La filial de Quirón ligada al novio de Ayuso gana otra vez el contrato de las revisiones médicas de funcionarios
Quirón Prevención, uno de los principales clientes de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, gana por tercera vez consecutiva el megacontrato de reconocimientos médicos de la Comunidad de Madrid. La adjudicación, formalizada a mediados de abril, recoge un desembolso por parte del Ejecutivo regional de 406.000 euros para que se encargue durante este año y el que viene de realizar unas 5.600 revisiones, así como las pruebas complementarias necesarias –desde analíticas a radiografías o mamografías–, a los empleados públicos de la región. Una factura que, sin embargo, puede incrementarse. Al fin y al cabo, existe la posibilidad de que el encargo se pueda ir prorrogando, como ya se ha hecho con otros anteriores, hasta el año 2031.
La relación de la Comunidad de Madrid con la filial de una de las grandes beneficiarias de la privatización sanitaria impulsada por el PP viene de lejos. En marzo de 2018, pocos meses después de su creación, se alzó con un primer contrato de 840.068 euros para la gestión de reconocimientos médicos después de que la única competidora que tenía –Más Prevención Servicio de Prevención– fuera excluida del proceso. La orden de adjudicación fue firmada por Díaz Ayuso, entonces viceconsejera de Presidencia. Y aunque en un primer momento estaba pensado para 2018 y 2019, al final se extendió hasta 2021.
Cuando en el verano de aquel último año estaba a punto de expirar la última de las cuatro prórrogas aprobadas, el Ejecutivo madrileño resolvió el nuevo expediente de "reconocimientos médicos específicos dirigidos a empleados públicos de la Comunidad de Madrid y pruebas complementarias". Convocado para 12 meses, el concurso lo ganó de nuevo Quirón Prevención SL. Esta vez, sin competidores: a la licitación solo se presentó la filial del holding sanitario, que se quedó con los dos lotes que componían la adjudicación. Un contrato que ha estado vigente hasta este año a golpe de prórrogas, dejando una factura total cercana a los dos millones de euros.
Ahora, ante la imposibilidad de seguir alargándolo, el Ejecutivo madrileño lo ha vuelto a sacar a concurso. Y, de nuevo, Quirón Prevención se ha quedado con la adjudicación. En esta ocasión, ha competido con otras dos firmas. En el primer lote, contra Vitaly Health Services, un grupo participado por fondos de Artá Capital y Corpfin al que ya le ha echado el ojo la gestora estadounidense de capital riesgo HIG para intentar conformar un gigante de la prevención de riesgos laborales. Y en el segundo, contra el grupo hospitalario HLA. En ambos casos, Quirón Prevención, que planteó la oferta económica más ventajosa, obtuvo la puntuación máxima.
"Alberto Quirón"
La filial del gigante sanitario ha sido, durante años, el principal cliente de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una relación que parece ir más allá de la simple vinculación consultor-cliente. En el informe detallado de delito que elaboró en su día la Agencia Tributaria por el supuesto fraude fiscal "constan aportados unos correos electrónicos" donde el empresario, a quien el jefe de Gabinete de Díaz Ayuso –Miguel Ángel Rodríguez– guardaba en su teléfono como "Alberto Quirón", lejos de actuar como "gerente o administrador" de Maxwell Cremona, lo hace como "Director de Proyectos" en nombre y por cuenta de Quirón Prevención. De hecho, según desveló eldiario.es, su contacto figura en la intranet de la propia compañía.
El nombre de la filial del gigante sanitario aparece una y otra vez en la causa judicial sobre los negocios de la pareja de la presidenta madrileña. Y, sobre todo, en la pieza separada, en la que se investiga, precisamente, si González Amador pagó un "soborno" –en palabras de la Fiscalía– a Fernando Camino, directivo de Quirón Prevención, a través de la compra por medio millón de euros de una sociedad sin valor aparente a la mujer del empresario, Gloria Carrasco. Un asunto que la jueza ha pedido investigar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, si bien el caso ha quedado en stand by a la espera de dicho informe.
"Es claro que González Amador no pagó medio millón de euros a Carrasco porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido, ya fuera en relación a la intermediación entre FCS y Mape –una operación de compraventa de mascarillas que le reportó a la pareja de Ayuso casi dos millones de euros–, o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención (y la que haya obtenido después, que por el momento no consta en los autos), o por ambas cosas", señaló el fiscal en el escrito en el que se apoyó la instructora para activar a la UCO.
