El plan del Govern de introducir mossos en las aulas choca con el rechazo social y precedentes fallidos

Un adolescente de 14 años intentó apuñalar a otro compañero y un profesor lo inmovilizó cuando ya lo tenía agarrado por el cuello. La madre de una alumna saltó la valla del recreo para pegarle a una profesora que reñía a su hijo y una maestra las separó. Una menor de 12 años se encerró en el baño para lesionarse con la punta de un compás y su tutora desarmó la puerta para impedirlo y contenerla emocionalmente. Todos son incidentes contados por una profesora de un instituto de máxima complejidad en Barcelona.

"En ninguno de los casos la policía podría haber hecho nada o nada mejor que el mismo profesorado", asegura la docente, que prefiere mantener el anonimato. El plan del Gobierno catalán para desplegar agentes de los Mossos d'Esquadra, de paisano y sin arma, en colegios y centros de secundaria se ha topado con la oposición mayoritaria de la comunidad educativa. "Lo único que conseguirá es aumentar la tensión. Es una medida destructiva, convierte a las escuelas en cárceles, no resuelve el problema de fondo", considera la profesora.

La conflictividad escolar en Cataluña ha alcanzado cotas críticas. El 84% del alumnado percibe violencia en los centros, casi dos de cada tres han sido víctimas de una situación violenta y ocho de cada diez chicas han sufrido agresiones sexuales, según la última encuesta oficial del curso 2021-22, publicada en 2023. Sin embargo, no existe evidencia clara en ningún otro país de que la figura policial en las aulas haya mejorado la convivencia. En Reino Unido, el programa Safer School Officers que desplegó a 683 uniformados a comienzos de este siglo ha tenido "resultados contradictorios", que "no respaldan claramente la afirmación de que la presencia de agentes de policía tenga efectos positivos", como concluye un estudio de la National Association of Head Teachers. Otras organizaciones más críticas advierten de la escalada de la estigmatización de escuelas en barrios desfavorecidos y de la derivación de problemas disciplinarios menores hacia el sistema de justicia criminal, un riesgo que afecta sobre todo a minorías étnicas.

"Si tratas a los jóvenes como delincuentes, se acaban comportando como delincuentes. Cuando se da una respuesta represiva con más expulsiones, detenciones, creación de antecedentes, el problema se enquista a mediano plazo y termina en mayor abandono escolar. Los chavales acaban en la calle", señala la directora de investigación de Equitat.org, Mònica Nadal, sobre los "efectos perversos" de la medida. Además, agrega que "cuando tienes colectivos racializados, cualquier comportamiento suyo se identificará como de mayor peligro". Un informe de SOS Racisme registró que por cada siete personas con nacionalidad española identificada en Cataluña, se para a más de siete personas extranjeras o percibidas como tales. "¿Cómo esos jóvenes se van a sentir seguros o van a confiar en esa policía? Un chaval que se siente rechazado es normal que genere resentimiento", zanja la socióloga.

En Francia ha habido desde 2018 varios intentos de infiltrar gendarmes, pero ninguno ha prosperado debido a la falta de consenso político, el rechazo social y la oposición de las direcciones de los centros. En Alemania, varios Estados se han aventurado recientemente a impulsar proyectos parecidos al de Cataluña. En Estados Unidos, con oficiales armados en cerca de la mitad de los colegios, algunas tesis indican que se han reducido un 30% las peleas y amenazas, pero no se han logrado evitar los tiroteos, y un estudio del National Institute of Justice indica que la tasa de mortalidad en esas balaceras es casi tres veces mayor en centros con guardias pistola en cinto. Finalmente, la propia Administración estadounidense reporta que en los high school con fuerte presencia policial las tasas de arrestos suelen duplicarse. Es decir, la medida criminaliza a los jóvenes más que aumentar la seguridad real.

Desde la Generalitat defienden que el plan se ha activado para fortalecer las funciones pedagógicas de los mossos, en la línea de las tareas de mediación y proximidad que ya cumplían. La docente del centro de máxima complejidad de Barcelona explica que en alguna ocasión han llamado a los mossos para disuadir a bandas juveniles que esperaban a algún alumno para ajustar cuentas a la salida de clase. "Los agentes vienen a dar charlas y alguna vez los he llamado para apoyarme en situaciones de vandalismo o portación de sustancias ilícitas", cuenta la directora de un instituto del Vallès Occidental, en una localidad que cuenta con dos agentes de proximidad, "pero me niego a meterlos en clase, no deja de ser un cuerpo represor".

Por su parte, la consellera de Educación, Esther Niubó, ha matizado que esa presencia policial permanente siempre será "voluntaria" y que pretende ofrecer una "mirada externa y especializada" en mediación de conflictos, pero que "no está previsto que tengan contacto directo con el alumnado" y “no van a sustituir la función de un docente ni de un educador social”. El Govern afirma que trabaja desde septiembre de 2025 en el proyecto a petición de los centros escogidos. 

No obstante, diversos de esos centros convocaron protestas contra la presencia policial y denunciaron que nadie les había informado sobre ello. “Menos mossos y más educadores sociales” o “Ni formados ni uniformados. Más recursos y menos policía” fueron algunos de los eslóganes gritados por el centenar de manifestantes de varios sindicatos educativos este lunes a las puertas de dos institutos de l'Hospitalet de Llobregat, donde esta semana se inicia la prueba piloto que desplegará a seis agentes en otros doce centros de máxima complejidad de la zona de Osona, Urgell, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Tàrrega, Vic, El Prat de Llobregat y Sabadell.

"Las personas formadas para la prevención de la conflictividad escolar somos los educadores sociales. Pedimos que se consolide nuestro trabajo, en lugar de socavarlo", reclama el vicepresidente del Col.legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), Óscar Martínez, quien reconoce que "las complejidades de la sociedad han cambiado y la figura clásica del profesor ya no es la única que hace falta, pero para eso están los profesionales preparados". El Govern, en cambio, ha recortado de 85 a 60 los profesionales de educación social en los últimos cuatro cursos, según datos del mismo CEESC. La Fundació Bofill recoge que tan sólo hay una educadora social por cada 4.590 alumnos con necesidades socioeconómicas o socioculturales.

"Despiden educadores para meter mossos. Jamás en la vida hubiésemos imaginado que habría policías en las escuelas. Es un giro a la derecha", sentencia Martínez sobre la idea del Partido Socialista de Catalunya (PSC). Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los Comuns y la CUP han rechazado duramente la medida por haberse impulsado sin debate parlamentario ni consenso con la comunidad educativa. Los republicanos advierten de que puede tener efectos "discriminatorios" al señalar determinados centros y tacha la propuesta de "poco afortunada, populista y condenada al fracaso". Así lo demuestran las experiencias en otros países, aunque el Departament de Educació enfatiza que, según la OCDE, "uno de cada dos países desarrollados cuenta con programas similares de colaboración entre escuela y fuerza pública "con fines preventivos"". La polémica ya está sobre la mesa en medio de la negociación del PSC para buscar el apoyo de ERC y los Comuns para desencallar la aprobación de los presupuestos de 2026. La menor de 12 años rescatada del baño cuando pretendía hacerse cortes porque no le gustaba su aspecto contó con el acompañamiento psicoemocional de una educadora social y hoy cursa tercero de secundaria, encaminada a la universidad.