El enfado de los sindicatos es mayúsculo. España es uno de los epicentros del calor en el hemisferio norte y el Gobierno sigue sin tomarse en serio la protección de los trabajadores durante los meses tórridos, hasta el punto de que se desconoce cuántas muertes reales ocurren por altas temperaturas. El Ministerio de Trabajo llega de nuevo al verano sin adaptar la ley de riesgos laborales al cambio climático y sin modificar los reglamentos que había prometido. Esta semana, con temperaturas que rozan los 40 ºC, se verán las primeras consecuencias.

"Las justificaciones del ministerio no convencen a nadie. Tendríamos que tener desde diciembre un real decreto aprobado, y no está ni el borrador. Tenemos una reforma legal que va al Congreso, y en la situación política actual no tengo ninguna esperanza", se desahoga Mariano Sanz, encargado de Salud Laboral y Medioambiente en Comisiones Obreras (CCOO). "La Aemet prevé un verano como el del año pasado. Ya nos han advertido, y en unos días nos rasgaremos las vestiduras cuando lleguen las consecuencias", añade con contundencia.

Agricultores, repartidores, albañiles, policías, personal de limpieza… la lista de empleos expuestos al calor es interminable, y los expertos advierten de que cada año la situación va a peor debido al cambio climático. Hace falta adaptar la ley, denuncian los sindicatos, para evitar que estos trabajadores estén desprotegidos. En general, la norma obliga a garantizar la seguridad de los trabajadores, pero hace falta concreción y persecución del incumplimiento.

El paso principal es actualizar la Ley de riesgos laborales de 1997, la mejor manera de obligar a las empresas a adaptarse al calor. El Ministerio de Trabajo lleva inmerso desde febrero de 2024 en una negociación con sindicatos y patronal para reformarla, pero en noviembre los empresarios se levantaron de la mesa y la ministra Yolanda Díaz terminó publicando un anteproyecto de ley sin el apoyo de los empresarios.

Ese texto, que todavía tiene un largo camino antes de entrar en vigor, reconoce que el cambio climático y las catástrofes naturales son capaces de alterar las condiciones del espacio de trabajo, y por tanto la salud de los trabajadores. Otro punto de la reforma también señala que, si hay una previsión de que vaya a ocurrir un fenómeno meteorológico adverso en un territorio, se tratará como un "riesgo laboral grave e inminente". Estos dos cambios obligarían a las empresas a introducir en sus planes de prevención de riesgos medidas para enfrentarse al calor, a las riadas o a otros fenómenos.

El texto fue aprobado en Consejo de Ministros y se encuentra ahora en estudio por el Consejo Económico y Social, que debe emitir un informe preceptivo. No está claro, según los sindicatos, si irá después al Consejo de Estado. De ahí volverá al Consejo de Ministros –"esperamos que pronto, pero no podemos dar una fecha", afirman fuentes de Trabajo–  para ser revalidado y después pasará por el Congreso de los Diputados, donde se augura un fracaso debido a la crisis parlamentaria actual.

Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral en UGT, recuerda que el verano pasado se estimaron casi 4.000 muertes atribuibles al calor en España, según el Ministerio de Sanidad, y que cientos de miles de trabajadores no pueden quedarse desprotegidos por un desacuerdo en el Congreso. "Nos hemos vuelto a plantar a las puertas del verano sin una ley que proteja a los trabajadores. Esperemos que esta ley no caiga por el camino porque es inadmisible volver a sufrir otro año como el pasado", critica.

Mariano Sanz, de CCOO, reconoce que la reforma de la ley de riesgos laborales es una utopía en este momento, pero que hay otra figura que permite a Yolanda Díaz actuar sin pasar por el Congreso. De hecho, es su obligación abordarla.

En noviembre de 2024, como parte del real decreto ley 8/2024, de medidas para responder a la dana de Valencia, el Gobierno introdujo una disposición que ordenaba en un plazo de 12 meses al Ministerio de Trabajo aprobar "un reglamento sobre la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral". Al no tratarse de una modificación de una ley, no requeriría ir al Congreso, y podría abordarse por decreto.

"Nuestra esperanza es que al menos este reglamento salga adelante, pero todavía no hay ni un borrador. Exigimos que se publique ya", señala el portavoz. Trabajo les ha respondido que antes necesita aprobar la reforma de la ley que tiene pendiente, pero para Sanz ese proceso no tiene futuro y solo retrasará cualquier avance en protección laboral.

Aunque la ley de prevención tiene tres décadas, uno de sus reglamentos asociados se actualizó en 2023 para introducir el riesgo por calor a la hora de modificar la jornada laboral, y esta herramienta sí que debe aplicarse ya en empresas y administraciones.

El real decreto de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo recoge ya que todo empleado al aire libre tiene "la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos", como olas de calor, si no se puede garantizar su seguridad.

También subraya que si una zona está bajo aviso naranja o rojo de la Aemet, por ejemplo por calor, "resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista".

Otra de las exigencias que hacen los sindicatos es abordar el escasísimo seguimiento que hay de las muertes laborales por golpe de calor. El año pasado se registraron oficialmente cinco muertes por este motivo y 259 accidentes laborales, según la Estadística de Accidentes de Trabajo del ministerio que dirige Yolanda Díaz. El año anterior se contaron cero fallecidos por altas temperaturas en puestos de trabajo.

Los sindicatos no comprenden que mientras los estudios de impacto del calor en la sociedad española estiman cientos de fallecidos cada verano, la estadística laboral ignore este problema. Según los portavoces consultados, en la inmensa mayoría de los casos, simplemente no se realiza un estudio en profundidad sobre las causas de la muerte. "Si un obrero se cae de un andamio, no se indaga en si antes sufrió un golpe de calor", resume Mariano Sanz.

“Si llegas al 100% de cumplimiento de objetivos, en el año siguiente te piden el 120%, el 140%... y si no mantienes ese ritmo, te penalizan o te despiden por falta de productividad”. Así relata a infoLibre Victoriano Miravete, secretario general del sector financiero de UGT, la forma en la que funciona el trabajo por objetivos en el sector. "Es como empezar cada día de cero y eso genera un estrés constante", concluye. Es el resumen que el responsable sindical hace de la situación de los trabajadores del sector financiero, que están protagonizando varias jornadas de huelga y protestas ante un modelo laboral que ha cambiado hacia una política comercial más agresiva y un cumplimiento de objetivos que condiciona sus salarios y su salud.

La banca española superó los 10.000 millones de beneficio en el primer trimestre del año, con un incremento conjunto de las seis entidades más grandes del 27%. Sin embargo, el número de empleados se ha reducido en más de 8.100 trabajadores en el primer trimestre del año con respecto al ejercicio anterior, de acuerdo con los datos elaborados por la agencia Europa Press. Y este ha sido uno de los detonantes de las protestas que encadena el sector, a lo que se suma una crítica hacia un modelo de trabajo que califican de “insano”. Desde 2020, explica el responsable de UGT, sus exigencias de objetivos anuales se han incrementado a un ritmo anual de entre un 20% y un 30%. 

En lo que va de año ha habido varias protestas, como la que protagonizaron en abril los trabajadores de CaixaBank que denunciaban la "presión comercial desmesurada" y pedían mejoras salariales, o la que este martes organizaron los trabajadores afiliados a UGT frente al Banco de España (BdE). Incidían en una presión comercial “insostenible” que además condiciona sus sueldos y un clima laboral “deteriorado” que está haciendo mella en la salud laboral del sector. La concentración responde a unas reclamaciones que llevan tiempo enunciando y que continuarán durante el mes de junio, esta vez organizadas por Comisiones Obreras (CCOO). 

Recortes de empleo, un “clima laboral insano” y una forma de organizar la actividad de venta de productos financieros que, según los convocantes, va en detrimento de los propios clientes a los que se les acaba vendiendo servicios que no necesitan. “Igual que nos piden una determinada formación para vender productos, queremos que también se les exija a las entidades una formación y responsabilidad sobre la manera de comercializarlos de forma adecuada”, señala el responsable sindical. "Lo primero que te dicen por la mañana cuando entras a trabajar es lo que tienes que vender de un producto concreto que el banco está promocionando en ese momento. Si, por ejemplo, tienes un cliente al que le vas a vender un seguro determinado, al final puede darse el caso de que terminas ofreciéndole otro porque es el que toca ese día y, si no lo haces, puede afectar a tu puesto de trabajo", remarca Miravete.

Los trabajadores reclaman que el BdE siga de cerca estas estrategias comerciales y los productos que promocionan porque consideran que “entra de lleno en el terreno de la supervisión bancaria” y que podría afectar a la protección de los clientes. De hecho, desde diferentes sindicatos se habían elevado ya peticiones para que el BdE asumiese esa función. En marzo, el supervisor español elevó una de estas denuncias al Banco Central Europeo (BCE) para que la entidad valorase si estas políticas comerciales y las instrucciones de venta que se trasladaban a las oficinas podían estar incumpliendo en algún punto las directrices de regulación bancaria, aunque por el momento, no han obtenido una respuesta.

En la protesta del martes, que coincidió con la publicación del Informe de Inclusión Financiera que elabora el BdE, han insistido en este punto porque, en su opinión, esta institución supervisora debería intervenir. Desde CCOO, sindicato mayoritario del sector, ya han anunciado que van a seguir con las protestas y han convocado movilizaciones el próximo 3 de junio para insistir sobre estos mismos puntos. Protestarán ante las sedes de Santander, BBVA, Sabadell, Unicaja, Abanca, Ibercaja y Cajamar en diferentes ciudades y han planeado la propuesta como un primer paso de una serie de protestas sucesivas.

Javier de Dios es el responsable del sector financiero en CCOO. Explica que el clima de protestas no se ha establecido porque esto sea nuevo, sino porque el descontento generalizado en el sector ya va más allá de una entidad concreta y atañe a la forma de trabajar. "A la sobrecarga de trabajo, a la poca planificación, al exceso de objetivos y a las retribuciones variables y no transparentes se suman las presiones de algunos estilos de liderazgo tóxicos en los cuales se invita a vulnerar en cierta forma la normativa vigente a la hora de vender productos. Todo esto hace que las plantillas del sector financiero estén sobrecargadas", remarca el responsable de CCOO. Además, el incumplimiento de estos objetivos comerciales, protestan, se cataloga como bajo rendimiento y pone en riesgo el empleo. 

La baja productividad por no cumplir con estas directrices también puede ser motivo de despido. “El creciente peso de la venta de productos en el salario variable y la aplicación de mecanismos de control con carácter sancionador están creando una situación insostenible en la red de oficinas”, señala UGT. Protestan también porque un porcentaje de sus remuneraciones está atado a la venta de determinados productos financieros que les llegan impuestos. 

En paralelo a esta cuestión corre también el problema relacionado con las absorciones y compensaciones salariales. Los sindicatos ya denunciaban el año pasado que las subidas que obtenían por convenio se terminaban detrayendo de estas remuneraciones variables y, por ello, pedían que el cálculo de este porcentaje variable se estimase de forma más clara para que no ocurrieran estas cosas.

"Todo esto hay que leerlo en un contexto de cierre de oficinas y pérdida de empleos", señala Miravete. De hecho, el informe de Inclusión Financiera conocido este martes apunta en esta línea y señala que entre 2021 y 2024 los puntos de atención presencial se han reducido en un 2,5% y cerraron 1.635 oficinas en ese periodo, lo que supone una reducción del 8,6%.

La salud mental es uno de los caballos de batalla de los sindicatos en el sector. Los riesgos psicosociales asociados al estrés o a la carga mental que supone el trabajo por objetivos son otro de los grandes problemas que llevan tiempo reiterando en sus protestas. Un estudio del sindicato sectorial FINE apuntaba, tras realizar una encuesta a 30.000 trabajadores, que un 92,6% de los empleados financieros afirmaba haber sufrido ansiedad, bloqueo emocional o síntomas físicos derivados del estrés laboral en algún momento de su vida profesional.

Cuando les preguntaban por el nivel de presión, más del 45% señalaba que era "alta y constante" y un 27% decía que era "excesiva y desbordante". El responsable de UGT señala además que el nivel de medicalización y de bajas por estrés del sector es alto, pero les resulta complicado que se reconozcan las causas, ya que entran dentro de los riesgos psicosociales que la ley de prevención de riesgos laborales actual no desarrolla de forma específica. Por el momento, la nueva ley, que sí pone el foco en este tipo de afecciones y cubriría parte de las demandas de los trabajadores, debe pasar aún por segunda vez por el Consejo de Ministros antes de ser convalidada en el Congreso y aún falta un tiempo hasta su puesta en marcha.

Este jueves, un trabajador de la construcción falleció en Madrid atrapado en una zanja; ayer, un operario murió al precipitarse desde 30 metros en el estadio Movistar Arena; el martes, un hombre que conducía un camión de basuras perdió la vida tras sufrir un accidente con el vehículo; el pasado sábado, otro trabajador de la construcción moría en Leganés al caer de una cubierta. Son cuatro casos en apenas una semana que se suman a los 142 fallecidos por accidente laboral que UGT contabilizaba a primeros de mayo en toda España. 

La semana trágica que cierra la Comunidad de Madrid “no es algo habitual”, explica Carlos Caminero, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Madrid, quien apunta que el año pasado fallecieron en la región 85 trabajadores, alrededor de una persona a la semana. Sin embargo, Caminero señala que es llamativa la prevalencia de accidentes mortales por caídas en altura, con respecto a lo sencillo que resulta poner medidas para evitarlo. “Siempre denunciamos que este tipo de situaciones tienen que evitarse y se tienen que poner los medios necesarios, que son muy, muy sencillos”, señala el responsable sindical. 

El trabajador fallecido el sábado en Leganés (al suroeste de Madrid) pertenecía a una subcontrata que estaba reparando una cubierta. El hombre fallecido al caer en el estadio Movistar Arena trabajaba en una empresa especializada que realizaba el mantenimiento de unas antenas para otra compañía. “En la mayoría de los accidentes de construcción que nos encontramos se trata de subcontratas que incluso llegan a estar contratadas por otras empresas que a su vez son subcontratas de la principal”, señala Caminero. Por eso desde las agrupaciones sindicales piden estrechar la vigilancia en los planes de coordinación para que todas se hagan responsables. "Hay una legislación clara de coordinación empresarial, pero nos encontramos muy a menudo con que en industria o construcción, la persona que termina sufriendo el accidente grave es de una subcontrata pequeña porque los trabajadores están más precarizados, tienen menos formación, menos medios y muchas veces van a destajo", resume el responsable de CCOO.

Aquí juega un papel la precariedad o la baja formación en algunas empresas, pero también, recuerdan desde los sindicatos, la externalización de las evaluaciones de riesgos. "Los servicios de prevención ajenos, que son los que contratan el 90% de las empresas de este país, no llegan a hacer la evaluación de riesgos obligatoria en muchos casos", señala Ruiz. De hecho, da un dato llamativo: de todas las empresas que tuvieron algún accidente mortal en 2024, un 36% no tenía hecha correctamente la evaluación de riesgos. Algo que se agrava en las empresas más pequeñas y con menos recursos.

La siniestralidad laboral en lo que va de año es "preocupante" y va más allá de una comunidad en particular, señala Patricia Ruiz, responsable de salud laboral de UGT. "Se produce un mantenimiento de los fallecimientos año tras año. Aunque hay variaciones a la baja y cambian los sectores afectados, se mantiene una estabilidad preocupante". De hecho, al revisar los datos del Ministerio de Trabajo, en los últimos siete años no se ha bajado en ningún momento de los 700 fallecidos. 

En lo que va de año, la tendencia tampoco es halagüeña. En el primer trimestre, las muertes durante la jornada laboral en los centros de trabajo han aumentado un 11,5%, según los datos del sindicato. Con respecto al trimestre anterior, la evolución es de un 5%.

Si observamos las cifras de la Comunidad de Madrid, que es donde han fallecido estos cuatro trabajadores, en 2025 murieron 85 trabajadores, de los cuales 22 perdieron la vida in itinere. La mayoría (31) falleció por infartos o derrames cerebrales y el resto por accidentes como caídas o traumatismos. En lo que va de año, los datos hasta abril recogen 29 personas que han perdido la vida en su puesto de trabajo.

"Hay un déficit de prevención en un doble ámbito. Por un lado, los riesgos clásicos como accidentes o caídas, que aumentan un 35% en 2026; por otro, todo lo que tiene que ver con infartos y derrames cerebrales, relacionado con el estrés, en este trimestre aumenta un 8%", señala Ruiz. En este último caso, los sindicatos señalan que faltan evaluaciones de tipo psicosocial adecuadas y que las empresas integren mecanismos para evaluar la salud mental en el trabajo.

Este es un problema que los sindicatos llevan tiempo demandando, ya que la ley de riesgos laborales vigente data de 1995 y no contempla las particularidades del mercado actual. De hecho, el Gobierno aprobó el pasado marzo un anteproyecto para reformar esta norma, y el texto está pendiente de pasar por el Congreso para su aprobación. "Hasta ahora, la salud mental y la incidencia de la tecnología están ausentes en la ley", concluyen desde UGT.

Pero el otro punto ciego es la incidencia que siguen teniendo las muertes por caídas, golpes o accidentes. Aquí ambos responsables hacen referencia a la necesidad de reforzar la inspección de trabajo para que se apliquen adecuadamente las obligaciones que ya están reconocidas en cada sector, porque son "fáciles de evitar". "Con más inspecciones y más sanciones, la siniestralidad bajaría", concluye Caminero. "En 1995 se registraban alrededor de 1.250.000 accidentes en España con y sin baja, pero en la actualidad nos movemos en casi 1,2 millones [concretamente, 1.163.047, según el Gobierno], eso nos dice que los accidentes de trabajo no se reducen", concluye Ruiz.

Para protestar por esta situación, UGT y Comisiones Obreras han convocado una concentración este viernes a las puertas del Ayuntamiento de Leganés, donde falleció el sábado uno de los trabajadores. Piden más medios para Inspección de Trabajo, evaluaciones de riesgos completas, más formación y que se obligue a las empresas a diseñar una planificación preventiva. "Que se adopten todas las medidas para que nadie pierda la vida por ir a trabajar", concluye el manifiesto conjunto.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar al capitán del buque pesquero Villa de Pitanxo y a dos directivos de la empresa armadora por su presunta responsabilidad en la muerte de 21 tripulantes durante el naufragio ocurrido en febrero de 2022 a 250 millas de Terranova (Canadá), asegura EFE.

El magistrado ha dictado este viernes un auto de pase a procedimiento abreviado —equivalente al procesamiento— en el que propone juzgar al administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez; al director de Flota, José Antonio Nores Ortega, y al capitán del barco, Juan Enrique Padín, por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores.

Moreno sigue así el criterio expuesto por la Fiscalía en su escrito, en el que consideró que el capitán y los armadores mostraron un "grosero desprecio por la vida" de la tripulación. Como responsable civil subsidiario, el instructor señala a la mercantil Pesquerías Nores Marín S.L. y a la entidad aseguradora como responsable civil directo.

El auto que pone fin a la investigación llega cuando están a punto de cumplirse cuatro años de la tragedia que dejó 21 fallecidos: 12 de ellos no aparecieron y el resto murieron por ahogamiento o hipotermia. Otros tres, entre ellos el capitán, fueron rescatados con vida en el interior de una de las balsas salvavidas.

En su auto, el magistrado Ismael Moreno apunta que el capitán dio la orden de abandonar el buque demasiado tarde al no ser consciente de la gravedad de la situación y que impidió una salida más ordenada de la nave que hubiera podido ser exitosa. "Cuando la dio, las posibilidades de salvarse eran muy reducidas", afirma.

Algo en lo que coincide con la fiscal que ha investigado el naufragio, que cuestionó en su escrito que el capitán diera la orden de abandono "demasiado tarde al no ser consciente de la gravedad de la situación".

En su relato de los hechos, el juez señala diferentes factores que contribuyeron a que se produjera la inundación y hundimiento del buque. La sobrecarga no controlada, la falta de medidas de precaución ante la posibilidad de realizar una virada en condiciones meteorológicas muy adversas o la decisión del capitán de continuar el giro con mal tiempo son algunos de ellos.

También el hecho de que solo existiera una escalera desde la cubierta hasta los puntos designados para embarcar en las balsas salvavidas y que era inaccesible en el momento en el que se ordenó el abandono, lo que obligó a los tripulantes a utilizar otras vías.

El juez menciona las condiciones físicas de los tripulantes, con ocho de ellos contagiados con covid-19, según informó el capitán, y señala que la tripulación no estaba familiarizada con los medios de salvamento del buque ni tenía la suficiente formación sobre riesgos de hipotermia. Ni los trajes de inmersión habían sido revisados ni el Villa Pitanxo estaba autorizado para navegar en zonas de formación de hielo, añade el magistrado.

Tras este paso, el juez da diez días a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para presentar su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el archivo de la causa. 

Los accidentes laborales dejaron 735 fallecidos en 2025, 61 menos o un descenso del 7,7% frente a 2024, según los datos de siniestralidad laboral avanzados este viernes por el Ministerio de Trabajo, según informa EFE.

De estas muertes en el trabajo, 584 fueron en la jornada laboral, 62 menos que un año antes, y 151 "in itinere", es decir en desplazamientos al lugar de trabajo, uno más que en 2024.

La principal causa fueron infartos, derrames cerebrales y otras causas estrictamente naturales, con 251 muertos, 15 menos que en 2024.

Por régimen laboral, 676 accidentes mortales fueron entre asalariados, 54 menos que un año antes; y 59 entre autónomos, 7 menos que en 2024.

Por sexo, y ya dentro de las muertes en jornada laboral, 546 fueron hombres, 62 menos; y 38, mujeres, la misma cifra que un año antes.

Por sectores, los servicios acaparan el mayor número, con 262 muertes en el trabajo, 64 menos que un año antes; seguido de la construcción, con 164, 29 más que en 2024.

Por detrás, la industria, con 110 muertes, seis menos; y el sector agrario, con 48 fallecidos por accidente laboral, 21 menos que un año antes.

De vuelta a las causas, la segunda fueron golpes o caídas, con 97 fallecidos, tres más que en 2024.

Le siguen aplastamientos, con 82 muertes, un descenso de 17 frente a 2024; y accidentes de tráfico, con 73 fallecidos en accidente laboral, 23 menos.

En los accidentes mortales en desplazamientos, 122 fueron entre hombres, 2 más; y 29 entre mujeres, uno menos.

Y entre las causas, la principal fueron los accidentes de tráfico con 138 fallecidos, 7 más.

En total, en 2025 se registraron 620.386 accidentes laborales con baja, un descenso del 1,3%; mientras que sin baja se notificaron 542.661, una moderación del 1,9% frente al año previo.

Esta semana, Gobierno y sindicatos han firmado un acuerdo para actualizar y modernizar la ley de prevención de riesgos laborales, vigente desde 1995, y adaptarla a los riesgos del siglo XXI.

Entre los cambios está la inclusión de la salud mental o el reconocimiento de otros riesgos laborales derivados de la digitalización, del trabajo a distancia o el cambio climático.

También se busca reforzar la prevención en las empresas más pequeñas con la creación del delegado territorial que podrá actuar en empresas de hasta 10 personas trabajadoras.

¿Y qué decir de las 19 personas que han fallecido en nuestra región asturiana, sumando ya en lo que va de año dos más que en todo el año 2024? Las dos últimas muertes han tenido lugar en el accidente en la mina subterránea de Cangas del Narcea. Y aunque nos explican, sindicatos incluidos, que lo ocurrido en esta última no sea similar a los otros porque, precisamente, hubo una inspección en la parte que se derrumbó, la fatalidad no existe. Estos accidentes y estas muertes se deben a la avaricia de las empresas en su afán de ganar dinero.

Estos accidentes no son puntuales ni esporádicos, están relacionados directamente con el ritmo de la explotación impuesto por las empresas para ser competitivas a costa de nuestra salud e incluso nuestra vida. Las razones de tales catástrofes son un secreto a voces: saltarse las leyes o decretos votados respecto a la seguridad cuando estos impiden el incremento de la productividad.

Si en las grandes empresas en las que la presencia sindical es importante, dichas empresas no se las pueden saltar así como así, aunque también esto ocurra, digan lo que digan, estas recurren a subcontratas en las que las condiciones laborales son pésimas, convirtiendo así los contratos con tales subcontratas en una simple externalización y en donde las reglas se las saltan a la torera.

El trabajo en sí mismo sigue siendo una obligación para la mayoría de los asalariados. No solo impone restricciones horarias, sino también físicas y mentales, que someten al cuerpo y a la mente a severas exigencias. Nada extraño pues, que cuanto más se acumulan las horas de trabajo, el factor riesgo de accidente se incremente. Sin hablar de las horas extra no contabilizadas y la introducción de la noción de tiempo efectivo trabajado. 

Todo esto contribuye —sin hablar del “ejército de reserva industrial”, como Marx llamaba a los parados— a aumentar la presión de los que tienen la “suerte” de tener un trabajo. Esta presión va siempre en la misma dirección: exprimir a los y las trabajadoras para obtener más eficiencia en su productividad individual. Y cuando un accidente se produce en estas condiciones, la culpa la tienen siempre las víctimas, jamás la empresa.

La filosofía de la patronal es conocida desde el principio de la revolución industrial: “mientras puedas vivir y trabajar para nosotros todo va bien, si mueres haciéndolo para nosotros todo seguirá yendo bien, siempre encontraremos a alguien para reemplazarte”.

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Mario Diego Rodríguez es socio de infoLibre.

Los bomberos forestales de Madrid barajan prolongar la huelga iniciada el 15 de julio ante el "nulo avance" en la negociación de sus mejoras laborales, ni por parte de la Comunidad de Madrid ni de la adjudicataria Tragsa.

Pese a estar en huelga, han estado en primera línea en el incendio de Tres Cantos de este lunes con 14 dotaciones y 90 hombres.

"En ningún momento desde el inicio de la huelga ha quedado desatendida la Comunidad, hemos estado trabajando en múltiples incendios que ha habido", con unos servicios mínimos del 80%, ha dicho a EFE el delegado del Sindicato Profesional de Bomberos Forestales (Firet) en la Comunidad de Madrid, Javier Villanueva.

"Estamos valorando continuar la huelga", que iba a finalizar este viernes 15 de agosto, porque la Comunidad y Tragsa "se pasan la pelota y nadie se ha sentado a resolver nuestras reivindicaciones", tanto salariales como de protección de la salud.

El 80% del operativo cobra "unos 1.300 euros netos. Unos un poco menos y los ingenieros, que son los mandos, un poco más". Durante todo el año trabajan unas 300 personas y en verano llegan a 500, pero "está costando mucho encontrar a gente que quiera trabajar aquí. Actualmente hay un 9% de plazas sin cubrir".

No tienen reconocido "ningún plus de peligrosidad, ni de penosidad, ni toxicidad", y reivindican un plan de protección contra agentes cancerígenos procedentes "de la exposición al humo, a la combustión de vegetales y todo tipo de materiales" cuando el fuego llega a instalaciones, así como en las quemas preventivas en invierno, explica.

Está demostrado que "la exposición al humo puede reducir en 10 años la vida de una persona". Aunque hay una ley estatal de protección contra agentes cancerígenos, "no se nos está aplicando".

También piden el fin de la temporalidad, que "no haya un 40% de la plantilla que vaya a la calle al final del verano y que pasen a trabajar todo el año en tareas de prevención que se realizan en invierno".

El sindicato reclama, además, que se aplique la ley estatal del 8 de noviembre de 2024, del Estatuto básico del Bombero forestal, que "no está aplicando ninguna comunidad, salvo Galicia".

Su aplicación supondrá cambiar la actual denominación de Brigada Forestal, y "al menos de cara a la Seguridad Social, esta ley reconoce el encuadramiento profesional", tanto para las enfermedades profesionales como para aplicar coeficientes reductores que "anticipen la edad de jubilación y que no haya mayores de sesenta años en primera línea de fuego".

"Llevamos desde febrero pidiendo una reunión oficial a la Comunidad sin respuesta. Con Tragsa hemos tenido el último comité de empresa ordinario el 2 de agosto, pero no habido mesa de negociación en ningún momento", añade Villanueva.

"Pedimos una reunión a tres, con Tragsa y la Comunidad de Madrid, que si bien no decide, es la que presupuesta el servicio, la que decide si hay temporalidad o no, y si se aplica o no la Ley estatal del Bombero Forestal", concluye.

Una empleada de la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria de Barcelona falleció ayer sábado tras completar su jornada laboral, en plena ola de calor en la capital catalana, por lo que se le practicará la autopsia para determinar si la causa de la muerte fue un golpe de calor, según recoge EFE.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han confirmado a EFE el fallecimiento de una empleada de la empresa FCC que trabajó en la tarde de ayer en la vía pública de la ciudad condal y que murió súbitamente al finalizar su turno.

Lluis Lampurdanes, secretario de Servicios a la Comunidad de UGT Catalunya, ha explicado a EFE que la mujer, de unos 50 años, realizó "con normalidad" su turno de trabajo ayer sábado, de 14:00 a 21:00 horas, en la zona que tenía asignada en el distrito de Ciutat Vella.

Cuando la mujer estaba cenando por la noche, ya en su casa, "cayó fulminada" y, a pesar de que de fue asistida poco después por los servicios médicos de emergencias, no se pudo hacer nada por salvar su vida.

Lampurdanes ha indicado que, hasta que no se practique la autopsia, no se podrá confirmar la causa de la muerte de la mujer, que llevaba unos años empleada en FCC, y que se desconoce si la fallecida tenía algún tipo de patología.

UGT ha enviado este domingo un comunicado a la plantilla de FCC para recordar a los empleados que deben seguir los protocolos establecidos para los días de calor intenso que, fijan, entre otras medidas, descansar en zonas de sombra y beber agua con frecuencia. 

Las citadas fuentes municipales han transmitido, por otro lado, su pesar a la familia y amigos de la víctima por el repentino fallecimiento de la mujer. 

Fuentes de Protección Civil, por su parte, han dicho a EFE que, hasta el momento, no consta ningún otro incidente de salud que pudiera estar vinculado con el calor.

Cataluña se encuentra este fin de semana en alerta por una ola de calor que está dejando en el área de Barcelona temperaturas muy por encima de los treinta grados.

Barcelona en Comú ha anunciado este domingo que, de confirmarse que el fallecimiento ayer de una trabajadora de la limpieza de Barcelona se debió a un golpe de calor, exigirá responsabilidades.

En un mensaje en sus redes sociales, Barcelona en Comú lamenta el fallecimiento de la mujer, que dice que murió "después de hacer su turno en plena ola de calor", traslada su pésame a la familia y anuncia que exigirá responsabilidades si se confirma que se debió a un golpe de calor.

"No podemos normalizar que se trabaje bajo temperaturas extremas y se ponga en riesgo la vida. La salud laboral ha de ser una prioridad real. Ningún muerto más en el trabajo", ha escrito la formación.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que establece los criterios y el procedimiento para determinar los supuestos en los que se pueden aplicar coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación en actividades especialmente penosas o peligrosas, recoge EFE.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo la ministra de Inclusión, Elma Saiz, "hay trabajos de especial dureza, otros que se hacen duros en los últimos años de vida laboral, con mayor siniestralidad o con más accidentes de trabajo o enfermedades profesionales asociadas".

En este Decreto, fruto del acuerdo con los agentes sociales, "aprobamos el procedimiento para establecer cuáles son esas ocupaciones (...) que pueden beneficiarse del anticipo de la edad de jubilación".

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado que esta medida que "nos acerca a las aprobadas ya en otros países vecinos como Francia, Austria o Italia".

La norma establece los criterios, basados en indicadores objetivos, para que trabajadores en ocupaciones excepcionalmente penosas, peligrosas o insalubres y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad puedan anticipar la edad de jubilación ordinaria, siempre que no sea posible una mejora de sus condiciones de trabajo.

En concreto, dentro de los criterios para determinar la penosidad se encuentra la exposición a temperaturas, ruido o vibraciones extremas; el uso permanente de la fuerza física; o la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos.

En cuanto a la toxicidad, afectará a trabajos con exposición a agentes físicos, químicos o biológicos agresivos o nocivos; mientras que la peligrosidad contempla actividades susceptibles de causar un accidente laboral o enfermedad profesional al trabajador con un mayor grado de incidencia o frecuencia que otros trabajos. 

Por último, la insalubridad se refiere a actividades con exposición a un ambiente susceptible de ser perjudicial para la salud del trabajador.

Para acreditar la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de estos coeficientes se ha establecido una fórmula basada en indicadores objetivos.

Con todo ello, la Seguridad Social elaborará un informe en el que se tendrá en cuenta también las contingencias comunes, las profesionales, la edad, el sexo, la rotación en el trabajo, la parcialidad, el tamaño de la empresa o la distribución geográfica. 

Las organizaciones empresariales, sindicales, de autónomos y administraciones públicas serán las encargadas de solicitar estas condiciones especiales para un colectivo en concreto, a lo se sumarán informes de la Seguridad Social o la Inspección de Trabajo, y una comisión de evaluación decidirá si se dan las condiciones para la aplicación de coeficientes reductores.

Estos coeficientes sólo podrán aplicarse a trabajadores de al menos 52 años y conllevarán una sobrecotización, es decir, un tipo adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto a cargo de la empresa como de la persona trabajadora, que se fijará en los Presupuestos Generales del Estado de cada año.

La consejera asturiana de Transición Ecológica, Industria y Comercio, ha anunciado este martes su "dimisión irrevocable" tras haber dado en el pleno de la Junta General del Principado explicaciones sobre el accidente minero que el pasado 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Cerredo, en Degaña, según informa EFE.

La consejera ha señalado que presentó el lunes por la tarde su dimisión al presidente del Principado, Adrián Barbón, a quien ha agradecido la confianza que depositó en ella para el cargo que ocupaba desde el pasado mes de febrero.

No obstante, ha afirmado que si aceptó asumir esa responsabilidad fue porque "quería trabajar por y para Asturias" y que, aunque desde el accidente minero su único objetivo era "investigación, verdad y justicia", a la oposición no le interesa conocer por qué se produjo la explosión y tan solo ejercer "un ataque permanente y personal" contra ella que ha dicho no merecer.

"En ningún caso voy a ser un obstáculo para la investigación, para conocer la verdad y para que se haga justicia", ha señalado antes de finalizar su intervención desde la tribuna del hemiciclo y en presencia del presidente asturiano, con quien se ha fundido en un abrazo.

Las peticiones de cese o dimisión de la titular de Industria se venían repitiendo desde los grupos de oposición desde la semana pasada, tras las primeras explicaciones dadas por la consejera en sede parlamentaria sobre lo sucedido el 31 de marzo en la mina del suroccidente asturiano en la que murieron cinco trabajadores leoneses y otros cuatro mineros resultaron heridos.

Partido Popular, Foro y Vox, pero también para IU-Iniciativa por Asturies, socio de los socialistas en el Gobierno regional, y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé (anteriormente de Podemos) habían criticado la falta de transparencia de la consejería y puesto en duda la gestión llevada a cabo por la consejera, que, hasta su nombramiento en febrero, había estado siete años al frente de la Dirección General de Minas del Principado.

La dimisión de la consejera socialista se produce en un momento en el que ya hay una mayoría parlamentaria conformada por el PP, Vox y los dos diputados del Grupo Mixto para activar una comisión especial de investigación en la Junta General del Principado con la que dirimir responsabilidades políticas por el accidente, al margen de las penales que se deriven de la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Cangas del Narcea.

IU-Iniciativa por Asturies también viene reclamando desde hace días la necesidad de "abrir puertas" y exigir responsabilidades políticas, en contra de lo que defiende el ala socialista del gobierno, que considera que se está actuando con transparencia y dando todas las explicaciones ante las dudas que han surgido en torno a las licencias y denuncias de extracción ilegal que pesan sobre la mina.

La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Cerredo se produjo, según todos los indicios, por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.

Tras la explosión se hicieron públicas denuncias de un particular, una empresa minera y de agentes de la guardería rural en la que se advertían de que se estaba sacando carbón de la mina y se puso en duda el control llevado a cabo desde la Dirección General de Minas que en las ocho inspecciones llevadas a cabo desde 2022 no detectó ninguna irregularidad. 

Los inspectores del Principado han encontrado "indicios de extracción irregular de carbón" en la mina de Cerredo ante la existencia de dos huecos de más de 18 y 24 metros de longitud, en el nivel tercero de la explotación, el mismo en el que el pasado 31 de marzo se produjo una explosión que acabó con la vida de cinco mineros y provocó heridas de gravedad a otros cuatro. La existencia de estos huecos la ha dado a conocer este viernes la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, que ha comparecido a petición propia ante el Parlamento asturiano para informar del accidente y las investigaciones que hay en marcha, según informa EFE.

En la visita que los inspectores realizaron el pasado martes al interior de la mina se detectaron "indicios de irregularidades y actividades que no se ajustaban" a las licencias, que en ningún caso permiten a la empresa Blue Solving la extracción de carbón del nivel tercero. Ahí, sin embargo, se han descubierto dos huecos, uno de 18,2 metros y el segundo de 24,6 metros, con una altura aproximada de unos 25 a 30 metros y unos 80 centímetros de anchura, según una estimación visual y que, a falta de confirmar, podrían indicar que había una "extracción irregular de carbón".

"Si se confirma en el futuro exigiremos que Blue Solving asuma todas las responsabilidades porque no sería solo un incumplimiento administrativo sino de una irregularidad legal con consecuencias letales, de una actividad de altísimo riesgo que ponía en peligro la vida de los trabajadores". Transcurridos once días desde la explosión que provocó el mayor accidente minero de Asturias en tres décadas, la consejera ha asegurado que "lo ocurrido no puede ni va a quedar impune y se va a llegar hasta el final para saber lo que pasó, sin escatimar medios ni recursos".

Díaz ha negado que el Gobierno asturiano no haya actuado con transparencia desde el primer momento y ha asegurado que "no se ha perdido ni un minuto" a la hora de llevar a cabo inspecciones, reunirse con técnicos y expertos o en la "colaboración máxima" con la Fiscalía, Guardia Civil y el juzgado que lleva el caso. En este sentido, ha señalado que el pasado 4 de abril se inició un expediente administrativo sancionador a Blue Solving ante las "irregularidades detectadas en la primera visita de campo", que tuvo lugar el mismo día del accidente, y que han solicitado a la Inspección General de Servicios que evalúe al servicio de minas de la consejería de la que es titular.

Un accidente laboral en el que un trabajador en situación irregular perdió dos dedos de una mano ha permitido destapar una red de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, según ha informado la Guardia Civil de Zamora en un comunicado.

Según informa EFE, el accidente lo sufrió una persona de nacionalidad peruana que perdió dos dedos de la mano el pasado mes de diciembre en Lagarejos, una pedanía sanabresa del municipio zamorano de Asturianos de apenas una treintena de vecinos, y a raíz de ese suceso se inició una investigación que ha permitido destapar esa trama de trata de seres humanos.

En ella se ha identificado a siete personas como posibles víctimas, aunque tres de ellas se han negado a denunciar por miedo a posibles represalias, por lo que a las dos personas detenidas en el caso únicamente se le han imputado delitos de trata de seres humanos por los casos denunciados.

Los detenidos son dos hombres de nacionalidades española y portuguesa y residentes uno de ellos en Madrid y el otro en un municipio de la comarca zamorana de La Carballeda.

Los dos detenidos han sido ya puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria en una operación que sigue abierta.

Las víctimas de la red son en la mayoría de los casos personas de nacionalidad peruana, aunque también hay algunas de otras nacionalidades que presuntamente también eran explotadas laboralmente.

Fruto de la investigación, agentes de la Guardia Civil conjuntamente con integrantes de la Inspección de Trabajo de Zamora accedieron el pasado mes de enero al domicilio y el lugar de trabajo de las víctimas, donde se practicó una de las dos detenciones, del que era el encargado del centro laboral, como supuesto cooperador necesario del delito de trata de seres.

Tres personas han muerto y otras siete han resultado heridas tras una explosión registrada en una nave industrial en Ibi (Alicante) dedicada a la fabricación de corcho, según los datos actualizados facilitados por fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).

El suceso ha ocurrido poco antes de las 12 horas en una fábrica ubicada en el Polígono de Alfaz por la explosión de una caldera del edificio por la que han colapsado el techo y parte de los muros de la fábrica, dejando atrapadas por los escombros a varias personas que se encontraban en las instalaciones, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Como consecuencia de la deflagración, parte del techo salió despedido llegando a impactar en una nave colindante, donde se ha registrado uno de los fallecidos.

El alcalde del municipio, Sergio Carrasco, quien se encuentra en el lugar de los hechos, ha indicado que hay tres fallecidos y ha señalado que, entre los heridos, tres se encuentran graves, uno de ellos evacuado a Valencia. "La fábrica está reventada por ambos lados y la onda expansiva ha llegado" a una nave de cartonaje, ha manifestado Carrasco, quien ha explicado que están atendiendo a los familiares de las víctimas y de los heridos.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos, Policía Local y Policía de la Generalitat, mientras que el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu) ha movilizado un helicóptero medicalizado, tres unidades del Samu y cuatro ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB).

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha acudido al lugar del suceso, ha explicado que se ha producido una explosión en la caldera de la fábrica y ha confirmado el fallecimiento de tres personas, dos en la nave siniestrada, Climber, y el tercero en la empresa contigua, Ibipa. Ha detallado también que "en el momento del terrible accidente había 39 personas trabajando" en la primera fábrica.

Refiriéndose a los heridos más graves, Bernabé ha informado de que uno de ellos ha sido trasladado a la Unidad de Quemados de la Fe, en València; otro al Hospital de Alcoy, y un tercero al Hospital General de Alicante. Ha explicado que, en estos momentos, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil está trabajando en la investigación, así como la Policía Científica del instituto armado "en todas las cuestiones que tienen que ver con las víctimas mortales y una unidad específica que analiza y estudia este tipo de sucesos.

La delegada del Gobierno ha trasladado su pésame a los familiares de las víctimas, a todos los trabajadores y trabajadoras, al alcalde de Ibi y al municipio, y ha manifestado que hoy es "un día de muchísimo dolor" para la localidad. También ha agradecido a las patrullas de la Guardia Civil que estaban en la zona haciendo sus labores diarias por haber acudido de forma rápida a socorrer a las personas que estaban dentro de la fábrica y a todas las dotaciones de bomberos que se han desplegado y trabajado con los propios empleados para sacar a los atrapados.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha avanzado este jueves su intención de abordar una reforma de la incapacidad temporal, las bajas laborales, para dar más flexibilidad en algunos supuestos que permitan incorporarse a la actividad laboral. En un desayuno organizado por Nueva Economía Forum, ha explicado que, desde "la voluntariedad y la garantía de la salud y la seguridad", habrá supuestos en los que algunas personas de baja puedan incorporarse a trabajar.

Saiz ha puesto como ejemplo los tratamientos de cáncer o los casos de pluriactividad, donde la baja puede impedir trabajar en una de las ocupaciones pero no en la otra.

La ministra ha comparado esta reforma con la abordada en el ámbito de las pensiones para dar más opciones a quién lo desea para compatibilizar trabajo y pensión. "Dar más flexibilidad (...) que no sea estar de baja o de alta", ha explicado Saiz, que ha subrayado que la reforma se abordará con la creación de un grupo de trabajo y en el marco del diálogo social y "desde el consenso" para adecuar la incapacidad temporal a la nueva realidad.

La creación de un grupo de trabajo sobre las bajas laborales quedó pendiente del último pacto de pensiones con el objetivo de analizar la evolución de la incapacidad temporal y sus prestaciones, un tema que preocupa a agentes sociales y Gobierno, recuerdan desde Inclusión.

Tras este anuncio, el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha evitado valorar un planteamiento "que aún no se ha puesto sobre la mesa" y ha afeado la forma de avanzar un cambio así. Bravo ha señalado al aumento de las bajas y el gasto en incapacidad temporal en un mercado laboral más envejecido y también ha recordado el déficit de inversión sanitaria que en algunos casos retrasa diagnósticos y tratamientos. "Nadie tiene que estar de baja un día más de lo que necesita, pero tampoco un día menos", ha incidido en declaraciones a los medios.

"Me genera muchísimas dudas", ha coincidido en declaraciones a EFE la secretaria de política institucional y políticas territoriales de UGT, Cristina Estévez. También ha afeado la forma de plantear este debate así y ha emplazado al Gobierno a llevar una propuesta concreta a la mesa de diálogo cuanto antes. "Nuestra preocupación es que los trabajadores reciban los cuidados, la atención médica oportuna en el momento oportuno", ha incidido.

Tras este anuncio, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha insistido en que "solo hay una razón detrás de la incapacidad temporal: proteger la salud de las personas trabajadoras". "No hay más opciones ni razones. Ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega", ha añadido la vicepresidenta en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Poco después, en la presentación en Madrid del libro En la piel de los héroes, de Xosé Fortes, ha dicho que el Ministerio de Trabajo "no va a consentir ninguna alteración en la incapacidad temporal, por la que ustedes cotizan, trabajan y que es un derecho que han conseguido a lo largo de los años", en lo que supone un nuevo roce con la parte socialista del Ejecutivo

Por su parte, el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha evitado valorar un planteamiento "que aún no se ha puesto sobre la mesa" y ha afeado la forma de avanzar un cambio así. Bravo ha señalado al aumento de las bajas y el gasto en incapacidad temporal en un mercado laboral más envejecido y también ha recordado el déficit de inversión sanitaria que en algunos casos retrasa diagnósticos y tratamientos.

"Me genera muchísimas dudas", ha coincidido en declaraciones a EFE la secretaria de política institucional y políticas territoriales de UGT, Cristina Estévez, quien también ha afeado la forma de plantear este debate así y ha emplazado al Gobierno a llevar una propuesta concreta a la mesa de diálogo cuanto antes.

Otra de las reacciones a este anuncio ha sido la de la exministra y líder de Podemos, Ione Belarra, quien ha considerado que "proponer la baja flexible, es decir, que los trabajadores y trabajadoras puedan trabajar enfermas, es una propuesta aberrante más propia de Juan Roig que de un gobierno progresista". En un mensaje publicado en sus redes sociales ha supuesto que "el PSOE querrá hacerlo con el PP, que estará 100 % de acuerdo".

Junto al tema de la incapacidad temporal, la ministra ha avanzado que el próximo lunes, 7 de octubre, se abrirá una nueva mesa de diálogo social sobre autónomos para seguir avanzando en el nuevo sistema de cotización por ingresos reales.

En cuanto a la regulación pendiente para configurar el paso de algunas mutualidades al régimen de autónomos, Saiz ha insistido en que se trabaja para lograr un acuerdo.

Saiz también ha recordado que el fondo de reserva, la denominada hucha de las pensiones, terminará el año con más de 9.000 millones, superando las previsiones iniciales, y que la legislatura terminará con más de 25.000 millones.

Congelada. Así denuncian los conductores profesionales de camiones y de autobuses de más de nueve plazas que se ha quedado su reivindicación de que les reconozcan la jubilación anticipada. Convocados por los sindicatos UGT y CCOO, se han concentrado este viernes 7 de junio frente a la madrileña sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para exigir que se les reconozca. Y no sólo por ellos: “Llevamos tiempo advirtiendo ante las instituciones de que con una elevada edad al volante nuestras capacidades para el desempeño de la profesión se ven mermadas, con las graves consecuencias que este hecho tiene para nuestra seguridad y la de los usuarios de las carreteras, tanto en el transporte de viajeros como de mercancías”, sintetizan fuentes sindicales.

En 2023, había 368.824 conductores de camiones y autobuses, lo que significó casi un 14% más que el año anterior. De ellos, el 61,7% se encontraba en el intervalo de 35 a 54 años, el 27,1% tenía 55 o más, y sólo el 11,2% se encuadraba en el grupo de menores de 35 años. “La edad media del personal conductor es más elevada que la del conjunto de las ocupaciones”, asevera Diego Buenestado, secretario federal de Transportes, Carreteras y Urbanos de FeSMC-UGT, para quien “no es justo que a otros colectivos se les conceda la jubilación anticipada y a quienes llevan un montón de años conduciendo, trasladando viajeros y transportando mercancías, no se les dé, en contra de lo que pasa en muchos países”, critica. A su juicio, esa negativa entraña “un problema para la seguridad vial”, dado que “hay evidencias suficientes que relacionan la edad con mayores tasas de siniestralidad y de absentismo, de bajas por enfermedad”, señala.

Palabras que confirma el contenido del Informe sobre seguridad y salud del personal conductor de camiones y autobuses, elaborado por FeSMC-UGT y fechado este junio, en el que se refleja que en 2022 el índice de siniestralidad del sector fue de “4.580 accidentes de trabajo por cada cien mil personas ocupadas”, mientras la media nacional se situó “en 2.951” percances con baja. Ese mismo ejercicio, “98 conductores y conductoras perdieron la vida”, lo que se tradujo en “un índice de incidencia de 30 personas fallecidas por cada cien mil”.

Y manejan otras cifras: la ocupación que notificó más accidentes de tráfico mortales en jornada de trabajo fue la de los conductores y operadores de maquinaria móvil, con el 62,5% del total. Esto implicó una tasa de incidencia hasta nueve veces mayor que la media. El 45% de esos siniestros que resultaron mortales lo sufrieron personas con 55 o más años y el 85% superaban los 45. Un patrón que se repite con la gravedad de los accidentes: casi el 75% de los que causaron lesiones serias los protagonizaron mayores de 45 años. Por lo que respecta a las ausencias laborales motivadas por enfermedad, accidente o incapacidad temporal, éstas se elevaron un 70,1% entre 2022 y 2023 en el caso de estos trabajadores, frente al 7,5% asociado al conjunto de la población ocupada.

“Una persona con 67 años no se puede mantener en esos puestos. Tenemos casos en los que se han hecho excursiones de jubilados del Imserso, y el mayor era el conductor del autobús. Y la fatiga mata”, proclama Buenestado. “Algunos de estos trabajadores soportan a diario mucha presión porque llevan a gente en sus vehículos, lo que conlleva una gran responsabilidad. A veces están expuestos incluso a escenas de violencia”, añaden otras fuentes sindicales.

Francisco Vegas, secretario general de Carreteras y Logística de FSC-CCOO, confirma que “el sector del transporte por carretera es, junto al de la construcción, en el que más accidentes laborales ocurren. De hecho, tiene tres veces más mortales que la media referida a las personas mayores de 55 años. Los datos de siniestralidad están ahí, los propios ministerios los publican, y los estudios dicen que una persona mayor de 55 empieza a perder capacidades físicas de todo tipo, motoras, de vista de oído…”, enumera. “En Navarra y Aragón -encadena-, en lo que va de año, han muerto 25 conductores profesionales. Podemos decir que están falleciendo a diario y no sólo ellos, porque en los accidentes también pierden la vida usuarios de la vía. La accidentabilidad está registrada, es más alta que nunca y no podemos seguir permitiendo una sangría que está un poco oculta, al no ser lo mismo que el derrumbe de un edificio, por ejemplo. Pero prácticamente casi todos los días, por desgracia, estamos enterrando a compañeros que mueren en las carreteras”, se lamenta.

Si a lo narrado se une “cómo se desarrolla la profesión”, la mezcla es, a su entender, preocupante. “Tenemos jornadas laborales largas, condiciones precarias, tiempos mínimos de descanso, que no siempre lo son porque hay que volver a casa e intentar conciliar la vida, dormir, levantarse…; continuos cambios y alteraciones del sueño, estrés por la circulación, las inclemencias etc. Todo eso, convierten al puesto de trabajo en peligroso y penoso. Y las situaciones de peligrosidad y penosidad, precisamente, son por las que se pueden acceder a los coeficientes reductores para una jubilación anticipada”, argumenta. E incide: “Dormir en una cabina, a veces con un motor de frigorífico arrancado, con frío, con calor… El cansancio se va acumulando y las facultades van disminuyendo porque sufrimos un envejecimiento prematuro que está más que demostrado. No tenemos enfermedades profesionales reconocidas y los conductores no van al médico normalmente porque están fuera de casa. A menudo no se tratan lo que les pasa, o se automedican, lo que contribuye todavía más a las enfermedades. Y, cuando se llega a los 55 años, muchas veces esa persona no está suficientemente apta para seguir conduciendo”, concluye.

Vegas pone el acento en que hace “20 años” que reivindican lo mismo, por lo que hay una sensación extendida entre los conductores de frustración. Relata que Esquerra Republicana (ERC) presentó en abril una proposición no de ley en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso encaminada a fijar coeficientes reductores para rebajarles la edad de jubilación. “Votaron a favor todos los grupos, excepto PP y Vox que se abstuvieron. Por tanto, el Congreso aprobó un mandato al Gobierno para que legislara, pero no ha hecho nada”. Es más, “no es la primera iniciativa que sale adelante, bien en el Congreso o en el Senado, y todo ha quedado luego en un cajón”, se queja. Tampoco ha atendido el Ejecutivo, dice, “las solicitudes que se le han presentado en el mismo sentido por parte de las organizaciones sindicales, en este caso CCOO y UGT. Viene haciendo caso omiso”, recalca.

¿Qué es lo que piden exactamente? “Queremos que se establezcan coeficientes reductores, algo como el modelo francés, que permite adelantar la jubilación cinco años, si llevas 20 o más conduciendo. O la jubilación pactada flexible que tienen trabajadores de otros colectivos como los de la siderometalurgia”, resume Buenestado.

“Se nos reconoce como un servicio esencial”, anota Vegas, “pero no se nos trata como tal. El piloto de un avión o el maquinista de un tren tienen jubilación anticipada y el conductor no puede ser tratado de diferente manera a otros profesionales que tienen la misma responsabilidad que nosotros”, martillea.

Desde ambos sindicatos lanzan un aviso claro a navegantes: “Si no se legisla, vamos a ir a la huelga. Está muy cerca y afectaría a todo el transporte por carretera de España”. Agregan un matiz que no es menor: “Lo que ha habido hasta ahora han sido paros patronales para obtener sus propias reivindicaciones, que no dejan de ser subvenciones al combustible, ayudas a empresas… Pero eso no es una huelga. Nunca se ha hecho una del sector y la convocaremos, si no se atienden nuestras reivindicaciones y se paralizará el país”, insisten rotundos. Aún han de pactar CCOO y UGT la fecha y tienen la intención de armar una “nueva ronda de contactos” previa al parón con todos los partidos.

En el acto de protesta de este viernes, que ha reunido entorno a un millar de personas según las entidades sindicales, se ha demandado, más allá del "esencial" cambio de la regulación de la jubilación, alguna otra cuestión como limitar las labores de carga y descarga, ya que un número importante de los accidentes tienen lugar cuando se realizan esas funciones; o favorecer la posibilidad de ocupar otros puestos, cuando el trabajador comunique que tiene dificultades para desempeñar su labor. Esto contribuiría a contraer riesgos.

Dos obreros de la construcción han muerto tras quedar atrapados la mañana de este martes al derrumbarse el forjado de un edificio en obras en el distrito de Fuencarral, mientras que un tercer trabajador se encuentra herido de diversa consideración. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha apuntado que "es muy difícil" que los dos trabajadores atrapados estén con vida ya que les ha caído encima una losa de ocho toneladas de peso.

Los hechos han ocurrido sobre las 11.15 horas en un edificio de oficinas en construcción ubicado en la calle Lezama con calle Llodio, cerca de la Avenida Cardenal Herrera Oria, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid. Por causas que están siendo investigadas, dos forjados del inmueble se han venido abajo durante los trabajos.

Un tercer obrero ha sido rescatado y trasladado al hospital de La Paz con preaviso tras haber sufrido una fractura de pierna y múltiples contusiones. Su estado es grave pero en principio no corre riesgo vital, han indicado fuentes sanitarias.

Según el jefe de obra, tras haber realizado un recuento del personal que trabajaba en las labores de rehabilitación del inmueble, el edificio se encuentra vacío y únicamente estos dos obreros de la construcción se encontrarían atrapados.

En cuanto al edificio, según Almeida, debido a su inestabilidad es "muy complicado" que los bomberos puedan acceder a su interior. "La obra de consolidación en su caso va para largo. Tenemos que tener tranquilidad porque en estos momentos hay alguna losa y varias vigas que también amenazan con derrumbe", ha indicado.

Se trata de un edificio antiguo que estaba en rehabilitación. Tenía un uso terciario, que se ha cambiado a uso residencial, y se iban a ejecutar 140 viviendas. Desde el Ayuntamiento se está investigando las licencias para comprobar que todo esté en regla. "No cabe aventurar desde luego ninguna conclusión por ahora en ese sentido. Nosotros estamos ya comprobando desde el punto de vista urbanístico las licencias y el procedimiento administrativo seguido para poder empezar la ejecución de estas obras", ha indicado el regidor de la capital.

En la misma línea, el alcalde ha declinado aventurar ninguna hipótesis sobre las causas del derrumbe del forjado. "Hay que dejar trabajar con tranquilidad a los bomberos para poder apuntalar y consolidar en primer lugar el edificio y que no se produzcan más derrumbes", ha indicado.

En las labores de consolidación del inmueble, según ha explicado Almeida, se han ayudado de una grúa ubicada en el edificio cercano "para poder ver el edificio desde arriba y para poder empezar a mover determinado material que está dentro del edificio. En el lugar se encuentran unos 40 efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento mientras que se ha desplegado un dispositivo de emergencias sanitarias de Samur-Protección Civil.

Un total de 721 trabajadores murieron en accidente laboral en 2023, lo que supone 105 fallecidos menos que en 2022 (-12,7%), según datos provisionales publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Según recoge Europa Press, la mayor parte de los accidentes mortales se producen por infartos y derrames cerebrales, accidentes de tráfico, atrapamientos y amputaciones, caídas y colisiones contra objetos en movimiento.

En 2023, los accidentes con baja laboral disminuyeron un 1,1% en relación al año anterior, hasta un total de 624.911 siniestros, de los que 539.584 se produjeron en el centro de trabajo (un 2,3% menos) y 85.327 fueron accidentes in itinere (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un avance anual del 7,3%.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo bajaron un 14,4% en 2023, al registrarse 581 fallecidos, 98 menos que en 2022, mientras que los siniestros in itinere con resultado de muerte disminuyeron un 4,8%, hasta un total de 140 fallecidos.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, 282, lo que supone un 11,9% menos que en 2022.

Todos los sectores recortaron el año pasado su cifra de siniestros mortales con respecto a 2022. El mayor descenso se lo anotó el sector agrario, que registró 72 fallecidos (-24,2%), seguido de la industria y de la construcción que, con 96 y 131 siniestros mortales, redujeron el número de trabajadores fallecidos un 15,8% y un 12,7%, respectivamente.

Por su parte, los accidentes graves en jornada de trabajo sumaron 3.759 en 2023, un 1,1% menos, mientras que los siniestros in itinere de carácter grave aumentaron un 3,7%, hasta los 947 accidentes.

Los accidentes leves en jornada de trabajo bajaron un 2,3% en 2023, hasta un total de 535.244, en tanto que los siniestros in itinere calificados como leves subieron un 7,3%, hasta los 84.240.

La estadística de Trabajo revela además que de los 721 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral el año pasado, 647 eran asalariados (-13,4%) y 74 eran trabajadores autónomos, un 6,3% menos que en 2022.

Del total de autónomos que perdieron la vida en accidente laboral, 73 lo hicieron en su centro de trabajo, dos más que en 2022, mientras que uno falleció en un siniestro in itinere, siete menos que en el año anterior.

En conjunto, los trabajadores por cuenta propia sufrieron en 2023 un total de 34.618 accidentes laborales con baja, un 1,5% menos que en 2022, con un descenso del 1,4% en los siniestros en jornada de trabajo y una caída del 2,6% en los accidentes in itinere. Asimismo, según los datos provisionales del Ministerio, en 2023 se notificaron 569.996 accidentes sin baja laboral, un 0,9% más que en 2022.

CCOO ha destacado en un comunicado para valorar estos datos la "mejora significativa" que muestra la estadística respecto a años anteriores, especialmente en lo que se refiere al retroceso de los accidentes mortales.

No obstante, ha señalado que diferencia respecto a 2022 se reducirá cuando estén los datos consolidados, ya que la actual definición de accidente mortal incluye aquellos fallecimientos que se producen pasados hasta 12 meses desde la fecha del accidente.

Aún así, el sindicato considera que se trata de un dato "muy positivo", ya que se reduce la siniestralidad mortal en todos los sectores de actividad y en todas las causas de los fallecimientos.

Sin embargo, CCOO avisa de que, al analizar el conjunto de los accidentes y centrar el foco a nivel de sección de actividad, "se aprecian elementos preocupantes", particularmente en actividades sanitarias y servicios sociales.

Aunque en estas secciones disminuyen los accidentes con baja respecto a 2022, año en el que los casos covid se computaban todavía como accidentes laborales, si estos se descontaran, aumentarían los accidentes con baja.

"Hay elementos en el conjunto de la siniestralidad que no nos permiten ser tan optimistas. Vemos como la incidencia general de los accidentes de trabajo con baja está estancada y gracias a un efecto estadístico por los casos de covid que 2022 computaban como accidentes de trabajo y en 2023 ya no. La incidencia está aumentando en sectores clave como la hostelería, la industria manufacturera o el comercio. Mucho nos tememos que si no se produce una mejora significativa de las condiciones de trabajo, el año 2024 puede experimentar un nuevo repunte de la siniestralidad", ha advertido el responsable de Salud Laboral de CCOO, Mariano Sanz.

El sindicato avisa además de que sigue produciéndose una "infradeclaración" de las enfermedades profesionales "como consecuencia de un sistema de notificación y registro insuficiente para garantizar una gestión justa de esta contingencia profesional". "Necesitamos que la prevención de riesgos laborales se convierta en una de las prioridades en la acción de los Gobiernos central y autonómicos", ha destacado Sanz.

Por su parte, la organización de autónomos ATA ha denunciado en un comunicado que los datos de siniestralidad laboral de 2023 son "inasumibles" para el colectivo de autónomos.

"Si queremos reducir estas cifras, es necesaria una implicación más activa de las administraciones fomentando programas de información y sensibilización que ayuden a los autónomos a conocer y prevenir sus riesgos", ha apuntado José Luis Perea, secretario general de ATA y responsable del área de prevención de riesgos laborales.

Según ha denunciado Perea, las políticas preventivas que las administraciones desarrollan para los autónomos "son prácticamente nulas", lo que incide directamente en las cifras de siniestralidad.

Cerca de tres millones de trabajadores mueren cada año debido a accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, según nuevas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que advierte de que esta cifra evidencia que persisten los desafíos para salvaguardar la seguridad de los trabajadores en todo el mundo, según recoge Europa Press.

En concreto, partiendo de datos de 2019, la OIT calcula que 2,93 millones de trabajadores murieron como resultado de factores relacionados con el trabajo, cifra que supera en más de un 12% la del año 2000.

Según la OIT, el "considerable" aumento del número absoluto de víctimas mortales relacionadas con el trabajo está influido por varios factores, entre ellos un agravamiento de exposiciones desprotegidas a los riesgos profesionales, así como a cambios sociodemográficos.

En este sentido, la organización recuerda que la población activa mundial aumentó un 26% entre 2000 y 2019, pasando de 2.750 millones a 3.460 millones de personas.

Al mismo tiempo, señala la OIT, las herramientas de diagnóstico también han mejorado "significativamente" en las dos últimas décadas, lo que ha contribuido a detectar un mayor número de casos.

La mayoría de estas muertes relacionadas con el trabajo, un total de 2,6 millones de fallecimientos, se deben a enfermedades profesionales, en tanto que otras 330.000 muertos son consecuencia de accidentes laborales.

Las enfermedades circulatorias, las neoplasias malignas y las enfermedades respiratorias figuran entre las tres primeras causas de muertes relacionadas con el trabajo. En conjunto, estas tres categorías representan, según la OIT, más de tres cuartas partes de la mortalidad laboral total.

Así lo refleja el organismo en su informe Un llamamiento en favor de entornos de trabajo más seguros y saludables que se presentará en el 23 Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, una de las mayores conferencias internacionales sobre este tema, que tendrá lugar en Sydney (Australia) desde este lunes hasta el jueves 30 de noviembre.

El informe refleja que mueren más hombres por incidentes relacionados con el trabajo (51,4 fallecidos por cada 100.000 adultos en edad laboral) que mujeres (17,2 fallecidas cada por 100.000).

Según la OIT, la región de Asia y el Pacífico registra la mayor mortalidad relacionada con el trabajo, con un 63% del total mundial, debido al tamaño de su población activa.

El informe subraya que las muertes relacionadas con el trabajo están desigualmente distribuidas, siendo la tasa de mortalidad masculina (108,3 por 100.000 en la población activa) "significativamente" superior a la femenina (48,4 por 100.000).

Junto a los fallecimientos por motivos relacionados con el trabajo, la OIT estima que 395 millones de trabajadores en todo el mundo sufrieron en 2019 lesiones laborales no mortales, que perjudicaron la salud de los trabajadores y provocaron ausencias laborales.

Para impulsar los esfuerzos mundiales destinados a garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable, el consejo de administración de la OIT ha adoptado la nueva 'Estrategia Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo para 2024-2030'.

El objetivo de esta estrategia es el de promover, respetar y hacer realidad progresivamente el derecho fundamental a un entorno de trabajo seguro y saludable y priorizar el bienestar de los trabajadores en todo el mundo.

Dicha estrategia anima a los países miembros de la OIT a actuar sobre tres pilares. En primer lugar, insta a mejorar los marcos nacionales de seguridad y salud en el trabajo (SST) mediante la mejora de la gobernanza, la promoción de datos fiables y el desarrollo de competencias.

En segundo lugar, la estrategia anima a reforzar la coordinación, las asociaciones y la inversión en seguridad y salud en el trabajo a escala nacional y mundial.

Por último, reclama mejorar los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el lugar de trabajo, adaptándolos a peligros, riesgos, sectores y ocupaciones específicos y teniendo en cuenta cómo las condiciones de trabajo pueden afectar la salud física y mental de los trabajadores.

El informe refleja que alrededor de 2.000 millones de personas trabajan en la economía informal, lo que equivale a más del 60% de la

de la población ocupada mundial.

Estos trabajadores carecen de ingresos estables o regulares y una protección protección legal o social y, a menudo, su trabajo queda fuera del de la legislación en materia de seguridad laboral y de la Inspección de Trabajo, "lo que les hace prácticamente prácticamente invisibles en términos de regulación y supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.

El porcentaje de empleo informal entre los trabajadores domésticos es el doble que el del resto de los asalariados, con un 81,2% frente a 39,7%. La mayoría de las empleadas domésticas son mujeres (una de cada doce tiene esa ocupación), estando expuestas, según la OIT, a una "amplia gama de riesgos, desde químicos y biológicos hasta físicos y ergonómicos".

Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado que han muerto 230 personas por accidente de trabajo en los primeros cuatro meses del año, una cifra que han tachado de "intolerable", por lo que ha instado a los partidos políticos a que se comprometan en sus programas electorales a luchar "decididamente" contra la siniestralidad laboral, ha informado Europa Press.

En un comunicado, el sindicato indica que de las 230 personas fallecidas, 197 murieron durante la jornada laboral, unas 17 menos que las registradas hasta abril del año pasado, y 33 por accidentes in itínere, 11 menos que hasta abril de 2022.

Asimismo, recalca que la primera causa de la muerte continúan siendo los infartos y derrames cerebrales, seguida por las muertes por accidentes de tráfico, por caídas y por atrapamientos, aplastamientos y amputaciones.

Además, señala que en el sector servicios, donde existen más número de trabajadores, es donde se ha producido mayor número de muertes, con 107 casos.

Los accidentes con baja ocurridos durante la jornada laboral han descendido levemente, lo que puede venir derivado de la reducción de los casos de Covid-19, calificados como accidente de trabajo, mientras que el aumento del 12,2% de los accidentes 'in itínere' puede deberse a la vuelta a los centros de trabajo tras la reducción del teletrabajo por parte de las empresas, según UGT.

Desde el sindicato destacan que la gestión de la prevención de riesgos laborales en las empresas sigue "siendo una asignatura pendiente", por lo que consideran "preciso" poner en marcha una mesa de diálogo social en esta materia, lo que requiere de un "compromiso nítido" de los partidos políticos para acabar con esta lacra.

UGT reclama además que se cree una figura similar a la del Delegado Territorial de Prevención de Riesgos Laborales, a nivel estatal, ya que ayudaría a "mejorar la prevención en las pymes, donde no hay representación sindical", y más teniendo en cuenta que un 45% de accidentes de trabajo con baja ocurridos en jornada laboral se registraron en las empresas de menos de 50 trabajadores.

La siniestralidad laboral se disparó en 2022, arrojando un saldo de 826 fallecidos y un 10% más de bajas. Una realidad que permanece invisible a ojos de la sociedad, según denuncia el nuevo fiscal de sala coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ángel Muñoz, que reclama una reforma legal para mejorar la vida de las víctimas y sus familias, que pueden tardar hasta 9 años en cobrar la indemnización que les corresponde.

"No sé si hay algún motivo sociológico que se nos escapa", dice Muñoz, en una entrevista concedida a Europa Press, al ser preguntado sobre el repunte de los accidentes de trabajo, asegurando que "no ha cambiado nada" en materia de prevención que explique ese "acelerón tremendo" de la siniestralidad laboral, más teniendo en cuenta que la serie histórica ha ido bajando desde 2006, llegando a desplomarse en 2020 y 2021 a causa de la pandemia de coronavirus.

En el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y en vísperas del 1 de mayo, Muñoz, que tomó posesión del cargo el pasado marzo pero lleva más de una década dedicado a combatir la siniestralidad laboral, recalca que, sean cuales sean los motivos de ese pico de accidentes, detrás de las cifras hay personas con un largo recorrido por delante hasta conseguir Justicia.

"Creo que todo el mundo debería escuchar el relato de una víctima para saber qué viene después (...) Evidentemente, ya no ves a tu ser querido o es un lesionado importante. Y ¿qué viene ahora económicamente?", interroga, enfatizando que en no pocas ocasiones la persona que sufre el accidente es la principal fuente de ingresos de la casa.

Muñoz precisa que, de media, la víctimas y sus familias tardan 5 años y 7 meses en cobrar las indemnizaciones, que cuando hay heridos graves pueden alcanzar hasta el millón de euros. En el escenario más optimista, ese tiempo se reduce a 2 o 3 años, pero en el peor puede dilatarse hasta los 8 o los 9 años. En todo ese tiempo, "¿qué hace esa familia?, ¿de qué viven esos niños?", incide.

Para ponerle remedio, el fiscal propone una reforma legal que permita adelantar el cobro de indemnizaciones. Una posibilidad, lanza, es que "el consorcio de compensación de seguros se pudiese hacer cargo provisionalmente hasta que hubiese sentencia y luego abonase quien tenga que abonar". "A una víctima que le puedes adelantar su indemnización le solucionas un problema muy importante", afirma.

También "ayudaría a reducir los plazos" que se crearan juzgados y unidades de policía judicial especializados en siniestralidad laboral, si bien reconoce que hay un problema de falta de medios tanto en la Fiscalía, que interviene cuando ya se ha producido el accidente, como en la Inspección de Trabajo, que actúa en la fase anterior para evitarlo.

"Hay compañeros que tienen tanto trabajo que están desbordados. Nos gustaría poder acudir a todas las declaraciones y a todas las actuaciones de instrucción pero no se puede porque se están celebrando juicios. Nos falta personal", detalla en relación con el Ministerio Público.

Con todo, el nuevo jefe de esta unidad especializada de la Fiscalía General del Estado demanda una reforma mucho más ambiciosa para actualizar la ley de prevención de riesgos laborales del 95, que "fue buenísima, fue un salto cualitativo tremendo en España", pero "se ha quedado un poquito anticuada".

Entre otras cosas, porque "hay riesgos nuevos". "Se habla mucho de ampliar la edad de jubilación pero hay que ver qué riesgos puede tener en determinados sectores. Por ejemplo, en la construcción. ¿Está igual de cualificada una persona para trabajar en altura con 50 que con 65 o 66 años? Eso habrá que evaluarlo", plantea.

Muñoz también identifica como puntos negros en materia preventiva "la falta de formación de los trabajadores" y de los pequeños empresarios responsables de mitigar los riesgos laborales, así como la ausencia de procedimientos adecuados.

Sobre esto último, recuerda un caso de "hace muchos años" en el que "había que cargar unos palés en un camión". Los palés solían tener el mismo tamaño, por lo que "el procedimiento estaba perfectamente dinamizado, pero un día vino un palé que era más grande, con lo cual los trabajadores tuvieron que improvisar". Al final, "un trabajador se tuvo que meter dentro de la caja para tirar y acabó aplastado", cuenta.

En cualquier caso, hace hincapié en que un accidente de trabajo no se produce por un solo motivo, sino que son "un montón de motivos que confluyen" y dan lugar al siniestro, de ahí que abogue directamente por "una ley integral de defensa de la seguridad y la salud de los trabajadores".

Muñoz menciona como principal problema el hecho de que "en este país no tenemos cultura preventiva". Como muestra, dos accidentes laborales que se repiten "sistemáticamente": la caída de operarios que acuden a reparar cubiertas de naves industriales y las amputaciones de manos y brazos por un mal uso de la maquinaria. "¿Si sabemos que va a pasar, por qué sigue pasando?", cuestiona.

Considera que debería seguirse el camino trazado en seguridad vial. "Hoy en día todo el mundo tiene cultura de seguridad vial, haremos o no haremos caso, pero todo el mundo lo sabe (...) Los niños saben que hasta que el semáforo no está en verde no se cruza", apunta. A su juicio, "esa cultura preventiva se asimila en los colegios", porque los alumnos serán los futuros empresarios y trabajadores.

Así, da un paso más y pide directamente "un pacto de Estado por la seguridad y la salud en el trabajo", a imagen y semejanza de lo que se hizo en su día con la seguridad vial y contra la violencia de género.

Muñoz cree que serviría para dar a conocer la realidad de las víctimas de siniestros laborales, que en estos momentos "están escondidas". "Empezamos a contactar nosotros con ellas hace dos años y estaban totalmente desperdigadas por el territorio nacional, había tres o cuatro asociaciones, muy pequeñitas, casi individuales, y hoy se están intentando unir para tener fuerza y, sobre todo, para que las escuchen", expone.

Sostiene que "las víctimas se sienten solas" porque "no las vemos", "les falta asesoramiento jurídico" y "no saben a quién dirigirse" cuando ocurre el accidente. "Yo creo que no saben ni que hay una Fiscalía a la que pueden preguntar" y que "siempre está abierta" para ellas, asume.

De entre las víctimas, el fiscal señala un colectivo especialmente vulnerable, las personas que sufren precariedad laboral y, además, se encuentran de forma ilegal en España.

"Están mucho más desprotegidas porque no denuncian" y no lo hacen "porque tienen miedo a las consecuencias administrativas que pueden venirles", por lo que "hay una bolsa oculta de situaciones de riesgo en materia preventiva que no aflora", alerta.

Desde la Fiscalía, Muñoz indica que se han puesto en contacto con "algún sindicato" dedicado a ayudar a este tipo de trabajadores para insistir en la importancia de que denuncien. Si no lo hacen "no podemos hacer absolutamente nada" porque "si no conocemos la situación no podemos actuar", subraya.

Frente a todo ello, se ha propuesto que, en esta nueva etapa, la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga "una función proactiva". "Es decir, que podamos actuar antes de que ocurra el delito", para lograr que "ese riesgo desaparezca o sea el mínimo posible", y generar la conciencia colectiva de que "cualquier víctima que haya en un accidente de trabajo es un fracaso de la sociedad", concluye.