El último Dos de Mayo antes de entrar en año electoral mide el desgaste del ayusismo

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso afronta su último Dos de Mayo antes de la precampaña de las autonómicas del próximo año. No le acompañará el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, pero sí habrá alguna representación de Génova, señalan fuentes de la formación conservadora a infoLibre. La dirigente que convirtió la confrontación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su seña de identidad, llega a la fiesta de la Comunidad con menos presencia mediática que en otras ocasiones. La cita funciona, además,  como antesala de una campaña larga hacia 2027, en la que Ayuso espera reeditar su mayoría absoluta, aunque el desgaste por la situación procesal de su entorno más cercano empieza a pesar. 

Desde su pareja pasando por su jefe de gabinete. Sus colaboradores más cercanos están vinculados a investigaciones, polémicas o causas que han terminado erosionando el relato de una dirigente que siempre ha intentado separar su figura de los problemas judiciales de quienes la rodean. A ello se suma la crisis interna derivada del caso de acoso sexual por parte del alcalde de Móstoles que presuntamente encubrió, el cese de su consejero de educación, Emilio Viciana, la posterior rebelión de los pocholos y la presión de Vox.

Hasta ahora, una de las claves del éxito de Ayuso es que apenas se hable de su gestión ni de los problemas que atraviesa la comunidad que dirige con una cómoda mayoría absoluta desde 2023, entre ellos los precios de la vivienda, las listas de espera en sanidad y las ratios en la educación pública. Desde su llegada a la Puerta del Sol, la Asamblea de Madrid se ha convertido en un espejo del Congreso, mientras ella ha construido una imagen de liderazgo hipermediatizado basada en la polarización y la victimización.  

El cerco judicial sobre su entorno

El hecho de que una  jueza decidiera enviar al banquillo a su pareja, Alberto González Amador, por un presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros impactó de manera directa en Sol. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que desde el primer momento puso recursos del Gobierno autonómico al servicio de la defensa de su novio, empezando por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, siempre ha presentado la investigación contra el empresario con el que convive como una persecución política por ser ella quien es, y no por lo que supuestamente ha hecho González Amador. Pero su situación también le compromete.

Actualmente, la pieza separada, que deriva de la principal –la que versa sobre el fraude fiscal–, se mantiene en stand by a la espera de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que se encargó hacer averiguaciones en relación a una operación de compraventa societaria que podría esconder, a ojos de la Fiscalía, una comisión encubierta a un directivo del grupo sanitario Quirón. Un informe que, más de medio año después, sigue sin llegar, lo que puede retrasar la fijación de la vista y resolución hasta después de las elecciones autonómicas del próximo año, previstas para el mes de mayo.

Tampoco se libra Miguel Ángel Rodríguez de su cita con los tribunales, su jefe de gabinete, el arquitecto comunicativo del ayusismo, capaz de convertir cada crisis en una batalla cultural y cada denuncia en munición contra Moncloa. Su citación como investigado por la presunta difusión de datos personales de dos periodistas de El País que trabajaban en el caso González Amador no ha sentado nada bien en Sol. La Audiencia Provincial de Madrid obligó a investigar cómo, cuándo y por qué llegaron esos datos al jefe de gabinete de Ayuso, y el juzgado lo ha citado a declarar como investigado el próximo 6 de mayo.

Además, hace solo dos semanas, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano y mano derecha de Ayuso, declaró como testigo en el caso en el que se investiga la filtración de un documento policial en enero de 2024. Serrano subió a X una foto de una denuncia en la que se definía al autor de una agresión sexual como de raza negra. Esta imagen fue utilizada para relacionar migración y delincuencia, en un momento en el que el PP de Madrid estaba criticando la llegada de migrantes procedentes de Canarias a un centro en Alcalá de Henares. Durante su declaración, aseguró que la foto le llegó por mail y que la publicó sin leer siquiera el encabezado.

Solo un día después de la declaración de Serrano, la Fiscalía envió un escrito al juzgado sobre el que recayó la querella presentada contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por un presunto caso de acoso sexual y laboral a una exconcejal del PP solicitándole que se diera impulso procesal a la causa ante su "inactividad manifiesta". Según el testimonio de la concejal, la cúpula del PP madrileño, con Ayuso a la cabeza, encubrió el caso y mantuvo al alcalde en el cargo. Tras conocerse la denuncia, Bautista se ha negado a abandonar el consistorio con el visto bueno de Ayuso y su núcleo duro.

El cese Viciana y la rebelión de ‘los pocholos’

En los últimos meses, Ayuso ha lidiado con su peor crisis interna de la legislatura tras el cese del consejero Emilio Viciana. La versión oficial fue que la presidenta madrileña lo apartó por su incapacidad para consensuar con los rectores universitarios el nuevo modelo de financiación, un proyecto que quería enarbolar como un logro de gestión pero que veía cómo se encallaba semana tras semana. Sin embargo, desde la oposición siempre han mantenido que su salida tuvo que ver con la denuncia sobre el troceo de contratos en la Consejería de Educación en el caso FP, que cerca a altos cargos del Gobierno regional por una serie de irregularidades detectadas en la construcción de centros educativos.

Al cese de Viciana le siguió la dimisión de los diputados Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, conocidos en la Asamblea de Madrid como los pocholos, lo que fue todo un shock para un partido acostumbrado al orden. Se trata de un movimiento muy poco frecuente a mitad de legislatura, que no pocos en el PP madrileño interpretaron como un desafío a la baronesa del PP. Ayuso los fichó para las elecciones de 2023 como la "nueva generación" del PP, aconsejada por su gurú en materia educativa, Antonio Castillo Algarra, que los había "formado"' en su compañía de teatro.

Tras estas salidas se produjo la dimisión del propio Castillo Algarra, que había ganado influencia en la trastienda del Ejecutivo madrileño aunque no tenía despacho alguno en Sol. Según aseguró él mismo en redes sociales, detrás de la campaña en su contra se escondía Miguel Ángel Rodríguez, aunque desde su entorno negaron haber tenido trato con él.

La amenaza externa de Vox e interna de Moreno

Vox también supone una amenaza para la presidenta madrileña. Durante años, Ayuso neutralizó a la extrema derecha absorbiendo parte de su tono y presentándose como una versión más eficaz, institucional y ganadora de esa batalla cultural hasta el punto de lograr una mayoría absoluta que les dejó fuera de juego en las últimas autonómicas. Pero la formación ultraderechista ha cambiado de estrategia y acusa a la dirigente del PP de haber abandonado a los madrileños de los barrios y de apostar por el “Madrid de todos los acentos” frente a la “prioridad nacional”. 

Con perfiles como el del diputado Carlos Hernández Quero, Vox busca atacar a Ayuso desde el malestar social en los barrios y municipios del sur de Madrid y por eso ha lanzado la campaña "Madrid Sur en Pie". El partido presenta a Quero como una cara distinta a la de Rocío Monasterio, anterior cabeza visible en la comunidad, pero compatible con la de Isabel Pérez Moñino, actual portavoz, menos vinculada a la élite tradicional de Vox y más centrada en vivienda, empleo y jóvenes expulsados del mercado inmobiliario.

El objetivo último de Vox es acabar con la mayoría absoluta de Ayuso en 2027 y recuperar relevancia en Madrid. En Génova creen que la presidenta madrileña puede mantener su mayoría, pero consideran que “no está garantizada” y por eso creen que se mostró tan combativa con la idea de “prioridad nacional” presente en los pactos de PP y Vox en Extremadura y Aragón. La presidenta de la Comunidad de Madrid busca distanciarse de los ultras sin renunciar a dar determinadas batallas.

A ese pulso externo con Vox se suma una lectura interna en el PP: el espejo de Juanma Moreno. El equipo de Ayuso mira de reojo la estrategia electoral del presidente andaluz, que intenta contener a Vox evitando el choque y presentándose como un gestor institucional mientras que Ayuso representa la vía dura, la de la confrontación permanente con Sánchez, la polarización ideológica y Madrid como fortín nacional de la derecha. Mucho se ha escrito sobre sus aspiraciones nacionales, pero en Génova consideran que, “cuanto más tiempo pase”, más difícil tendrá alcanzar La Moncloa pese a que su entorno “así lo quiere”.

El PP de Madrid pide un “ejército de agentes electorales” y alimenta el bulo del amaño electoral

La prueba de que a Ayuso le preocupa lo que pueda ocurrir en las elecciones del próximo año es que el PP de Madrid ha enviado una carta a los cerca de 90.000 interventores y apoderados que participaron en la campaña de 2023 para pedirles que estén "más vigilantes que nunca" ante un PSOE al que presentan como "capaz de todo". La misiva, adelantada por Artículo 14, vincula el voto por correo, regularizaciones y nacionalizaciones con el riesgo de alteración del censo.

La misiva está firmada por Serrano, la vicesecretaria de Organización, Ana Millán, y el secretario de agentes electorales, Juan Peña, y piden a los suyos un “ejército de agentes electorales” para ser “más ambiciosos” y “cubrir todas las mesas con interventores para “teñir de azul los colegios”. “A todos nos une una pasión, Madrid, y una pesadilla que se llama socialismo”, arenga a la militancia para que, tras los próximos comicios, la Comunidad siga siendo “libre, próspera y abierta”.