la querella afectó al exDAO Eugenio Pino, superior de ambos, y el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano.

Antonio García Ferreras ha realizado este martes en Al Rojo Vivo, en laSexta, una entrevista en directo al líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la que se han vivido momentos de tensión a cuenta de las últimas informaciones sobre la trama de espionaje que pretendía fabricar pruebas contra la formación morada. El detonante ha sido la reproducción de las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo en una entrevista de este mismo martes para el canal 24 Horas de TVE en las que calificada de "ingrato" a Iglesias por sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez en relación a las cloacas del Estado: "Fue el Gobierno el que le protegió cuando se ha sentido inquieto". Para Pablo Iglesias, las palabras de la vicepresidenta demuestran que el PSOE "no entiende lo que significa ser Gobierno" porque el "enemigo" común de PSOE y Podemos "son las cloacas". "Un Gobierno no puede decir que se tienen que dar las gracias por cumplir la ley y proteger a quien, según el Ministerio del Interior, necesita protección", ha espetado.

Iglesias ha comenzado a detallar a continuación la operación de la que ha sido víctima Podemos. Así, se ha referido a una "pata política" a través del Gobierno del Partido Popular; "una pata policial", a través de "policías corruptos"; y la que ha definido como la más importante: "Una trama mediática-criminal, donde están Eduardo Inda y OK DiarioOK Diario", que publicó documentos falsificados, según ha denunciado el secretario general de Podemos. "Información falsa fabricada por el equipo de Villarejo", ha agregado Iglesias. Cuando Ferreras ha querido reconducir la entrevista, Iglesias ha criticado el espacio que se le ha dado a Inda en laSexta: "No es nada oculto. Te lo voy a decir a la cara, tú eres uno de los principales protectores de Eduardo Inda, Antonio, y te lo digo con mucho dolor".

Iglesias ha indicando al presentador que "el periodismo está para controlar al poder, no para servir al poder. Si hay poderes económicos que pueden controlar a periodistas para que fabriquen informaciones falsas para evitar un Gobierno, el problema no es Podemos, el problema es la democracia española", ha remachado. "Se han hecho cosas demasiado graves en este país", ha señalado el líder morado, que ha defendido la necesidad de "hablar las cosas para tener una democracia mejor". 

Ferreras ha defendido que laSexta "nunca ha aceptado presiones" y ha negado que se haya protegido al periodista Eduardo Inda: "A Inda le protegen dos factores: que es un periodista que ha desvelado el 'caso Bárcenas', 'caso Urdangarin' o la 'operación Kitchen'; y la presunción de inocencia".

El director de Al Rojo Vivo ha recordado al secretario general de Podemos que su partido también utilizó material e información publicada por el digital de Eduardo Inda en su estrategia política, y ha enfatizado que desde laSexta se calificó de "falsa" la información sobre un supuesto pago del Gobierno de Nicolás Maduro a Podemos desde el paraíso fiscal de las Granadinas o que los informativos del canal jamás abierron con noticias falsas como las relacionadas cono el denominado informe PISA, otra de las herramientas fabricadas por Villarejo para desacreditar a Podemos.

Ferreras ha añadido que tiene "grandes y enormes discrepancias ideológicas" con Eduardo Inda, pero ha advertido de que es uno de los "90 colaboradores" con que cuenta la cadena. Asimismo, ha instado a Iglesias a detener su relato al recordarle que "los partidos políticos no pueden decir a un medio quién tiene que estar y quién no".

La cuestión, decía, es muy grave porque como suele ocurrir cuando se trabaja al margen de la ley, empieza uno de socio colaborador de los presuntos delincuentes, que en este caso también son policías, y termina de rehén. Estos agentes del orden que nos ha puesto encima el anterior ministro del Interior para que organicen lo que se ha llamado una policía política, característica de los regímenes totalitarios, no tienen techo y claro, como antes se coge a un mentiroso que a un cojo, han acabado apareciendo en investigaciones paralelas que tenían que ver con diferentes fechorías. Cabreados porque el manto milagroso de la virgen parece que sólo cubre al señor Fernández Díaz –debe tener más puntos acumulados en la causa divina que sus colaboradores–, acabaron echando un pulso a la Justicia diciendo que si no se les apartaba de las causas investigadas en las que aparecen, y no precisamente por casualidad, comenzaban a soltar mierda de las autoridades, empezando por el rey emérito, y parece que están cumpliendo con la amenaza. El primer aviso que envían a través de Eduardo Inda, que según las grabaciones parece formar parte del equipo y comparte asiento en el Bernabéu con el jefe del operativo, al que vamos a llamar así porque son policías, si no estaríamos hablando de banda de extorsionadores, es referido a escándalos y amoríos de don Juan Carlos. La información no nos impresiona, pero nos cabrea porque también se sabía que el Estado de derecho se había gastado un pastón en callar a las señoritas que querían sacar partido de su amor a la corona, y ahora sale todo a la luz, por lo que hemos comprado un silencio inútil.

El aviso que mandan va de que si tienen estas conversaciones privadas, pueden tener otras en las que se relacione a la Jefatura del Estado con negocios, comisiones, o vaya usted a saber qué cosas porque según dicen, no sabemos si será un farol, el material del que disponen puede acabar con la institución. Tendría gracia que fuera la derecha más rancia, nostálgica de aquella “España del orden” la que trajera la tercera república.

El pulso se lo echan al Estado mismo, a los constitucionalistas prosistema defensores de los derechos humanos en Venezuela, por eso se esperaba una respuesta más contundente de la redicha vicepresidenta. Nadie debería pensar que detrás de su numerito de desprecio a la Cámara se esconda un acojone de cesión a un chantaje, pero con su actitud consigue dar pábulo a la teoría de que estos señores están por encima del orden constitucional que ella defiende. Además afirman que si ellos caen se llevan por delante a…, y aquí no especifican a quién, pero dada la catadura moral de nuestros próceres de nuestra derecha, la lista puede tender al infinito.

Venimos de un tiempo donde era un escándalo eso de ser espiado, grabado y perseguido sin una orden judicial. Como parece, y así nos lo aclara el presidente de la primera potencia mundial que, en efecto, estamos todos bajo control absoluto y que nuestros teléfonos y correspondencia privada son violados sistemáticamente, pues nadie se escandaliza de nada. Pero yo sí. A mí me sigue cabreando y mucho que los que utilizan la coletilla de “que se imponga la ley”, o la otra también de mucha risa, “debemos ser respetuosos con la Justicia”, tanto cuando se condena a una tuitera por hacer chistes de un atentado cometido durante el fascismo, como para silenciar el clamor catalán en torno a la celebración del famoso referéndum que allí quiere hasta la derecha, esos que persiguen con la ley a los extraños y nunca a los propios, vivan y actúen al margen de ella.

Esta es la cosa, los gobernantes no pueden estar en las antípodas de las leyes que nos imponen, por eso no entiendo la negativa de Soraya Saénz de Santamaría a dar una respuesta a las preguntas de Irene Montero en torno a hechos gravísimos que son del dominio público, llevados a cabo desde las instituciones que ella “vicepreside”, y que ponen en entredicho ese Estado de derecho al que tanto les gusta apelar para imponer su política. No lo entiendo, insisto, porque es una cuestión que preocupa y mucho a un sector importante de esta sociedad al que no debe despreciar con esa altanería que ya es una característica en ella, respondiendo estupideces sobre la edad que tenían cuando se grabaron las conversaciones del entonces rey que ahora salen a la luz. Deriva la cuestión, subestimando la inteligencia de los ciudadanos, a la fecha de la grabación, cuando el tema es el chantaje que se hace “ahora”, cuando ella es vicepresidenta, por parte de la camarilla de su ministro, nada menos que a la mismísima Justicia que vela por la unidad de España. No hemos oído decir nada a los fiscales sobre el tema, tampoco a los jueces. También podían haber hecho todos los diarios de España un editorial conjunto condenando estos métodos mafiosos, como el 23F, o como hace unas semanas, por segunda vez en la historia del periodismo nacional, para librarnos de la amenaza de Podemos que quería terminar con la libertad de expresión, no por la vía que usa la Audiencia Nacional, sino por la ilegal, a través de una conjura de miembros anónimos, amenazando a periodistas también anónimos, con métodos desconocidos, que llevan al colectivo de los periodistas de este país a vivir en permanente estado de acojono.

No, no se trata de cuestiones obvias, o intrascendentes, que es como respondía el lenguaje verbal de la vicepresidenta que lucía una espléndida sonrisa condescendiente amplificada por el aplauso y las risas de sus afines, dando a entender que esa cámara está para cosas más importantes, sino que son hechos que tienen una trascendencia vital para el desarrollo de nuestro Sistema, ése que dicen defender y representar y que dinamitan día sí, día también, con su falta de respeto por las instituciones y los ciudadanos a los que representan. Lo que se está denunciando en el Congreso y en la calle es que se están utilizando métodos propios del fascismo ante la indiferencia de los que velan por esa ley capaz de condenar a humoristas y artistas, por cierto, siempre del mismo signo, por si alguien no se había dado cuenta de por dónde va el tema, en esta España en la que a Pilar Manjón cuando iba a declarar en la comisión que se celebró en el Congreso con motivo del atentado del 11M le gritaron: “Métete tus muertos por el culo”, en referencia a los que murieron en aquellos atentados, y que al parecer no eran dignos de ser considerados víctimas del terrorismo porque no servían a la causa nacional. No eran sus muertos. Se podía y se puede mancillar su memoria.

La cosa no tiene ninguna gracia, no entiendo por qué se lo pasaban tan bien sus señorías con este tema del chantaje al Estado por parte de la cúpula de la policía. Por continuar con lo dicho en mi anterior artículo, quería corregir a don Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial que es de la opinión de que la corrupción es inevitable y que también hay en los países de nuestro entorno. Pues no, en esos países llamados europeos, estas cosas no hacen ninguna gracia y este tipo de mafia policial montada desde el ministerio correspondiente provocaría la caída de un Gobierno. En aquellos países todavía no han convertido el hemiciclo en una pista de circo donde los payasos, a los que tiran las tartas y dan las bofetadas, somos nosotros.

Ya me pareció muy grave lo del informe PISA lleno de infundios contra la formación política Podemos hecho por esta gente. Los demás grupos políticos callaron porque, debe ser, que les favorecía este acoso a un rival. Fue una vergüenza la tibia respuesta que tuvo un hecho tan peligroso que denota la calidad democrática de un país. Ahora parece que la cosa se les está yendo de las manos. Me alegro. Como en el mito de Frankenstein, el monstruo puede acabar devorando a su creador si no les dan lo que piden.

¿Encarcelarán a estos extorsionadores? De momento la única contundencia que han mostrado las fuerzas del orden ha sido contra el medio que ha publicado este asunto, el diario Público, con amenazas telefónicas por parte de policías que llegaron a presentarse en la sede del periódico reclamando la entrega de las grabaciones que prueban este contubernio.

¡La que va a liar la Asociación de Prensa de Madrid cuando se entere de esto!

O no.

El líder del PP, Mariano Rajoy, anunció este sábado en el XVIII Congreso Nacional del partido el nombre de los dirigentes que le acompañarán en la nueva etapa que inicia la formación. No hubo grandes cambios en la segunda línea de la dirección. Rajoy optó por mantener a su número dos, María Dolores de Cospedal, a pesar de las discrepancias sobre su acumulación de poder expresada por parte de los afiliados.

Tampoco hizo modificaciones relevantes en las vicesecretarías ocupadas por caras más nuevas y más jóvenes desde el verano de 2015. Sí incluyó una nueva figura en la estructura del partido, la del coordinador, que ocupará Fernando Martínez-Maillo, aunque el que fuera presidente de la Diputación de Zamora ya se había incorporado a la dirección nacional del PP en esa última remodelación de la cúpula del partido. 

No es un secreto que determinados sectores del partido y del Gobierno miran con lupa los movimientos de los bautizados como "nuevos" o "jóvenes" dirigentes. En ocasiones critican su "valentía" a la hora de agitar lo que los más veteranos consideran los "principios y valores inamovibles" de la formación, algo que consideran un error. En otras, se les acusa de haberse contagiado de la llamada "nueva política" a la hora, por ejemplo, de reaccionar a los escándalos de corrupción. El caso de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y su repentina muerte volvió a poner de manifiesto las diferencias entre los más veteranos y los más jóvenes del PP.

Intentando mantener equilibrios Rajoy ha optado ahora por no mover de la dirección del partido a varios dirigentes de su generación. Entre los que resisten está el veterano Javier Arenas, un hombre del aznarismo convertido al marianismo y que se mantiene en la vicesecretaría de Política Autonómica y Local. De esta forma, el dirigente andaluz, amigo del presidente del Gobierno, mantiene sus competencias intactas desde el congreso de 2012. La permanencia de Arenas en la cúpula del partido conservador tiene mucho que ver con la permanencia de Cospedal. Ambos y sus entornos llevan años enfrentados internamente y prescindir de cualquiera de los dos habría sido interpretado puertas adentro del PP como la victoria de uno y la derrota de otro.

En el Comité Ejecutivo Nacional, la dirección ampliada de los conservadores, Rajoy ha incluido también al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que atraviesa un momento complicado en este momento. En el plano personal, el también diputado por Barcelona está convaleciente después de haberse sometido a una intervención quirúrgica para tratar un cáncer de hígado.

Además, el pasado 27 de septiembre el pleno del Congreso de los Diputados acordó, con el voto negativo del PP, la creación de una comisión de investigación centrada en parte de su gestión al frente del ministerio. La base de esta iniciativa parlamentaria fue una información, adelantada por Público, con audios como prueba documental, según la cual Fernández Díaz se reunió con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, para buscar casos de corrupción que afectasen a líderes independentistas. Ahora, Fernández Díaz es presidente de la Comisión de Peticiones del Congreso, un nombramiento que vino rodeado de una fuerte polémica.

También estará en la dirección del partido la que fuera alcaldesa de Cádiz durante veinte años, entre 1995 y 2015, Teófila Martínez. La dirigente es uno de los máximos exponentes del PP andaluz, precisamente en una comunidad autónoma donde los conservadores nunca han logrado la Presidencia del ejecutivo regional. Martínez perdió la Alcaldía en las últimas elecciones municipales en favor de la agrupación de electores Por Cádiz Sí Se Puede, liderada por José María González Kichi. 

Otra histórica, la malagueña Celia Villalobos, también tendrá un puesto en la dirección ampliada del PP. La parlamentaria por Málaga, exvicepresidenta de la Cámara baja, abandonó tras las últimas elecciones generales la Mesa del Congreso de los Diputados por decisión de su jefe de filas. Villalobos, que es la mujer de Pedro Arriola, uno de los asesores de cabecera de Rajoy, llevaba en el órgano de gobierno de la Cámara desde hace más de una década. No obstante, no perdió todo su protagonismo en el Congreso, donde ocupa una portavocía adjunta. 

El eurodiputado Luis de Grandes es otro de los veteranos que estarán en la nueva dirección del partido conservador. Es amigo de Rajoy, igual que Miguel Ángel Cortés.

Miembros natos 

Además, por los cargos institucionales que ostentan son miembros natos del Comité Ejecutivo Nacional otros veteranos dirigentes de la formación, pues los estatutos establecen que forman parte de este órgano los presidentes de las cámaras legislativas, los portavoces parlamentarios o los presidentes autonómicos del PP, entre otro cargos. Entre estos destaca la figura de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que es amiga personal de Rajoy y está en su círculo de máxima confianza. Pastor fue ministra de Fomento en la pasada legislatura. 

Otro histórico del PP como Miguel Arias Cañete también estará en la dirección de la formación conservadora, en este caso también como miembro nato pero por su condición de comisario de Energía. Arias Cañete ha ocupado numerosos cargos públicos, desde 1982, entre los que destacan eurodiputado en el Parlamento Europeo, presidente de las comisiones de Pesca y Política Regional del Parlamento Europeo, portavoz de Economía en el Congreso de los Diputados, Presidente de la Comisión Mixta para la Unión Europea en el Congreso de los Diputados y ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación durante los gobiernos presididos por José María Aznar y Mariano Rajoy.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, restó peso a una presunta crisis en el PP a dos meses de las elecciones y recurrió a las condiciones climatológicas de la capital para decir que, mientras que "ayer algunos calificaron la jornada como un miércoles negro" para los populares "hizo un día hermoso en Madrid". "Y mire este jueves que cielo más azul y luminoso tenemos", añadió.

Fernández Díaz fue preguntado en concreto sobre la dimisión de la líder del PP vasco Arantza Quiroga y la carta de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo en la que anunciaba que no repetirá en las listas del PP mientras siga Rajoy como candidato a la Presidencia del Gobierno.

"Ayer algunos han calificado la jornada como de miércoles negro, ayer en Madrid hacía un día hermoso y mire este jueves que cielo más azul y luminoso que tenemos. Para algunos fue un miércoles negro y hoy es un jueves soleado y luminoso. Así es la vida", replicó antes de hacer entrega de condecoraciones a miembros de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional en el complejo policial de Canillas.

Explicó que "esas cosas pasan en todos los partidos" y que en ocasiones "se concentran en unos determinados días, pero al final se impone la voluntad de los votantes".

"Yo confío en que seremos capaces de convencerles para mantener las políticas que nos permitieron salir de la recesión y más adelante salir de la crisis y no de cualquier manera, sino liderando la salida de la crisis porque somos la economía que más está creciendo en la zona euro", zanjó.

Todo empezó con un mensaje que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, publicó en su cuenta personal de Facebook a las 11.36 horas del pasado viernes 28 de agosto. Ante el "drama humano" provocado por los refugiados que huyen del horror en Siria, Irak y Afganistán, la regidora dijo que, "aunque [la protección internacional] es un tema de competencia estatal y europea", su Ayuntamiento haría "todo" lo que pudiera para participar en una red de ciudades-refugio.

Este viernes, una semana después, son decenas los consistorios de partidos de todos los signos los que han expresado su apoyo a la idea. Madrid, por ejemplo, anunció este jueves que destinará en los próximos presupuestos una partida de diez millones de euros para sufragar la acogida de unas 250 familias refugiadas de Siria y otras zonas de Oriente. También se han ido sumando o han anunciado que lo están estudiando otros municipios como Valencia, Alicante, Zaragoza, A Coruña, Pamplona, Palma, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Murcia, Cartagena o Cádiz. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) hizo un llamamiento para que sea esta institución la que coordine, en colaboración con el Gobierno, el plan local de ayuda a los refugiados al considerar un "grave error" que algunos ayuntamientos planteen iniciativas de forma individual. También han mostrado su disposición a ayudar al menos nueve comunidades autónomas. 

La disposición de estas instituciones a colaborar en la acogida desmonta las excusas, basadas en criterios económicos, que está esgrimiendo el Gobierno de Mariano Rajoy para justificar sus reticencias a la hora de acoger a más demandantes de asilo. Este jueves, el titular de Exteriores insistió en que el reparto de refugiados entre los distintos países europeos debe tener más en cuenta la tasa de paro de cada país y las políticas y medidas que haya adoptado para gestionar la inmigración. El ministro dijo, no obstante, que España está "perfectamente dispuesta a asumir la cuota que le corresponda", si bien declinó concretar cuántos de los 120.000 nuevos refugiados que la Comisión Europea propone repartir entre los socios acogería.

Interior y Empleo 

De acuerdo con la legislación española son dos los ministerios que se encargan de gestionar la protección internacional a las personas que, según recoge la Ley de Asilo de 2009, han tenido que abandonar sus países de origen por sufrir u0n temor, fundado, de ser perseguidos a causa de su etnia, de su religión, de su nacionalidad, de su pertenencia a un determinado grupo social o de sus opiniones políticas, o bien que tiene un riesgo real de sufrir daños graves para su vida e integridad física en caso de regresar a su país de origen por otros motivos.

El Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Asilo y Refugio, es el responsable de la tramitación y las decisiones sobre las solicitudes. Esta institución es la encargada de facilitar la llamada "tarjeta roja" que garantiza la protección internacional y reconoce la condición de demandante de asilo o de protección subsidiaria, que es el estatus que se otorga con más frecuencia, según expertos consultados por infoLibre. Con ella los refugiados pueden estar legalmente en el país y, seis meses después de haberla obtenido, acceder a un permiso de trabajo.

Mientras, el Ministerio de Empleo es el que se encarga de los programas y servicios sociales que garanticen la cobertura de las necesidades básicas que les reconoce la ley por su condición de refugiados. El procedimiento que se venía siguiendo hasta la fecha es que las personas a las que se las ha aceptado la solicitud y que no tienen recursos económicos, son acogidas temporalmente en un hostal que gestionan en Madrid las ONG Cruz Roja, CEAR y ACCEM. Después se les deriva a uno de los cuatro centros públicos que gestiona el Ministerio de Empleo en Madrid, Alcobendas (Madrid), Sevilla y Mislata (Valencia) o a pisos de acogida que gestionan las citadas ONG con subvenciones del Fondo Social Europeo (FSE) y en los que se les presta alojamiento, manutención y asistencia psicosocial urgente y primaria. Cuando se estima que ya son autónomos se les conceden unas pequeñas ayudas para manutención durante dos años y para el alquiler de vivienda durante cinco meses. 

La propuesta de ayuntamientos y comunidades estaría más relacionada, por tanto, con esta labor de acogimiento. No obstante, un portavoz autorizado del departamento de Fátima Báñez declina, a preguntas de este periódico, valorar esta iniciativa porque, asegura, en el ministerio todavía no se ha recibido ninguna propuesta formal por parte de estas instituciones locales y autonómicas. También en Interior rechazan valorarla y admiten no haber constituido por el momento ningún grupo trabajo específico para coordinar su actuación ante un previsible aumento de la llegada de refugiados a España. Aseguran que, hasta el pasado 30 junio, eran 6.202 las solicitudes de asilo recibidas.

ONG como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la organización más importante entre las que se ocupan de la protección de los refugiados, creen muy positiva esta ola de solidaridad en una situación que califican de crítica. Consideran que ayuntamientos y gobiernos autonómicos pueden tener "protagonismo" en los programas y servicios sociales que garanticen la cobertura de las necesidades básicas de esas personas, si bien admiten que todavía no han tenido contactos formales con la mayoría de las instituciones que han hecho estos anuncios. De hecho, en CEAR están trabajando en un documento que detalle de qué forma pueden colaborar. Recuerdan, en cualquier caso, que el primer paso es el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, acceda a aumentar la cuota de refugiados y les conceda la condición de solicitantes de protección. Sin ella, ni ONG ni ayuntamientos y comunidades pueden hacer nada en España. 

Acogida 

No obstante, tampoco ayuntamientos y comunidades han dado, por el momento, demasiados detalles sobre qué ayudas pueden ofrecer a los solicitantes de asilo. La mayoría han hecho afirmaciones genéricas y no han ofrecido datos concretos de las partidas presupuestarias que pueden destinar a atender a estas personas. Sólo el Ayuntamiento de Madrid ya ha precisado que destinará en los próximos presupuestos una partida de diez millones de euros para sufragar la acogida de unas 250 familias refugiadas de Siria y otras zonas de Oriente.

Entre las autonomías está la Comunitat Valenciana, que estima que puede acoger a 1.500 personas; el País Vasco, que ha creado un grupo de trabajo ante la crisis de los refugiados; Navarra, que está estudiando junto a Acnur la posibilidad de la llegada de refugiados desde Líbano u otros países limítrofes al conflicto sirio, y a tal fin va a solicitar la oportuna autorización al Ejecutivo central; Cataluña, que anunció que prepara un plan junto con entidades municipalistas y ONG para los refugiados; Canarias, que dijo que está dispuesta a recibir en las islas a "los refugiados que sean necesarios"; Baleares, que prepara "unas líneas estratégicas de actuación"; Castilla y León, que se mostró "absolutamente abierta a cualquiera de las medidas de colaboración con el Gobierno de España"; o Asturias, que tiene previsto utilizar parte del fondo de emergencias de la Agencia Asturiana de Cooperación para ayudar a refugiados.

La red de ciudades-refugio a la que se refirió Colau en un mensaje que ya ha sido compartido por más de 100.000 personas en Facebook y que ha dado nombre a esta ola de solidaridad tiene su origen en la Red Internacional de Ciudades Refugio (ICORN por sus siglas en inglés), una asociación de 37 ciudades y regiones de todo el mundo que se han comprometido a ofrecer a los escritores perseguidos un refugio seguro en el que vivir y trabajar sin miedo a ser censurados o silenciados. 

El portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso, Francisco Márquez, dijo este martes que la polémica que se ha generado a raíz de conocerse la reunión que mantuvo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato responde a la "pseudo-histeria en la que algunos partidos políticos ya han entrado con la cercanía" de las próximas elecciones generales.

"Creo que esta polémica responde al verano y sobre todo creo que se saca y se va a seguir sacando de quicio cualquier cosa que pueda ser criticable", señaló una entrevista en La Mañana de COPE recogida por Europa Press.

Márquez defendió que el ministro ya ha dado todas las explicaciones sobre el encuentro que mantuvo con el imputado por presuntos delitos fiscales y de blanqueo que tuvo lugar el pasado 29 de julio en la sede de su departamento: "Yo creo que las explicaciones realmente están ya dadas. Ahora lo que se quiere por parte de grupos políticos es que el show continúe", apuntó.

No es para pedir dimisiones

En su opinión, "ir más allá es un ejercicio de histeria política" y, por este motivo, criticó que algunos partidos de la oposición hayan llegado a pedir la dimisión del ministro e incluso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por este asunto.

Este lunes Interior envió un comunicado en el que aseguraba que Fernández Díaz no realizó gestión alguna en relación a la situación procesal de Rodrigo Rato tras entrevistarse con el expresidente de Bankia y que la reunión fue "exclusivamente personal".

En cualquier caso, ante las peticiones de comparecencia en el Congreso de varios partidos políticos tras conocerse la reunión, el popular dijo que no le extrañaría que Fernández Díaz accediera ya que, a su juicio, "se explica muy bien y mucho". Eso sí, subrayó que el comunicado a través de Interior es "más que suficiente" ya que el encuentro "no tiene la gravedad que algunos han querido darle".

Márquez insistió en que su partido no mantiene ninguna relación con Rato desde el punto de vista político "más allá de lo personal".

El incidente ha tenido lugar cuando el ministro acudía al Hotel Metropolitano de Madrid para inaugurar las jornadas del Grupo de Madrid organizadas por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). La joven llevaba escrito en su torso la consigna "Violador de libertades" y en su espalda dibujada la cara de Fernández Díaz y la palabra "culpable".

Esta mujer protestaba contra la aprobación de la nueva ley de Seguridad Ciudadana, que entrará en vigor el próximo 1 de julio. Por esa razón, en caso de que finalmente sea sancionada por estos hechos, se le aplicará la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 aún vigente.

En su cuenta oficial de twitter, @FemenSpain ha publicado imágenes de lo sucedido y un comentario que dice: "Activista de Femen enfrenta directamente al ministro Fdez. Diaz protestando contra la #LeyMordaza".

La joven identificada es la misma que, junto a otra compañera, protestó también a pecho descubierto en los alrededores del Congreso de los Diputados el pasado febrero en señal de protesta contra le Ley de Seguridad Ciudadana, coincidiendo con el inicio del Debate del Estado de la Nación.

Ella y otra chica trataron de saltarse el cordón policial situado en la entrada del Congreso de la calle Cedaceros. Rosa y Begoña, como así se llaman, realizaron "esta acción" con el torso descubierto y con lemas escritos en tinta negra de 'Femen for freedom' y 'España sin mordaza'.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha expresado este jueves su oposición a que la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex) modifique su mandato para convertirse en una "agencia de salvamento y rescate" de inmigrantes por considerar que ello provocaría un "efecto llamada" para las mafias de tráfico de seres humanos y agravaría el problema.

"Frontex es una agencia que tiene por misión securizar las fronteras y no se puede convertir en una agencia de salvamento y rescate", ha defendido Fernández Díaz a su llegada a la reunión de ministros de Interior de la UE, en cuya agenda figuraba un debate sobre cómo hacer frente al aumento de la presión migratoria y reforzar el papel de Frontex.

"El principio humanitario siempre está presente y, por tanto, bajo cualquier circunstancia si hay unas personas cuya vida corre riesgo esas personas deben ser rescatadas. Eso es evidente", ha precisado el ministro del Interior.

"Pero una cosa es eso y otra cosa es que se pueda generar un efecto llamada porque se desnaturalice la misión que se está realizando", ha avisado Fernández Díaz. El resultado sería, ha proseguido, un aumento de la actividad de las mafias criminales "sabiendo que poniendo a esas personas desesperadas en la mar, como estamos viendo, va a venir una especie de agencia de salvamento y rescate a llevarlos a su destino".

"Con eso en lugar de resolver el problema lo que hacemos es acrecentarlo por el efecto llamada", ha insistido. Para España, la respuesta al aumento de la presión migratoria "pasa fundamentalmente por la prevención en origen, la ayuda al desarrollo a los países de donde parte esa inmigración y la ayuda también a los países de tránsito".

Fernández Díaz ha apostado además por "la cooperación operativa con las fuerzas de seguridad que tienen por misión luchar contra las mafias criminales que trafican con personas y que han de securizar las fronteras".

"Esa es la política que desde nuestro punto de vista a medio y largo plazo va a resolver este problema, que es un problema muy grave y que hemos de gestionar entre todos bajo el principio de solidaridad y responsabilidad compartida", ha señalado.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, destacó este miércoles los "relevantes servicios" prestados por el comisario José Villarejo en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado y ha considerado normal, sin referirse específicamente a sus contactos con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que los policías se reúnan con políticos, salvo que se demuestre que se hayan cometido ilegalidades.

El comisario Villarejo "ha prestado relevantes servicios, y es mi obligación decirlo, en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado y eso no se puede olvidar en ningún momento", subrayó el ministro del Interior en declaraciones a la prensa en la Eurocámara, donde ha inaugurado una exposición dedicada a las víctimas del terrorismo y a las fuerzas de seguridad del Estado.

Fernández Díaz explicó que el informe que ha encargado a la Policía sobre las actividades privadas de Villarejo pretende "deslindar el grano de la paja y que florezca la verdad" porque "hay cosas que se dicen que no se ajustan exactamente a la realidad".

"El informe de la policía es el que nos debe acreditar efectivamente si todo, como yo presumo salvo que se demuestre lo contrario, se ha hecho en el marco de la estricta legalidad", apuntó el ministro del Interior.

Fernández Díaz no mencionó mencionado en concreto los contactos de este mando policial con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, pero sí ha resaltado que "el que un policía se reúna con un político en si mismo no tiene nada de malo". "Otra cosa es que se reúna para hacer algo malo, son cosas distintas", dijo.

"Hay que presumir, salvo que se demuestre lo contrario, que esas reuniones no son para hacer algo malo o hacer algo ilegal", señaló el ministro del Interior. "Los policías se reúnen con periodistas, se reúnen con políticos y se reúnen con todo el mundo que haga falta, pero mientras esas relaciones sean, como es normalmente, consecuencia de relaciones humanas o relaciones profesionales y que no infringen ninguna norma, evidentemente no hay que asustarse ni pensar que porque se produzca esa relación se está produciendo algo ilegal, algo irregular o algo que vaya contra la deontología profesional", señaló.

La Iglesia ha declarado beato este sábado al sucesor de San Josemaría Escrivá de Balaguer al frente del Opus Dei en una multitudinaria ceremonia celebrada en Valdebebas (Madrid) y presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Ángelo Amato.

"Concedemos que el Venerable Siervo de Dios Álvaro del Portillo y Diez de Sollano, obispo, prelado de la Prelatura Personal de la Santa Cruz y Opus Dei, pastor según el corazón de Cristo, celoso ministro de la Iglesia, de ahora en adelante sea llamado Beato y se pueda celebrar cada año su festividad el 12 de mayo", ha pronunciado el cardenal Amato en latín, según la fórmula de beatificación.

Fernández Díaz y De Guindos, entre los asistentes

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se encuentran entre las autoridades asistentes a la ceremonia.

También han acudido a la beatificación el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce; el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Borja Sarasola; el exalcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano; la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina; el presidente del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán; y el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa.

Federico Trillo, embajador de España en Reino Unido, exministro de Defensa y expresidente del Congreso, presente en la ceremonia con su esposa, ha recordado que el nuevo beato les recibió en audiencia y "nos trató con mucho cariño".

Yolanda Barcina

, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, también ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que "don Álvaro realizó muchos viajes a Navarra, muestra de su interés".  El exministro y exparlamentario europeo Marcelino Oreja Aguirre, que ha acudido a Valdebebas con su mujer, ha subrayado que está "muy contento de acudir a un acto como este"

El milagro

El milagro realizado por Álvaro del Portillo se refiere a la curación instantánea del menor José Ignacio Ureta Wilson que, a los pocos días de nacer, en agosto de 2003, sufrió un paro cardíaco de más de media hora y una hemorragia masiva. Sus padres rezaron a través de la intercesión de monseñor Álvaro del Portillo y, cuando los médicos pensaban que el bebé estaba muerto, el corazón del recién nacido comenzó a latir de nuevo, hasta alcanzar el ritmo de 130 pulsaciones por minuto.

El Papa Francisco firmó el pasado 5 de julio de 2013 el Decreto de la Congregación de las Causas de los Santos que reconoce este milagro atribuido a la intercesión de don Álvaro del Portillo.

La Fiscalía Superior de Catalunya ya tiene en su poder la denuncia de un concejal del PP por "acoso e intimidación" contra siete trabucaires que se apostaron frente a su casa y dispararon varias salvas de pólvora. Una simulación de "fusilamiento", según el edil conservador, Jaume Gelada. Acusación desmentida rotundamente desde el otro lado, que enmarca los hechos en las despertadas de las fiestas populares. 

Pero, ¿qué ocurrió? Fue el pasado 17 de agosto, en la pequeña localidad de Cardedeu (17.500 habitantes), en Barcelona. Los trabucaires comenzaron su ronda a primera hora de la mañana. ¿Pero qué son los trabucaires? Son hombres disfrazados y armados con trabucos, que perpetúan una tradición del siglo XVI. Fue entonces cuando comenzó una labor de acompañamiento de las fiestas locales catalanas para lanzar salvas de gala y dar más empaque a algunas ceremonias. 

A las siete de la mañana, según el relato del concejal Gelada a infoLibre, una docena de trabucaires de Cardedeu se apostaron frente a su domicilio particular y formaron dos hileras tarareando el himno del PP. Comenzaron a abrir fuego al aire, un hecho que el edil, que se hallaba en esos momentos en su terraza, sintió como un "fusilamiento", como si "estuviera en el paredón". Al acabar, se marcharon también tarareando la sintonía de los conservadores. A los miembros de la colla de Cardedeu les acompañaban otros integrantes –"cuatro o cinco"– de la de Igualada, pero estos "no hicieron nada". "Me sentí violentado, ultrajado, señalado en mi propio domicilio, donde estaba con mi familia, y es una línea roja que no voy a permitir que se traspase".

Gelada denunció primero los hechos ante la Policía y ayer lunes lo hizo ante la Fiscalía, en Barcelona, apoyado por el presidente del PP provincial, Alberto Villagrasa, y el líder del partido en el Ayuntamiento de la capital catalana y responsable de asuntos institucionales de la formación, Alberto Fernández Díaz. En la denuncia el edil identifica a siete trabucaires, a los que vincula a partidos o entidades soberanistas (ERC, CUP y Òmnium Cultural). El concejal ve detrás de la "agresión" un "fin vengativo", porque hace unos meses denunció la pintada de una estelada en un muro que era propiedad de Adif, y que un juez ordenó limpiar. Una pintada en la que participaron miembros de ERC y de la CUP, algunos de los cuales protagonizaron el disparo al aire del pasado 17 de agosto. "Yo acepto todo tipo de críticas, de mofas, pero no que vayan a mi casa y me señalen. ¿Tiene relación con la consulta soberanista del 9 de noviembre? Ellos lo relacionan todo. Yo no querría. Sí es cierto que ha habido vecinos que me han mostrado su apoyo en privado pero temen darlo en público", narraba ayer a este diario. 

Comunicado del Ayuntamiento

Entre quienes, según su testimonio, le ha prestado respaldo se encuentra la alcaldesa de la localidad, Calamanda Vila (CiU). "Me dijo que no era correcto acosar a un concejal". El Ayuntamiento emitió un comunicado con el que el equipo de Gobierno dejó constancia de que "no aprueba el comportamiento de los trabucaires cuando actuaron de forma molesta delante del domicilio de un edil que no les es próximo". Pero a continuación cargó contra Gelada: "Consideramos que, de esta manera, se han dado motivos para reaccionar, como lo han hecho, desmedidamente, él y los medios de comunicación estatales poco amigos de la derecha". El domingo, La Razón tituló en portada "Los soberanistas ejecutan al PP". 

"Los hechos ocurridos –concluyó la nota del Consistorio– no representan de ninguna manera el sentir de todos los ciudadanos, que lo que quieren es una convivencia pacífica y amable, y disfrutar de la fiesta mayor". 

El grupo de trabucaires, según ha ido explicando en los últimos días en los medios y a través de las redes sociales, niega el acoso a Gelada y recuerda que su función es despertar a los vecinos en los días de los festejos, durante su recorrido de más de horas por las calles del municipio. Y "gran parte del tiempo, como se puede comprobar en las imágenes, desfilamos y disparamos en formación, como parte de la recreación histórica que queremos emular", se puede leer en la cuenta de Facebook del portavoz de la entidad, Manel Àlvarez. Los trabucaires sí admiten que algún miembro pudo tararear el himno del PP al ver al concejal en el balcón de su casa, y añaden que se desfiló por toda la localidad, "no sólo delante" de su domicilio, informa TVE. Los integrantes de la colla de Cardedeu se quejan de la "manipulación" y de que se hayan sacado los hechos de su contexto, una despertada en fiestas. Este diario no logró contactar con Àlvarez ni con otro responsable de la asociación. 

Los 'trabucaires' de Cardedeu, apostados frente a la casa del concejal del PP | FACEBOOK TRABUCAIRES

Las reacciones se han ido multiplicando en los últimos días. Ayer, Albert Rivera, líder de Ciudadanos (C's), tachó de "injustificable" el "fusilamiento" simulado de Gelada, y presumió que detrás no hay bromas, sino "delito o amenazas". Lo achacó a la cuestión soberanista, al "debate encima de la mesa que divide a los catalanes en dos bandos". La portavoz del PSC, Esther Niubó, aseguró que su partido condenará "sin paliativos" la actuación de los siete trabucaires denunciados siempre que "se demuestre que hubo mala intención, vinculada a un acto violento", algo que "se desconoce por el momento", informa Europa Press. 

¿Por la crispación en Cataluña?

¿Por qué esta última matización? "Si los trabucaires lo hicieron adrede, intentando acosar al concejal del PP, por supuesto que condenamos. Pero de momento hay dos versiones contrapuestas, no sabemos si en realidad existió esa intención", aclaró Niubó posteriormente, en conversación telefónica con infoLibre. Los socialistas creen que aún no se palpa una "crispación social" en la calle a cuenta de la consulta, de modo generalizado, aunque se temen que la tensión aumente una vez que se dé un portazo al referéndum. "Y eso es lo que hemos advertido muchas veces, que se puede romper la unidad civil de los catalanes por la que siempre hemos trabajado", insistió. 

¿Pero tras estos hechos puede haber delito? El PP, desde luego, no tiene dudas, y denuncia "acoso e intimidación" a Gelada. Miguel Olmedo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada, no lo tiene tan claro. Entiende que el escrito ante la Fiscalía contenga esa apreciación, pero presume que lo ocurrido encaja mejor dentro de la categoría de "coacciones", puesto que el comportamiento de los trabucaires el 17 de agosto fue "genérico", no se vieron "amenazas concretas dirigidas contra el edil". Las coacciones son castigadas con cárcel –entre seis meses a tres años– o con multa de 12 a 24 meses, según estipula el artículo 172 del Código Penal. Pero, según este catedrático, "el 99%" de las denuncias por coacciones se derivan finalmente por el artículo 620. 2ª. O sea, que se catalogan como falta, lo que acarrea simplemente una multa. 

Para Olmedo, si los acusados hubieran actuado con reiteración, entonces "sí quizá podría perseguirse como acoso", pero incluso en esa circunstancia, por la característica de los hechos del 17 de agosto, sería complicado, a su juicio, que superasen la etiqueta de mera coacción. Este experto, en cualquier caso, sí considera que este tipo de sucesos están ligados al "clima de crispación" existente en Cataluña. 

El polideportivo municipal de Monterrubio de la Serena (Badajoz) se ha quedado pequeño este sábado para recibir a las miles de personas que han acudido este sábado al funeral por los cinco chavales fallecidos en el accidente de minibús del pasado jueves cerca de Castuera.

Unas 2.000 personas dentro del polideportivo municipal y otras tantas en los exteriores han dado el ultimo adiós a estos cinco jóvenes de entre 12 y 15 años que dejaron su vida en la carretera.

Muchos jóvenes de la edad de los fallecidos, entre los que estaban algunos de los heridos en este mismo accidente, visiblemente afectados, han acudido a este funeral, en el que Cruz Roja ha atendido a varias personas por crisis de ansiedad o lipotimias.

Al funeral también ha asistido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el presidente del Gobierno extremeño, José Antonio Monago, el delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias, y el presidente del Parlamento autonómico, Fernando Manzano, así como todos los miembros del Consejo de Gobierno y representantes de los partidos políticos y los agentes sociales y económicos de la región.

El momento más emotivo de la jornada ha sido la salida de los féretros del polideportivo pasadas las 13,00 horas de este sábado. A la salida, los ataúdes pasaron por un pasillo que les realizaron los jugadores del equipo de fútbol de Herrera del Duque, los chicos con los que jugaron el partido la tarde del accidente, tras el que cogieron el minibus con destino a su pueblo.

Un largo aplauso ha acompañado la salida de estos cinco féretros, cada uno con un cartel en el que aparecía el nombre del menor fallecido, y seguido por sus familiares, unos padres, abuelos y hermanos destrozados, que iban acompañados por psicólogos de Cruz Roja, así como por enfermeros y personal médico que les seguía a muy poca distancia por si tuvieran que atenderlos.

Cuatro de los féretros han sido portados a hombros desde el polideportivo municipal hasta el cementerio de Monterrubio de la Serena, situado a unos 500 metros, mientras que el quinto ha sido trasladado en coche a la pedanía de La Nava, de la que era vecino el menor fallecido, y que está situado a una veintena de kilómetros.

El Gobierno de Extremadura ha anunciado que se personará como acusación popular en el proceso judicial que se abrirá como consecuencia del accidente ocurrido cerca de Castuera (Badajoz), en el que han fallecido cinco menores de Monterrubio de la Serena.

El Gobierno extremeño se personará en el caso

El Ejecutivo extremeño pretende de esta forma "tutelar los derechos e intereses de las víctimas y sus familiares, y sin perjuicio de los que le son propios a la Administración Autonómica", según ha indicado en una nota de prensa. Esta decisión ha sido adoptada tras un primer análisis que los Servicios Jurídicos del Gobierno de Extremadura han realizado de los hechos que rodean al accidente, ya que "pueden revestir de manera jurídicamente razonable los caracteres de delito".

La personación de la Administración en este caso ha sido una de las peticiones que los familiares de las víctimas han trasladado al presidente extremeño, José Antonio Monago, que "de inmediato, dio la orden para realizar el citado análisis de oportunidad y fundamentación jurídica para el ejercicio de la acción penal", según explica el Gobierno regional.

El laboratorio del servicio de Toxicología de Instituto de Ciencias Forenses de la Universidade de Santiago de Compostela será el encargado de contrastar con un segundo análisis los resultados del test indiciario que apuntaba que el conductor de la retroexcavadora que colisionó con un minibús en Badajoz había consumido drogas.

El conductor de la excavadora fue detenido este viernes tras dar positivo en el test de drogas, cuyo resultado es provisional al tratarse de una prueba indiciaria que debe ser contrastada con un análisis posterior en un laboratorio. Fuentes de la USC han ratificado a Europa Press que el laboratorio del Instituto de Ciencias Forenses realizará el segundo análisis tras recibir el lunes su muestra de saliva.

Los informes elaborados por la Policía Nacional en relación con los incidentes violentos entre radicales y policías en las calles de Madrid al término de las Marchas de la Dignidad el pasado 22 de marzo descartan la presencia de integrantes del grupo terrorista Resistencia Galega, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

En estos informes, que ya obran en poder de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se señala como responsables de los disturbios en los que resultaron heridas un centenar de personas (entre ellas 67 policías) a grupos de carácter anarquista insurrecionalista que actúan de forma organizada. El insurreccionalismo aboga por pasar de la teoría a los hechos y llevar a cabo acciones directas violentas.

Según estas fuentes, estos grupúsculos detectados en el 22-M por los expertos de la Policía en este tipo de movimientos radicales guardan un perfil similar con el Comando Insurreccionalista Mateo Morral, desarticulado el año pasado después de que sus integrantes colocasen un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar de Zaragoza.

Desde la Policía han defendido estas últimas semanas que no se falló en la prevención dado que contaban con información previa de la afluencia de personas radicales que se iban a congregar en Madrid y que por ello establecieron un despliegue sin precedentes en la capital. No obstante, existe la conciencia general de que el grupo que quedó aislado en Recoletos permaneció demasiado tiempo sin recibir refuerzos pese a que esos grupos cuentan con material de autodefensa.

Estas y otras cuestiones son las que explicará este miércoles desde las 11.00 horas en el Congreso de los Diputados el director general de la Policía, Ignacio Cosidó. No obstante, la Comisión de Interior de la Cámara Baja también abordará los fallos cometidos por el despliegue policial durante los incidentes violentos.

De hecho, el director general de la Policía anunció su intención de comparecer ante esta comisión de manera voluntaria, pero una vez finalizada la investigación interna abierta por su departamento. La Policía finalizó sus pesquisas el pasado jueves 10 de abril.

Pocos días después del 22-M, el número dos de la Policía, el director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, en su única reunión con los sindicatos policiales para abordar esta cuestión, se comprometió a depurar responsabilidades en el Cuerpo si se acreditaban fallos en el operativo. El propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció sólo un día después la existencia de esos errores por lo que es probable que se produzcan ceses en la Policía en los próximos días.

Los agentes antidisturbios de las Unidades de Intervención Policial y los sindicatos que les representan no contemplan otra resolución que no pase por la destitución de alguno de los responsables de esta unidad. Señalan directamente al jefe de la UIP de Madrid, el inspector jefe Francisco Javier Virsea –con poca experiencia en el puesto– y al responsable de las unidades a nivel nacional, José María Ruiz Igusquiza.

Denuncian mala planificación, falta de coordinación y la tardanza en dar la orden de ayudar a policías agredidos por manifestantes. Estas críticas también alcanzan al propio comisario general de Seguridad Ciudadana Florentino Villabona. Nada más comparecer en el Congreso, Cosidó se reunirá también con los sindicatos policiales.

En declaraciones a Europa Press el portavoz del PSOE en la Comisión de Interior, Antonio Trevín, ha recordado la responsabilidad del propio Cosidó ya que "fue él quien eligió a estos responsables policiales de las UIP". "Fue una planificación desastrosa que provocó el peor operativo que se recuerda", ha añadido Trevín, quien ha destacado que ya en los días previos la Policía contaba con información suficiente para conocer el peligro que se avecinaba.

Por su parte, el portavoz de IU, Ricardo Sixto, asegura que no tienen muchas esperanzas en que las explicaciones del director general de la Policía ayuden a conocer lo que sucedió y apunta a "la responsabilidad clarísima" de Igusquiza en lo que ha calificado como una "falta de previsión". Cree que su "incapacidad" puso "en peligro" a los policías y reprocha la orden dada a los antidisturbios de cargar antes de que finalizase la manifestación.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha cesado al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Díez, como jefe del Grupo de Reserva y Seguridad número 1, de Madrid, ubicado en Valdemoro, tras invitar a su padre, el golpista teniente coronel Antonio Tejero Molina y a otras personas implicadas en el golpe de estado del 23-F a una comida en su acuartelamiento.

Entre los asistentes se hallaba el teniente coronel Antonio Tejero Molina, protagonista de la intentona golpista y padre del mando destituido, que fue condenado a 30 años por el 23-F. Otro de los invitados a la comida, que se celebró el pasado día de 18 de febrero, sólo cinco días antes del 33 aniversario del intento de golpe del 23-F, fue el excapitán Jesús Muñecas Aguilar, también condenado a cinco años por el golpe, según informa El País.

Jesús Muñecas está reclamado por la juez argentina Martía Servini de Cubría junto al exinspector Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. En su caso se le imputan las torturas que habría sufrido Andoni Arrizabalaga, que fue arrestado el 18 de agosto de 1968 y permaneció incomunicado en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz (Gipuzkoa) durante 22 días.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decretó el pasado 5 de diciembre su prohibición de salir de España mientras se tramita la extradición, que será resuelta por la Sala de lo Penal y a la que se opone la Fiscalía. Durante su comparecencia, Muñecas negó los hechos que se le atribuyen y declaró que los únicos delitos que ha cometido están relacionados con su participación en el golpe de Estado del 23-F, por el que fue condenado a cinco años de cárcel.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, el hecho de que el hijo de Tejero haya sido destituido como jefe del grupo del GRS implica únicamente que se queda sin destino provisionalmente, hasta que pueda pedir de nuevo plaza, posiblemente tras el verano.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha manifestado este martes en el Senado su "apoyo como ministro" y "en términos generales" a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional tras las críticas del PP a esta unidad policial por uno de sus informes relacionados con la presunta contabilidad B del partido.

"Cuando la Policía actúa como Policía Judicial, actúa a las órdenes del juez y como ministro del Interior, como es evidente, además de respetar esa independencia, siempre estoy por principio, y hablo en términos generales, valorando y apoyando a la Policía como es mi deber", ha dicho al ser preguntado por el escrito del PP en los pasillos del Senado.

Los conservadores cuestionaron en un escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción la solvencia de la UDEF por "creer a pies juntillas lo que escribe o dice un imputado en prisión por la supuesta comisión de graves delitos, entre los que está la falsedad documental y la estafa", en referencia a su extesorero Luis Bárcenas. "No parece muy propio de un informe policial solvente", señala.

En el escrito, el PP sostiene que el auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el que se apuntaba a que el pago de las obras en su sede de Génova demostraría "una corriente financiera continua en el tiempo" al margen de su contabilidad oficial "debería matizarse" porque "el PP ha pagado la totalidad de la obra mediante cheques o transferencias bancarias, según consta en su contabilidad y en la de la empresa contratista".

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha destacado este miércoles que homenajes como el realizado el pasado 11 de mayo, en el que se entregó un diploma por parte de la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, a un excombatiente de la Hermandad Nacional de Veteranos de la División Azul "se vienen produciendo desde 2003".

Así lo ha indicado en el Pleno del Congreso, en respuesta al parlamentario de CiU, Jordi Xuclà, quien se ha interesado por conocer su opinión sobre el acto de la Guardia Civil en el que se homenajeó a la División Azul, unidad de voluntarios que sirvió con el ejército nazi durante la II Guerra Mundial.

"Homenajes de estas características se vienen produciendo en Cataluña, de forma ininterrumpida, por parte de la Ponencia de Defensa de Cataluña desde el año 2003", ha afirmado el ministro..

Ante esto, el diputado ha afirmado que el Gobierno debería pedir perdón, y además cesar a la delegada de Gobierno en Cataluña, así como supervisar los actos en los que intervienen sus altos cargos.

Por su lado, el ministro ha afirmado que, en vista de que estos actos se producen desde 2003, debería haber solicitado la dimisión de todos los delegados del Gobierno desde entonces, y ha recordado que todas las instituciones y hermandades que asistieron al homenaje "están legal y debidamente inscritas en los organismos estatales o autonómicos correspondientes, y se fundamentan en un contexto histórico, en absoluto ideológico".

Por último, el ministro ha afirmado que estas instituciones formadas por los familiares se mueven en "un ambiente de reconciliación histórica" que ha asegurado que el diputado de CiU no quiere entender, y ha destacado que esta entrega de galardones no obedeció a ninguna consigna determinada.

Asimismo, ha recordado que esta entidad participó en los actos conmemorativos de la Fiesta Nacional de 12 de octubre de 2004, y ha afirmado que no lo apunta como una crítica, sino como un recordatorio, porque "algunos abogan por la reconciliación y otros por la división y la discordia".

Una derecha "homologable"

Por su lado, Xuclà ha indicado que no se puede concebir a un gobernante demócrata de hoy en Alemania o Francia, entregando un galardón a una persona vestida con el uniforme del Ejército nazi.

Por ello, ha solicitado a Fernández Díaz que sea un ministro "homologable a cualquier derecha europea".

El parlamentario también ha lamentado estos actos, y ha criticado que actualmente se vive "una insoportable banalización del nazismo y del Holocausto".

Y con una pizca de cabreo:

Con humor:

Con cabreo:

Con humor:

Con cabreo:

Con humor:

Con cabreo:

Y así...

Este tuit del diputado de IU, Alberto Garzón, ha sido uno de los más retuiteados. Se refería a las declaraciones del expresidente del gobierno, contrario a los escraches.